La Argentina es soja dependiente. El conflicto por su renta se torna dramático. Pese a los discursos y a algunas tardías reacciones, como el envío de la resolución 125 al Congreso, la gestión del matrimonio K hasta acá ha profundizado la tendencia. Y ahora está pagando los costos políticos.
Hoy se cumplen 100 días. y parece que hubieran sido un millón.
El 10 de marzo, cuando en el Ministerio de Economía, por ese entonces a cargo de Martín Lousteau, se terminaba de delinear la resolución 125 que imponía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de granos, nadie imaginaba que se estaba incubando una de las protestas sectoriales de más largo alcance que se tenga memoria, que dio pie a una película que ya superó los 100 días de duración y sobre la cual nada hace suponer que estemos cerca de su final y menos aún de un final feliz.
Todo indica que, más allá de las buenas intenciones de quienes predican lo contrario, esto es una batalla y, como en toda batalla, habrá vencedores y vencidos. Afortunadamente, la intención de las últimas horas es trasladarla de las rutas y las calles al Congreso –que, aunque parezca mentira, existe–, lo que le dará un marco institucional y republicano a la disputa, alejándola de la efervescencia anárquica en la que estuvo y que puso otra vez a los argentinos “al borde del precipicio”, como acertadamente graficó el intendente rosarino Miguel Lifschitz en jornadas recientes, cuando todo parecía haberse salido de cauce definitivamente y para siempre.
CRÍA CUERVOS. Las clases medias y altas rurales y urbanas salieron a protestar en sus tractores o con sus cacerolas por un cúmulo de razones que, en general, se vinculan a un modo de gestión de gobierno del matrimonio que manda en la Argentina desde mayo de 2003. Modales.
Lo paradójico de la cuestión es que esa misma burguesía se ha expandido y crecido bajo el ala del modelo de acumulación que los mismos pingüinos han fogoneado, ya sea directa o indirectamente. No hay más que hacer una recorrida por los pueblos del interior santafesino para observar que los más favorecidos por la extraordinaria renta agraria –que resulta de una excepcional y generalizada alza en el mercado mundial de los precios de los granos y de los alimentos– son los mismos que hoy, por poco, prácticamente llegan a pedir la cabeza de Cristina.
¿Y de qué se trata el modelo de acumulación K? En enorme medida, de lo que los patagónicos han permitido que suceda en el amplísimo mundo rural. Para entender más acabadamente es necesario observar números y tendencias.
Alejandro Horowicz, ensayista y profesor de Sociología de la UBA, conocido en nuestra zona por los años en que ejerció como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, aportaba datos interesantes allá por el lejano mes de abril del año en curso, a poco de renunciar Martín Lousteau, primer chivo expiatorio de todo este conflicto. Subrayaba que “cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba alrededor de 10 millones de hectáreas, contra las 15 millones actuales (de las 30 millones que conforman la superficie cultivable); por tanto, creció un 50%. En el 2003 una de cada tres hectáreas se destinaba a la soja; hoy, una de cada dos hectáreas está dedicada a ese fin. Entonces, la tendencia al monocultivo sojero es anterior al gobierno K, pero la consolidación del modelo se produce durante esta gestión”.
VIVIR DE LA SOJA. A este preocupante desequilibrio en términos de diversidad productiva se suma otra desigualdad y es la que ha manifestado la propia Cristina en sus apariciones públicas al remarcar que el 2,2% de los productores aporta más del 40% de toda la soja transgénica. Como el número de productores sojeros asciende a 84.000, unos 1.800 utilizan 7 millones de hectáreas, mientras 67.000 productores, el 80%, araña 3 millones de hectáreas. En este último grupo está gran parte de los que consideran que verán menguarse gravemente sus utilidades si se aplican las retenciones móviles y salen a las rutas a expresarlo, muchos con su gorilismo a cuestas, vale subrayar.
En este tránsito por el callejón de la primarización económica, y ante la ausencia de una alternativa al modelo actual, las retenciones a las exportaciones de soja –junto al impuesto a Impuesto al Valor Agregado, sobre todo, y el impuesto a las ganancias– se erigen en uno de los pilares fundamentales de la recaudación tributaria. Gracias a esos tres ítems el año pasado la recaudación llegó a la cifra récord de casi 200.000 millones de pesos, un 33% por encima de lo que se proyectaba en el presupuesto. En gran medida ese récord estuvo impulsado por el alza de retenciones a las exportaciones de soja del 27% al 35%, ordenada por Néstor Kirchner antes de abandonar la presidencia. De retenciones se recaudaron 20.450 millones de pesos, un 10% del total.
