viernes, 11 de julio de 2008

La democracia se empieza a forjar en el aula



Cuadros técnicos del oficialismo y de la oposición, funcionarios, dirigentes de entidades intermedias y vecinos de la ciudad y la región participaron de la segunda Asamblea Ciudadana. El Ejecutivo quiere elaborar los proyectos de gestión partiendo de una base amplia de participación. “Mucha gente, de distintos colores políticos, instituciones y edades, para tener una percepción amplia de la heterogeneidad de la provincia” es el espíritu la convocatoria.

Las puertas abiertas de par en par, a pesar del paro de los docentes oficiales que no dictaron clases ese día, permitieron el ingreso a las personas que, movidas por la curiosidad y el interés, acudieron a la cita. La convocatoria para la segunda Asamblea Ciudadana de la Región 3 Nodo Santa Fe, el martes 8 de julio, logró poblar a la emblemática escuela de Comercio Domingo Silva, ubicada en 4 de enero 2806, panorama similar al que se vivía en la escuela Normal José de San Martín, al sur de la ciudad: el otro establecimiento escolar elegido con el objetivo explícito de “construir pluralidad”.

En un Estado de derecho los gobiernos se legalizan a través del voto, pero se legitiman en la acción diaria. La idea del Frente Progresista, Cívico y Social es generar una sinergia con la sociedad que le permita hacer sustentable la democracia para, principalmente, llenarla de contenido a través de la participación popular en el armado de políticas públicas aplicables en el corto, mediano y largo plazo. Ese camino es el que dice tratar de desandar el Ejecutivo provincial en los cinco nodos en los que se dividió el territorio para descentralizar las funciones de una administración pesada en burocracia y endeble en confianza.

PASE, VEA Y PARTICIPE. Cuatro son los encargados, ubicados en el hall de ingreso del Comercial, de entregar los cartones con números de grupos para ubicar de modo aleatorio a las personas en las 30 aulas destinadas al debate.

A las 17.30, con el lleno del patio central de la escuela –alguna vez escenario de las peñas rockeras–, comenzó la alocución de los funcionarios provinciales que abrieron formalmente la Asamblea.

Primero habló Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas. Acto seguido le cedió la palabra al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, quien agradeció la presencia de las instituciones, de los ciudadanos y ciudadanas que asistieron en forma individual y del Senador por el Departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, “por acompañarnos”. Estaban además, el ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, de Desarrollo Social, Pablo Farías, de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, junto a funcionarios de segundas y terceras líneas de cada cartera y a intendentes y presidentes comunales de la Región. En representación del gobierno de la ciudad de Santa Fe, el Secretario de Gobierno José Corral.

Bonfatti destacó que en la primera Asamblea se hizo un diagnóstico de la Región, cuya cabecera es la ciudad de Santa Fe y cuya futura sede administrativa será Recreo, y agregó: “Estamos en la etapa de la construcción colectiva del Plan Estratégico Provincial, que es una visión que pretendemos tener entre la sociedad civil y el Estado de determinadas cuestiones que hacen a la vida cotidiana”. El funcionario dijo, además, que se trata de una convocatoria a un diálogo entre ambos, en el que se establezca la posibilidad de consensuar las cosas que son prioritarias y las que se podrá ir relegando a un segundo o tercer plano en función del presupuesto.

“Nos embarcamos en algunas pretensiones de sueños que queremos construir entre todos: qué queremos que sea esta Región de Santa Fe dentro de 20 años. A eso hay que empezar a ponerlo en proyectos y ver cómo se materializan”, explicó el ministro, y concluyó su breve discurso con una invitación “a que nos escuchemos, a que sepamos que el mejor proyecto es aquel que tiene la aceptación de la mayoría. Creo que ése es el mayor desafío que tenemos hoy como sociedad los santafesinos y los argentinos: aprender a escucharnos y a poner cuestiones propositivas sobra la mesa que hagan que podamos crecer juntos. Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”.

EN EL DEBATE. Con los números del grupo en la mano, los ciudadanos presentes se trasladaron a las aulas para debatir las propuestas. Según los organizadores, cada aula albergó el martes pasado cerca de 15 y 20 personas, representantes de instituciones, organizaciones no gubernamentales y vecinos que se acercaron para participar. Ya en el aula, cada uno se presentó, dijo a quién representaba y comenzó el debate con la presencia de un “facilitador”, que se encargó de explicar la metodología de trabajo y que, además, sintetizó la experiencia anterior, debido a que la mayoría de los que estaban en las aulas asistían por primera vez.

En esta ocasión, el grupo cuatro estuvo conformado por 20 personas: una integrante de la Asociación Civil Eva, docentes de dos escuelas de Monte Vera, dos policías, un pastor evangélico, tres representantes de un centro cultural de Videla, el presidente de la comuna de Santo Domingo, un docente de Educación Física de la escuela sede de la Asamblea, el presidente de la Comuna de Matilde, la titular del Samco de San Carlos Centro, una vecina de la ciudad de Santa Fe que asistió con su hijo, docentes de la escuela Nuestra Señora del Luján de Santo Tomé, el Administrador de Vialidad Provincial, dos representantes del Hogar San Expedito, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y un funcionario de segunda línea del ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.

La convocatoria para esta Asamblea especificaba que se iban a tratar cuestiones referidas a los proyectos estratégicos correspondientes al eje físico-ambiental, que tiene como fin mejorar el hábitat, la infraestructura y los servicios públicos. En ese marco, en el pizarrón estaba colgado un afiche con siete puntos que representaban “los sueños y las expectativas para la Región 3”, resultantes de los planteos realizados por todas las personas que estuvieron en la primera instancia participativa.

En ese entonces se habían debatido las potencialidades y dificultades que los ciudadanos reconocían y observaban en este Nodo Santa Fe, que incluye a seis departamentos y abarca a 97 localidades.

Así, en primer lugar se expuso como deseo “una región de cara al río, con una importante terminal portuaria, con servicios para el turismo y áreas de esparcimiento. El siguiente enunciaba “una región con su medio ambiente protegido, con ciudades limpias, con plazas y parques públicos cuidados”. El tercer punto habla de “una región que incluya e integre a la población, con servicios básicos y vivienda digna para todos”. También hubo referencias a “una región comunicada con rutas y accesos acordes a sus necesidades, en la cual se respeten los derechos de los pueblos originarios” y con “espacios públicos donde la población pueda desarrollar actividades culturales y deportivas”.

Estos puntos fueron observados por los presentes en esta nueva instancia y debatidos largamente, hasta que se acordó agregar una “referencia explícita a la educación, que también está en otros ejes, pero que ahora haga referencia a la cuestión físico-ambiental, por las escuelas y su relación con el desarrollo cultural y con una visión ecológica”. Además, se planteó en el quinto ítem, acerca de la comunicación por rutas, la incorporación de una referencia a una red ferroviaria y pluvial, así como a la integración regional.

“Tiene que quedar claro desde el principio, ya que la ansiedad es más fuerte, que queremos que todo esto se lleve a cabo y que no quede sólo en el plano de un deseo”, expresó uno de los ciudadanos al inicio del debate.

CONSTRUIR CIUDADANÍA. El diálogo entre los integrantes de este grupo fue en ocasiones caótico y superpuesto, pero se logró ordenar mientras pasaban las horas. Uno de los temas que más discusión generó fue el de los deberes del Estado y de los ciudadanos, en relación con el cuidado de los espacios públicos y del medio ambiente. Allí apareció nuevamente la cuestión de la educación, no sólo en las aulas, y la disparidad entre algunos ciudadanos que ven al Estado como ajeno y otros que destacan que “el Estado somos todos, nosotros también debemos involucrarnos, controlar y mejorar las cosas que nos pasan”.

Otro elemento que se trató fue el de las diferencias existentes entre las realidades –culturales, econó micas y sociales– de las pequeñas localidades y las ciudades más grandes, y entre las zonas rurales y urbanas. En ese marco se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la integración de la región no sólo desde lo simbólico sino en acciones concretas. Además, se hizo referencia permanente al descreimiento hacia la política, a las promesas incumplidas por gestiones anteriores y a la inundación.

Según el proyecto, la actual gestión busca usar el material resultante de las Asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial –que estará listo para fin de año– a partir de las necesidades y los deseos de los ciudadanos. Los funcionarios que estuvieron en la Asamblea reconocieron que será un proyecto a largo plazo, dinámico –porque se renovará cada año–, pero reiteraron que el objetivo central es pensar qué Región se quiere de aquí a 20 años.

En tanto, en los pasillos los ciudadanos expresaron su aceptación a participar y a sumar sus propuestas en el proyecto final, pero reconocieron que hay necesidades urgentes que no pueden obviarse. Sobre esto, una de las integrantes de la Asociación Cultural de Videla dijo: “Recibimos la convocatoria y vinimos, porque entonces después no vamos a poder decir que no se nos pidió opinión”. Cristina Bay, titular del Samco de San Carlos Centro señaló que toda consulta abre una nueva expectativa, y agregó: “Esperemos que se pueda plasmar en un proyecto real”.

Al término de la Asamblea, que comenzó a las 17 y terminó a las 20, los participantes destacaron la importancia de poder plantear las cuestiones que les preocupan ante las autoridades presentes. “Nos vamos esperanzados y sentimos que por primera vez se nos escucha”, expresó una docente de la Escuela Nº 1.149 Nuestra Señora del Luján de Santo Tomé.

GARANTIZAR EL CONSENSO. La constitución de un Plan Estratégico de políticas públicas para cada región –Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto– es un juego democrático dinámico y participativo, donde la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas cumple un papel determinante en la cuantificación y calificación de los problemas marcados por la gente en las Asambleas Ciudadanas. Luego, con esa base de diagnósticos, una nueva ronda de encuentros con la población sirve para ir encontrando soluciones de manera conjunta.

Pasó ahora la asamblea donde se debatió el Eje Físico-Ambiental. En las próximas se abordarán el eje Socio-Institucional y el Económico-Productivo. En diálogo con Pausa, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, señaló que el trabajo es arduo porque antes de fin de año se espera tener el primer programa de acción elaborado junto con la sociedad. “Cuanta más gente participe, más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo la funcionaria y reconoció que la provincia tiene censadas unas “10 mil instituciones en todo el territorio”, información que se va actualizando permanentemente.

Por lo pronto, la expectativa de ser escuchados quedó de manifiesto en cada una de las aulas que fueron utilizadas para discutir la elaboración de proyectos en las escuelas Domingo Guzmán Silva y Normal José de San Martín. Un dato no menor es que entre los concurrentes hubo varios dirigentes del justicialismo. Algunos en la actualidad tienen cargos políticos (el senador Juan Carlos Mercier), otros pertenecieron al Poder Ejecutivo hasta el 10 de diciembre pasado (como Humberto Giobergia, ex titular de la Caja de Jubilaciones) y muchos más solo son militantes del PJ.

