Los concesionarios del servicio de colectivos dicen que el último aumento no estuvo a la altura de sus “necesidades” y que se debería volver a ajustar el precio del boleto. Barletta lo descartó de plano. La Sociedad de Taxis ya había hecho su jugada: subió la tarifa casi sin avisar. De trasfondo: inflación, incrementos salariales y una injusta distribución de los subsidios por parte de la Nación. El gobernador reiteró el reclamo apelando, precisamente, al caso del transporte.
Los pasajeros de los diferentes medios de transporte público vuelven a ver el fantasma del aumento en las tarifas, aunque desde las esferas oficiales se esmeren en descartar esa posibilidad. La crisis en la que está sumido el sistema completo de este (por sobre todas las cosas) servicio público se acentúa cada vez más. En la semana retornó a la palestra una vieja película que, lamentablemente, se repite cada vez más a menudo: en el más absoluto silencio aumentó el taxi y, casi como una reacción en cadena y un eco llegado desde Rosario, los empresarios que regentean los colectivos presentaron un pedido formal para que el boleto siga los mismos pasos.
Los taxis ya tienen un viaje mínimo que creció de $2,20 a $2,50 y de 22 a 25 centavos cada ficha. Los empresarios de –casi– todas las líneas del transporte urbano pidieron (en forma de exigencia) que por el boleto plano los usuarios paguen $1,90, cuando el último aumento había llevado el pasaje a su precio actual: $1,50. El tema es tan sensible que hasta el gobernador Binner pidió más equidad en los subsidios que llegan al sistema, para que no sea siempre el pasajero la variable de ajuste. También el intendente Mario Barletta debió salir a formular declaraciones: dijo que el Ejecutivo municipal no está estudiando ningún aumento.
Sin embargo, los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) coinciden en que la tarifa debe “retocarse” argumentando que los insumos aumentaron y que los aportes de dinero de la Nación llegaron recortados.
La únicas dos empresas que no firmaron el pedido son las que explotan las líneas 2 y 13. La primera pertenece a Continental, también concesionaria del corredor que cubre el trayecto Sauce Viejo-Los Zapallos, mientras que la segunda recientemente fue otorgada a otra firma y es la que cubre el trayecto hacia Alto Verde. Desde la Municipalidad ya habían dispuesto, entonces, la equiparación de la tarifa de esa empresa a las demás del sistema urbano; antes era diferente: por el traslado hacia Alto Verde o desde ese distrito al centro los usuarios pagaban tarifas más caras.
NO DE NUEVO, DECÍA, NO DE NUEVO... Los empresarios del transporte volvieron a hacerlo: solicitaron explícitamente, por medio de una carta presentada en la Municipalidad, un incremento en la tarifa plana del boleto. La cifra pedida provoca más que un susto, quizás en algunos casos hasta indignación: pretenden que la suba sea de 40 centavos.
Desde el Ejecutivo local, el intendente y su subsecretario de Transporte, Sergio Ludueña, frenaron y congelaron –al menos por el momento– la intranquilizante solicitud. “Con el estudio que hemos realizado se determinó el boleto que está vigente, y entendemos que no hubo aspectos que obliguen a revisar la circunstancia por ahora”, dijo Mario Barletta ante la prensa.
Por su parte, Ludueña opinó: “No tenemos indicadores que digan que se requiere un aumento de tarifa”. Sin embargo, y sorpresivamente, desde la UTA, su secretario general Osvaldo Agrafogo avaló el pedido de los empresarios: “Pensamos que la tarifa debe retocarse o, por lo menos, repensarse por parte del municipio, pero se necesita un estudio serio”, dijo a Pausa.
Los firmantes de la nota presentada por mesa de entradas municipal son Sergio Juárez (gerente de Transporte San Gerónimo SRL), Daniel Vidal (socio gerente de la empresa 7 de Marzo SRL) y Rubén Platini (gerente de la Empresa Santa Fe SRL), quienes representan las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18: 11 de las 13 que conforman el sistema de transporte público urbano.
