Estado, distribución del ingreso y lock out: la reaparición pública del “campo”, un sujeto social que se las trae.
Fue un año muy particular para los productores agropecuarios, sobre todo de granos y cereales. El 2008 empezó con un panorama que hacía a la actividad más rentable que nunca, con precios internacionales para la soja de más de 1.000 pesos la tonelada. Semejante nivel en los precios de estos commodities se debía, más allá de la demanda, a la especulación financiera que había apuntado sus dardos a los alimentos como fuente de ganancia, cuando el resto de las actividades ya mostraban signos de debilidad. Néstor Kirchner, al final de su mandato, dispuso una suba de las retenciones a las exportaciones de cereales, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones a la soja fueron llevadas en ese momento al 35%. El entonces presidente decía que los ingresos se trasladarían a sostener el consumo ante el proceso inflacionario que secaba de a poco los bolsillos argentinos, más allá de los aumentos de sueldos.
La cosa explotó en marzo, ya con Cristina en el poder, cuando el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno impulsó las retenciones móviles, que suponían una suba escalonada del derecho de exportación a medida que los precios internacionales aumentaran. En el caso de la soja, la célebre resolución 125, que llevaba la firma del entonces ministro de Economía Martín Lousteau, las elevaba del 35% al 44%. Y si el valor internacional de la tonelada superaba los 600 dólares, el derecho de exportación superaría el 50%. En el mundo rural la medida fue tomada como un golpe bajo: la resolución se conocía al mismo momento de la cosecha de la soja, a la que se llegaba luego de haber absorbido una escalada en el precio de los insumos. El conflicto entre el gobierno y los productores comenzó como un lock out más, pero adquirió tal magnitud que se extendió durante cuatro meses, con cortes de rutas que impidieron el tránsito y causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles. El país quedó paralizado durante un tercio del año. La ausencia de espacios institucionales para que el tema sean debatido sin que la disputa se traslade al espacio público y afecte la vida del resto de los argentinos, fue patente. Ambas posturas se radicalizaron hasta el absurdo, con actos, contra-actos, carpas verdes del campo, carpas K, el ex piquetero D’Elia tomando Plaza de Mayo, De Ángeli fingiendo una cuchillada frente al Congreso... una locura sin frenos a la que el voto “no positivo” en el Senado del hasta ese momento invisible vicepresidente Julio Cleto Cobos puso un momentáneo final.
Hoy, pocos después de aquella tragicomedia, en un escenario diferente, con los precios de las materias primas en descenso (la soja llegó a valer en Chicago menos 300 dólares), el gobierno anunció una baja en las retenciones al trigo y al maíz y ya se rumorea una baja en el derecho de exportación a la soja, de momento desmentida. Las vueltas de la cuestión: en todos los casos la baja hubiera sido mayor con la movilidad que la 125 ofrecía.
El gobierno nacional critica el monocultivo, pero no ha aplicado políticas que vayan en otro sentido. La gestión K en gran medida se ha sostenido con los ingresos de las retenciones al campo, un espacio donde mandan los pooles de siembra y los rentistas por sobre los campesinos. Quizás hasta que discurso y acción no vayan de la mano, las tormentas se seguirán sucediendo.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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viernes, 12 de diciembre de 2008
Una deuda atroz
Desnutrición y pobreza castigan a Santa Fe.
El hambre es siempre urgente. En la provincia de Santa Fe son seis mil los niños con desnutrición crónica. Y en la ciudad, el 70% de los menores de 18 años vive bajo la línea de la pobreza, según datos de María Claudia Albornoz, dirigente de barrio Chalet. Allí hay 19 menores de seis años, de bajo peso, mientras que 23 están en vigilancia. En Varadero Sarsotti hay 40 niños desnutridos, también menores de seis años, de los cuales 16 son agudos. En San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. Según el Poder Ejecutivo municipal, el 50% de los chicos santafesinos menores de 14 años vive en la pobreza. A la cifra de 70% se llega al agregar a aquellos que tienen entre 14 y 18.
“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad, se supone que los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos. En algunos casos, llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advirtió Albornoz.
Por el mes de mayo, una veintena de instituciones pusieron manos a la obra y comenzaron a debatir acerca del hambre. Se dio inicio a “una búsqueda creativa y colectiva de estrategias de acción”, para además “demandar soluciones a quienes tienen responsabilidad directa en las mismas”.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población-país es pobre”, pasó otra vez por esta provincia y esta ciudad. Alertaron que nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza y que la mitad son indigentes, que hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa y que el 45% de los pibes de la capital de Corrientes son desnutridos.La gran coincidencia entre varios sectores políticos y sociales indica tanto una falta como una incapacidad: en Santa Fe, una provincia rica y productiva, no puede haber hambre.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El hambre es siempre urgente. En la provincia de Santa Fe son seis mil los niños con desnutrición crónica. Y en la ciudad, el 70% de los menores de 18 años vive bajo la línea de la pobreza, según datos de María Claudia Albornoz, dirigente de barrio Chalet. Allí hay 19 menores de seis años, de bajo peso, mientras que 23 están en vigilancia. En Varadero Sarsotti hay 40 niños desnutridos, también menores de seis años, de los cuales 16 son agudos. En San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. Según el Poder Ejecutivo municipal, el 50% de los chicos santafesinos menores de 14 años vive en la pobreza. A la cifra de 70% se llega al agregar a aquellos que tienen entre 14 y 18.
“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad, se supone que los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos. En algunos casos, llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advirtió Albornoz.
Por el mes de mayo, una veintena de instituciones pusieron manos a la obra y comenzaron a debatir acerca del hambre. Se dio inicio a “una búsqueda creativa y colectiva de estrategias de acción”, para además “demandar soluciones a quienes tienen responsabilidad directa en las mismas”.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población-país es pobre”, pasó otra vez por esta provincia y esta ciudad. Alertaron que nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza y que la mitad son indigentes, que hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa y que el 45% de los pibes de la capital de Corrientes son desnutridos.La gran coincidencia entre varios sectores políticos y sociales indica tanto una falta como una incapacidad: en Santa Fe, una provincia rica y productiva, no puede haber hambre.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La ruta que nadie corta
Las autopistas líquidas, el medioambiente y el exilio de las vacas.
Tuvieron que hablar en Barcelona los ecologistas santafesinos para recordarnos que el modelo económico de la región –y que este año, quizá por primera vez, comenzó a ser discutido– tiene sus consecuencias sobre el medioambiente. Para el caso –durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza– hablaron de IIRSA: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, también conocida como el ALCA de las elites del Sur. Consiste en ampliar al máximo las posibilidades de transportar las materias extraídas de la naturaleza.
Más allá de las inversiones que dirigidas a multiplicar las rutas terrestres –la ampliación de la ruta 168, entre el Túnel y Santa Fe, es un ejemplo cabal–, IIRSA persigue la idea de contar con 400 kilómetros de ríos que se pretenden hacer totalmente navegables las 24 horas del día, todo el año. Por las autopistas líquidas ya circulan convoyes de hasta 20 bracazas.
Objetivo: reducir costos. Para ello, realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las que se incluyen enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación seca y construcción de puertos y obras de infraestructura en las riveras. En Rosario ya se hizo el dragado, por ejemplo. El principal cuestionamiento es que no se realizan los necesarios estudios de impacto: el dragado habría producido el derrumbe de viviendas de las costas, como se vio hace algunos años en la ciudad del sur provincial, con saldos fatales.
La ONG santafesina Proteger organizó un taller en Barcelona, donde se abordó la problemática desde la perspectiva de los “impactos sociales y ambientales” de estas obras; advirtieron que casi siempre se procede sin consultar a las comunidades locales. Agregaron: que los trabajos “amenazan ambientes irremplazables con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas, para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades”. Por las aguas del río Paraná navegan los granos cosechados en la región que abastecen la incipiente industria de los biocombustibles, cuyo desarrollo descontrolado amenaza –según remarcan los entendidos– la seguridad alimentaria de quienes habitamos estas tierras.
“Nos enfrentamos a una competencia entre los 800 millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir. Los supermercados y las estaciones de servicio ahora compiten por los mismos recursos”, señaló en su momento Lester Brown, fundador del instituto World Watch. La alusión es obvia: habla del panorama que se abrió con la fiebre del biocombustible. La superficie dedicada a la soja lo corrobora: se duplicó en apenas cuatro años. No fue gratuito, en casi ningún sentido del término; a las más conocidas derivaciones de la expansión también puede sumarse el desplazamiento de ganado a las islas: en las ubicadas entre Entre Ríos y Santa Fe hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos. Es el 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino del país, 50 millones.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Tuvieron que hablar en Barcelona los ecologistas santafesinos para recordarnos que el modelo económico de la región –y que este año, quizá por primera vez, comenzó a ser discutido– tiene sus consecuencias sobre el medioambiente. Para el caso –durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza– hablaron de IIRSA: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, también conocida como el ALCA de las elites del Sur. Consiste en ampliar al máximo las posibilidades de transportar las materias extraídas de la naturaleza.
Más allá de las inversiones que dirigidas a multiplicar las rutas terrestres –la ampliación de la ruta 168, entre el Túnel y Santa Fe, es un ejemplo cabal–, IIRSA persigue la idea de contar con 400 kilómetros de ríos que se pretenden hacer totalmente navegables las 24 horas del día, todo el año. Por las autopistas líquidas ya circulan convoyes de hasta 20 bracazas.
Objetivo: reducir costos. Para ello, realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las que se incluyen enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación seca y construcción de puertos y obras de infraestructura en las riveras. En Rosario ya se hizo el dragado, por ejemplo. El principal cuestionamiento es que no se realizan los necesarios estudios de impacto: el dragado habría producido el derrumbe de viviendas de las costas, como se vio hace algunos años en la ciudad del sur provincial, con saldos fatales.
La ONG santafesina Proteger organizó un taller en Barcelona, donde se abordó la problemática desde la perspectiva de los “impactos sociales y ambientales” de estas obras; advirtieron que casi siempre se procede sin consultar a las comunidades locales. Agregaron: que los trabajos “amenazan ambientes irremplazables con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas, para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades”. Por las aguas del río Paraná navegan los granos cosechados en la región que abastecen la incipiente industria de los biocombustibles, cuyo desarrollo descontrolado amenaza –según remarcan los entendidos– la seguridad alimentaria de quienes habitamos estas tierras.
“Nos enfrentamos a una competencia entre los 800 millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir. Los supermercados y las estaciones de servicio ahora compiten por los mismos recursos”, señaló en su momento Lester Brown, fundador del instituto World Watch. La alusión es obvia: habla del panorama que se abrió con la fiebre del biocombustible. La superficie dedicada a la soja lo corrobora: se duplicó en apenas cuatro años. No fue gratuito, en casi ningún sentido del término; a las más conocidas derivaciones de la expansión también puede sumarse el desplazamiento de ganado a las islas: en las ubicadas entre Entre Ríos y Santa Fe hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos. Es el 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino del país, 50 millones.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El curso de una exigencia
Derecho al agua: ONGs locales quieren darle rango constitucional.
Este año la sequía golpeó fuerte el norte provincial. La población de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera debió ser asistida con agua de camiones cisternas y en la zona rural murieron 200 mil cabezas de ganado. Racionalizar el uso del recurso fue una de las premisas del gobierno al crear el ministerio de Aguas, además de garantizar el suministro a todos los santafesinos.
Hoy, 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas están en Santa Fe. En sintonía con el pueblo uruguayo, que cuenta desde 2004 con este derecho en su Carta Magna, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua de Santa Fe propuso durante el año no sólo modificar la ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de la provincia un artículo similar al del vecino país.
La Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) fue más allá y planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600.000 ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas. Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.En ese sentido, desde el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, anunciaron que el 12 de enero de 2009 se licitarán tres acueductos para suministrar agua potable de calidad a una gran cantidad de santafesinos del centro-sur provincial e informaron que ya están terminados los proyectos de nueve acueductos más para el resto de la provincia.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Este año la sequía golpeó fuerte el norte provincial. La población de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera debió ser asistida con agua de camiones cisternas y en la zona rural murieron 200 mil cabezas de ganado. Racionalizar el uso del recurso fue una de las premisas del gobierno al crear el ministerio de Aguas, además de garantizar el suministro a todos los santafesinos.
Hoy, 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas están en Santa Fe. En sintonía con el pueblo uruguayo, que cuenta desde 2004 con este derecho en su Carta Magna, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua de Santa Fe propuso durante el año no sólo modificar la ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de la provincia un artículo similar al del vecino país.
La Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) fue más allá y planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600.000 ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas. Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.En ese sentido, desde el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, anunciaron que el 12 de enero de 2009 se licitarán tres acueductos para suministrar agua potable de calidad a una gran cantidad de santafesinos del centro-sur provincial e informaron que ya están terminados los proyectos de nueve acueductos más para el resto de la provincia.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Los tecnohumanos
La web y una nueva forma de relacionarse.
¿Sabrán emos y floggers que sus estridentes teñidas, sus flequillos como baba y sus molleras paradas ya coronaban las testas de los personajes del original de Robotech, un animé de la década del 80?
El crecimiento exponencial de la conectividad prácticamente borró el recuerdo de cuando bajar una canción llevaba medio día. El mando tecnológico no sólo modela al capital y a los vaivenes productivos y laborales: toca cada intersticio de cotidianidad. Cualquier diva de secundaria de los 90 se hubiera extasiado con la idea de ser deseada, en una imagen, por un millón de sus pares; la propia experiencia de la juventud es inseparable de los nuevos dispositivos y de las brechas abismales entre cada modelo y lo que posibilita. La miríada de celulares, cámaras digitales y formas de ligarse a la red se corresponde punto por punto con la brecha social y, a la vez, la transfigura: los procesos de hibridación han vuelto nipones a los pibes de clase media y raperos a los de las villas.No es el viejo problema de la penetración cultural, sino cómo la tecnología ha llegado a ser una parte misma de nuestros cuerpos. Eso es lo que encarnan (y expresan) esas formas de vida juveniles. Eso es lo que hay que observar el día en que Internet permita transferir cualquier tipo de información en tiempo real. El día en que la conectividad absoluta sea un hecho.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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¿Sabrán emos y floggers que sus estridentes teñidas, sus flequillos como baba y sus molleras paradas ya coronaban las testas de los personajes del original de Robotech, un animé de la década del 80?
El crecimiento exponencial de la conectividad prácticamente borró el recuerdo de cuando bajar una canción llevaba medio día. El mando tecnológico no sólo modela al capital y a los vaivenes productivos y laborales: toca cada intersticio de cotidianidad. Cualquier diva de secundaria de los 90 se hubiera extasiado con la idea de ser deseada, en una imagen, por un millón de sus pares; la propia experiencia de la juventud es inseparable de los nuevos dispositivos y de las brechas abismales entre cada modelo y lo que posibilita. La miríada de celulares, cámaras digitales y formas de ligarse a la red se corresponde punto por punto con la brecha social y, a la vez, la transfigura: los procesos de hibridación han vuelto nipones a los pibes de clase media y raperos a los de las villas.No es el viejo problema de la penetración cultural, sino cómo la tecnología ha llegado a ser una parte misma de nuestros cuerpos. Eso es lo que encarnan (y expresan) esas formas de vida juveniles. Eso es lo que hay que observar el día en que Internet permita transferir cualquier tipo de información en tiempo real. El día en que la conectividad absoluta sea un hecho.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Avance, retroceso
Un triunfo del medioevo: la unión civil perdió estado parlamentario.