“Lo que esta metodología pretende es generar un proceso de confianza, vínculos entre la gente y el gobierno. Nosotros decimos que todos aquellos que participan de las instancias de Asambleas Ciudadanas seguramente no se van igual de como entraron. Más allá del resultado que obtengamos, lo importante es tener una base amplia de participación, de mucha gente, diversa, de distintos colores políticos, de distintas instituciones y de distintas edades, para poder tener una percepción lo más amplia posible de la heterogeneidad de nuestra provincia”, agregó la funcionaria.

CÓMO SIGUE EL PROCESO. Los próximos pasos en el proceso de regionalización pasan por reproducir la instancia de debate del Eje Físico-Ambiental en los nodos Rafaela, Rosario y Venado Tuerto. A partir de allí, comenzará en agosto el análisis –en nuevas Asambleas Ciudadanas– en las cinco capitales de los nodos el Eje Económico-Productivo. Al respecto, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas adelantó: “Discutiremos sobre los proyectos de desarrollo productivo local, que determinan el perfil productivo de la región; si queremos ser una región industrial, una región agrícola, una región de servicios o un poco de todo eso”.

En lo que hace al Nodo Santa Fe, se destacan diversas actividades industriales como el centro lácteo de Franck, los establecimientos de faenamiento bovino en Recreo y Nelson, las firmas cerveceras radicadas en la ciudad capital, la industria cristalera en San Carlos y las curtiembres en Esperanza, entre otros sectores de la economía. La gente que participó con anterioridad en la asamblea de diagnóstico ya indicó que hay una “obsolescencia tecnológica” que es recurrente en la horticultura, los tambos y la pesca. Además hicieron hincapié “en la necesidad de trabajar políticas de exportación adecuadas a los productos regionales y su protección”, como la frutilla corondina. Asimismo, se pondrá el acento en reducir mediante proyectos la “gran precariedad en diversas zonas para el desarrollo de instrumentos empresariales de articulación, promoción y defensa de sus intereses”.

Ya en noviembre comenzará la última etapa de proyectos de las Asambleas Ciudadanas, la relacionada al Eje Socio-Institucional. Entonces se debatirán iniciativas de educación, de salud y cuestiones relacionadas con la pobreza, entre otros aspectos como la inundación, según expresó la secretaria Mónica Bifarello.

“Nosotros queremos establecer en la provincia de Santa Fe una nueva manera de gestionar políticas públicas y esta nueva manera de hacerlo tiene que ver, primero, con la construcción de regiones, a los efectos de poder descentralizar la formulación de las políticas públicas y su ejecución. Esta descentralización conlleva, inexorablemente, el papel de los ciudadanos de cada una de esas regiones, que tienen que contribuir con su creatividad, con su capacidad, con su identificación de problemas y de soluciones, para generar las mejores políticas públicas desde el lugar en el cual se identifican estos problemas y soluciones”, aseveró el ministro de Economía, Ángel Sciara, que estuvo acompañado en la escuela Normal por sus pares de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero, y de Seguridad, Daniel Cuenca, además del intendente Mario Barletta.

En tanto, a los fines operativos, los cinco grandes núcleos administrativos serán el compendio de las políticas estatales y, paralelamente, servirán como primer receptor de necesidades y propuestas que ayudarán a los gobiernos municipales y comunales para proyectar soluciones y actuar sobre la oferta y no sobre las demandas de la ciudadanía. Ese proyecto elaborado por los equipos técnicos del Frente Progresista, Cívico y Social fue presentado durante la campaña como uno de los principales ejes para reformar el Estado. Apenas Hermes Binner entró a la Casa Gris en su envestidura de gobernador comenzó a materializarse.

Primero se mantuvieron reuniones con los dirigentes políticos de cada uno de esos núcleos territoriales para conocer las realidades particulares y definir de qué forma se puede hacer más eficiente el programa de descentralización. Ahora se está haciendo lo mismo con las ONGs, entidades intermedias, instituciones de las cinco zonas y la población en general.

Mientras las asambleas ciudadanas avanzan en la proyección de soluciones, el gobierno comenzó a trabajar en el diseño funcional de los nodos. Es allí donde apareció el primer anuncio de relevancia para el Gran Santa Fe: la sede institucional del nodo será el todavía Liceo Militar General Manuel Belgrano, en la ciudad de Recreo (ver Pausa #1).

Publicado en Pausa #9, 11 de julio de 2008.

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viernes, 4 de julio de 2008

Entre deudas pendientes y avances históricos



Por Marcela Perticarari

En poco tiempo la orientación sexual dejará de ser un impedimento para acceder a ciertos beneficios. El proyecto busca proteger las uniones entre dos personas que convivan en visible trato familiar y no quieran (o no puedan) contraer matrimonio.

“Jeremías es un solterón”. “Clarisa se quedó para vestir santos”. Y siguen las excusas de madres, padres, abuelas y tías mayores que ven en sus primogénitos, nietos y sobrinos a una persona que no formará una familia “tradicional” no sólo porque ese modelo no encuadra en los gustos de tantos Jeremías y Clarisas, sino porque sus orientaciones sexuales tampoco encajan en ese concepto. Hoy en día, quienes eligen decirle a su familia y a su entorno que son gays o lesbianas, suelen tener el camino más allanado que décadas atrás, aunque los mitos y prejuicios sobrevuelen y permanezcan en los imaginarios colectivos logrando que muchos aún no se animen a salir del closet.

Pero, independientemente de la mirada ajena, un tema fundamental y pendiente es la equidad legal que necesita este porcentaje de la población que actualmente, y más allá de fallos aislados y tímidos pasos en la justicia, carece de derechos civiles en Santa Fe. No obstante, nuestra provincia cuenta con el compromiso asumido por el gobernador Hermes Binner y los distintos bloques de la Legislatura para que se trate la Ley de Unión Estable de Parejas y se apruebe en un futuro no muy lejano.

EL PROYECTO. La Ley de Unión Estable de Parejas, redactada por las abogadas rosarinas Mónica Barroso Bonvicini y Susana Igarzabal para Vox, prevé la creación de un nuevo instituto jurídico novedoso en el ámbito de la provincia de Santa Fe, que permite regular y proteger las uniones entre dos personas que convivan en ostensible trato familiar y por determinadas razones no deseen o no puedan contraer matrimonio.

La Unión Estable de Parejas está basada en el principio de no discriminación, por lo que pueden acceder a la misma todas las ciudadanas y ciudadanos con domicilio en la provincia de Santa Fe que así lo deseen, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. Por tanto pueden acceder a ella parejas heterosexuales o parejas de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales.

Asimismo otorga derechos de tipo previsional, de acceso a la salud, a licencias, permisos laborales y planes de vivienda, sociales y educativos, entre otros, dentro del ámbito de las competencias del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Asimismo prevé la posibilidad de adhesión por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, bancos, cooperativas de vivienda y cualquier otro tipo de servicio que se brinde en la provincia.

Como todo trámite relativo a las familias, la Unión Estable de Parejas se tramitará en la Oficina de Registro Civil más cercana al domicilio de una o uno de los contrayentes. El acto administrativo de la Unión Estable de Parejas sería similar al del matrimonio y una vez concretado se otorga una libreta que acredita dicha unión.

Cabe recordar que el primer distrito argentino en instaurar la ley de unión civil que permite tanto a parejas hétero como homosexuales asentar legalmente su unión, fue aprobada y puesta en función en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2003. En la provincia de Río Negro se aprobó en el mismo año y en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba) en 2007. Asimismo, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano que la aprobó a nivel nacional.

EN LA LEGISLATURA. En febrero, representantes del activismo gay de Santa Fe se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, para presentarle el proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas.

En aquella ocasión, Guillermo Lovagnini (Vox Rosario) señaló que “se abre un tiempo nuevo en la provincia y en la Legislatura. Esperamos que las expectativas que las ciudadanas y ciudadanos de Santa Fe hemos depositado en estos nuevos tiempos se concreten en normativa que proteja la igualdad de derechos para todas y todos. Esta ley no es sólo para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es cierto que busca proteger fundamentalmente a las familias de la diversidad sexual, pero también otorga un instrumento importantísimo para aquellas santafesinas y santafesinos que busquen regular de otra manera sus relaciones afectivas”.

Por su parte, Di Pollina expresó “el apoyo de esta Legislatura para promover el debate necesario que permita alumbrar este nuevo instrumento legal que reconoce finalmente a todas las parejas y estructuras familiares por igual”.

“Hemos conformado una nueva mayoría parlamentaria con el objetivo de construir un nuevo Estado más cercano, más humano, que reconozca a todas y todos sus integrantes por igual. Cada avance legislativo que amplíe la base de acceso a los derechos para más ciudadanas y ciudadanos nos hace mejores como provincia, como santafesinas y santafesinos; nos hace más dignos y más humanos”, agregó el titular de la cámara baja, quien fuera impulsor de la primera presentación del proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas en la cámara baja, que perdió estado parlamentario y volvió a presentarse este año.

La Cámara de Senadores de la provincia ya había sancionado, el año pasado, una ley que plantea el derecho de afiliación a la obra social de los empleados estatales (Iapos) al conviviente del afiliado titular soltero, viudo o divorciado, cualquiera fuera su sexo.

La iniciativa fue elaborada por Verónica Benas (ARI), quien explicó que quienes reclamen este derecho deberán acreditar que existen hijos en común o una convivencia superior a los 3 años.

“Es una norma progresista, reclamada por años, y que avanza en el reconocimiento de los derechos de ciudadanos. Si bien la obra social provincial ya otorgaba este beneficio por resolución interna, había que realizar una serie de trámites por vía judicial, por lo que es un avance importante que se haya legislado sobre la materia”, agregó la diputada arista.

OTRO ANTECEDENTE. La justicia santafesina reconoció, en septiembre de 2003, el concubinato de una pareja del mismo sexo domiciliada en Santo Tomé, en un fallo inédito en la región y con amplios efectos jurídicos. De esta manera, la jueza en lo civil y comercial de Santa Fe, Nora Lapalma, resolvió reconocer el concubinato de dos hombres que llevaban alrededor de 15 años de convivencia.

“Se trata de un reconocimiento judicial de un concubinato, con amplios efectos jurídicos, no solamente como se ha parcializado en los últimos días con solo un reconocimiento de la obra social”, explicó el abogado de la pareja, Alejandro Visiconte Müller. Según el letrado, “el fallo tiene otros efectos jurídicos, como por ejemplo el tema hereditario, salud y bienes en general”.

