La memoria no se moja

Un relato acerca de cómo los inundados, en forma organizada y también espontánea, lograron mantener vigente su reclamo de justicia; las derivaciones políticas de la insistencia y algunos testimonios sobre la etapa que se abre.

Por Ezequiel Nieva

Los muertos, los que se fueron muriendo de a poco, los que se suicidaron, las secuelas psicológicas, el impacto en la salud, las pérdidas materiales, el daño simbólico... La inundación de 2003 sigue siendo una pesadilla en el imaginario de, al menos, un tercio de la ciudad. En los últimos meses murieron dos integrantes de la Marcha de las Antorchas: Delia y Teresa. El listado de víctimas que ese grupo de inundados lee cada martes y cada 29 mientras recorren la Plaza de Mayo para mantener viva la memoria y exigir “justicia en todo y para todos” ahora suma 157 nombres, y nadie se anima a asegurar que allí acaba la cuenta.

Después de la inundación se incrementaron los accidentes cerebro-vasculares. También los diabéticos la pasaron mal: “Los que tenían la diabetes controlada pasaron a ser insulino-dependientes; los que eran insulino-dependien-tes directamente tuvieron que ser amputados”, recuerda Víctor Fontana, de la Casa de Derechos Humanos. “Hay casos de cáncer en los que nos quedaron las dudas de cuánto ha afectado la inundación”. Y hay, también, problemas psicológicos “sobre todo en los pibes, cuando se larga a llover: unos ataques de pánico tremendos”.

Ya lo había advertido el Colegio Psicólogos de Santa Fe cuando aún no se cumplía el primer año de la inundación. “Aumentaron los casos de fobias, pánico y temores nocturnos, junto al abuso de psicofármacos”, sostenían los profesionales en un estudio difundido en 2004. “En el caso de los alumnos hay un cuadro desolador: numerosos casos de irritabilidad y alteraciones en la memoria, entre otras patologías”. También entre los docentes y los directivos que participaron del informe se habían detectado problemas, como en el grueso de los barrios del oeste.

El trabajo de los psicólogos contiene una enumeración alarmante: “Ingesta de medicamentos en intentos de suicidios, fobias, pánico, terrores nocturnos, problemáticas asociadas al duelo, ideas suicidas, depresión, abulia, insomnio, abandono de tratamientos médicos, desencadenamientos psicóticos, abuso de consumo de psicofármacos sin control médico, cuadros de violencia familiar, trastornos de aprendizaje, abandono de escolaridad en adolescentes, ausentismo laboral y ansiedad desbordante”.

La idea de que la inundación trastornó a una parte importante de la ciudad –130 mil personas afectadas en forma directa por el ingreso de las aguas del río Salado– se complementa con una imagen a la que aludió Fontana y que, sin ser una metáfora, bien puede servir como tal: la idea de que la inundación amputó una parte de la ciudad. Amputó o expulsó, que para el caso es lo mismo. Cientos de familias de las zonas más castigadas por el agua debieron mudarse a los cuatro barrios para inundados que edificó el gobierno de Jorge Obeid: los tres llamados 29 de Abril –uno por calle San Lorenzo al norte de Avenida Gorriti, otro en Yapeyú, otro en Callejón Roca, cerca de Facundo Zuviría– y La Nueva Tablada, en las inmediaciones del Mercado de Abasto.

La muerte, el abandono, la expulsión y el impacto psicológico no fueron inocuos; los inundados se organizaron, formaron grupos de participación activa –además de la Marcha de las Antorchas, la Carpa Negra de la Dignidad e Inuma (Inundación Nunca Más)– y militaron contra el olvido y la impunidad. Las elecciones de 2007 aparecen, en ese marco, como un mojón: no sólo por el histórico cambio en el signo político que gobierna la provincia; también porque se hizo visible “el poder de la sociedad para echar a los corruptos”, según señala Héctor Sanagustín, uno de los integrantes de la Marcha de las Antorchas.

UN ESTADO SORDO. “Las estructuras sanitarias de la ciudad y de la provincia no cambiaron después de 2003”, asegura Víctor Fontana. “Y más allá de cualquier investigación que uno pueda hacer respecto de las secuelas, una cosa es segura: no podés encarar 130 mil personas afectadas con los dos o tres hospitales que hay y los centros de salud, la mitad de los cuales estaban inundados y fuera de servicio. No se modificó nada. No hubo más médicos, ni más enfermeras, ni técnicos. Y así no se puede atender todo lo que pasó después”, agrega el militante.