El pedido cayó como un baldazo de agua fría, y más luego del último incremento lo sufrieran los pasajeros en marzo pasado, cuando la tarifa trepó de $1,30 a $1,50.
Los taxis ya habían aumentado sus tarifas unos pocos días antes: el 17 de agosto. El viaje mínimo (mil metros) pasó a costar $2,50, mientras que la ficha cada 130 metros ahora tiene un valor de 25 centavos. La medida, tomada por resolución municipal, fue solamente comunicada por la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe en un más que escueto comunicado, sin brindar ningún detalle ni argumento de la suba y apenas horas antes de que entrara en vigencia.
Unos días después, Alberto Scarpa, presidente de la entidad, dijo que la readecuación de la tarifa “era más que necesaria y debería ser más todavía, pero respondiendo a la situación social tenemos que tratar de mantenernos dentro de estos valores para que la gente nos siga tomando”.
EXIGEN UN FAVOR. La misiva presentada por los empresarios de los colectivos incluye un detallado informe que revela la (según ellos negativa) situación financiera por la que atravesaron las firmas del transporte urbano de pasajeros en el período que va de enero a julio de 2008. En el informe, los firmantes vuelven a sostener que el desfase equivale a una pérdida de 24 centavos por cada pasajero transportado, “lo que produce una situación de grave desfinanciamiento de nuestro sector”.
El estudio es acompañado por una proyección de costos e ingresos a diciembre de 2008, formulada sobre la base del recupero del desfase mencionado, el recálculo de los subsidios nacionales disminuidos y los incrementos de los costos (obligados y estimados) que demandan un incremento tarifario del boleto plano en 40 centavos: un 26% más que la tarifa actual. (El último aumento, registrado en marzo, fue del 13%).
En una forma un tanto imperativa, los empresarios solicitan que “se provea lo necesario para proceder al incremento solicitado y además realice un seguimiento mensual de los costos del sistema en lo que resta del año para obtener de inmediato el reestablecimiento de los desequilibrios que se produzcan”. El pedido parece interminable y es decididamente repetido: “Queremos aumentar el boleto”. Pero es rara la conjunción de fundamentos: por un lado, los empresarios aducen que no recaudan lo suficiente para mantener intacta su rentabilidad, pero por el otro compran unidades nuevas (compromiso que destacan en la carta) y no piensan –o al menos no lo dicen– en abandonar una empresa que hace ya mucho tiempo que viene dando pérdidas, lo cual los transforma en una suerte de empresarios que, ante todo, pretenden mantener un servicio público en pie... eso sí: cada vez más caro.
La ola del pedido de incremento de la tarifa plana parece llegar como un eco desde el sur de la provincia, en donde los aumentos del boleto siempre preceden a los que se dan en la capital provincial. Los pasajeros rosarinos debieron soportar dos incrementos de la tarifa plana en los últimos seis meses (de $1,10 a $1,40 y de allí a $1,60) con los mismos argumentos de cada lado del mostrador. Por parte de las autoridades se hacía hincapié en la necesidad de contar con una mayor cantidad de subsidios. Desde el lado empresario se escuchaba el poco original “no nos alcanza para pagar los salarios”.
Tal es así que el pasado 31 de julio, en una tensa –y por momentos violenta– sesión, el Concejo rosarino aprobó el último incremento y fijó el costo de subirse a un colectivo en $1,60; las imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes que se acercaron a las barras del Concejo para oponerse –sinéxito– al aumento recorrieron los medios de toda la provincia.
UNA PELÍCULA QUE VIMOS TODOS. El argumento que utilizan los empresarios que firmaron la carta presentada ante Barletta, como punta de lanza es que “el incremento de los costos, especialmente los salariales (con las correspondientes cargas sociales) que operarán a partir del mes entrante venían deteriorando la ecuación económica general del sistema”. Es decir: otra vez oponen los salarios de los trabajadores como principal argumento de la suba pretendida. Pero ese no es el único argumento, como se verá más adelante.