VOX. Es una Asociación Civil que trabaja por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales. Se creó en la ciudad de Santa Fe hace cinco años y hace tres tiene su sede rosarina.

La construcción de la identidad del grupo es “totalmente horizontal”: “Es un grupo de gente interesada en que, en un futuro no demasiado lejano, seamos todos y todas iguales, tengamos todos los mismos derechos con los mismos nombres”, definió Fernando Gaba, miembro de Vox.

El sábado pasado, la entidad llevó adelante una colorida marcha en conmemoración del Día de la Dignidad de Gays, Lesbianas y trans, que partió desde el balneario Piedras Blancas y culminó con un acto en la costanera oeste, a los pies del Puente Colgante. “Hoy no es un día más, llegaron los tiempos de cambio. Junto a todos y todas continuamos apostando a un cambio cultural, que se expresa en esta marcha por la diversidad artística y cultural, por la igualdad. Buscamos que la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha y este acto son símbolos de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales”, señalaron los organizadores.

Este tercer acto con marcha se organizó junto a la Secretaría de Cultura de la municipalidad y contó con la adhesión del INADI. Fernando Gaba aseguró que contar con apoyos oficiales por primera vez “implica mayor apertura desde el gobierno y sus entes, que hacen a un mejor funcionamiento de la institución y de la sociedad en general”.

No obstante, Gaba admitió que está faltando legislar, a nivel nacional, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro punto pendiente, según el militante de Vox, es el tratamiento de la Ley de Unión Estable de Parejas y la derogación del Código de Faltas ya que “algunos artículos son discriminativos, como los de travestismo y prostitución escandalosa, ofensa al pudor”.

“Falta equidad entre todos y todas”, determinó, aunque opinó que “se está avanzando y mucho en la sociedad. Hay una notable apertura para con estas causas que antes eran invisibilizadas”.

Respecto de la 'salida del closet' de los homosexuales, señaló que ya no es tan difícil como antaño, sin embargo consignó que “quizás hay falta de compromiso social de parte de gays, lesbianas y trans en la ciudad de Santa Fe”.

Por su parte Guillermo Lovagnini (Vox Rosario), en diálogo con Pausa, expresó que “venimos a sacar la homosexualidad a la calle porque es de la única forma que romperemos con todos los mitos culturales que hay sobre la homosexualidad. Son mitos muy fuertes, creados por la religión primero, luego por la medicina. Mucha gente todavía piensa que la homosexualidad es una enfermedad, cuando fue sacada de la lista de enfermedades en el año 1980. Todavía hay muchos mitos que revertir y se hacen con estas cosas: movilizando”, comentó.

Acerca de la construcción de Vox como grupo, el rosarino dijo que “el fruto es el trabajo, la consecuencia, las ganas de transformar y de cambiar la realidad. Es ardua, dura, pero este es un trabajo constante, de todos los días, dejando de lado cosas particulares y con mucha entrega”.

Según Lovagnini, la relación de la entidad que representa con el Estado es “perfecta” porque “hemos tenido, primero con la intendencia del Dr. Hermes Binner y luego con la del Ing. Miguel Lifschitz, una relación de apoyo y de compresión”.

La deuda pendiente a nivel social, según el militante rosarino, es que “la sociedad vea que no somos bichos raros, que somos gente como los demás. Lo único que hacemos es tener relaciones con personas del mismo sexo. Nada más. Eso va a llevar un tiempo. Internet por ejemplo llega a todos lados, atraviesa fronteras, y eso ayuda a que todo vaya cambiando”, ejemplificó.

Interrogado acerca de si nota diferencias en el trato hacia los homosexuales entre Rosario y Santa Fe, Lovagnini contestó que “quizás acá es un poco más duro. La gente gay y lesbiana tiene poca participación. Pero es como todo, no olvidemos que estamos en los inicios. Cuando vayamos conquistando cosas y la gente se empiece a animar a salir y darse cuenta de que nadie les va a pegar ni los van a señalar ni los van a echar del trabajo por ser gay y lesbiana, eso se va a dar naturalmente”.

Para Lovagnini, al igual que su par santafesino, la 'salida del closet' es cada vez menos dificultosa. “Los chicos jóvenes les dicen a sus padres que son gays desde muy temprano, creo que es una ventaja para ellos y para su salud mental. Es muy positivo”, consignó.

APOYO OFICIAL. El secretario de Cultura de la Ciudad, Guillermo Rodríguez Kees, estuvo presente en la marcha y aseguró que “es de gran importancia para nosotros llevar adelante una política de integración para establecer lazos sociales. Mientras se establezcan lazos de convivencia, de aceptación e integración, vamos a hacer una ciudad mejor para todos”.

Desde el INADI, su titular Stella Maris Vallejos también acompañó la iniciativa: “Nos sentimos parte de este colectivo de personas. Esto es una construcción colectiva bajo la condición de que es la única manera que tenemos de bajar los niveles de discriminación”.

“La construcción de la sexualidad no es solamente genital, sino que responde a un montón de factores como los psicológicos, los sociológicos, etc.; y estos grupos, al tener una práctica sexual diferente al estereotipo, son sectores que han sufrido muchísima discriminación”, determinó Vallejos.

Consultada por la ciudad de Santa Fe y sus prejuicios, la titular del INADI señaló que “hay una apertura y hay también un momento político favorable que hay que aprovechar. En todos los procesos siempre hay avances y retrocesos; creo que estamos en un momento de avance donde obviamente hay sectores de la sociedad que van a poner mucha resistencia, pero el tema está en seguir trabajándolo”, instó.

La concejala del Frente Progresista Adriana Molina también fue parte de la marcha organizada por Vox y el municipio. “Uno de los mayores problemas de discriminación que tenemos en la sociedad tiene que ver con la diversidad sexual. Lo principal tiene que ver con establecer un cambio cultural y educativo, de sacar prejuicios, estereotipos y miedos, que va más allá de lo que se puede hacer desde el Concejo. De todos modos tenemos que poner en agenda determinados temas y hablar de lo que implica la diversidad sexual. También podemos conversar con estos grupos para ver qué se podría implementar como una resolución o una ordenanza”, dijo en diálogo con Pausa.

PARA TODO EL PAÍS. En mayo de este año, la diputada nacional por la UCR Silvana Giudici presentó en el Congreso un proyecto de ley de unión civil para regular la situación de las parejas que “hayan convivido en una relación de afectividad estable de carácter exclusiva, singular y pública”. La iniciativa define a la unión civil como la libre convivencia de dos personas durante tres años, “independientemente de su sexo, identidad, orientación u opción sexual, salvo que entre los integrantes de la unión haya descendencia en común, en cuyo caso no regirá el plazo establecido”.

Giudici fundamenta su proyecto en la necesidad de que la ley no discrimine “a todas aquellas personas que, siendo del mismo sexo, quieren los mismos derechos y obligaciones que la ley les impone a los cónyuges”.

La autora del proyecto admitió que la aprobación de la norma no será sencilla. “La construcción de consenso va a ser ardua, son temas que despiertan resistencia de algunos sectores. Pero la misma sociedad nos ha impuesto este debate: la composición de la familia está cambiando. La unión civil es un paso más en el reconocimiento de la igualdad de derechos”, dijo al diario Crítica.

ASUNTO GLOBAL. En mayo se celebró el Día de la Lucha contra la Homofobia. La iniciativa, impulsada por grupos políticos socialistas de Europa, busca reivindicar los derechos de homosexuales y lesbianas. En este sentido, Francia planea defender ante la ONU, durante su presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año, la “despenalización universal” de la homosexualidad.

Según datos de organizaciones de defensa de los derechos de los gay, la homosexualidad sigue siendo un delito en casi 80 países.

En Cuba, por ejemplo, la celebración del Día de la Lucha contra la Homofobia se hizo por segundo año consecutivo con un festival cultural liderado por Mariela, hija del presidente Raúl Castro, en el centro mismo de La Habana, con apoyo mediático y donde se reunieron cientos de personas. También se concretó una “jornada antihomofóbica”, que duró toda la semana. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, dijo que su país ha avanzado en temas de diversidad sexual, pero que se debe continuar ese camino de una manera “coherente” porque el tabú sigue existiendo.

En el mismo sentido, en México hubo actividades coordinadas por las organizaciones Democracia y Sexualidad (Demysex) y Letra S. También participaron agrupaciones de mujeres y de sexualidad en conferencias académicas, en las cuales se insistió en que el odio hacia los individuos que se relacionan con otros de su mismo sexo es un problema que daña sensiblemente el tejido social.

Y el gobierno brasileño abrió un concurso por el que ofrecía recursos públicos para financiar iniciativas que valoren manifestaciones culturales homosexuales. Pese a que algunos jueces brasileños han reconocido diferentes derechos a las parejas del mismo sexo, el proyecto de ley que prevé la “unión civil” para parejas homosexuales está parado en el Congreso hace más de una década.

Cruzando el Paraná
Entre Ríos podría ser otra provincia argentina donde parejas del mismo sexo puedan contraer unión civil. Se presentó, en mayo de este año ante la Convención Constituyente, un proyecto que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo. El proyecto sostiene en su resolución incorporar un nuevo artículo en la sección pimera, “Declaraciones, Derechos y Garantías” de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, a continuación del actual artículo 8, que sostenga: “El Estado reconoce a las personas el derecho a unirse libremente con independencia de su sexo u orientación sexual, en una relación de afectividad estable y pública, con tratamiento normativo equivalente al de los cónyuges. La inscripción legal de dichas uniones será formalizada en las oficinas del Registro del Estado Civil de las Personas, en la forma que lo establezca la ley”.

Opinan “Las Diversas”
Silvina Sierra, integrante de Las Diversas (un grupo de mujeres que comenzó a militar junto a Vox y luego formó su propio espacio), dijo que a la Ley de Unión Estable de Parejas “tienen que debatirla, la decisión es de los diputados y senadores. Lo importante es que salga porque habrá mucha gente beneficiada, sino para la ley no sos nada”.
El movimiento adelantó que el sábado 26 de julio realizará un acto en la Plaza del Soldado junto a La Casa del Encuentro, organización proveniente de Buenos Aires que trabaja todas las violencias, opresiones y abusos que existen sobre las mujeres, siendo su estrategia “desmitificar la idea que muchas y muchos tienen sobre el feminismo, y también lo que el mismo sistema se encargó de difundir. El feminismo es revolucionario en sí mismo y por ende peligroso para el patriarcado”.

Publicado en Pausa #8, 4 de julio de 2008.

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viernes, 27 de junio de 2008

El mapa del abandono


Diversos tipos de medidas se vienen implementando para dotar al Estado de un mayor conocimiento respecto del área de la seguridad. Bases de datos, renovaciones en comisarías, acercamiento a los vecinos son elementos que necesitan, según se ha diagnosticado, de una inversión social inclusiva en materia de infraestructura.