Salir del closet ya no es lo que era. Comenzó a aceptarse la diversidad de orientaciones sexuales y hasta se habla de una “discriminación positiva” cuando aparecen expresiones como gay friendly. Darse a conocer y poseer los mismos derechos civiles son los objetivos de quienes conforman el colectivo LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales).
Algunas conquistas ganaron terreno. Sin embargo, falta un marco legal que termine de otorgar igualdad para todos y todas. El proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas, redactado por las organizaciones con el apoyo de algunos diputados, regula y protege las uniones entre quienes convivan en trato familiar y no deseen o no puedan contraer matrimonio. La Unión Estable de Parejas –conocida como unión civil– se basa en el principio de no discriminación; de instituirse, podrán acceder todos los ciudadanos de la provincia, fuera de su sexo, orientación o identidad y expresión de género.
La asociación civil Vox es una organización que trabaja desde hace cinco años por los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales. Se creó en nuestra ciudad y en 2005 se extendió hacia Rosario. En junio, durante la marcha que conmemoró el Día de la Dignidad de gays, lesbianas y trans, los representantes de Vox auguraron: “Llegaron tiempos de cambio. Continuamos apostando a un cambio cultural; buscamos un lugar donde la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha es símbolo de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales, un cambio no sólo para el colectivo LGTTB, sino también en nuestra calidad democrática”. En aquella ocasión, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la adhesión del Inadi fueron traducidos por los militantes como una “mayor apertura desde el gobierno y sus entes”.
Silvina Sierra, de la organización de lesbianas feministas Las Diversas, también marcó la necesidad de darle tratamiento al proyecto de ley: “es importante que salga porque habrá mucha gente beneficiada; si no, para la ley no sos nada”. No obstante, indicó que si bien es importante la legislación, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con gays y lesbianas”.
Más allá de los apoyos, no todo fue un lecho de rosas. Las críticas religiosas sobre la unión civil se convirtieron en los primeros gestos en contra del cambio legislativo: un grupo –denominado Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos– dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se decía: “Pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia que pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre”.
Sin dar entidad a la reacción, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley. Finalmente, perdió estado parlamentario en el Senado por tercera vez: la Cámara Alta no la trató en la última sesión del año. La mayoría signada por “la vieja política” se hizo notar.Desde Vox anunciaron que volverán a presentar la iniciativa en 2009. “Queremos promover el debate con distintas organizaciones y asociaciones que protegen a la familia para que conozcan los verdaderos alcances de la ley, que sólo viene a reconocer un hecho existente”, señalaron. Concretamente, para demostrar que la ley –y sus creadores– tienen una deuda pendiente con ellos.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Salir del closet ya no es lo que era. Comenzó a aceptarse la diversidad de orientaciones sexuales y hasta se habla de una “discriminación positiva” cuando aparecen expresiones como gay friendly. Darse a conocer y poseer los mismos derechos civiles son los objetivos de quienes conforman el colectivo LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales).
Algunas conquistas ganaron terreno. Sin embargo, falta un marco legal que termine de otorgar igualdad para todos y todas. El proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas, redactado por las organizaciones con el apoyo de algunos diputados, regula y protege las uniones entre quienes convivan en trato familiar y no deseen o no puedan contraer matrimonio. La Unión Estable de Parejas –conocida como unión civil– se basa en el principio de no discriminación; de instituirse, podrán acceder todos los ciudadanos de la provincia, fuera de su sexo, orientación o identidad y expresión de género.
La asociación civil Vox es una organización que trabaja desde hace cinco años por los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales. Se creó en nuestra ciudad y en 2005 se extendió hacia Rosario. En junio, durante la marcha que conmemoró el Día de la Dignidad de gays, lesbianas y trans, los representantes de Vox auguraron: “Llegaron tiempos de cambio. Continuamos apostando a un cambio cultural; buscamos un lugar donde la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha es símbolo de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales, un cambio no sólo para el colectivo LGTTB, sino también en nuestra calidad democrática”. En aquella ocasión, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la adhesión del Inadi fueron traducidos por los militantes como una “mayor apertura desde el gobierno y sus entes”.
Silvina Sierra, de la organización de lesbianas feministas Las Diversas, también marcó la necesidad de darle tratamiento al proyecto de ley: “es importante que salga porque habrá mucha gente beneficiada; si no, para la ley no sos nada”. No obstante, indicó que si bien es importante la legislación, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con gays y lesbianas”.
Más allá de los apoyos, no todo fue un lecho de rosas. Las críticas religiosas sobre la unión civil se convirtieron en los primeros gestos en contra del cambio legislativo: un grupo –denominado Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos– dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se decía: “Pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia que pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre”.
Sin dar entidad a la reacción, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley. Finalmente, perdió estado parlamentario en el Senado por tercera vez: la Cámara Alta no la trató en la última sesión del año. La mayoría signada por “la vieja política” se hizo notar.Desde Vox anunciaron que volverán a presentar la iniciativa en 2009. “Queremos promover el debate con distintas organizaciones y asociaciones que protegen a la familia para que conozcan los verdaderos alcances de la ley, que sólo viene a reconocer un hecho existente”, señalaron. Concretamente, para demostrar que la ley –y sus creadores– tienen una deuda pendiente con ellos.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Derecho ganado
Las tierras de los aborígenes en conflicto.
Hacia mediados de año, el Concejo Municipal de Recreo reflotó una vieja idea del senador Juan Carlos Mercier y puso en marcha un proceso que, auque fracasó finalmente, bastó para dejar entrever que hay heridas que son difíciles de cerrar. En este caso, una herida que lleva abierta más de cinco siglos.
El conflicto empezó con un llamado a consulta popular impulsado por el cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, siguió con el rechazo de vastos sectores sociales y políticos y acabó sepultado por disposición del Ejecutivo provincial. Había en juego 180 hectáreas de un predio de 327, propiedad de la comunidad Mocoví de Recreo.
El 7 de julio el Concejo de la vecina localidad había sancionado una ordenanza que disponía la realización de una consulta popular para que los vecinos elijan si esas 180 hectáreas debían seguir en manos de la comunidad Com Caia (en mocoví, “somos hermanos”) o destinarse a un parque industrial.
Ese era el objetivo de un proyecto impulsado, dos años atrás, por Mercier. La consulta nunca llegó a realizarse: la Municipalidad de Recreo la suspendió luego de que el Inadi denunciara que detrás de la movida se escondía un claro acto de discriminación. También el gobierno tomó nota y apuró la regularización de la propiedad de las tierras. En los últimos días de agosto se hizo la entrega oficial; por esa fecha la comunidad mocoví celebraba el año nuevo número 7410.
La demora en el cumplimiento de un viejo derecho (la ley 12.086, que determina la propiedad de los terrenos, es de 2002) no hizo mella en el ánimo de los mocovíes, que saludaron la decisión oficial. “Significa un acto de justicia”, les respondió el gobernador Hermes Binner en el acto de entrega. “Cada vez los sentimos más hermanos, cada vez más santafesinos”.Un problema parecido emergió entonces en el norte provincial. “Hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal”, disparó el ministro Bonfatti. Aludía a la ocupación de tierras aborígenes por parte de terratenientes en Garabato, Fortín Olmos y El Toba. La Fiscalía de Estado intervino y recuperó para las comunidades originarias un poco de las tierras que, alguna vez, fueron de nadie: o sea, de todos.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Hacia mediados de año, el Concejo Municipal de Recreo reflotó una vieja idea del senador Juan Carlos Mercier y puso en marcha un proceso que, auque fracasó finalmente, bastó para dejar entrever que hay heridas que son difíciles de cerrar. En este caso, una herida que lleva abierta más de cinco siglos.
El conflicto empezó con un llamado a consulta popular impulsado por el cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, siguió con el rechazo de vastos sectores sociales y políticos y acabó sepultado por disposición del Ejecutivo provincial. Había en juego 180 hectáreas de un predio de 327, propiedad de la comunidad Mocoví de Recreo.
El 7 de julio el Concejo de la vecina localidad había sancionado una ordenanza que disponía la realización de una consulta popular para que los vecinos elijan si esas 180 hectáreas debían seguir en manos de la comunidad Com Caia (en mocoví, “somos hermanos”) o destinarse a un parque industrial.
Ese era el objetivo de un proyecto impulsado, dos años atrás, por Mercier. La consulta nunca llegó a realizarse: la Municipalidad de Recreo la suspendió luego de que el Inadi denunciara que detrás de la movida se escondía un claro acto de discriminación. También el gobierno tomó nota y apuró la regularización de la propiedad de las tierras. En los últimos días de agosto se hizo la entrega oficial; por esa fecha la comunidad mocoví celebraba el año nuevo número 7410.
La demora en el cumplimiento de un viejo derecho (la ley 12.086, que determina la propiedad de los terrenos, es de 2002) no hizo mella en el ánimo de los mocovíes, que saludaron la decisión oficial. “Significa un acto de justicia”, les respondió el gobernador Hermes Binner en el acto de entrega. “Cada vez los sentimos más hermanos, cada vez más santafesinos”.Un problema parecido emergió entonces en el norte provincial. “Hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal”, disparó el ministro Bonfatti. Aludía a la ocupación de tierras aborígenes por parte de terratenientes en Garabato, Fortín Olmos y El Toba. La Fiscalía de Estado intervino y recuperó para las comunidades originarias un poco de las tierras que, alguna vez, fueron de nadie: o sea, de todos.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La reforma que no fue
Constructoras y pooles continúan exentos de Ingresos Brutos.
“Cuando nosotros planteamos la reforma tributaria no es porque se nos ocurrió, no es porque sabíamos que seguro íbamos a ganar. Era lo más probable que el Senado votara en contra, pero nosotros no podíamos dejar de plantear una mayor justicia contributiva para que haya una mejor democracia. Eso lo decimos en el programa y lo sustentamos con nuestra propuesta, aún sabiendo que iba al fracaso”, dijo el gobernador Hermes Binner para explicar la génesis que tuvo la pretendida modificación impositiva que el PJ desechó.
La decisión del justicialismo de tratar sobre tablas la iniciativa, para luego rechazarla, se sustentó en la hipótesis de que volver a cobrar Ingresos Brutos a las industrias con facturación superior a los seis millones de pesos, y a las constructoras con facturación mayor al millón de pesos, iba a desencadenar una fuga masiva de empresas afincadas en Santa Fe hacia otros distritos. Es decir, que se hubiera perdido en competitividad frente a las ventajas fiscales que seguirían ofreciendo provincias vecinas.
Pero además, el peronismo tampoco tuvo en cuenta ninguno de los puntos de la reforma, ni siquiera el retoque en las alícuotas del impuesto Inmobiliario –hace más de 14 años no se tocan–, que hubiera significado duplicar la coparticipación a los municipios y comunas de Santa Fe. Sin esa herramienta impositiva aprobada, ni ninguna otra, las arcas públicas de las localidades están exhaustas y cierran al límite de sus posibilidades financieras, con un panorama aún más complicado para el 2009.
Así, el Frente Progresista, Cívico y Social planteó, desde el plano ideológico, la necesidad de tener una reforma tributaria –más paga quien más gana– mientras que el Frente para la Victoria sólo concibió una lectura económica del asunto. Incluso, las complicaciones que trajo la crisis internacional se convirtieron en un argumento más de la oposición para justificar el rechazo del proyecto fiscal de Binner, al señalar que el aumento de la carga hubiera significado que muchas empresas bajen sus persianas. Sin embargo, Córdoba y Buenos Aires elevaron Ingresos Brutos a sus industrias y no se produjo la apocalíptica fuga.
En definitiva, el PJ se cerró frente a cualquier posibilidad de cambio en la estructura impositiva. Fideicomisos financieros y pooles de siembra sojeros seguirán exentos de pagar Ingresos Brutos y multinacionales como Cargill, General Motors, o las aceiteras, no pagarán ningún impuesto, además de continuar con grandes descuentos en sus facturas de la EPE.
En el juego de las desconfianzas, el oficialismo y la oposición no pudieron avanzar en ningún proyecto relacionado a la distribución de fondos a municipios y comunas y, el año que viene, habrá que esperar la buena voluntad de la Nación para que se amplíe la coparticipación a la provincia y, en cascada, a las localidades, algo que resulta casi utópico si se analiza el comportamiento fiscal del kirchnerismo. Por último, es casi un hecho que el Presupuesto 2009 no se votará este año y se deberá reconducir el Presupuesto 2008, porque el Frente Progresista supone que el PJ hará valer su mayoría en el Senado para desmembrar el plan de gestión de Binner, que sólo se podría ejecutar con el Cálculo de Gastos y Recursos a la medida de las intenciones del dirigente socialista.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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“Cuando nosotros planteamos la reforma tributaria no es porque se nos ocurrió, no es porque sabíamos que seguro íbamos a ganar. Era lo más probable que el Senado votara en contra, pero nosotros no podíamos dejar de plantear una mayor justicia contributiva para que haya una mejor democracia. Eso lo decimos en el programa y lo sustentamos con nuestra propuesta, aún sabiendo que iba al fracaso”, dijo el gobernador Hermes Binner para explicar la génesis que tuvo la pretendida modificación impositiva que el PJ desechó.
La decisión del justicialismo de tratar sobre tablas la iniciativa, para luego rechazarla, se sustentó en la hipótesis de que volver a cobrar Ingresos Brutos a las industrias con facturación superior a los seis millones de pesos, y a las constructoras con facturación mayor al millón de pesos, iba a desencadenar una fuga masiva de empresas afincadas en Santa Fe hacia otros distritos. Es decir, que se hubiera perdido en competitividad frente a las ventajas fiscales que seguirían ofreciendo provincias vecinas.
Pero además, el peronismo tampoco tuvo en cuenta ninguno de los puntos de la reforma, ni siquiera el retoque en las alícuotas del impuesto Inmobiliario –hace más de 14 años no se tocan–, que hubiera significado duplicar la coparticipación a los municipios y comunas de Santa Fe. Sin esa herramienta impositiva aprobada, ni ninguna otra, las arcas públicas de las localidades están exhaustas y cierran al límite de sus posibilidades financieras, con un panorama aún más complicado para el 2009.
Así, el Frente Progresista, Cívico y Social planteó, desde el plano ideológico, la necesidad de tener una reforma tributaria –más paga quien más gana– mientras que el Frente para la Victoria sólo concibió una lectura económica del asunto. Incluso, las complicaciones que trajo la crisis internacional se convirtieron en un argumento más de la oposición para justificar el rechazo del proyecto fiscal de Binner, al señalar que el aumento de la carga hubiera significado que muchas empresas bajen sus persianas. Sin embargo, Córdoba y Buenos Aires elevaron Ingresos Brutos a sus industrias y no se produjo la apocalíptica fuga.
En definitiva, el PJ se cerró frente a cualquier posibilidad de cambio en la estructura impositiva. Fideicomisos financieros y pooles de siembra sojeros seguirán exentos de pagar Ingresos Brutos y multinacionales como Cargill, General Motors, o las aceiteras, no pagarán ningún impuesto, además de continuar con grandes descuentos en sus facturas de la EPE.
En el juego de las desconfianzas, el oficialismo y la oposición no pudieron avanzar en ningún proyecto relacionado a la distribución de fondos a municipios y comunas y, el año que viene, habrá que esperar la buena voluntad de la Nación para que se amplíe la coparticipación a la provincia y, en cascada, a las localidades, algo que resulta casi utópico si se analiza el comportamiento fiscal del kirchnerismo. Por último, es casi un hecho que el Presupuesto 2009 no se votará este año y se deberá reconducir el Presupuesto 2008, porque el Frente Progresista supone que el PJ hará valer su mayoría en el Senado para desmembrar el plan de gestión de Binner, que sólo se podría ejecutar con el Cálculo de Gastos y Recursos a la medida de las intenciones del dirigente socialista.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Juntos, no amontonados
Diversos mecanismos de participación ciudadana se pusieron en marcha desde las esferas oficiales locales.