El pasado 11 de marzo, antes del último incremento y como si fuese un calco de situaciones anteriores y posteriores, Susana Capalbo, representante de la empresa Transporte San Gerónimo SRL, mantuvo un encuentro con las autoridades, a quienes anunció la presentación de un estudio de costos. “En estas condiciones el precio del boleto debería subir a $1,50 como mínimo”, dijo en esa oportunidad Capalbo.
Previsiblemente, también repitió argumentos: “Estamos pidiendo aumento de tarifa porque, si no, no se puede hacer frente a los costos y a los 300 pesos de aumento salarial al básico que debemos pagar”. Las declaraciones de Capalbo fueron durante los primeros días de marzo; luego sobrevino el aumento del boleto y, ahora, el incremento salarial vuelve a ser invocado por los empresarios entre sus argumentos.
En la carta que presentaron al intendente, ingresada el 19, a modo de lamento los gerentes sostienen: “El (último) incremento que se dispuso fue muy inferior al solicitado por las empresas que estimaron en aquel entonces que el precio debió trepar a entre $1,66 a $1,75”, pero la gestión Barletta llevó la tarifa plana a $1,50.
Para los empresarios, el precio actual del boleto resulta exiguo: aseguran haber sufrido un déficit, en los siete primeros meses del año, que alcanza los $3.655.314 y que –siempre según los representantes de las firmas concesionarias– derivó en un paralelo incremento del endeudamiento empresario por cifras similares. De alguna forma, los empresarios hacen responsables a las autoridades del crecimiento de esta deuda porque no se cumplió con las estimaciones de costos confeccionadas para el incremento de la tarifa. Además, sostienen que no se produjo el incremento previsto en la cantidad de pasajeros transportados y que los subsidios recibidos desde la Nación fueron inferiores a los establecidos en la fórmula utilizada para efectuar los cálculos.
Para el caso, la suba de la tarifa de los taxis permite ver coincidencias y diferencias con los argumentos de los empresarios de colectivos. “Un estudio de tarifa arrojaría una cifra superior a los tres pesos. Ahora no estamos contemplando el cálculo de reposición de los vehículos; sólo estamos considerando el mantenimiento y el salario nuestro para poder seguir viviendo”, dijo Scarpa, el presidente de la Sociedad de Taximetristas Unidos.
De la misma forma, desde el sector colectivero refieren a la inflación: “Los costos de todos los insumos, especialmente las unidades y sus reparaciones, sufrieron incrementos por encima de todas las variables esperadas”, dice el informe entregado a Barletta. Como si fuera poco para el panorama descrito por los empresarios, a ellos también les llegó de cerca la crisis del campo. Durante los cuatro meses que duró el conflicto entre las entidades del agro y el gobierno nacional, debieron adquirir combustible a precio normal (sin subsidio) y ahora el precio del gasoil subsidiado aumentó cinco centavos.
Además, los concesionarios del servicio urbano de colectivos estimaron para el resto del año un incremento general del resto de los componentes que conforman el costo total del servicio en un 4%: un guarismo mucho menor al promedio que ellos mismos calcularon para los primeros siete meses. También hubo coincidencias desde el sector de los taxis en lo expresado en cuanto a los insumos y repuestos. “Es absolutamente real los que los empresarios de los colectivos plantean: cualquiera que tiene auto se da cuenta, o si se arriman a cualquier lugar de venta de lubricantes y demás van a confirmar que hubo aumentos del 20 al 30% en lo que va del año”, aseguró Scarpa. Estos fundamentos también fueron refrendados por el conductor de la UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo.
Aunque todavía sea demasiado temprano para pensar en la posibilidad de que peligre el pago de los sueldos y, como consecuencia, se avive la idea de una huelga, si es que no hay incremento del boleto, Agrafogo dijo: “Los comentarios siempre están; cada vez que suceden estas cosas, parece que los sueldos son el parámetro para evaluar la situación, pero oficialmente no tenemos nada”.
