A más de 25 años del regreso a la democracia está casi todo dado para que comiencen los juicios por la represión en Santa Fe; en este informe, el recorrido de la causa y algunas miradas sobre los desafíos para vencer la impunidad.
Por Ezequiel Nieva
Va a ser, sin duda, uno de los hechos del año: de un lado habrá siete imputados; del otro, los querellantes. Y una cantidad no determinada de testigos que volverán a referir los vejámenes que sufrieron a mano de los torturadores y sus cómplices, tres décadas atrás.
Luego de un proceso que demandó casi diez años algunos ejecutores de la represión en Santa Fe se sentarán en el banquillo de los acusados. No es el único hito: también será la primera vez en el país que un funcionario del Poder Judicial –el ex juez federal Víctor Hermes Brusa– sea juzgado por su participación en las sesiones de tortura de la dictadura.
Las visiones más optimistas indican que el juicio oral por la denominada Causa Brusa podría arrancar en junio o en julio; las más pesimistas, cerca de fin de año. Antes –la fecha estimada es el 7 de mayo– se hará lo propio con la Causa Barcos. Los tiempos de la Justicia no suelen ser los mismos que los de la demanda social, en particular en Santa Fe, donde la estructura vigente debe su apogeo y hegemonía al hombre que desde 1984, cuando se elaboró el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), está sindicado como partícipe clave en repetidos operativos de los grupos de tareas: el mismo que en democracia supo lograr su ascenso de secretario de juzgado a juez federal.
Junto a Brusa, otros seis acusados deberán comparecer ante el tribunal: María Eva Aebi, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, Domingo Marcellini y Eduardo Ramos. Juan Orlando Rolón, otro de los imputados, logró zafar de tener que sentarse junto a ellos en esta primera instancia, aunque su procesamiento está firme y tarde o temprano deberá visitar el Juzgado Federal. El otro acusado, Nicolás Correa, murió sin condena luego de gozar por años de los beneficios de una prisión domiciliaria que no le impedía salir a pasear por las calles de barrio Candioti. (Tras la investigación periodística de Nicolás Lovaisa y Carolina Niklison, Correa debió dejar su hogar para cumplir un régimen de semidetención en la cárcel de Las Flores).
A esos nueve imputados que llegó a tener la Causa Brusa debe sumarse un décimo nombre: el de Horacio Barcos. Ex miembro del Personal Civil de Inteligencia, Barcos fue denunciado y reconocido por una de sus víctimas –Amalia Ricotti– y deberá enfrentar al tribunal conformado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Laborde.
El inicio del juicio, previsto para la primera semana de mayo, es probable que se demore. Como en la otra causa, también en ésta causa abundan las dilaciones: la defensa de Barcos planteó la necesidad de que un conjuez y no un secretario ocupe la tercera silla –Laborde es secretario y llegó al tribunal en reemplazo del juez jubilado Ramiro Puyol, quien de todos modos se iba a excusar de participar por el mismo motivo que lo llevó a desistir de la Causa Brusa: es familiar de un desaparecido.
La decisión sobre el planteo depende de la Cámara de Casación con sede en Rosario: quizás el nicho más conservador de toda la Justicia Federal. Y el más “retrógrado”, según coinciden muchos de los abogados vinculados a los organismos de derechos humanos. Tras esa decisión se sabrá si el juicio contra Barcos comenzará el 7 de mayo o se pospondrá por un tiempo. Según se estima desde la querella, el proceso durará unos 15 días. Y entonces, por primera vez, habrá una sentencia en el territorio provincial por un caso de derechos humanos.
UNA CAUSA EMBLEMÁTICA. Demorada también por planteos que aún no fueron resueltos en la Cámara de Casación, a la Causa Brusa sólo resta fijarle una fecha para el inicio del juicio oral.
