Huracán y su buen fútbol, Fuertes, el caos de Unión, Del Potro, Colón en la copa, la ilusión tatengue y mucho más. El Bichi llegó a los 100 y Colón vuelve a jugar la Libertadores, aunque con “repechaje”. Diego lo hizo: con sufrimiento, la Selección está en el Mundial. Del Potro también lo hizo. Y en Unión, Alí logró el milagro y su gente sueña con ascender. Algunas postales de 2009.
Por Gastón Chansard
Cuando se decidió hacer un resumen del año pensé en muchas cosas y en nada a la vez. Una de las primeras imágenes que se me vinieron a la cabeza era la cara de Diego descargándose con los periodistas en Montevideo, pero también aparecieron flashes en mi memoria de aquella cancha de Unión vacía contra All Boys, cuando la decadencia rojiblanca se manifestaba sin escrúpulos en una de las tardes más tristes en la historia tatengue. Y entre tantas escenas que recorrían mi memoria no podía faltar un hombre que este año se convirtió en leyenda: Esteban Fuertes. O Del Potro ganando en el US Open, Estudiantes y su mística copera de la mano del gran Verón, Messi y sus maravillas europeas y penurias sudamericanas, el “Chino” Maidana y su piña de campeón del mundo, el Dakar levantando tierra en nuestras pampas y el llanto de River y Boca. Pero, como futbolero, había una foto que se repetía, una foto en la que predomina el blanco, el buen gusto y la estética al servicio del fútbol. La foto 2009 se llama Huracán.
El Globo fue guiado por un Ángel que llenó de belleza al deporte que tanto nos apasiona a los argentinos. El equipo de Cappa no se consagró campeón, ni siquiera entró a la Copa Libertadores, pero levantó el trofeo del buen fútbol y provocó, como hacía años que un cuadro no lo lograba, que casi todos los neutrales nos sentáramos delante de un televisor para disfrutar del hermoso “tiki-tiki”. Por eso hoy, a días de la sidra y el pan dulce, quien escribe levanta la copa por un equipo que nos emocionó, nos llenó la vista de belleza y hasta nos entristeció por semejante injusticia en aquella lluviosa tarde de Liniers. Sí, me acuerdo que Vélez salió campeón, pero dentro de diez años todos seguiremos recordando al equipo de Cappa y pocos podrán nombrar a cinco o seis jugadores de los dirigidos por Ricardo Gareca.
Banfield salió campeón en el segundo semestre. Y ya lo olvidé.
COLÓN. Los números casi siempre suelen ser los narradores de una realidad y el fútbol no es la excepción. Y si de número hablamos, el Sabalero muestra con gusto su balance, debido a que fue el año calendario con mayor cantidad de puntos logrados en torneos cortos: 68. Esa cifra histórica fue la que le permitió llegar a la Copa Libertadores de América, producto de un cuarto puesto en el Clausura 09 y un tercer lugar en el Apertura 09. Todo esto se resume en 20 victorias, 8 empates y 10 derrotas a lo largo del 2009.
El técnico, Antonio Mohamed, propuso metas y estas se cumplieron. En el primer semestre el Turco habló de superar los 50 puntos para no sufrir con el promedio, y el Negro alcanzó los 57; en la segunda etapa del año dijo que objetivo era la Libertadores y el 27 de enero próximo Colón estará recibiendo a la Universidad Católica de Chile.
Pero el 2009 también tuvo los 100 goles de Fuertes, la venta más importante de la historia rojinegra con la partida de Prediger al Porto, el debut de 10 jugadores de las inferiores en Primera, la inclusión de cuatro futbolistas sabaleros en la selección nacional, la presentación de los muchachos de Maradona en el Brigadier López, la confirmación del estadio sabalero como sede de la Copa América 2011 y para subrayar: la coherencia dirigencial para mantener el cuerpo técnico y la base de jugadores para lograr los objetivos planteados.
UNIÓN. La noche y el día, así de simple se puede resumir el año tatengue si se lo divide en semestres. Con la muerte del ex presidente Juan Vega llegaron todos los problemas, desde los económicos hasta los futbolísticos.
Las deudas a los empleados de planta permanente del club, las peleas de todos los dirigentes contra el vicepresidente Decoud, las huelgas de los futbolistas, la violencia entre miembros de la “barrabrava” y el pésimo nivel de juego del equipo que en su momento condujo Quiroz y después Catinot, hicieron de Unión un club a la deriva, plagado de conflictos y con escándalos de todo tipo.
El anticipado y forzado cambio de autoridades a mediados de 2009 trajo aires de renovación y tranquilidad para las convulsionadas aguas rojiblancas. De la mano de Spahn llegaron los primeros salvavidas económicos y luego Pumpido con Alí se encargaron de reorganizar el fútbol.
La ayuda de los dos ídolos fue tan eficiente que al término de la primera rueda Unión finalizó en el segundo puesto, que es lo mismo que decir ascenso directo. Una buena dosis de suerte en el comienzo, el buen rendimiento de los refuerzos y la gran producción de local (ganó 8 y empató 1) despertaron en los hinchas la enorme ilusión de volver a Primera.
LA SELECCIÓN. Aunque el objetivo de estar en el Mundial se cumplió, sabido es que el 2009 no fue el mejor año para la selección. Maradona nunca pudo encontrar el equipo, Diego cometió errores de inexperto y sus jugadores jamás estuvieron en un buen nivel. Todos esos condimentos nos llevaron a sufrir hasta el último partido de las Eliminatorias.
Ah, me olvidaba... también fue el año donde algunos desmemoriados se olvidaron de quién fue Diego Armando Maradona en la historia del fútbol y se encargaron de bajarlo a este mismo lodo, donde los mediocres creyeron tener sus días de gloria descuartizando al ídolo popular. Los mismos mediocres que tuvieron que secar las lágrimas de sus patrones por los millones que ellos perdían, los mismos que jamás hablaron de sus colegas, pero que ahora critican porque el fútbol es de todos y no de una empresa.
EL AÑO DEL POTRO. En una breve recorrida por los deportistas y acontecimientos más destacados del país y de nuestra zona, es inevitable que no aparezca el nombre de Juan Martín del Potro.
La “Torre de Tandil”, como fue bautizado por el periodismo deportivo, se convirtió en el deportista argentino más exitoso del 2009. Los triunfos y el gran nivel tenístico lo llevaron al tandilense a consolidarse entre los mejores del circuito ATP, pero el punto más alto lo alcanzó el día 14 de septiembre en New York, cuando venció en cinco sets a Federer y se coronó ganador del Abierto de los Estados Unidos.
Para cerrar un año inolvidable, Del Potro jugó el Torneo de Maestros en Londres y llegó hasta la final, donde perdió ante el ruso Davydenko.
UNA LINDA AVENTURA. Cuando comenzaba el año una buena parte del país se vio invadido por cuatriciclos, motos, autos y camiones que estaban dispuestos a atravesar pampas, montañas y desiertos. El mítico Rally Dakar llegaba a la República Argentina para cruzar algunas provincias de nuestro país, pero también para dejar su huella en el vecino Chile.
La visita del Dakar era todo un riesgo, ya que significaba sacarlo de su lugar tradicional para traerlo a unas landas que poco tienen que ver con aquel temido desierto del norte africano, pero la respuesta del público y la buena organización del evento hicieron posible que los encargados de manejar el rally apostaran en el 2010 otra vez a nuestras tierras.
TIERRA DE CAMPEONES. “Marcos “Chino” Maidana, en dramática pelea, se coronó campeón interino de los superligeros de la AMB, al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Víctor Ortiz, en una pelea pactada a 12 rounds disputada anoche en Los Angeles”. Con esas palabras el sitio web del gran monopolio argentino (Clarín) informaba de una nueva consagración de un boxeador santafesino.
El “Chino”, el sabalero, el oriundo de Margarita o simplemente el campeón, llegó a la gloria el 27 de junio y en el pasado mes de noviembre, en Sunchales, realizó con éxito su primera defensa del título.
Y en este pequeño reconocimiento al boxeo de nuestra provincia, que se hizo mundialmente famoso primero por Monzón, el “Zurdo” Vásquez después y ahora por Maidana, también es justo afirmar que en otra página de la historia pugilística estará Carlos Baldomir. El “Tata”, que también supo tener una corona mundial en su cintura, hace escasos días colgó los guantes ante su público, con una pelea que sirvió como excusa para cerrar una carrera de sacrificio y éxitos deportivos.
DESEOS. El 2010 llegará de la mano de las grandes esperanzas. Los sabaleros se ilusionarán con pasar el repechaje para hacer un buen papel en la Copa Libertadores, los tantegues se aferrarán a ese segundo puesto que hoy ostentan para volver a Primera División y todos, hasta los más anti-Maradona, desde el 11 de junio comenzarán a desear a esa mina hermosa que hace 24 años que no podemos besar: la Copa del Mundo.
sábado, 26 de diciembre de 2009
El clima para 2011: nubarrones
El mapa político tiene sus piezas trabadas en los principales distritos electorales del país.
La renovación del Congreso luego de la larga transición iniciada tras las elecciones del 28 de junio permite lecturas múltiples: por un lado, crecieron las fuerzas de derecha, que ganaron más bancas que las que ponían en juego, por otro, se atomizó la oposición, lo que devino en un fenómeno verificado el último semestre –el kirchnerismo tomando la iniciativa y marcando la agenda– o, por otro más, se renovó el debate por el modelo de país, con la participación los mismos interlocutores pero con una mayor distribución del poder real.
La derecha se impuso al mismo tiempo en los principales distritos electorales: provincia y ciudad de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, donde hubo desquite en septiembre. Córdoba aparece como la única provincia de peso en la que el kirchnerismo cayó ante una opción progresista y no ante una conservadora.
Los resultados pusieron otra vez al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann en la grilla de largada para las presidenciales de 2011. Muy pronto el Lole se cansó del protagonismo que los medios capitalinos le asignaron y anunció que su destino –al menos por los próximos seis años– está en el Congreso. La bravata –“que a la candidatura se la recontra metan en el medio del culo”– se supone iba dirigida a la presidencia, pero resonó más lejos: al interior de su partido hay dirigentes que hace rato vienen tocando bocina –Das Neves, Solá, el propio Duhalde, propuesto por Reutemann– y que buscan presentarse como una alternativa de centro ante el armado de los Kirchner. También hay otros dirigentes, de la derecha argenta, que quieren sumarse a la grilla con la bendición del Lole: De Narváez y Macri principalmente.
El senador, tras la contienda del 28 de junio, volvió a lo suyo. Parece formar parte de un recuerdo muy lejano esos primeros meses del año en los que hablaba largo y tendido con la prensa. Aunque el derrotado fue Rubén Giustiniani, no hubo analista político que no cediera a la tentación de afirmar que Reutemann se impuso ante el gobernador Hermes Binner. En la Casa Rosada entendieron que era la hora de apostar doble o nada. Después de las fotos de Cristina con Binner y con otros referentes progresistas como Martín Sabatella –en la llamada ronda de diálogo–, se sucedieron las jugadas: primero la Ley de Medios, luego el intento de una reforma financiera –que rápidamente fue a parar al freezer de las materias pendientes– y, hacia fin de año, la asignación universal por hijo dispuesta por decreto.
Mientras tanto, la provincia atravesaba su propio proceso electoral. En las generales del 27 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social se impuso en 14 de los 19 departamentos y repitió la buena performance de 2007, que no había podido traducir en el resultado final de junio –donde Reutemann superó a Giustiniani por un punto porcentual y unas pocas décimas más–. De todos modos, la configuración del poder no se alteró en lo sustantivo. El gobierno de Binner no logró consenso para sancionar una reforma tributaria sin que el intento se convierta en una descarnada batalla política y mediática con el PJ local y las cámaras patronales, a los aullidos.
Pese al argumento que señala la necesidad de realizar una “armonización” con los impuestos de las provincias vecinas, y al hecho de que casi todos los sectores sociales, políticos y gremiales la apoyan, los senadores y diputados del PJ resisten como un bloque único: por primera vez desde la llegada de Binner a la Casa Gris reutemanistas y kirchneristas están de acuerdo, aunque a la larga o a la corta algún sector cederá.
Idéntica resistencia denuncia el Ejecutivo en su tortuosa relación con la Justicia. A fin de año se recalentó el asunto y los ministros de la Corte resolvieron que era hora de jugar la carta más alta: nombraron a Rafael Gutiérrez como nuevo presidente del máximo tribunal de la provincia, aún cuando Binner había sugerido su renuncia tras el fallo que anuló la sentencia del Caso Fraticelli. En el medio aparece como prenda nada más y nada menos que la principal reforma judicial encarada en la provincia desde que rige el Código Penal (1896).
Un Senado en contra, una Justicia distante, municipios y comunas exigiendo cada vez más recursos: a Binner no se le presenta sencillo el panorama de cara a la segunda mitad de su gestión. No hay pocas cosas en juego: el futuro inmediato de la provincia y –tal vez– del país dependen de cómo sepa enfrentar esos escollos.
La renovación del Congreso luego de la larga transición iniciada tras las elecciones del 28 de junio permite lecturas múltiples: por un lado, crecieron las fuerzas de derecha, que ganaron más bancas que las que ponían en juego, por otro, se atomizó la oposición, lo que devino en un fenómeno verificado el último semestre –el kirchnerismo tomando la iniciativa y marcando la agenda– o, por otro más, se renovó el debate por el modelo de país, con la participación los mismos interlocutores pero con una mayor distribución del poder real.
La derecha se impuso al mismo tiempo en los principales distritos electorales: provincia y ciudad de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, donde hubo desquite en septiembre. Córdoba aparece como la única provincia de peso en la que el kirchnerismo cayó ante una opción progresista y no ante una conservadora.
Los resultados pusieron otra vez al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann en la grilla de largada para las presidenciales de 2011. Muy pronto el Lole se cansó del protagonismo que los medios capitalinos le asignaron y anunció que su destino –al menos por los próximos seis años– está en el Congreso. La bravata –“que a la candidatura se la recontra metan en el medio del culo”– se supone iba dirigida a la presidencia, pero resonó más lejos: al interior de su partido hay dirigentes que hace rato vienen tocando bocina –Das Neves, Solá, el propio Duhalde, propuesto por Reutemann– y que buscan presentarse como una alternativa de centro ante el armado de los Kirchner. También hay otros dirigentes, de la derecha argenta, que quieren sumarse a la grilla con la bendición del Lole: De Narváez y Macri principalmente.
El senador, tras la contienda del 28 de junio, volvió a lo suyo. Parece formar parte de un recuerdo muy lejano esos primeros meses del año en los que hablaba largo y tendido con la prensa. Aunque el derrotado fue Rubén Giustiniani, no hubo analista político que no cediera a la tentación de afirmar que Reutemann se impuso ante el gobernador Hermes Binner. En la Casa Rosada entendieron que era la hora de apostar doble o nada. Después de las fotos de Cristina con Binner y con otros referentes progresistas como Martín Sabatella –en la llamada ronda de diálogo–, se sucedieron las jugadas: primero la Ley de Medios, luego el intento de una reforma financiera –que rápidamente fue a parar al freezer de las materias pendientes– y, hacia fin de año, la asignación universal por hijo dispuesta por decreto.
Mientras tanto, la provincia atravesaba su propio proceso electoral. En las generales del 27 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social se impuso en 14 de los 19 departamentos y repitió la buena performance de 2007, que no había podido traducir en el resultado final de junio –donde Reutemann superó a Giustiniani por un punto porcentual y unas pocas décimas más–. De todos modos, la configuración del poder no se alteró en lo sustantivo. El gobierno de Binner no logró consenso para sancionar una reforma tributaria sin que el intento se convierta en una descarnada batalla política y mediática con el PJ local y las cámaras patronales, a los aullidos.
Pese al argumento que señala la necesidad de realizar una “armonización” con los impuestos de las provincias vecinas, y al hecho de que casi todos los sectores sociales, políticos y gremiales la apoyan, los senadores y diputados del PJ resisten como un bloque único: por primera vez desde la llegada de Binner a la Casa Gris reutemanistas y kirchneristas están de acuerdo, aunque a la larga o a la corta algún sector cederá.
Idéntica resistencia denuncia el Ejecutivo en su tortuosa relación con la Justicia. A fin de año se recalentó el asunto y los ministros de la Corte resolvieron que era hora de jugar la carta más alta: nombraron a Rafael Gutiérrez como nuevo presidente del máximo tribunal de la provincia, aún cuando Binner había sugerido su renuncia tras el fallo que anuló la sentencia del Caso Fraticelli. En el medio aparece como prenda nada más y nada menos que la principal reforma judicial encarada en la provincia desde que rige el Código Penal (1896).
Un Senado en contra, una Justicia distante, municipios y comunas exigiendo cada vez más recursos: a Binner no se le presenta sencillo el panorama de cara a la segunda mitad de su gestión. No hay pocas cosas en juego: el futuro inmediato de la provincia y –tal vez– del país dependen de cómo sepa enfrentar esos escollos.
La primera seguridad es un plato lleno
Ya con más de 15 años de edad, el núcleo duro de la pobreza neoliberal volvió al tapete.
La “Encuesta Nacional de Juventudes: visiones y desafíos en la Argentina de hoy”, mostró los apuros en los que viven los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años: “la mayoría de ellos no accede a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, la decisión de tener hijos, o la posibilidad de participar en diferentes espacios de la vida pública y social”. Según el trabajo, en los grupos más empobrecidos el primer hijo llega a edades más tempranas que en los sectores más favorecidos. La proporción de mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años, es mucho mayor que la de los varones: 16% contra 3%. El 60% de los jóvenes forma parte de un hogar con nivel socioeconómico bajo. La desocupación en los niveles más bajos multiplica por 3 a los de niveles altos (12% a 4%)
Poco más de la tercera parte de los ingresos que tiene una familia santafesina son gastados en bebidas y alimentos. La salud es recién el cuarto ítem de gasto de los habitantes de esta provincia, después del transporte y las comunicaciones. La encuesta difundida por el IPEC dice que los jefes de hogar con mayor instrucción invierten una buena parte de su dinero en calzado, indumentaria, educación y mantenimiento del hogar. En los casos en que el jefe de hogar es menos instruido, los guarismos son muy inferiores a los anteriores.