Sin embargo, el subsecretario de Transporte Sergio Ludueña refutó de manera contundente dos de los argumentos: el incremento salarial y la influencia del conflicto agropecuario. “Si bien se trata de dos aspectos en los que la Municipalidad no tiene ninguna incidencia, igual tenemos que afrontarlos. De todas formas, en los subsidios hubo aumentos respecto del año pasado y no hubo nuevas paritarias, por lo que las previsiones salariales están incluidas en la última tarifa aprobada por el Concejo Municipal”, aclaró. De esa forma, echó por tierra la posibilidad de una suba del boleto. Y le contestó a los empresarios: “Un aumento de tarifa no significa un aumento de ingresos para las empresas, porque deja de ser atractivo y la gente comienza a buscar medios alternativos de transporte”.
LA SALVACIÓN. La proyección efectuada por los empresarios de los colectivos, además de incluir una tarifa más cara ($1,90) para el boleto plano, se basa en “una nueva ecuación que mantendría el equilibrio del sistema” siempre y cuando se mantenga el promedio de pasajeros del período enero-julio. “Se podrá mantener el sistema en equilibrio para poder seguir cumpliendo las características de regularidad y continuidad que pretendemos”, dicen los concesionarios del servicio.
Y a modo de pedido de auxilio solicitan “la evaluación de alternativas para compensar el déficit de los meses de enero-julio y para proceder al saneamiento del endeudamiento contraído”. En el escrito, los empresarios recuerdan más de una vez el compromiso –cumplido– de renovar la flota mediante la adquisición de 29 unidades nuevas, entre ellas las que poseen las rampas para discapacitados: “Hecho tan inédito como requerido en nuestro sistema de transporte local”, según se encargaron de recalcar.
UN NUEVO RECLAMO A LA NACIÓN. En medio del ajetreo impuesto por el paro docente, el gobernador Hermes Binner se refirió específicamente problema de la (in)equidad en los subsidios recibidos por las provincias para hacer un poco más soportable la crisis del trasporte. “No es un problema de los maestros solos, los médicos solos, los policías solos; es un problema de la sociedad en su conjunto. Se ha invertido la pirámide, en lugar de ser la base las provincias, como dice la Constitución, es absolutamente al revés. Hay que pedir dinero a Buenos Aires para ver si nos van a defender el transporte público de pasajeros dándonos el mismo subsidio que le dan a la Capital Federal. Este es sólo uno de los miles de ejemplos que existen”, dijo el mandatario a la prensa.
Antes, en ocasión de la reunión ordinaria del Comité Federal del Transporte, el reclamo había sido más explícito aún: “Que los subsidios que el gobierno nacional adjudica al transporte de pasajeros se distribuyan con un criterio equitativo y federal”, fue la moción aprobada por unanimidad.
La postura de Santa Fe, que será remitida a la Secretaría de Transporte de la Nación, fue expuesta por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Boggiano: “La cuestión es muy simple: se deben contemplar las diversas realidades regionales y generar un criterio equitativo y federal en la distribución de los subsidios. Esto que reclamamos mejorará sustancialmente la situación del transporte de pasajeros en el interior del país”.
UNA DISPARIDAD MÁS QUE MANIFIESTA. El transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano goza de aportes estatales nacionales provenientes del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional que, en el mes de junio del corriente año, llegaron a los 205,5 millones de pesos. Sin embargo, a la provincia de Santa Fe se le otorgaron 6,7 millones; a Córdoba, 7 millones; a Mendoza, 5,5 millones; y a Tucumán, 4,1 millones. De acuerdo a la información oficial nacional, también se advierte que la suma de los fondos por los impuestos al gasoil y de los aportes del Tesoro Nacional arroja un total de 13 mil pesos para cada colectivo que circula por Capital Federal; de $ 10.474, en el Gran Buenos Aires –área mayor al conurbano– y de $ 4.907 en Santa Fe.