Se trata de un proceso complejo. Desde el principio, cuando el juez Reinaldo Rodríguez dio curso a las denuncias, la causa se dividió en dos: por un lado se investigarían los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos; por otro, asociación ilícita. Este segundo proceso fue separado en la etapa de la instrucción por una irregularidad procesal cometida por Rodríguez: cuando indagó a los imputados, lo hizo informando una de las carátulas –privación ilegítima y tormentos– pero no la otra –asociación ilícita–; de ese hecho derivó un planteo de los abogados defensores contra el juez por presunto prejuzgamiento. “La Cámara de Casación anuló el procesamiento parcialmente, lo cual es técnicamente correcto, pero además aceptó luego el planteo de recusación por prejuzgamiento; esto último es muy discutible”, explicó Horacio Coutaz, uno de los abogados de la querella.
Coutaz conoce el terreno. En 2006 trabajó para la Fiscalía Federal, exclusivamente en causas de derechos humanos. Luego dejó el Ministerio Público y, ya en ejercicio de su profesión, se convirtió en el patrocinante de una de las víctimas del terrorismo de Estado en Santa Fe, que es querellante en la Causa Brusa: Patricia Traba.
Todo comenzó hace una década, cuando varias víctimas de la dictadura presentaron denuncias contra Brusa ante el juez español Baltasar Garzón. En la Argentina estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; de ahí la imposibilidad de accionar contra Brusa y la necesidad de hacerlo en España, apelando al principio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden ser investigados y juzgados aún fuera del territorio donde fueron cometidos.
Garzón pidió la extradición de varias decenas de represores; en esa lista estaba el ex juez Brusa, para entonces destituido luego del recordado episodio de la laguna Setúbal. Pero el Estado argentino denegó el pedido de Garzón –una decisión del entonces presidente Fernando De la Rúa–, a la vez que en el Congreso se iniciaba el lento camino que iba a derivar en la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con la primera medida –la declaración su inconstitucionalidad– se pudieron abrir los llamados juicios de la verdad; con la derogación definitiva de las leyes de impunidad se avanzó otro paso: pudieron ser reabiertas las causas archivadas en la década del 80 y, además, a comenzaron a abrirse nuevas causas derivadas de nuevas denuncias.
En ese contexto se inició la Causa Brusa. Un elemento clave: la decisión del juez Rodríguez de avanzar contra su ex colega y los otros imputados –el ascenso de Brusa a juez, ya en democracia, derivó en un complejo sistema de complicidades internas dentro de la Justicia Federal: una abrumadora mayoría de funcionarios deben a sus favores el hecho de haber sido nombrados o ascendidos, de ahí las dificultades que se registran para poder conformar un tribunal imparcial que lo juzgue.
Aquella decisión de Rodríguez puede explicarse por el hecho de ser oriundo de Lomas de Zamora. Llegó al fuero santafesino tras ganar un concurso; nada lo unía a Brusa: ningún favor. Pese a las actuales críticas, su tarea fue determinante: procesó a los acusados, sorteó muchas de las trabas de la defensa y avanzó con las actuaciones. Cuando Rodríguez fue separado, la causa se empantanó; hacia 2007 el entonces conjuez Leandro Corti se hizo cargo y apuró los trámites. A principios de 2008 elevó la causa a juicio oral y, casi de inmediato, dejó su cargo para asumir al frente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.
Ya con el proceso en esa etapa, aparecieron otras dilaciones. La principal tuvo que ver con la constitución del tribunal; los primeros tres jueces sorteados se excusaron, dos porque habían trabajado con Brusa y el otro por ser familiar de un desaparecido. Luego se sucedieron los sorteos: de 30 abogados sorteados, ninguno aceptó conformar el tribunal. La mayoría, por los mismos motivos que los dos primeros: haber sido beneficiados en menor o mayor grado por Brusa. También hubo algunas recusaciones de los defensores de los imputados por supuesta imparcialidad de algunos de los designados, pero fueron pocos casos.
Finalmente, el tribunal quedó constituido por Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Martín Gutiérrez. La situación de este último está en suspenso (pidió su apartamiento); podría ser reemplazado por un juez de Rosario: otro aspecto que demorará el inicio del juicio. Claro que siempre se puede estar peor: en Reconquista todo indica que se va a terminar constituyendo el tribunal con abogados de Chaco y de Corrientes.
