Inadmisible

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que exime a Reutemann de prestar declaración indagatoria, y su impacto en la causa por la inundación de 2003: el actor civil apelará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Todavía está en carrera para el justicialismo a nivel nacional; esta es la mejor manera de preservarlo”, dijo Jorge Castro sobre la nueva decisión que favorece al senador y ex gobernador. Opinan representantes de la Carpa Negra y de la Marcha de las Antorchas.

“Reutemann todavía está en carrera por el justicialismo a nivel nacional; esta es la mejor manera de preservarlo”, dijo Jorge Castro, actor civil de la causa inundación respecto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la semana pasada resolvió que no hay motivos para que se cite al ex gobernador Carlos Reutemann a prestar declaración indagatoria en el proceso que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia que sufrió la ciudad.

“Indudablemente, lo que hace la Corte es no responder –continuó Castro–. Ni un sí ni un no; elude pronunciarse sobre lo que nosotros reclamamos (la indagatoria a Reutemann) diciendo que el proceso no tiene sentencia definitiva. Esto es una contradicción porque se sabe que esta es una causa muy sensible y que va sobre una figura política que no renunció, y que además está en juego su trayectoria”.

Según el actor civil de la causa por la inundación de 2003, la medida sólo dilata las cosas. “El juicio no está cerrado; aún puede ser llamado a declarar. Se abrió un compás de espera y de confusión, porque el mensaje que recibe la gente y que publicitan los que están encolumnados detrás de la figura de Reutemann, a quienes no les interesa el grado de la responsabilidad histórica, es que el ex gobernador está avalado por la Corte Suprema de la Nación. Lo grave es que la Corte no emite opinión; se habla mucho de calidad institucional de la Presidenta hacia abajo, y cuando se debe atender una causa que abarca a 130 mil ciudadanos no se emite una opinión de política judicial, sólo de votos”.

RUMBO AL MÁXIMO TRIBUNAL INTERAMERICANO. “La Corte no dice nada sobre nuestro recurso de inconstitucionalidad, reconocido por Patrizi; dice que no puede pronunciarse porque aún faltan recorrer algunos escalones de la Justicia santafesina”, explicó Castro. Jorge Patrizi fue el juez que emitió la primera resolución –cuyo grado de firmeza es buena parte del nudo en el que ahora está frenado el proceso–, cuando imputó por el delito de estrago culposo –y también por la muerte de 18 ciudadanos– al ex intendente Marcelo Álvarez y a los ex funcionarios provinciales Edgardo Berli (ministro de Obras Públicas) y Ricardo Fratti (Hidráulica).

“Y en el aspecto político es más grave aún, porque lo expone a Reutemann a la condena social. Porque, si las fallas de la política no pasan por el camino judicial, ¿por dónde van a pasar? ¿Qué garantías hay de que un funcionario elegido por el voto popular pueda rendir cuentas de sus actos? Nosotros lo tomamos como un perjuicio muy grande, por eso –anunció Castro– vamos a hacer la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es posible que en Argentina las verdades históricas aparezcan después de 25 o 30 años. Nadie le pide a un gobernante que sepa en qué momento va a venir un terremoto o un huracán; lo que debe existir es la prevención ante hechos que son reales. Las inundaciones en Santa Fe no eran fortuitas, por eso se intenta que Carlos Reutemann no pase por los estrados judiciales. Nosotros estamos pidiendo que pase y responda”.

El actor civil (Castro y su mujer, Mlagros Demiryi, se constituyeron de esa forma ante la Justicia, ante la imposibilidad de convertirse en querellantes; figura que aún no existe en la provincia, aunque es parte del paquete de reformas que ya comenzaron) aseguró que en un mes estará lista la presentación que elevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Después tendremos que esperar las correcciones, pero confiamos en que se abra un expediente y quede en estudio; si conseguimos ese objetivo, y además que se nombre un observador, la Justicia argentina va a estar en muchos aprietos, porque las responsabilidades individuales, generalmente se descargan en responsabilidades del Estado. El desastre público que ellos hacen en forma personal no lo pagan, lo paga el Estado”, se quejó.

Por lo demás, Castro ve claro el motivo de fondo de las sucesivas dilaciones que traviesan la causa judicial: “Reutemann está en carrera todavía para el justicialismo a nivel nacional, entonces esta es la mejor manera de preservarlo”.

DESNUDEZ POR DOS. También opinó sobre la decisión de la Corte María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra y vecinalita de barrio Chalet. “En más de cinco años los inundados fuimos aprendiendo cómo estos pactos de impunidad se van perpetrando. Aprendimos cómo funcionan los jueces, los fiscales, nuestra Corte Suprema de Justicia, y ahora nos dieron el último cachetazo mostrándonos cómo funciona la Corte Suprema de la Nación”.

“Obviamente teníamos esperanzas, de lo contrario no hubiésemos seguido el proceso hasta este punto –siguió Albornoz–. No vamos a bajar los brazos: vamos a seguir buscando a aquellos que son responsables de la inundación de 2003 para que paguen por lo que hicieron y buscaremos justicia a nivel internacional porque, al parecer, Carlos Alberto Reutemann tiene muchísimo poder, goza de privilegios, ya sea porque es un futuro presidenciable o porque responde a grupos económicos muy fuertes, por ejemplo los del campo. No estamos luchando contra poca cosa, pero los inundados somos testarudos: aprendimos cuál es la verdad, y la responsabilidad de Reutemann está dentro de esa verdad”.