Publicado en Pausa #15, viernes 22 de agosto de 2008.
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Los pasajeros de los diferentes medios de transporte público vuelven a ver el fantasma del aumento en las tarifas, aunque desde las esferas oficiales se esmeren en descartar esa posibilidad. La crisis en la que está sumido el sistema completo de este (por sobre todas las cosas) servicio público se acentúa cada vez más. En la semana retornó a la palestra una vieja película que, lamentablemente, se repite cada vez más a menudo: en el más absoluto silencio aumentó el taxi y, casi como una reacción en cadena y un eco llegado desde Rosario, los empresarios que regentean los colectivos presentaron un pedido formal para que el boleto siga los mismos pasos.
Los taxis ya tienen un viaje mínimo que creció de $2,20 a $2,50 y de 22 a 25 centavos cada ficha. Los empresarios de –casi– todas las líneas del transporte urbano pidieron (en forma de exigencia) que por el boleto plano los usuarios paguen $1,90, cuando el último aumento había llevado el pasaje a su precio actual: $1,50. El tema es tan sensible que hasta el gobernador Binner pidió más equidad en los subsidios que llegan al sistema, para que no sea siempre el pasajero la variable de ajuste. También el intendente Mario Barletta debió salir a formular declaraciones: dijo que el Ejecutivo municipal no está estudiando ningún aumento.
Sin embargo, los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) coinciden en que la tarifa debe “retocarse” argumentando que los insumos aumentaron y que los aportes de dinero de la Nación llegaron recortados.
La únicas dos empresas que no firmaron el pedido son las que explotan las líneas 2 y 13. La primera pertenece a Continental, también concesionaria del corredor que cubre el trayecto Sauce Viejo-Los Zapallos, mientras que la segunda recientemente fue otorgada a otra firma y es la que cubre el trayecto hacia Alto Verde. Desde la Municipalidad ya habían dispuesto, entonces, la equiparación de la tarifa de esa empresa a las demás del sistema urbano; antes era diferente: por el traslado hacia Alto Verde o desde ese distrito al centro los usuarios pagaban tarifas más caras.
NO DE NUEVO, DECÍA, NO DE NUEVO... Los empresarios del transporte volvieron a hacerlo: solicitaron explícitamente, por medio de una carta presentada en la Municipalidad, un incremento en la tarifa plana del boleto. La cifra pedida provoca más que un susto, quizás en algunos casos hasta indignación: pretenden que la suba sea de 40 centavos.
Desde el Ejecutivo local, el intendente y su subsecretario de Transporte, Sergio Ludueña, frenaron y congelaron –al menos por el momento– la intranquilizante solicitud. “Con el estudio que hemos realizado se determinó el boleto que está vigente, y entendemos que no hubo aspectos que obliguen a revisar la circunstancia por ahora”, dijo Mario Barletta ante la prensa.
Por su parte, Ludueña opinó: “No tenemos indicadores que digan que se requiere un aumento de tarifa”. Sin embargo, y sorpresivamente, desde la UTA, su secretario general Osvaldo Agrafogo avaló el pedido de los empresarios: “Pensamos que la tarifa debe retocarse o, por lo menos, repensarse por parte del municipio, pero se necesita un estudio serio”, dijo a Pausa.
Los firmantes de la nota presentada por mesa de entradas municipal son Sergio Juárez (gerente de Transporte San Gerónimo SRL), Daniel Vidal (socio gerente de la empresa 7 de Marzo SRL) y Rubén Platini (gerente de la Empresa Santa Fe SRL), quienes representan las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18: 11 de las 13 que conforman el sistema de transporte público urbano.
El pedido cayó como un baldazo de agua fría, y más luego del último incremento lo sufrieran los pasajeros en marzo pasado, cuando la tarifa trepó de $1,30 a $1,50.
