Todos somos inundados

Por Pilar Guala

Es uno de los movimientos que se constituyeron después de la inundación de 2003. Todos los martes y todos los 29 marchan en Plaza de Mayo. Llevan 308 “rituales” a cuestas y prometen no detenerse hasta que la reparación haya sido total. El lento avance de la causa judicial. Los roces y los encuentros con el poder. Y la política de la insistencia.

“De alguna forma estamos construyendo lentamente la memoria, nos estamos dando la posibilidad de escribir la otra historia, la propia, la verdadera”. Esa es una de las consignas que mueve a la Marcha de las Antorchas, un grupo de inundados que llevan 308 manifestaciones públicas pidiendo juicio y castigo para los responsables de la peor inundación que sufrió la ciudad de Santa Fe, que afectó en forma directa a 130 mil personas y que se llevó más de 150 vidas, contando las 23 que reconoció en su momento el Estado provincial y las que se registraron posteriormente por las secuelas.

El martes 29 de julio (sí: justo un 29) no será un día cualquiera para la Marcha: ese día cumplen cinco años resistiendo y exigiendo. Y una vez más, la Plaza 25 de Mayo será el escenario del habitual ritual de los inundados en reclamo de justicia. Como lo fue otro 29 de julio, pero de 2003, cuando trascurridos tres meses del ingreso de las aguas del Salado a la ciudad un importante grupo de vecinos inundados provenientes de diferentes barrios y de diversos sectores sociales desembarcó en la Plaza, frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de “poner freno a la impunidad”.

Primero habían sido las asambleas barriales en el Club República del Oeste, luego un encuentro interbarrial en el ex Ferrocarril Mitre, que finalmente derivó, aquel 29 de julio, en la instalación del Museo y de la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad en la Plaza 25 de Mayo.

Con el surgimiento de la Carpa Negra, casi en simultáneo, el grupo comenzó a marchar cada martes –porque fue el día que ingresó el agua a la ciudad– con velas en sus manos. Con el tiempo se transformaron en antorchas. Desde entonces, la Marcha de las Antorchas se convoca cada martes y cada 29 a caminar por la plaza central de la ciudad –núcleo de la vida política e institucional–, para realizar un homenaje a las víctimas y reclamar, ante los Tribunales y la Casa Gris, “Justicia en todo y para todos” y “Juicio y castigo a los culpables”. Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Roberto Rosúa, Martín Balbarrey, Horacio Rosatti, Marcelo Álvarez, Edgardo Berli, Ricardo Fratti, Claudio Tibaldo, Adriana Cavutto, Juan Carlos Mercier, Mario Esquivel, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco son algunos de los señalados como responsables políticos de la inundación y de que no avance la causa judicial.

JUSTICIA Y TRABAS. La ocupación del espacio público se mantiene en forma sistemática desde hace un lustro, a pesar de los sucesivos obstáculos impuestos. La historia del movimiento se nutre de actos y manifestaciones inéditas para la ciudad, que incluyeron escraches a funcionarios municipales y provinciales, reclamos a la Justicia y presentaciones ante organismos nacionales.

En estos cinco años, los inundados clavaron en el corazón de la Plaza de Mayo las cruces de los muertos que dejó la inundación: “Son un grito de no al olvido”, sostienen. Esas cruces fueron robadas en tres oportunidades y repuestas otras tantas veces.

Pero no son el vandalismo infantil de algunos sectores políticos ni la nula respuesta de la Justicia las únicas trabas que debió sortear la Marcha: también existen ciertas características culturales del “ser santafesino”, si tal cosa existe. “Aprendimos a decir las cosas por su nombre y a ponerle cuerpo”, explican. “El aprendizaje de la Marcha fue empezar a salir a la Peatonal a desestructurar y romper con ese silencio de la sociedad santafesina, para poder gritar y decir, nombrar y señalar en la Peatonal a los responsables”.

Los integrantes del movimiento destacaron siempre que su reclamo trasciende la reparación material por las pérdidas de bienes y de vidas. Lo que se persigue es la recuperación del valor de la justicia. “A medida que pasaba el tiempo, nos fuimos fortaleciendo en la idea de culpabilidad de los gobernantes de entonces. Fuimos consiguiendo cada vez más pruebas de esa responsabilidad y cada vez más muestras de su perversidad”, señalan los inundados.

LA RESISTENCIA. Cuando se instaló la Carpa Negra de la Memoria y Dignidad en Plaza de Mayo, era uno de los momentos de mayor conflictividad social y participación en las movilizaciones de los inundados. La convocatoria lograba llenar la plaza. En esos días se inició una de las primeras instancias judiciales contra los inundados, cuando el juez Correccional Orlando Pascua ordenó el allanamiento de la Carpa fueron detenidos un grupo de afectados bajo el cargo de “robo de energía”.

Unos meses más tarde, los roces con el poder llegarían a uno de sus picos más tensos. El 29 de enero de 2004, en el acto por los nueve meses de la inundación (comienzo de la gestión de Jorge Obeid) hubo destrozos en el frente de Casa de Gobierno. Los inundados denunciaron la presencia de infiltrados, señalados como responsables; a la indiferencia frente a la denuncia siguió una Plaza rebosante de policías. En los meses siguientes, muchos vecinos regresaron a sus barrios atemorizados, en un abandono lento pero paulatino.

En los actos públicos y en cualquier instancia en la que pudieran presentarse los funcionarios públicos señalados como responsables de la inundación y de la represión de la protesta, los inundados se trasladan para expresarles sus reclamos cara a cara. Dos veces, incluso, hicieron lo propio ante el entonces presidente Néstor Kirchner: “¡No olvide la inundación presidente!”, le gritaron. Lo cierto es que, desde entonces, no hizo otra cosa que consolidar sus vínculos políticos con el senador Reutemann, con quien sólo rompería lanzas hace poco tiempo, lock out mediante. Mas esos vínculos se reforzaron lejos de la ciudad. “Hay una urgencia que nos mantiene unidos”, dicen desde la Marcha, “y es que se haga justicia. Por eso logramos que Reutemann no vuelva a Santa Fe”.

Y LA INSISTENCIA. A mediados de 2004 el empresario José Mustafhá, directamente afectado por las aguas del Salado, presentó en la Oficina Anticorrupción de la Nación un escrito para que el organismo investigue si se cometieron irregularidades en el uso de los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno nacional durante 2003, para paliar las consecuencias de la inundación.

Pero el hecho que marcó el 2004 se produjo el 23 de octubre, en la vereda del actual Ministerio de la Producción, entonces conocido como Magic. Ese día hubo una reunión cuyo eje era la distribución de la cuota Hilton. Los inundados se enteraron por los medios de la presencia del senador Reutemann: era la primera vez que aparecía en la ciudad desde que dejara la Casa Gris, en diciembre de 2003. El “gran regreso” del Lole se convirtió en un escándalo: hubo desmanes e incidentes y al final fueron detenidos tres inundados. Entre ellos, el propio Mustafhá.