Si se tratara de una lección hacia la ciudadanía estaría más que aprendida y aprobada con una muy buena calificación: “la participación es un pilar de la pluralidad, de la capacidad de decisión y de la inclusión”.
Este año, tanto en la provincia como en la ciudad, se pusieron en marcha nuevos procesos que garantizan, o al menos habilitan, la incorporación de la opinión ciudadana. Por cierto, algunos de ellos poseen una impronta más inclusiva que otros. Se trata de las Asambleas Ciudadanas (en los cinco nodos en los que fue dividida la provincia), la Sesión Barrial en una escuela (por primera vez en la historia del Concejo Municipal santafesino, el cuerpo salió de su recinto), la Audiencia Pública (también estrenada en el marco de una discusión sin precedentes sobre el transporte público) y el Presupuesto Participativo (que ya tiene tres experiencias: Alto Verde, Nuevo Horizonte y Las Flores, impulsadas por el Ejecutivo Municipal).
Estos fueron los mecanismos que encontraron a la ciudadanía ávida de decir, involucrarse y ser atendida en sus problemas coyunturales y estructurales, nuevos y añejos. Los vecinos –a través de estos actos– manifestaron de forma contundente la necesidad de ser escuchados e incluidos en los debates y las decisiones.
Salvo la Audiencia Pública, el resto de los dispositivos se desarrolló en escuelas públicas. Como un modo de apoyo a la educación, estos ámbitos resultaron clave como escenario y, también, sirvieron para ensayar sanas costumbres cívicas con el alumnado, que en sobradas ocasiones respondió con creces. En el caso de la Sesión Barrial desarrollada en la Escuela nº 619 Julio Bello, “los chicos fueron los motores de toda la participación”, según la directora del establecimiento, Rosa Lezcano.
Un diagnóstico coincidente en todas las experiencias fue la falta de costumbre participativa. Sin embargo, el ímpetu de los ciudadanos para involucrarse, así sea a los ponchazos, pudo suplirlo. “La gente no está acostumbrada a este tipo de mecanismos, formas de trabajar y de participar con otros vecinos, en grupo o en comisiones, nos falta un poco de experiencia. En las asambleas esperábamos un poco más de gente, pero por diferentes motivos no se pudo acercar”, fue una de las conclusiones de Alejandro Scandroli, dirigente barrial de Nuevo Horizonte. Seguramente, la curiosidad y el interés habrán sido parte de la movilización de quienes participaron. La práctica cívica, con una fuerte impronta principiante, no estuvo ausente sino que fue bienvenida en todos los ámbitos de discusión, con el objetivo de construir pluralidad a través del diálogo. “Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”, se había animado a decir el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en ocasión de la segunda Asamblea Ciudadana en Santa Fe.
En todos los procesos, los participantes reconocieron la posibilidad brindada para expresarse. “Está bien participar, sino después no podés quejarte”, se escuchó en la Audiencia Pública por el transporte, cuya mezcla entre protestas y proposiciones fue notoria y llamativa. “La idea es que en este espacio de participación el vecino construya ciudadanía, aporte una mirada estratégica y urbana que sirva para el desarrollo del barrio”, afirmó Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal, en referencia a la Sesión Barrial.
A las claras está que la ciudadanía no sólo quiere participar sino también decidir. De hecho, una de las mayores quejas en la Audiencia Pública fue su carácter de no vinculante; la junta, que duró casi seis horas, tuvo como objeto debatir acerca de los colectivos en la ciudad.
La actual gestión provincial dejó en claro que lo que busca es material resultante de las asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial. Los funcionarios expresaron que es un proceso largo. Los ciudadanos aceptaron participar, pero dejaron en claro también que hay necesidades urgentes y que van por sus soluciones. “Cuanta más gente participe es más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo en un primer momento Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia.
Ni la participación concreta, ni el ánimo que la motiva, están en duda para cualquiera de estos actos que ponen a prueba o de manifiesto (depende del cristal con que se observe) la simpatía del ciudadano hacia el debate de temas que lo persiguen en su cotidianidad.
El viejo formato cede espacio a las nuevas presentaciones, la representación invita ahora a la participación, los viejos edificios prestan el escenario de las discusiones a las escuelas, los temas (al menos, algunos de ellos) ya no se discuten totalmente entre cuatro paredes. Los ciudadanos santafesinos comprenden perfectamente la diferencia entre participar libremente y quedarse fuera de la discusión por no aprovechar el turno de la palabra. Depende de la voluntad de cada uno.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Si se tratara de una lección hacia la ciudadanía estaría más que aprendida y aprobada con una muy buena calificación: “la participación es un pilar de la pluralidad, de la capacidad de decisión y de la inclusión”.
Este año, tanto en la provincia como en la ciudad, se pusieron en marcha nuevos procesos que garantizan, o al menos habilitan, la incorporación de la opinión ciudadana. Por cierto, algunos de ellos poseen una impronta más inclusiva que otros. Se trata de las Asambleas Ciudadanas (en los cinco nodos en los que fue dividida la provincia), la Sesión Barrial en una escuela (por primera vez en la historia del Concejo Municipal santafesino, el cuerpo salió de su recinto), la Audiencia Pública (también estrenada en el marco de una discusión sin precedentes sobre el transporte público) y el Presupuesto Participativo (que ya tiene tres experiencias: Alto Verde, Nuevo Horizonte y Las Flores, impulsadas por el Ejecutivo Municipal).
Estos fueron los mecanismos que encontraron a la ciudadanía ávida de decir, involucrarse y ser atendida en sus problemas coyunturales y estructurales, nuevos y añejos. Los vecinos –a través de estos actos– manifestaron de forma contundente la necesidad de ser escuchados e incluidos en los debates y las decisiones.
Salvo la Audiencia Pública, el resto de los dispositivos se desarrolló en escuelas públicas. Como un modo de apoyo a la educación, estos ámbitos resultaron clave como escenario y, también, sirvieron para ensayar sanas costumbres cívicas con el alumnado, que en sobradas ocasiones respondió con creces. En el caso de la Sesión Barrial desarrollada en la Escuela nº 619 Julio Bello, “los chicos fueron los motores de toda la participación”, según la directora del establecimiento, Rosa Lezcano.
Un diagnóstico coincidente en todas las experiencias fue la falta de costumbre participativa. Sin embargo, el ímpetu de los ciudadanos para involucrarse, así sea a los ponchazos, pudo suplirlo. “La gente no está acostumbrada a este tipo de mecanismos, formas de trabajar y de participar con otros vecinos, en grupo o en comisiones, nos falta un poco de experiencia. En las asambleas esperábamos un poco más de gente, pero por diferentes motivos no se pudo acercar”, fue una de las conclusiones de Alejandro Scandroli, dirigente barrial de Nuevo Horizonte. Seguramente, la curiosidad y el interés habrán sido parte de la movilización de quienes participaron. La práctica cívica, con una fuerte impronta principiante, no estuvo ausente sino que fue bienvenida en todos los ámbitos de discusión, con el objetivo de construir pluralidad a través del diálogo. “Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”, se había animado a decir el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en ocasión de la segunda Asamblea Ciudadana en Santa Fe.
En todos los procesos, los participantes reconocieron la posibilidad brindada para expresarse. “Está bien participar, sino después no podés quejarte”, se escuchó en la Audiencia Pública por el transporte, cuya mezcla entre protestas y proposiciones fue notoria y llamativa. “La idea es que en este espacio de participación el vecino construya ciudadanía, aporte una mirada estratégica y urbana que sirva para el desarrollo del barrio”, afirmó Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal, en referencia a la Sesión Barrial.
A las claras está que la ciudadanía no sólo quiere participar sino también decidir. De hecho, una de las mayores quejas en la Audiencia Pública fue su carácter de no vinculante; la junta, que duró casi seis horas, tuvo como objeto debatir acerca de los colectivos en la ciudad.
La actual gestión provincial dejó en claro que lo que busca es material resultante de las asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial. Los funcionarios expresaron que es un proceso largo. Los ciudadanos aceptaron participar, pero dejaron en claro también que hay necesidades urgentes y que van por sus soluciones. “Cuanta más gente participe es más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo en un primer momento Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia.
Ni la participación concreta, ni el ánimo que la motiva, están en duda para cualquiera de estos actos que ponen a prueba o de manifiesto (depende del cristal con que se observe) la simpatía del ciudadano hacia el debate de temas que lo persiguen en su cotidianidad.
El viejo formato cede espacio a las nuevas presentaciones, la representación invita ahora a la participación, los viejos edificios prestan el escenario de las discusiones a las escuelas, los temas (al menos, algunos de ellos) ya no se discuten totalmente entre cuatro paredes. Los ciudadanos santafesinos comprenden perfectamente la diferencia entre participar libremente y quedarse fuera de la discusión por no aprovechar el turno de la palabra. Depende de la voluntad de cada uno.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El dedo que reparte
Aportes del Tesoro Nacional: todo igual.
Se va el año y entre algunas de las postales de la política argentina está la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional: los ya clásicos ATN. En la versión 2008 de la conocida puja política por los millonarios fondos que ayudan a disciplinar intendentes y presidentes comunales o que pagan con creces los apoyos al gobierno central, Santa Fe no escapó a la lógica: una lógica con la cual la administración kirchnerista profundizó la distribución de dineros que sólo llegan a pueblos y ciudades gobernadas por el justicialismo o aliados al momento de la repartija.
Esta vez el caso fue más o menos así: la provincia recibió en los primeros 11 meses del año que se termina alrededor de 5,7 millones de pesos en concepto de ATN que distribuyó –así lo exigió la Nación– en 100 localidades, pero de ese dinero apenas 280 mil pesos fueron a parar a pueblos con autoridades del radicalismo, partido que forma parte del Frente Progresista.
La evidente discrecionalidad no es motivo de sospechas para el jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le restó importancia a la situación al decir que “son montos pequeños” que llegaron a cada gobierno local (en algunos casos los ATN fueron de 200 mil pesos) y que los recibieron aquellos que hicieron el pedido formal al Ministerio del Interior. Algo no muy llamativo, por cierto.
En cambio, el hermano de Agustín (también diputado nacional ultrakirchnerista) Alejandro Rossi tiene otra mirada sobre el reparto de los fondos. El legislador admitió hace dos meses: “Es llamativo, a mí me llama la atención”, en relación a cómo la Nación envía los ATN a la provincia: mayormente a localidades de signo K.
Sin embargo, nada cambió en la Casa Rosada.
Hermes Binner criticó la forma de distribución de ATN, porque además recordó que la provincia contribuye en alrededor de 95 millones de pesos anuales para la conformación del mencionado fondo.Pero más allá de la preferencia por municipios y comunas del PJ, hay otro tema que ningún dirigente kirchnerista puede explicar: hasta el momento apenas llegó a la provincia algo más del 5% de los recursos que se aportan desde suelo santafesino: lo otro se lo queda la Nación. El dedo del poder.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Se va el año y entre algunas de las postales de la política argentina está la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional: los ya clásicos ATN. En la versión 2008 de la conocida puja política por los millonarios fondos que ayudan a disciplinar intendentes y presidentes comunales o que pagan con creces los apoyos al gobierno central, Santa Fe no escapó a la lógica: una lógica con la cual la administración kirchnerista profundizó la distribución de dineros que sólo llegan a pueblos y ciudades gobernadas por el justicialismo o aliados al momento de la repartija.
Esta vez el caso fue más o menos así: la provincia recibió en los primeros 11 meses del año que se termina alrededor de 5,7 millones de pesos en concepto de ATN que distribuyó –así lo exigió la Nación– en 100 localidades, pero de ese dinero apenas 280 mil pesos fueron a parar a pueblos con autoridades del radicalismo, partido que forma parte del Frente Progresista.
La evidente discrecionalidad no es motivo de sospechas para el jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le restó importancia a la situación al decir que “son montos pequeños” que llegaron a cada gobierno local (en algunos casos los ATN fueron de 200 mil pesos) y que los recibieron aquellos que hicieron el pedido formal al Ministerio del Interior. Algo no muy llamativo, por cierto.
En cambio, el hermano de Agustín (también diputado nacional ultrakirchnerista) Alejandro Rossi tiene otra mirada sobre el reparto de los fondos. El legislador admitió hace dos meses: “Es llamativo, a mí me llama la atención”, en relación a cómo la Nación envía los ATN a la provincia: mayormente a localidades de signo K.
Sin embargo, nada cambió en la Casa Rosada.
Hermes Binner criticó la forma de distribución de ATN, porque además recordó que la provincia contribuye en alrededor de 95 millones de pesos anuales para la conformación del mencionado fondo.Pero más allá de la preferencia por municipios y comunas del PJ, hay otro tema que ningún dirigente kirchnerista puede explicar: hasta el momento apenas llegó a la provincia algo más del 5% de los recursos que se aportan desde suelo santafesino: lo otro se lo queda la Nación. El dedo del poder.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una corporación que resiste
El nuevo Código Penal y la vieja impunidad: vaivenes en la Justicia.
El año que se va deja un sabor agridulce en el ámbito judicial santafesino. La marcada voluntad de cambiar viejas formas –expresada, sobre todo, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal– se chocó de nariz contra la resistencia de ciertos sectores enquistados en una estructura conservadora.
Ya el 2007 había arrojado un saldo similar: por un lado la sanción del nuevo Código, por otro el nombramiento, a última hora y apelando a un método que ya no tenía consenso, de una treintena de jueces. Fue uno de los últimos actos de gobierno de Jorge Obeid, avalado por la vieja Legislatura de la mayoría automática peronista. Antes, y quizás como símbolo de un sistema que se opone a los cambios, la designación de Agustín Bassó había disparado una memorable polémica: no sólo porque el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial entonó las estrofas de “Resistiré” –ineludible alusión a lo que se venía: Hermes Binner ya había sido ungido gobernador y el PJ se aprestaba a dejar el Ejecutivo tras 24 años– sino también porque Bassó se permitió bromear, ante los legisladores, sobre los secuestros de la dictadura.
El 2008 encontró al nuevo gobernador visitando a los inundados en Plaza de Mayo. Ese gesto, repetido el 29 de abril, no tuvo ningún eco en Tribunales. O sí, uno mínimo: la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia ocurrida en la capital provincial fue elevada a juicio, ya con nuevo fiscal. Nada más ocurrió, salvo las recurrentes denegatorias de la Corte provincial a los pedidos del actor civil para que Carlos Reutemann tenga el decoro de aclarar lo que deba aclarar ante la Justicia. También la Corte nacional rechazó un pedido similar, pero argumentando que las instancias en los tribunales santafesinos no están, todavía, agotadas.
Binner había tenido otro gesto apenas iniciado su mandato: se entrevistó con los familiares de las víctimas de la represión de 2001. Pero tampoco ese hecho repercutió en la Justicia, otrora tan atenta a las preferencias del gobernador de turno. En Rosario sigue habiendo seis muertes impunes por las balas policiales de la gestión Reutemann; en las últimas semanas, la posición del actual mandatario mereció que el ex rompiera su habitual ostracismo: el Lole salió a decir que el reclamo del socialista –que se circunscribe a que se haga justicia por los asesinatos de hace siete años– no sólo es una clara alusión a su persona sino que le impide tener una relación de diálogo con Binner.