Este año, el gobierno nacional reconoció el reclamo del hambre y anunció el pago de la asignación universal por hijo de $180 mensuales. En la provincia de Santa Fe alcanzará a 380 mil niños y adolescentes; en la ciudad a 50 mil. Ahí también está el grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en su paso por Santa Fe, en noviembre: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.
El líder del movimiento, Alberto Morlachetti, agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños”. Sobre la asignación universal por hijo dijo: “es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial, no erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo”.
En Santa Fe hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición: Nutrir Más (11.500 beneficiarios financiados por la Nación), un Plan Alimentario (con 177 mil beneficiarios).
“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios”, dijo Adrián Diserio, director de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.
El concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva afirmó que: “un chico que en la primera infancia sufre desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.
La “Encuesta Nacional de Juventudes: visiones y desafíos en la Argentina de hoy”, mostró los apuros en los que viven los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años: “la mayoría de ellos no accede a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, la decisión de tener hijos, o la posibilidad de participar en diferentes espacios de la vida pública y social”. Según el trabajo, en los grupos más empobrecidos el primer hijo llega a edades más tempranas que en los sectores más favorecidos. La proporción de mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años, es mucho mayor que la de los varones: 16% contra 3%. El 60% de los jóvenes forma parte de un hogar con nivel socioeconómico bajo. La desocupación en los niveles más bajos multiplica por 3 a los de niveles altos (12% a 4%)
Poco más de la tercera parte de los ingresos que tiene una familia santafesina son gastados en bebidas y alimentos. La salud es recién el cuarto ítem de gasto de los habitantes de esta provincia, después del transporte y las comunicaciones. La encuesta difundida por el IPEC dice que los jefes de hogar con mayor instrucción invierten una buena parte de su dinero en calzado, indumentaria, educación y mantenimiento del hogar. En los casos en que el jefe de hogar es menos instruido, los guarismos son muy inferiores a los anteriores.
Este año, el gobierno nacional reconoció el reclamo del hambre y anunció el pago de la asignación universal por hijo de $180 mensuales. En la provincia de Santa Fe alcanzará a 380 mil niños y adolescentes; en la ciudad a 50 mil. Ahí también está el grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en su paso por Santa Fe, en noviembre: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.
El líder del movimiento, Alberto Morlachetti, agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños”. Sobre la asignación universal por hijo dijo: “es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial, no erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo”.
En Santa Fe hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición: Nutrir Más (11.500 beneficiarios financiados por la Nación), un Plan Alimentario (con 177 mil beneficiarios).
“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios”, dijo Adrián Diserio, director de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.
El concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva afirmó que: “un chico que en la primera infancia sufre desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.
El juicio del año, o el año del juicio
Seis represores santafesinos juzgados por delitos de lesa humanidad: un hecho que marca una bisagra histórica.
Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.
Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.
La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.
El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.
Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.
Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.
Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.
En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.
También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.
Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.
Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.
Bonus track post edición: la noticia de la sentencia
Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.
Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.
La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.
El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.
Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.
Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.
Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.
En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.
También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.
Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.
Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.
Bonus track post edición: la noticia de la sentencia
Las dos caras de la crisis: Kraft y Textil San Justo
La recuperación de empresas por sus trabajadores se muestra cada vez más como la mejor salida productiva.
La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.
La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.
Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.
En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.
En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.
La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.
La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.
La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.
Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.
En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.
En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.
La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.
La democratización de la palabra
Desbocados, rabiosos, los oligopolios de “la realidad” hoy responden con la destrucción del oficio de informar.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.
Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.
El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.
“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.
“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.
“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.
El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.
Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.
Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.
Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.
El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.
“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.
“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.
“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.
El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.
Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.
Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.
Veneno hasta en la milanesa
Una patria de soja transgénica sin estómago ni testículos: rounduplandia resiste los informes de los científicos.
El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.
La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.
“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.
Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.
Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.
A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.
El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.
El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.
La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.
“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.
Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.
Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.
A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.
El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.
La lluvia no vuelve hacia arriba
Ampliar y mejorar el sistema de desagües aparece como una de las principales materias pendientes de la ciudad.
Las precipitaciones de octubre y de noviembre fueron motivo de nerviosismo en los santafesinos. Casas del oeste y zonas que desconocían el fenómeno se anegaron, generando disgusto, angustia y pérdidas en los más afectados.
Al momento de escuchar las posibles soluciones no recibieron ninguna tranquilidad porque, según el intendente Mario Barletta, para que la ciudad no se inunde más “hacen falta 1.000 millones de pesos”. No sólo las casas se vieron complicadas sino también el tránsito de vehículos; el agua cubrió las calles y trasladarse en cualquier vehículo resultaba perjudicial para propios y extraños.
Una de las declaraciones del intendente, refutada por los vecinos, fue: “en términos generales, el sistema funcionó sobre todo en las estaciones de bombeos y reservorios”. El mandatario dividió la cuestión en dos: “Hay un proyecto del Instituto Nacional del Agua (INA), que demandaría 1.000 millones de pesos. A este proyecto hay que pensarlo en un mediano y largo plazo porque es muy costoso. El otro problema es circunstancial, y tiene que ver con la basura que hace que algunos barrios se aneguen en una lluvia y otros no”.
En una visita a los concejales, el secretario de Obras Públicas, Roberto Porta dijo: “se destinaron 157 millones de pesos en dos años de gestión”. También incluyó a las obras gestionadas con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como la continuidad de los desagües Lavaisse y Entre Ríos y la ampliación de alcantarillas, esto es el trasvase de reservorios y las estaciones de bombeo”.
El intendente anunció también que la ayuda nacional estaría en camino, ya que confirmó la Nación enviará fondos para la culminación de los desagües Lavaisse y Entre Ríos, y la concreción del desagüe Llerena –desde General Paz hasta la Laguna Setúbal–, obras a las que les falta el 30% de ejecución. Se trata de 7 millones de pesos y una promesa de girar más de 20 millones para avanzar en otra serie de obras.
“Una vez concluidos, las obras aliviarían en gran medida los anegamientos por lluvias en barrios del oeste y del norte de la ciudad. Por un lado, sanearían integralmente toda la cuenca Entre Ríos, sobre todo en San Lorenzo, Chalet y Arenales. En tanto, la conclusión del desagüe en la cuenca Lavaisse disminuiría la acumulación de agua en Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y Lavaisse”, afirmó un parte oficial.
También Porta habló de la ampliación de las alcantarillas sobre la avenida Circunvalación: “la administración anterior proyectó los desagües troncales para conducir un volumen importante de agua desde el centro de la ciudad hasta los reservorios; no tuvo en cuenta que la circunvalación hacía un dique. Por lo tanto, aunque estén los desagües troncales, si no hay un trasvaso de agua a través de la Circunvalación, no sirve de nada”.
Las precipitaciones de octubre y de noviembre fueron motivo de nerviosismo en los santafesinos. Casas del oeste y zonas que desconocían el fenómeno se anegaron, generando disgusto, angustia y pérdidas en los más afectados.
Al momento de escuchar las posibles soluciones no recibieron ninguna tranquilidad porque, según el intendente Mario Barletta, para que la ciudad no se inunde más “hacen falta 1.000 millones de pesos”. No sólo las casas se vieron complicadas sino también el tránsito de vehículos; el agua cubrió las calles y trasladarse en cualquier vehículo resultaba perjudicial para propios y extraños.
Una de las declaraciones del intendente, refutada por los vecinos, fue: “en términos generales, el sistema funcionó sobre todo en las estaciones de bombeos y reservorios”. El mandatario dividió la cuestión en dos: “Hay un proyecto del Instituto Nacional del Agua (INA), que demandaría 1.000 millones de pesos. A este proyecto hay que pensarlo en un mediano y largo plazo porque es muy costoso. El otro problema es circunstancial, y tiene que ver con la basura que hace que algunos barrios se aneguen en una lluvia y otros no”.
En una visita a los concejales, el secretario de Obras Públicas, Roberto Porta dijo: “se destinaron 157 millones de pesos en dos años de gestión”. También incluyó a las obras gestionadas con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como la continuidad de los desagües Lavaisse y Entre Ríos y la ampliación de alcantarillas, esto es el trasvase de reservorios y las estaciones de bombeo”.
El intendente anunció también que la ayuda nacional estaría en camino, ya que confirmó la Nación enviará fondos para la culminación de los desagües Lavaisse y Entre Ríos, y la concreción del desagüe Llerena –desde General Paz hasta la Laguna Setúbal–, obras a las que les falta el 30% de ejecución. Se trata de 7 millones de pesos y una promesa de girar más de 20 millones para avanzar en otra serie de obras.
“Una vez concluidos, las obras aliviarían en gran medida los anegamientos por lluvias en barrios del oeste y del norte de la ciudad. Por un lado, sanearían integralmente toda la cuenca Entre Ríos, sobre todo en San Lorenzo, Chalet y Arenales. En tanto, la conclusión del desagüe en la cuenca Lavaisse disminuiría la acumulación de agua en Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y Lavaisse”, afirmó un parte oficial.
También Porta habló de la ampliación de las alcantarillas sobre la avenida Circunvalación: “la administración anterior proyectó los desagües troncales para conducir un volumen importante de agua desde el centro de la ciudad hasta los reservorios; no tuvo en cuenta que la circunvalación hacía un dique. Por lo tanto, aunque estén los desagües troncales, si no hay un trasvaso de agua a través de la Circunvalación, no sirve de nada”.
Educación sexual, a marzo
La puesta en marcha de la ley recibió duras críticas de la Iglesia.
A mitad de año se reeditó el debate en torno a la implementación de la educación sexual y prevención de Sida en las escuelas, con motivo de la presentación de un manual de educación sexual impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación. Los preceptos fueron elaborados para que los docentes logren abordar contenidos a fin de construir una sexualidad plena, sana y responsable. La voz eclesiástica se alzó y el obispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y admirador de Hugo Wast, objetó los contenidos por “neomarxistas” y “reduccionistas”, sobreponiendo argumentos religiosos por sobre los científicos. Las críticas fueron realizadas al momento de asumir Alberto Sileoni como ministro de Educación.
Desde Ctera, Stella Maldonado dijo que “la información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo, por supuesto, la diversidad de creencias religiosas”. Y replicó: “causa espanto este ataque burdo a una política pública”, mientras recordaba el prontuario eclesial en la figuras de Julio Grassi y Christian Von Wernich, condenados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad respectivamente.
Sileoni también respondió a Aguer. Tras explicar que el material “promueve valores y no una mera genitalidad”, advirtió que el Estado “tiene la obligación de hacer cumplir la ley” de Educación Sexual en las escuelas. El titular de Educación aclaró que las críticas de Aguer se dirigen a un documento del Ministerio que no llega a las escuelas ya que se trata de un material “que se ha usado para algunas capacitaciones docentes” y contiene una serie de textos “con enfoques distintos”.
Con la educación sexual, el Estado tiene tres preocupaciones centrales: el abuso infantil, que está creciendo; el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Así, los contenidos promovidos por el Ministerio están enfocados principalmente a estas tres problemáticas, pero también apuntan “al respeto hacia el otro, al amor”. “Nosotros queremos centrarnos en esos temas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”, dijo Sileoni al remarcar que “nadie puede negar la virtuosidad del preservativo para prevenir enfermedades”.
El texto de la Ley de Educación Sexual Nº 26.150, sancionada en octubre de 2006, fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etcétera. Establece como educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina e incluidos en la Reforma Constitucional de 1994.
En Santa Fe, a lo largo del año pero sobre todo en la segunda mitad, el área específica del Ministerio que trabaja sobre el tema se dedicó a capacitar a los docentes de cara al nuevo desafío: convertir el complejo tema en un contenido más para que los chicos aprendan en el aula lo que no siempre pueden aprender en la casa.
A mitad de año se reeditó el debate en torno a la implementación de la educación sexual y prevención de Sida en las escuelas, con motivo de la presentación de un manual de educación sexual impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación. Los preceptos fueron elaborados para que los docentes logren abordar contenidos a fin de construir una sexualidad plena, sana y responsable. La voz eclesiástica se alzó y el obispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y admirador de Hugo Wast, objetó los contenidos por “neomarxistas” y “reduccionistas”, sobreponiendo argumentos religiosos por sobre los científicos. Las críticas fueron realizadas al momento de asumir Alberto Sileoni como ministro de Educación.
Desde Ctera, Stella Maldonado dijo que “la información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo, por supuesto, la diversidad de creencias religiosas”. Y replicó: “causa espanto este ataque burdo a una política pública”, mientras recordaba el prontuario eclesial en la figuras de Julio Grassi y Christian Von Wernich, condenados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad respectivamente.
Sileoni también respondió a Aguer. Tras explicar que el material “promueve valores y no una mera genitalidad”, advirtió que el Estado “tiene la obligación de hacer cumplir la ley” de Educación Sexual en las escuelas. El titular de Educación aclaró que las críticas de Aguer se dirigen a un documento del Ministerio que no llega a las escuelas ya que se trata de un material “que se ha usado para algunas capacitaciones docentes” y contiene una serie de textos “con enfoques distintos”.
Con la educación sexual, el Estado tiene tres preocupaciones centrales: el abuso infantil, que está creciendo; el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Así, los contenidos promovidos por el Ministerio están enfocados principalmente a estas tres problemáticas, pero también apuntan “al respeto hacia el otro, al amor”. “Nosotros queremos centrarnos en esos temas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”, dijo Sileoni al remarcar que “nadie puede negar la virtuosidad del preservativo para prevenir enfermedades”.
El texto de la Ley de Educación Sexual Nº 26.150, sancionada en octubre de 2006, fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etcétera. Establece como educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina e incluidos en la Reforma Constitucional de 1994.
En Santa Fe, a lo largo del año pero sobre todo en la segunda mitad, el área específica del Ministerio que trabaja sobre el tema se dedicó a capacitar a los docentes de cara al nuevo desafío: convertir el complejo tema en un contenido más para que los chicos aprendan en el aula lo que no siempre pueden aprender en la casa.
Con miedo al amor
El Senado volvió a cajonear la unión civil.
En la provincia hay cerca de 200 mil gays y lesbianas que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho. Esa fue la sentencia de distintas agrupaciones que representan al colectivo LGBTT, quienes siguieron insistiendo durante 2009 para obtener la sanción definitiva del proyecto de ley de Unión civil, que ya tenía el visto bueno de Diputados tras la pérdida de estado parlamentario el año pasado. Otra vez, el año pasa sin novedad. “Es importante que los senadores nos escuchen, que sepan que éste es un tema de justicia social. Hay que ser claros: este proyecto de ley es para todo tipo de parejas más allá de su orientación sexual. Me parece que en estos momentos de crisis por los que atravesamos es necesario algún tipo de cobertura para aquellas personas que por el amor y por el afecto están juntas. Esta no es una provincia confesional, entonces este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio. Los legisladores pueden llegar a estar apesadumbrados por su conciencia católica, pero esta ley no viola ningún sacramento sino que se reconoce a las parejas la convivencia”, dijo Guillermo Lovagnini, de Vox Rosario.
A diferencia del matrimonio, la pareja conformada a partir de la unión civil no puede adoptar hijos o heredarse mutuamente en caso de muerte del compañero. Tampoco se ve afectada la situación patrimonial de los contrayentes. Para disolver esta relación, basta con que uno de los miembros de la pareja presente en el Registro Civil un pedido de disolución de la unión. En distintos puntos del país, la ley de Unión Civil fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
El camino por los derechos del colectivo LGBTT no es un lecho de rosas: el senador José Baucero no coincide con la unión de dos personas del mismo sexo porque “queremos resguardar la consolidación de la familia, que para mi la conforman un hombre y una mujer y sus hijos. No quiero discriminar por el hecho de que dos personas del mismo sexo convivan bajo el mismo techo, pero tampoco podemos mirar para otro lado porque existen, están en Santa Fe y en cualquier otro lugar del mundo”, opinó el representante de San Javier. Otro año termina y los senadores siguen acordando en no ponerse de acuerdo.
En la provincia hay cerca de 200 mil gays y lesbianas que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho. Esa fue la sentencia de distintas agrupaciones que representan al colectivo LGBTT, quienes siguieron insistiendo durante 2009 para obtener la sanción definitiva del proyecto de ley de Unión civil, que ya tenía el visto bueno de Diputados tras la pérdida de estado parlamentario el año pasado. Otra vez, el año pasa sin novedad. “Es importante que los senadores nos escuchen, que sepan que éste es un tema de justicia social. Hay que ser claros: este proyecto de ley es para todo tipo de parejas más allá de su orientación sexual. Me parece que en estos momentos de crisis por los que atravesamos es necesario algún tipo de cobertura para aquellas personas que por el amor y por el afecto están juntas. Esta no es una provincia confesional, entonces este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio. Los legisladores pueden llegar a estar apesadumbrados por su conciencia católica, pero esta ley no viola ningún sacramento sino que se reconoce a las parejas la convivencia”, dijo Guillermo Lovagnini, de Vox Rosario.
A diferencia del matrimonio, la pareja conformada a partir de la unión civil no puede adoptar hijos o heredarse mutuamente en caso de muerte del compañero. Tampoco se ve afectada la situación patrimonial de los contrayentes. Para disolver esta relación, basta con que uno de los miembros de la pareja presente en el Registro Civil un pedido de disolución de la unión. En distintos puntos del país, la ley de Unión Civil fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
El camino por los derechos del colectivo LGBTT no es un lecho de rosas: el senador José Baucero no coincide con la unión de dos personas del mismo sexo porque “queremos resguardar la consolidación de la familia, que para mi la conforman un hombre y una mujer y sus hijos. No quiero discriminar por el hecho de que dos personas del mismo sexo convivan bajo el mismo techo, pero tampoco podemos mirar para otro lado porque existen, están en Santa Fe y en cualquier otro lugar del mundo”, opinó el representante de San Javier. Otro año termina y los senadores siguen acordando en no ponerse de acuerdo.
La epidemia de los negocios
La pandemia internacional causada por el virus H1N1, conocido como Gripe A, rebotó fuerte en el país y la provincia.