La provincia pretende aprovechar la información que surge de la propia Policía para dar respuestas sociales y evitar estigmatizar la pobreza y la desigualdad. Cada caso policial que se judicializa es información que el gobierno santafesino luego aprovecharía para perfeccionar la política criminal. Es así que, después de una denuncia y de la intervención de la Justicia, el Ministerio de Seguridad recoge la información y determina las formas de actuar en las diversas zonas donde se producen los delitos. No siempre la respuesta es poner más efectivos policiales en la calle; también participan psicólogos y funcionarios de las municipalidades, entre otros actores. Algunas experiencias mejoraron la confianza de los vecinos y la relación entre el Estado y la sociedad.

Santa Fe capital es la tercera ciudad de Latinoamérica con mayor número de homicidios por habitante: mientras el promedio es de siete asesinatos cada 100 mil habitantes, en la Cuna de la Constitución el dato frío marca que hay 25 muertes cada 100 mil habitantes. Según dijeron innumerables veces el gobernador Hermes Binner y el intendente Mario Barletta, además de los problemas sociales que provocaron las inundaciones y los factores macroeconómicos, lo que demuestra la alta tasa de criminalidad es la ausencia del Estado.

Entonces, según ese diagnóstico la solución al espiral de violencia y venganzas en muchos de los barrios de Santa Fe no pasa por una sola receta, sino que las respuestas se adecuan a cada situación. Así lo manifestó a Pausa el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Iparraguirre, quien recalcó la necesidad de contar con la mayor información posible sobre la tipología y las circunstancias de los delitos para actuar en el territorio con los recursos humanos y materiales más apropiados a las necesidades de la población. Esos datos constituyen el denominado Mapa del Delito.

Por ejemplo, el director provincial de Planificación y Evaluación del Ministerio de Seguridad, Alberto Borrachia, explicó de qué manera se pudo trabajar en Alto Verde a partir de contar con elementos precisos de los problemas de seguridad que la Policía y la Justicia tenían a disposición. Ese distrito fue, el año pasado, el barrio con mayor número de homicidios en la ciudad (nueve en total) y por eso Seguridad Comunitaria está interactuando con los vecinos para bajar ese “récord”.

“Alto Verde es uno de los lugares más complicados: ya había marchas por seguridad. Empezamos a acercarnos a los vecinos, a trabajar con ellos en conjunto con lo que había en el barrio, no llevamos nada más. ¿Qué hicimos? El psicólogo del Centro de Salud comenzó a atender las problemáticas de las familias que habían sufrido la muerte de alguno de sus integrantes, con la idea de terminar con las venganzas y los odios. Se cambió el comisario, se puso un comisario joven con muchas ganas de trabajar; cambiamos un grupo de policías, también jóvenes, que hicieron varios operativos. Y recién ahí la gente empezó a tomar confianza en nosotros”, recordó Borrachia a Pausa.

El funcionario explicó que los resultados fueron casi inmediatos: se mejoró el nivel de convivencia ciudadana. En primer lugar, en lo que va del año bajó a dos el número de homicidios, pero también, a partir de la denuncia de varios vecinos, algo que con anterioridad no ocurría, se logró apresar a “seis o siete evadidos de la Justicia que estaban prófugos y escondidos en Alto Verde”.

“En este proceso de acercamiento de la sociedad con el Estado y la Policía implementamos un 0800 para que se canalicen las denuncias que muchas veces la gente no se anima a realizar en las comisarías y, la verdad, los resultados son buenos, porque se aportaron datos muy precisos de la comisión de delitos, de la venta de drogas y de los lugares en donde se esconden armas”, añadió el director provincial de Planificación y Evaluación del Ministerio de Seguridad.

En el caso de Alto Verde, el trabajo con la Municipalidad de Santa Fe también sirvió para dar respuestas concretas a mejoras en los espacios públicos, lo cual posibilitó “que la gente vuelva a ganar la calle” y se “restablezca cierta tranquilidad con mayor patrullaje, iluminación y desmalezamiento”.

–Alto Verde, como otras zonas de la ciudad, está estigmatizada por el alto nivel de criminalidad. ¿Eso se puede revertir?

–Bueno, esto se ha mejorado mucho, porque se decía que ir a Alto Verde era algo así como ir a Sarajevo. Lo que sí, nosotros partimos absolutamente de la realidad, vamos a cada lugar, hacemos un diagnóstico y aplicamos las políticas con lo que tenemos en la realidad. El proceso no es fácil porque sabemos que la respuesta estrictamente policial no soluciona los problemas del delito ni de la violencia; es una cuestión social que estamos trabajando entre distintas áreas. Santa Fe es la tercera ciudad más violenta de Latinoamérica. Sin embargo, es más segura que Rosario.

–¿Qué significa eso?

–Que tenés menos robos, que la gente anda mucho más tranquila. Vos ves en la Peatonal a las mujeres con la cartera colgada, en verano la gente con sillones en la puerta de sus casas y los chicos jugando. En Rosario no pasa eso.

LA PRESENCIA DEL ESTADO. El Mapa del Delito es, para las autoridades del Ministerio de Seguridad, una herramienta indispensable para tratar de dar respuestas concretas a los problemas multicausales de la violencia urbana. El objetivo es mejorar la base de datos para llegar antes a la resolución de los conflictos y, de esa forma, evitar que la ciudadanía resuelva sus diferencias unilateralmente, sin la presencia del Estado y con todo lo que eso conlleva para la vida en derecho.

“Dentro de las estrategias o acciones que el gobierno tiene planteadas en materia de seguridad pública, está mejorar sustancialmente toda la base de información. Es decir: no se puede administrar o no se puede actuar sobre lo que no se conoce. Entonces, hay que determinar qué hechos ocurren, dónde ocurren, a qué hora ocurren, de qué manera se producen. Es un elemento central a la hora de definir acciones en materia de política criminal, fundamentalmente para prevenir”, dijo Carlos Iparraguirre.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la provincia sostuvo: “Cuando se habla del mapa del delito, ¿qué es? El método más avanzado es georeferenciar en el mapa, en el plano de determinada ciudad, dónde y a qué hora ocurren los hechos. Todo lo que sobre esto se pueda incorporar es una herramienta esencial a la hora de la prevención”.

“Uno puede ver”, continuó el funcionario “cómo en estos seis meses en los que estamos trabajando con la información se van corriendo determinadas modalidades delictivas en función de las acciones policiales que se hagan en el lugar. Entonces, estamos trabajando mucho en perfeccionar esta base de datos, porque cuanto más rápida se tenga la información, más efectiva es”.

–¿Cómo llega la información?

–Llega a través de los partes policiales de aquellos hechos que se judicializan. La idea es que ese mismo parte vuelva de la Justicia con la mayor cantidad de información, para volcarla en un área específica del Estado y, así, actuar. Esto, proyectado a toda la provincia, porque cada regional tiene su información, es un trámite muy lento todavía, que queremos optimizar lo más pronto posible. Se ha mejorado bastante, pero falta.

Iparraguirre manifestó luego que la pretensión de máxima es lograr “identificar un hecho con un número y que ese mismo número sirva para identificar ese hecho en el sistema policial, en el sistema de salud y en el sistema judicial, de forma tal que haya una base de datos única, que vos puedas seguir un hecho y los efectos de ese hecho, para ver cómo termina el proceso judicial que se inició, cuánto tiempo estuvo internada una persona, cómo terminó su problema de salud, cómo siguió su vida”. Con esa informatización, según el funcionario, “el Estado podrá hacer análisis estadístico mucho más preciso de los que hoy tiene”.

El intento para mejorar los datos con los que se cuenta en materia delictiva a veces choca contra “los celos en el manejo de la información de la propia Policía”. Para evitar eso se está pensando en auditar el momento en que se reciben las denuncias en las dependencias de las fuerzas de seguridad. Pero muchas veces ocurre, en la práctica, que son los propios agentes policiales quienes creen que el hecho de que haya más denuncias en sus dependencias puede ir en contra de su trabajo. “En realidad es al revés, porque quien más recibe atiende mejor a la comunidad”, dijo Iparraguirre.

–¿Con los mapas no se corre con el riesgo de estigmatizar a la gente que vive donde se detectan los mayores casos de violencia?

–Los datos sólo sirven para política criminal. Yo creo que la información de la estadística, la información de las cantidades de hechos, está bien que se dé a conocer. Ahora bien, el tema de los mapas del delito, su ubicación... A esas cosas hay que manejarlas con la mayor reserva, porque ese es un insumo que tiene que servir para el desarrollo de políticas. Ahí sí se puede correr el riesgo de estigmatizar determinada zona o sector.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS. Los esfuerzos por contar con información precisa para tomar decisiones adecuadas son compartidos por la Municipalidad de Santa Fe que, en los últimos días de mayo, firmó un convenio con la Universidad Nacional del Litoral para hacer una Encuesta de Victimización en 2.800 hogares de la ciudad capital. Los datos sólo pueden cuantificar cierta cantidad de delitos que no fueron denunciados ante la Policía y la Justicia por diferentes motivos. Es decir: siempre arrojan como conclusión la evidente falta de confianza en el Estado. A nivel internacional, generalmente, las Encuestas de Victimización no son utilizadas como elementos de análisis técnico (como sí ocurre con los mapas de delitos) sino como información conexa.

De todas maneras, es un tipo de estudio que produce información acerca del estado de la seguridad ciudadana en los conglomerados urbanos. Dichos datos permiten complementar los indicadores que nacen de las estadísticas oficiales construidas por la institución policial y que poseen como límite el llamado “problema de la cifra negra”. Esto es: no se registra una importante cantidad de hechos delictivos, que no llegan al conocimiento de la Policía porque no son denunciados.