Los taxis ya habían aumentado sus tarifas unos pocos días antes: el 17 de agosto. El viaje mínimo (mil metros) pasó a costar $2,50, mientras que la ficha cada 130 metros ahora tiene un valor de 25 centavos. La medida, tomada por resolución municipal, fue solamente comunicada por la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe en un más que escueto comunicado, sin brindar ningún detalle ni argumento de la suba y apenas horas antes de que entrara en vigencia.
Unos días después, Alberto Scarpa, presidente de la entidad, dijo que la readecuación de la tarifa “era más que necesaria y debería ser más todavía, pero respondiendo a la situación social tenemos que tratar de mantenernos dentro de estos valores para que la gente nos siga tomando”.
EXIGEN UN FAVOR. La misiva presentada por los empresarios de los colectivos incluye un detallado informe que revela la (según ellos negativa) situación financiera por la que atravesaron las firmas del transporte urbano de pasajeros en el período que va de enero a julio de 2008. En el informe, los firmantes vuelven a sostener que el desfase equivale a una pérdida de 24 centavos por cada pasajero transportado, “lo que produce una situación de grave desfinanciamiento de nuestro sector”.
El estudio es acompañado por una proyección de costos e ingresos a diciembre de 2008, formulada sobre la base del recupero del desfase mencionado, el recálculo de los subsidios nacionales disminuidos y los incrementos de los costos (obligados y estimados) que demandan un incremento tarifario del boleto plano en 40 centavos: un 26% más que la tarifa actual. (El último aumento, registrado en marzo, fue del 13%).
En una forma un tanto imperativa, los empresarios solicitan que “se provea lo necesario para proceder al incremento solicitado y además realice un seguimiento mensual de los costos del sistema en lo que resta del año para obtener de inmediato el reestablecimiento de los desequilibrios que se produzcan”. El pedido parece interminable y es decididamente repetido: “Queremos aumentar el boleto”. Pero es rara la conjunción de fundamentos: por un lado, los empresarios aducen que no recaudan lo suficiente para mantener intacta su rentabilidad, pero por el otro compran unidades nuevas (compromiso que destacan en la carta) y no piensan –o al menos no lo dicen– en abandonar una empresa que hace ya mucho tiempo que viene dando pérdidas, lo cual los transforma en una suerte de empresarios que, ante todo, pretenden mantener un servicio público en pie... eso sí: cada vez más caro.
La ola del pedido de incremento de la tarifa plana parece llegar como un eco desde el sur de la provincia, en donde los aumentos del boleto siempre preceden a los que se dan en la capital provincial. Los pasajeros rosarinos debieron soportar dos incrementos de la tarifa plana en los últimos seis meses (de $1,10 a $1,40 y de allí a $1,60) con los mismos argumentos de cada lado del mostrador. Por parte de las autoridades se hacía hincapié en la necesidad de contar con una mayor cantidad de subsidios. Desde el lado empresario se escuchaba el poco original “no nos alcanza para pagar los salarios”.
Tal es así que el pasado 31 de julio, en una tensa –y por momentos violenta– sesión, el Concejo rosarino aprobó el último incremento y fijó el costo de subirse a un colectivo en $1,60; las imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes que se acercaron a las barras del Concejo para oponerse –sinéxito– al aumento recorrieron los medios de toda la provincia.
UNA PELÍCULA QUE VIMOS TODOS. El argumento que utilizan los empresarios que firmaron la carta presentada ante Barletta, como punta de lanza es que “el incremento de los costos, especialmente los salariales (con las correspondientes cargas sociales) que operarán a partir del mes entrante venían deteriorando la ecuación económica general del sistema”. Es decir: otra vez oponen los salarios de los trabajadores como principal argumento de la suba pretendida. Pero ese no es el único argumento, como se verá más adelante.