Cuando la Gripe A comenzó a ser noticia internacional, todavía no había invadido suelo argentino. El 15 de junio, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se conoció la primera víctima fatal en el país. “Sin emergencia sanitaria, habrá más muertes”, anunciaron. Los datos más recientes indican que hubo11.234 casos positivos, con un saldo de 613 personas fallecidas; el número de víctimas fatales a nivel mundial ascendió a 7.826 con picos en América del Norte, el Caribe y Europa. En América latina, incluida la Argentina, murieron más personas por gripe común: cerca de 3.500.
La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 muy contagioso y mutante, que afecta a personas de todas las edades y suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en niños y ancianos.
Al momento de declarar como pandemia moderada a la enfermedad, la OMS expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados se recuperaban de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. La gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 fue similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
A pesar de la gravedad del problema, a mediados de año las elecciones legislativas del 28 de junio coparon gran parte del espacio en los medios. Luego, hubo mensajes cruzados que confundieron a la población, que se abasteció de barbijos, alcohol en gel y pastillas a mansalva, sin saber si servían para protegerse eficazmente.
Tras el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la debilitada ministra de Salud Graciela Ocaña, el gobierno nacional trazó políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad. Luego de asumir en la cartera de Salud, Juan Manzur logró unificar criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones con los ministerios sanitarios de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más clara.
Por su parte, el ex ministro Ginés González García informó que cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las personas reportadas hasta el momento no debían sorprender.
Santa Fe fue la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, y aquí también se percibió una psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación. En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino invirtió 33.000 dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
Si bien la actividad se vio prácticamente paralizada tanto en escuelas como en ámbitos públicos, no se decidió el cierre de comercios ni establecimientos privados. No obstante, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos advirtieron una visible disminución de su actividad durante los meses pico: junio y julio. El sector hotelero también se vio afectado y se registró una caída de más del 50% en la ocupación de las plazas disponibles. En cuanto a los rubros que aumentaron su actividad se encuentran los productos de limpieza, fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas: la venta de alcohol en gel se sextuplicó y los precios aumentaron en un 70%. Lo mismo ocurrió con los antivirales como el Tamiflú: cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
La existencia del nuevo virus se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. “La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado”, señaló la OMS.
Cuando la Gripe A comenzó a ser noticia internacional, todavía no había invadido suelo argentino. El 15 de junio, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se conoció la primera víctima fatal en el país. “Sin emergencia sanitaria, habrá más muertes”, anunciaron. Los datos más recientes indican que hubo11.234 casos positivos, con un saldo de 613 personas fallecidas; el número de víctimas fatales a nivel mundial ascendió a 7.826 con picos en América del Norte, el Caribe y Europa. En América latina, incluida la Argentina, murieron más personas por gripe común: cerca de 3.500.
La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 muy contagioso y mutante, que afecta a personas de todas las edades y suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en niños y ancianos.
Al momento de declarar como pandemia moderada a la enfermedad, la OMS expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados se recuperaban de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. La gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 fue similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
A pesar de la gravedad del problema, a mediados de año las elecciones legislativas del 28 de junio coparon gran parte del espacio en los medios. Luego, hubo mensajes cruzados que confundieron a la población, que se abasteció de barbijos, alcohol en gel y pastillas a mansalva, sin saber si servían para protegerse eficazmente.
Tras el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la debilitada ministra de Salud Graciela Ocaña, el gobierno nacional trazó políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad. Luego de asumir en la cartera de Salud, Juan Manzur logró unificar criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones con los ministerios sanitarios de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más clara.
Por su parte, el ex ministro Ginés González García informó que cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las personas reportadas hasta el momento no debían sorprender.
Santa Fe fue la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, y aquí también se percibió una psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación. En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino invirtió 33.000 dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
Si bien la actividad se vio prácticamente paralizada tanto en escuelas como en ámbitos públicos, no se decidió el cierre de comercios ni establecimientos privados. No obstante, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos advirtieron una visible disminución de su actividad durante los meses pico: junio y julio. El sector hotelero también se vio afectado y se registró una caída de más del 50% en la ocupación de las plazas disponibles. En cuanto a los rubros que aumentaron su actividad se encuentran los productos de limpieza, fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas: la venta de alcohol en gel se sextuplicó y los precios aumentaron en un 70%. Lo mismo ocurrió con los antivirales como el Tamiflú: cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
La existencia del nuevo virus se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. “La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado”, señaló la OMS.
La guerra al cacharro
Aedes aegypti, el mosquito más temido, se expande por todo el país.
Junto a la Gripe A, el dengue se lleva los laureles a la hora de recordar qué enfermedades persiguieron y sugestionaron masivamente a los argentinos a lo largo de 2009.
Durante la emergencia a nivel nacional por los repetidos casos de dengue, los especialistas informaron acerca del papel clave que puede jugar la sociedad para evitar que se extienda la epidemia.
Durante el pico de mayor difusión de la enfermedad y su agente transmisor –el mosquito Aedes aegypti– el director nacional de Prevención de Enfermedades, Hugo Fernández, estimó que “por cada caso reportado podría haber entre cinco y diez casos no reportados”. Para ese entonces, el insecto ya había superado el paralelo 35 de latitud sur, su límite histórico, llegando a la provincia de Buenos Aires, como antes había hecho lo propio en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, la fundación ecologista local Proteger llamó a los medios de comunicación a que “aprovechen su enorme poder” para ayudar a frenar la expansión de los brotes.
El dengue, hay que recordarlo, no se pasa de persona a persona: la transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y después a otra no infectada. El mosquito vive en el agua clara, que parece limpia y se junta en gomas, tachos, aljibes, cacharros, chapas acanaladas, tanques sin tapa, floreros y otros recipientes. El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene. En las aguas turbias, marrones u oscuras no vive el mosquito (esteros, cañadas, zanjas o represas). El mosquito que transmite el dengue pica sólo de día. Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad. Perros, gatos y demás animales domésticos no transmiten la enfermedad. Los síntomas se manifiestan en una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago, indicó que el dengue “no es sólo una responsabilidad del sector de la salud, sino que para combatirlo se requiere un enfoque integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de difusión con mensajes de prevención y educación claros y precisos. Los servicios públicos de salud deben garantizar el tratamiento oportuno, no ocuparse de la prevención domiciliaria”.
Si bien los especialistas vienen advirtiendo desde hace más de dos décadas sobre lo importante que es manejar información precisa para prevenir el dengue, la crisis que se desató en el centro-norte argentino parece contradecir ese saber básico. Asimismo, en las décadas del ‘50 y del ‘60 las campañas continentales de erradicación lograron combatir el vector y la Argentina se declaró libre del Aedes.
Pero el abandono de las campañas hizo que el mosquito proliferara nuevamente en los sitios de donde había sido eliminado.
Además, las campañas que se habían realizado no fueron acompañadas de políticas de saneamiento del medio ni por campañas educativas sostenidas en el tiempo de manera de generar nuevos hábitos en la gente.
Junto a la Gripe A, el dengue se lleva los laureles a la hora de recordar qué enfermedades persiguieron y sugestionaron masivamente a los argentinos a lo largo de 2009.
Durante la emergencia a nivel nacional por los repetidos casos de dengue, los especialistas informaron acerca del papel clave que puede jugar la sociedad para evitar que se extienda la epidemia.
Durante el pico de mayor difusión de la enfermedad y su agente transmisor –el mosquito Aedes aegypti– el director nacional de Prevención de Enfermedades, Hugo Fernández, estimó que “por cada caso reportado podría haber entre cinco y diez casos no reportados”. Para ese entonces, el insecto ya había superado el paralelo 35 de latitud sur, su límite histórico, llegando a la provincia de Buenos Aires, como antes había hecho lo propio en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, la fundación ecologista local Proteger llamó a los medios de comunicación a que “aprovechen su enorme poder” para ayudar a frenar la expansión de los brotes.
El dengue, hay que recordarlo, no se pasa de persona a persona: la transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y después a otra no infectada. El mosquito vive en el agua clara, que parece limpia y se junta en gomas, tachos, aljibes, cacharros, chapas acanaladas, tanques sin tapa, floreros y otros recipientes. El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene. En las aguas turbias, marrones u oscuras no vive el mosquito (esteros, cañadas, zanjas o represas). El mosquito que transmite el dengue pica sólo de día. Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad. Perros, gatos y demás animales domésticos no transmiten la enfermedad. Los síntomas se manifiestan en una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago, indicó que el dengue “no es sólo una responsabilidad del sector de la salud, sino que para combatirlo se requiere un enfoque integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de difusión con mensajes de prevención y educación claros y precisos. Los servicios públicos de salud deben garantizar el tratamiento oportuno, no ocuparse de la prevención domiciliaria”.
Si bien los especialistas vienen advirtiendo desde hace más de dos décadas sobre lo importante que es manejar información precisa para prevenir el dengue, la crisis que se desató en el centro-norte argentino parece contradecir ese saber básico. Asimismo, en las décadas del ‘50 y del ‘60 las campañas continentales de erradicación lograron combatir el vector y la Argentina se declaró libre del Aedes.
Pero el abandono de las campañas hizo que el mosquito proliferara nuevamente en los sitios de donde había sido eliminado.
Además, las campañas que se habían realizado no fueron acompañadas de políticas de saneamiento del medio ni por campañas educativas sostenidas en el tiempo de manera de generar nuevos hábitos en la gente.
Sida: no olvidar
Las muertes, la conciencia, las campañas...
Las estadísticas, aún incompletas, muestran una realidad cruel y desequilibrada. Mientras Santa Fe exporta maquinarias y materia prima por cifras millonarias, es también la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Alrededor de 400 casos de VIH/Sida de los 1.770 que hay registrados en la provincia están siendo tratados en el Hospital Iturraspe. Al efector acuden pacientes que llegan desde los cuatro puntos cardinales de la provincia, incluyendo algunos oriundos de Santiago del Estero. La Dra. Laura Trosch, quien trabaja en el área hace más de diez años, expresó que “sigue siendo una enfermedad mortal, tratable pero mortal”.
La falta de conciencia generada por la ausencia de conocimiento que hay sobre el tema es el principal motivo de transmisión. Hoy en día tener sexo sin preservativo es estar encima de la enfermedad. No se usa preservativo porque se cree que la enfermedad no está aquí: no hay conciencia porque no se está hablando de esto. “Algunos toman conciencia y se cuidan, hay otros a los que no les interesa cuidarse, no avisan cuando están infectados, no les interesa ponerse el preservativo, por lo tanto se estima que detrás de cada infectado hay gente que también lo está y no lo sabe. Siguen teniendo sexo con otras personas, por lo que se transmite el virus, y por eso hay una población que no la tenemos cuantificada porque no sabe que está infectada o porque supone que está infectada pero no le interesa consultar”, analizó Trosch. La profesional estimó que “si se pudiera hablar con la población sobre el Sida en apenas un 10% de lo que se habló sobre la Gripe A, seguramente se salvarían muchas más vidas de las que se están salvando ahora”.
Desde el Hospital Iturraspe sentenciaron que no se muestra lo que realmente está pasando: no se está dando a conocer la cantidad de casos de infectados ni la cantidad de pacientes que siguen muriendo de esta enfermedad. Mientras, los pacientes crecen en cantidad y los médicos siguen siendo los mismos. Definitivamente, la capacidad de atención está desbordada.
Para finalizar, un dato poco alentador: al hospital llegan chicas de 13 o 14 años embarazadas y con casos positivos de VIH.
Las estadísticas, aún incompletas, muestran una realidad cruel y desequilibrada. Mientras Santa Fe exporta maquinarias y materia prima por cifras millonarias, es también la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Alrededor de 400 casos de VIH/Sida de los 1.770 que hay registrados en la provincia están siendo tratados en el Hospital Iturraspe. Al efector acuden pacientes que llegan desde los cuatro puntos cardinales de la provincia, incluyendo algunos oriundos de Santiago del Estero. La Dra. Laura Trosch, quien trabaja en el área hace más de diez años, expresó que “sigue siendo una enfermedad mortal, tratable pero mortal”.
La falta de conciencia generada por la ausencia de conocimiento que hay sobre el tema es el principal motivo de transmisión. Hoy en día tener sexo sin preservativo es estar encima de la enfermedad. No se usa preservativo porque se cree que la enfermedad no está aquí: no hay conciencia porque no se está hablando de esto. “Algunos toman conciencia y se cuidan, hay otros a los que no les interesa cuidarse, no avisan cuando están infectados, no les interesa ponerse el preservativo, por lo tanto se estima que detrás de cada infectado hay gente que también lo está y no lo sabe. Siguen teniendo sexo con otras personas, por lo que se transmite el virus, y por eso hay una población que no la tenemos cuantificada porque no sabe que está infectada o porque supone que está infectada pero no le interesa consultar”, analizó Trosch. La profesional estimó que “si se pudiera hablar con la población sobre el Sida en apenas un 10% de lo que se habló sobre la Gripe A, seguramente se salvarían muchas más vidas de las que se están salvando ahora”.
Desde el Hospital Iturraspe sentenciaron que no se muestra lo que realmente está pasando: no se está dando a conocer la cantidad de casos de infectados ni la cantidad de pacientes que siguen muriendo de esta enfermedad. Mientras, los pacientes crecen en cantidad y los médicos siguen siendo los mismos. Definitivamente, la capacidad de atención está desbordada.
Para finalizar, un dato poco alentador: al hospital llegan chicas de 13 o 14 años embarazadas y con casos positivos de VIH.
jueves, 29 de octubre de 2009
Esta vez es en serio
Una megacausa que surge de la unificación de 15 expedientes busca esclarecer los peores crímenes de la dictadura. Hay 14 imputados por los siguientes delitos: 28 homicidios, 14 casos de desaparición forzada, tormentos, secuestros y supresión de identidad. Los represores santafesinos niegan los cargos, pero las pruebas permiten que la Justicia avance en las acusaciones.
Tuvieron que pasar más de tres décadas para que la Justicia comience a afrontar sus deudas. Los militares que ejecutaron el golpe de Estado en Santa Fe están siendo investigados y una nueva causa está en marcha, producto de la unificación de una quincena de denuncias. En total, hay 54 delitos –cometidos entre 1976 y 1983– bajo la lupa del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el pasado 28 de septiembre firmó una resolución por la cual ordenó indagatorias a 14 personas, 12 de las cuales están detenidas. Entre ellos se destaca la figura de José María González (foto), jefe del Área 212 entre de 1974 y 1976 y ejecutor del golpe de Estado en Santa Fe, que 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y dejó inaugurada en la provincia la etapa más oscura de su historia. Además, otros nueve ex militares, tres ex policías y un ex juez de menores aparecen involucrados en los hechos investigados.
Rodríguez hizo lugar a un pedido de los fiscales Cintia Gómez y José Ignacio Candioti y, diez días atrás, firmó la resolución 18/09, cuya carátula es: “Investigación delitos de lesa humanidad. Hechos ocurridos entre los años 1976 y 1983”. Allí el juez sostiene que los 14 imputados “resultan penalmente responsables” de los delitos en investigación y agrega: “Sus conductas configuran delitos de lesa humanidad en el marco del derecho internacional y deben ser reprimidas de acuerdo a las disposiciones del Código Penal”. La acusación incluye 28 homicidios, 18 casos de desaparición forzada, cuatro de privación ilegítima de la libertad, tormentos, falsedad de documento público y supresión de identidad de una menor, por cuya adopción irregular serán indagados el ex juez Luis María Vera Candioti y el ex militar Carlos Pavón.
Los otros imputados son Juan Orlando Rolón –sucesor se González al frente del Área 212 del Ejército–; Adolfo Ernesto Álvarez –jefe de la Plana Mayor, hoy reside en la ciudad de Buenos Aires–; Domingo Morales –ex mayor del Ejército, número tres del Destacamento de Inteligencia, vive en Pergamino–; Carlos Alberto Settel –general de brigada, subjefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura del Batallón de Comunicaciones del Comando 121 de Rosario, con domicilio en Buenos Aires–; Domingo Marcellini –jefe del Destacamento de Inteligencia, con prisión domiciliaria en Mendoza–; Jorge Roberto Diab –subjefe de Inteligencia, involucrado además en el traslado de 10 presas políticas al centro clandestino de torturas “La Casita”, en Santo Tomé–; Roberto Pedro Arrieta –jefe del Distrito Militar, en cuyas instalaciones funcionaba además el Destacamento de Inteligencia; Mario Carmelo Ferger –que se desempeñó en los cuarteles de Santo Tomé– y tres ex policías que están procesados en la llamada Causa Brusa: Mario Facino –jefe de la Comisaría Cuarta–, Juan Calixto Perizzotti –jefe de la Guardia de Infantería Reforzada– y Héctor Colombini.
La “megacausa” abierta por Rodríguez –llamada así en virtud de la magnitud de la investigación– es el primer avance serio en la historia reciente de la provincia en materia de derechos humanos. El trabajo de los organismos de derechos humanos y las denuncias de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares comienza a dar frutos. La unificación de quince expedientes obedece a un repetido pedido de los denunciantes, cuyo objetivo es avanzar sobre los represores y al mismo tiempo aunar los procesos, de modo que testigos y sobrevivientes no tengan que declarar, una y otra vez, lo mismo. No sólo se busca evitar las consecuencias psicológicas propias de la repetición y el recuerdo de hechos tan traumáticos: también la mera sobreexposición pública.
Quizá el detalle más saliente de esta megacausa sea que, por primera vez, la Justicia resuelve indagar a los sospechosos de haber cometido los delitos de homicidio y desaparición forzada. En el juicio por la Causa Brusa, cuyas audiencias comenzaron el 1º de septiembre, se investigan los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad. Los seis acusados –el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y los ex policías Facino, Perizzotti, Colombini, María Eva Aebi y Eduardo Ramos– están procesados, también, en una causa por asociación ilícita, junto a Rolón y Marcellini: procesamientos que fueron ratificados en agosto por la Cámara Federal de Apelaciones. La otra causa cuyo juicio estaba previsto para este año sigue demorada por planteos de la defensa. En ella está acusado Horacio Américo Barcos –ex agente de Inteligencia–, quien usaba como pantalla para actuar la obra social de la Uocra, donde era empleado. Está acusado de secuestrar y torturar a una pareja en 1978.