La Marcha otra vez debió sobrellevar, unos meses más tarde, los arbitrios del poder. El 15 de abril de 2005, en Tribunales, se realizó un escrache contra el juez de Instrucción de la 7° Nominación, Diego de la Torre, a quien se acusa de dilatar la investigación de la causa inundación. Fue una protesta relámpago, duró apenas unos minutos. Bastó para que los pesados engranajes de la Justicia se movieran rápidamente: el juez de Faltas Héctor Valli resolvió indagar a dos de los manifestantes, Héctor Sanagustín y Graciela García, por “incumplimiento de normas legales y de seguridad en edificios públicos”. La causa, que derivó en detenciones, fue impulsada por el secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia. Graciela García resume aquel episodio en pocas palabras: “Estuvimos detenidos por manifestarnos y los máximos responsables de lo que nos pasó siguen sueltos”.

LA CAUSA. El 19 de abril de 2006 el juez de Instrucción Jorge Patrizzi elevó a sentencia los procesamientos de tres ex funcionarios: Marcelo Álvarez (intendente cuando la inundación), Edgardo Berli (ministro de Obras Públicas) y Ricardo Fratti (director provincial de Obras Hidráulicas). En el mismo escrito, Patrizzi sobresee de culpa y cargo al ex gobernador, que ni siquiera declaró. Así se dio por cerrada la investigación. Ningún recurso presentado luego por los denunciantes prosperó.

Recién en marzo de este año la causa fue elevada a juicio, por decisión del fiscal de Distrito Nº 2, Norberto Nisnevich. En la presentación inicial se exige la investigación de los presuntos delitos de abandono de persona, daños patrimoniales, morales y pérdidas de vidas humanas, incumplimiento de los deberes de funcionario público; en los papeles, Patrizzi invoca “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”.

En abril la Corte provincial denegó un recurso extraordinario de apelación. Ahora los denunciantes interpusieron una queja ante la Corte Suprema de la Nación por “denegación del recurso extraordinario federal”. “Creíamos que la causa podía llegar a resolverse a través de la justicia, pero hoy entendemos que quienes la administran son los mismos que protegen esa impunidad y la reproducen”, dicen hoy los inundados.

NUEVOS INTERLOCUTORES EN LA CASA GRIS. El primer gesto de Hermes Binner, luego de asumir como gobernador, fue quitar las vallas que separaron, a lo largo de seis años, la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo. Luego, el secretario de Justicia, Roberto Vicente, convocó a los integrantes de la Marcha de las Antorchas a una reunión. Casi de inmediato –en la marcha del 29 de enero– el propio Binner charló con los inundados, pero esa vez fue en la plaza.

También estuvo en el lugar el 29 de abril, participando primero como oyente y luego como orador, en el acto en que se conmemoraron los cinco años. Una semana más tarde, convocó a los integrantes de la Marcha de las Antorchas –y también de otras organizaciones sociales y de derechos humanos– a “conformar una mesa de concertación” para “empezar a trabajar” con el propósito de abordar los problemas de la ciudad aportando información que permita que “la Justicia actúe”, según remarcó el propio Binner.

Sin embargo, los inundados de la Marcha reiteraron la necesidad de traducir esos gestos en acciones concretas. “Aprendimos a relacionarnos con las autoridades, a entender lo que dicen y a no ceder, a relacionarnos con otros grupos sin ser cooptados por ello”, explican desde la Marcha. “Marchamos para que en cada paso quede la necesidad de verdad y justicia. A cada paso una consigna. A cada paso una sentencia a los culpables. La insistencia, más que la resistencia, es lo que sostiene la existencia de la causa inundación. Y la sensación de que al irnos queda una letanía que espera cada martes y cada 29 para renovarse”.

Publicado en Pausa #11, 25 de julio de 2008.

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Progreso que discrimina

Por Ezequiel Nieva

Las 180 familias de la comunidad Com Caia están alarmadas ante la iniciativa del Concejo, que busca apoyo popular para instalar un parque industrial en los terrenos que, por ley, les pertenecen a los mocovíes. El Inadi interpuso un amparo y denunció que, detrás de la excusa de “bajar la desocupación”, se esconde un claro acto de discriminación.

Una consulta popular resuelta por el Concejo Municipal de Recreo, que retoma un viejo proyecto del Senado, ratificó la vigencia de un problema que lleva cinco siglos y algo más: la discriminación de que son objeto los pueblos originarios bajo el discutible argumento del “progreso”. En la vecina ciudad se asienta una de las comunidades mocovíes más numerosas –la Com Caia– que ocupa un predio de 324 hectáreas; más de la mitad de esos terrenos –unas 180 hectáreas ubicadas a la vera de la ruta nacional 11, en el límite con la localidad de Candioti– ahora están en disputa, pese que por ley son propiedad inajenable de la comunidad. De prosperar el intento del Concejo de Recreo, serán los vecinos quienes decidan si ese predio debe seguir en manos de Com Caia o ser destinado a la radicación de un parque industrial.

Esa posibilidad fue cuestionada con rigor por la delegación Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya titular, Stella Vallejos, instó a que se suspenda la consulta como única condición para aceptar que no hay un acto de discriminación detrás de la movida. La historia viene de lejos: hay dos informes del Ejecutivo provincial –uno elaborado por la gestión de Jorge Obeid y otro por la de Hermes Binner– que señalan que los terrenos son aptos, por cuestiones técnicas, ambientales, de altura y de ubicación, para la radicación industrial. En ese primer informe se apoyó, hace dos años, el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, quien presentó en la Cámara Alta –y logró que obtenga media sanción– un proyecto que habilita la donación de esas 180 hectáreas a la Municipalidad de Recreo.

El proyecto está en la Cámara de Diputados y, de no ser aprobado antes de noviembre, perderá estado parlamentario. Sin embargo, el Concejo de Recreo se adelantó y sancionó una ordenanza que dispone la realización de una consulta popular para conocer los niveles de adhesión de los ciudadanos respecto de la posible radicación de un parque industrial en el lote “A” del campo San José de Recreo.

LA REACCIÓN. Casi de inmediato, la delegación santafesina del Inadi manifestó su preocupación. Stella Vallejos envió dos notas al gobernador Binner en las que le pide que intervenga para suspender la consulta. “La única forma de que no haya discriminación contra los pueblos originarios es retirando la consulta popular”, argumentó Vallejos.

El lote del conflicto forma parte de un conjunto de tierras fiscales que, desde la sanción de la ley provincial 12.086 –del año 2002–, el Poder Ejecutivo debe restituir a las comunidades aborígenes santafesinas “con el carácter de reparación histórica como pueblos originarios y preexistentes a la Nación”. Tres años después de la sanción se reglamentó la norma y, dos años más tarde –en 2007– se puso en marcha la Comisión de Adjudicación de la ley 12.086.

Esa comisión tiene como objeto arbitrar los métodos necesarios para que se arribe a un dictamen en favor de las comunidades aborígenes. A lo largo de un año –entre junio de 2007 y junio de 2008­– se sucedieron las reuniones entre los funcionarios de la provincia, del municipio y de la comunidad Com Caia. Primero se verificaron los terrenos y se creó el expediente administrativo –que lleva el número 0005700-5–, luego se invitó al intendente de Recreo para que forme parte del cuerpo. Después, los representantes de Com Caia pidieron que se les entreguen las tierras lindantes a las que estaban asentados y propusieron diversos emprendimientos productivos.