LOS LÍMITES. Ninguno de los imputados será juzgado por homicidio, de ahí que las especulaciones hablen de penas de entre 20 y 25 años si se los encuentra culpables. “Van a ser penas altas porque en la mayoría de los casos se los juzga por muchos hechos –explicó Coutaz, y opinó acerca de por qué a los imputados les caben las figuras de tormentos y asociación ilícita pero no la de homicidio–: Es parte de la estructura política y judicial que se instaló en democracia”.
–Pero hubo muchas denuncias por asesinatos...
–Sí, hubo denuncias. Pero también hubo una decisión política no escrita de avanzar sobre ciertos delitos y no sobre otros. Y además en esta causa tenemos muchos problemas de pruebas. Pasaron 30 años; casi toda la documentación nunca se encontró. Muchos testigos quizás no se animen a hablar ahora, y es lógico después de lo de Jorge Julio López. Y también está el problema de que se han dividido en tantas causas como denuncias hubo, entonces los testigos, que son casi siempre los mismos, van a tener que ir a declarar en todas las causas. Declaran quince veces en Instrucción, después quince veces en un juicio oral con todo lo que conlleva de presión psicológica, de recuerdos de cosas terribles e incluso de exponerse.
LA SEGURIDAD DE LOS TESTIGOS. La división de las denuncias en distintas causas es una de las trampas que no pocos querellantes, funcionarios y dirigentes de organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace varios años. La necesidad de una unificación de los procesos pasa por el grado de exposición al que se someten los testigos; al caso de Jorge Julio López pueden sumarse los distintos hechos registrados en Santa Fe desde el inicio de la Causa Brusa: las pintadas frente a la Casa de Derechos Humanos, el ataúd encontrado en la puerta de LT10 como un mensaje dirigido al juez Rodríguez y a la, por entonces, fiscal federal Griselda Tessio, las esvásticas que aún hoy afean el Mural de la Memoria...
A ese triste listado se agregan los ataques registrados esta semana: pintadas (“Soy del ERP”, “Muerte al ERP”) frente al estudio jurídico de Lucila Puyol, abogada de la agrupación Hijos; balazos a la vidriera del comercio del hijo de Daniel García –querellante de la Causa Brusa–, cuya vereda quedó tapizada de volantes (“Por otro 24 de marzo”); panfletos contra los diputados provinciales Antonio Riestra y Alicia Gutiérrez (“Terroristas montoneros”).
La seguidilla se desarrolló el mismo 24 de marzo; por la tarde, en la marcha que cada año recorre el trecho que separa la Plaza del Soldado de la Plaza de Mayo y en la que se recuerda el aniversario del golpe de Estado, el reclamo en contra de la impunidad se hizo sentir con mayor fuerza de lo habitual. De hecho, la presencia del gabinete completo del gobierno provincial en las primeras filas puede interpretarse como un claro mensaje.
“Existe un cierto margen de maniobra, por eso es necesario fortalecer todos los espacios que nos brinda la democracia”, opinó en medio de la marcha Stella Vallejo, delgada del Inadi en Santa Fe y querellante también en la causa.
–¿Existe el temor de que estos ataques se recrudezcan de cara al inicio de los juicios?
–Los querellantes venimos trabajando sobre esto desde hace años. Trabajamos en la Conadep, trabajamos en la causa contra Brusa, lo denunciamos antes de que lo nombren juez. Nosotros vamos con la verdad y en busca de justicia; (los ataques) no nos producen temor, no nos paralizan.
Durante la dictadura, Vallejo pasó seis años y medio detenida en distintas dependencias militares y policiales. Quizá por ello no da demasiadas vueltas para argumentar por qué es necesario que exista el Programa de Protección de Testigos y por qué, al mismo tiempo, ella no va a hacer uso de ese programa: “Con custodia me sentiría nuevamente victimizada”.