Este año se puso en marcha el Consejo de la Magistratura para cumplir con una de las primeras medidas de Binner: la autolimitación para la designación de jueces. El nuevo proceso para la selección de jueces de primera instancia y camaristas persigue, según el Ejecutivo, avanzar hacia una justicia “independiente, con mecanismos transparentes e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”. A la hora de los bifes, el nuevo método encontró sus escollos: las chicanas habituales hicieron que fracase la Asamblea Legislativa en la que se iba a votar el primer pliego de un candidato a juez elegido con el nuevo sistema.La Justicia provincial atraviesa un proceso de cambio casi inédito. Con la implementación, lenta y trabajosa, del nuevo Código Penal se acaba una tradición de 112 años de procesos escritos para dar paso a la oralidad. La resistencia, adentro y afuera, no es poca.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El año que se va deja un sabor agridulce en el ámbito judicial santafesino. La marcada voluntad de cambiar viejas formas –expresada, sobre todo, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal– se chocó de nariz contra la resistencia de ciertos sectores enquistados en una estructura conservadora.
Ya el 2007 había arrojado un saldo similar: por un lado la sanción del nuevo Código, por otro el nombramiento, a última hora y apelando a un método que ya no tenía consenso, de una treintena de jueces. Fue uno de los últimos actos de gobierno de Jorge Obeid, avalado por la vieja Legislatura de la mayoría automática peronista. Antes, y quizás como símbolo de un sistema que se opone a los cambios, la designación de Agustín Bassó había disparado una memorable polémica: no sólo porque el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial entonó las estrofas de “Resistiré” –ineludible alusión a lo que se venía: Hermes Binner ya había sido ungido gobernador y el PJ se aprestaba a dejar el Ejecutivo tras 24 años– sino también porque Bassó se permitió bromear, ante los legisladores, sobre los secuestros de la dictadura.
El 2008 encontró al nuevo gobernador visitando a los inundados en Plaza de Mayo. Ese gesto, repetido el 29 de abril, no tuvo ningún eco en Tribunales. O sí, uno mínimo: la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia ocurrida en la capital provincial fue elevada a juicio, ya con nuevo fiscal. Nada más ocurrió, salvo las recurrentes denegatorias de la Corte provincial a los pedidos del actor civil para que Carlos Reutemann tenga el decoro de aclarar lo que deba aclarar ante la Justicia. También la Corte nacional rechazó un pedido similar, pero argumentando que las instancias en los tribunales santafesinos no están, todavía, agotadas.
Binner había tenido otro gesto apenas iniciado su mandato: se entrevistó con los familiares de las víctimas de la represión de 2001. Pero tampoco ese hecho repercutió en la Justicia, otrora tan atenta a las preferencias del gobernador de turno. En Rosario sigue habiendo seis muertes impunes por las balas policiales de la gestión Reutemann; en las últimas semanas, la posición del actual mandatario mereció que el ex rompiera su habitual ostracismo: el Lole salió a decir que el reclamo del socialista –que se circunscribe a que se haga justicia por los asesinatos de hace siete años– no sólo es una clara alusión a su persona sino que le impide tener una relación de diálogo con Binner.
Este año se puso en marcha el Consejo de la Magistratura para cumplir con una de las primeras medidas de Binner: la autolimitación para la designación de jueces. El nuevo proceso para la selección de jueces de primera instancia y camaristas persigue, según el Ejecutivo, avanzar hacia una justicia “independiente, con mecanismos transparentes e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”. A la hora de los bifes, el nuevo método encontró sus escollos: las chicanas habituales hicieron que fracase la Asamblea Legislativa en la que se iba a votar el primer pliego de un candidato a juez elegido con el nuevo sistema.La Justicia provincial atraviesa un proceso de cambio casi inédito. Con la implementación, lenta y trabajosa, del nuevo Código Penal se acaba una tradición de 112 años de procesos escritos para dar paso a la oralidad. La resistencia, adentro y afuera, no es poca.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Lo que sólo cambia de nombre
Discriminación, explotación y violencia: tres antiguas formas de dominación que las mujeres siguen sufriendo.
La discriminación y la violencia hacia las mujeres atraviesan los siglos, tomando nuevas formas para seguir instaladas. Si bien se avanzó en ciertas problemáticas que rodean al género, quedan aún muchos prejuicios por derribar.
Los datos grafican la situación de vulnerabilidad: la OMS indicó que la violencia doméstica mata más mujeres que el cáncer. La Cepal estima a que de un 30% a un 60% de las mujeres son objeto de maltrato en América Latina. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 500 consultas en el año; la mayoría, casos de violencia tienen lugar en la familia, sin distinción de clase, religión o acceso cultural. “Muchas instituciones sociales tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad. Desde nuestra perspectiva, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Pero siempre estamos comenzando y se requiere de una posibilidad de cambio importante por parte de la sociedad”, opinó Patricia Méndez Lissi, directora del Equipo, cuya forma de trabajo se sustenta “en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector”. Desde la Dirección Provincial de las Mujeres, María Rosa Ameduri también reconoció que “el comportamiento de la Justicia responde a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón”.
En consonancia, Silvina Sierra junto a su pareja, Paula Heredia –caras visibles de Las Diversas, agrupación de mujeres santafesinas–, plantean la necesidad de dar a conocer la lucha lésbica y feminista. “Hacemos hincapié en el amor entre mujeres. Visibilizar no significa el exhibicionismo del cuerpo sino de la persona como ser humano, como mujer fundamentalmente, dentro toda la sociedad. Hay un gran prejuicio con respecto al feminismo: todavía hay gente que piensa que es odiar al hombre. Falta información, conciencia y también sensibilizar a la gente”, advirtieron.
Junto a representantes de varias corrientes políticas y civiles, fundaron el Espacio de Mujeres de Santa Fe, que se presentó en sociedad el 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. “Nuestra idea es estar en todas las fechas de agenda referidas a la lucha de las mujeres y hacer reclamos al Estado, con el cual todavía no tenemos contacto”, expresaron Las Diversas como objetivos.
Otro aspecto de la violencia contra la mujer, que tuvo presencia este año en los medios y en lo legislativo, es la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables, junto a las armas y las drogas. Se estima que 4 millones de mujeres son explotadas como prostitutas en el mundo. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para la prostitución. Nuestra provincia figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes; la Defensoría del Pueblo recibe al menos dos denuncias por semana. Aunque parezca irreal, recién en abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma que penaliza el tráfico de personas, con penas de 3 a 15 años. Ameduri afirmó que “se hace imprescindible entender que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, considerada la esclavitud del siglo XXI”.
En la provincia, un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Vucasovich tiene como objetivo “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos (...); el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”.
Mabel Busaniche, una histórica militante santafesina por los derechos de las mujeres, hoy en la Asociación Civil Palabras, opinó que “todas las leyes son acciones positivas que a partir de la práctica se convierten, se legitiman y hacen al mundo simbólico para empezar a trabajar la temática”. No obstante, alertó que “en la prevención estamos acumulando mucho miedo en las niñas y en las adolescentes. No es desde el miedo donde vamos a prevenir. El mensaje es tener cuidado y el desafío es cómo hacer para que ese cuidado esté, dentro de un marco donde las chicas y los chicos puedan hablar, confiar, distenderse y encontrar que aquellos que estamos haciendo prevención les vamos a seguir dando una mano”.
Sin dudas las luchas femeninas ganan terreno y se visibilizan. Quedan materias pendientes: el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la decisión política harán el resto.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La discriminación y la violencia hacia las mujeres atraviesan los siglos, tomando nuevas formas para seguir instaladas. Si bien se avanzó en ciertas problemáticas que rodean al género, quedan aún muchos prejuicios por derribar.
Los datos grafican la situación de vulnerabilidad: la OMS indicó que la violencia doméstica mata más mujeres que el cáncer. La Cepal estima a que de un 30% a un 60% de las mujeres son objeto de maltrato en América Latina. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 500 consultas en el año; la mayoría, casos de violencia tienen lugar en la familia, sin distinción de clase, religión o acceso cultural. “Muchas instituciones sociales tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad. Desde nuestra perspectiva, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Pero siempre estamos comenzando y se requiere de una posibilidad de cambio importante por parte de la sociedad”, opinó Patricia Méndez Lissi, directora del Equipo, cuya forma de trabajo se sustenta “en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector”. Desde la Dirección Provincial de las Mujeres, María Rosa Ameduri también reconoció que “el comportamiento de la Justicia responde a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón”.
En consonancia, Silvina Sierra junto a su pareja, Paula Heredia –caras visibles de Las Diversas, agrupación de mujeres santafesinas–, plantean la necesidad de dar a conocer la lucha lésbica y feminista. “Hacemos hincapié en el amor entre mujeres. Visibilizar no significa el exhibicionismo del cuerpo sino de la persona como ser humano, como mujer fundamentalmente, dentro toda la sociedad. Hay un gran prejuicio con respecto al feminismo: todavía hay gente que piensa que es odiar al hombre. Falta información, conciencia y también sensibilizar a la gente”, advirtieron.
Junto a representantes de varias corrientes políticas y civiles, fundaron el Espacio de Mujeres de Santa Fe, que se presentó en sociedad el 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. “Nuestra idea es estar en todas las fechas de agenda referidas a la lucha de las mujeres y hacer reclamos al Estado, con el cual todavía no tenemos contacto”, expresaron Las Diversas como objetivos.
Otro aspecto de la violencia contra la mujer, que tuvo presencia este año en los medios y en lo legislativo, es la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables, junto a las armas y las drogas. Se estima que 4 millones de mujeres son explotadas como prostitutas en el mundo. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para la prostitución. Nuestra provincia figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes; la Defensoría del Pueblo recibe al menos dos denuncias por semana. Aunque parezca irreal, recién en abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma que penaliza el tráfico de personas, con penas de 3 a 15 años. Ameduri afirmó que “se hace imprescindible entender que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, considerada la esclavitud del siglo XXI”.
En la provincia, un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Vucasovich tiene como objetivo “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos (...); el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”.
Mabel Busaniche, una histórica militante santafesina por los derechos de las mujeres, hoy en la Asociación Civil Palabras, opinó que “todas las leyes son acciones positivas que a partir de la práctica se convierten, se legitiman y hacen al mundo simbólico para empezar a trabajar la temática”. No obstante, alertó que “en la prevención estamos acumulando mucho miedo en las niñas y en las adolescentes. No es desde el miedo donde vamos a prevenir. El mensaje es tener cuidado y el desafío es cómo hacer para que ese cuidado esté, dentro de un marco donde las chicas y los chicos puedan hablar, confiar, distenderse y encontrar que aquellos que estamos haciendo prevención les vamos a seguir dando una mano”.
Sin dudas las luchas femeninas ganan terreno y se visibilizan. Quedan materias pendientes: el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la decisión política harán el resto.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una de fantasmas, monopolios y dinero en caja
Otro año de estadísticas increíbles sobre inflación y, en el medio, la muerte de las AFJP: ¿los recursos son todo?
Con la inflación en el centro de la agenda y la controversia por los índices del Indec, Néstor Kirchner terminó su gestión no sólo sin encontrar una solución al tema, sino dejando en manos del secretario de Comercio Guillermo Moreno todas las negociaciones con los sectores clave en la formación de los precios. Ni el fracaso de la política de control ni el cambio de mandato bastaron para que deje el gabinete; pese a los embates políticos y mediáticos, la presidenta lo ratificó. La continuidad fue un síntoma de lo que sectores de la oposición llamaron “reelección camuflada”.
Para mantener intacta la liquidez necesaria para el gobierno, la presidenta apeló primero a congelar los dineros de las provincias en concepto de coparticipación; luego, decidió la movilidad de las retenciones y, tras la derrota en el Congreso, logró recuperar una de las tantas cajas privatizadas en los 90: la del sistema jubilatorio.
Con el regreso del sistema de reparto, el Estado recuperó el mando sobre una de las patas más importantes de la macroeconomía. Se trata de una oportunidad única para que la política reconstruya el sentido de lo público. El desafío para el gobierno –y para los posteriores– es demostrar que detrás de la recuperación de esa inmensa caja –un flujo anual de 14 mil millones más un total aportado que supera los 80 mil millones– hay un proyecto de dignificar las jubilaciones y recomponer las fuerzas del Estado. Cualquier otro rumbo no haría más que ratificar lo que vienen declamando Elisa Carrió y otros sectores de la derecha nacional.
El cambio en el sistema jubilatorio no fue el único de relevancia registrado este año. En junio, el Indec inauguró un nuevo sistema, con la supuesta intención de reflejar mejor las variaciones de precios. El nuevo método resultó tan creíble como el viejo: muy poco. Más acotado en cuanto a cantidad de productos y servicios relevados, supone el desplazamiento de los consumidores hacia los comercios que registran aumentos menores. Algo que ni el Indec ni ningún otro organismo puede dar por seguro.
Un ejemplo puede aclarar la cosa y, a la vez, marcar el rol de las empresas privadas. Entre 2006 y 2007, Quickfood (que tiene el 60% del mercado de hamburguesas congeladas) aumentó sus ganancias un 64%. En el mismo lapso, sólo aumentó su producción un 8%. La pregunta cae sola: ¿cómo ganar tanto más sin producir tanto más? Se sabe: una posición concentrada en la oferta permite mover los precios a antojo.
Las estadísticas oficiales señalan que de diciembre de 2007 a noviembre de 2008 la inflación fue del 8,4% (6,9% en los primeros once meses del año): idéntico porcentaje que un año atrás. El gobierno provincial decidió hacer sus propias cuentas. El Ipec advirtió aumentos reales de casi el triple que los del Indec. Según el mes, el promedio provincial se ubicó entre 1,5 y 1,8%; cuando acabe el año se habrá registrado en Santa Fe una inflación de casi 20%. De hecho, el gobierno provincial la estimó en un 18% para 2009.
A caballo de la lógica de las grandes corporaciones y del desabastecimiento producido durante el prolongado lock out rural, el fantasma de la hiperinflación nunca dejó de sobrevolar los tormentosos cielos de este 2008.Crisis, enfriamiento y desaceleración mediante, ya se verá qué nos espera el año que viene.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Con la inflación en el centro de la agenda y la controversia por los índices del Indec, Néstor Kirchner terminó su gestión no sólo sin encontrar una solución al tema, sino dejando en manos del secretario de Comercio Guillermo Moreno todas las negociaciones con los sectores clave en la formación de los precios. Ni el fracaso de la política de control ni el cambio de mandato bastaron para que deje el gabinete; pese a los embates políticos y mediáticos, la presidenta lo ratificó. La continuidad fue un síntoma de lo que sectores de la oposición llamaron “reelección camuflada”.
Para mantener intacta la liquidez necesaria para el gobierno, la presidenta apeló primero a congelar los dineros de las provincias en concepto de coparticipación; luego, decidió la movilidad de las retenciones y, tras la derrota en el Congreso, logró recuperar una de las tantas cajas privatizadas en los 90: la del sistema jubilatorio.
Con el regreso del sistema de reparto, el Estado recuperó el mando sobre una de las patas más importantes de la macroeconomía. Se trata de una oportunidad única para que la política reconstruya el sentido de lo público. El desafío para el gobierno –y para los posteriores– es demostrar que detrás de la recuperación de esa inmensa caja –un flujo anual de 14 mil millones más un total aportado que supera los 80 mil millones– hay un proyecto de dignificar las jubilaciones y recomponer las fuerzas del Estado. Cualquier otro rumbo no haría más que ratificar lo que vienen declamando Elisa Carrió y otros sectores de la derecha nacional.
