Diálogo versión local

Una agenda de temas económicos reunió al gobernador y a legisladores de todos los partidos. El faltazo del Lole reflota las dudas sobre su papel institucional. ¿Puede ser presidente alguien que no puede pisar su propia ciudad?

Por Ezequiel Nieva

No sabe, no contesta. Así se puede definir la relación entre el gobierno de la provincia y uno de los tres senadores que la representa en el Congreso: Carlos Reutemann. En la semana se sucedieron algunos hechos que no hacen sino agigantar los interrogantes que rodean la figura del ex piloto; su comentada ausencia en la reunión que el lunes mantuvo el gobernador Hermes Binner con los legisladores nacionales santafesinos –a la que se había comprometido a asistir– y la idéntica decisión ante la convocatoria del ministro Florencio Randazzo reflotaron las dudas que, antaño, constituyeron la comidilla de sus adversarios políticos.

¿Es Reutemann –como quieren sus fieles– un “tiempista” que elige meditar cada paso o es simplemente un hombre timorato, esclavo de sus propias dudas? ¿Está en condiciones de ser presidente –como sugirió Hilda “Chiche” Duhalde– alguien que no puede caminar por su propia ciudad? ¿Le queda esa necesaria reserva de ambición para lograrlo o está conforme con su cargo? ¿Puede aspirar a llegar alguien que se compromete públicamente a defender los intereses de su provincia y, acto seguido, decide no dialogar ni con el gobernador ni con el ministro del Interior?

Tanto Binner como Randazzo lo habían citado porque es el referente de un vasto sector político y porque, además, ocupa un cargo institucional hasta el año 2015. De hecho, el propio Reutemann se había cansado de repetir –antes y después de las elecciones del 28 de junio– que estaba a disposición de los gobiernos provincial y nacional para todos aquellos asuntos que exigieran su participación. El contexto –crisis, desaceleración de la economía, déficit en las cuentas públicas– requiere de acuerdos firmes y, en virtud de ello, casi todos los legisladores asumieron el compromiso de colaborar con la administración provincial...

... MENOS UNO. El mismo día en que Binner recibió a los legisladores, Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con los diputados del Frente para la Victoria. El jefe de esa bancada, Agustín Rossi, comentó antes de ingresar al Salón Blanco de la Casa Gris: “La presidenta nos pidió que trabajemos buscando consensos”. En efecto: 19 de los 22 legisladores santafesinos asistieron al convite de Binner. Héctor Sylvestre Begnis y Paulina Fiol se excusaron con tiempo por no poder asistir; Reutemann, en cambio, demoró la intriga hasta último momento.

La necesidad de consenso, cuya primera condición es el diálogo, aparece como la única estrategia viable de cara a los próximos dos años y medio: el poder está repartido de forma tal que ningún sector podrá avanzar sin negociar con los otros. A Binner le ocurre, en la provincia, lo mismo que a Cristina en la Nación; de ahí que también convocara a los referentes del justicialismo santafesino para avanzar en los temas que considera clave para su gestión: reforma tributaria a la cabeza.

Pero como la buena salud de las cuentas de la provincia no depende sólo del humor de los senadores opositores, el gobernador ha redoblado sus esfuerzos en recomponer la relación con la administración central, muy fría tras el público apoyo del socialismo a los reclamos de la Mesa de Enlace. Los primeros signos del renovado entendimiento entre Binner y el kirchnerismo pudieron verse tras el encuentro que mantuvo con la presidenta dos semanas atrás; la convocatoria del lunes último tiene que ver con el esfuerzo conjunto que deberán hacer socialistas, radicales y justicialistas en el Congreso Nacional en favor de los intereses de la provincia.

Por eso Rubén Giustiniani había sugerido, antes de la reunión, la conformación de un bloque legislativo transversal que se ocupe de gestionar recursos para Santa Fe. “Hay tres temas fundamentales: la ley de coparticipación federal, el impuesto al cheque y las obras de infraestructura necesarias”, dijo el senador socialista. “Creo que es muy posible que podamos coincidir en estos temas, más allá de las banderías políticas”.

Con alguna chicana, también el diputado Jorge Obeid saludó la convocatoria de Binner: “En principio, bienvenido sea el diálogo. Pero tampoco hay que esperar que de una reunión surjan las soluciones para todos los problemas que tiene el gobierno provincial. Es un primer paso; ahora el Congreso tiene que tratar la prórroga de la ley del cheque”. Obeid enumeró otros temas pendientes: “El presupuesto, el destino de los casi 8.000 millones de pesos de ATN que no se están distribuyendo, las rebajas a las retenciones”. El ex gobernador recordó un proyecto de su autoría –avalado por el Lole– que propone eliminar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol y bajar la alícuota de las retenciones a la soja.