Para el año en curso la recaudación fiscal proyectada –seguramente se superará con amplitud– llega a casi 170.000 millones de pesos sobre un nivel de gastos de 161.000 millones. Antes del 10 marzo, lo que se pretendía recaudar por las retenciones era alrededor 35.000 millones de pesos. Con la polémica alza al 44% resuelta por Lousteau lo que se esperaba recaudar por ese concepto llega a aproximadamente 40.500 millones de pesos. Y hay quienes señalan que ese valor se elevaría a 48.500 millones teniendo en cuenta la particularidad de la movilidad de las retenciones que, en el caso de la soja si alcanza un valor de 600 dólares la tonelada (ya oscila 570 en Chicago), puede llevar el derecho de exportación más allá del 50%. De los potenciales 48.500 millones, el complejo soja aportaría 31.500 millones, es decir el 65%.
Los fríos y abultados números dan cuenta de por qué se desató un conflicto de tal nivel que tiene en vilo a la sociedad entera, con consecuencias aún inimaginadas. Con la discusión en marcha quedó al desnudo la dramática dependencia del “yuyo”, como llamó Cristina a la soja, y las fervorosas pasiones que desata la apropiación de su gigantesca renta.
Lo que se discute es quién y cuánto ganará. Lo que aún no se discute públicamente, un poco por desinformación y en gran medida por falta de interés, es qué modelo de país aspiran a tener sus habitantes. Algunos atisbos comienzan a verse.
LAS PÉRDIDAS. El ex viceministro de Economía Miguel Bein aseguró que “al sacarle las rutas a la economía, la producción se resiente mucho. Hasta ahora está costando un punto del PBI, unos 3.400 millones de dólares para un producto que alcanzará 340.000 millones”.
Como ya se explicó, la intención de las retenciones móviles era ampliar en alrededor de 1.500 millones de dólares la recaudación del año en curso.
Frente al planificado desguace de otras vías de circulación productiva, como el tren, la importancia de las rutas es crucial.
NUEVO MINISTRO, SIN GRANDES CAMBIOS. El 24 de abril a la medianoche se conoció la renuncia del ministro Martín Lousteau, a quien se culpó por el modelo de retenciones móviles, rechazado por las organizaciones del agro. En su lugar, asumió Carlos Fernández, quien como medida más significativa en su gestión ha introducido cambios en el esquema de retenciones, que tampoco fueron aceptados. En aquella oportunidad, se explicó que las modificaciones tenían por fin “resolver el problema del funcionamiento del mercado de futuros”, pero sin modificar el cobro de derechos de exportación móviles.
Según el nuevo esquema, se fijó un nuevo precio FOB de corte para la soja que va de los 600 a 750 dólares la tonelada, en el que la retención retrocede del 58,5% al 52,7%. Para el trigo, el “corte” va de 450 a 600 dólares la tonelada para la exportación y la retención bajaba de 46,3 a 41,6%. En el caso del maíz, cuando el precio de la tonelada oscilara entre los 300 a 400 dólares, la retención bajaría del 53,8 a 45%. En tanto que para el girasol, para la banda de precio de 700 a 900 FOB, la retención bajaría del 59,1 al 52,7%.
Además, se dispuso incorporar a los monotributistas como beneficiarios del régimen de reintegro de las retenciones, que beneficia a los productores de hasta 150 hectáreas en la zona pampeana y de 350 hectáreas en las regiones extra pampeanas. Así, las retenciones sólo recaerían en unidades productivas muy superiores a la de un pequeño productor.
LAS ESPECULACIONES DEL AGRO Y EL ACOPIO, EN MARCHA. Un artículo publicado la semana pasada por el Financial Times, diario por excelencia de la comunidad financiera y política europea, acusa al lock out agropecuario argentino de agravar la crisis alimentaria global al causar un aumento del precio mundial de la soja.
“Los productores prefieren retener sus cosechas en los silos y esperar hasta que se sepan las tarifas que se aplican antes de exportar normalmente”, señaló el periódico. Las malas lenguas –la del ministro de Justicia Aníbal Fernández, entre ellas–, han denunciado que en gran medida la extensión del paro a la comercialización de los granos tiene como trasfondo la generación de este incremento de precios, en búsqueda de más rentabilidad.
Una semana más tarde, Martín Garciarena, vicepresidente primero de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), admitió el mecanismo. Fue tras el último acto del PJ en Buenos Aires, luego de que Cristina Fernández de Kirchner volviera a criticar a los dirigentes rurales (“son cuatro personas a las que nadie votó”). El segundo de Carbap dijo en una entrevista con el canal de cable TN que los productores podían sostener durante dos años las medidas porque tienen los silos llenos.
Bajo la afirmación del derecho constitucional a no vender, el problema (internacional) de los alimentos adopta en la Argentina la obscena y peculiar faceta opuesta a la del hambre por escasez: la de la crisis por la abundancia.