El pasado 11 de marzo, antes del último incremento y como si fuese un calco de situaciones anteriores y posteriores, Susana Capalbo, representante de la empresa Transporte San Gerónimo SRL, mantuvo un encuentro con las autoridades, a quienes anunció la presentación de un estudio de costos. “En estas condiciones el precio del boleto debería subir a $1,50 como mínimo”, dijo en esa oportunidad Capalbo.
Previsiblemente, también repitió argumentos: “Estamos pidiendo aumento de tarifa porque, si no, no se puede hacer frente a los costos y a los 300 pesos de aumento salarial al básico que debemos pagar”. Las declaraciones de Capalbo fueron durante los primeros días de marzo; luego sobrevino el aumento del boleto y, ahora, el incremento salarial vuelve a ser invocado por los empresarios entre sus argumentos.
En la carta que presentaron al intendente, ingresada el 19, a modo de lamento los gerentes sostienen: “El (último) incremento que se dispuso fue muy inferior al solicitado por las empresas que estimaron en aquel entonces que el precio debió trepar a entre $1,66 a $1,75”, pero la gestión Barletta llevó la tarifa plana a $1,50.
Para los empresarios, el precio actual del boleto resulta exiguo: aseguran haber sufrido un déficit, en los siete primeros meses del año, que alcanza los $3.655.314 y que –siempre según los representantes de las firmas concesionarias– derivó en un paralelo incremento del endeudamiento empresario por cifras similares. De alguna forma, los empresarios hacen responsables a las autoridades del crecimiento de esta deuda porque no se cumplió con las estimaciones de costos confeccionadas para el incremento de la tarifa. Además, sostienen que no se produjo el incremento previsto en la cantidad de pasajeros transportados y que los subsidios recibidos desde la Nación fueron inferiores a los establecidos en la fórmula utilizada para efectuar los cálculos.
Para el caso, la suba de la tarifa de los taxis permite ver coincidencias y diferencias con los argumentos de los empresarios de colectivos. “Un estudio de tarifa arrojaría una cifra superior a los tres pesos. Ahora no estamos contemplando el cálculo de reposición de los vehículos; sólo estamos considerando el mantenimiento y el salario nuestro para poder seguir viviendo”, dijo Scarpa, el presidente de la Sociedad de Taximetristas Unidos.
De la misma forma, desde el sector colectivero refieren a la inflación: “Los costos de todos los insumos, especialmente las unidades y sus reparaciones, sufrieron incrementos por encima de todas las variables esperadas”, dice el informe entregado a Barletta. Como si fuera poco para el panorama descrito por los empresarios, a ellos también les llegó de cerca la crisis del campo. Durante los cuatro meses que duró el conflicto entre las entidades del agro y el gobierno nacional, debieron adquirir combustible a precio normal (sin subsidio) y ahora el precio del gasoil subsidiado aumentó cinco centavos.
Además, los concesionarios del servicio urbano de colectivos estimaron para el resto del año un incremento general del resto de los componentes que conforman el costo total del servicio en un 4%: un guarismo mucho menor al promedio que ellos mismos calcularon para los primeros siete meses. También hubo coincidencias desde el sector de los taxis en lo expresado en cuanto a los insumos y repuestos. “Es absolutamente real los que los empresarios de los colectivos plantean: cualquiera que tiene auto se da cuenta, o si se arriman a cualquier lugar de venta de lubricantes y demás van a confirmar que hubo aumentos del 20 al 30% en lo que va del año”, aseguró Scarpa. Estos fundamentos también fueron refrendados por el conductor de la UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo.
Aunque todavía sea demasiado temprano para pensar en la posibilidad de que peligre el pago de los sueldos y, como consecuencia, se avive la idea de una huelga, si es que no hay incremento del boleto, Agrafogo dijo: “Los comentarios siempre están; cada vez que suceden estas cosas, parece que los sueldos son el parámetro para evaluar la situación, pero oficialmente no tenemos nada”.