–¿Y de dónde surgirían los recursos que el Estado dejaría de recaudar? –le preguntó Pausa.

–De la ingeniería presupuestaria que tiene que hacer el gobierno. Se modifican los presupuestos, como cada vez que hay un recurso que deja de existir. Para eso tiene centenares de personas el Ministerio de Economía: para ver cómo reasigna recursos.

Giustiniani recordó luego que “cada uno tiene sus proyectos particulares”. “El debate recién empieza; el socialismo tiene un proyecto de retenciones segmentadas y progresivas y creemos que la soja debe tener un tratamiento diferente. Tiene que haber una política que vaya en contra del monocultivo, que es lo que se está expandiendo. Vemos que hay una idea de superar la sojización, pero las políticas existentes no hacen más que proyectarla”.

–Sin embargo cuando el año pasado se anunciaron las retenciones móviles, uno de los argumentos era frenar la sojización...

–Está claro que en los últimos años todo lo que se ha hecho no ha servido para frenar el monocultivo, sino todo lo contrario –respondió el socialista–. La realidad muestra que la soja se ha extendido a lugares insospechados, incluso deforestando bosques nativos.

Luego explicó que, según su punto de vista, para reemplazar los recursos que dejaría de percibir el Estado en caso de un eventual cambio en el sistema de retenciones, hay otras variables posibles: “Soy autor de un proyecto para gravar la renta financiera, de otro que propone cambios en el código minero y de otro para gravar el juego”.

Obeid se había explayado sobre las distintas iniciativas que, junto a sus pares Walter Agosto y Ariel Dalla Fontana, presentó en el Congreso. De hecho, le dejó una copia a Binner de los ocho proyectos pendientes de tratamiento que ayudarían a mejorar las cuentas de la provincia: además de la modificación del sistema de retenciones, la declaración como zona de desastre de los departamentos afectados por la sequía, un cambio en la coparticipación de los derechos de exportación del petróleo, incentivos fiscales para el sector lácteo y un incremento en el piso de coparticipación para las provincias, entre otros. Todos esos proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados; de allí se desprende la escasa o nula participación del senador Reutemann en las gestiones.

LAS GARANTÍAS. Mientras se desarrollaba la reunión, en la puerta principal de la Casa Gris un grupo de inundados esperaba la llegada del ex gobernador. En su mayoría, mujeres. Una de ellas, Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, explicó por qué se acercaron: “Reutemann tiene una deuda social y política con la provincia y tiene que pagarla. ¿Por qué no la pagó, por qué llegó a ser candidato de nuevo (el 28 de junio)? Porque los integrantes de la Corte han hecho un pacto para que la impunidad lo proteja de por vida. ¿Qué le pasa a este hombre, que está hablando de ser presidenciable en 2011 y que por un grupo de ciudadanos que hemos decidido no doblegarnos decide no venir a la Casa de Gobierno?”, se preguntó.

–¿Esto socava la representatividad de Reutemann?

–Creo que le quita autenticidad. Su autenticidad está en cuestión.

Según publicó el miércoles La Capital de Rosario, Reutemann estuvo en inmediaciones de la Casa Gris y, después de dar varias vueltas en su auto, se convenció de que el horno no estaba para bollos. “Con semejante comité de recepción no puedo asistir a la reunión”, le dijo desde su celular a un par de dirigentes justicialistas que aguardaban su llegada en el bar de San Martín y General López. Adentro ya circulaban las versiones sobre “las condiciones de seguridad”, que fueron el argumento esgrimido por los allegados al Lole para justificar su ausencia.

La reunión estaba por empezar, con 19 legisladores y el gabinete completo del gobierno provincial ya ubicados en el Salón Blanco. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, relató al día siguiente los pormenores: dijo que fue él quien llamó a Reutemann para averiguar qué pasaba y no, como se comentó en un principio, que había sido el Lole quien llamó para excusarse. “Como no llegaba y sentía de ruidos de cacerolas en la puerta –contó Bonfatti– me asomé y vi 15 o 20 personas que estaban allí, manifestando. Entonces, pensé que esa era la causa por la que no venía. Lo llamé por teléfono. Me atendió. Le dije que le ofrecíamos todas las garantías, que podía ir yo a recibirlo por la cochera de atrás y que lo estábamos esperando. Me dijo que era un soldado de Santa Fe, que estaba a disposición de la provincia, pero que dadas las circunstancias no iba a concurrir”.