Cuando se constató el predio estuvieron, además de las autoridades del gobierno de la provincia, Clara Chilcano –de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe)–, Germán Sheidegger e Inés Fernandez –de la Asociación Amigos del Aborigen– y Raúl Teoti y Manuel Troncoso –de la Comunidad Com Caia. A poco más de un mes de constituida la comisión, se presentó un dictamen en el que se destina a la comunidad mocoví Com Caia el lote denominado San José: ese dictamen fue propuesto por José Luis Benaglia, funcionario del Ministerio de Gobierno bajo la gestión de Obeid, designado a la semana siguiente del dictamen como presidente del Instituto del Aborigen de la provincia.

En octubre del año pasado se notificó al cuidador del campo en cuestión que debía restituir el lote “A” al término de la cosecha de trigo, término que se calculó para mediados de diciembre de 2007. Sin embargo, hacia junio del año en curso la Comisión de Adjudicación seguía teniendo como prioridad la entrega definitiva del lote “A”. Intimar al cuidador –de apellido Alcober, actual tenedor del campo, que desempeña sus tareas “ad honorem”, según se indica– a que entregue la propiedad a la Comunidad Com Caia.

TRES LEYES. Las gestiones todavía estaban calientes cuando el lunes 7 de julio el Concejo de Recreo decidió abocarse a un “debate abierto” y lanzar una campaña de difusión sobre la consulta popular respecto de la radicación de un parque industrial en el predio que, según la ley 12.086 y sus decretos reglamentarios, es propiedad de la comunidad Com Caia. Clara Chilcano, que colabora permanentemente con la comunidad mocoví, salió al cruce de la iniciativa: “No se puede poner en tela de juicio a quién le pertenecen las tierras cuando se desconoce cuál es el proceso o cómo se vienen trabajando las reivindicaciones de hechos históricos”.

Chilcano sentó la posición de la Ocastafe: “Me parece de muy mal gusto que se ponga (la propiedad de las tierras) a consideración de toda la comunidad de Recreo, porque antes de hacer una consulta hay muchas cosas que (los concejales) deberían ponerse a pensar. Como ejecutar planes de desarrollo, trabajo, erradicar el asistencialismo, preocuparse por el desarrollo comunitario”.

El intendente Mario Formento recogió el guante y convocó a todas las partes –pero no al senador Mercier– a una reunión; tras ese encuentro, en el que tuvo que escuchar los variados argumentos de la delegada del Inadi, Formento se mantuvo en sus trece y señaló: “No hay una actitud discriminatoria hacia la comunidad mocoví”. Fue después de que Vallejos le recordara la vigencia del Plan Nacional contra la Discriminación, que entre otros puntos promueve la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas y facilita mecanismos para la regularización efectiva de las propiedades comunitarias.

En una de las notas que antes había enviado a Binner, Vallejos proponía –en base a los postulados del Plan contra la Discriminación– la sanción de tres leyes: una para suspender los desalojos y regularizar la propiedad comunitaria, con el registro dominial y la confección de los títulos correspondientes. Otra para proteger las tierras de los pueblos originarios de “cualquier explotación de los recursos naturales en ellas existentes de alcance nacional” para garantizar que “el cuidado de los mismos sea regulado por las propias comunidades con el apoyo del Estado”. Y otra para que se restituya a las comunidades indígenas sus lugares sagrados. En los tres casos, la titular de la delegación Santa Fe del Inadi hizo especial hincapié en exigir la participación indígena en cada una de las partes del proceso “con el objeto de garantizar la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

CONTRAPUNTO. Si bien las autoridades de Recreo reconocen que la Comunidad Com Caia es propietaria de las tierras, admitieron que prefieren que las industrias se instalen en la ciudad para, de esa manera, poder bajar la desocupación. De las posiciones del Ejecutivo y del Concejo de la vecina ciudad se desprende que los vecinos de Recreo nunca terminaron de integrar a la comunidad mocoví. Pero también se desprenden otras cuestiones, como ciertas negligencias impropias de un cargo público y una –como mínimo velada– actitud discriminatoria, que Formento se ufana en negar.

En cuanto a la primera cuestión, fue el propio intendente el encargado de hacer las revelaciones, cuando confesó que en noviembre de 2006 había elevado una nota al gobierno provincial en la que pedía autorización para intervenir sobre el Campo San José –donde está ubicado el lote “A”–; Formento dijo que recién en ese momento se enteró de que las tierras ya estaban afectadas a favor de Com Caia según los términos de la ley 12.086, que había sido aprobada cuatro años antes y promulgada en 2005. Aquella intervención del intendente de Recreo ante el entonces gobernador Obeid tenía como objeto alentar el proyecto de ley de Mercier, que en términos económicos hubiese beneficiado a la ciudad y a su gestión. “Uno no quiere hacer de esto un despojo a las comunidades”, terminó por retractarse esta semana, tras la reunión que mantuvo con Manuel Troncoso, representante de la Comunidad Com Caia; Antonio Gómez, docente de la escuela bilingüe de Recreo y miembro de la Ocastafe, y Stella Vallejos.

Pero acaso más llamativa resulte otra declaración de Formento, que buscó autoexcluirse de los dardos de Vallejos explicando que el municipio “emplea a personas que pertenecen a las comunidades aborígenes”, colabora con la escuela bilingüe y también brinda los servicios de salud a través de Centro de Atención Primaria que depende de la esfera estatal. Algo que es una obligación y que difícilmente pueda señalarse como un mérito.

Además, el intendente reconoció que hay “una necesidad de vivienda, de la misma manera que la tienen los demás ciudadanos de Recreo” y buscó abrir una puerta hacia una –imposible, en virtud de la vigencia de la ley 12.086– división del terreno de Com Caia. “Nosotros reconocemos que estas tierras están adjudicadas por ley a las comunidades, pero tenemos necesidades de compartir y de mantener el equilibrio con toda la sociedad de Recreo, incluida la comunidad aborigen”.

El primero de los argumentos de Formento fue rebatido por Vallejos cuando mencionó el acta en la que se dejó constancia de que el intendente fue invitado a participar de la Comisión de Adjudicación dispuesta por la ley 12.086. La titular del Inadi también sostuvo: “No vamos a permitir que se ponga en juego la cesión de esos lotes porque las comunidades tienen derechos. No se puede enfrentar a los vecinos poniendo la idea del progreso de Recreo frente un grupo minoritario. Se cae en actos discriminatorios cuando, por ejemplo, no se avisa a la comunidad aborigen acerca de la consulta que se quiere realizar”.

CURIOSIDADES. En dos oportunidades el gobierno provincial avaló técnicamente el terreno propuesto para el parque industrial por ser aptos. Pero nunca se cruzó información oficial que permitiera develar que las tierras ya habían sido entregadas, hace seis años y a través de una ley provincial, a los pueblos originarios. Más llamativo resulta aún esta contradicción cuando se crearon organismos específicos para atender la cuestión, como la Comisión de Adjudicación y el Instituto del Aborigen.