Sin embargo, el subsecretario de Transporte Sergio Ludueña refutó de manera contundente dos de los argumentos: el incremento salarial y la influencia del conflicto agropecuario. “Si bien se trata de dos aspectos en los que la Municipalidad no tiene ninguna incidencia, igual tenemos que afrontarlos. De todas formas, en los subsidios hubo aumentos respecto del año pasado y no hubo nuevas paritarias, por lo que las previsiones salariales están incluidas en la última tarifa aprobada por el Concejo Municipal”, aclaró. De esa forma, echó por tierra la posibilidad de una suba del boleto. Y le contestó a los empresarios: “Un aumento de tarifa no significa un aumento de ingresos para las empresas, porque deja de ser atractivo y la gente comienza a buscar medios alternativos de transporte”.
LA SALVACIÓN. La proyección efectuada por los empresarios de los colectivos, además de incluir una tarifa más cara ($1,90) para el boleto plano, se basa en “una nueva ecuación que mantendría el equilibrio del sistema” siempre y cuando se mantenga el promedio de pasajeros del período enero-julio. “Se podrá mantener el sistema en equilibrio para poder seguir cumpliendo las características de regularidad y continuidad que pretendemos”, dicen los concesionarios del servicio.
Y a modo de pedido de auxilio solicitan “la evaluación de alternativas para compensar el déficit de los meses de enero-julio y para proceder al saneamiento del endeudamiento contraído”. En el escrito, los empresarios recuerdan más de una vez el compromiso –cumplido– de renovar la flota mediante la adquisición de 29 unidades nuevas, entre ellas las que poseen las rampas para discapacitados: “Hecho tan inédito como requerido en nuestro sistema de transporte local”, según se encargaron de recalcar.
UN NUEVO RECLAMO A LA NACIÓN. En medio del ajetreo impuesto por el paro docente, el gobernador Hermes Binner se refirió específicamente problema de la (in)equidad en los subsidios recibidos por las provincias para hacer un poco más soportable la crisis del trasporte. “No es un problema de los maestros solos, los médicos solos, los policías solos; es un problema de la sociedad en su conjunto. Se ha invertido la pirámide, en lugar de ser la base las provincias, como dice la Constitución, es absolutamente al revés. Hay que pedir dinero a Buenos Aires para ver si nos van a defender el transporte público de pasajeros dándonos el mismo subsidio que le dan a la Capital Federal. Este es sólo uno de los miles de ejemplos que existen”, dijo el mandatario a la prensa.
Antes, en ocasión de la reunión ordinaria del Comité Federal del Transporte, el reclamo había sido más explícito aún: “Que los subsidios que el gobierno nacional adjudica al transporte de pasajeros se distribuyan con un criterio equitativo y federal”, fue la moción aprobada por unanimidad.
La postura de Santa Fe, que será remitida a la Secretaría de Transporte de la Nación, fue expuesta por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Boggiano: “La cuestión es muy simple: se deben contemplar las diversas realidades regionales y generar un criterio equitativo y federal en la distribución de los subsidios. Esto que reclamamos mejorará sustancialmente la situación del transporte de pasajeros en el interior del país”.
UNA DISPARIDAD MÁS QUE MANIFIESTA. El transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano goza de aportes estatales nacionales provenientes del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional que, en el mes de junio del corriente año, llegaron a los 205,5 millones de pesos. Sin embargo, a la provincia de Santa Fe se le otorgaron 6,7 millones; a Córdoba, 7 millones; a Mendoza, 5,5 millones; y a Tucumán, 4,1 millones. De acuerdo a la información oficial nacional, también se advierte que la suma de los fondos por los impuestos al gasoil y de los aportes del Tesoro Nacional arroja un total de 13 mil pesos para cada colectivo que circula por Capital Federal; de $ 10.474, en el Gran Buenos Aires –área mayor al conurbano– y de $ 4.907 en Santa Fe.
Publicado en Pausa #15, viernes 22 de agosto de 2008.
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