DOBLE FALTA. Dentro de la ronda de reuniones que el gobierno nacional mantiene con todas las fuerzas políticas –desde referentes de centro izquierda como Martín Sabbatella o de la derecha liberal como Mauricio Macri–, Reutemann había sido convocado –junto a “Chiche” Duhalde– por el ministro Randazzo. El encuentro estaba previsto para ayer, pero dos días antes el Lole avisó que no iría. “Va a ser imposible que concurra porque tiene un tema familiar en Santa Fe”, explicó a La Capital una colaboradora del ex gobernador.

Curiosidades de la política nacional: Hilda Duhalde, la esposa del ex presidente que alguna vez tentó al Lole para que lo sucediera, hace pocos meses vilipendió al ex piloto achacándole su escaso poder de decisión y carácter dubitativo. Recordaba, claro, la confusa explicación sobre por qué no había aceptado la propuesta de Eduardo Duhalde allá por mediados de 2002. Ahora es ella quien lo ve como presidenciable. “Lo vemos todos dentro del peronismo como un hombre de mucho futuro”, dijo el mismo día que Reutemann decidía no reunirse con Randazzo.
Mientras, el Lole parece haber recuperado su perfil de hombre callado: no habla si no a través de sus colaboradores. ¿Qué rol jugará de aquí en adelante? Es una pregunta tan difícil de responder como las que abren esta nota.

Publicado en Pausa #42, viernes 7 de agosto de 2009

Bolsillos generosos

Los informes presentados ante la Justicia Electoral permiten conocer de qué modo se financiaron, en la provincia, las campañas de las distintas fuerzas.

Tal como exige la ley 26.215, los partidos y frentes políticos que participaron de los comicios del 28 de junio presentaron los informes sobre los gastos y el origen de los fondos utilizados en la campaña ante la Cámara Nacional Electoral. De esos datos se desprende, en primera instancia, que el Frente Santa Fe Federal –encabezado por Carlos Reutemann– tuvo un importante apoyo empresario-indus-trial, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) financió su campaña con los fondos otorgados por el Ministerio del Interior junto con el aporte de dos empresas y de personas físicas. La tercera fuerza en la provincia, el Frente para la Victoria (FPV), recibió aportes fundamentalmente de legisladores nacionales y provinciales de la coalición, de seis empresas y también de particulares.

El informe preliminar que deberá ser detallado en los próximos meses ya despertó indignación en algunos dirigentes. Los números muestran que los gastos de Santa Fe Federal superan ampliamente los del FPCyS y casi duplican los del FPV. La polémica por los fondos y el financiamiento de las campañas no se generó sólo en Santa Fe; también en la provincia de Buenos Aires, donde el empresario Francisco de Narváez declaró que Unión Pro gastó 14.430.000 de pesos y el FPV, con Néstor Kirchner como candidato, 15.011.258 pesos. Montos que aparecen como exagerados siendo una campaña legislativa. Claro que hubo también otros casos, como el de Nuevo Encuentro, partido liderado por Martín Sabbatella, que gastó 483.002 pesos.

En la ciudad de Buenos Aires la coalición Unión Pro, que llevó a Gabriela Michetti como primera candidata, declaró gastos por 3.646.893 pesos. El FPV, con Carlos Heller a la cabeza, destinó 999.915,78 pesos, mientras que Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, valuó su campaña en apenas 176.790 pesos.

Sabbatella había denunciado durante la campaña la desigualdad entre los recursos destinados a las actividades proselitistas y cómo eso hacía difícil la difusión de las propuestas y plataformas electorales de los nuevos frentes políticos. Fueron esas fuerzas, las que menos recursos usaron, las que en sus páginas web detallaron con mayor rigor el modo en que financiaron sus campañas (un caso, el de Nuevo Encuentro: en su sitio se publicó un listado con los aportes que recibieron de particulares).

LA CAMPAÑA EN SANTA FE. En la página del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) se informa que, de acuerdo a la presentación realizada por cada fuerza política, Santa Fe Federal fue la fuerza que –lejos– más gastó en la campaña: 2.211.000 pesos

La rendición de cuentas de las listas encabezada por Reutemann y Daniel Germano especifica las “contribuciones o donaciones de personas físicas”: Fabián Bianchetti, Carlos Capisano (dirigente de la Federación de Industrial de Santa Fe), Carlos Carlozzi (candidato a concejal en Santa Fe y asesor de la Presidencia), Darío Crespi, Carlos Galán (empresario y ex candidato a vicegobernador), José Rindisbacher, Bibiana Ronchi, Marcelo Ruiz y Martín Sánchez Zinny. Cada uno aportó 10.000 pesos, mientras que Mónica Casebene contribuyó con 7.000.