Ferger, Diab, Arrieta, Morales, González y Settel ya declararon ante Rodríguez y están alojados en el pabellón especial de la cárcel de Las Flores, reservado para imputados en crímenes de lesa humanidad. Todos pasaron los 70 años; en breve obtendrán el beneficio de la prisión domiciliaria. Todos oyeron la acusación, cuya lectura demanda casi tres horas. Todos negaron los cargos. Tenían puestos jerárquicos y fueron los principales ejecutores de los operativos de la dictadura en Santa Fe. Todos se declararon libres de culpa y cargo.
Perizzotti, actualmente en el banquillo por la Causa Brusa, también declaró ante el juez federal. Su testimonio no trascendió, pero su conducta ante el tribunal que lo juzga por estos días permite suponer que corroboró al menos algunas de las imputaciones: fue él quien rompió el pacto de silencio y pidió ampliar su indagatoria, en la que comprometió principalmente a Diab. Su planteo cabe en pocas palabras: “Nosotros éramos el forro; nos usaban y, cuando no les servíamos más, nos tiraban”. Nosotros y ellos, en términos de Perizzotti, equivale a policías y militares.
A Marcellini lo deberán ir a visitar a Mendoza –fue apartado del juicio por sus problemas de salud– y a Rolón a su domicilio del barrio Siete Jefes. Pavón y el ex juez de menores Vera Candioti son los únicos a quienes la Justicia no ordenó detener. Están involucrados en la adopción irregular de Paula Cortassa, entregada a la familia Guallane en 1977 luego de que sus padres biológicos fueran asesinados en un operativo del Ejército en el norte de la ciudad.
Los casos que se investigan, uno por uno:
El periodista Héctor Galiano recopiló las actuaciones judiciales y publicó un completo informe en el diario digital Notife. Aquí, un extracto de ese trabajo:
- Carlos Livieres Bank y Héctor Ameri: el primero fue herido el 18 de febrero de 1976 por fuerzas del Área 212 en Alvear entre Juan del Campillo e Iturraspe. Murió horas más tarde en el Hospital Cullen. Ameri fue secuestrado en la misma ocasión y hasta hoy sigue desaparecido.
- Orlando Finsterwald: fue visto por última vez el 16 de febrero de 1976, cuando dejó la ciudad de Rosario para acudir a una cita de Montoneros en la Plaza de las Banderas de Santa Fe. Está desaparecido.
- Antonio Silvia: secuestrado en febrero de 1976. También iba a participar de la cita de Montoneros. Sigue desaparecido.
- Daniel Martín Angerosa: visto por última vez el 17 de febrero de 1976, antes de la reunión de Montoneros. Fue secuestrado y está desaparecido.
- Enrique Guastavino: secuestrado por personal de la Policía Federal en Santa Fe, el 17 de febrero de 1976. Desaparecido.
- Mario Luis Totterau y María Cristina Mattioli de Totterau: secuestrados por fuerzas del Área 212 el 27 de febrero de 1976 en su casa de 1º de Mayo 5180. Desde entonces no volvió a saberse de ellos.
- Olga Teresita Sanchez y Graciela Siryi: la primera fue secuestrada el 28 de febrero de 1976 cuando iba a una reunión en Villa Hipódromo. Estuvo detenida en la Comisaría Cuarta y su cuerpo fue encontrado en marzo de ese año en un descampado cercano a Coronda, junto a otros tres cuerpos de mujeres. Todas estaban maniatadas. Mediante estudios genéticos se pudo reconocer a Cristina Mattioli y Graciela Siryi.
- Sara Dorotier de Cobacho: secuestrada en la madrugada del 24 de marzo de 1976 en la casa de su hija en Santa Fe. Fue tortura en “La Casita” y luego en la Comisaría Cuarta. Luego la trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada. Recuperó la libertad en febrero de 1977.
- Luis Vuistaz y Miguel Ángel Fonseca: muertos en los operativos realizados por el Ejército y la Policía de Santa Fe el 6 de septiembre de 1976 en Martín Zapata 2526, donde además fue secuestrada Vila Pompeya Gómez. La imputación recae sobre el ex policía Héctor Colombini.
- Evaristo Oviedo, María Liliana Ríos y Pedro Guillermo Guastavino: al primero lo mataron de un disparo de arma de fuego en la cabeza el 8 de septiembre de 1976 en su casa de Aristóbulo del Valle 5050. Su cadáver fue inhumado como NN en el Cementerio Municipal en 1976 por disposición judicial. Marta Berra (entonces su compañera), Liliana Ríos y Pedro Guastavino fueron detenidos y torturados.
- Ana María Fonseca, Antonio Bernal y Adriana Morandini: los dos primeros fueron asesinados en un procedimiento realizado por fuerzas del Área 212 en Lavaise 4465. Morandini fue secuestrada en otro procedimiento.
- Carlos Belmont y Graciela Saur: el 21 de septiembre de 1976, fuerzas del Área 212 asesinaron al primero en la vía pública. Saur fue capturada entonces y aún se encuentra desaparecida.
- Horacio Ferraza: lo mataron en las cercanías de Club Unión el 23 de septiembre de 1976. Inhumaron su cuerpo como NN en el Cementerio Municipal.
- Silvia Edith Coria, Alfredo Fontana, Susana Trossero y Adriana Alicia Ángel: asesinados el 7 de octubre de 1976 por fuerzas del Área 212 en la casa de Pedro Ferré 1936. Adriana Ángel estaba embarazada de ocho meses y era pareja de Ferraza.
- Edgardo Ferreyra: despareció el 3 de enero de 1977 cuando le dieron de baja del servicio militar.
- Adriana María Bianchi, María Josefina Mujica y José Pablo Ventura: asesinados el 4 de enero de 1977 por fuerzas del Área 212 en un inmueble de calle San Martín y Espora. Los restos fueron inhumados como NN en el Cementerio Municipal.
- Osvaldo Ziccardi, Jorge Piotti, Carlos Friguerio y Esther Gómez de Ruiz: asesinados en Las Heras e Ituzaingó por fuerzas del Área 212 el 19 de enero de 1977. Sus restos fueron llevados al Cullen y luego al Cementerio Municipal. Ziccardi fue identificado por peritos de Antropología Forense en el año 2000. La historia de esa masacre está narrada en el libro “Hay un positivo”, de Miguel Espinaco y Mario Andino.
- Blanca Zapata, Cristina Ziccardi, Paula Cortassa (Carolina Guallane) y Enrique Cortasa: a Ziccardi la mataron en un operativo del Área 212 en una vivienda de calle Castelli 4351, el 11 de febrero de 1977. Allí resultó herida Blanca Zapata, entonces embarazada, y fue secuestrado su esposo, Enrique Cortassa, hoy desaparecido. Tenían una hija, Paula, que fue entregada en forma irregular, por el entonces juez de menores Luis María Vera Candioti, al matrimonio Guallane. La madre de María Carolina Guallane (Paula Cortassa) fue muerta de un disparo en la cabeza; el bebé que esperaba nació muerto.
- Juan Carlos González Gentile: lo mataron fuerzas del Área 212 el 12 de febrero de 1977, en la intersección de Belgrano y Pedro Zenteno.
- Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez: los mataron fuerzas del Área 212 en un procedimiento realizado el 24 de marzo de 1977.
- Roberto Daniel Suárez: conscripto muerto el 1º de agosto de 1977. Cumplía el servicio militar en el Batallón de Anfibios de Santo Tomé. Sus restos fueron trasladados en una barcaza del Ejército y enterrados en la clandestinidad. Esta desaparecido.
- Néstor Cherry: secuestrado el 19 de agosto de 1977 en Santa Fe. Desaparecido.
- Carlos Miguel Nuñez: secuestrado el 19 de agosto de 1977 por la Policía Federal en pleno centro de Santa Fe. Continúa desaparecido.
- Elsa Raquel Díaz: la mataron fuerzas conjuntas del Área 212 el 19 de agosto de 1977. Su cadáver fue depositado en la morgue del Hospital Cullen y luego trasladado al Cementerio de Paraná.
- Angel Fiocchi Arce: secuestrado el 20 de agosto de 1977. Continúa desaparecido.
- Norberto Partida: secuestrado el 20 de agosto de 1977, en su casa, por personal policial. Desaparecido.
- Luis Verdú: fue interceptado por fuerzas del Área 212 el 20 de agosto de 1977 en Domingo Silva y Marcial Candioti. Está desaparecido.
- Alberto Velzi: secuestrado el 21 de agosto de 1977 en su domicilio de Agustín Delgado 1981 por un grupo de tareas del Área 212. Era profesor de Filosofía. Esta desaparecido.
- Alberto Solé: secuestrado en octubre de 1977 cuando iba a tomar el colectivo para ir al Colegio Industrial. Sigue desaparecido.
Tuvieron que pasar más de tres décadas para que la Justicia comience a afrontar sus deudas. Los militares que ejecutaron el golpe de Estado en Santa Fe están siendo investigados y una nueva causa está en marcha, producto de la unificación de una quincena de denuncias. En total, hay 54 delitos –cometidos entre 1976 y 1983– bajo la lupa del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el pasado 28 de septiembre firmó una resolución por la cual ordenó indagatorias a 14 personas, 12 de las cuales están detenidas. Entre ellos se destaca la figura de José María González (foto), jefe del Área 212 entre de 1974 y 1976 y ejecutor del golpe de Estado en Santa Fe, que 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y dejó inaugurada en la provincia la etapa más oscura de su historia. Además, otros nueve ex militares, tres ex policías y un ex juez de menores aparecen involucrados en los hechos investigados.
Rodríguez hizo lugar a un pedido de los fiscales Cintia Gómez y José Ignacio Candioti y, diez días atrás, firmó la resolución 18/09, cuya carátula es: “Investigación delitos de lesa humanidad. Hechos ocurridos entre los años 1976 y 1983”. Allí el juez sostiene que los 14 imputados “resultan penalmente responsables” de los delitos en investigación y agrega: “Sus conductas configuran delitos de lesa humanidad en el marco del derecho internacional y deben ser reprimidas de acuerdo a las disposiciones del Código Penal”. La acusación incluye 28 homicidios, 18 casos de desaparición forzada, cuatro de privación ilegítima de la libertad, tormentos, falsedad de documento público y supresión de identidad de una menor, por cuya adopción irregular serán indagados el ex juez Luis María Vera Candioti y el ex militar Carlos Pavón.
Los otros imputados son Juan Orlando Rolón –sucesor se González al frente del Área 212 del Ejército–; Adolfo Ernesto Álvarez –jefe de la Plana Mayor, hoy reside en la ciudad de Buenos Aires–; Domingo Morales –ex mayor del Ejército, número tres del Destacamento de Inteligencia, vive en Pergamino–; Carlos Alberto Settel –general de brigada, subjefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura del Batallón de Comunicaciones del Comando 121 de Rosario, con domicilio en Buenos Aires–; Domingo Marcellini –jefe del Destacamento de Inteligencia, con prisión domiciliaria en Mendoza–; Jorge Roberto Diab –subjefe de Inteligencia, involucrado además en el traslado de 10 presas políticas al centro clandestino de torturas “La Casita”, en Santo Tomé–; Roberto Pedro Arrieta –jefe del Distrito Militar, en cuyas instalaciones funcionaba además el Destacamento de Inteligencia; Mario Carmelo Ferger –que se desempeñó en los cuarteles de Santo Tomé– y tres ex policías que están procesados en la llamada Causa Brusa: Mario Facino –jefe de la Comisaría Cuarta–, Juan Calixto Perizzotti –jefe de la Guardia de Infantería Reforzada– y Héctor Colombini.
La “megacausa” abierta por Rodríguez –llamada así en virtud de la magnitud de la investigación– es el primer avance serio en la historia reciente de la provincia en materia de derechos humanos. El trabajo de los organismos de derechos humanos y las denuncias de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares comienza a dar frutos. La unificación de quince expedientes obedece a un repetido pedido de los denunciantes, cuyo objetivo es avanzar sobre los represores y al mismo tiempo aunar los procesos, de modo que testigos y sobrevivientes no tengan que declarar, una y otra vez, lo mismo. No sólo se busca evitar las consecuencias psicológicas propias de la repetición y el recuerdo de hechos tan traumáticos: también la mera sobreexposición pública.
Quizá el detalle más saliente de esta megacausa sea que, por primera vez, la Justicia resuelve indagar a los sospechosos de haber cometido los delitos de homicidio y desaparición forzada. En el juicio por la Causa Brusa, cuyas audiencias comenzaron el 1º de septiembre, se investigan los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad. Los seis acusados –el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y los ex policías Facino, Perizzotti, Colombini, María Eva Aebi y Eduardo Ramos– están procesados, también, en una causa por asociación ilícita, junto a Rolón y Marcellini: procesamientos que fueron ratificados en agosto por la Cámara Federal de Apelaciones. La otra causa cuyo juicio estaba previsto para este año sigue demorada por planteos de la defensa. En ella está acusado Horacio Américo Barcos –ex agente de Inteligencia–, quien usaba como pantalla para actuar la obra social de la Uocra, donde era empleado. Está acusado de secuestrar y torturar a una pareja en 1978.
Ferger, Diab, Arrieta, Morales, González y Settel ya declararon ante Rodríguez y están alojados en el pabellón especial de la cárcel de Las Flores, reservado para imputados en crímenes de lesa humanidad. Todos pasaron los 70 años; en breve obtendrán el beneficio de la prisión domiciliaria. Todos oyeron la acusación, cuya lectura demanda casi tres horas. Todos negaron los cargos. Tenían puestos jerárquicos y fueron los principales ejecutores de los operativos de la dictadura en Santa Fe. Todos se declararon libres de culpa y cargo.
Perizzotti, actualmente en el banquillo por la Causa Brusa, también declaró ante el juez federal. Su testimonio no trascendió, pero su conducta ante el tribunal que lo juzga por estos días permite suponer que corroboró al menos algunas de las imputaciones: fue él quien rompió el pacto de silencio y pidió ampliar su indagatoria, en la que comprometió principalmente a Diab. Su planteo cabe en pocas palabras: “Nosotros éramos el forro; nos usaban y, cuando no les servíamos más, nos tiraban”. Nosotros y ellos, en términos de Perizzotti, equivale a policías y militares.
A Marcellini lo deberán ir a visitar a Mendoza –fue apartado del juicio por sus problemas de salud– y a Rolón a su domicilio del barrio Siete Jefes. Pavón y el ex juez de menores Vera Candioti son los únicos a quienes la Justicia no ordenó detener. Están involucrados en la adopción irregular de Paula Cortassa, entregada a la familia Guallane en 1977 luego de que sus padres biológicos fueran asesinados en un operativo del Ejército en el norte de la ciudad.
Los casos que se investigan, uno por uno:
El periodista Héctor Galiano recopiló las actuaciones judiciales y publicó un completo informe en el diario digital Notife. Aquí, un extracto de ese trabajo:
- Carlos Livieres Bank y Héctor Ameri: el primero fue herido el 18 de febrero de 1976 por fuerzas del Área 212 en Alvear entre Juan del Campillo e Iturraspe. Murió horas más tarde en el Hospital Cullen. Ameri fue secuestrado en la misma ocasión y hasta hoy sigue desaparecido.
- Orlando Finsterwald: fue visto por última vez el 16 de febrero de 1976, cuando dejó la ciudad de Rosario para acudir a una cita de Montoneros en la Plaza de las Banderas de Santa Fe. Está desaparecido.
- Antonio Silvia: secuestrado en febrero de 1976. También iba a participar de la cita de Montoneros. Sigue desaparecido.
- Daniel Martín Angerosa: visto por última vez el 17 de febrero de 1976, antes de la reunión de Montoneros. Fue secuestrado y está desaparecido.
- Enrique Guastavino: secuestrado por personal de la Policía Federal en Santa Fe, el 17 de febrero de 1976. Desaparecido.
- Mario Luis Totterau y María Cristina Mattioli de Totterau: secuestrados por fuerzas del Área 212 el 27 de febrero de 1976 en su casa de 1º de Mayo 5180. Desde entonces no volvió a saberse de ellos.
- Olga Teresita Sanchez y Graciela Siryi: la primera fue secuestrada el 28 de febrero de 1976 cuando iba a una reunión en Villa Hipódromo. Estuvo detenida en la Comisaría Cuarta y su cuerpo fue encontrado en marzo de ese año en un descampado cercano a Coronda, junto a otros tres cuerpos de mujeres. Todas estaban maniatadas. Mediante estudios genéticos se pudo reconocer a Cristina Mattioli y Graciela Siryi.
- Sara Dorotier de Cobacho: secuestrada en la madrugada del 24 de marzo de 1976 en la casa de su hija en Santa Fe. Fue tortura en “La Casita” y luego en la Comisaría Cuarta. Luego la trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada. Recuperó la libertad en febrero de 1977.
- Luis Vuistaz y Miguel Ángel Fonseca: muertos en los operativos realizados por el Ejército y la Policía de Santa Fe el 6 de septiembre de 1976 en Martín Zapata 2526, donde además fue secuestrada Vila Pompeya Gómez. La imputación recae sobre el ex policía Héctor Colombini.
- Evaristo Oviedo, María Liliana Ríos y Pedro Guillermo Guastavino: al primero lo mataron de un disparo de arma de fuego en la cabeza el 8 de septiembre de 1976 en su casa de Aristóbulo del Valle 5050. Su cadáver fue inhumado como NN en el Cementerio Municipal en 1976 por disposición judicial. Marta Berra (entonces su compañera), Liliana Ríos y Pedro Guastavino fueron detenidos y torturados.
- Ana María Fonseca, Antonio Bernal y Adriana Morandini: los dos primeros fueron asesinados en un procedimiento realizado por fuerzas del Área 212 en Lavaise 4465. Morandini fue secuestrada en otro procedimiento.
- Carlos Belmont y Graciela Saur: el 21 de septiembre de 1976, fuerzas del Área 212 asesinaron al primero en la vía pública. Saur fue capturada entonces y aún se encuentra desaparecida.