Publicado en Pausa #6, 20 de junio de 2008.
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Hoy se cumplen 100 días. y parece que hubieran sido un millón.
El 10 de marzo, cuando en el Ministerio de Economía, por ese entonces a cargo de Martín Lousteau, se terminaba de delinear la resolución 125 que imponía un régimen de retenciones móviles a las exportaciones de granos, nadie imaginaba que se estaba incubando una de las protestas sectoriales de más largo alcance que se tenga memoria, que dio pie a una película que ya superó los 100 días de duración y sobre la cual nada hace suponer que estemos cerca de su final y menos aún de un final feliz.
Todo indica que, más allá de las buenas intenciones de quienes predican lo contrario, esto es una batalla y, como en toda batalla, habrá vencedores y vencidos. Afortunadamente, la intención de las últimas horas es trasladarla de las rutas y las calles al Congreso –que, aunque parezca mentira, existe–, lo que le dará un marco institucional y republicano a la disputa, alejándola de la efervescencia anárquica en la que estuvo y que puso otra vez a los argentinos “al borde del precipicio”, como acertadamente graficó el intendente rosarino Miguel Lifschitz en jornadas recientes, cuando todo parecía haberse salido de cauce definitivamente y para siempre.
CRÍA CUERVOS. Las clases medias y altas rurales y urbanas salieron a protestar en sus tractores o con sus cacerolas por un cúmulo de razones que, en general, se vinculan a un modo de gestión de gobierno del matrimonio que manda en la Argentina desde mayo de 2003. Modales.
Lo paradójico de la cuestión es que esa misma burguesía se ha expandido y crecido bajo el ala del modelo de acumulación que los mismos pingüinos han fogoneado, ya sea directa o indirectamente. No hay más que hacer una recorrida por los pueblos del interior santafesino para observar que los más favorecidos por la extraordinaria renta agraria –que resulta de una excepcional y generalizada alza en el mercado mundial de los precios de los granos y de los alimentos– son los mismos que hoy, por poco, prácticamente llegan a pedir la cabeza de Cristina.
¿Y de qué se trata el modelo de acumulación K? En enorme medida, de lo que los patagónicos han permitido que suceda en el amplísimo mundo rural. Para entender más acabadamente es necesario observar números y tendencias.
Alejandro Horowicz, ensayista y profesor de Sociología de la UBA, conocido en nuestra zona por los años en que ejerció como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, aportaba datos interesantes allá por el lejano mes de abril del año en curso, a poco de renunciar Martín Lousteau, primer chivo expiatorio de todo este conflicto. Subrayaba que “cuando Néstor Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba alrededor de 10 millones de hectáreas, contra las 15 millones actuales (de las 30 millones que conforman la superficie cultivable); por tanto, creció un 50%. En el 2003 una de cada tres hectáreas se destinaba a la soja; hoy, una de cada dos hectáreas está dedicada a ese fin. Entonces, la tendencia al monocultivo sojero es anterior al gobierno K, pero la consolidación del modelo se produce durante esta gestión”.
VIVIR DE LA SOJA. A este preocupante desequilibrio en términos de diversidad productiva se suma otra desigualdad y es la que ha manifestado la propia Cristina en sus apariciones públicas al remarcar que el 2,2% de los productores aporta más del 40% de toda la soja transgénica. Como el número de productores sojeros asciende a 84.000, unos 1.800 utilizan 7 millones de hectáreas, mientras 67.000 productores, el 80%, araña 3 millones de hectáreas. En este último grupo está gran parte de los que consideran que verán menguarse gravemente sus utilidades si se aplican las retenciones móviles y salen a las rutas a expresarlo, muchos con su gorilismo a cuestas, vale subrayar.
En este tránsito por el callejón de la primarización económica, y ante la ausencia de una alternativa al modelo actual, las retenciones a las exportaciones de soja –junto al impuesto a Impuesto al Valor Agregado, sobre todo, y el impuesto a las ganancias– se erigen en uno de los pilares fundamentales de la recaudación tributaria. Gracias a esos tres ítems el año pasado la recaudación llegó a la cifra récord de casi 200.000 millones de pesos, un 33% por encima de lo que se proyectaba en el presupuesto. En gran medida ese récord estuvo impulsado por el alza de retenciones a las exportaciones de soja del 27% al 35%, ordenada por Néstor Kirchner antes de abandonar la presidencia. De retenciones se recaudaron 20.450 millones de pesos, un 10% del total.