El rol de la Policía y el año en que la cosa se salió de cauce.
A poco de asumir su cargo, el ministro de Seguridad Daniel Cuenca declaró: “Ningún país resolvió el tema inseguridad sólo con la Policía”. Fue a principios de febrero, cuando aún se especulaba con los cambios que iba a introducir el nuevo gobierno en las cúpulas policiales: cambios que finalmente no serían tantos (al menos en nombres). Aquella definición fue un claro llamado del funcionario hacia los distintos sectores de la sociedad para que se involucren en el combate contra las causas que originan los delitos antes que en la búsqueda de soluciones posteriores. En esa oportunidad, el ministro había aprovechado para marcar la cancha en lo que refiere a las funciones de la Policía: “El marco político de la seguridad se lo vamos a bajar a cualquier jefe. El jefe de la Policía no va a decidir (los planes de) seguridad de la provincia”. Por esos días, el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti también había hecho un llamado a todos los sectores de la sociedad civil: “La sociedad también tiene su responsabilidad. Mínima, si se quiere, pero todo ciudadano debe acompañarnos en la cultura de comenzar a ganar la calle. Si el ciudadano se esconde detrás de una reja, obviamente que la inseguridad va a seguir creciendo. Si las instituciones de la sociedad ganan el espacio público, disminuye la inseguridad. Y si todos los vecinos lo hacen, disminuye la inseguridad. Esto es lo que hay que construir, porque una sociedad con miedo, que se aísla, es caldo de cultivo para lo peor”. En esa ocasión, Bonfatti hizo un diagnóstico que se relaciona claramente con los efectos de la reforma del Estado y la Convertibilidad: “Desde el año '94 hubo un quiebre en la tasa de criminalidad (en Santa Fe). La saturación policial, está comprobado, no sirve para nada si no hay por detrás una solución de los problemas sociales. No hay cambio en el tema seguridad sin inclusión, trabajo, salud, educación e infraestructura: agua y vivienda”.

De Saer al encierro: una mirada crítica respecto del mapa del riesgo delictivo
El investigador y profesor de diferentes carreras de la Universidad Nacional del Litoral, Oscar Vallejos, presentó el 14 de marzo un escrito titulado “Contra el mapa del riesgo delictivo de Santa Fe: el debate sobre el conocimiento que necesitamos para resolver el problema de la seguridad”.
En primer lugar, hace una crítica al trabajo de producción del “mapa del riesgo delictivo” realizado por investigadores de la Universidad Católica de Santa Fe (y del CONICET) y a las declaraciones sobre la utilidad social que para estos investigadores presenta el mapa. Luego reflexiona sobre el tipo de conocimiento o información que se necesita para resolver la inseguridad en la ciudad capital.
“Juan José Saer termina uno de sus ensayos con una frase memorable: «Todos los narradores viven en la misma patria: la espesa selva de lo real». (...) En la espesa selva se movilizan también sentimientos: el temor, el desamparo, la agresividad, ¿el odio? La información de que dispongamos está muy vinculada a los sentimientos que podamos tener en ese espacio”, manifiesta el investigador.
“Si la información nos dice que estamos en un lugar de mucho riesgo es muy posible que se movilice en nosotros el sentimiento de temor o de agresividad. La información produce, en general, el sentimiento ajustado a la situación. Esta relación entre información y conducta (o sentimiento) es advertida por los investigadores que hicieron el mapa y lo presentaron en sociedad; en una nota del diario El Litoral indican: «A la población no hay que negarle la información general sobre las zonas de riesgo. Con estos datos, la gente sabría qué medidas tomar en cada área de la ciudad, dónde cuidar con mayor atención el bolso, o colocar rejas en las ventanas, o ser precavidos al estacionar el auto».
“También los investigadores”, continúa Vallejos “hacen una distinción entre la población y la Policía y los políticos: «La Policía y los políticos deben reservarse los datos útiles para tomar medidas de inteligencia y seguridad, pues son ellos los que toman las decisiones». Los investigadores advierten la utilidad potencial de la información pero no advierten que la información es incompleta, que sólo recurren a un único tipo de información relevante: el informe de la Policía, y que el flujo de movimiento de la población en la ciudad es un dato escaso”.
“No cuestionamos que exista información, como pudimos despejar: necesitamos información. Lo que cuestionamos es la información provista por el mapa del riesgo delictivo y que esa información permita a los políticos y a los ciudadanos tomar decisiones para el diseño de una política pública de seguridad”.
“(...) Cuando los investigadores comienzan a hacer el mapa a pedido de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia durante la gestión anterior, realizan estas operaciones básicas de situar, identificar y delimitar el fenómeno del delito, de allí que puedan informar que el delito se encuentra localizado en tal o cual lugar. La información usada para delimitar el delito es la aportada por la Policía, pero estos investigadores no presentan cómo realizaron la operación de identificar el delito. Esta es la operación intelectual más importante para producir conocimiento confiable sobre la espesa selva de lo real. Parece que estos investigadores identificaron delito con lo que les ofrecía la policía y este es el problema más grave de su producto: ofrece más espesa selva en lugar de un conocimiento de esa selva; la única diferencia es que la selva que ofrecen los investigadores está virtualizada en un software de información geográfica”, añadió Oscar Vallejos.
Por último, el investigador de la UNL concluye: “Necesitamos una base de sentimientos nobles sobre los que apoyar la posición activa de los ciudadanos: la compasión y la solidaridad son sentimientos fundamentales. Como dice Martha Nussbaum, vamos a la política con la idea de vulnerabilidad humana no tratando de ocultarla. Pero el reconocimiento de que somos vulnerables hace que seamos humanos con nuestros conciudadanos que están justamente en esa condición. El mapa del riesgo delictivo en lugar de acercarnos a una comprensión de la espesa selva de lo real, nos aleja y corremos más riesgo del que pensamos: porque atrincherarnos (poner rejas, agarrar mejor el bolso) es la peor respuesta que pueda fomentarse desde una política pública al problema de la seguridad o del delito que podamos dar”.

Publicado en Pausa #7, 27 de junio de 2008.

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viernes, 20 de junio de 2008

Balance y efectos de los cortes



Se resintió la cadena de pagos. El litro de nafta llegó a costar 6 pesos en Rafaela, fuera de su escaseo, que provocó que Recreo no contase por dos días con el servicio de ambulancia. Subieron los precios de alimentos e insumos médicos. Hay preocupación en los frigoríficos de la región.

Los 100 días de conflicto por el lock out campero trajeron situaciones impensadas para las finanzas de la provincia, y ni hablar para los bolsillos de los ciudadanos. En el medio de un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal y de las actividades económicas, el paro patronal, el de los transportistas y la intransigencia del Poder Ejecutivo Nacional confluyeron en un combo nocivo.

La primera situación, ya confirmada por el ministro de Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, es que durante mayo la provincia recaudó 40 millones de pesos menos de lo que estaba estipulado en el Presupuesto 2008 para dicho período.

En tal sentido, Pausa averiguó que esa menor recaudación no fue producto de una caída de los tributos provinciales (principalmente Ingresos Brutos, que mide la actividad económica) sino de los recursos coparticipables federales. Es decir, lo que se redujo de manera sustancial fue el cobro de impuestos nacionales.

Las autoridades ministeriales informaron que durante mayo los efectos de la crisis no habían influido en los niveles de recupero de los impuestos provinciales, en gran medida porque la inflación también contribuye en el mantenimiento de los flujos de recaudación. Pero las mismas fuentes ya aclararon que, si bien junio aún no cerró, en el presente mes sí habrá un impacto negativo que todavía es difícil de cuantificar.

La realidad también indica que ese efecto golpea de lleno a todos los santafesinos. En una provincia eminentemente agrícologanadera, la parálisis de la comercialización de productos primarios inmediatamente resiente o rompe las cadenas de pago, además de afectar a los sectores de los servicios y el comercio.

En Santa Fe esa situación se manifiesta de forma clara porque la actividad primaria e industrial están exentas de pagar Ingresos Brutos, cosa que sí deben hacer los servicios y el comercio, gravados por ese tributo. Es así que las actividades mercantiles en las localidades más ligadas a la producción de oleaginosas, de lácteos, de carnes y de maquinarias agrícolas están atravesando un fenomenal enfriamiento de la economía, una especie de recesión estacional.

Según Hermes Binner, los 40 millones de pesos menos resultan de la diferencia entre lo efectivamente ingresado a la provincia respecto de lo estimado para el mes pasado en el presupuesto 2008. Incluso el gobernador dejó de lado su estilo moderado de hablar y recordó que ese dinero “es equivalente a un hospital”.

Por otra parte, algunos economistas sostienen que los millones de pesos que la provincia no percibió durante mayo se deberían, en realidad, a que el presupuesto nacional 2008 se confeccionó a partir de variables macroeconómicas subestimadas, tanto en lo referente a la inflación como al crecimiento de la actividad.

Los ingresos por coparticipación federal por todo concepto crecieron 21%, comparando mayo de 2007 y mayo de 2008, pero esa suba está por debajo de lo presupuestado. Asimismo, el mes pasado la Nación remitió a Santa Fe 609 millones de pesos, 106 millones más que un año atrás.

La recaudación provincial en mayo alcanzó los 188 millones de pesos, un 46,8 por ciento de aumento interanual y 13% por encima de abril último. Obviamente, la inflación explica el incremento de los ingresos.

PROCESO INFLACIONARIO. Al proceso inflacionario se le sumaron, como era de esperar, las reacciones especulativas de una economía histérica y de una sociedad que cíclicamente queda presa de la voluntad de las concentradas cadenas de producción y comercialización. A modo de ejemplo, en Rafaela se llegó a pagar el litro de nafta a seis pesos.

Algo similar ocurrió con el aceite –que desde hace más de un año se paga a precio dólar–, las harinas, el azúcar y el arroz, entre otras cosas. Las góndolas muchas veces devolvieron precios que no estaban afectados por los incrementos en procesos de producción, materias primas y/o fletes, sino por las avivadas que se sustentan en la capacidad de fijación de precios que poseen sectores productivos concentrados. Técnicamente, eso suele ser conocido bajo el título de reglas básicas de las economías de mercado capitalista: la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más se necesita un producto y más es difícil de conseguirlo, más se eleva su cotización.

Otro síntoma de la crisis fue el desabastecimiento de alimentos, de combustibles y de insumos médicos. Eso también posibilitó el escenario especulativo e inflacionario. En toda la provincia hubo que hacer interminables colas para poder cargar naftas y gasoil (en la ciudad capital se conseguía a 2,60 el litro), en el caso de las pocas estaciones que tenían, mientras que aquellas que no pertenecen a petroleras atraviesan momentos de mucha incertidumbre. Ya el sindicato de trabajadores de estaciones de servicios anunció que, en caso de no mejorar la provisión de combustibles, corren peligro las fuentes de trabajo.

Por falta de ese tipo de insumos los colectivos urbanos, de media y de larga distancia circulan con restricciones desde hace un mes. En el feriado del lunes 16 de junio (por el Día de la Bandera) ni siquiera hubo servicio en Santa Fe. Aun así, si bien las naftas y el gasoil llegaron en cuentagotas, algo siempre hubo, a diferencia de otras localidades. Ocurre que hasta el puerto santafesino llegaron barcazas de las petroleras del sur santafesino y las reservas se aprovecharon para abastecer a la mayor cantidad de vehículos posibles, aunque sea mediante la venta por cupos. Un dato no menor es que los taxis y remises, en general, no pararon en ningún momento de trabajar, más allá de las colas que tuvieron que hacer para cargar GNC o gasoil.