Entre las visibles hendijas del andamiaje institucional y burocrático, el senador Juan Carlos Mercier aprovechó para hacer lo que mejor sabe: operar a favor de los intereses de los grupos económicos más concentrados. Mercier viene trabajando en la función pública desde la última dictadura y fue ministro de Hacienda bajo los mandatos del actual senador nacional Carlos Reutemann. Su proyecto de expropiar más de la mitad de los terrenos de la Comunidad Com Caia para instalar un parque industrial no es llamativo: es consecuente con su postura.

La delegada del Inadi se movió rápido y presentó un recurso de amparo ante la Justicia, además de elevar dos notas al gobernador Binner. El argumento es sencillo: Vallejos sostiene que detrás de la iniciativa de Mercier, y de la decisión del Concejo de Recreo de someterlo a consulta popular, se oculta el intento de “enfrentar a vecinos con vecinos”. “Queda una contradicción entre el progreso de la ciudad frente a un grupo minoritario como es la comunidad aborigen”, explicó. Y sostuvo que desde la institución que representa tienen “el compromiso firme de no permitir que se ponga en juego la cesión de ese lote”.

También aparece como llamativa la posición del presidente del Concejo Municipal, Ceferino Ingaramo, quien aseguró: “Hemos visto con preocupación como avanzaba la adjudicación de estas tierras sin habernos dado participación a nosotros. Hacer reparaciones históricas no es solamente destinar una tierra; hay que contemplar todas las condiciones: infraestructura, vivienda, agua potable, caminos, iluminación. Y nosotros no podemos garantizarle a la comunidad aborigen que esas tierras están aptas para habitarlas”. De ahí a decir que en base a las carencias estructurales se impone la necesidad del desalojo a favor de las industrias que quieran radicarse en esos lotes, no hay casi ninguna distancia.

SOMOS HERMANOS. Antonio Gómez, otro miembro de la Ocastafe, recordó en la reunión que mantuvo con el intendente que la comunidad ha sido víctima de actitudes discriminatorias desde siempre. Y, en particular, dijo sobre la iniciativa del Concejo de llamar a una consulta popular: “Estamos muy preocupados por esta situación. Para nosotros es muy difícil y nos hiere. No podemos regalar nada, porque nos pertenece”.

Por su lado, Manuel Troncoso, más conciliador, reclamó actitudes de apertura tanto al Ejecutivo como al Concejo. “Queremos que esto sirva para comenzar a dialogar, pero molesta que nos digan qué hay que hacer sin consultarnos, porque tenemos derechos adquiridos. De igual manera, estamos abiertos al diálogo”.

En mocoví, Com Caia significa “somos hermanos”. Como la comunidad, la escuela bilingüe también lleva ese nombre, aunque oficialmente se la conoce con su número: 1.338. Funciona desde 1992 y es una de las tres escuelas bilingües de la provincia. Más de 200 chicos –de los cuales entre el 90 y el 95% son aborígenes– concurren a diario. El espíritu de integración con la comunidad de la que son parte campea por sobre todas las actividades de la escuela, en la que los chicos pueden recuperar parte del legado cultural de los mocovíes estudiando el idioma originario, la música y las danzas.

La escuela y los hogares de los integrantes de la comunidad están enclavados en el campo que, aunque la ley lo prohíba, algunos quieren entregar a los capitanes de la industria apelando a un concepto que, a secas y en estas tierras, es discutible desde hace cinco siglos: el tan mentado “progreso”.

Publicado en Pausa #10, 18 de julio de 2008.
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La democracia se empieza a forjar en el aula

Cuadros técnicos del oficialismo y de la oposición, funcionarios, dirigentes de entidades intermedias y vecinos de la ciudad y la región participaron de la segunda Asamblea Ciudadana. El Ejecutivo quiere elaborar los proyectos de gestión partiendo de una base amplia de participación. “Mucha gente, de distintos colores políticos, instituciones y edades, para tener una percepción amplia de la heterogeneidad de la provincia” es el espíritu la convocatoria.

Las puertas abiertas de par en par, a pesar del paro de los docentes oficiales que no dictaron clases ese día, permitieron el ingreso a las personas que, movidas por la curiosidad y el interés, acudieron a la cita. La convocatoria para la segunda Asamblea Ciudadana de la Región 3 Nodo Santa Fe, el martes 8 de julio, logró poblar a la emblemática escuela de Comercio Domingo Silva, ubicada en 4 de enero 2806, panorama similar al que se vivía en la escuela Normal José de San Martín, al sur de la ciudad: el otro establecimiento escolar elegido con el objetivo explícito de “construir pluralidad”.

En un Estado de derecho los gobiernos se legalizan a través del voto, pero se legitiman en la acción diaria. La idea del Frente Progresista, Cívico y Social es generar una sinergia con la sociedad que le permita hacer sustentable la democracia para, principalmente, llenarla de contenido a través de la participación popular en el armado de políticas públicas aplicables en el corto, mediano y largo plazo. Ese camino es el que dice tratar de desandar el Ejecutivo provincial en los cinco nodos en los que se dividió el territorio para descentralizar las funciones de una administración pesada en burocracia y endeble en confianza.

PASE, VEA Y PARTICIPE. Cuatro son los encargados, ubicados en el hall de ingreso del Comercial, de entregar los cartones con números de grupos para ubicar de modo aleatorio a las personas en las 30 aulas destinadas al debate.

A las 17.30, con el lleno del patio central de la escuela –alguna vez escenario de las peñas rockeras–, comenzó la alocución de los funcionarios provinciales que abrieron formalmente la Asamblea.

Primero habló Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas. Acto seguido le cedió la palabra al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, quien agradeció la presencia de las instituciones, de los ciudadanos y ciudadanas que asistieron en forma individual y del Senador por el Departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, “por acompañarnos”. Estaban además, el ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, de Desarrollo Social, Pablo Farías, de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, junto a funcionarios de segundas y terceras líneas de cada cartera y a intendentes y presidentes comunales de la Región. En representación del gobierno de la ciudad de Santa Fe, el Secretario de Gobierno José Corral.

Bonfatti destacó que en la primera Asamblea se hizo un diagnóstico de la Región, cuya cabecera es la ciudad de Santa Fe y cuya futura sede administrativa será Recreo, y agregó: “Estamos en la etapa de la construcción colectiva del Plan Estratégico Provincial, que es una visión que pretendemos tener entre la sociedad civil y el Estado de determinadas cuestiones que hacen a la vida cotidiana”. El funcionario dijo, además, que se trata de una convocatoria a un diálogo entre ambos, en el que se establezca la posibilidad de consensuar las cosas que son prioritarias y las que se podrá ir relegando a un segundo o tercer plano en función del presupuesto.

“Nos embarcamos en algunas pretensiones de sueños que queremos construir entre todos: qué queremos que sea esta Región de Santa Fe dentro de 20 años. A eso hay que empezar a ponerlo en proyectos y ver cómo se materializan”, explicó el ministro, y concluyó su breve discurso con una invitación “a que nos escuchemos, a que sepamos que el mejor proyecto es aquel que tiene la aceptación de la mayoría. Creo que ése es el mayor desafío que tenemos hoy como sociedad los santafesinos y los argentinos: aprender a escucharnos y a poner cuestiones propositivas sobra la mesa que hagan que podamos crecer juntos. Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”.