El cambio en el sistema jubilatorio no fue el único de relevancia registrado este año. En junio, el Indec inauguró un nuevo sistema, con la supuesta intención de reflejar mejor las variaciones de precios. El nuevo método resultó tan creíble como el viejo: muy poco. Más acotado en cuanto a cantidad de productos y servicios relevados, supone el desplazamiento de los consumidores hacia los comercios que registran aumentos menores. Algo que ni el Indec ni ningún otro organismo puede dar por seguro.
Un ejemplo puede aclarar la cosa y, a la vez, marcar el rol de las empresas privadas. Entre 2006 y 2007, Quickfood (que tiene el 60% del mercado de hamburguesas congeladas) aumentó sus ganancias un 64%. En el mismo lapso, sólo aumentó su producción un 8%. La pregunta cae sola: ¿cómo ganar tanto más sin producir tanto más? Se sabe: una posición concentrada en la oferta permite mover los precios a antojo.
Las estadísticas oficiales señalan que de diciembre de 2007 a noviembre de 2008 la inflación fue del 8,4% (6,9% en los primeros once meses del año): idéntico porcentaje que un año atrás. El gobierno provincial decidió hacer sus propias cuentas. El Ipec advirtió aumentos reales de casi el triple que los del Indec. Según el mes, el promedio provincial se ubicó entre 1,5 y 1,8%; cuando acabe el año se habrá registrado en Santa Fe una inflación de casi 20%. De hecho, el gobierno provincial la estimó en un 18% para 2009.
A caballo de la lógica de las grandes corporaciones y del desabastecimiento producido durante el prolongado lock out rural, el fantasma de la hiperinflación nunca dejó de sobrevolar los tormentosos cielos de este 2008.Crisis, enfriamiento y desaceleración mediante, ya se verá qué nos espera el año que viene.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Hay salidas
Cooperativas de trabajo y pequeñas y medianas empresas como alternativas ante la crisis; la clave, organizarse.
La crisis financiera impactó de lleno en la provincia, y antes de lo esperado. Rápido de reflejos, el ministro de Trabajo Carlos Rodríguez reaccionó y se puso al frente de las negociaciones para evitar suspensiones y despidos, en especial, en los conflictos suscitados en la automotriz General Motors, donde peligran 450 fuentes de empleo, en las curtiembres y en el ingenio de Las Toscas. El titular de la cartera laboral subrayó que la situación no es alarmante y afirmó que defenderá los puestos de trabajo de todos los santafesinos con uñas y dientes.
Sin embargo, los datos no son aún alentadores. Según el Indec, durante el segundo trimestre de 2008, el desempleo en la ciudad de Santa Fe fue del 12,6%, mientras que los mismos registros muestran que en el primer trimestre del año era del 9,1%. La medición no mostró entonces grandes diferencias con la del segundo trimestre del 2007, en el que la desocupación fue del 9,4%.
En este contexto se planteó, desde el Ministerio de la Producción, la creación del Observatorio Pyme Regional de la provincia, a través de un convenio con la Universidad de Bolonia y la Unión Industrial. El objetivo es conocer qué tan dinámicas son las empresas en relación a otras del país y de Europa. El antecedente italiano, impulsado en la posguerra, permite pensar que es posible recuperar el empleo digno. Las pymes italianas no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En Argentina, las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).
Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de Italia (68%; la media es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). El 90% de sus 415 mil unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada diez habitantes. Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa en los principios de solidaridad y de reciprocidad.
De este lado del Atlántico, Rubén Salas, dirigente de los desocupados de Santa Rosa de Lima y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), opinó que cuando hay grandes ganancias se reparten entre los empresarios y cuando hay pérdidas las termina pagando el trabajador: “Es así y pasó siempre en este país. Vemos que la crisis la siguen pagando los mismos; al aumento en el arroz, en la carne, lo paga el que con su salario o con lo que consigue lo utiliza únicamente en comida”.
Salas reconoció que es posible encontrar una salida digna ante las crisis: “Si el trabajador se organiza y pelea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, y que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, que es orgullo nuestro y que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo, porque más allá de que algún gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La crisis financiera impactó de lleno en la provincia, y antes de lo esperado. Rápido de reflejos, el ministro de Trabajo Carlos Rodríguez reaccionó y se puso al frente de las negociaciones para evitar suspensiones y despidos, en especial, en los conflictos suscitados en la automotriz General Motors, donde peligran 450 fuentes de empleo, en las curtiembres y en el ingenio de Las Toscas. El titular de la cartera laboral subrayó que la situación no es alarmante y afirmó que defenderá los puestos de trabajo de todos los santafesinos con uñas y dientes.
Sin embargo, los datos no son aún alentadores. Según el Indec, durante el segundo trimestre de 2008, el desempleo en la ciudad de Santa Fe fue del 12,6%, mientras que los mismos registros muestran que en el primer trimestre del año era del 9,1%. La medición no mostró entonces grandes diferencias con la del segundo trimestre del 2007, en el que la desocupación fue del 9,4%.
En este contexto se planteó, desde el Ministerio de la Producción, la creación del Observatorio Pyme Regional de la provincia, a través de un convenio con la Universidad de Bolonia y la Unión Industrial. El objetivo es conocer qué tan dinámicas son las empresas en relación a otras del país y de Europa. El antecedente italiano, impulsado en la posguerra, permite pensar que es posible recuperar el empleo digno. Las pymes italianas no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En Argentina, las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).
Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de Italia (68%; la media es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). El 90% de sus 415 mil unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada diez habitantes. Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa en los principios de solidaridad y de reciprocidad.
De este lado del Atlántico, Rubén Salas, dirigente de los desocupados de Santa Rosa de Lima y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), opinó que cuando hay grandes ganancias se reparten entre los empresarios y cuando hay pérdidas las termina pagando el trabajador: “Es así y pasó siempre en este país. Vemos que la crisis la siguen pagando los mismos; al aumento en el arroz, en la carne, lo paga el que con su salario o con lo que consigue lo utiliza únicamente en comida”.
Salas reconoció que es posible encontrar una salida digna ante las crisis: “Si el trabajador se organiza y pelea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, y que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, que es orgullo nuestro y que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo, porque más allá de que algún gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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¿Un imperio exhausto o el New Deal 2.0?
El capitalismo exige una reinvención más para salir del pozo financiero paleopetrolífero.
El proyecto que abrieron Keynes y Roosevelt, el Estado de Bienestar, puede ser asimilado a las promesas y conflictos de los siglos XIX y XX. Inseparable de una sólida, excluyente y discriminatoria idea de hombre normal medio –acaso conocida localmente como “hombre de provecho”–, esa forma de Estado habilitó un tipo de industrialización, un formato de las relaciones laborales y un sistema de consumo –ya completamente diferentes a los actuales– como una doble respuesta tanto ante los vacíos del librecambismo clásico como a los ahogos del comunismo soviético.
Tras una crisis del modelo financiero neoliberal y en un tablero geopolítico completamente diferente –en otro mundo, con otras guerras y otra forma del capital–, las respuestas de Estados Unidos –si el objetivo es sostener el imperio– no pueden repetir el recetario del New Deal, pero han de reverenciar a su fantasma. Es decir, ahora, más allá del contenido concreto de las medidas entonces tomadas, tiene sentido su forma: la transformación teórica de la economía, atendiendo a las características específicas y determinadas del tiempo presente.
El significado político de la figura de quien hoy viste el sayo de emperador es inseparable de la consideración acerca de los más de 62 millones de personas que lo eligieron a comienzos de noviembre, en una inédita movilización de votantes. Ese apoyo electoral a Barack Hussein Obama ofrece una posible explicación de cómo se pasó de un bruto texano blanco republicano a un aplicado hawaiano negro demócrata. No es un exceso imaginar a ambos personajes en el cabo y en la punta del látigo esclavista, en la capucha blanca del KKK y en el cuerpo liberto ahorcado, en el volante del colectivo y en los asientos traseros para la “gente de color”, en la cachiporra policial manchada y en la sangre que la mancha, la del que jadea herido en el asfalto. Tampoco es un exceso señalar cómo la campaña electoral demócrata estuvo dirigida a la herencia de quienes sufrieron esa opresión. No fueron los promarines comepochoclo predarwinistas, no fueron los rednecks rurales: fueron las masas de las megalópolis las que ungieron al primer presidente afroamericano yanqui. El triunfo se forjó allí donde hay concentración, diversidad e hibridación étnica, histórica y cultural de la población, acelerada fuerza de las relaciones globalizadas y visible acumulación de capital. No es otra la vía de reinvención del capitalismo que la de aprovechar esas características (esa potencia y esa determinación) en un New Deal 2.0. Lo opuesto es lo ya conocido, con el agravante de su pesado anquilosamiento, previo a una implosión mil veces advertida.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El proyecto que abrieron Keynes y Roosevelt, el Estado de Bienestar, puede ser asimilado a las promesas y conflictos de los siglos XIX y XX. Inseparable de una sólida, excluyente y discriminatoria idea de hombre normal medio –acaso conocida localmente como “hombre de provecho”–, esa forma de Estado habilitó un tipo de industrialización, un formato de las relaciones laborales y un sistema de consumo –ya completamente diferentes a los actuales– como una doble respuesta tanto ante los vacíos del librecambismo clásico como a los ahogos del comunismo soviético.
Tras una crisis del modelo financiero neoliberal y en un tablero geopolítico completamente diferente –en otro mundo, con otras guerras y otra forma del capital–, las respuestas de Estados Unidos –si el objetivo es sostener el imperio– no pueden repetir el recetario del New Deal, pero han de reverenciar a su fantasma. Es decir, ahora, más allá del contenido concreto de las medidas entonces tomadas, tiene sentido su forma: la transformación teórica de la economía, atendiendo a las características específicas y determinadas del tiempo presente.
El significado político de la figura de quien hoy viste el sayo de emperador es inseparable de la consideración acerca de los más de 62 millones de personas que lo eligieron a comienzos de noviembre, en una inédita movilización de votantes. Ese apoyo electoral a Barack Hussein Obama ofrece una posible explicación de cómo se pasó de un bruto texano blanco republicano a un aplicado hawaiano negro demócrata. No es un exceso imaginar a ambos personajes en el cabo y en la punta del látigo esclavista, en la capucha blanca del KKK y en el cuerpo liberto ahorcado, en el volante del colectivo y en los asientos traseros para la “gente de color”, en la cachiporra policial manchada y en la sangre que la mancha, la del que jadea herido en el asfalto. Tampoco es un exceso señalar cómo la campaña electoral demócrata estuvo dirigida a la herencia de quienes sufrieron esa opresión. No fueron los promarines comepochoclo predarwinistas, no fueron los rednecks rurales: fueron las masas de las megalópolis las que ungieron al primer presidente afroamericano yanqui. El triunfo se forjó allí donde hay concentración, diversidad e hibridación étnica, histórica y cultural de la población, acelerada fuerza de las relaciones globalizadas y visible acumulación de capital. No es otra la vía de reinvención del capitalismo que la de aprovechar esas características (esa potencia y esa determinación) en un New Deal 2.0. Lo opuesto es lo ya conocido, con el agravante de su pesado anquilosamiento, previo a una implosión mil veces advertida.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Todo lo sólido se desvanece
Hipotecas riesgosas y tasas de interés mínimas: una crisis coyuntural que ya es estructural.
A tono con la era del hipertexto, podríamos graficar lo que sucede en este ¿inesperado? final de 2008 con lo que iba sucediendo en el planeta al momento de la redacción de estas líneas. En el túnel, los productores agropecuarios volvían a la carga, esta vez afectados por la caída de los precios internacionales de sus productos. Más o menos en el mismo momento en que Alfredo De Ángeli filosofaba sobre la relación libidinal chacarero/soja y soltaba al aire uno de sus estridentes “minga, bla, bla, bla”, desde Japón, Sony anunciaba un recorte de 8.000 puestos y el cierre de al menos cinco de sus fábricas. Paralelamente, Austria y Finlandia informaban que en el 2009 entrarán en recesión, luego de años de esplendor. A la vez, se conocía que nuestros colegas del New York Times se están ajustando el cinturón de una manera inédita: con una deuda de 1.000 millones de dólares, el diario debió hipotecar su edificio en Manhattan para monedear un poco y juntar un 20% de lo que debe... Pero, ¿cómo empezó todo esto?
Se dice que esta película de terror comenzó a mediados del 2007 con las crisis de las subprime, hipotecas de alto riesgo ofrecidas a mansalva que habían endeudado a norteamericanos con historiales financieros poco fiables. Esto supondría que estamos ante un problema coyuntural, pero los síntomas de un capitalismo enfermo obligan a ampliar la mirada retrospectiva. Alan Greenspan, durante años presidente la Reserva Federal norteamericana, en 2001 decidió una brutal baja de los tasas de interés para sostener a empresas norteamericanas al borde de la quiebra y mantener el consumo y el bendito american way of life. De enero a diciembre de 2001, pasaron del 6,50% al 1,75% y siguieron bajando hasta ubicarse en 1%, un par de años después. Este fue el caldo de cultivo para las subprime. Estas deudas hipotecarias –luego incobrables– se transformaban en productos muy apetecibles: eran riesgosas pero rendían mucho, como pasó con los bonos de la deuda argentina en los años 90. Esos “bonos basura” originados de las subprime gestaron millonarios negocios, pero la máquina se frenó cuando los deudores de las hipotecas, a causa del estancamiento de la economía real y la suba de las tasas de interés, dejaron de pagar.
La cuestión dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural, más aún si se tiene en cuenta que esto de transformar deudas hipotecarias en bonos no es una fórmula inventada recientemente sino que data de principios de la década del 70, cuando la GNMA (conocida como Ginnie Mae), agencia estatal norteamericana encargada de desarrollar viviendas mediante hipotecas para gente de bajos recursos, institucionalizó la titulización de paquetes de créditos hipotecarios que estuvieran asegurados o garantizados por entidades gubernamentales. Al poco tiempo se creó la FHLMC (conocida como Freddie Mac), que desarrolló el mercado secundario de préstamos hipotecarios sin garantías del gobierno. Así, el mercado hipotecario y el inmobiliario se convirtieron, respectivamente, en un gigante de las capitalizaciones, a la par del de los títulos del Tesoro, y en otro seductor refugio para especuladores, como antes fueron el petróleo o los alimentos.
“Las condiciones de esta enorme burbuja especulativa se generan a fines de los 70 con el inicio de la desregulación extrema del movimiento internacional de capitales y la persistente retirada de los Estados nacionales de sus funciones de conducción de política macroeconómica y de control de variables relevantes. Paralelamente, en el mundo de la economía real, se profundizó el predominio hegemónico del capital financiero sobre otras formas del capital (el industrial, por caso)”, reflexionó Francisco Sobrero, docente de la UNL.
Hasta aquí el problema, pero hacia adelanté ¿qué?Muchos ven en Barack Obama la luz al final del túnel. Creen que ayudará a encontrar una salida un poco más ingeniosa que las billonarias transferencias de recursos públicos. Pero hay quienes desconfían. La periodista-ícono del movimiento antiglobalización, Naomi Klein, se hizo una pregunta inquietante en su blog: “¿Y si Obama fuera sólo una marca, que ya se agotó en la elección?”. Por ahora sólo queda esperar.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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A tono con la era del hipertexto, podríamos graficar lo que sucede en este ¿inesperado? final de 2008 con lo que iba sucediendo en el planeta al momento de la redacción de estas líneas. En el túnel, los productores agropecuarios volvían a la carga, esta vez afectados por la caída de los precios internacionales de sus productos. Más o menos en el mismo momento en que Alfredo De Ángeli filosofaba sobre la relación libidinal chacarero/soja y soltaba al aire uno de sus estridentes “minga, bla, bla, bla”, desde Japón, Sony anunciaba un recorte de 8.000 puestos y el cierre de al menos cinco de sus fábricas. Paralelamente, Austria y Finlandia informaban que en el 2009 entrarán en recesión, luego de años de esplendor. A la vez, se conocía que nuestros colegas del New York Times se están ajustando el cinturón de una manera inédita: con una deuda de 1.000 millones de dólares, el diario debió hipotecar su edificio en Manhattan para monedear un poco y juntar un 20% de lo que debe... Pero, ¿cómo empezó todo esto?
