Tras el ejemplo de Uruguay, organizaciones ambientalistas de Santa Fe reclaman el derecho al agua. Alberto Muñoz, de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, argumenta por qué consideran que el acceso al agua potable debe adquirir rango constitucional. Los números de un problema que crece a escala planetaria.
Por Pilar Guala
Hoy 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas de los cuales están en Santa Fe. Con esta realidad sobre las espaldas y con el fin último de “defender la vida”, organizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron para reclamar por el reconocimiento del derecho universal al agua. Uruguay fue el primer país en otorgar el rango constitucional a este derecho, a partir de una importante manifestación ciudadana en 2004. Esta cruzada es hoy conocida internacionalmente como el Octubre Azul.
Por Pilar Guala
Hoy 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas de los cuales están en Santa Fe. Con esta realidad sobre las espaldas y con el fin último de “defender la vida”, organizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron para reclamar por el reconocimiento del derecho universal al agua. Uruguay fue el primer país en otorgar el rango constitucional a este derecho, a partir de una importante manifestación ciudadana en 2004. Esta cruzada es hoy conocida internacionalmente como el Octubre Azul.
El mes que termina fue particular, entre otras muchas cosas, por la actividad de los ambientalistas; primero una reunión con el gobernador Binner en Rosario, luego la campaña realizada en nuestra ciudad, con dibujos expuestos en el Concejo (algunos de Fontanarrosa; otros de la Arq. Mónica Ortiz) y la charla prevista para esta tarde (18 hs. en el recinto de sesiones) a cargo del especialista Alberto Muñoz: “El agua, derecho humano”, el título de la jornada.
En 1985, apenas 30 millones de habitantes en todo el mundo recibían el servicio de agua potable y de cloacas a través de una empresa privada. Hacia el año 2000 la cifra se elevó a 300 millones, lo que pudo en evidencia el avance de la privatización de este servicio, tanto en estados europeos como americanos. Casi en simultáneo, se gestaron los movimientos de defensa del agua como derecho humano universal, que realizaron manifestaciones internacionales y en algunos casos provocaron la caída de las concesiones ya sea por la falta de inversión en infraestructura como por la incapacidad de las empresas para mejorar la calidad del servicio y los abusos repetidos sobre los derechos de la población.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pusieron en los 90 –en Buenos Aires y en nuestro caso hasta principios de 2006– el servicio en manos de la empresa francesa Suez; en Mendoza y Tucumán lo brindaron otras dos trasnacionales y en Corrientes, Salta y La Rioja todavía es gestionado por la empresa nacional LatinAguas. Santa Fe, generó en 2001, la Organización de Defensa al Consumidor, que unificó en toda la provincia de los distintos conflictos que se habían suscitado en la privatización y concesión de los servicios de agua y saneamiento. A partir de diversas actividades entre vecinalistas, ecologistas, pymes, asociaciones de consumidores, docentes universitarios y la Unión de Usuarios y Consumidores, se creó la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua.
Fue la primera vez, en el país, que se constituyó un ámbito plural que funciona en las 15 ciudades en las que tuvo la concesión la empresa francesa Suez; así, se unificó el accionar de todos los afectados desde distintas ópticas y asociaciones para actuar en conjunto e iniciar acciones colectivas en la defensa de este derecho. Ese trabajo colectivo se materializó en el Plebiscito Provincial por el Derecho al Agua, donde votaron 256.236 ciudadanos: 255.663 de los cuales (el 99,8%) lo hicieron afirmativamente por la rescisión del contrato con Suez por los incumplimientos reiterados de la empresa y por el inicio de un nuevo modelo de gestión pública y social con participación ciudadana.
Esta manifestación pública precipitó la retirada del grupo Suez de la provincia, luego de 10 años de una gestión que se caracterizó por un bajo nivel de apego a los compromisos contractuales, y habilitó una instancia superadora pero insuficiente para la multisectorial: la creación de ASSA –Aguas Santafesinas S.A., un empresa con mayoría accionaria del Estado– en enero de 2006.
De paso por Santa Fe, Alberto Muñoz, uno de los miembros de la Asamblea Provincial del Agua explicó que generar los mecanismos de participación no fue fácil durante la década en que el servicio estuvo privatizado, aunque se aprendió mucho. “Entendimos que debemos resolver entre todos el problema del agua, porque no existe ese mesías francés, iluminado, como se pensó que ocurriría con Suez, que todo lo salva”.
–¿Cómo empiezan a involucrarse desde Santa Fe con esta lucha por el derecho al agua?