EN EL DEBATE. Con los números del grupo en la mano, los ciudadanos presentes se trasladaron a las aulas para debatir las propuestas. Según los organizadores, cada aula albergó el martes pasado cerca de 15 y 20 personas, representantes de instituciones, organizaciones no gubernamentales y vecinos que se acercaron para participar. Ya en el aula, cada uno se presentó, dijo a quién representaba y comenzó el debate con la presencia de un “facilitador”, que se encargó de explicar la metodología de trabajo y que, además, sintetizó la experiencia anterior, debido a que la mayoría de los que estaban en las aulas asistían por primera vez.

En esta ocasión, el grupo cuatro estuvo conformado por 20 personas: una integrante de la Asociación Civil Eva, docentes de dos escuelas de Monte Vera, dos policías, un pastor evangélico, tres representantes de un centro cultural de Videla, el presidente de la comuna de Santo Domingo, un docente de Educación Física de la escuela sede de la Asamblea, el presidente de la Comuna de Matilde, la titular del Samco de San Carlos Centro, una vecina de la ciudad de Santa Fe que asistió con su hijo, docentes de la escuela Nuestra Señora del Luján de Santo Tomé, el Administrador de Vialidad Provincial, dos representantes del Hogar San Expedito, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y un funcionario de segunda línea del ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.

La convocatoria para esta Asamblea especificaba que se iban a tratar cuestiones referidas a los proyectos estratégicos correspondientes al eje físico-ambiental, que tiene como fin mejorar el hábitat, la infraestructura y los servicios públicos. En ese marco, en el pizarrón estaba colgado un afiche con siete puntos que representaban “los sueños y las expectativas para la Región 3”, resultantes de los planteos realizados por todas las personas que estuvieron en la primera instancia participativa.

En ese entonces se habían debatido las potencialidades y dificultades que los ciudadanos reconocían y observaban en este Nodo Santa Fe, que incluye a seis departamentos y abarca a 97 localidades.

Así, en primer lugar se expuso como deseo “una región de cara al río, con una importante terminal portuaria, con servicios para el turismo y áreas de esparcimiento. El siguiente enunciaba “una región con su medio ambiente protegido, con ciudades limpias, con plazas y parques públicos cuidados”. El tercer punto habla de “una región que incluya e integre a la población, con servicios básicos y vivienda digna para todos”. También hubo referencias a “una región comunicada con rutas y accesos acordes a sus necesidades, en la cual se respeten los derechos de los pueblos originarios” y con “espacios públicos donde la población pueda desarrollar actividades culturales y deportivas”.

Estos puntos fueron observados por los presentes en esta nueva instancia y debatidos largamente, hasta que se acordó agregar una “referencia explícita a la educación, que también está en otros ejes, pero que ahora haga referencia a la cuestión físico-ambiental, por las escuelas y su relación con el desarrollo cultural y con una visión ecológica”. Además, se planteó en el quinto ítem, acerca de la comunicación por rutas, la incorporación de una referencia a una red ferroviaria y pluvial, así como a la integración regional.

“Tiene que quedar claro desde el principio, ya que la ansiedad es más fuerte, que queremos que todo esto se lleve a cabo y que no quede sólo en el plano de un deseo”, expresó uno de los ciudadanos al inicio del debate.

CONSTRUIR CIUDADANÍA. El diálogo entre los integrantes de este grupo fue en ocasiones caótico y superpuesto, pero se logró ordenar mientras pasaban las horas. Uno de los temas que más discusión generó fue el de los deberes del Estado y de los ciudadanos, en relación con el cuidado de los espacios públicos y del medio ambiente. Allí apareció nuevamente la cuestión de la educación, no sólo en las aulas, y la disparidad entre algunos ciudadanos que ven al Estado como ajeno y otros que destacan que “el Estado somos todos, nosotros también debemos involucrarnos, controlar y mejorar las cosas que nos pasan”.

Otro elemento que se trató fue el de las diferencias existentes entre las realidades –culturales, econó micas y sociales– de las pequeñas localidades y las ciudades más grandes, y entre las zonas rurales y urbanas. En ese marco se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la integración de la región no sólo desde lo simbólico sino en acciones concretas. Además, se hizo referencia permanente al descreimiento hacia la política, a las promesas incumplidas por gestiones anteriores y a la inundación.

Según el proyecto, la actual gestión busca usar el material resultante de las Asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial –que estará listo para fin de año– a partir de las necesidades y los deseos de los ciudadanos. Los funcionarios que estuvieron en la Asamblea reconocieron que será un proyecto a largo plazo, dinámico –porque se renovará cada año–, pero reiteraron que el objetivo central es pensar qué Región se quiere de aquí a 20 años.

En tanto, en los pasillos los ciudadanos expresaron su aceptación a participar y a sumar sus propuestas en el proyecto final, pero reconocieron que hay necesidades urgentes que no pueden obviarse. Sobre esto, una de las integrantes de la Asociación Cultural de Videla dijo: “Recibimos la convocatoria y vinimos, porque entonces después no vamos a poder decir que no se nos pidió opinión”. Cristina Bay, titular del Samco de San Carlos Centro señaló que toda consulta abre una nueva expectativa, y agregó: “Esperemos que se pueda plasmar en un proyecto real”.

Al término de la Asamblea, que comenzó a las 17 y terminó a las 20, los participantes destacaron la importancia de poder plantear las cuestiones que les preocupan ante las autoridades presentes. “Nos vamos esperanzados y sentimos que por primera vez se nos escucha”, expresó una docente de la Escuela Nº 1.149 Nuestra Señora del Luján de Santo Tomé.

GARANTIZAR EL CONSENSO. La constitución de un Plan Estratégico de políticas públicas para cada región –Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto– es un juego democrático dinámico y participativo, donde la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas cumple un papel determinante en la cuantificación y calificación de los problemas marcados por la gente en las Asambleas Ciudadanas. Luego, con esa base de diagnósticos, una nueva ronda de encuentros con la población sirve para ir encontrando soluciones de manera conjunta.

Pasó ahora la asamblea donde se debatió el Eje Físico-Ambiental. En las próximas se abordarán el eje Socio-Institucional y el Económico-Productivo. En diálogo con Pausa, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, señaló que el trabajo es arduo porque antes de fin de año se espera tener el primer programa de acción elaborado junto con la sociedad. “Cuanta más gente participe, más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo la funcionaria y reconoció que la provincia tiene censadas unas “10 mil instituciones en todo el territorio”, información que se va actualizando permanentemente.

Por lo pronto, la expectativa de ser escuchados quedó de manifiesto en cada una de las aulas que fueron utilizadas para discutir la elaboración de proyectos en las escuelas Domingo Guzmán Silva y Normal José de San Martín. Un dato no menor es que entre los concurrentes hubo varios dirigentes del justicialismo. Algunos en la actualidad tienen cargos políticos (el senador Juan Carlos Mercier), otros pertenecieron al Poder Ejecutivo hasta el 10 de diciembre pasado (como Humberto Giobergia, ex titular de la Caja de Jubilaciones) y muchos más solo son militantes del PJ.