También el diputado Riestra habló de los hechos del 24, que lo tuvieron como protagonista indirecto: “No nos ponemos en el lugar de las víctimas. Las víctimas son los compañeros desaparecidos y son los familiares que esperan por verdad y justicia. Y son también esos testigos que han sido amenazados de una manera extorsiva”.
Riestra señaló que las fotografías suya y de su par Alicia Gutiérrez utilizadas para los panfletos fueron tomadas del archivo de la Legislatura. “No quiero decir nada con esto, pero lo que se quiere representar es el lugar institucional que uno ocupa. También del gobierno nacional se ha dicho lo mismo: que son los subversivos. Creo que esto encaja perfectamente con este tipo de derechas, que no quiere reconocer el tibio y lento avance que hemos tenido tanto en derechos sociales como en las deudas con la memoria”, agregó.
El diputado Raúl Lamberto coincidió con él: “El avance de los procesos va a generar nerviosismo en muchos de los que han estado en estos 33 años protegidos por la impunidad”. Lamberto también se refirió a la seguridad de los testigos: “El Estado provincial ha asumido el compromiso de colaborar; está la voluntad política del gobernador y nosotros vamos a hacer todo lo posible para garantizar que quienes tengan que brindar su testimonio lo puedan hacer”.
De todos modos, el legislador reconoció: “Amenazas o intimidaciones es probable que se den; lo importante es que esto no pase a mayores. Coletazos van a haber, en las sombras siempre algunos aprovechan para amenazar, pero lo importante es que la gente se sienta protegida por el Estado”.
A PASO LENTO. El cansino transitar de los expedientes judiciales también es motivo de reclamos. “Están tirando en contra más de 400 juicios de la dictadura militar, demorándolos”, señaló esta semana Celina “Queca” Koffman, principal referente de las Madres de Plaza de Mayo en Santa Fe.
La referencia de Queca apunta a una situación que se repite en casi todos los rincones del país. A tal punto son visibles las dilaciones que el secretario de Derechos Humanos de la Nación debió salir a denunciar que “hay intencionalidad” de parte de la Justicia.
A principios de mes el jefe de Gabinete Sergio Massa anunció la designación de 750 nuevos empleados que se repartirán entre todos los fueros federales del país: una medida que busca aceitar el andamiaje de la Justicia en general y acelerar los juicios por derechos humanos en particular. Fue luego del encuentro que mantuvo con tres de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda–, quienes le habían exigido 900 nombramientos.
El mismo día del anuncio, la vicegobernadora Tessio también se reunió con Lorenzetti. De ese encuentro participó además el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Tessio había viajado a Buenos Aires para dejar constancia de su preocupación por la demora en los juicios contra los represores. “El Estado argentino tiene el deber de garantizar en todo el territorio nacional el pleno ejercicio de los derechos amparados por los tratados internacionales de derechos humanos y, si bien Argentina ha cumplido y está cumpliendo con este deber, se han revelado cuestiones a las que nos enfrentamos a la hora de afrontar con éxito causas tan voluminosas y complejas: fundamentalmente falta de recursos económicos, humanos y de infraestructura”, decía el comunicado difundido por la vicegobernadora antes de esa reunión.
Entre los muchos riesgos que derivan de las demoras en el arranque de los juicios cabe citar que cada vez se vuelve más difícil conseguir pruebas. En la mayoría de los casos, las únicas pruebas son los testimonios, y quienes pueden darlos “se van muriendo”, según graficó el abogado Coutaz. Otro inconveniente es que los testigos, cuando no ven avances, pierden la poca o mucha confianza que tienen en el sistema y en muchos casos prefieren no ir a declarar.
UN EPÍLOGO. Escribió el economista Eduardo Basualdo: “En marzo de 1976, la dictadura militar modificó el régimen social interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones que en ese momento se encontraba en los albores de su consolidación. El nuevo régimen estuvo en consonancia con el orden neoliberal que acabó con la economía mundial surgida de la posguerra y se sustentó en la valorización financiera, cuyo predominio se prolongó hasta 2001”.