- Horacio Ferraza: lo mataron en las cercanías de Club Unión el 23 de septiembre de 1976. Inhumaron su cuerpo como NN en el Cementerio Municipal.
- Silvia Edith Coria, Alfredo Fontana, Susana Trossero y Adriana Alicia Ángel: asesinados el 7 de octubre de 1976 por fuerzas del Área 212 en la casa de Pedro Ferré 1936. Adriana Ángel estaba embarazada de ocho meses y era pareja de Ferraza.
- Edgardo Ferreyra: despareció el 3 de enero de 1977 cuando le dieron de baja del servicio militar.
- Adriana María Bianchi, María Josefina Mujica y José Pablo Ventura: asesinados el 4 de enero de 1977 por fuerzas del Área 212 en un inmueble de calle San Martín y Espora. Los restos fueron inhumados como NN en el Cementerio Municipal.
- Osvaldo Ziccardi, Jorge Piotti, Carlos Friguerio y Esther Gómez de Ruiz: asesinados en Las Heras e Ituzaingó por fuerzas del Área 212 el 19 de enero de 1977. Sus restos fueron llevados al Cullen y luego al Cementerio Municipal. Ziccardi fue identificado por peritos de Antropología Forense en el año 2000. La historia de esa masacre está narrada en el libro “Hay un positivo”, de Miguel Espinaco y Mario Andino.
- Blanca Zapata, Cristina Ziccardi, Paula Cortassa (Carolina Guallane) y Enrique Cortasa: a Ziccardi la mataron en un operativo del Área 212 en una vivienda de calle Castelli 4351, el 11 de febrero de 1977. Allí resultó herida Blanca Zapata, entonces embarazada, y fue secuestrado su esposo, Enrique Cortassa, hoy desaparecido. Tenían una hija, Paula, que fue entregada en forma irregular, por el entonces juez de menores Luis María Vera Candioti, al matrimonio Guallane. La madre de María Carolina Guallane (Paula Cortassa) fue muerta de un disparo en la cabeza; el bebé que esperaba nació muerto.
- Juan Carlos González Gentile: lo mataron fuerzas del Área 212 el 12 de febrero de 1977, en la intersección de Belgrano y Pedro Zenteno.
- Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez: los mataron fuerzas del Área 212 en un procedimiento realizado el 24 de marzo de 1977.
- Roberto Daniel Suárez: conscripto muerto el 1º de agosto de 1977. Cumplía el servicio militar en el Batallón de Anfibios de Santo Tomé. Sus restos fueron trasladados en una barcaza del Ejército y enterrados en la clandestinidad. Esta desaparecido.
- Néstor Cherry: secuestrado el 19 de agosto de 1977 en Santa Fe. Desaparecido.
- Carlos Miguel Nuñez: secuestrado el 19 de agosto de 1977 por la Policía Federal en pleno centro de Santa Fe. Continúa desaparecido.
- Elsa Raquel Díaz: la mataron fuerzas conjuntas del Área 212 el 19 de agosto de 1977. Su cadáver fue depositado en la morgue del Hospital Cullen y luego trasladado al Cementerio de Paraná.
- Angel Fiocchi Arce: secuestrado el 20 de agosto de 1977. Continúa desaparecido.
- Norberto Partida: secuestrado el 20 de agosto de 1977, en su casa, por personal policial. Desaparecido.
- Luis Verdú: fue interceptado por fuerzas del Área 212 el 20 de agosto de 1977 en Domingo Silva y Marcial Candioti. Está desaparecido.
- Alberto Velzi: secuestrado el 21 de agosto de 1977 en su domicilio de Agustín Delgado 1981 por un grupo de tareas del Área 212. Era profesor de Filosofía. Esta desaparecido.
- Alberto Solé: secuestrado en octubre de 1977 cuando iba a tomar el colectivo para ir al Colegio Industrial. Sigue desaparecido.
viernes, 7 de agosto de 2009
Diálogo versión local
Una agenda de temas económicos reunió al gobernador y a legisladores de todos los partidos. El faltazo del Lole reflota las dudas sobre su papel institucional. ¿Puede ser presidente alguien que no puede pisar su propia ciudad?
Por Ezequiel Nieva
No sabe, no contesta. Así se puede definir la relación entre el gobierno de la provincia y uno de los tres senadores que la representa en el Congreso: Carlos Reutemann. En la semana se sucedieron algunos hechos que no hacen sino agigantar los interrogantes que rodean la figura del ex piloto; su comentada ausencia en la reunión que el lunes mantuvo el gobernador Hermes Binner con los legisladores nacionales santafesinos –a la que se había comprometido a asistir– y la idéntica decisión ante la convocatoria del ministro Florencio Randazzo reflotaron las dudas que, antaño, constituyeron la comidilla de sus adversarios políticos.
¿Es Reutemann –como quieren sus fieles– un “tiempista” que elige meditar cada paso o es simplemente un hombre timorato, esclavo de sus propias dudas? ¿Está en condiciones de ser presidente –como sugirió Hilda “Chiche” Duhalde– alguien que no puede caminar por su propia ciudad? ¿Le queda esa necesaria reserva de ambición para lograrlo o está conforme con su cargo? ¿Puede aspirar a llegar alguien que se compromete públicamente a defender los intereses de su provincia y, acto seguido, decide no dialogar ni con el gobernador ni con el ministro del Interior?
Tanto Binner como Randazzo lo habían citado porque es el referente de un vasto sector político y porque, además, ocupa un cargo institucional hasta el año 2015. De hecho, el propio Reutemann se había cansado de repetir –antes y después de las elecciones del 28 de junio– que estaba a disposición de los gobiernos provincial y nacional para todos aquellos asuntos que exigieran su participación. El contexto –crisis, desaceleración de la economía, déficit en las cuentas públicas– requiere de acuerdos firmes y, en virtud de ello, casi todos los legisladores asumieron el compromiso de colaborar con la administración provincial...
... MENOS UNO. El mismo día en que Binner recibió a los legisladores, Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con los diputados del Frente para la Victoria. El jefe de esa bancada, Agustín Rossi, comentó antes de ingresar al Salón Blanco de la Casa Gris: “La presidenta nos pidió que trabajemos buscando consensos”. En efecto: 19 de los 22 legisladores santafesinos asistieron al convite de Binner. Héctor Sylvestre Begnis y Paulina Fiol se excusaron con tiempo por no poder asistir; Reutemann, en cambio, demoró la intriga hasta último momento.
La necesidad de consenso, cuya primera condición es el diálogo, aparece como la única estrategia viable de cara a los próximos dos años y medio: el poder está repartido de forma tal que ningún sector podrá avanzar sin negociar con los otros. A Binner le ocurre, en la provincia, lo mismo que a Cristina en la Nación; de ahí que también convocara a los referentes del justicialismo santafesino para avanzar en los temas que considera clave para su gestión: reforma tributaria a la cabeza.
Pero como la buena salud de las cuentas de la provincia no depende sólo del humor de los senadores opositores, el gobernador ha redoblado sus esfuerzos en recomponer la relación con la administración central, muy fría tras el público apoyo del socialismo a los reclamos de la Mesa de Enlace. Los primeros signos del renovado entendimiento entre Binner y el kirchnerismo pudieron verse tras el encuentro que mantuvo con la presidenta dos semanas atrás; la convocatoria del lunes último tiene que ver con el esfuerzo conjunto que deberán hacer socialistas, radicales y justicialistas en el Congreso Nacional en favor de los intereses de la provincia.
Por eso Rubén Giustiniani había sugerido, antes de la reunión, la conformación de un bloque legislativo transversal que se ocupe de gestionar recursos para Santa Fe. “Hay tres temas fundamentales: la ley de coparticipación federal, el impuesto al cheque y las obras de infraestructura necesarias”, dijo el senador socialista. “Creo que es muy posible que podamos coincidir en estos temas, más allá de las banderías políticas”.
Con alguna chicana, también el diputado Jorge Obeid saludó la convocatoria de Binner: “En principio, bienvenido sea el diálogo. Pero tampoco hay que esperar que de una reunión surjan las soluciones para todos los problemas que tiene el gobierno provincial. Es un primer paso; ahora el Congreso tiene que tratar la prórroga de la ley del cheque”. Obeid enumeró otros temas pendientes: “El presupuesto, el destino de los casi 8.000 millones de pesos de ATN que no se están distribuyendo, las rebajas a las retenciones”. El ex gobernador recordó un proyecto de su autoría –avalado por el Lole– que propone eliminar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol y bajar la alícuota de las retenciones a la soja.
–¿Y de dónde surgirían los recursos que el Estado dejaría de recaudar? –le preguntó Pausa.
–De la ingeniería presupuestaria que tiene que hacer el gobierno. Se modifican los presupuestos, como cada vez que hay un recurso que deja de existir. Para eso tiene centenares de personas el Ministerio de Economía: para ver cómo reasigna recursos.
Giustiniani recordó luego que “cada uno tiene sus proyectos particulares”. “El debate recién empieza; el socialismo tiene un proyecto de retenciones segmentadas y progresivas y creemos que la soja debe tener un tratamiento diferente. Tiene que haber una política que vaya en contra del monocultivo, que es lo que se está expandiendo. Vemos que hay una idea de superar la sojización, pero las políticas existentes no hacen más que proyectarla”.
–Sin embargo cuando el año pasado se anunciaron las retenciones móviles, uno de los argumentos era frenar la sojización...
–Está claro que en los últimos años todo lo que se ha hecho no ha servido para frenar el monocultivo, sino todo lo contrario –respondió el socialista–. La realidad muestra que la soja se ha extendido a lugares insospechados, incluso deforestando bosques nativos.
Luego explicó que, según su punto de vista, para reemplazar los recursos que dejaría de percibir el Estado en caso de un eventual cambio en el sistema de retenciones, hay otras variables posibles: “Soy autor de un proyecto para gravar la renta financiera, de otro que propone cambios en el código minero y de otro para gravar el juego”.
Obeid se había explayado sobre las distintas iniciativas que, junto a sus pares Walter Agosto y Ariel Dalla Fontana, presentó en el Congreso. De hecho, le dejó una copia a Binner de los ocho proyectos pendientes de tratamiento que ayudarían a mejorar las cuentas de la provincia: además de la modificación del sistema de retenciones, la declaración como zona de desastre de los departamentos afectados por la sequía, un cambio en la coparticipación de los derechos de exportación del petróleo, incentivos fiscales para el sector lácteo y un incremento en el piso de coparticipación para las provincias, entre otros. Todos esos proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados; de allí se desprende la escasa o nula participación del senador Reutemann en las gestiones.
LAS GARANTÍAS. Mientras se desarrollaba la reunión, en la puerta principal de la Casa Gris un grupo de inundados esperaba la llegada del ex gobernador. En su mayoría, mujeres. Una de ellas, Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, explicó por qué se acercaron: “Reutemann tiene una deuda social y política con la provincia y tiene que pagarla. ¿Por qué no la pagó, por qué llegó a ser candidato de nuevo (el 28 de junio)? Porque los integrantes de la Corte han hecho un pacto para que la impunidad lo proteja de por vida. ¿Qué le pasa a este hombre, que está hablando de ser presidenciable en 2011 y que por un grupo de ciudadanos que hemos decidido no doblegarnos decide no venir a la Casa de Gobierno?”, se preguntó.
–¿Esto socava la representatividad de Reutemann?
–Creo que le quita autenticidad. Su autenticidad está en cuestión.
Según publicó el miércoles La Capital de Rosario, Reutemann estuvo en inmediaciones de la Casa Gris y, después de dar varias vueltas en su auto, se convenció de que el horno no estaba para bollos. “Con semejante comité de recepción no puedo asistir a la reunión”, le dijo desde su celular a un par de dirigentes justicialistas que aguardaban su llegada en el bar de San Martín y General López. Adentro ya circulaban las versiones sobre “las condiciones de seguridad”, que fueron el argumento esgrimido por los allegados al Lole para justificar su ausencia.
La reunión estaba por empezar, con 19 legisladores y el gabinete completo del gobierno provincial ya ubicados en el Salón Blanco. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, relató al día siguiente los pormenores: dijo que fue él quien llamó a Reutemann para averiguar qué pasaba y no, como se comentó en un principio, que había sido el Lole quien llamó para excusarse. “Como no llegaba y sentía de ruidos de cacerolas en la puerta –contó Bonfatti– me asomé y vi 15 o 20 personas que estaban allí, manifestando. Entonces, pensé que esa era la causa por la que no venía. Lo llamé por teléfono. Me atendió. Le dije que le ofrecíamos todas las garantías, que podía ir yo a recibirlo por la cochera de atrás y que lo estábamos esperando. Me dijo que era un soldado de Santa Fe, que estaba a disposición de la provincia, pero que dadas las circunstancias no iba a concurrir”.
DOBLE FALTA. Dentro de la ronda de reuniones que el gobierno nacional mantiene con todas las fuerzas políticas –desde referentes de centro izquierda como Martín Sabbatella o de la derecha liberal como Mauricio Macri–, Reutemann había sido convocado –junto a “Chiche” Duhalde– por el ministro Randazzo. El encuentro estaba previsto para ayer, pero dos días antes el Lole avisó que no iría. “Va a ser imposible que concurra porque tiene un tema familiar en Santa Fe”, explicó a La Capital una colaboradora del ex gobernador.
Curiosidades de la política nacional: Hilda Duhalde, la esposa del ex presidente que alguna vez tentó al Lole para que lo sucediera, hace pocos meses vilipendió al ex piloto achacándole su escaso poder de decisión y carácter dubitativo. Recordaba, claro, la confusa explicación sobre por qué no había aceptado la propuesta de Eduardo Duhalde allá por mediados de 2002. Ahora es ella quien lo ve como presidenciable. “Lo vemos todos dentro del peronismo como un hombre de mucho futuro”, dijo el mismo día que Reutemann decidía no reunirse con Randazzo.
Mientras, el Lole parece haber recuperado su perfil de hombre callado: no habla si no a través de sus colaboradores. ¿Qué rol jugará de aquí en adelante? Es una pregunta tan difícil de responder como las que abren esta nota.
Publicado en Pausa #42, viernes 7 de agosto de 2009
Por Ezequiel Nieva
No sabe, no contesta. Así se puede definir la relación entre el gobierno de la provincia y uno de los tres senadores que la representa en el Congreso: Carlos Reutemann. En la semana se sucedieron algunos hechos que no hacen sino agigantar los interrogantes que rodean la figura del ex piloto; su comentada ausencia en la reunión que el lunes mantuvo el gobernador Hermes Binner con los legisladores nacionales santafesinos –a la que se había comprometido a asistir– y la idéntica decisión ante la convocatoria del ministro Florencio Randazzo reflotaron las dudas que, antaño, constituyeron la comidilla de sus adversarios políticos.
¿Es Reutemann –como quieren sus fieles– un “tiempista” que elige meditar cada paso o es simplemente un hombre timorato, esclavo de sus propias dudas? ¿Está en condiciones de ser presidente –como sugirió Hilda “Chiche” Duhalde– alguien que no puede caminar por su propia ciudad? ¿Le queda esa necesaria reserva de ambición para lograrlo o está conforme con su cargo? ¿Puede aspirar a llegar alguien que se compromete públicamente a defender los intereses de su provincia y, acto seguido, decide no dialogar ni con el gobernador ni con el ministro del Interior?
Tanto Binner como Randazzo lo habían citado porque es el referente de un vasto sector político y porque, además, ocupa un cargo institucional hasta el año 2015. De hecho, el propio Reutemann se había cansado de repetir –antes y después de las elecciones del 28 de junio– que estaba a disposición de los gobiernos provincial y nacional para todos aquellos asuntos que exigieran su participación. El contexto –crisis, desaceleración de la economía, déficit en las cuentas públicas– requiere de acuerdos firmes y, en virtud de ello, casi todos los legisladores asumieron el compromiso de colaborar con la administración provincial...
... MENOS UNO. El mismo día en que Binner recibió a los legisladores, Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con los diputados del Frente para la Victoria. El jefe de esa bancada, Agustín Rossi, comentó antes de ingresar al Salón Blanco de la Casa Gris: “La presidenta nos pidió que trabajemos buscando consensos”. En efecto: 19 de los 22 legisladores santafesinos asistieron al convite de Binner. Héctor Sylvestre Begnis y Paulina Fiol se excusaron con tiempo por no poder asistir; Reutemann, en cambio, demoró la intriga hasta último momento.
La necesidad de consenso, cuya primera condición es el diálogo, aparece como la única estrategia viable de cara a los próximos dos años y medio: el poder está repartido de forma tal que ningún sector podrá avanzar sin negociar con los otros. A Binner le ocurre, en la provincia, lo mismo que a Cristina en la Nación; de ahí que también convocara a los referentes del justicialismo santafesino para avanzar en los temas que considera clave para su gestión: reforma tributaria a la cabeza.
Pero como la buena salud de las cuentas de la provincia no depende sólo del humor de los senadores opositores, el gobernador ha redoblado sus esfuerzos en recomponer la relación con la administración central, muy fría tras el público apoyo del socialismo a los reclamos de la Mesa de Enlace. Los primeros signos del renovado entendimiento entre Binner y el kirchnerismo pudieron verse tras el encuentro que mantuvo con la presidenta dos semanas atrás; la convocatoria del lunes último tiene que ver con el esfuerzo conjunto que deberán hacer socialistas, radicales y justicialistas en el Congreso Nacional en favor de los intereses de la provincia.
Por eso Rubén Giustiniani había sugerido, antes de la reunión, la conformación de un bloque legislativo transversal que se ocupe de gestionar recursos para Santa Fe. “Hay tres temas fundamentales: la ley de coparticipación federal, el impuesto al cheque y las obras de infraestructura necesarias”, dijo el senador socialista. “Creo que es muy posible que podamos coincidir en estos temas, más allá de las banderías políticas”.
Con alguna chicana, también el diputado Jorge Obeid saludó la convocatoria de Binner: “En principio, bienvenido sea el diálogo. Pero tampoco hay que esperar que de una reunión surjan las soluciones para todos los problemas que tiene el gobierno provincial. Es un primer paso; ahora el Congreso tiene que tratar la prórroga de la ley del cheque”. Obeid enumeró otros temas pendientes: “El presupuesto, el destino de los casi 8.000 millones de pesos de ATN que no se están distribuyendo, las rebajas a las retenciones”. El ex gobernador recordó un proyecto de su autoría –avalado por el Lole– que propone eliminar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol y bajar la alícuota de las retenciones a la soja.