“Lo que esta metodología pretende es generar un proceso de confianza, vínculos entre la gente y el gobierno. Nosotros decimos que todos aquellos que participan de las instancias de Asambleas Ciudadanas seguramente no se van igual de como entraron. Más allá del resultado que obtengamos, lo importante es tener una base amplia de participación, de mucha gente, diversa, de distintos colores políticos, de distintas instituciones y de distintas edades, para poder tener una percepción lo más amplia posible de la heterogeneidad de nuestra provincia”, agregó la funcionaria.

CÓMO SIGUE EL PROCESO. Los próximos pasos en el proceso de regionalización pasan por reproducir la instancia de debate del Eje Físico-Ambiental en los nodos Rafaela, Rosario y Venado Tuerto. A partir de allí, comenzará en agosto el análisis –en nuevas Asambleas Ciudadanas– en las cinco capitales de los nodos el Eje Económico-Productivo. Al respecto, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas adelantó: “Discutiremos sobre los proyectos de desarrollo productivo local, que determinan el perfil productivo de la región; si queremos ser una región industrial, una región agrícola, una región de servicios o un poco de todo eso”.

En lo que hace al Nodo Santa Fe, se destacan diversas actividades industriales como el centro lácteo de Franck, los establecimientos de faenamiento bovino en Recreo y Nelson, las firmas cerveceras radicadas en la ciudad capital, la industria cristalera en San Carlos y las curtiembres en Esperanza, entre otros sectores de la economía. La gente que participó con anterioridad en la asamblea de diagnóstico ya indicó que hay una “obsolescencia tecnológica” que es recurrente en la horticultura, los tambos y la pesca. Además hicieron hincapié “en la necesidad de trabajar políticas de exportación adecuadas a los productos regionales y su protección”, como la frutilla corondina. Asimismo, se pondrá el acento en reducir mediante proyectos la “gran precariedad en diversas zonas para el desarrollo de instrumentos empresariales de articulación, promoción y defensa de sus intereses”.

Ya en noviembre comenzará la última etapa de proyectos de las Asambleas Ciudadanas, la relacionada al Eje Socio-Institucional. Entonces se debatirán iniciativas de educación, de salud y cuestiones relacionadas con la pobreza, entre otros aspectos como la inundación, según expresó la secretaria Mónica Bifarello.

“Nosotros queremos establecer en la provincia de Santa Fe una nueva manera de gestionar políticas públicas y esta nueva manera de hacerlo tiene que ver, primero, con la construcción de regiones, a los efectos de poder descentralizar la formulación de las políticas públicas y su ejecución. Esta descentralización conlleva, inexorablemente, el papel de los ciudadanos de cada una de esas regiones, que tienen que contribuir con su creatividad, con su capacidad, con su identificación de problemas y de soluciones, para generar las mejores políticas públicas desde el lugar en el cual se identifican estos problemas y soluciones”, aseveró el ministro de Economía, Ángel Sciara, que estuvo acompañado en la escuela Normal por sus pares de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero, y de Seguridad, Daniel Cuenca, además del intendente Mario Barletta.

En tanto, a los fines operativos, los cinco grandes núcleos administrativos serán el compendio de las políticas estatales y, paralelamente, servirán como primer receptor de necesidades y propuestas que ayudarán a los gobiernos municipales y comunales para proyectar soluciones y actuar sobre la oferta y no sobre las demandas de la ciudadanía. Ese proyecto elaborado por los equipos técnicos del Frente Progresista, Cívico y Social fue presentado durante la campaña como uno de los principales ejes para reformar el Estado. Apenas Hermes Binner entró a la Casa Gris en su envestidura de gobernador comenzó a materializarse.

Primero se mantuvieron reuniones con los dirigentes políticos de cada uno de esos núcleos territoriales para conocer las realidades particulares y definir de qué forma se puede hacer más eficiente el programa de descentralización. Ahora se está haciendo lo mismo con las ONGs, entidades intermedias, instituciones de las cinco zonas y la población en general.

Mientras las asambleas ciudadanas avanzan en la proyección de soluciones, el gobierno comenzó a trabajar en el diseño funcional de los nodos. Es allí donde apareció el primer anuncio de relevancia para el Gran Santa Fe: la sede institucional del nodo será el todavía Liceo Militar General Manuel Belgrano, en la ciudad de Recreo (ver Pausa #1).

Publicado en Pausa #9, 11 de julio de 2008.

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Entre deudas pendientes y avances históricos

Por Marcela Perticarari

En poco tiempo la orientación sexual dejará de ser un impedimento para acceder a ciertos beneficios. El proyecto busca proteger las uniones entre dos personas que convivan en visible trato familiar y no quieran (o no puedan) contraer matrimonio.

“Jeremías es un solterón”. “Clarisa se quedó para vestir santos”. Y siguen las excusas de madres, padres, abuelas y tías mayores que ven en sus primogénitos, nietos y sobrinos a una persona que no formará una familia “tradicional” no sólo porque ese modelo no encuadra en los gustos de tantos Jeremías y Clarisas, sino porque sus orientaciones sexuales tampoco encajan en ese concepto. Hoy en día, quienes eligen decirle a su familia y a su entorno que son gays o lesbianas, suelen tener el camino más allanado que décadas atrás, aunque los mitos y prejuicios sobrevuelen y permanezcan en los imaginarios colectivos logrando que muchos aún no se animen a salir del closet.

Pero, independientemente de la mirada ajena, un tema fundamental y pendiente es la equidad legal que necesita este porcentaje de la población que actualmente, y más allá de fallos aislados y tímidos pasos en la justicia, carece de derechos civiles en Santa Fe. No obstante, nuestra provincia cuenta con el compromiso asumido por el gobernador Hermes Binner y los distintos bloques de la Legislatura para que se trate la Ley de Unión Estable de Parejas y se apruebe en un futuro no muy lejano.

EL PROYECTO. La Ley de Unión Estable de Parejas, redactada por las abogadas rosarinas Mónica Barroso Bonvicini y Susana Igarzabal para Vox, prevé la creación de un nuevo instituto jurídico novedoso en el ámbito de la provincia de Santa Fe, que permite regular y proteger las uniones entre dos personas que convivan en ostensible trato familiar y por determinadas razones no deseen o no puedan contraer matrimonio.

La Unión Estable de Parejas está basada en el principio de no discriminación, por lo que pueden acceder a la misma todas las ciudadanas y ciudadanos con domicilio en la provincia de Santa Fe que así lo deseen, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. Por tanto pueden acceder a ella parejas heterosexuales o parejas de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales.

Asimismo otorga derechos de tipo previsional, de acceso a la salud, a licencias, permisos laborales y planes de vivienda, sociales y educativos, entre otros, dentro del ámbito de las competencias del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Asimismo prevé la posibilidad de adhesión por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, bancos, cooperativas de vivienda y cualquier otro tipo de servicio que se brinde en la provincia.