Hacia 1974 la pobreza y la indigencia alcanzaban, respectivamente, al 4% y al 2% de la población del país. En 2002 se registraron los picos más altos: 57,5% de pobres, casi 30% de indigentes. Hoy las cifras son un poco menos escandalosas: según quien lo mida, por debajo de la línea de pobreza aparece entre el 17% y el 30% de la población argentina.
“Es preciso sentar en el banquillo de la Justicia a quienes financiaron y fueron los reales autores intelectuales del golpe y el genocidio para instalar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina”, exigió en uno de los actos del 24 el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Ricardo Peidró. No es un reclamo que haya alcanzado el mismo consenso que el de los juicios por torturas o asesinatos, y sin embargo es imposible separar lo uno –el método de la muerte y la desaparición– de lo otro –el vasto plan económico que ejecutó la dictadura.
En La Plata, dos hijos de desaparecidos presentarán un reclamo judicial contra los bancos que financiaron a la dictadura militar que secuestró a sus padres. Para ello invocarán antecedentes internacionales como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices, según informó recientemente el periodista Horacio Verbitsky.
Cuando Víctor Hermes Brusa y los otros acusados se sienten en el banquillo y se inicie el juicio, no deberán responder por cuestiones de semejante calibre. Ni siquiera serán condenados por homicidio. La Justicia apenas comenzará a saldar una de sus tantísimas cuentas pendientes con el pasado. No será poco, pero lejos, muy lejos, estará de ser suficiente.
De eso no se habla: el papel de la sociedad
Un proceso tan complejo como la última dictadura puede ser abordado, para su estudio, desde múltiples lugares. La historiadora Gabriela Águila eligió uno muy particular y el resultado se llama Dictadura, represión y sociedad en Rosario (1976-1983), libro que presentó el miércoles en nuestra ciudad. La palabra sociedad puesta en el título denota el enfoque que eligió Águila: “En mi investigación trabajé sobre las víctimas, sobre los centros clandestinos, los colaboradores, los represores y sobre otra dimensión: los testigos –explicó–. Los testigos son ciudadanos comunes; personas que ven allanamientos, secuestros en la vía pública. Por esa vía conecté el ejercicio de la represión con lo que pasaba, con las personas que no son ni miembros del aparato represivo, ni víctimas: son vecinos. Lo que advertí rápidamente fue la circulación de información acerca de lo que pasaba. La idea de que la represión fue clandestina es una idea falsa. Si uno lee la prensa de la época se encuentra con una profusión importante de lo que estaba pasando. Y no sólo en los medios, sino en ese terreno que yo estudio: qué es lo que la gente ve, escucha, qué es lo que se sabe”.
La historiadora destacó que uno de los aspectos que aparece con mayor contundencia es el consenso. Los apoyos al golpe de Estado. Apoyos políticos y sociales explícitos. Gente que aplaudía el terrorismo de Estado con el argumento de la restauración del orden. Y citó los actos masivos con que los rosarinos recibían al dictador Jorge Rafael Videla cada vez que llegaba a la ciudad del sur provincial en ocasión del Día de la Bandera o del Mundial de Fútbol.
Uno de los objetivos de la investigación de Águila fue determinar cuáles fueron esos apoyos sociales: “Apareció constantemente el tema del vecino que denuncia. El ciudadano que llama a las fuerzas de seguridad para decir que ve movimientos raros o personas sospechosas. La delación habla de ciertos comportamientos que se alejan de la idea de que la dictadura sólo aterroriza. Ahí hay un nivel de corresponsabilidad social que plantea otra mirada sobre la relación entre dictadura y sociedad. Después están las declaraciones de las asociaciones empresarias, de los medios de prensa, la Iglesia, las vecinales... No son casos de participación por coacción, no es terror: es consenso voluntario”.
Publicado en Pausa #33, 27 de marzo de 2009
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