De todas maneras, saliendo de Santa Fe la situación es grave. En Recreo hubo dos días en los que la ambulancia no pudo ser utilizada; en Avellaneda y Reconquista, se acotaron los servicios de los minibuses; en general, en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San Javier, General Obligado y Garay conseguir combustible fue casi imposible, salvo algunos pocos litros, muy caros, en las ciudades cabeceras o en las grandes estaciones.

DE CARNE SOMOS. Más allá del tema de la soja, los empresarios y las entidades rurales manifestaron hasta el hartazgo que la ganadería necesita una vuelta de tuerca.

Unos 5.000 trabajadores frigoríficos vieron afectados sus puestos laborales durante los 100 días conflicto. Se redujo la carga horaria de los operarios y, en muchos casos, la Nación tuvo que pagar subsidios para afrontar la falta de faena, también provocada por la suspensión de las exportaciones.

A tal punto llegó la situación de angustia empresarial que la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) anunció que la inactividad por la falta de hacienda en plantas de la provincia significaría que muchas de las firmas deban “bajar las persianas” y “suspender a miles de trabajadores”. Algo que no sucedió, pero la amenaza sigue latente. Además, hasta el 30 de junio la Argentina tiene tiempo para cumplir con la Cuota Hilton (exportación de carnes) y, en caso de no hacerlo, Brasil ya tiene preparada una batería de propuestas a los mercados internacionales.

CAMIONEROS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Otro efecto del lock out agropecuario fue el reclamo de los transportistas de cereales. Con sus piquetes se afectó a todo el transporte de cargas en general (fuera de la libre circulación de productos y de ciudadanos en general). Cada camión de hacienda parado tiene un saldo negativo de unos cinco mil pesos mensuales de gastos fijos, según las entidades que nuclean al sector, y no menos nociva es la realidad de los otros camioneros. Más de tres meses sin trabajar hacen mella en cualquier actividad y mucho más en aquellas donde se compran equipos a créditos.

La fabricación y venta de maquinarias agrícolas son fiel muestra del enfriamiento económico. Es evidente que el tipo de cambio contribuyó enormemente al repunte de la agroindustria, pero la inmovilidad económica generó una caída de contratos de compra y eso arrastró los niveles de empleo en varias localidades del interior, como Las Parejas, Armstrong, Las Rosas y San Jorge.

Tranqueras adentro, la cosecha y el acopio siguieron adelante. Las exportadoras vendieron 893 mil toneladas más de granos al exterior que en igual período del 2007. De soja, un 18% más.

COBRARON. Dos políticos santafesinos del justicialismo sufrieron en carne propia el malestar que provocaron las retenciones móviles que instauró el Gobierno. El 11 de mayo el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria –y uno de los principales referentes kirchneristas–, Agustín Rossi, fue escrachado en su domicilio por integrantes de la Sociedad Rural de Rosario. El legislador recibió insultos y agravios por parte de los dirigentes agropecuarios en la puerta de su casa, mientras su familia estaba dentro viendo lo que sucedía. El tema no se judicializó.

El lunes 16 de junio el senador reutemanista del departamento Belgrano, Alberto Crosetti, concurrió a un acto en la localidad de Armstrong junto a su familia. El justicialista desde un primer momento apoyó la posición del campo, pero en el piquete le recordaron que los “peronistas son todos iguales” y un grupo de unas 25 personas lo agredieron, verbal y físicamente. Algunos golpes recibió, pero peor la pasó el agente de policía que trató de parar a los empresarios y transportistas autoconvocados. Caído en el suelo, el policía soportó piñas y patadas, ante la mirada de unos 300 manifestantes y de las cámaras de televisión que estaban en el lugar. Hay un sumario policial hecho y, al cierre de esta edición, el legislador estudiaba la posibilidad de hacer una denuncia penal.

Publicado en Pausa #6, 20 de junio de 2008.

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Perro que se muerde la cola



La Argentina es soja dependiente. El conflicto por su renta se torna dramático. Pese a los discursos y a algunas tardías reacciones, como el envío de la resolución 125 al Congreso, la gestión del matrimonio K hasta acá ha profundizado la tendencia. Y ahora está pagando los costos políticos.

Hoy se cumplen 100 días. y parece que hubieran sido un millón.

El 10 de marzo, cuando en el Ministerio de Economía, por ese entonces a cargo de Martín Lousteau, se terminaba de delinear la resolución 125 que imponía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de granos, nadie imaginaba que se estaba incubando una de las protestas sectoriales de más largo alcance que se tenga memoria, que dio pie a una película que ya superó los 100 días de duración y sobre la cual nada hace suponer que estemos cerca de su final y menos aún de un final feliz.

Todo indica que, más allá de las buenas intenciones de quienes predican lo contrario, esto es una batalla y, como en toda batalla, habrá vencedores y vencidos. Afortunadamente, la intención de las últimas horas es trasladarla de las rutas y las calles al Congreso –que, aunque parezca mentira, existe–, lo que le dará un marco institucional y republicano a la disputa, alejándola de la efervescencia anárquica en la que estuvo y que puso otra vez a los argentinos “al borde del precipicio”, como acertadamente graficó el intendente rosarino Miguel Lifschitz en jornadas recientes, cuando todo parecía haberse salido de cauce definitivamente y para siempre.

CRÍA CUERVOS. Las clases medias y altas rurales y urbanas salieron a protestar en sus tractores o con sus cacerolas por un cúmulo de razones que, en general, se vinculan a un modo de gestión de gobierno del matrimonio que manda en la Argentina desde mayo de 2003. Modales.

Lo paradójico de la cuestión es que esa misma burguesía se ha expandido y crecido bajo el ala del modelo de acumulación que los mismos pingüinos han fogoneado, ya sea directa o indirectamente. No hay más que hacer una recorrida por los pueblos del interior santafesino para observar que los más favorecidos por la extraordinaria renta agraria –que resulta de una excepcional y generalizada alza en el mercado mundial de los precios de los granos y de los alimentos– son los mismos que hoy, por poco, prácticamente llegan a pedir la cabeza de Cristina.

¿Y de qué se trata el modelo de acumulación K? En enorme medida, de lo que los patagónicos han permitido que suceda en el amplísimo mundo rural. Para entender más acabadamente es necesario observar números y tendencias.

Alejandro Horowicz, ensayista y profesor de Sociología de la UBA, conocido en nuestra zona por los años en que ejerció como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, aportaba datos interesantes allá por el lejano mes de abril del año en curso, a poco de renunciar Martín Lousteau, primer chivo expiatorio de todo este conflicto. Subrayaba que “cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba alrededor de 10 millones de hectáreas, contra las 15 millones actuales (de las 30 millones que conforman la superficie cultivable); por tanto, creció un 50%. En el 2003 una de cada tres hectáreas se destinaba a la soja; hoy, una de cada dos hectáreas está dedicada a ese fin. Entonces, la tendencia al monocultivo sojero es anterior al gobierno K, pero la consolidación del modelo se produce durante esta gestión”.

VIVIR DE LA SOJA. A este preocupante desequilibrio en términos de diversidad productiva se suma otra desigualdad y es la que ha manifestado la propia Cristina en sus apariciones públicas al remarcar que el 2,2% de los productores aporta más del 40% de toda la soja transgénica. Como el número de productores sojeros asciende a 84.000, unos 1.800 utilizan 7 millones de hectáreas, mientras 67.000 productores, el 80%, araña 3 millones de hectáreas. En este último grupo está gran parte de los que consideran que verán menguarse gravemente sus utilidades si se aplican las retenciones móviles y salen a las rutas a expresarlo, muchos con su gorilismo a cuestas, vale subrayar.

En este tránsito por el callejón de la primarización económica, y ante la ausencia de una alternativa al modelo actual, las retenciones a las exportaciones de soja –junto al impuesto a Impuesto al Valor Agregado, sobre todo, y el impuesto a las ganancias– se erigen en uno de los pilares fundamentales de la recaudación tributaria. Gracias a esos tres ítems el año pasado la recaudación llegó a la cifra récord de casi 200.000 millones de pesos, un 33% por encima de lo que se proyectaba en el presupuesto. En gran medida ese récord estuvo impulsado por el alza de retenciones a las exportaciones de soja del 27% al 35%, ordenada por Néstor Kirchner antes de abandonar la presidencia. De retenciones se recaudaron 20.450 millones de pesos, un 10% del total.

Para el año en curso la recaudación fiscal proyectada –seguramente se superará con amplitud– llega a casi 170.000 millones de pesos sobre un nivel de gastos de 161.000 millones. Antes del 10 marzo, lo que se pretendía recaudar por las retenciones era alrededor 35.000 millones de pesos. Con la polémica alza al 44% resuelta por Lousteau lo que se esperaba recaudar por ese concepto llega a aproximadamente 40.500 millones de pesos. Y hay quienes señalan que ese valor se elevaría a 48.500 millones teniendo en cuenta la particularidad de la movilidad de las retenciones que, en el caso de la soja si alcanza un valor de 600 dólares la tonelada (ya oscila 570 en Chicago), puede llevar el derecho de exportación más allá del 50%. De los potenciales 48.500 millones, el complejo soja aportaría 31.500 millones, es decir el 65%.

Los fríos y abultados números dan cuenta de por qué se desató un conflicto de tal nivel que tiene en vilo a la sociedad entera, con consecuencias aún inimaginadas. Con la discusión en marcha quedó al desnudo la dramática dependencia del “yuyo”, como llamó Cristina a la soja, y las fervorosas pasiones que desata la apropiación de su gigantesca renta.

Lo que se discute es quién y cuánto ganará. Lo que aún no se discute públicamente, un poco por desinformación y en gran medida por falta de interés, es qué modelo de país aspiran a tener sus habitantes. Algunos atisbos comienzan a verse.

LAS PÉRDIDAS. El ex viceministro de Economía Miguel Bein aseguró que “al sacarle las rutas a la economía, la producción se resiente mucho. Hasta ahora está costando un punto del PBI, unos 3.400 millones de dólares para un producto que alcanzará 340.000 millones”.

Como ya se explicó, la intención de las retenciones móviles era ampliar en alrededor de 1.500 millones de dólares la recaudación del año en curso.

Frente al planificado desguace de otras vías de circulación productiva, como el tren, la importancia de las rutas es crucial.

NUEVO MINISTRO, SIN GRANDES CAMBIOS. El 24 de abril a la medianoche se conoció la renuncia del ministro Martín Lousteau, a quien se culpó por el modelo de retenciones móviles, rechazado por las organizaciones del agro. En su lugar, asumió Carlos Fernández, quien como medida más significativa en su gestión ha introducido cambios en el esquema de retenciones, que tampoco fueron aceptados. En aquella oportunidad, se explicó que las modificaciones tenían por fin “resolver el problema del funcionamiento del mercado de futuros”, pero sin modificar el cobro de derechos de exportación móviles.