Como todo trámite relativo a las familias, la Unión Estable de Parejas se tramitará en la Oficina de Registro Civil más cercana al domicilio de una o uno de los contrayentes. El acto administrativo de la Unión Estable de Parejas sería similar al del matrimonio y una vez concretado se otorga una libreta que acredita dicha unión.

Cabe recordar que el primer distrito argentino en instaurar la ley de unión civil que permite tanto a parejas hétero como homosexuales asentar legalmente su unión, fue aprobada y puesta en función en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2003. En la provincia de Río Negro se aprobó en el mismo año y en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba) en 2007. Asimismo, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano que la aprobó a nivel nacional.

EN LA LEGISLATURA. En febrero, representantes del activismo gay de Santa Fe se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, para presentarle el proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas.

En aquella ocasión, Guillermo Lovagnini (Vox Rosario) señaló que “se abre un tiempo nuevo en la provincia y en la Legislatura. Esperamos que las expectativas que las ciudadanas y ciudadanos de Santa Fe hemos depositado en estos nuevos tiempos se concreten en normativa que proteja la igualdad de derechos para todas y todos. Esta ley no es sólo para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es cierto que busca proteger fundamentalmente a las familias de la diversidad sexual, pero también otorga un instrumento importantísimo para aquellas santafesinas y santafesinos que busquen regular de otra manera sus relaciones afectivas”.

Por su parte, Di Pollina expresó “el apoyo de esta Legislatura para promover el debate necesario que permita alumbrar este nuevo instrumento legal que reconoce finalmente a todas las parejas y estructuras familiares por igual”.

“Hemos conformado una nueva mayoría parlamentaria con el objetivo de construir un nuevo Estado más cercano, más humano, que reconozca a todas y todos sus integrantes por igual. Cada avance legislativo que amplíe la base de acceso a los derechos para más ciudadanas y ciudadanos nos hace mejores como provincia, como santafesinas y santafesinos; nos hace más dignos y más humanos”, agregó el titular de la cámara baja, quien fuera impulsor de la primera presentación del proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas en la cámara baja, que perdió estado parlamentario y volvió a presentarse este año.

La Cámara de Senadores de la provincia ya había sancionado, el año pasado, una ley que plantea el derecho de afiliación a la obra social de los empleados estatales (Iapos) al conviviente del afiliado titular soltero, viudo o divorciado, cualquiera fuera su sexo.

La iniciativa fue elaborada por Verónica Benas (ARI), quien explicó que quienes reclamen este derecho deberán acreditar que existen hijos en común o una convivencia superior a los 3 años.

“Es una norma progresista, reclamada por años, y que avanza en el reconocimiento de los derechos de ciudadanos. Si bien la obra social provincial ya otorgaba este beneficio por resolución interna, había que realizar una serie de trámites por vía judicial, por lo que es un avance importante que se haya legislado sobre la materia”, agregó la diputada arista.

OTRO ANTECEDENTE. La justicia santafesina reconoció, en septiembre de 2003, el concubinato de una pareja del mismo sexo domiciliada en Santo Tomé, en un fallo inédito en la región y con amplios efectos jurídicos. De esta manera, la jueza en lo civil y comercial de Santa Fe, Nora Lapalma, resolvió reconocer el concubinato de dos hombres que llevaban alrededor de 15 años de convivencia.

“Se trata de un reconocimiento judicial de un concubinato, con amplios efectos jurídicos, no solamente como se ha parcializado en los últimos días con solo un reconocimiento de la obra social”, explicó el abogado de la pareja, Alejandro Visiconte Müller. Según el letrado, “el fallo tiene otros efectos jurídicos, como por ejemplo el tema hereditario, salud y bienes en general”.

VOX. Es una Asociación Civil que trabaja por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales. Se creó en la ciudad de Santa Fe hace cinco años y hace tres tiene su sede rosarina.

La construcción de la identidad del grupo es “totalmente horizontal”: “Es un grupo de gente interesada en que, en un futuro no demasiado lejano, seamos todos y todas iguales, tengamos todos los mismos derechos con los mismos nombres”, definió Fernando Gaba, miembro de Vox.

El sábado pasado, la entidad llevó adelante una colorida marcha en conmemoración del Día de la Dignidad de Gays, Lesbianas y trans, que partió desde el balneario Piedras Blancas y culminó con un acto en la costanera oeste, a los pies del Puente Colgante. “Hoy no es un día más, llegaron los tiempos de cambio. Junto a todos y todas continuamos apostando a un cambio cultural, que se expresa en esta marcha por la diversidad artística y cultural, por la igualdad. Buscamos que la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha y este acto son símbolos de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales”, señalaron los organizadores.

Este tercer acto con marcha se organizó junto a la Secretaría de Cultura de la municipalidad y contó con la adhesión del INADI. Fernando Gaba aseguró que contar con apoyos oficiales por primera vez “implica mayor apertura desde el gobierno y sus entes, que hacen a un mejor funcionamiento de la institución y de la sociedad en general”.

No obstante, Gaba admitió que está faltando legislar, a nivel nacional, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro punto pendiente, según el militante de Vox, es el tratamiento de la Ley de Unión Estable de Parejas y la derogación del Código de Faltas ya que “algunos artículos son discriminativos, como los de travestismo y prostitución escandalosa, ofensa al pudor”.

“Falta equidad entre todos y todas”, determinó, aunque opinó que “se está avanzando y mucho en la sociedad. Hay una notable apertura para con estas causas que antes eran invisibilizadas”.

Respecto de la 'salida del closet' de los homosexuales, señaló que ya no es tan difícil como antaño, sin embargo consignó que “quizás hay falta de compromiso social de parte de gays, lesbianas y trans en la ciudad de Santa Fe”.

Por su parte Guillermo Lovagnini (Vox Rosario), en diálogo con Pausa, expresó que “venimos a sacar la homosexualidad a la calle porque es de la única forma que romperemos con todos los mitos culturales que hay sobre la homosexualidad. Son mitos muy fuertes, creados por la religión primero, luego por la medicina. Mucha gente todavía piensa que la homosexualidad es una enfermedad, cuando fue sacada de la lista de enfermedades en el año 1980. Todavía hay muchos mitos que revertir y se hacen con estas cosas: movilizando”, comentó.

Acerca de la construcción de Vox como grupo, el rosarino dijo que “el fruto es el trabajo, la consecuencia, las ganas de transformar y de cambiar la realidad. Es ardua, dura, pero este es un trabajo constante, de todos los días, dejando de lado cosas particulares y con mucha entrega”.

Según Lovagnini, la relación de la entidad que representa con el Estado es “perfecta” porque “hemos tenido, primero con la intendencia del Dr. Hermes Binner y luego con la del Ing. Miguel Lifschitz, una relación de apoyo y de compresión”.

La deuda pendiente a nivel social, según el militante rosarino, es que “la sociedad vea que no somos bichos raros, que somos gente como los demás. Lo único que hacemos es tener relaciones con personas del mismo sexo. Nada más. Eso va a llevar un tiempo. Internet por ejemplo llega a todos lados, atraviesa fronteras, y eso ayuda a que todo vaya cambiando”, ejemplificó.