–¿Y de dónde surgirían los recursos que el Estado dejaría de recaudar? –le preguntó Pausa.
–De la ingeniería presupuestaria que tiene que hacer el gobierno. Se modifican los presupuestos, como cada vez que hay un recurso que deja de existir. Para eso tiene centenares de personas el Ministerio de Economía: para ver cómo reasigna recursos.
Giustiniani recordó luego que “cada uno tiene sus proyectos particulares”. “El debate recién empieza; el socialismo tiene un proyecto de retenciones segmentadas y progresivas y creemos que la soja debe tener un tratamiento diferente. Tiene que haber una política que vaya en contra del monocultivo, que es lo que se está expandiendo. Vemos que hay una idea de superar la sojización, pero las políticas existentes no hacen más que proyectarla”.
–Sin embargo cuando el año pasado se anunciaron las retenciones móviles, uno de los argumentos era frenar la sojización...
–Está claro que en los últimos años todo lo que se ha hecho no ha servido para frenar el monocultivo, sino todo lo contrario –respondió el socialista–. La realidad muestra que la soja se ha extendido a lugares insospechados, incluso deforestando bosques nativos.
Luego explicó que, según su punto de vista, para reemplazar los recursos que dejaría de percibir el Estado en caso de un eventual cambio en el sistema de retenciones, hay otras variables posibles: “Soy autor de un proyecto para gravar la renta financiera, de otro que propone cambios en el código minero y de otro para gravar el juego”.
Obeid se había explayado sobre las distintas iniciativas que, junto a sus pares Walter Agosto y Ariel Dalla Fontana, presentó en el Congreso. De hecho, le dejó una copia a Binner de los ocho proyectos pendientes de tratamiento que ayudarían a mejorar las cuentas de la provincia: además de la modificación del sistema de retenciones, la declaración como zona de desastre de los departamentos afectados por la sequía, un cambio en la coparticipación de los derechos de exportación del petróleo, incentivos fiscales para el sector lácteo y un incremento en el piso de coparticipación para las provincias, entre otros. Todos esos proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados; de allí se desprende la escasa o nula participación del senador Reutemann en las gestiones.
LAS GARANTÍAS. Mientras se desarrollaba la reunión, en la puerta principal de la Casa Gris un grupo de inundados esperaba la llegada del ex gobernador. En su mayoría, mujeres. Una de ellas, Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, explicó por qué se acercaron: “Reutemann tiene una deuda social y política con la provincia y tiene que pagarla. ¿Por qué no la pagó, por qué llegó a ser candidato de nuevo (el 28 de junio)? Porque los integrantes de la Corte han hecho un pacto para que la impunidad lo proteja de por vida. ¿Qué le pasa a este hombre, que está hablando de ser presidenciable en 2011 y que por un grupo de ciudadanos que hemos decidido no doblegarnos decide no venir a la Casa de Gobierno?”, se preguntó.
–¿Esto socava la representatividad de Reutemann?
–Creo que le quita autenticidad. Su autenticidad está en cuestión.
Según publicó el miércoles La Capital de Rosario, Reutemann estuvo en inmediaciones de la Casa Gris y, después de dar varias vueltas en su auto, se convenció de que el horno no estaba para bollos. “Con semejante comité de recepción no puedo asistir a la reunión”, le dijo desde su celular a un par de dirigentes justicialistas que aguardaban su llegada en el bar de San Martín y General López. Adentro ya circulaban las versiones sobre “las condiciones de seguridad”, que fueron el argumento esgrimido por los allegados al Lole para justificar su ausencia.
La reunión estaba por empezar, con 19 legisladores y el gabinete completo del gobierno provincial ya ubicados en el Salón Blanco. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, relató al día siguiente los pormenores: dijo que fue él quien llamó a Reutemann para averiguar qué pasaba y no, como se comentó en un principio, que había sido el Lole quien llamó para excusarse. “Como no llegaba y sentía de ruidos de cacerolas en la puerta –contó Bonfatti– me asomé y vi 15 o 20 personas que estaban allí, manifestando. Entonces, pensé que esa era la causa por la que no venía. Lo llamé por teléfono. Me atendió. Le dije que le ofrecíamos todas las garantías, que podía ir yo a recibirlo por la cochera de atrás y que lo estábamos esperando. Me dijo que era un soldado de Santa Fe, que estaba a disposición de la provincia, pero que dadas las circunstancias no iba a concurrir”.
DOBLE FALTA. Dentro de la ronda de reuniones que el gobierno nacional mantiene con todas las fuerzas políticas –desde referentes de centro izquierda como Martín Sabbatella o de la derecha liberal como Mauricio Macri–, Reutemann había sido convocado –junto a “Chiche” Duhalde– por el ministro Randazzo. El encuentro estaba previsto para ayer, pero dos días antes el Lole avisó que no iría. “Va a ser imposible que concurra porque tiene un tema familiar en Santa Fe”, explicó a La Capital una colaboradora del ex gobernador.
Curiosidades de la política nacional: Hilda Duhalde, la esposa del ex presidente que alguna vez tentó al Lole para que lo sucediera, hace pocos meses vilipendió al ex piloto achacándole su escaso poder de decisión y carácter dubitativo. Recordaba, claro, la confusa explicación sobre por qué no había aceptado la propuesta de Eduardo Duhalde allá por mediados de 2002. Ahora es ella quien lo ve como presidenciable. “Lo vemos todos dentro del peronismo como un hombre de mucho futuro”, dijo el mismo día que Reutemann decidía no reunirse con Randazzo.
Mientras, el Lole parece haber recuperado su perfil de hombre callado: no habla si no a través de sus colaboradores. ¿Qué rol jugará de aquí en adelante? Es una pregunta tan difícil de responder como las que abren esta nota.
Publicado en Pausa #42, viernes 7 de agosto de 2009
Bolsillos generosos
Los informes presentados ante la Justicia Electoral permiten conocer de qué modo se financiaron, en la provincia, las campañas de las distintas fuerzas.
Tal como exige la ley 26.215, los partidos y frentes políticos que participaron de los comicios del 28 de junio presentaron los informes sobre los gastos y el origen de los fondos utilizados en la campaña ante la Cámara Nacional Electoral. De esos datos se desprende, en primera instancia, que el Frente Santa Fe Federal –encabezado por Carlos Reutemann– tuvo un importante apoyo empresario-indus-trial, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) financió su campaña con los fondos otorgados por el Ministerio del Interior junto con el aporte de dos empresas y de personas físicas. La tercera fuerza en la provincia, el Frente para la Victoria (FPV), recibió aportes fundamentalmente de legisladores nacionales y provinciales de la coalición, de seis empresas y también de particulares.
El informe preliminar que deberá ser detallado en los próximos meses ya despertó indignación en algunos dirigentes. Los números muestran que los gastos de Santa Fe Federal superan ampliamente los del FPCyS y casi duplican los del FPV. La polémica por los fondos y el financiamiento de las campañas no se generó sólo en Santa Fe; también en la provincia de Buenos Aires, donde el empresario Francisco de Narváez declaró que Unión Pro gastó 14.430.000 de pesos y el FPV, con Néstor Kirchner como candidato, 15.011.258 pesos. Montos que aparecen como exagerados siendo una campaña legislativa. Claro que hubo también otros casos, como el de Nuevo Encuentro, partido liderado por Martín Sabbatella, que gastó 483.002 pesos.
En la ciudad de Buenos Aires la coalición Unión Pro, que llevó a Gabriela Michetti como primera candidata, declaró gastos por 3.646.893 pesos. El FPV, con Carlos Heller a la cabeza, destinó 999.915,78 pesos, mientras que Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, valuó su campaña en apenas 176.790 pesos.
Sabbatella había denunciado durante la campaña la desigualdad entre los recursos destinados a las actividades proselitistas y cómo eso hacía difícil la difusión de las propuestas y plataformas electorales de los nuevos frentes políticos. Fueron esas fuerzas, las que menos recursos usaron, las que en sus páginas web detallaron con mayor rigor el modo en que financiaron sus campañas (un caso, el de Nuevo Encuentro: en su sitio se publicó un listado con los aportes que recibieron de particulares).
LA CAMPAÑA EN SANTA FE. En la página del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) se informa que, de acuerdo a la presentación realizada por cada fuerza política, Santa Fe Federal fue la fuerza que –lejos– más gastó en la campaña: 2.211.000 pesos
La rendición de cuentas de las listas encabezada por Reutemann y Daniel Germano especifica las “contribuciones o donaciones de personas físicas”: Fabián Bianchetti, Carlos Capisano (dirigente de la Federación de Industrial de Santa Fe), Carlos Carlozzi (candidato a concejal en Santa Fe y asesor de la Presidencia), Darío Crespi, Carlos Galán (empresario y ex candidato a vicegobernador), José Rindisbacher, Bibiana Ronchi, Marcelo Ruiz y Martín Sánchez Zinny. Cada uno aportó 10.000 pesos, mientras que Mónica Casebene contribuyó con 7.000.
La nómina incluye a cuatro ciudadanos de Buenos Aires, a los que también les interesó apoyar la lista de Reutemann: Hernán Ferraro (60.000 pesos), Sergio Guerra (68.000), Alicia Rendano (70.000) y César Solari (70.000).
Respecto de las empresas o “personas jurídicas” que aportaron fondos para la campaña del ex gobernador, la lista incluye a ABC S.A., Banco Patagonia, Basso S.A., Cámara Española, Centro Diagnóstico Molecular, Dalai S.A., Fortín Quieto S.A., Fundación Salud, Limansky S.A., Key Factor S.A., London Supply S.A., Maquinarias Agrícolas Ombú S.A., Microsules Argentina S.A., Open Mall S.A., Process S.R.L., Sadesa S.A., Sociedad Anónima La Sibila, Williner S.A., Terminal 6 S.A., Vassalli Fabril S.A. y Vicentín S.A. Cada una de ellas aportó 10.000 pesos. El grupo Cencosud donó 20.000, igual que Depor Jean y Sancor. Impresora Pompeya S.A., Print S.A. y Kollor Press aportaron 35.000 cada una y el Sanatorio Santa Fe 24.000.
El FPCyS informó que gastó 787.703 pesos en la campaña, de los cuales 637.700 provinieron del Ministerio del Interior, por el financiamiento que reciben los partidos de acuerdo con los votos obtenidos en contiendas anteriores (el Partido Justicialista resignó esa posibilidad al no consensuar una lista propia e ir dividido en la provincia). Entre los contribuyentes más importantes destacan a la diputada electa Alicia Ciciliani (10.000 pesos), a Moisés Limansky (10.000) y al senador Juan Carlos Zabalza (5.000). Sólo dos empresas apoyaron la lista del Frente Progresista: Café La Virginia y Talleres Metalúrgicos Bambi, ambas con 10.000 pesos.
A esto se debe sumar, según aparece en el informe, el aporte directo de otras empresas pero sólo al Partido Socialista (que forma parte del FPCyS junto a otros partidos) por un total de 105.000 pesos. Entre esas empresas se encuentran Industrias Juan Secco S.A. (35.000 pesos) y, con 10.000 cada una, Beta S.A., La Sibila S.A., Instituto Gamma S.A., Solans S.A., Enrique Bertini y Verónica SAICIAFEI.
Por su parte, el FPV declaró un gasto proyectado en 1.181.947 pesos, del que explicaron sólo la mitad al momento de cumplir con el pedido de la Justicia Electoral, con el compromiso de ampliar en el futuro esa información. Entre las personas físicas que aportaron 10.000 pesos para la campaña aparecen Natalia Cámpora, Fabio Gentili, el ex ministro Alberto Joaquín, la candidata a concejala rosarina Norma López, José Maccerolla y Daniel Zárate. Roberto Zuckerman aportó 15.000 pesos y Marcelo Viola 12.000. Los diputados Gerardo Rico, Claudia Saldaña, Oscar Urruty, Enrique Marín y Marcelo Brignoni (electo en 2007 por el FPCyS) contribuyeron con 35.000 pesos cada uno, al igual que el concejal de Rosario Arturo Gandolla, Martín Labbe y el diputado nacional Alejandro Rossi.
El informe incluye aportes del dirigente (y ex ministro de Carlos Reutemann) Esteban Borgonovo (20.000), del concejal santafesino Luciano Leiva (30.000), del propio Agustín Rossi, que encabezó la lista de candidatos a diputados y logró retener su banca, y del diputado provincial Luis Rubeo: 40.000 pesos cada uno. Las empresas que cooperaron para la campaña de ese frente fueron: Alta Plástica Centro S.A., Coinplast S.R.L., Lazzaro Ribotta S.A. y Rosario Logística S.R.L. con 3.000 pesos cada una. Grupo Simpa S.A. sumó 6.000 más y Liliana S.R.L. 16.000.
CUENTAS CLARAS. El financiamiento de las campañas políticas genera siempre chispazos entre los candidatos de los distintos partidos y sospechas entre los electores. La principal discordia fue, casi siempre, el uso de fondos públicos para actividades proselitistas. Por eso algunas organizaciones, como Ejercicio Ciudadano, buscan lograr más transparencia en las campañas y el acceso a la información sobre cómo se financian los gastos, algo que sigue generando más dudas que certezas.
La ONG rosarina sostiene: “Bajo un sistema de democracia representativa como el nuestro, es imprescindible que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de máxima confianza y responsabilidad, para lo cual es necesario que cada actor involucrado conozca sus obligaciones, además de sus derechos, y tenga la voluntad de practicarlos y defenderlos”. Sin embargo, reconocen que es este el punto que más resistencia genera en los candidatos cuando responden el cuestionario para los bancos de datos de la organización.
Por eso hacen foco en la exigencia de rendición de cuentas que cada frente debe realizar ante el tribunal electoral.
QUÉ DICE LA LEY 26.215. En su artículo 54, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que 10 días antes de la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico y político de la campaña deberán presentar un detalle de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma. El informe final se debe presentar 90 días después de la elección.
Una vez cumplidos estos plazos, la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de 180 días para realizar la auditoría de los informes finales de campaña y 30 días para la elaboración y notificación a los partidos del dictamen correspondiente.
El artículo 62 dice que aquellos que no cumplan con lo establecido serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones.
El 8 de junio, la Cámara Nacional Electoral emitió la resolución N° 10, que fijó los límites de gastos de campañas electorales. Sobre el padrón definitivo hasta el 31 de diciembre de 2008 para la elección legislativa del 28 de junio, se estableció como monto máximo para la provincia de Sana Fe 3.569.486 pesos y, como límite de aportes privados que pueden recibir 71.390 pesos de personas físicas y 35.695 de personas jurídicas.
POLÉMICA EN LA CIUDAD POR LA VEDA. A raíz de la expansión de la Gripe A, el Ejecutivo santafesino propuso modificar el cronograma electoral y, así, el 2 de julio la Legislatura aprobó la ley 12.982, que establece la Emergencia Sanitaria por 90 días en toda la provincia y que estipula también que los comicios primarios se realizarán el 2 de agosto y los generales el 27 de septiembre. La norma dispone además, en su artículo 4, la suspensión de toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones primarias, incluidas las inauguraciones oficiales, excepto aquellas relacionadas a las campañas vinculadas a las políticas de prevención en salud.
En Santa Fe, donde se renovará la composición del Concejo, los precandidatos presentaron varios pedidos ante el Tribunal Electoral para que especifique los alcances de lo establecido en el artículo 4 de la ley. Jorge Henn y Noelia Chiementín, precandidatos de la lista Encuentro para Santa Fe, presentaron una acción mere declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral para que se expida sobre los alcances de la ley Nº 12.982.
Henn argumentó que hay “zonas oscuras" en la letra de la ley, por ejemplo lo referido a la actividad pública del intendente y sus inauguraciones. “La gente no quiere que haya una utilización política de estos actos de gobierno para fines electorales”, señaló el concejal, enfrentado en una disputa interna con el espacio que lidera Mario Barletta, aunque agregó: “No estamos diciendo que el intendente no pueda inaugurar obras que sirven a la gente, pero no que se hagan anuncios”.
También el candidato de Proyecto Sur, Hugo Kofman, difundió una carta en la que denunció la continuación de la campaña de José Corral, actual secretario de Gobierno y precandidato a concejal, en actos públicos, quien “aparece con todas las ventajas de tener una presencia mediática cotidiana”. Kofman expresó: “Estamos observando infinidad de entrevistas pagas, publicidad institucional, reposición de cartelería por empresas publicitarias... Y esto incluye también a otras expresiones políticas, tanto del Frente Cívico y Social, como del PJ y de 100% Santafesino”.
El último martes el Tribunal Electoral respondió los planteos y ratificó el carácter restrictivo de la ley sancionada por la Legislatura, que además de modificar el cronograma electoral dispuso la suspensión de la actividad proselitista desde la fecha original (3 de julio) hasta la realización de las internas abiertas y obligatorias del 2 de agosto.
La resolución autoriza la entrega domiciliaria de boletas, pero se mantiene el criterio de prohibir toda publicidad, incluida la institucional, tanto gráfica, radial o televisiva, con las excepciones referidas a la difusión de los programas sanitarios y de prevención de la Gripe A.
El intendente Barletta reaccionó con disgusto: “Pareciera que más que ponernos un barbijo por la Gripe A, se pretende poner una mordaza. Esto de no permitir que los candidatos expresen ideas y pensamientos en los medios no parece estar acorde con lo que está escrito en la ley”.
Publicado en Pausa #41
lunes, 13 de julio de 2009
¿Cómo se identifica? ¿Cómo se contagia? ¿A quién consultar? Modos de prevención
¿Cómo se identifica?
La Gripe A se manifiesta de modo similar a cualquier otra enfermedad de las vías respiratorias con síntomas comunes, pero el microrganismo que la causa es diferente al de la gripe común. Los signos para sospechar:
- Fiebre mayor de 38° C
- Tos frecuente e intensa
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito
- Congestionamiento nasal
- Malestar general
¿Cómo se contagia?