Fontana participó, junto al resto de los miembros de la Casa de Derechos Humanos –Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y militantes voluntarios–, de la elaboración de una serie de informes sobre las secuelas de la inundación. Tres de esos trabajos dieron cuenta, con datos actualizados, de las muertes colaterales que se registraron después de la tragedia; otros dos abordaron el impacto crónico en la salud de los inundados.

Los estudios fueron presentados en 2005 en distintas dependencias del gobierno provincial –Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, entre otras– y también ante la Justicia; un año después de esas presentaciones, en las que constaban no menos de 130 muertes como consecuencia de la inundación, la Justicia provincial procesó a tres ex funcionarios bajo la figura de “estrago culposo”. Esa decisión, que al juez Jorge Patrizi le valiera un ascenso, reconoce la responsabilidad del Estado en 18 de las 23 muertes oficialmente admitidas y exculpa al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann, quien ni siquiera debió declarar en la causa.

Para elaborar los informes se pidieron certificados médicos, historias clínicas y todos los documentos que contribuyeran a lograr un resultado lo más riguroso posible. Sin embargo, el Estado se hizo el sordo. Los únicos que les prestaron atención fueron los psicólogos que en su momento contrató el gobierno provincial para atender a las víctimas de la inundación; las coincidencias entre el diagnóstico que surge de los informes de secuelas y lo que los profesionales veían día a día en el oeste de la ciudad fueron casi absolutas.

LAS SECUELAS SOCIALES. Opina Fontana: “Yo creo que buena parte de la violencia que tenemos incorporada, reaccionar mal por pavadas, tiene un origen en lo que pasamos esos días. Es realmente fulero ver que te esté entrando el río en tu casa. Y después el manoseo que hubo de parte del Estado: las humillaciones que tuvimos que soportar en el Ente (de la Reconstrucción) fueron terribles. Lo que pasamos, y toda la impunidad que vimos después: ver que ninguno de los responsables está preso y que los únicos que están en la picota con alguna posibilidad de que le hagan un chás chás en la cola son tres perejiles”.

Hasta ahí la mirada de un inundado acerca de un panorama que es habitual en los barrios del oeste. También el ministro de Seguridad se refirió al punto: “En el área a mi cargo, las inundaciones han marcado a la ciudad de Santa Fe; creo que han desencadenado una reacción, un marco de bronca anti-sociedad que se ve reflejada en actitudes de muchos criminales en el sistema penal”, dijo la semana pasa Daniel Cuenca en el programa de cable Rueda de Prensa.

“Es un fenómeno local negativo. Se vio afectada gente que tenía muy poco, y haberlo perdido todo genera cambios de conducta. Quizá no en el adulto, pero sí en los más jóvenes, que son con quienes hoy tenemos conflictos”, agregó Cuenca, que también aludió brevemente a la gestión anterior: “Hubo un abandono; nosotros tomamos esta área muy sumergida”.

Fontana señala, a raíz de esas declaraciones del ministro de Seguridad: “Por ahí se cae en el riesgo de hacer una relación muy directa; yo creo que no es tan así. Es un factor más la inundación. Y la impunidad de los poderosos, ver y sufrir el manoseo, las humillaciones para cobrar los 4.000 pesos, las humillaciones que sufrieron los deudos que no cobraron indemnización por fallecimiento: los decretos hablaban de subsidios no reintegrables por el tremendo dolor que habían pasado los afectados. No era una indemnización por la responsabilidad de la Provincia en esas muertes”.

Al catálogo de ignominias cabe agregar una, en apariencia menos grave, pero cuyas consecuencias se perciben aún hoy: el traslado de numerosas familias de inundados a barrios nuevos, casi siempre en la otra punta de la ciudad. “Hay un montón de gente que cayó de golpe en barrios sin la infraestructura mínima. No había ni agua, ni desagües, ni electricidad; simplemente las casas, nada más. Y eso generó conflictos en el barrio y con los vecinos que estaban desde antes. Una situación de violencia muy difícil de sobrellevar”, explica Fontana.

El argumento preferido entre los que esgrimieron en su momento Obeid y el ex intendente Martín Balbarrey para justificar esos traslados masivos es la “vulnerabilidad” del borde oeste de la ciudad. Vulnerabilidad: la palabra de moda. La palabra políticamente correcta. Un eufemismo en el que caben los conceptos de negligencia, abandono y tantos otros. De hecho, es una palabra a la que pocos funcionarios se resisten: más allá de las banderías políticas.

Héctor Sanagustín tiene su propia mirada sobre las palabras y la política. “Hay una palabra que a mí me molesta mucho: vulnerabilidad. Nos tratan de vulnerables: el oeste es vulnerable, la ciudad es vulnerable... cuando la vulnerabilidad la construyeron ellos. Yo digo que la vulnerabilidad es no darse cuenta; cuando vos te diste cuenta, se les terminó el discurso”.