Para el año en curso la recaudación fiscal proyectada –seguramente se superará con amplitud– llega a casi 170.000 millones de pesos sobre un nivel de gastos de 161.000 millones. Antes del 10 marzo, lo que se pretendía recaudar por las retenciones era alrededor 35.000 millones de pesos. Con la polémica alza al 44% resuelta por Lousteau lo que se esperaba recaudar por ese concepto llega a aproximadamente 40.500 millones de pesos. Y hay quienes señalan que ese valor se elevaría a 48.500 millones teniendo en cuenta la particularidad de la movilidad de las retenciones que, en el caso de la soja si alcanza un valor de 600 dólares la tonelada (ya oscila 570 en Chicago), puede llevar el derecho de exportación más allá del 50%. De los potenciales 48.500 millones, el complejo soja aportaría 31.500 millones, es decir el 65%.
Los fríos y abultados números dan cuenta de por qué se desató un conflicto de tal nivel que tiene en vilo a la sociedad entera, con consecuencias aún inimaginadas. Con la discusión en marcha quedó al desnudo la dramática dependencia del “yuyo”, como llamó Cristina a la soja, y las fervorosas pasiones que desata la apropiación de su gigantesca renta.
Lo que se discute es quién y cuánto ganará. Lo que aún no se discute públicamente, un poco por desinformación y en gran medida por falta de interés, es qué modelo de país aspiran a tener sus habitantes. Algunos atisbos comienzan a verse.
LAS PÉRDIDAS. El ex viceministro de Economía Miguel Bein aseguró que “al sacarle las rutas a la economía, la producción se resiente mucho. Hasta ahora está costando un punto del PBI, unos 3.400 millones de dólares para un producto que alcanzará 340.000 millones”.
Como ya se explicó, la intención de las retenciones móviles era ampliar en alrededor de 1.500 millones de dólares la recaudación del año en curso.
Frente al planificado desguace de otras vías de circulación productiva, como el tren, la importancia de las rutas es crucial.
NUEVO MINISTRO, SIN GRANDES CAMBIOS. El 24 de abril a la medianoche se conoció la renuncia del ministro Martín Lousteau, a quien se culpó por el modelo de retenciones móviles, rechazado por las organizaciones del agro. En su lugar, asumió Carlos Fernández, quien como medida más significativa en su gestión ha introducido cambios en el esquema de retenciones, que tampoco fueron aceptados. En aquella oportunidad, se explicó que las modificaciones tenían por fin “resolver el problema del funcionamiento del mercado de futuros”, pero sin modificar el cobro de derechos de exportación móviles.
Según el nuevo esquema, se fijó un nuevo precio FOB de corte para la soja que va de los 600 a 750 dólares la tonelada, en el que la retención retrocede del 58,5% al 52,7%. Para el trigo, el “corte” va de 450 a 600 dólares la tonelada para la exportación y la retención bajaba de 46,3 a 41,6%. En el caso del maíz, cuando el precio de la tonelada oscilara entre los 300 a 400 dólares, la retención bajaría del 53,8 a 45%. En tanto que para el girasol, para la banda de precio de 700 a 900 FOB, la retención bajaría del 59,1 al 52,7%.
Además, se dispuso incorporar a los monotributistas como beneficiarios del régimen de reintegro de las retenciones, que beneficia a los productores de hasta 150 hectáreas en la zona pampeana y de 350 hectáreas en las regiones extra pampeanas. Así, las retenciones sólo recaerían en unidades productivas muy superiores a la de un pequeño productor.
LAS ESPECULACIONES DEL AGRO Y EL ACOPIO, EN MARCHA. Un artículo publicado la semana pasada por el Financial Times, diario por excelencia de la comunidad financiera y política europea, acusa al lock out agropecuario argentino de agravar la crisis alimentaria global al causar un aumento del precio mundial de la soja.
“Los productores prefieren retener sus cosechas en los silos y esperar hasta que se sepan las tarifas que se aplican antes de exportar normalmente”, señaló el periódico. Las malas lenguas –la del ministro de Justicia Aníbal Fernández, entre ellas–, han denunciado que en gran medida la extensión del paro a la comercialización de los granos tiene como trasfondo la generación de este incremento de precios, en búsqueda de más rentabilidad.
Una semana más tarde, Martín Garciarena, vicepresidente primero de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), admitió el mecanismo. Fue tras el último acto del PJ en Buenos Aires, luego de que Cristina Fernández de Kirchner volviera a criticar a los dirigentes rurales (“son cuatro personas a las que nadie votó”). El segundo de Carbap dijo en una entrevista con el canal de cable TN que los productores podían sostener durante dos años las medidas porque tienen los silos llenos.
Bajo la afirmación del derecho constitucional a no vender, el problema (internacional) de los alimentos adopta en la Argentina la obscena y peculiar faceta opuesta a la del hambre por escasez: la de la crisis por la abundancia.
Publicado en Pausa #6, 20 de junio de 2008.
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