Se dice que esta película de terror comenzó a mediados del 2007 con las crisis de las subprime, hipotecas de alto riesgo ofrecidas a mansalva que habían endeudado a norteamericanos con historiales financieros poco fiables. Esto supondría que estamos ante un problema coyuntural, pero los síntomas de un capitalismo enfermo obligan a ampliar la mirada retrospectiva. Alan Greenspan, durante años presidente la Reserva Federal norteamericana, en 2001 decidió una brutal baja de los tasas de interés para sostener a empresas norteamericanas al borde de la quiebra y mantener el consumo y el bendito american way of life. De enero a diciembre de 2001, pasaron del 6,50% al 1,75% y siguieron bajando hasta ubicarse en 1%, un par de años después. Este fue el caldo de cultivo para las subprime. Estas deudas hipotecarias –luego incobrables– se transformaban en productos muy apetecibles: eran riesgosas pero rendían mucho, como pasó con los bonos de la deuda argentina en los años 90. Esos “bonos basura” originados de las subprime gestaron millonarios negocios, pero la máquina se frenó cuando los deudores de las hipotecas, a causa del estancamiento de la economía real y la suba de las tasas de interés, dejaron de pagar.
La cuestión dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural, más aún si se tiene en cuenta que esto de transformar deudas hipotecarias en bonos no es una fórmula inventada recientemente sino que data de principios de la década del 70, cuando la GNMA (conocida como Ginnie Mae), agencia estatal norteamericana encargada de desarrollar viviendas mediante hipotecas para gente de bajos recursos, institucionalizó la titulización de paquetes de créditos hipotecarios que estuvieran asegurados o garantizados por entidades gubernamentales. Al poco tiempo se creó la FHLMC (conocida como Freddie Mac), que desarrolló el mercado secundario de préstamos hipotecarios sin garantías del gobierno. Así, el mercado hipotecario y el inmobiliario se convirtieron, respectivamente, en un gigante de las capitalizaciones, a la par del de los títulos del Tesoro, y en otro seductor refugio para especuladores, como antes fueron el petróleo o los alimentos.
“Las condiciones de esta enorme burbuja especulativa se generan a fines de los 70 con el inicio de la desregulación extrema del movimiento internacional de capitales y la persistente retirada de los Estados nacionales de sus funciones de conducción de política macroeconómica y de control de variables relevantes. Paralelamente, en el mundo de la economía real, se profundizó el predominio hegemónico del capital financiero sobre otras formas del capital (el industrial, por caso)”, reflexionó Francisco Sobrero, docente de la UNL.
Hasta aquí el problema, pero hacia adelanté ¿qué?Muchos ven en Barack Obama la luz al final del túnel. Creen que ayudará a encontrar una salida un poco más ingeniosa que las billonarias transferencias de recursos públicos. Pero hay quienes desconfían. La periodista-ícono del movimiento antiglobalización, Naomi Klein, se hizo una pregunta inquietante en su blog: “¿Y si Obama fuera sólo una marca, que ya se agotó en la elección?”. Por ahora sólo queda esperar.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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viernes, 5 de diciembre de 2008
Programar la provincia del 2028
El Plan Estratégico Regional se presentará el jueves en nuestra ciudad, a un año de comenzada la nueva gestión. Es el producto de la participación en las cuatro Asambleas Ciudadanas realizadas en durante este año. Con el Plan Estratégico de Rosario como modelo, el trabajo se divide en tres ejes: el físico-ambiental, el socio-institucional y el económico-productivo. La regionalización, una de las claves.
A un año del inicio de su gestión, Hermes Binner y su equipo de colaboradores presentarán el Plan Estratégico Regional para la provincia de Santa Fe: un proyecto de gestión de largo plazo, cuya realización demandará los próximos 20 años. El plan fue elaborado en las cuatro asambleas ciudadanas que se hicieron durante el año en los cinco nodos o regiones en que fue dividida la provincia: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.
El trabajo contempla proyectos y propuestas presentados por las personas y organizaciones que participaron en estas instancias de debate ciudadano, desarrolladas en escuelas, sobre la base de tres ejes centrales: el físico-ambiental, el económico-productivo y el socio-institucional.
Durante las asambleas se elaboró un documento de diagnóstico que fue consensuado a partir de las problemáticas planteadas por los ciudadanos como “punto de partida para identificar colectivamente el horizonte deseado”, según afirma el documento que se entregó al inicio de las rondas de debate.
La primera instancia de puesta en marcha de este proyecto, que contempla las necesidades y las percepciones de los santafesinos, se concretará con la presentación que del próximo jueves en esta ciudad; un día después el plan se hará público en Rosario, el 17 en Reconquista, el 18 en Rafaela y, por último, el 19 en Venado Tuerto.
Resta ahora, como desafío, concretar y articular las propuestas de cada región en forma progresiva, en el mediano y largo plazo, sin desalentar a los participantes: en el Nodo 3 (Santa Fe) la primera asamblea ciudadana convocó a 1.500 personas y 800 instituciones de seis departamentos. Las expectativas puestas en cada encuentro se trasladarán, ahora, a los pasos que el gobierno vaya dando en ese sentido.
20 AÑOS NO ES NADA. En una entrevista publicada el mes pasado por Rosario/12, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, Mónica Bifarello, explicó: “Lo que vamos a tener es un plan, que identifica los proyectos emblemáticos para la provincia, y proyectos por región con una descripción de cada uno, que se irán puliendo en el futuro”. Además, detalló que el documento dejará sentados los proyectos que en algún momento se plantearon como prioritarios y que habrá que ir empujando más allá del gobierno de turno.
La funcionaria se refirió a la importancia de la puesta en marcha de esta herramienta –la participación ciudadana– para que la gente se incorpore al plan y para sostenerlo. “Entonces es importante que las organizaciones de la sociedad impulsen los proyectos que les parecen que son relevantes; por supuesto que no podemos garantizar que el plan exista durante 20 años, pero por lo menos dejamos sentadas las bases”, planteó Bifarello.
El ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, había explicado a este semanario (ver Pausa #9) los alcances del plan: “Nosotros queremos establecer en la provincia de Santa Fe una nueva manera de gestionar políticas públicas. Esta nueva manera de hacerlo tiene que ver, primero, con la construcción de regiones, a los efectos de poder descentralizar la formulación de las políticas públicas y su ejecución. Esta descentralización conlleva, inexorablemente, el papel de los ciudadanos de cada una de esas regiones, que tienen que contribuir con su creatividad, con su capacidad, con su identificación de problemas y de soluciones, para generar las mejores políticas públicas desde el lugar mismo en el cual se ven estos problemas y soluciones”.
Lograr amalgamar en un único programa las diferencias y distancias existentes en la provincia no será fácil. El plan propone empezar a equilibrar norte y sur en lo que constituye la conformación del mapa de las regiones. “Regionalizar la provincia es descubrir en lo diverso y plural no un problema sino una oportunidad para pasar de una política de demanda a una política que garantice derechos. En ese camino, aumentar y actualizar el conocimiento sobre la heterogénea realidad de la provincia de Santa Fe nos permitirá plantear objetivos comunes, más concretos y realizables”, se indica en el documento de diagnóstico que se utilizó en las asambleas.
INTEGRAR A LOS SANTAFESINOS. El Plan Estratégico es el resultado de lo producido en las cuatro asambleas ciudadanas que se realizaron durante el año en las cinco regiones en que se dividió la provincia, cada una con una ciudad que funcionó como cabecera. La metodología utilizada fue clara y sencilla: “En la primera, de diagnóstico, actualizamos los problemas y potencialidades, y en las tres rondas que siguieron pasamos del diagnóstico a las acciones”, explicó Bifarello.
Más allá del Plan Estratégico que presentará el gobierno, la instancia de diálogo que se abrió a partir de las asambleas le permitió a la actual gestión empaparse de la realidad de cada municipio y comuna de la provincia, recuperando la voz de los vecinos y de las instituciones intermedias. A partir de ese intercambio, se pudo avanzar –en paralelo a la elaboración del documento final– en la resolución de problemas menores planteados por los propios actores sociales y las autoridades de las localidades del interior: “En la primera ronda, los presidentes comunales de la cuña boscosa dijeron que no tenían acceso al teléfono ni a Internet y, como no es una cosa muy costosa ni complicada, lo resolvimos poniendo una antena: si tenían un enfermo debían recorrer seis o siete kilómetros de su localidad para llegar a un teléfono”, comentó la funcionaria.
Los inconvenientes y las dificultades planteados fueron heterogéneos y numerosos: desde la reactivación del ferrocarril en el norte a los servicios de agua y luz, desde la comunicación vial y pluvial a los acueductos. En materia de salud, se solicitaron mejoras en la infraestructura; también se discutió acerca del crecimiento productivo. Se planteó, además, la necesidad de potenciar las economías regionales y promover el desarrollo local. De todos modos, para conocer los detalles de los proyectos que se crearon a partir del diagnóstico y cómo se trabajará en función de ello, habrá que esperar a la presentación del próximo jueves.
EL CASO ROSARIO. El antecedente de la puesta en marcha de este tipo de proyectos, para la gestión socialista, fue la ciudad de Rosario. El Plan Estratégico Rosario es un espacio de diálogo social en el que instituciones representativas del sector público y privado intercambian ideas para la formulación de proyectos estratégicos que guíen a la ciudad hacia un horizonte de desarrollo.
La Municipalidad rosarina buscó, desde 1998 y sobre la base de ese Plan Estratégico, aportar soluciones a cinco cuestiones básicas de la época: el nuevo soporte económico, las infraestructuras de servicio, la calidad de vida creciente, la equidad y la integración social y la gobernabilidad del territorio. A partir de entonces, se crearon redes de cooperación internacional y foros de proyectos.
A partir de ese trabajo, hoy se está elaborando el Plan Estratégico Rosario Metropolitana, que reformula fortalezas y debilidades –en el actual contexto– para proyectar la ciudad hacia el futuro. Este nuevo plan tiene un sitio web a disposición de los vecinos, para que planteen dudas, participen de los proyectos y obtengan información (ver www.perm.org.ar).
Mónica Bifarello auguró que a nivel provincial se vivirá una experiencia similar a la de la ciudad del sur provincial. Y destacó: “El plazo del Plan Estratégico es 20 años, y eso le dijimos a la gente. Ojalá lleguemos (a cumplirlo) antes, pero un Plan Estratégico completo –según lo que indican las experiencias en el mundo– no lleva menos de 15 años para lograrse. El mismo Plan Estratégico de Rosario es de 1998: hoy lo mirás y está prácticamente cumplido, pero son cosas que llevan mucha insistencia en el tiempo”.
Publicado en Pausa #30, 5 de diciembre de 2008.
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viernes, 28 de noviembre de 2008
Adiós al loquero
La sustitución de lógicas manicomiales avanza en la provincia con la ley de salud mental, reglamentada en 2007: creación de novedosos dispositivos y cierre del corralito psiquiátrico en coronda, las acciones más importantes. Uno de los objetivos que se plantean los profesionales de la salud mental tiene que ver con el cierre progresivo de los manicomios como lugar de encierro y segregación social para convertirlos en sitios productores de salud, recurriendo a la internación prolongada como último recurso. Pobreza y locura: prejuicios por partida doble.
Por Marcela Perticarari
Aunque Friedrich Nietzsche sostenía que “la demencia en el individuo es algo raro, pero en los grupos, en los partidos, en los pueblos y en las épocas es la regla”, hablar simplemente de “locos de atar” pertenece a un tiempo pasado.
Por Marcela Perticarari
Aunque Friedrich Nietzsche sostenía que “la demencia en el individuo es algo raro, pero en los grupos, en los partidos, en los pueblos y en las épocas es la regla”, hablar simplemente de “locos de atar” pertenece a un tiempo pasado.
En la actualidad se les dice “personas con padecimientos subjetivos”, ya que durante los últimos 10 años la tendencia en salud mental es lograr la sustitución de las lógicas manicomiales. Distintas políticas a nivel nacional intentan lograr el cierre de los manicomios y, a su vez, avanzar en la creación de servicios que los reemplacen produciendo salud.
Aunque los profesionales santafesinos admiten que los prejuicios imperantes en la sociedad y la falta de recursos estatales son impedimentos para llevar adelante un trabajo óptimo, el proceso avanza lento pero a paso firme.
UN AÑO, MUCHA HISTORIA. En 1991 se sancionó la ley provincial de Salud Mental (Nº 10.772). Para su puesta en funcionamiento fue necesario reglamentarla, proceso que demandó ni más ni menos que 16 años: en noviembre de 2007 la entonces ministra de Salud, Silvia Simoncini, dio el puntapié inicial a la reglamentación al dejar inaugurada, en nuestra ciudad, la primera residencia compartida para pacientes externados de hospitales psiquiátricos.
La ley se inscribe en un movimiento político de desmanicomialización: “Justamente, lo que postula es el cierre de los manicomios como lugar de segregación, de asilo, de marginación, como lugar de depósito de personas de por vida. Hay una crítica a ese concepto clínico; a lo que se apunta es a reestablecer el vínculo de las personas con la sociedad, lo que incluye a su ámbito comunitario y a su familia. La idea es que la persona con padecimiento subjetivo no esté encerrada sino que esté conviviendo con su entorno social y familiar. Esto va a contrapelo de lo que está instalado en la cultura: lo que se cree de modo generalizado es que las personas con padecimiento subjetivo son peligrosas y tienen que estar encerradas. Lo que pretende la ley de salud mental es desmontar ese preconcepto y propiciar políticas de salud mental que apunten a restablecer la subjetividad de estas personas con padecimientos”, indicó el abogado Marcelo Martínez, de la Dirección de Salud Mental de la provincia.
“Básicamente lo que establece esta ley son dos cosas: que las internaciones sean excepcionales, solamente en aquellas situaciones en que no sea posible un abordaje clínico menos restrictivo de la libertad. Por otra parte, apunta a la creación de dispositivos alternativos a la internación, como las casas de medio camino y los alojamientos transitorios para personas con padecimientos subjetivos, propiciando que no sean un depósito sino que la persona vuelva a su lugar. Eso postula la ley pero, insisto, va en contrasentido de lo que está instalado en la sociedad, en sus modos imaginarios y en lo que es la percepción general, por eso está costando mucho llevarlo a cabo”, aseveró Martínez.
ARGUMENTO OFICIAL. “Lo que se enunciaba desde ciertos lugares del gobierno en relación a por qué no se aplicaba la ley era que no estaba reglamentada; nunca se tomaba la decisión política. Y el año pasado, luego de un arduo trabajo que se hizo en el ámbito de los espacios públicos de salud mental, se llevó adelante un profundo debate que concluyó en la redacción de un proyecto de decreto reglamentario de la ley que el ex gobernador Jorge Obeid firmó durante los últimos meses de su gobierno”, justificó Martínez.