La nómina incluye a cuatro ciudadanos de Buenos Aires, a los que también les interesó apoyar la lista de Reutemann: Hernán Ferraro (60.000 pesos), Sergio Guerra (68.000), Alicia Rendano (70.000) y César Solari (70.000).

Respecto de las empresas o “personas jurídicas” que aportaron fondos para la campaña del ex gobernador, la lista incluye a ABC S.A., Banco Patagonia, Basso S.A., Cámara Española, Centro Diagnóstico Molecular, Dalai S.A., Fortín Quieto S.A., Fundación Salud, Limansky S.A., Key Factor S.A., London Supply S.A., Maquinarias Agrícolas Ombú S.A., Microsules Argentina S.A., Open Mall S.A., Process S.R.L., Sadesa S.A., Sociedad Anónima La Sibila, Williner S.A., Terminal 6 S.A., Vassalli Fabril S.A. y Vicentín S.A. Cada una de ellas aportó 10.000 pesos. El grupo Cencosud donó 20.000, igual que Depor Jean y Sancor. Impresora Pompeya S.A., Print S.A. y Kollor Press aportaron 35.000 cada una y el Sanatorio Santa Fe 24.000.

El FPCyS informó que gastó 787.703 pesos en la campaña, de los cuales 637.700 provinieron del Ministerio del Interior, por el financiamiento que reciben los partidos de acuerdo con los votos obtenidos en contiendas anteriores (el Partido Justicialista resignó esa posibilidad al no consensuar una lista propia e ir dividido en la provincia). Entre los contribuyentes más importantes destacan a la diputada electa Alicia Ciciliani (10.000 pesos), a Moisés Limansky (10.000) y al senador Juan Carlos Zabalza (5.000). Sólo dos empresas apoyaron la lista del Frente Progresista: Café La Virginia y Talleres Metalúrgicos Bambi, ambas con 10.000 pesos.

A esto se debe sumar, según aparece en el informe, el aporte directo de otras empresas pero sólo al Partido Socialista (que forma parte del FPCyS junto a otros partidos) por un total de 105.000 pesos. Entre esas empresas se encuentran Industrias Juan Secco S.A. (35.000 pesos) y, con 10.000 cada una, Beta S.A., La Sibila S.A., Instituto Gamma S.A., Solans S.A., Enrique Bertini y Verónica SAICIAFEI.

Por su parte, el FPV declaró un gasto proyectado en 1.181.947 pesos, del que explicaron sólo la mitad al momento de cumplir con el pedido de la Justicia Electoral, con el compromiso de ampliar en el futuro esa información. Entre las personas físicas que aportaron 10.000 pesos para la campaña aparecen Natalia Cámpora, Fabio Gentili, el ex ministro Alberto Joaquín, la candidata a concejala rosarina Norma López, José Maccerolla y Daniel Zárate. Roberto Zuckerman aportó 15.000 pesos y Marcelo Viola 12.000. Los diputados Gerardo Rico, Claudia Saldaña, Oscar Urruty, Enrique Marín y Marcelo Brignoni (electo en 2007 por el FPCyS) contribuyeron con 35.000 pesos cada uno, al igual que el concejal de Rosario Arturo Gandolla, Martín Labbe y el diputado nacional Alejandro Rossi.

El informe incluye aportes del dirigente (y ex ministro de Carlos Reutemann) Esteban Borgonovo (20.000), del concejal santafesino Luciano Leiva (30.000), del propio Agustín Rossi, que encabezó la lista de candidatos a diputados y logró retener su banca, y del diputado provincial Luis Rubeo: 40.000 pesos cada uno. Las empresas que cooperaron para la campaña de ese frente fueron: Alta Plástica Centro S.A., Coinplast S.R.L., Lazzaro Ribotta S.A. y Rosario Logística S.R.L. con 3.000 pesos cada una. Grupo Simpa S.A. sumó 6.000 más y Liliana S.R.L. 16.000.

CUENTAS CLARAS. El financiamiento de las campañas políticas genera siempre chispazos entre los candidatos de los distintos partidos y sospechas entre los electores. La principal discordia fue, casi siempre, el uso de fondos públicos para actividades proselitistas. Por eso algunas organizaciones, como Ejercicio Ciudadano, buscan lograr más transparencia en las campañas y el acceso a la información sobre cómo se financian los gastos, algo que sigue generando más dudas que certezas.