Según el nuevo esquema, se fijó un nuevo precio FOB de corte para la soja que va de los 600 a 750 dólares la tonelada, en el que la retención retrocede del 58,5% al 52,7%. Para el trigo, el “corte” va de 450 a 600 dólares la tonelada para la exportación y la retención bajaba de 46,3 a 41,6%. En el caso del maíz, cuando el precio de la tonelada oscilara entre los 300 a 400 dólares, la retención bajaría del 53,8 a 45%. En tanto que para el girasol, para la banda de precio de 700 a 900 FOB, la retención bajaría del 59,1 al 52,7%.

Además, se dispuso incorporar a los monotributistas como beneficiarios del régimen de reintegro de las retenciones, que beneficia a los productores de hasta 150 hectáreas en la zona pampeana y de 350 hectáreas en las regiones extra pampeanas. Así, las retenciones sólo recaerían en unidades productivas muy superiores a la de un pequeño productor.

LAS ESPECULACIONES DEL AGRO Y EL ACOPIO, EN MARCHA. Un artículo publicado la semana pasada por el Financial Times, diario por excelencia de la comunidad financiera y política europea, acusa al lock out agropecuario argentino de agravar la crisis alimentaria global al causar un aumento del precio mundial de la soja.

“Los productores prefieren retener sus cosechas en los silos y esperar hasta que se sepan las tarifas que se aplican antes de exportar normalmente”, señaló el periódico. Las malas lenguas –la del ministro de Justicia Aníbal Fernández, entre ellas–, han denunciado que en gran medida la extensión del paro a la comercialización de los granos tiene como trasfondo la generación de este incremento de precios, en búsqueda de más rentabilidad.

Una semana más tarde, Martín Garciarena, vicepresidente primero de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), admitió el mecanismo. Fue tras el último acto del PJ en Buenos Aires, luego de que Cristina Fernández de Kirchner volviera a criticar a los dirigentes rurales (“son cuatro personas a las que nadie votó”). El segundo de Carbap dijo en una entrevista con el canal de cable TN que los productores podían sostener durante dos años las medidas porque tienen los silos llenos.

Bajo la afirmación del derecho constitucional a no vender, el problema (internacional) de los alimentos adopta en la Argentina la obscena y peculiar faceta opuesta a la del hambre por escasez: la de la crisis por la abundancia.

Publicado en Pausa #6, 20 de junio de 2008.

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viernes, 13 de junio de 2008

Un siglo después



El código vigente data de 1896. El cambio implica la puesta en marcha de los juicios orales, la constitución de la figura del querellante, nuevas garantías para los imputados y la provisión de asistencia a las víctimas.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, envió a la Legislatura santafesina para que se apruebe antes del 30 de junio el texto que contiene el plan de implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal. La norma posibilitará cumplir con la ley 12.734, sancionada en agosto del año pasado, que contempla cambios de fondo. La puesta en funcionamiento de los juicios orales y públicos, la instrucción de las investigaciones, a cargo de los fiscales, y la incorporación de la figura del querellante son, entre otros, los cambios al sistema jurídico que está vigente –con distintas modificaciones posteriores– desde 1896.

Pero más allá de la cara normativa de los cambios hay toda una significación simbólica: los delitos dejarán de ser meras carpetas en los juzgados, comenzarán a tener vida propia a partir de la mayor participación de la ciudadanía, por ende, se ganará en celeridad y transparencia.

La semana pasada el homicidio de Daiana Ruiz, asesinada de un tiro en el pecho en la puerta de su casa del barrio La Florida cuando se resistió en un asalto, motivó que sus familiares y unos 400 vecinos ingresaran al recinto de la Cámara de Senadores para reclamar por un agravamiento de las penas, algo que sólo es competencia del Congreso de la Nación. No obstante, consiguieron el compromiso del socialista Juan Carlos Zabalza de comenzar a implementar el nuevo código “para cambiar el mal servicio de Justicia”.

Ahora, a pocos días del vencimiento del plazo estipulado por la ley –30 de junio– para que efectivamente se ponga en funcionamiento el sistema de juicios orales y públicos, el Estado presentó un proyecto de implementación que será gradual y que, antes, la Legislatura en tiempo récord deberá estudiar, analizar y, consecuentemente, aprobar.

“En consideración de la profundidad y la magnitud del cambio, resulta prudente y viable, tanto desde el punto de vista material como del jurídico, establecer una implementación progresiva entre el viejo modelo y la plenitud del nuevo sistema de Justicia penal”, explicó el ministro Héctor Superti para explicar la gradualidad con que se aplicarán las modificaciones del procedimiento.

CUANDO LA ORALIDAD ES OBLIGATORIA. Desde el 1° de julio entrará en vigencia el juicio oral obligatorio para casos de alto impacto en el tejido social, y de manera optativa para los demás casos actualmente previstos. El nuevo sistema de juicio oral será obligatorio para cuatro tipos de imputaciones de delito contenidas en la requisitoria: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, tortura seguida de muerte y enriquecimiento ilícito. En tanto, habrá posibilidad de juicio oral optativo cuando el fiscal pida más de ocho años para el imputado, quien es el que posee la posibilidad de realizar la opción.

Si el imputado se encontrase en prisión preventiva, tendrá derecho a que el debate (del juicio) se realice dentro de los seis meses contados a partir de ejercitada la opción y, si se venciere el plazo señalado y la demora no hubiera sido causada por dilaciones injustificadas de la defensa, tendrá el derecho de quedar en libertad, sin perjuicio de otras medidas cautelares.

NO MÁS CASOS FRATICELLI. Otra materia que también comenzará a funcionar desde el mes que viene es el régimen de la acción penal, lo cual dará inicio a la participación de las víctimas en el proceso penal a través de la incorporación de la figura del querellante.

El mismo camino seguirá el régimen de inhibición y recusación de los tribunales, con el cual se busca dar satisfacción a las exigencias constitucionales de imparcialidad de los tribunales (fundamentalmente la objetiva) para intervenciones en las causas. Es decir, se busca evitar situaciones como las que se sucedieron en el caso Fraticelli, donde un mismo juzgado investigó y después procesó al ex juez de Melincué por el asesinato de su hija Natalia, acción que luego valió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara la sentencia de prisión perpetua tanto a Carlos Fraticelli como a su ex mujer, Graciela Dieser.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. También a partir del 1° de julio se incorporan los derechos de las víctimas a través de la posibilidad de recibir asistencia, participación, protección y reparación por los delitos sufridos. Paralelamente, el debutante código estipula la vigencia de las nuevas garantías del imputado.

En la transición de un código de procedimiento a otro, y para evitar “un tercer código”, se prevé que durante la implementación progresiva toda la materia procesal penal sea regulada por alguno de los dos ordenamientos procesales, que coexistirán hasta tanto se proceda a la implementación integral del nuevo sistema. Por ese motivo, para minimizar el impacto de posibles incompatibilidades entre las nuevas materias puestas en vigencia y las disposiciones vigentes todavía, se otorgará potestades a la Corte Suprema de la Provincia (se reformula el artículo 456 de la ley 12.734) para que a través de sus acordadas (resoluciones) clarifique algunos puntos conflictivos que puedan surgir. También el Poder Ejecutivo tendrá facultades reglamentarias. Todos los cambios deberán hacerse antes de cumplirse los 120 días posteriores a la sanción del mensaje remitido el miércoles 11 a la Legislatura.

En esta primera etapa sólo serán pasibles de ser investigados y juzgados aquellos hechos que lleguen a conocimiento de las autoridades provinciales que tengan competencia para intervenir en la prevención o instrucción por causas penales, a partir del día posterior a la entrada en vigencia de cada artículo, independientemente de la fecha de comisión del hecho.

De todas maneras, sin perjuicio de ello, se aplicarán a las causas en trámite las normas que sean más favorables para el imputado, en cuanto a su libertad, a la extinción de la acción penal y a la amplitud de la defensa.

LA SEGUNDA ETAPA. Transcurridos no más de 150 días desde la puesta en funcionamiento de la primera etapa, el Poder Ejecutivo a cargo de Hermes Binner deberá presentar cinco leyes conexas –así estipuladas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– para la implementación integral del nuevo código.

Se trata de las leyes orgánicas de Ministerio Público de la Acusación, Ministerio de la Defensa Pública, Ley de Protección a Testigos y Víctimas, Ley de Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial y Ley de Transición. Para que esto se pueda poner en marcha será necesaria la determinación de necesidades de recursos, cobertura de cargos, organización de oficinas, elaboración de reglamentos internos, protocolos de trabajo, informatización y nuevos requerimientos edilicios.

Asimismo, se pondrá en marcha el Registro Único de Antecedentes Penales, las Oficinas de Atención a las Víctimas y Protección de Testigos, las Oficinas de Enlace en la Justicia, para trabajar conjuntamente entre las áreas, y se capacitará a los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por ahora, los magistrados competentes para los juicios orales –sean estos obligatorios u optativos– serán los jueces de Sentencia; el imputado podrá elegir ser juzgado por un tribunal unipersonal o integrado por tres miembros.

Recién en la última etapa de implementación del nuevo código está previsto un sistema de designación de jueces penales, quienes serán nombrados –por la Asamblea Legislativa– en el distrito judicial que corresponda. Además, en cada circunscripción el Poder Ejecutivo podrá gestionar el acuerdo de una cantidad de jueces penales mayor al número de cargos a cubrir (en un 25%), los cuales adquirirán el carácter de tales una vez que sean designados por decreto del ejecutivo. Los que no tengan esa suerte podrán optar por desistir de esperar, sin tener derecho a ningún tipo de reclamo hacia el Estado.

DEFENSA Y FISCALES, POR CAMINOS SEPARADOS. Para las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el jefe de los fiscales no debe pertenecer al Poder Judicial, sino que tiene que ser un extrapoder.

Según la Constitución de Santa Fe esa función hoy la ocupa el procurador general de la Corte, que es Agustín Bassó, cuestionado por su accionar dentro de la Justicia como camarista y por la forma en la que el año pasado el gobierno anterior promovió, ansiosa y desprolijamente, su ascenso ante la Asamblea Legislativa, aun cuando Hermes Binner ya había triunfado en las urnas y reclamaba que no se nombrara a nadie en ese cargo.

A esto se suma que la ley de Ministerio Público de la Defensa que dejó armada la gestión de Jorge Obeid, a través del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, contempla que el procurador sea jefe de los defensores públicos.