ARGUMENTO OFICIAL. “Lo que se enunciaba desde ciertos lugares del gobierno en relación a por qué no se aplicaba la ley era que no estaba reglamentada; nunca se tomaba la decisión política. Y el año pasado, luego de un arduo trabajo que se hizo en el ámbito de los espacios públicos de salud mental, se llevó adelante un profundo debate que concluyó en la redacción de un proyecto de decreto reglamentario de la ley que el ex gobernador Jorge Obeid firmó durante los últimos meses de su gobierno”, justificó Martínez.
Y advirtió que aunque se trata de “una ley muy interesante”, desde el colectivo de los trabajadores de salud mental siempre supieron que “la ley y la reglamentación no garantizan nada, son instrumentos que posibilitan avanzar en la implementación de políticas públicas que propicien reestablecer la subjetividad y establecer modos de abordaje clínicos que sean adecuados y productores de salud de verdad, no de marginación”.
NUESTRA LEY. El artículo 1º de la Ley de Salud Mental de la provincia explicita que “toda persona que padeciera sufrimiento por su salud mental tiene derecho a solicitar y recibir tratamiento (...), orientado hacia la curación, la recuperación y rehabilitación. Entre las alternativas más idóneas se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”.
NUESTRA LEY. El artículo 1º de la Ley de Salud Mental de la provincia explicita que “toda persona que padeciera sufrimiento por su salud mental tiene derecho a solicitar y recibir tratamiento (...), orientado hacia la curación, la recuperación y rehabilitación. Entre las alternativas más idóneas se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”.
El 3º artículo dice que “sólo se permitirá la internación en establecimientos de salud mental públicos o privados bajo los siguientes requisitos: que el propósito no sea otro que el tratamiento de la persona que padeciera sufrimientos por o en su salud mental; que las circunstancias del caso no permitan el uso de otra alternativa menos restrictiva de la libertad; que esté orientada a la recuperación de la salud del internado y a su egreso en el tiempo más breve posible”.
Por otra parte, se establece un plazo máximo de tres años a partir de la promulgación de la ley “para la transformación de los establecimientos de internación en salud mental”. Para ello, “el Estado arbitrará los medios conducentes al objetivo fijado y promoverá la implementación de medidas asistenciales alternativas, entre ellas servicios de salud mental en hospitales generales con y sin internación, atención domiciliaria, servicios de emergencia, centros de salud mental en la comunidad, hospitales de día, casas de medio camino y talleres protegidos, entre otros”. El desafío, está visto, no es menor...
UN LARGO CAMINO. La Dirección Provincial de Salud Mental funciona desde 2004 en el edificio del ex Hospital Italiano. Desde su creación está dirigida por el Dr. Gustavo Castaño.
UN LARGO CAMINO. La Dirección Provincial de Salud Mental funciona desde 2004 en el edificio del ex Hospital Italiano. Desde su creación está dirigida por el Dr. Gustavo Castaño.
En diálogo con Pausa, uno de sus funcionarios, el abogado Marcelo Martínez, explicó: “Se me convocó en 1997 para trabajar como abogado asesor de la Dirección de Salud de la Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo Irigoyen Freire –ubicada en Oliveros, 60 kilómetros al norte de Rosario–, que es un hospital descentralizado. El mal llamado régimen de autogestión de la provincia en realidad es un régimen de descentralización que significa que los hospitales tienen autarquía, y es pertinente que haya abogados que asesoren a las direcciones por las necesidades administrativas de funcionamiento de un hospital”.
“Luego terminé comprometiéndome con el trabajo y me incorporé a otra propuesta: los equipos clínicos interdisciplinarios. Es decir, la modalidad de intervención terapéutica que propone la actual Dirección de Salud Mental de la Provincia, que en aquel momento funcionaba en la Colonia de Oliveros. Básicamente, la inclusión de abogados tenía que ver con una cuestión clínica. La idea es que participen abogados en los equipos clínicos porque es pertinente a la práctica interdisciplinaria en el desarrollo instrumental, ya que lo jurídico tiene mucho que ver con el modo de intervenir a los padecimientos de desarrollo subjetivo”.
El concepto de equipo interdisciplinario a los fines de un abordaje clínico se replica del modelo que arrancó en Oliveros cuando empezaron las primeras experiencias, 12 años atrás, que se fueron desplegando a partir de la creación de la Dirección de Salud Mental en el año 2004: “En este momento, los propios equipos de los tres lugares públicos de internación en la provincia (Colonia Abelardo Irigoyen Freire en Oliveros, Dr. Agudo Ávila en Rosario, Mira y López en Santa Fe) crearon otros dispositivos, que dependen de la Dirección, con el objetivo de lograr la sustitución de lógicas manicomiales, como el Equipo Infancia, el Equipo de Fortalecimiento en Atención Primaria de la Salud y las Juntas Especiales de Salud Mental de Rosario”, agregó el abogado.
Y reconoció que “una de las características de nuestro trabajo es que el objeto de las intervenciones clínicas son muy duras, porque se trata de situaciones de extrema vulnerabilidad, como los chicos de la calle que entran en crisis. Son personas que están devastadas en todo sentido, invadidas por la pobreza, por el abandono. La imagen ideal que tenemos del loco es de una persona marginal por partida doble: porque es loco y porque es pobre. Ése es el objeto de nuestro trabajo, en general son situaciones de mucha complejidad y mucha resistencia”.
LOGROS. Consultado por lo que se hizo durante este año, con la ley en vigencia, Martínez respondió: “La reglamentación avanza en la formación de dispositivos alternativos. Nosotros le llamamos políticas sustitutivas de salud mental: sustitutivo no es sólo el cierre de los manicomios, tiene que ver con servicios que los reemplacen y que sean lugares en donde se produzca salud. Entonces, la reglamentación propone una serie de dispositivos, como las casas de medio camino. También es muy importante el alojamiento en hospitales generales. Es decir, que haya intervención en los centros de salud y equipos de atención domiciliaria”.
LOGROS. Consultado por lo que se hizo durante este año, con la ley en vigencia, Martínez respondió: “La reglamentación avanza en la formación de dispositivos alternativos. Nosotros le llamamos políticas sustitutivas de salud mental: sustitutivo no es sólo el cierre de los manicomios, tiene que ver con servicios que los reemplacen y que sean lugares en donde se produzca salud. Entonces, la reglamentación propone una serie de dispositivos, como las casas de medio camino. También es muy importante el alojamiento en hospitales generales. Es decir, que haya intervención en los centros de salud y equipos de atención domiciliaria”.
Asimismo, determinó que “hubo un momento de transición donde la actual gestión tuvo que hacer base y asentarse en la estructura burocrática. Actualmente, estamos en una etapa de transición ya que se plantea la reforma integral del Estado. En cuanto a salud, se intenta avanzar en la misma línea que nosotros proponemos desde la Dirección, bajo el concepto de que la salud es algo integral, que no está fragmentada respecto a la salud mental. Esto también es un avance en lo teórico”.
Entre los logros de estos 12 meses, el abogado señaló que “ya se está armando el dispositivo de salud mental en los hospitales generales y se está avanzando en la redefinición de la modalidad de intervención clínica en los lugares de internación. También se cerró el corralito de la cárcel de Coronda y se creó un dispositivo nuevo en Oliveros para el abordaje clínico de los pacientes con un grado de complejidad y una necesidad de recursos que no se puede dar en los lugares de internación”.
–¿Tuvieron obstáculos?
–Por un lado, los inconvenientes que fuimos encontrando durante todos estos años son del orden de la existencia o no de decisión política por parte de los gobiernos. Aunque ahora existe una decisión política, nuestro trabajo requiere de asignación de recursos y, por ejemplo, todavía no está definido el presupuesto para el Ministerio de Salud durante 2009. Es todo un tema y hay cierta incertidumbre en torno a eso. Otra de las dificultades que afrontamos es desmontar todas las cuestiones imaginarias y las resistencias que están instaladas en la comunidad en relación a la locura. Es un arduo trabajo que se hace día a día, para instalar que las personas no tienen que estar encerradas sino que deben estar en su lugar. Un ejemplo son las Juntas Especiales de Salud Mental: instalar este discurso de sustitución del manicomio al interior del poder judicial con todo lo que eso conlleva... Son huesos muy duros de roer, pero estamos viendo los resultados: cada vez más los jueces van tomando nuestra propuesta y este modo de pensar las políticas de salud. Es un trabajo de hormiga que venimos realizando desde hace más de 10 años. Tenemos dificultades, pero de a poco vamos avanzando.
–¿Qué ocurre en Santa Fe respecto al resto del país?
–Nos pasan estas cosas del federalismo... Es muy desparejo cómo se trata la salud mental en las distintas provincias. Río Negro se toma como pionera en materia de políticas públicas de desmanicomialización, tiene una ley antimanicomial muy interesante y ha sido tomada como modelo. Algo parecido ocurre con la provincia de San Luis. También es muy buena la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la ley de nuestra provincia no es lo más moderno porque es de 1991, de hecho hubo cosas, como la cuestión de la interdisciplina, que son centrales para pensar las políticas y de las que se decía muy poco en la ley anterior. En relación a esto, sí se dice mucho, y está establecida la reglamentación de la ley. Hay un reconocimiento a nivel nacional de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, del crecimiento de los dispositivos de salud mental en la estructura pública. Es tomada como referencia.
–¿Qué pasa a nivel nacional?
–La salud mental forma parte de aquellas cuestiones que le competen a cada provincia. No obstante, tienen tratamiento parlamentario dos proyectos que pretenden establecer lo que serían los derechos fundamentales de las personas con padecimiento subjetivo. Apuntan al núcleo duro de los derechos constitucionales para garantizarlos y a la reforma del articulado del Código Civil relativo a la insania, que es la modalidad que se tiene para aplicar a las personas que son declaradas dementes. Apunta a que esta modalidad, que implica una discapacidad de hecho para la persona con padecimiento subjetivo, sea establecida de un modo interdisciplinario, con criterios clínicos que no estén hegemonizados por la psiquiatría, que no sean para siempre, incorporando al Código Civil todos los avances en cuanto a construcción teórica que hacen al abordaje de la salud mental.
JUNTAS ESPECIALES. Las Juntas Especiales de Salud Mental, que actualmente funcionan en Rosario, se crearon por disposición de la Ley de Salud Mental y son dirigidas por el abogado Marcelo Martínez. “Se trata de un dispositivo muy efectivo, funciona como una polea de transmisión entre el aparato judicial y los efectores de salud mental”, definió el director.
Concretamente, el trabajo de las juntas es elaborar dictámenes para proponer a los jueces en relación a personas con padecimientos subjetivos cuyos casos están judicializados. Asimismo, analizan el tratamiento más adecuado, cuál es el mejor lugar para proveerlo, si es pertinente una internación y, en ese caso, cuál es el lugar indicado. “Es un organismo que actúa al interior del Poder Judicial porque respondemos a los pedidos de los jueces. No existe una experiencia similar en el resto del país. La verdad es que estamos muy entusiasmados porque se han logrado resultados muy interesantes en los últimos años, ya que los jueces se encuentran con equipos cuya característica, que los diferencia de una pericia común, es que se trabaja en forma interdisciplinaria. Los dictámenes son muy completos, muy sustanciosos y muy efectivos”, determinó Martínez.
CHAU CORRALITO. A comienzos de octubre se clausuró definitivamente el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, conocido como “corralito”. El detonante fue la muerte de un interno, en mayo de este año: estaba alojado en el corralito y apareció ahorcado. Un mes después, el 23 de junio, tres funcionarios del Ejecutivo elevaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, haciéndole conocer la idea de desactivar el pabellón psiquiátrico de la cárcel. El escrito, dirigido al presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, está firmado por las secretrias Débora Ferrandini, de Salud, Rosa Acosta, de Derechos Humanos, y Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios.
CHAU CORRALITO. A comienzos de octubre se clausuró definitivamente el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, conocido como “corralito”. El detonante fue la muerte de un interno, en mayo de este año: estaba alojado en el corralito y apareció ahorcado. Un mes después, el 23 de junio, tres funcionarios del Ejecutivo elevaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, haciéndole conocer la idea de desactivar el pabellón psiquiátrico de la cárcel. El escrito, dirigido al presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, está firmado por las secretrias Débora Ferrandini, de Salud, Rosa Acosta, de Derechos Humanos, y Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios.
El corralito había sido creado en 1985 en el marco de un convenio celebrado entre los entonces ministerios de Gobierno y de Salud y Medio Ambiente. La idea era alojar y brindar asistencia a personas declaradas penalmente inimputables, en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también a aquellas personas consideradas penalmente imputables en situación de padecimientos en su salud mental. A lo largo de sus 23 años de existencia fue muchas veces cuestionado: distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron la ilegalidad del espacio y la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas allí alojadas.
“Estamos absolutamente convencidos de que estos sitios tienen que cerrarse”, había dicho el gobernador Hermes Binner en ese momento. “Los lugares de reclusión de imputados deben ser lugares para la recuperación, como bien dice la Constitución”.
DEBATE NACIONAL. El Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional (MSDTI), surgido en 2005 en el marco de los congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, reúne a trabajadores, pacientes y organizaciones del campo de la salud mental de distintas regiones del país, comprometidos en la lucha por sustituir la privación ilegítima de la libertad que constituye la institución manicomial y sus lógicas de exclusión y estigmatización del padecimiento psíquico.
En su manifiesto, el MSDTI se ha pronunciado acerca de “esa modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que en el caso de las instituciones privadas sigue un idéntico modelo asilar: puede entenderse como conjunción entre locura, discriminación y mercado. En cualquier caso, constituye una flagrante violación de los derechos humanos y de impunidad instituida como política de salud, en momentos en que estos derechos quieren instituirse como políticas de Estado”.
COLONIA OLIVEROS: EL INICIO. En un informe publicado en el sitio www.enREDando.org.ar hay una reseña que señala que hace 12 años nacía, en la Colonia de Oliveros, la desmanicomialización: un proceso que empezó con talleres culturales para los internos y luego incorporó un área productiva. Desde allí, los pacientes cultivan una huerta orgánica, producen miel y tienen un criadero de chanchos. El psicólogo Esteban Fridman, coordinador de la cooperativa creada en la colonia, destacó que este tipo de iniciativas tienen que ver con un proceso que se inició para revertir la lógica de encierro con la cual había funcionado siempre este hospital. “Hubo una larga lucha para cambiar la lógica con que se atendía a los pacientes, para que esto deje de ser un depósito de locos. Incluso en 1991 los organismos de derechos humanos hicieron denuncias por el trato que acá se les daba a los internos. La pelea por la desmanicomialización viene de esa época, y sobre todo desde que se empezó a fortalecer institucionalmente, cuando en 1996 los trabajadores toman la dirección del hospital. Diez años después, lo que se nota es un cambio notorio en la salud de los pacientes”, explicó.
En Buenos Aires. En el Hospital Alvear (ciudad de Buenos Aires) se realizan talleres destinados a pacientes psiquiátricos como una opción para facilitar la externación y la reinserción social y familiar. Bajo el concepto de que existe una forma de poner fin a una internación psiquiátrica y continuar con el tratamiento, cubriendo las horas que quedan vacías con tareas productivas o placenteras, organizaron un programa con talleres de tango, plástica, música y técnicas audiovisuales. El más reciente es el de huerta orgánica.