La ONG rosarina sostiene: “Bajo un sistema de democracia representativa como el nuestro, es imprescindible que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de máxima confianza y responsabilidad, para lo cual es necesario que cada actor involucrado conozca sus obligaciones, además de sus derechos, y tenga la voluntad de practicarlos y defenderlos”. Sin embargo, reconocen que es este el punto que más resistencia genera en los candidatos cuando responden el cuestionario para los bancos de datos de la organización.

Por eso hacen foco en la exigencia de rendición de cuentas que cada frente debe realizar ante el tribunal electoral.

QUÉ DICE LA LEY 26.215. En su artículo 54, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que 10 días antes de la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico y político de la campaña deberán presentar un detalle de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma. El informe final se debe presentar 90 días después de la elección.

Una vez cumplidos estos plazos, la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de 180 días para realizar la auditoría de los informes finales de campaña y 30 días para la elaboración y notificación a los partidos del dictamen correspondiente.

El artículo 62 dice que aquellos que no cumplan con lo establecido serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones.

El 8 de junio, la Cámara Nacional Electoral emitió la resolución N° 10, que fijó los límites de gastos de campañas electorales. Sobre el padrón definitivo hasta el 31 de diciembre de 2008 para la elección legislativa del 28 de junio, se estableció como monto máximo para la provincia de Sana Fe 3.569.486 pesos y, como límite de aportes privados que pueden recibir 71.390 pesos de personas físicas y 35.695 de personas jurídicas.

POLÉMICA EN LA CIUDAD POR LA VEDA. A raíz de la expansión de la Gripe A, el Ejecutivo santafesino propuso modificar el cronograma electoral y, así, el 2 de julio la Legislatura aprobó la ley 12.982, que establece la Emergencia Sanitaria por 90 días en toda la provincia y que estipula también que los comicios primarios se realizarán el 2 de agosto y los generales el 27 de septiembre. La norma dispone además, en su artículo 4, la suspensión de toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones primarias, incluidas las inauguraciones oficiales, excepto aquellas relacionadas a las campañas vinculadas a las políticas de prevención en salud.

En Santa Fe, donde se renovará la composición del Concejo, los precandidatos presentaron varios pedidos ante el Tribunal Electoral para que especifique los alcances de lo establecido en el artículo 4 de la ley. Jorge Henn y Noelia Chiementín, precandidatos de la lista Encuentro para Santa Fe, presentaron una acción mere declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral para que se expida sobre los alcances de la ley Nº 12.982.

Henn argumentó que hay “zonas oscuras" en la letra de la ley, por ejemplo lo referido a la actividad pública del intendente y sus inauguraciones. “La gente no quiere que haya una utilización política de estos actos de gobierno para fines electorales”, señaló el concejal, enfrentado en una disputa interna con el espacio que lidera Mario Barletta, aunque agregó: “No estamos diciendo que el intendente no pueda inaugurar obras que sirven a la gente, pero no que se hagan anuncios”.

También el candidato de Proyecto Sur, Hugo Kofman, difundió una carta en la que denunció la continuación de la campaña de José Corral, actual secretario de Gobierno y precandidato a concejal, en actos públicos, quien “aparece con todas las ventajas de tener una presencia mediática cotidiana”. Kofman expresó: “Estamos observando infinidad de entrevistas pagas, publicidad institucional, reposición de cartelería por empresas publicitarias... Y esto incluye también a otras expresiones políticas, tanto del Frente Cívico y Social, como del PJ y de 100% Santafesino”.

El último martes el Tribunal Electoral respondió los planteos y ratificó el carácter restrictivo de la ley sancionada por la Legislatura, que además de modificar el cronograma electoral dispuso la suspensión de la actividad proselitista desde la fecha original (3 de julio) hasta la realización de las internas abiertas y obligatorias del 2 de agosto.

La resolución autoriza la entrega domiciliaria de boletas, pero se mantiene el criterio de prohibir toda publicidad, incluida la institucional, tanto gráfica, radial o televisiva, con las excepciones referidas a la difusión de los programas sanitarios y de prevención de la Gripe A.

El intendente Barletta reaccionó con disgusto: “Pareciera que más que ponernos un barbijo por la Gripe A, se pretende poner una mordaza. Esto de no permitir que los candidatos expresen ideas y pensamientos en los medios no parece estar acorde con lo que está escrito en la ley”.

Publicado en Pausa #41