Interrogado acerca de si nota diferencias en el trato hacia los homosexuales entre Rosario y Santa Fe, Lovagnini contestó que “quizás acá es un poco más duro. La gente gay y lesbiana tiene poca participación. Pero es como todo, no olvidemos que estamos en los inicios. Cuando vayamos conquistando cosas y la gente se empiece a animar a salir y darse cuenta de que nadie les va a pegar ni los van a señalar ni los van a echar del trabajo por ser gay y lesbiana, eso se va a dar naturalmente”.

Para Lovagnini, al igual que su par santafesino, la 'salida del closet' es cada vez menos dificultosa. “Los chicos jóvenes les dicen a sus padres que son gays desde muy temprano, creo que es una ventaja para ellos y para su salud mental. Es muy positivo”, consignó.

APOYO OFICIAL. El secretario de Cultura de la Ciudad, Guillermo Rodríguez Kees, estuvo presente en la marcha y aseguró que “es de gran importancia para nosotros llevar adelante una política de integración para establecer lazos sociales. Mientras se establezcan lazos de convivencia, de aceptación e integración, vamos a hacer una ciudad mejor para todos”.

Desde el INADI, su titular Stella Maris Vallejos también acompañó la iniciativa: “Nos sentimos parte de este colectivo de personas. Esto es una construcción colectiva bajo la condición de que es la única manera que tenemos de bajar los niveles de discriminación”.

“La construcción de la sexualidad no es solamente genital, sino que responde a un montón de factores como los psicológicos, los sociológicos, etc.; y estos grupos, al tener una práctica sexual diferente al estereotipo, son sectores que han sufrido muchísima discriminación”, determinó Vallejos.

Consultada por la ciudad de Santa Fe y sus prejuicios, la titular del INADI señaló que “hay una apertura y hay también un momento político favorable que hay que aprovechar. En todos los procesos siempre hay avances y retrocesos; creo que estamos en un momento de avance donde obviamente hay sectores de la sociedad que van a poner mucha resistencia, pero el tema está en seguir trabajándolo”, instó.

La concejala del Frente Progresista Adriana Molina también fue parte de la marcha organizada por Vox y el municipio. “Uno de los mayores problemas de discriminación que tenemos en la sociedad tiene que ver con la diversidad sexual. Lo principal tiene que ver con establecer un cambio cultural y educativo, de sacar prejuicios, estereotipos y miedos, que va más allá de lo que se puede hacer desde el Concejo. De todos modos tenemos que poner en agenda determinados temas y hablar de lo que implica la diversidad sexual. También podemos conversar con estos grupos para ver qué se podría implementar como una resolución o una ordenanza”, dijo en diálogo con Pausa.

PARA TODO EL PAÍS. En mayo de este año, la diputada nacional por la UCR Silvana Giudici presentó en el Congreso un proyecto de ley de unión civil para regular la situación de las parejas que “hayan convivido en una relación de afectividad estable de carácter exclusiva, singular y pública”. La iniciativa define a la unión civil como la libre convivencia de dos personas durante tres años, “independientemente de su sexo, identidad, orientación u opción sexual, salvo que entre los integrantes de la unión haya descendencia en común, en cuyo caso no regirá el plazo establecido”.

Giudici fundamenta su proyecto en la necesidad de que la ley no discrimine “a todas aquellas personas que, siendo del mismo sexo, quieren los mismos derechos y obligaciones que la ley les impone a los cónyuges”.

La autora del proyecto admitió que la aprobación de la norma no será sencilla. “La construcción de consenso va a ser ardua, son temas que despiertan resistencia de algunos sectores. Pero la misma sociedad nos ha impuesto este debate: la composición de la familia está cambiando. La unión civil es un paso más en el reconocimiento de la igualdad de derechos”, dijo al diario Crítica.

ASUNTO GLOBAL. En mayo se celebró el Día de la Lucha contra la Homofobia. La iniciativa, impulsada por grupos políticos socialistas de Europa, busca reivindicar los derechos de homosexuales y lesbianas. En este sentido, Francia planea defender ante la ONU, durante su presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año, la “despenalización universal” de la homosexualidad.

Según datos de organizaciones de defensa de los derechos de los gay, la homosexualidad sigue siendo un delito en casi 80 países.

En Cuba, por ejemplo, la celebración del Día de la Lucha contra la Homofobia se hizo por segundo año consecutivo con un festival cultural liderado por Mariela, hija del presidente Raúl Castro, en el centro mismo de La Habana, con apoyo mediático y donde se reunieron cientos de personas. También se concretó una “jornada antihomofóbica”, que duró toda la semana. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, dijo que su país ha avanzado en temas de diversidad sexual, pero que se debe continuar ese camino de una manera “coherente” porque el tabú sigue existiendo.

En el mismo sentido, en México hubo actividades coordinadas por las organizaciones Democracia y Sexualidad (Demysex) y Letra S. También participaron agrupaciones de mujeres y de sexualidad en conferencias académicas, en las cuales se insistió en que el odio hacia los individuos que se relacionan con otros de su mismo sexo es un problema que daña sensiblemente el tejido social.

Y el gobierno brasileño abrió un concurso por el que ofrecía recursos públicos para financiar iniciativas que valoren manifestaciones culturales homosexuales. Pese a que algunos jueces brasileños han reconocido diferentes derechos a las parejas del mismo sexo, el proyecto de ley que prevé la “unión civil” para parejas homosexuales está parado en el Congreso hace más de una década.

Cruzando el Paraná
Entre Ríos podría ser otra provincia argentina donde parejas del mismo sexo puedan contraer unión civil. Se presentó, en mayo de este año ante la Convención Constituyente, un proyecto que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo. El proyecto sostiene en su resolución incorporar un nuevo artículo en la sección pimera, “Declaraciones, Derechos y Garantías” de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, a continuación del actual artículo 8, que sostenga: “El Estado reconoce a las personas el derecho a unirse libremente con independencia de su sexo u orientación sexual, en una relación de afectividad estable y pública, con tratamiento normativo equivalente al de los cónyuges. La inscripción legal de dichas uniones será formalizada en las oficinas del Registro del Estado Civil de las Personas, en la forma que lo establezca la ley”.

Opinan “Las Diversas”
Silvina Sierra, integrante de Las Diversas (un grupo de mujeres que comenzó a militar junto a Vox y luego formó su propio espacio), dijo que a la Ley de Unión Estable de Parejas “tienen que debatirla, la decisión es de los diputados y senadores. Lo importante es que salga porque habrá mucha gente beneficiada, sino para la ley no sos nada”.
El movimiento adelantó que el sábado 26 de julio realizará un acto en la Plaza del Soldado junto a La Casa del Encuentro, organización proveniente de Buenos Aires que trabaja todas las violencias, opresiones y abusos que existen sobre las mujeres, siendo su estrategia “desmitificar la idea que muchas y muchos tienen sobre el feminismo, y también lo que el mismo sistema se encargó de difundir. El feminismo es revolucionario en sí mismo y por ende peligroso para el patriarcado”.

Publicado en Pausa #8, 4 de julio de 2008.

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