Locas... de televisión. La desmanocomialización tuvo, también, su lugar en la pantalla: en 2004, Canal 13 de Buenos Aires puso al aire “Locas de Amor”, un unitario que contaba la vida de tres mujeres que acababan de salir de un neuropsiquiátrico. Juana Vázquez (Julieta Díaz) era una obsesiva compulsiva que no toleraba ni el más mínimo contacto físico. Eva Doura (Soledad Villamil) sufría delirios místico-religiosos y escuchaba voces a su alrededor. Simona Teglia (Leticia Brédice) era una maníaca-depresiva capaz de pasar de un momento a otro de la alegría al autoflagelamiento más brutal. En definitiva: tres jóvenes que vuelven a ser parte del mundo real con sus problemas, fobias, temores y ansiedades a cuestas y que, conviviendo en el mismo departamento, intentan reinsertarse socialmente en un mundo cada vez más individualista y que tiende a expulsar al diferente.
DEBATE NACIONAL. El Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional (MSDTI), surgido en 2005 en el marco de los congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, reúne a trabajadores, pacientes y organizaciones del campo de la salud mental de distintas regiones del país, comprometidos en la lucha por sustituir la privación ilegítima de la libertad que constituye la institución manicomial y sus lógicas de exclusión y estigmatización del padecimiento psíquico.
En su manifiesto, el MSDTI se ha pronunciado acerca de “esa modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que en el caso de las instituciones privadas sigue un idéntico modelo asilar: puede entenderse como conjunción entre locura, discriminación y mercado. En cualquier caso, constituye una flagrante violación de los derechos humanos y de impunidad instituida como política de salud, en momentos en que estos derechos quieren instituirse como políticas de Estado”.
COLONIA OLIVEROS: EL INICIO. En un informe publicado en el sitio www.enREDando.org.ar hay una reseña que señala que hace 12 años nacía, en la Colonia de Oliveros, la desmanicomialización: un proceso que empezó con talleres culturales para los internos y luego incorporó un área productiva. Desde allí, los pacientes cultivan una huerta orgánica, producen miel y tienen un criadero de chanchos. El psicólogo Esteban Fridman, coordinador de la cooperativa creada en la colonia, destacó que este tipo de iniciativas tienen que ver con un proceso que se inició para revertir la lógica de encierro con la cual había funcionado siempre este hospital. “Hubo una larga lucha para cambiar la lógica con que se atendía a los pacientes, para que esto deje de ser un depósito de locos. Incluso en 1991 los organismos de derechos humanos hicieron denuncias por el trato que acá se les daba a los internos. La pelea por la desmanicomialización viene de esa época, y sobre todo desde que se empezó a fortalecer institucionalmente, cuando en 1996 los trabajadores toman la dirección del hospital. Diez años después, lo que se nota es un cambio notorio en la salud de los pacientes”, explicó.
En Buenos Aires. En el Hospital Alvear (ciudad de Buenos Aires) se realizan talleres destinados a pacientes psiquiátricos como una opción para facilitar la externación y la reinserción social y familiar. Bajo el concepto de que existe una forma de poner fin a una internación psiquiátrica y continuar con el tratamiento, cubriendo las horas que quedan vacías con tareas productivas o placenteras, organizaron un programa con talleres de tango, plástica, música y técnicas audiovisuales. El más reciente es el de huerta orgánica.
Locas... de televisión. La desmanocomialización tuvo, también, su lugar en la pantalla: en 2004, Canal 13 de Buenos Aires puso al aire “Locas de Amor”, un unitario que contaba la vida de tres mujeres que acababan de salir de un neuropsiquiátrico. Juana Vázquez (Julieta Díaz) era una obsesiva compulsiva que no toleraba ni el más mínimo contacto físico. Eva Doura (Soledad Villamil) sufría delirios místico-religiosos y escuchaba voces a su alrededor. Simona Teglia (Leticia Brédice) era una maníaca-depresiva capaz de pasar de un momento a otro de la alegría al autoflagelamiento más brutal. En definitiva: tres jóvenes que vuelven a ser parte del mundo real con sus problemas, fobias, temores y ansiedades a cuestas y que, conviviendo en el mismo departamento, intentan reinsertarse socialmente en un mundo cada vez más individualista y que tiende a expulsar al diferente.
Viejos paradigmas. Carlos de Lajonquiere, director general de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que la clave de la desmanicomialización está en internar la menor cantidad posible de pacientes y, en los casos en que hay que internar, contar con efectores rápidos, donde el promedio de internación no supere los 30 días, con métodos de seguimiento que no propicien las reinternaciones. “El paradigma de la vieja psiquiatría consistió en hipermedicar, con muchos fármacos y poco uso racional de psicofármacos. No alcanza con abrir camas en hospitales de agudos, sino que es necesario cambiar la mentalidad, la formación de los profesionales, de modo que los pacientes no sean tratados con decenas de fármacos, sino con uno o dos, y que cuenten inmediatamente con sistemas de psicoterapia y reinserción”, opinó.
Publicado en Pausa #29, 28 de noviembre de 2008.
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viernes, 21 de noviembre de 2008
De la crisis se zafa con cabeza
La organización de los trabajadores y el fortalecimiento de la pequeña empresa demuestran ser caminos viables para lo que se viene. En el marco de las amenazas despidos y de las reacciones de las cúpulas sindicales, asoman dos nuevos modos de gestión empresaria y obrera. Hablaron con Pausa un académico especialista en pymes y un dirigente local del MTL.En medio de los conflictos laborales suscitados a partir de la crisis financiera mundial, y mientras los funcionarios se las ingenian para convencer a los empresarios de evitar despidos y suspensiones, un referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y un representante de la Universidad de Bolonia (Italia), impulsor del Observatorio de Pymes en la provincia de Santa Fe, hablaron con Pausa sobre las alternativas que se pueden generar para garantizar fuentes de empleo digno.
Rubén Salas, dirigente del movimiento de desocupados de Santa Rosa de Lima, indicó similitudes y diferencias entre la actualidad y el 2001, a la vez que propuso alternativas para recuperar el trabajo decente. “Algunas similitudes con la década del 90 hay: una es el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Eso es muy grave, en las personas que tienen un sueldo que les permite vivir el impacto es menor que en el que tiene un sueldo en negro”.
El dirigente del MTL reconoció que con la reactivación económica de los últimos años se generaron fuentes laborales, pero subrayó que no fueron suficientes para que se reinsertaran todos los sectores antes excluidos. “Un importante porcentaje de la población quedó afuera por la edad, porque ya no conocen los nuevos oficios, porque la crisis los dejó con los brazos caídos o por no actualizarse al momento que se vive”, añadió Salas.
Según su opinión, el sector más afectado por la crisis –cuyo inicio identificó a partir del lock out del campo– es la construcción. Hay obras paralizadas y se empiezan a ver “nuevos bolsones de pobreza. No es la misma desocupación que entonces, pero puede llegar a esos niveles si no se actúa rápido”.
CONCENTRADO Y PRECARIO. Salas se refirió también a las leyes laborales y recordó que todavía están vigente la legislación de los 90 “que precariza totalmente el trabajo”. Consideró, en contra de los índices del Indec, que no hubo un crecimiento importante del empleo en este último período.
“La situación laboral sigue estando en negro y existe una explotación tremenda, sufrida principalmente por jóvenes, en la que se trabaja más horas por menos plata y no se tiene acceso a una obra social y demás derechos”, opinó.
–Con los problemas de rentabilidad ¿siempre la variable de ajuste son los trabajadores?
–Históricamente fue así: las ganancias se reparten entre los empresarios y las pérdidas las paga el pueblo. Pasó siempre así en este país. A la crisis la siguen pagando los mismos. Por eso los aumentos en la canasta familiar afectan mucho más a este sector que a los empresarios; su ganancia la depositan en un banco o la invierten en construcción o materiales: no los afecta tanto como a los que dependen del salario o la changa.
–¿Cómo ven el rol de los empresarios?
–Hace años que se discute la recuperación del empresariado nacional. En otros países existe, aquí, desgraciadamente, en los últimos 20 o 30 años no les ha importado la bandera ni el país, sino su ganancia particular.
ORGANIZARSE: LA ALTERNATIVA. “Cuando el trabajador se organiza y pelea fuerte por una idea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, orgullo nuestro que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. Para nosotros es algo normal, pero a la vez muy difícil de conseguir. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo. Más allá de que un gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.
Salas ejemplificó: “Nos pasó con el campo. Estábamos de acuerdo con que tenían que pagar más los que más ganan, pero no tuvimos la fuerza para defender eso. No nos puede volver a pasar: si recordamos propuestas históricas de algunos sectores del campo popular, como la nacionalización de la banca o la reforma agraria, hoy vemos que no tenemos la organización ni la fuerza para concretarlo. Hay que apuntar ahí: a la organización desde abajo”.
–En este aspecto, en Santa Fe, ¿cómo estamos?
–Ocurrió un fenómeno similar al de otras ciudades: hubo muchos piquetes a fines de los 90 y principios del 2000, pero después esa lucha fue comprada, cooptada, fragmentada por el gobierno. Hoy hay una desorganización tal que es muy difícil recuperar la fuerza colectiva que teníamos. Pero hay que seguir intentando la organización de los trabajadores, siempre considerando que no se hace desde un barrio o una ciudad sino desde un proyecto de país.
EMPRENDIMIENTOS MTL. En barrio El Pozo, un programa integral de nutrición infantil procura la recuperación de 150 niños desnutridos, monitoreado por Salud Pública y puesto en marcha con al aporte solidario de organizaciones de derechos humanos y de ayuntamientos de Europa.
Una de las referencias de autogestión, emblemática para el movimiento, es la Cooperativa Emetele, con 400 trabajadores y 1.000 viviendas en ejecución en Buenos Aires. Los trabajadores perciben asignación familiar, aguinaldo, vacaciones, ART y obra social. Y la cooperativa se presenta a licitaciones para construir otras obras.
Comenzó en 2004, con la construcción de un complejo habitacional –por trabajadores del propio movimiento– en tiempo record (30 meses) y a un costo 25% menor al del mercado. El barrio Monteagudo tiene 326 departamentos, Jardín Maternal, diez locales comerciales, un salón de usos múltiples, una radio, nueve patios internos y una plaza.
POTENCIAR PYMES: EL CASO ITALIA. El lunes el gobierno de la provincia firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Observatorio Pyme y la Universidad de Bolonia (Italia) para crear el “Observatorio Pyme Regional de la Provincia de Santa Fe”.
De paso por la ciudad, Vicente Donato, vicedirector de la Universidad de Bolonia (representación Buenos Aires), habló con Pausa acerca de la experiencia italiana en el desarrollo de las pymes durante la posguerra y sobre la posibilidad de implementar un proyecto similar en nuestra provincia.
–¿En qué consisten estos convenios para poner en marcha el Observatorio Pyme?
–Es una metodología de institucionalización de observatorios que la Universidad de Bolonia impulsa en toda la Argentina, junto a la Unión Industrial. La idea es ponerlos en marcha en todas las provincias. Esto permitirá saber qué tan dinámicos son los sectores y las empresas en relación a otros del país y de Europa. Aquí, el gobierno le dio un gran impulso a este convenio entre universidades y empresarios a través del financiamiento total del inicio del proyecto para garantizar su rápido funcionamiento. Luego ingresarán progresivamente los privados, que deberán sustentarlo en el tiempo.
A pesar de las distancias que separan la provincia de Europa, la experiencia de los últimos 50 años, y en particular el caso Italia, permite entender la referencia y el alcance del intercambio.
Las pymes representan más del 95% de las empresas de la comunidad europea. Concentran más de las dos terceras partes del empleo total: el 60% en el sector industrial y más del 75% en el sector servicios. El nivel de eficiencia de las pymes italianas es reconocido en el mundo; no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En la Argentina las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).
Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, es tomada como referencia casi en toda Europa. Esa comuna, que ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de toda Italia (68%; la media nacional es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). Además, el 90% de sus 415.000 unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada 10 habitantes.
Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa, según sostienen, en los principios de solidaridad y de reciprocidad. La provincia de Bolonia se considera el nodo de comunicaciones más importante de Italia por su sistema ferroviario y su logística de vanguardia, que conecta la zona con el sistema portuario de Ravena, hacia el este: el principal puerto de la región hacia el Adriático.
–¿Qué comparación puede hacer entre Italia y Santa Fe?
–Lamentablemente, las pymes en este país funcionan aisladas. Hay un tejido institucional más débil que el italiano, hay poco apalancamiento bancario, no hay acceso al crédito. En Italia hay políticas públicas de incentivo y de promoción de comercio exterior. Ambas han tenido continuidad desde la posguerra hasta ahora. La diferencia fundamental entre una pyme Italiana y una argentina es que esta última funciona, lamentablemente, de modo muy aislado. La otra está inserta en un tejido institucional muy fuerte que la protege, la hace crecer y le permite desarrollarse más armónicamente. El pequeño y mediano empresario argentino es una especie de súper héroe solitario.
–¿Podrá Argentina hacer viable eso?
–Europa es un continente antiguo, con una historia muy particular y una trayectoria de políticas públicas muy consolidada. La Argentina es un país joven, de manera que el objetivo es aprender lo que se pueda aprender, aunque no todo se puede transferir.
A MINIMIZAR LA CRISIS. Ante las amenazas de despidos, la suspensión de trabajadores y el adelanto de vacaciones, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, diseñó una estrategia para presionar a las empresas. En parte, se tradujo en el recordatorio de que está vigente el procedimiento preventivo de crisis, que implica que ante cualquier despido la compañía deberá entregar a la cartera sus últimos tres balances. De no hacerlo, corre automáticamente la conciliación obligatoria.
Tomada evitó hablar en la semana de despidos masivos pero, al igual que otros funcionarios, describió al sector privado como en un “estado de psicosis”: muchas empresas aprovechan la crisis internacional para despedir y suspender personal sin justificación.
En sintonía, la provincia desplegó una serie de medidas, encuentros y convocatorias a diferentes sectores para frenar el impacto de la crisis, que afecta sobre todo a las automotrices, la metalurgia, los frigoríficos y las curtiembres, entre otros.
En este contexto, ayer se reunió, en una sesión extraordinaria, la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente: analizaron los posibles efectos laborales en la coyuntura actual y evaluaron, en conjunto con representantes sindicales y empresariales, la definición de medidas activas.
Los conflictos laborales más notorios, hasta ahora, son los 1.500 empleados suspendidos en frigoríficos de todo el país, la suspensión de actividades que comenzará a realizar la firma Fate a partir de hoy –donde hay 1.400 trabajadores involucrados–, los más de 1.000 trabajadores de la industria automotriz a los que no les renovarán sus contratos y los 370 operarios suspendidos por la empresa textil Enod, de La Rioja.
LA POSTURA DE LAS CENTRALES OBRERAS. La CGT de Hugo Moyano reclamó fervientemente la implementación de una doble o triple indemnización para despidos injustificados. El proyecto estaría listo para ser ingresado en el Congreso Nacional, aunque desde la CGT aclararon que, tras el distanciamiento del gobierno nacional respecto de la iniciativa, ahora “se apuesta a un acuerdo” con los empresarios y legisladores del oficialismo. Por su parte, la CTA fijó su posición a través de su secretario general, Hugo Yasky, quien en la semana pidió la prohibición de los despidos por seis meses y la profundización del procedimiento preventivo de crisis, que ya se aplicó en los casos de Easy, General Motors y Mercedes Benz. También exigió la convocatoria a un Consejo Federal que incluya a trabajadores, empresas y gobernadores. Además, la central anunció una marcha nacional para el próximo 12 de diciembre. Hugo Yasky criticó a las empresas que “acumularon ganancias durante cinco años, se la llevaron con pala y ahora despiden por si acaso, por si las moscas”.
Publicado en Pausa #28, 21 de noviembre de 2008.
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