ENSEÑANZAS. Salir rápido a organizarse y no esperar al Estado: en esas pocas palabras puede condensarse una sabiduría que es hija de la tragedia. En 2003 la sociedad santafesina aprendió una importante lección a fuerza de cachetazos; la demostración se vio cuatro años más tarde, cuando la ciudad volvió a inundarse: los centros de evacuados surgieron de inmediato y sin necesidad de acudir a las autoridades, el grado de organización que se registró en cada uno de ellos sólo se explica volviendo la vista a 2003.

“Es una cosa muy linda”, recuerda Sanagustín. “Yo nunca había visto la solidaridad plena del vecino. El que te ofrecía la canoa, o que pases por su techo, o te daba un poco de comida. Esa solidaridad donde se termina la barrera entre una casa y la otra. Eso es algo que no vence nadie; eso es lo que no quiere el gobierno. La gente vio la potencia que tiene. Cuando la gente ve que puede hacer cosas sin necesidad del gobierno, es libre. Es la libertad de darse cuenta de que uno puede organizarse”.

Esa no fue la única enseñanza del Salado. Sanagustín agrega: “Aprendimos que a los inundadores se los puede echar. No por el Poder Judicial, evidentemente; no confiamos en la Justicia. Ir a la Justicia era meterse en el terreno de ellos, ir a pelear a la cancha de ellos, con sus leyes y sus jueces. Una trampa, un desgaste inútil”.

Una de las claves: “No todos, pero estos políticos que nos tocaron a nosotros viven exclusivamente de su imagen. Si nosotros destruíamos esa imagen, ellos quedaban desnudos”, explica Sanagustín. “Tienen miedo, les agarra pánico. Y un poco por la inundación de 2003, otro poco por la represión de 2001 y también por su propia ineficacia y su corrupción, el gobierno justicialista se terminó cayendo”.

Fontana aporta al debate algunas de las materias pendientes: “Lo que nos queda por aprender es a juntar coraje y animarnos a participar políticamente. Falta que nos convenzamos de la necesidad de la participación, y también de mantener esa participación en el tiempo”.

“Lo más difícil de todo es formar conciencia”, retoma Sanagustín, “porque no tenemos un concienciómetro, salvo cada cuatro años cuando vamos a votar. Nos echaron la culpa a la gente del oeste por haber votado de vuelta a Reutemann y Obeid, que volvieron a ganar (en las elecciones de septiembre de 2003), pero en realidad no llegó al 60% la gente del oeste que votó. Entonces, pareciera como si los votos de la gente del centro o de los otros barrios de la ciudad no contaran; sólo los del oeste”.

El resultado de las elecciones de 2007, el hecho de que ese año se formara una Comisión Investigadora oficial –en el ámbito del Concejo– para dilucidar el grado de responsabilidad de la Municipalidad durante la segunda inundación –trabajo que concluye con 20 imputaciones probadas que señalan la impericia, la negligencia y, en algunos casos, la corrupción que caracterizó la denominada Gestión Balbarrey– y la certeza de que la militancia, la resistencia y la insistencia –la Marcha de las Antorchas repite desde hace casi seis años el mismo ritual, semana a semana y 29 a 29– pueden dar sus frutos, son algunas de las pequeñas victorias de los inundados.

Pese a lo cual Sanagustín prefiere no ser del todo optimista: “La sociedad santafesina está muy apática, desactivada. No tiene conciencia de su propio poder”.

TESIS ACERCA DEL EGOÍSMO HUMANO

Como en 2003, otra vez Reutemann es candidato. Esta vez, para renovar su mandato en el Senado logrado aquel año, cuando ganó las elecciones que –por última vez en la provincia– se realizaron bajo el viejo sistema conocido como la “ley de lemas”. Desde su salida de la Casa Gris, en diciembre de 2003, no volvió a participar de la vida política santafesina. Casi no volvió a la ciudad, salvo unas pocas veces. En tres de esas oportunidades, un grupo mínimo de inundados se acercó a escracharlo. Héctor Sanagustín estuvo en los tres escraches. “En uno éramos tres y medio: dos mujeres, un chico de 14 años y yo”, recuerda. En otro logró acostarse unos segundos sobre el capó del auto en que se iba Reutemann y alcanzó a mirarlo a los ojos. En el otro recibió algún golpe. En la entrevista que mantuvo con Pausa, Sanagustín también trazó un perfil del ex gobernador: “Reutemann es el más claro ejemplo del egoísmo humano. Recién después de seis años, cuando le toca renovar su banca, se hace notar. Mientras estuvo cómodo en todos estos años fue un cero a la izquierda, algo intrascendente, no se movió por nadie ni por nada. Es más: no presentó listas, ni en 2005 ni en 2007. Recién cuando se vence su mandato se empieza a mover. Más claro ejemplo de egoísmo, imposible”.