–Al principio nos ocupábamos sólo de lo básico, como los problemas generados en los hogares de vecinos con el servicio. Nos fuimos organizando cada vez más, hasta entrar en contacto con la Coalición Mundial Contra la Privatización del Agua, de la que participaban los sindicatos franceses de saneamiento, organizaciones ambientalistas y ecologistas de Europa. También empezamos a vincularnos con organizaciones de Brasil, Uruguay, con los movimientos de derechos humanos de Centroamérica, y desde entonces se armó un esquema internacional de intercambio que continúa en la actualidad.
EL MUNDO, EN PROBLEMAS. El Octubre Azul es un mes de movilización que interpela la administración del agua por parte de las grandes compañías. Consiste en un movimiento internacional que cuestiona enérgicamente el control del agua por las grandes compañías y lo defiende como un derecho inalienable y un bien público.
“Octubre”, por la trascendencia social de la fecha (31 de octubre de 2004) en la que el pueblo uruguayo votó en un plebiscito popular el reconocimiento constitucional del agua como un bien natural esencial para la vida: una movida que permitió que la Constitución uruguaya garantice hoy el servicio de agua potable y saneamiento para todo el pueblo y prohíba expresamente que una compañía privada sea proveedora del mismo.
“Azul” valoriza el agua, supone que su administración y preservación debe ser responsabilidad del Estado mediante una gestión democrática con participación de la sociedad civil que contemple criterios de equidad, transparencia, control social y respeto por los ecosistemas.
En sintonía con el pueblo uruguayo, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua propone, no sólo modificar la Ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe un artículo similar al del vecino país. “A nosotros nos parece que este es un capítulo que tiene dos facetas: por un lado tiene que quedar instituido en la letra, en la Carta Orgánica provincial, que el agua es un derecho humano universal, cuyo cuidado, regulación y preservación es responsabilidad del Estado y de todos los santafesinos. Pero creemos que esto no sólo debe ser declamado en la Constitución; debe, además, concretarse, y eso implica conseguir fondos para garantizarlo”, dijo Muñoz.
Desde la organización buscan que la provincia, además de contar con un capítulo de derechos y garantías de la nueva Carta Magna –en el que estaría incluido el derecho al agua–, tenga una ley específica sobre el sistema de agua potable y haya un cuadro regulatorio para la empresa del agua. “Debemos impulsar una política integrada en torno al recurso, organizar las cuencas, integrar los acueductos. La política hídrica tiene que ser provincial. Los problemas con el servicio debe ser una cuestión tratada por todos”, opinó Muñoz.
La multisectorial del agua sostiene que la preservación del recurso supone la incorporación explícita de que todas las aguas del país, excepto las de lluvias, formen parte de un mismo sistema de dominio público. Lo que implica que el Estado debe hacerse cargo de su conservación y de tomar el recurso y devolverlo en las condiciones de calidad en las que lo recibió, estipuladas en la legislación internacional. El actual proceso que atraviesa la provincia de Santa Fe es considerado por la organización como propicio para definir qué servicio deseamos, cómo y desde dónde lo vamos a construir.
Alberto Muñoz destacó: “Ahora se presenta una nuevo desafío; a fin de año termina el contrato de vinculación entre ASSA y la provincia. Estamos trabajando con la empresa y con organizaciones de la sociedad civil en la reformulación de la Ley 11.220, en la modificación del marco regulatorio y de la autoridad de regulación y en el estatus de la empresa: queremos que pase a ser sociedad del Estado. Es decir, es un cúmulo de cosas que a lo mejor no se terminan antes de fin de año, pero que suponen continuar avanzando en un cambio que se inició cuando se terminó el proceso de privatización”.
UN ACCESO QUE DISTA DE SER IGUALITARIO. En coincidencia con la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, la Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600 mil ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas.
UN ACCESO QUE DISTA DE SER IGUALITARIO. En coincidencia con la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, la Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600 mil ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas.
Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.
LA GUERRA DE ESTE SIGLO. En el 2000 se habló por primera vez de la guerra del agua. Fue en alusión a una jornada de enfrentamientos entre la empresa Bechtel Enterprises, de San Francisco (Estados Unidos), concesionaria del agua en Cochabamba (Bolivia), con ciudadanos: el trasfondo fue un intento de aumentar el precio del agua. Toda la ciudad hizo una huelga para rechazar el incremento, los militares reprimieron la manifestación y mataron a un chico de 17 años. Además, arrestaron a los líderes huelguistas de los derechos del agua. Ante este hecho, el gobierno boliviano echó a Bechtel de Cochabamba y a partir de entonces se gestó un movimiento internacional en defensa del derecho universal de acceso al agua potable.
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