De persona a persona a través de secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar) o por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa y hay más riesgo en lugares cerrados.
¿A quién consultar?
Para consultas médicas, desde el área de Salud del Nodo Santa Fe, se informó que además de los hospitales y centros de salud existentes, se abrieron nueve centros más que atienden sábados y domingos, algunos de ellos en horario corrido y otros de 9 a 12 y de 15 a 18. Los centros disponibles están en barrio San Lorenzo, Alto Verde, Villa Hipódromo, Yapeyú, en el Centro Integrador Comunitario de Facundo Zuviría, en el Samco de barrio El Pozo, en el Hospital Sayago, en Santo Tomé y Rincón. El personal del Área de Salud también trabaja en el transporte público y en la Terminal de Ómnibus, informando a pasajeros y choferes sobre medidas específicas de prevención en esos ámbitos. El Ministerio de Salud de la provincia dispuso una línea gratuita para consultas que funciona de 8 a 20: 0800-888-7579
Modos de prevención
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria.
- Evitar en lo posible los saludos con besos, tampoco dar la mano.
- No compartir vasos ni cubiertos.
- Ventilar y permitir la entrada de sol en todos los lugares cerrados.
- Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandas, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común.
- Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
- Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Limpiar las manos con alcohol.
- No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos.
- Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas.
La Gripe A se manifiesta de modo similar a cualquier otra enfermedad de las vías respiratorias con síntomas comunes, pero el microrganismo que la causa es diferente al de la gripe común. Los signos para sospechar:
- Fiebre mayor de 38° C
- Tos frecuente e intensa
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito
- Congestionamiento nasal
- Malestar general
¿Cómo se contagia?
De persona a persona a través de secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar) o por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa y hay más riesgo en lugares cerrados.
¿A quién consultar?
Para consultas médicas, desde el área de Salud del Nodo Santa Fe, se informó que además de los hospitales y centros de salud existentes, se abrieron nueve centros más que atienden sábados y domingos, algunos de ellos en horario corrido y otros de 9 a 12 y de 15 a 18. Los centros disponibles están en barrio San Lorenzo, Alto Verde, Villa Hipódromo, Yapeyú, en el Centro Integrador Comunitario de Facundo Zuviría, en el Samco de barrio El Pozo, en el Hospital Sayago, en Santo Tomé y Rincón. El personal del Área de Salud también trabaja en el transporte público y en la Terminal de Ómnibus, informando a pasajeros y choferes sobre medidas específicas de prevención en esos ámbitos. El Ministerio de Salud de la provincia dispuso una línea gratuita para consultas que funciona de 8 a 20: 0800-888-7579
Modos de prevención
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria.
- Evitar en lo posible los saludos con besos, tampoco dar la mano.
- No compartir vasos ni cubiertos.
- Ventilar y permitir la entrada de sol en todos los lugares cerrados.
- Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandas, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común.
- Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
- Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Limpiar las manos con alcohol.
- No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos.
- Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas.
La información es el mejor remedio
Gripe A: lo que hay que saber para identificar la enfermedad, las medidas preventivas que cada uno puede tomar y las acciones oficiales, el estado del sistema de salud, el impacto en la economía y el racconto de una crisis global.
Por Pilar Guala
¿Cómo se identifica? ¿Cómo se contagia? ¿A quién consultar? Modos de prevención
Por Pilar Guala
¿Cómo se identifica? ¿Cómo se contagia? ¿A quién consultar? Modos de prevención
La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 extremadamente contagioso, que además tiene el poder de mutar (cambiar). Afecta a personas de todas las edades y, en variaciones importantes del virus, suele causar complicaciones graves e incluso la muerte, frecuentemente en niños y ancianos. Esta información tan simple cómo básica, al igual que las recomendaciones médicas sobre cómo prevenir y tratar la enfermedad, se pueden encontrar hoy en todos los medios gráficos y audiovisuales del país. Sin embargo, hasta hace diez días, el eje informativo pasaba por otro lugar. Las elecciones legislativas del 28 de junio concentraron gran parte del espacio en los medios, dejando sólo para la Gripe A una grieta que luego mostró el aspecto más sombrío de la cuestión: las muertes.
Al momento de declarar como pandemia de grado 6 (moderada) a la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, sobre todo entre los jóvenes, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas.
Sin embargo, la OMS observó que la mayoría de los afectados se recuperan de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica y destacó que la gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 en los distintos países parece similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
Pasadas las elecciones, el panorama se complicó aún más. Los mensajes cruzados confundieron a los ciudadanos, que corrieron a abastecerse de barbijos y alcohol en gel sin saber siquiera si servían para protegerse y, en tal caso, de qué los protegerían. Ante el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), con una ministra de Salud debilitada y sin poder de decisión, el gobierno nacional adquirió mayor protagonismo y definió políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad.
El recién asumido Juan Manzur, discípulo del ex ministro de Salud Ginés González García, convocó a un nuevo encuentro del Cofesa esta semana, que dio mejores resultados que el anterior. La reunión sirvió para unificar los criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones conjuntas, con las carteras sanitarias de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más fluida y clara. Esto, que parece básico, no estaba resuelto al 29 de junio; hasta ese momento había cortocircuitos en la difusión de las medidas preventivas, con escuelas cerradas en algunas provincias y en funcionamiento en otras.
Al término de la reunión con sus pares de las provincias, el nuevo ministro de Salud reconoció que el 90% del virus que circula en el país es del tipo A (H1N1) y detalló además: “El 97% de los contagiados de enfermedades respiratorias tipo influenza tiene la nueva gripe”, aunque luego explicó que la gran mayoría, un 90%, es asintomático. La cifra inferida de la cantidad de pacientes contagiados es, hasta el lunes 6, de 105 mil. A esa fecha se habían registrado 60 muertes en todo el país, según detalló el funcionario.
Entre las medidas consensuadas, Manzur destacó que se medicarán a todos los que muestren signos de gripe: “Toda persona mayor de 15 años que presente síntomas, previa consulta con el médico, debe recibir tratamiento antiviral, ya que según los especialistas es el grupo más vulnerable, con mayor predisposición a tener el virus y enfermar”, puntualizó.
El gobierno nacional afirmó que tiene stock suficiente de antivirales que se suministrarán a los pacientes antes detallados. Para frenar el avance de la pandemia, el Estado ya repartió 300 mil tratamientos. La Organización Panamericana de la Salud envió otros 120 mil y desde este fin de semana estarían disponibles otros 500 mil.
PSICOSIS. En la conferencia de prensa, Manzur junto a los especialistas y ministros de Salud de todo el país, aprovechó para espantar algunos fantasmas, que con el paso de los días, aumentaban la incertidumbre de la sociedad.
En declaraciones a los medios porteños, Ginés González García respaldó la actual gestión nacional e indicó que es falso sostener que en la Argentina hay niveles de mortalidad por Gripe A superiores a los registrados en otros países. Luego señaló: “Cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las 60 personas reportadas hasta ahora no deben sorprender. Se trata de una mortandad baja, por lo que la población debe mantener la calma”.
Ante la insistencia de los periodistas sobre los números de víctimas, el ex ministro opinó: “Es absurdo que los medios informen cada día, cada hora y cada minuto sobre el número de víctimas, ya que, por caso, deberían hacerlo siempre con los muertos por complicaciones de la gripe tradicional”.
En Santa Fe, la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, también se percibió una suerte de psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación.
La viceministra de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, insistió en destacar que el distanciamiento social –evitar aglomeraciones en lugares cerrados y, en lo posible, también el contacto cercano– es la clave para que no se siga propagando el virus de la Gripe A. La funcionaria calificó como “positivo” el compromiso de la mayoría de la sociedad santafesina, aunque luego agregó que de todos modos “también uno percibe una sensación de sobrepánico, porque todo se mezcla”.
Los médicos se cansaron de repetir que el barbijo sirve para proteger a los demás de la enfermedad, por lo que sólo lo debe usar aquel que tenga síntomas y no quien esté sano. No sirve para prevenir, eso está y estuvo claro desde el principio; sin embargo en la calle se vio –y se siguen viendo– personas con barbijo.
“En algunos sectores, donde la construcción de la realidad social pasa más por el consumismo y la perspectiva individual, propio de las sociedades capitalistas, lo que más prende es una situación de pánico que no está justificada por los datos de la realidad. Acá no se trata de correr detrás del oseltamivir (antiviral de la gripe A) que me salve a mí, sino de construir una barrera social que le salve la vida a las personas”, reflexionó Ferrandini.
Ante una consulta sobre la evaluación que hacían del mensaje que se envió a la población y si esto permitió la concientización sobre normas de prevención, la viceministra de Salud respondió: “Nuestro mensaje está hecho sobre una base de observación de múltiples variables a nivel internacional. Pretendemos que la población lo conozca, lo acepte y se comprometa con ello. En ese sentido, la evaluación viene siendo positiva”.
Ferrandini justificó del siguiente modo la decisión del ministro Miguel Ángel Cappiello de suspender las clases en las dos semanas previas al receso de invierno: “La decisión del Estado fue determinante; tras eso me parece que la gente ha agendado el problema de otra manera. Además estamos teniendo el compromiso de presidentes comunales, hasta de empresarios, asociaciones culturales, deportivas y sociales, en sumarse a la suspensión de actividades para producir el distanciamiento social y construir una barrera. La actitud empieza a ser distinta y la celebro”.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia vienen advirtiendo sobre un pico de patologías estacionales propias del invierno que se registrarán en las próximas cuatro semanas. Por ello, y superpuesto a la Gripe A, se espera que recién una vez que pase la temporada invernal el sistema de salud recupere su capacidad operativa. “Después de que transcurra un mes o un mes y medio estaremos en una mejor situación como servicio de salud. Hoy estamos al momento anual crítico de los mismos”, agregó Ferrandini.
DE VIRUS A PANDEMIA. La existencia del nuevo virus, el H1N1, se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que, el 11 de junio último, la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. Esta valoración, según destacó la OMS, se basa en los datos científicos disponibles hasta el momento y en la información proporcionada por los Estados miembro acerca del impacto de la pandemia en sus sistemas de salud, en la sociedad y la economía.
“La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado” señaló la OMS, y agregó que el objetivo de todas las medidas que se adopten debe ser reducir el impacto de la pandemia en la sociedad y para eso, recomienda a la población que se informe, que busque fuentes de información fiables, entre ellas el Ministerio de Salud de cada país, para saber qué puede hacer para protegerse y mantenerse al día sobre la evolución de la pandemia.
Las autoridades mexicanas resolvieron en su momento cerrar por diez días todos los espacios que públicos y privados que posibilitaran la concentración de gente; se suspendieron las clases y toda la actividad social y económica. Con la enfermedad ya controlada, dos meses después, el ministro de Salud de México informó que la Gripe A le había costado al país más de 4.000 millones de dólares, lo que representa un 0,4% de su Producto Interno Bruto.
En la última jornada de la reunión internacional “Lecciones aprendidas de la influenza A H1N1”, a la que asisten ministros y responsables de sanidad de 50 países, el funcionario mexicano dijo que su país tiene garantizado el abasto de antivirales: una reserva de 2,4 millones de dosis para enfrentar las necesidades del próximo invierno, que comienza en diciembre. A pesar de las medidas rápidas y extremas que adoptó México, el virus provocó la muerte de 119 personas sobre un total de 9.028 casos. (La población es de 103 millones de personas; en la Argentina, de 40 millones).
Según la OMS, la pandemia ya provocó la muerte de 332 personas en 120 países, en los que se registraron 77.201 casos.
LA EXPERIENCIA MEXICANA. De paso por la Argentina, el médico infectólogo Alejandro Macías, titular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de México y uno de los principales coordinadores de la campaña contra la Gripe A en ese país, intercambió experiencias y observó cómo se está trabajando para atender los pacientes y evitar contagios.
Macías contó: “Estuve en los hospitales y me da la impresión de que se hizo una buena preparación. Lo que sí me parece es que la comunicación fluye con más dificultad en la Argentina que en México, pero es que el sistema político es muy diferente, es más fraccionado y el sistema médico argentino es mucho más fracturado que el de México. Es difícil emitir un juicio sobre si se hicieron bien las cosas y si se actuó a tiempo”.
El infectólogo consideró apropiado el cierre de las escuelas y la suspensión de actividades en espacios cerrados y agregó que, debido a la falta de antecedentes y conocimiento del virus, por ser nuevo, en su país se actúo sin medir demasiado las consecuencias que se generarían en otras dimensiones: “En México no se sabía qué iba a pasar y por eso tuvimos que hacer un gran sacrificio que costó mucho. Es muy difícil dar una cifra global de la enfermedad, igual que saber cuánto va a durar, porque no conocemos los canales históricos. Estamos ante algo nuevo y, por lo tanto, es muy difícil saberlo”.
De todos modos, el especialista opinó que sería positivo tomar la experiencia como parámetro: “En lo que afecta a la economía, hay que ir con un poco más de pie de plomo y evaluar provincia por provincia y actividad por actividad. Veo bien que no se cancele todo; no se puede pedir que todo el mundo haga el sacrificio que hizo México; en ese momento estuvo bien, pero ahora hay fundamentos científicos suficientes como para establecer que se debe apelar a la conducta de las personas, a su educación en la higiene y a que eviten los lugares muy concurridos como una responsabilidad personal”.
EL COSTO. El economista Mario Blejer escribió en Clarín sobre cómo la Gripe A afectará a la Argentina. “Si se prolonga la permanencia del virus, podría impactar entre 0,4% y 0,8 del producto bruto, pero todavía no se ven consecuencias importantes”. Otros economistas estiman que las pérdidas por la gripe A podrían llegar a los 10 mil millones de pesos por todo concepto, más del doble de lo pronosticado por Blejer.
En el país no se decidió el cierre de comercios ni de otros establecimientos privados; de allí que el impacto de la Gripe A en el mercado interno no se pueda aún estimar. Sin embargo, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos ya advirtieron una visible disminución.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, indicó ante la posibilidad hipotética de cierre de negocios: “El costo de una medida de esta naturaleza sería inmenso; hay servicios esenciales que no pueden frenarse”.
En el sector hotelero y gastronómico, los empresarios aseguraron que se registró una caída de más del 50%, mientras que desde la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros destacan que hubo una disminución del 60% en el pasaje de media distancia.
Claro que también hubo sectores que registraron un repunte en su actividad, como los rubros referidos a los productos de limpieza, los fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas de modo significativo, a tal punto que la venta de alcohol en gel se sextuplicó durante el último mes y los precios aumentaron en un 70%; pese a ello, igual se agotó el stock. Lo mismo ocurrió con los antivirales, en particular con el Tamiflú, nombre comercial del antiviral osetalmivir fabricado por el laboratorio Roche. Cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas, comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
Ante esta situación, el Cofesa resolvió que sólo se medicará a quienes tengan síntomas de gripe, pero con prescripción de un profesional en un efector público.
SITUACIÓN EN LA PROVINCIA. El Ministerio de Salud santafesino informó que las demandas de atención ascienden a 37.127 y de ellas 16.669 son atribuibles a enfermedades tipo influenza (ETI). Hay 471 casos confirmados por laboratorio y 22 fallecidos. De esas 22 muertes, 19 corresponden al Nodo Rosario, dos al Nodo Santa Fe y la otra a Venado Tuerto. (El registro corresponde a la información disponible hasta el 7 de julio).
“Del total de fallecidos, 16 presentaban factores de riesgo y seis no poseían registro de riesgo previo”, se aclara en el informe oficial. El parte también consigna: “Todos tienen confirmación virológica Gripe A (H1N1) y que las edades van desde los 11 meses a los 59 años, siendo el promedio de 46 años, perteneciendo 13 al sexo femenino y nueve al masculino”.
El escrito indica que en la última semana se apreció una baja en las consultas externas en centros de salud y guardias hospitalarias, mientras que en el mismo lapso ascendieron las internaciones: de 30 mil demandas de atención –entre consultas externas, guardias e internaciones en toda la provincia– 13 mil poseen diagnóstico de enfermedades tipo influenza.
LOS FONDOS, LAS DEMORAS Y LA TECNOLOGÍA. El Ministerio de Salud de la provincia recibió recién esta semana 3.800.000 pesos prometidos por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, antes de su partida, para poder afrontar la crisis sanitaria. En la última reunión del Cofesa, el ministro Miguel Ángel Cappiello solicitó a la Nación que envíe más fondos a las provincias para combatir la Gripe A y que se cambie el protocolo de atención para comenzar a medicar a todo paciente con síntomas.
El funcionario informó que llegaron algunos elementos pero que son insuficientes: “Necesitamos ayuda del gobierno nacional en lo que tiene que ver con insumos y dinero para afrontar gastos de recursos humanos”, en particular, para pagarle al personal convocado para reforzar el área sanitaria en el marco de la pandemia (horas extras, reemplazos por ausentismo y refuerzos). Cappiello afirmó que aún no está determinado qué porcentaje se destinará a la provincia de los 1.000 millones que el nuevo ministro de Salud anunció y que serán reasignados desde la Jefatura de Gabinete para hacer frente a la pandemia.
En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino resolvió invertir 33 mil dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
(Casi) todo suspendido
- La primera disposición consensuada entre los ministerios de Educación y Salud fue el cierre de las escuelas hasta el fin del receso invernal. Lo propio hicieron, luego, las universidades y los institutos terciarios.
- Acto seguido, el gobernador Binner resolvió conceder licencia con goce de haberes a los agentes de mayor riesgo a contraer el virus hasta el 17 de julio, y a eso se sumó la posterior disposición, que establece que hasta el 31 de agosto las enfermedades cortas no se considerarán como ausentismo laboral en el ámbito de la administración pública provincial.
- La Corte Suprema de la Provincia adelantó la feria judicial de invierno por lo que no hay actividad hasta el lunes 27 de julio.
- La Legislatura aprobó la declaración de la Emergencia Sanitaria en la provincia por un término de 90 días y resolvió, a pedido del Ejecutivo, postergar hasta el 2 de agosto las elecciones primarias previstas para el 5 de julio (las generales del 6 de septiembre pasan para el 27 del mismo mes).