Así, una misma persona, en este caso Agustín Bassó, tendría la facultad de indicar qué cosas investigar y, paralelamente, de elaborar las estrategias generales sobre la defensa de –tal vez– los mismos implicados por los delitos que él mismo, en tanto jefe de fiscales, mandó a investigar.

Con esta realidad heredada es que se van a remitir las leyes de Ministerio Público de la Acusación y de Ministerio de la Defensa Pública. Lo que todavía no está claro es adónde va a ir a trabajar el polémico Agustín Bassó, una vez implementadas las leyes. “No se trata de un tema de nombres, sino de funcionamiento del nuevo sistema”, dijo una fuente ministerial que, de todas maneras, reconoció que al abogado santafesino no lo preceden los mejores antecedentes jurídicos. Sí se destaca el leguleyo en sus muy buenas amistades, especialmente en lo relativo a miembros de la Corte.

Publicado en Pausa #5, 13 de junio de 2008.

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viernes, 6 de junio de 2008

Un mensaje de libertad para descomprimir la convivencia


A través de un decreto volvieron las conmutaciones de penas, que en la provincia no se concedían desde fines de 2006. Beneficiarán a 110 internos, de los cuales solo seis son mujeres. Desde la cárcel piden oportunidades de estudio, trabajo y capacitación.

Un año y medio después del último beneficio que concedió un gobernador de la provincia para conmutar penas a presos condenados por el Poder Judicial santafesino, Hermes Binner y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, rubricaron el decreto Nº 1.396, por el cual favorecerán a más de un centenar de detenidos alojados en unidades del Servicio Penitenciario y también en dependencias policiales.

En total, hay 110 internos condenados por la Justicia de la provincia que recibirán el beneficio de la conmutación de sus penas. Casi el 85% de esos detenidos (93 personas) tendrán una “compensación” de tres meses de prisión respecto de las condenas que efectivamente deben purgar; otros seis internos tendrán una conmutación de penas de sólo un mes; hay 10 presos que estaban sentenciados a prisión perpetua y con el decreto del gobierno santafesino pasarán a cumplir 25 años de encierro; y a uno de los detenidos se le concedió la prisión perpetua en lugar de la reclusión perpetua.

¿Cuál es la diferencia entre la reclusión y la prisión perpetua? La primera de las figuras significaba, muchos años atrás, que los condenados, además de estar en la cárcel, tuvieran que cumplir trabajos forzados o purgar las penas en unidades penitenciarias más rigurosas –como fue en su momento la cárcel de Ushuaia, hoy museo–. En la actualidad son escasas las condenas a reclusión y casi con exclusividad se aplica dicha figura en causas que merecen la cadena perpetua. La única diferencia notoria es que los condenados a “reclusión perpetua” deben cumplir 25 años de cárcel para obtener la libertad, mientras que en los casos de “prisión perpetua”, ese beneficio puede lograrse a los 20 años.

Uno de los datos que se desprenden del decreto Nº 1.396 es que de los 110 beneficiados con conmutaciones de penas, solo seis son mujeres; de ellas, tres tienen “prisión perpetua” y pasarán a tener 25 años de prisión, dos tendrán que cumplir tres meses menos de detención en el transcurso de sus penas y a una interna sólo se le concedió un mes de gracia. Para los presos la reducción de algunos pocos meses en sus penas no deja de ser un aliciente. Así también lo entiende el gobierno provincial que, según las palabras de Hermes Binner, volverá a utilizar este mecanismo de premios para los internos de buena conducta que cumplan con los requisitos de convivencia.

–Gobernador, usted firmó un decreto para conmutar las penas de algunos presos, ¿cómo cree que puede caer esto en el seno de familiares de víctimas de la inseguridad?

–Es una cuestión que está amparada en la ley, en la Constitución. Ninguna excede de tres meses, en ningún caso esto significa que van a haber liberaciones por esta causa. Esto está previsto dentro de las normas de las cárceles.

EL PROCEDIMIENTO. Las conmutaciones se tramitaron a través del expediente Nº 02001-0000126-6 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y están relacionadas con solicitudes formuladas al Poder Ejecutivo por internos condenados por la Justicia de la provincia, que se encuentran alojados en unidades del Servicio Penitenciario y en dependencias policiales.

En los considerandos del decreto se establece que dicha “gestión se halla encuadrada en las normas que reglamentan el ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 72 inciso 16 de la Constitución de esta provincia” y “que las referidas peticiones fueron objeto de un profundo y minucioso estudio, previo informe de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, de los señores jueces de Ejecución Penal, de los directores de unidad y, también, de los profesionales de los organismos Técnico Criminológicos de cada unidad penitenciaria”.

En ese sentido, los encargados de brindar los respectivos informes manifestaron “que habiéndose evaluado cada caso en particular, se consideró a aquellos condenados que demostraron un positivo índice de adaptación al régimen penitenciario y los reglamentos carcelarios, en base a los antecedentes institucionales que han registrado y que obran en cada legajo individual”.

“Atendiendo a lo expuesto, el beneficio de la gracia que se otorga debe aplicarse con moderación, a fin de que el mismo coadyuve a estimular la voluntad de los internos en su tratamiento y su tránsito por el régimen progresivo, y contribuir al orden y disciplina interna de cada instituto penitenciario en la búsqueda siempre permanente de la paz social”, dice el fundamento de la norma legal que firman Binner y Superti y también añade: “Es tradición inveterada (antigua) en esta provincia de Santa Fe ejercer la referida atribución constitucional al menos en dos oportunidades al año”.

VACÍO REGLAMENTARIO. En dos ocasiones el ex diputado provincial del PJ, Danilo Kilibarda, intentó llenar el vacío reglamentario sobre la conmutación de penas y por eso presentó un proyecto para sistematizar esa facultad constitucional que tienen los gobernadores santafesinos. La primera vez fue en febrero de 2005, pero la iniciativa no pasó el análisis de las comisiones de la Cámara baja y el tema caducó por el transcurso del tiempo; el año pasado, en el fin de su mandato, el legislador reingresó el mismo texto.

El proyecto consiste en ordenar la tramitación y el otorgamiento de los indultos y las conmutaciones de penas. En los primeros artículos fija el procedimiento que se deberá seguir desde la solicitud que presente el interesado hasta la firma del acto decisorio del gobernador y la posterior comunicación al Poder Legislativo.

Además, siguiendo la tradición, sugiere como fechas para dictar esos beneficios las celebraciones del 25 de Mayo y el 25 de diciembre de cada año. Y establece que “los condenados no podrán gozar del beneficio de conmutación de penas en más de una oportunidad por año calendario, beneficio y no solicitud, a diferencia de otros textos legales, porque ese es el sentido de la norma”.

La iniciativa de Danilo Kilibarda también obliga a la Dirección General del Servicio Penitenciario a llevar un registro de los beneficios obtenidos por los penados, determina en qué casos no procede la conmutación y limita a un beneficio por año para cada condenado. Además, un punto novedoso es el agregado de comunicar a la Legislatura, sin que esto signifique limitar las facultades del Ejecutivo, sobre la nómina de los internos favorecidos. El proyecto está en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja.

También, es bueno remarcar que en el plan de reforma constitucional que presentó el diputado radical, Hugo Marcucci, integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, uno de los puntos contempla la eliminación de la atribución del Poder Ejecutivo de indultar y conmutar penas. La modificación de la Carta Magna santafesina todavía no maduró entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria –principalmente en el justicialismo– pero existe un antecedente importante para discutir sobre las potestades del gobernador.

Es razonable como argumento pensar que esta atribución sobre la pena es una figura que se acerca demasiado a la capacidad de decisión de un soberano real sobre sus súbditos, no a la de un gobierno republicano sobre los ciudadanos. Pero también es imprescindible que esa facultad exista como efectivo incentivo para el recluso.

DECISIÓN EQUIVOCADA. En marzo de 2004, Jorge Obeid firmó un decreto de conmutación de penas que incluyó a Carlos Alberto Lovazzano, un ex bombero condenado por un triple homicidio perpetrado en la ciudad de Pérez. La protesta legislativa y de los vecinos de esa localidad hicieron que el Ejecutivo enmendara su decisión con otro decreto.

Luego, fue Lovazzano quien pidió que le restituyeran la conmutación, petición rechazada en la Casa Gris. En la actualidad, Lovazzano está preso en el penal de Coronda por matar a su esposa, su cuñada y la abuela de ambas, además de herir a otras cuatro personas. Su inclusión en el decreto fue por buen comportamiento tras las rejas y por entender que el caso tuvo ribetes emocionales antes que de criminalidad organizada. Así, le redujeron la pena de prisión perpetua a la de 25 años de cárcel, lo que le habría permitido recuperar la libertad al cumplir los dos tercios de la pena.

Al conocerse la resolución, hubo un unánime rechazo en la comunidad de Pérez, donde se registró una movilización y se juntaron cinco mil firmas pidiendo la revisión de la medida. Cuatro meses después el gobierno rectificó su decisión. El decreto Nº 1.327 del 20 de julio anuló la conmutación, la cual fue considerada “inoportuna e inadecuada”.

El hecho por el cual fue condenado Lovazzano ocurrió el 5 de agosto de 1994 en la ciudad de Pérez, departamento de Rosario. Ese día, el bombero, de 27 años por entonces, llegó a la peluquería donde trabajaba su esposa y desató una masacre al disparar trece veces su arma reglamentaria. Luego del caso Lovazzano, en diciembre de 2004, el gobernador Obeid ratificó que no iba a firmar más ningún decreto de conmutación masiva de penas en las cárceles de la provincia, como ocurría –tradicionalmente– para Navidad y fin de año o, incluso, cuando los mismos se daban a pedido de los arzobispos de Santa Fe y Rosario, hecho frecuente en su primer mandato y en los de Carlos Reutemann, cuando el jubileo del 2000, por ejemplo.

Los beneficios no se otorgaron hasta que la masacre de Coronda en 2005 lo hizo cambiar de opinión al ex mandatario justicialista. Una manera de descomprimir la situación intramuros después de dos años sin conmutaciones de penas se formalizó el 29 de diciembre de 2006, cuando el titular del Poder Ejecutivo provincial y el por entonces director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, redujeron las penas a 122 presos detenidos en los penales de Rosario, Coronda, Las Flores y Piñero. Recién ahora el Ejecutivo volvió a utilizar sus facultades constitucionales.

Facultad constitucional
La Constitución de Santa Fe, en su artículo 72, contiene las atribuciones del gobernador. El inciso 16 establece que “indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”.

Indulto y conmutación
El indulto significa el poder de perdonar la pena impuesta por un juez, sin borrar los efectos de delito.
La conmutación importa el cambio de una pena impuesta por un juez por otra menor.

Publicado en Pausa #4, viernes 6 de junio de 2008

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