LOS CHICOS CRECEN; LAS SECUELAS SIGUEN

El primer proyecto del Colegio de Psicólogos, realizado en los primeros dos meses posteriores a la inundación, remarcaba las siguientes secuelas: dificultades laborales, trastornos en el sueño por la inundación, trastornos físicos, más consumo de psicofármacos y de tabaco, problemas para concentrarse, preocupaciones fuertes y temores. Los problemas médicos más recurrentes: hipertensión, asma, alergia, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Aumentaron las consultas por angustia, depresión, violencia familiar y descompensaciones neuróticas. También se presentaron casos de adicciones, crisis de angustia, trastornos psicosomáticos, pánico, fobias, melancolía, duelos patológicos, síntomas depresivos, estrés postraumático, dificultades de aprendizaje. Entre los docentes se repitieron cuadros de sobrecarga de responsabilidades y agotamiento psíquico. En el caso de los chicos, quizá lo más grave y de lo que menos se habla: irritabilidad, intolerancia hacia el otro, disminución del interés por aprender, inhibiciones, hipersensibilidad... En 2003, esos chicos tenían entre 8 y 17 años.

TIEMPOS

¿Se está empezando a hacer cargo el Estado de lo que hizo mal o no hizo seis años atrás? El interrogante es cada vez más explícito. El último episodio fue esta semana, cuando el gobernador Hermes Binner anunció su plan de reparar e investigar los daños –y, por tanto, el origen– de la inundación; el próximo episodio será a unos pocos metros –en la Plaza de Mayo– el miércoles 29, cuando se realice el acto por el sexto aniversario de la tragedia.

Los inundados que participan de la Carpa Negra, reinstalada el mes pasado frente a la Casa Gris, y otros que se acercan en forma espontánea vienen realizando asambleas diarias en la que debaten las posibles posturas ante el proyecto del gobierno, que ahora asume que “los daños generados (...) aún persisten de forma palpable en la sociedad pese a haber transcurrido casi seis años”.

La presentación de la propuesta de reparación tuvo lugar en el mismo salón donde Carlos Reutemann asegurara, enfático, que nadie le avisó “absolutamente nada”. El cambio en la posición oficial del Estado es, en sí misma, todo un signo; de allí que el gobierno pretenda, antes de encarar la investigación, acordar con los damnificados –con una parte de ellos– el monto máximo posible a resarcir.

Entre los fundamentos de la propuesta de Binner se lee: “Las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Se advierte que más allá de las causas de los daños, lo cierto es que todavía no se han brindado todas las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer, al menos, un sentimiento de justicia y paz social”.

El gobierno reconoce que se deben satisfacer “los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, los reclamos de justicia y verdad”. Y a la vez advierte que “el Estado afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la provincia en los hechos”.

Por eso, promete por un lado “una respuesta reparadora colectiva” que incluye la “re-elaboración o reconstrucción de la verdad oficial respecto de lo acontecido” durante –y antes y después de– la inundación y a cambio pide se arribe a una solución extrajudicial en los litigios vigentes contra el Estado. Entre otros puntos, el gobierno asegura que hará público y accesible el expediente de la causa judicial por la que están procesados Marcelo Álvarez, Ricardo Fratti y Edgardo Berli y que facilitará el acceso a los planos de obras de la defensa incompleta.

La iniciativa se inscribe en el marco de una política hacia los inundados radicalmente opuesta a las anteriores. Antes de asumir, Binner ya se había reunido con algunos referentes de los principales grupos y barrios. Luego visitó, ya en ejercicio del gobierno, a los integrantes de la Marcha de las Antorchas: en la plaza, donde tuvo que oír la larga lista de reclamos vigentes. Unos meses más tarde, Binner redobló la apuesta y no solo participó del acto por el quinto aniversario de la inundación, sino que además subió al escenario, tomó el micrófono, respondió algunas alusiones y prometió colaborar –o al menos no entorpecer– en la búsqueda de verdad y justicia.

Ahora, con la nueva propuesta, el gobierno socialista buscará dar un paso necesario e ineludible para subsanar las amplias deudas del Estado por la tragedia evitable de 2003. Será quizá la gran apuesta de la actual gestión para confirmar que aquellos “buenos tiempos” de los que hablaban los afiches de campaña eran más que una mera promesa.

Publicado en Pausa #35, viernes 24 de abril de 2009
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