- También se suspendió toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones con excepción de campañas vinculadas a las políticas de salud e información relacionada con la votación.
- En la ciudad se suspendió la prestación de servicios hasta el 14 de julio para los agentes municipales que presenten cuadros gripales o constituyan factores de riesgo, a fin de que puedan permanecer en sus hogares sin que se afecte su salario.
- Con respecto a los comedores municipales, se está entregando viandas para su consumo en cada domicilio, al igual que en los comedores escolares, respetando los horarios asignados en cada institución para evitar el aglutinamiento.
- Las autoridades de la Lotería de Santa Fe cerraron los casinos de Santa Fe y Melincué, que a pesar de las recomendaciones médicas tuvieron sus salas llenas durante las últimas semanas.
- La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales resolvió suspender en forma total las obras de teatro. La medida regirá hasta el 17 de julio, y abarcará la totalidad de los espectáculos sobre tablas en todo el país. Según expresó el presidente de la asociación, Carlos Rottemberg, en los últimos días hubo un 80% menos de gente. “El público nos esta mandando una señal y respondemos a esa señal”, justificó.
- Las autoridades de la provincia siguen aconsejando evitar los eventos en espacios cerrados, pero reconocen que sólo puede desobligar o suspender las actividades públicas y no las privadas.
- La Secretaría de Cultura de la ciudad suspendió todas las actividades programadas en el Teatro Municipal 1° de Mayo, museos, Centro Cultural Municipal, Centro Experimental del Color y la Estación Belgrano.
- También se suspendieron las colonias de vacaciones municipales y todas las actividades deportivas en lugares cerrados, ya sean vecinales o clubes.
- En medio de tanta nada, el fútbol volvió a dar la nota, como si fuese una isla y no parte del mismo país que atraviesa la fase más complicada de una pandemia internacional. El fin de semana Colón llenó la cancha para despedir, ante Boca, el torneo Clausura; en Buenos Aires, Vélez y Huracán disputaron la final con un marco inusual: policías con barbijo en los accesos y miles de hinchas en las tribunas con los colores de su equipo pintados... en sus barbijos.
Al momento de declarar como pandemia de grado 6 (moderada) a la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, sobre todo entre los jóvenes, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas.
Sin embargo, la OMS observó que la mayoría de los afectados se recuperan de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica y destacó que la gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 en los distintos países parece similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
Pasadas las elecciones, el panorama se complicó aún más. Los mensajes cruzados confundieron a los ciudadanos, que corrieron a abastecerse de barbijos y alcohol en gel sin saber siquiera si servían para protegerse y, en tal caso, de qué los protegerían. Ante el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), con una ministra de Salud debilitada y sin poder de decisión, el gobierno nacional adquirió mayor protagonismo y definió políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad.
El recién asumido Juan Manzur, discípulo del ex ministro de Salud Ginés González García, convocó a un nuevo encuentro del Cofesa esta semana, que dio mejores resultados que el anterior. La reunión sirvió para unificar los criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones conjuntas, con las carteras sanitarias de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más fluida y clara. Esto, que parece básico, no estaba resuelto al 29 de junio; hasta ese momento había cortocircuitos en la difusión de las medidas preventivas, con escuelas cerradas en algunas provincias y en funcionamiento en otras.
Al término de la reunión con sus pares de las provincias, el nuevo ministro de Salud reconoció que el 90% del virus que circula en el país es del tipo A (H1N1) y detalló además: “El 97% de los contagiados de enfermedades respiratorias tipo influenza tiene la nueva gripe”, aunque luego explicó que la gran mayoría, un 90%, es asintomático. La cifra inferida de la cantidad de pacientes contagiados es, hasta el lunes 6, de 105 mil. A esa fecha se habían registrado 60 muertes en todo el país, según detalló el funcionario.
Entre las medidas consensuadas, Manzur destacó que se medicarán a todos los que muestren signos de gripe: “Toda persona mayor de 15 años que presente síntomas, previa consulta con el médico, debe recibir tratamiento antiviral, ya que según los especialistas es el grupo más vulnerable, con mayor predisposición a tener el virus y enfermar”, puntualizó.
El gobierno nacional afirmó que tiene stock suficiente de antivirales que se suministrarán a los pacientes antes detallados. Para frenar el avance de la pandemia, el Estado ya repartió 300 mil tratamientos. La Organización Panamericana de la Salud envió otros 120 mil y desde este fin de semana estarían disponibles otros 500 mil.
PSICOSIS. En la conferencia de prensa, Manzur junto a los especialistas y ministros de Salud de todo el país, aprovechó para espantar algunos fantasmas, que con el paso de los días, aumentaban la incertidumbre de la sociedad.
En declaraciones a los medios porteños, Ginés González García respaldó la actual gestión nacional e indicó que es falso sostener que en la Argentina hay niveles de mortalidad por Gripe A superiores a los registrados en otros países. Luego señaló: “Cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las 60 personas reportadas hasta ahora no deben sorprender. Se trata de una mortandad baja, por lo que la población debe mantener la calma”.
Ante la insistencia de los periodistas sobre los números de víctimas, el ex ministro opinó: “Es absurdo que los medios informen cada día, cada hora y cada minuto sobre el número de víctimas, ya que, por caso, deberían hacerlo siempre con los muertos por complicaciones de la gripe tradicional”.
En Santa Fe, la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, también se percibió una suerte de psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación.
La viceministra de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, insistió en destacar que el distanciamiento social –evitar aglomeraciones en lugares cerrados y, en lo posible, también el contacto cercano– es la clave para que no se siga propagando el virus de la Gripe A. La funcionaria calificó como “positivo” el compromiso de la mayoría de la sociedad santafesina, aunque luego agregó que de todos modos “también uno percibe una sensación de sobrepánico, porque todo se mezcla”.
Los médicos se cansaron de repetir que el barbijo sirve para proteger a los demás de la enfermedad, por lo que sólo lo debe usar aquel que tenga síntomas y no quien esté sano. No sirve para prevenir, eso está y estuvo claro desde el principio; sin embargo en la calle se vio –y se siguen viendo– personas con barbijo.
“En algunos sectores, donde la construcción de la realidad social pasa más por el consumismo y la perspectiva individual, propio de las sociedades capitalistas, lo que más prende es una situación de pánico que no está justificada por los datos de la realidad. Acá no se trata de correr detrás del oseltamivir (antiviral de la gripe A) que me salve a mí, sino de construir una barrera social que le salve la vida a las personas”, reflexionó Ferrandini.
Ante una consulta sobre la evaluación que hacían del mensaje que se envió a la población y si esto permitió la concientización sobre normas de prevención, la viceministra de Salud respondió: “Nuestro mensaje está hecho sobre una base de observación de múltiples variables a nivel internacional. Pretendemos que la población lo conozca, lo acepte y se comprometa con ello. En ese sentido, la evaluación viene siendo positiva”.
Ferrandini justificó del siguiente modo la decisión del ministro Miguel Ángel Cappiello de suspender las clases en las dos semanas previas al receso de invierno: “La decisión del Estado fue determinante; tras eso me parece que la gente ha agendado el problema de otra manera. Además estamos teniendo el compromiso de presidentes comunales, hasta de empresarios, asociaciones culturales, deportivas y sociales, en sumarse a la suspensión de actividades para producir el distanciamiento social y construir una barrera. La actitud empieza a ser distinta y la celebro”.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia vienen advirtiendo sobre un pico de patologías estacionales propias del invierno que se registrarán en las próximas cuatro semanas. Por ello, y superpuesto a la Gripe A, se espera que recién una vez que pase la temporada invernal el sistema de salud recupere su capacidad operativa. “Después de que transcurra un mes o un mes y medio estaremos en una mejor situación como servicio de salud. Hoy estamos al momento anual crítico de los mismos”, agregó Ferrandini.
DE VIRUS A PANDEMIA. La existencia del nuevo virus, el H1N1, se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que, el 11 de junio último, la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. Esta valoración, según destacó la OMS, se basa en los datos científicos disponibles hasta el momento y en la información proporcionada por los Estados miembro acerca del impacto de la pandemia en sus sistemas de salud, en la sociedad y la economía.
“La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado” señaló la OMS, y agregó que el objetivo de todas las medidas que se adopten debe ser reducir el impacto de la pandemia en la sociedad y para eso, recomienda a la población que se informe, que busque fuentes de información fiables, entre ellas el Ministerio de Salud de cada país, para saber qué puede hacer para protegerse y mantenerse al día sobre la evolución de la pandemia.
Las autoridades mexicanas resolvieron en su momento cerrar por diez días todos los espacios que públicos y privados que posibilitaran la concentración de gente; se suspendieron las clases y toda la actividad social y económica. Con la enfermedad ya controlada, dos meses después, el ministro de Salud de México informó que la Gripe A le había costado al país más de 4.000 millones de dólares, lo que representa un 0,4% de su Producto Interno Bruto.
En la última jornada de la reunión internacional “Lecciones aprendidas de la influenza A H1N1”, a la que asisten ministros y responsables de sanidad de 50 países, el funcionario mexicano dijo que su país tiene garantizado el abasto de antivirales: una reserva de 2,4 millones de dosis para enfrentar las necesidades del próximo invierno, que comienza en diciembre. A pesar de las medidas rápidas y extremas que adoptó México, el virus provocó la muerte de 119 personas sobre un total de 9.028 casos. (La población es de 103 millones de personas; en la Argentina, de 40 millones).
Según la OMS, la pandemia ya provocó la muerte de 332 personas en 120 países, en los que se registraron 77.201 casos.
LA EXPERIENCIA MEXICANA. De paso por la Argentina, el médico infectólogo Alejandro Macías, titular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de México y uno de los principales coordinadores de la campaña contra la Gripe A en ese país, intercambió experiencias y observó cómo se está trabajando para atender los pacientes y evitar contagios.
Macías contó: “Estuve en los hospitales y me da la impresión de que se hizo una buena preparación. Lo que sí me parece es que la comunicación fluye con más dificultad en la Argentina que en México, pero es que el sistema político es muy diferente, es más fraccionado y el sistema médico argentino es mucho más fracturado que el de México. Es difícil emitir un juicio sobre si se hicieron bien las cosas y si se actuó a tiempo”.
El infectólogo consideró apropiado el cierre de las escuelas y la suspensión de actividades en espacios cerrados y agregó que, debido a la falta de antecedentes y conocimiento del virus, por ser nuevo, en su país se actúo sin medir demasiado las consecuencias que se generarían en otras dimensiones: “En México no se sabía qué iba a pasar y por eso tuvimos que hacer un gran sacrificio que costó mucho. Es muy difícil dar una cifra global de la enfermedad, igual que saber cuánto va a durar, porque no conocemos los canales históricos. Estamos ante algo nuevo y, por lo tanto, es muy difícil saberlo”.
De todos modos, el especialista opinó que sería positivo tomar la experiencia como parámetro: “En lo que afecta a la economía, hay que ir con un poco más de pie de plomo y evaluar provincia por provincia y actividad por actividad. Veo bien que no se cancele todo; no se puede pedir que todo el mundo haga el sacrificio que hizo México; en ese momento estuvo bien, pero ahora hay fundamentos científicos suficientes como para establecer que se debe apelar a la conducta de las personas, a su educación en la higiene y a que eviten los lugares muy concurridos como una responsabilidad personal”.
EL COSTO. El economista Mario Blejer escribió en Clarín sobre cómo la Gripe A afectará a la Argentina. “Si se prolonga la permanencia del virus, podría impactar entre 0,4% y 0,8 del producto bruto, pero todavía no se ven consecuencias importantes”. Otros economistas estiman que las pérdidas por la gripe A podrían llegar a los 10 mil millones de pesos por todo concepto, más del doble de lo pronosticado por Blejer.
En el país no se decidió el cierre de comercios ni de otros establecimientos privados; de allí que el impacto de la Gripe A en el mercado interno no se pueda aún estimar. Sin embargo, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos ya advirtieron una visible disminución.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, indicó ante la posibilidad hipotética de cierre de negocios: “El costo de una medida de esta naturaleza sería inmenso; hay servicios esenciales que no pueden frenarse”.
En el sector hotelero y gastronómico, los empresarios aseguraron que se registró una caída de más del 50%, mientras que desde la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros destacan que hubo una disminución del 60% en el pasaje de media distancia.
Claro que también hubo sectores que registraron un repunte en su actividad, como los rubros referidos a los productos de limpieza, los fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas de modo significativo, a tal punto que la venta de alcohol en gel se sextuplicó durante el último mes y los precios aumentaron en un 70%; pese a ello, igual se agotó el stock. Lo mismo ocurrió con los antivirales, en particular con el Tamiflú, nombre comercial del antiviral osetalmivir fabricado por el laboratorio Roche. Cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas, comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
Ante esta situación, el Cofesa resolvió que sólo se medicará a quienes tengan síntomas de gripe, pero con prescripción de un profesional en un efector público.
SITUACIÓN EN LA PROVINCIA. El Ministerio de Salud santafesino informó que las demandas de atención ascienden a 37.127 y de ellas 16.669 son atribuibles a enfermedades tipo influenza (ETI). Hay 471 casos confirmados por laboratorio y 22 fallecidos. De esas 22 muertes, 19 corresponden al Nodo Rosario, dos al Nodo Santa Fe y la otra a Venado Tuerto. (El registro corresponde a la información disponible hasta el 7 de julio).
“Del total de fallecidos, 16 presentaban factores de riesgo y seis no poseían registro de riesgo previo”, se aclara en el informe oficial. El parte también consigna: “Todos tienen confirmación virológica Gripe A (H1N1) y que las edades van desde los 11 meses a los 59 años, siendo el promedio de 46 años, perteneciendo 13 al sexo femenino y nueve al masculino”.
El escrito indica que en la última semana se apreció una baja en las consultas externas en centros de salud y guardias hospitalarias, mientras que en el mismo lapso ascendieron las internaciones: de 30 mil demandas de atención –entre consultas externas, guardias e internaciones en toda la provincia– 13 mil poseen diagnóstico de enfermedades tipo influenza.
LOS FONDOS, LAS DEMORAS Y LA TECNOLOGÍA. El Ministerio de Salud de la provincia recibió recién esta semana 3.800.000 pesos prometidos por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, antes de su partida, para poder afrontar la crisis sanitaria. En la última reunión del Cofesa, el ministro Miguel Ángel Cappiello solicitó a la Nación que envíe más fondos a las provincias para combatir la Gripe A y que se cambie el protocolo de atención para comenzar a medicar a todo paciente con síntomas.
El funcionario informó que llegaron algunos elementos pero que son insuficientes: “Necesitamos ayuda del gobierno nacional en lo que tiene que ver con insumos y dinero para afrontar gastos de recursos humanos”, en particular, para pagarle al personal convocado para reforzar el área sanitaria en el marco de la pandemia (horas extras, reemplazos por ausentismo y refuerzos). Cappiello afirmó que aún no está determinado qué porcentaje se destinará a la provincia de los 1.000 millones que el nuevo ministro de Salud anunció y que serán reasignados desde la Jefatura de Gabinete para hacer frente a la pandemia.
En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino resolvió invertir 33 mil dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
(Casi) todo suspendido
- La primera disposición consensuada entre los ministerios de Educación y Salud fue el cierre de las escuelas hasta el fin del receso invernal. Lo propio hicieron, luego, las universidades y los institutos terciarios.
- Acto seguido, el gobernador Binner resolvió conceder licencia con goce de haberes a los agentes de mayor riesgo a contraer el virus hasta el 17 de julio, y a eso se sumó la posterior disposición, que establece que hasta el 31 de agosto las enfermedades cortas no se considerarán como ausentismo laboral en el ámbito de la administración pública provincial.
- La Corte Suprema de la Provincia adelantó la feria judicial de invierno por lo que no hay actividad hasta el lunes 27 de julio.
- La Legislatura aprobó la declaración de la Emergencia Sanitaria en la provincia por un término de 90 días y resolvió, a pedido del Ejecutivo, postergar hasta el 2 de agosto las elecciones primarias previstas para el 5 de julio (las generales del 6 de septiembre pasan para el 27 del mismo mes).
- También se suspendió toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones con excepción de campañas vinculadas a las políticas de salud e información relacionada con la votación.
- En la ciudad se suspendió la prestación de servicios hasta el 14 de julio para los agentes municipales que presenten cuadros gripales o constituyan factores de riesgo, a fin de que puedan permanecer en sus hogares sin que se afecte su salario.
- Con respecto a los comedores municipales, se está entregando viandas para su consumo en cada domicilio, al igual que en los comedores escolares, respetando los horarios asignados en cada institución para evitar el aglutinamiento.
- Las autoridades de la Lotería de Santa Fe cerraron los casinos de Santa Fe y Melincué, que a pesar de las recomendaciones médicas tuvieron sus salas llenas durante las últimas semanas.
- La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales resolvió suspender en forma total las obras de teatro. La medida regirá hasta el 17 de julio, y abarcará la totalidad de los espectáculos sobre tablas en todo el país. Según expresó el presidente de la asociación, Carlos Rottemberg, en los últimos días hubo un 80% menos de gente. “El público nos esta mandando una señal y respondemos a esa señal”, justificó.
- Las autoridades de la provincia siguen aconsejando evitar los eventos en espacios cerrados, pero reconocen que sólo puede desobligar o suspender las actividades públicas y no las privadas.
- La Secretaría de Cultura de la ciudad suspendió todas las actividades programadas en el Teatro Municipal 1° de Mayo, museos, Centro Cultural Municipal, Centro Experimental del Color y la Estación Belgrano.
- También se suspendieron las colonias de vacaciones municipales y todas las actividades deportivas en lugares cerrados, ya sean vecinales o clubes.
- En medio de tanta nada, el fútbol volvió a dar la nota, como si fuese una isla y no parte del mismo país que atraviesa la fase más complicada de una pandemia internacional. El fin de semana Colón llenó la cancha para despedir, ante Boca, el torneo Clausura; en Buenos Aires, Vélez y Huracán disputaron la final con un marco inusual: policías con barbijo en los accesos y miles de hinchas en las tribunas con los colores de su equipo pintados... en sus barbijos.
Publicado en Pausa #40, 10 de julio de 2009
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