Para Albornoz, la Justicia evidencia aún muchos rasgos de clase, además de un –difícil de disimular– relación de intereses compartidos con la dirigencia que manejó los destinos de la provincia por 24 años consecutivos: “Está hecha sólo para algunos, entonces la gente entiende que la Justicia no va a hacer mucho por ellos; es intricado entender cómo funciona a nivel provincial y es más complicado entenderlo a nivel nacional”.

“Esto en la gente no caló hondo –se lamentó–, ni fue una noticia muy comentada. Se sabe quién es él y cuánto poder tiene, por lo que interpretan que nunca habrá justicia. Ese quizás es el mayor descreimiento: la justicia es para los pobres que cometen delitos menores, pero no para los que son delincuentes políticos. La inundación nos desnudó: no solamente nos sacó todo, sino que también nos mostró cómo funciona la Justicia”.

LA LEY DE LOS INUNDADORES. Héctor Sanagustín, de la Marcha de las Antorchas, ve la última novedad del proceso judicial como un eslabón más de una larga cadena: un fallo que cae como por decantación. “Cuando me retrotraigo al 2003 y recuerdo lo que pasó, yo creía que estos tipos tenían algo de honor y que por ver dañada su imagen, Reutemann iba a pasar a ser un muerto político, pero fue todo lo contrario: entonces ahí se descubre la magnitud de la complicidad que hay en el poder; todos trabajan para el encubrimiento, se apuntalan unos a otros”.

Para Sanagustín, una de las vetas es que se tenga por anticonstitucional la Ley Nº 12.183 (de reparación a los inundados); para ello, argumenta que la norma “no reconoce culpas ni culpables” y, por lo tanto, no puede anular el derecho de los ciudadanos de reclamarle al Estado. “Los mismos inundadores son los que aprueban esa ley: Mercier, Depetris en el Senado; Tibaldo en la Cámara de Diputados –enumeró–. Los tres que estaban sentados en la mesa en la que se abrieron los sobres de la licitación de la obra incompleta (por la que el río Salado ingresó a Santa Fe)”.

La ley a la que se refiere Sanagustín fue la que definió la forma en que actuaría el Ente de la Reconstrucción, organismo creado en 2004 y disuelto al final de la segunda gestión de Jorge Obeid. “Una función de encubrimiento”, sintetizó el militante de la Marcha de las Antorchas.
“La corrupción no es un punto aislado; debe abarcar toda la sociedad sino no es corrupción. Entonces todos los estamentos del poder están contaminados, los más limpios son aquellos que no tienen poder de decisión, pero todo lo que lo tiene poder debe ser presionable, porque deben cumplir mandatos que no estarían dispuestos a llevar adelante si no se encontraran sucios. Son seres inescrupulosos que se hacen valer del poder para sus negocios: legalizan los delitos, son delincuentes porque son consecuentes sus delitos”, agregó Sanagustín.

POCO MOVIMIENTO. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que se considera “inadmisible” un pedido extraordinario para que el ex gobernador y actual senador nacional por Santa Fe se presente a declarar por presunto “estrago culposo” en el marco de la causa por la inundación de 2003: una causa en cuyos folios se reconocen 18 de las 23 muertes que, oficialmente, derivaron del ingreso del Salado a la ciudad. (Los grupos de inundados y los organismos de derechos humanos sostienen que hay al menos cien casos fatales más, en parte por las secuelas sanitarias de semanas de hogares inmersos en el agua).

De este modo, el máximo órgano de Justicia del país confirmó lo dicho en primer término por la Justicia provincial, que ya había declarado “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad presentado por el actor civil en contra del Juzgado Penal que había rechazado el pedido de citación para el ex gobernador Reutemann.

Los firmantes del fallo fueron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Ellos consideraron que “el recurso extraordinario promovido no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o un supuesto equiparable”, y por lo tanto rechazaron el pedido. El rechazo es también –y esto no mereció grandes titulares– un llamado de atención de la Corte nacional hacia la Corte santafesina: una alarma –como la que sonó cuando se revisó el proceso contra el ex juez Fraticelli– que señala una materia pendiente de la Justicia provincial. En otros términos: la Corte nacional empieza a pedir una resolución, o al menos un impulso que empiece a mover los oxidados engranajes de Tribunales.

OCASIÓN DESPERDICIADA. Apenas conocido el fallo, el actor civil de la causa opinó: “La Corte perdió una valiosa oportunidad de expresarse sobre las arbitrariedades de los dos jueces que intervinieron en la instrucción del expediente, igualmente no hay una definición sobre el fondo del planteo, sino una respuesta de formas a nuestra solicitud como actor civil dentro del proceso, ahora iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un fallo unánime, lo que nos abre la puerta a que, en los próximos seis meses hagamos una queja en las instancias internacionales”.

“La debilidad de nuestra Justicia y del Estado argentino abre la puerta a la demanda social y obliga a los señalados como responsables a aclarar sus responsabilidades en este punto. Nadie dice que Reutemann sea culpable de algo, sino que es necesario que aclare en la Justicia todo lo que las pruebas demuestran en la causa. Desde el punto de vista legal estamos muy tranquilos, porque podemos mirar a los vecinos con dignidad, ya que seguiremos dando pelea. Nosotros no estamos solos, acá hay mucha gente que reclama justicia”, agregó Jorge Castro.

DOS CAUSAS JUNTAS. Pero también hubo otras consecuencias luego de emitido el fallo: una suerte de “búsqueda conjunta” de justicia para dos de los episodios impunes más emblemáticos de la historia reciente santafesina. Los inundados y las víctimas de la represión de diciembre de 2001 se unirán para hacer visible la –supuesta– responsabilidad que le cabe Carlos Reutemann en las dos causas; en su defecto, la declaración del actual senador puede ser, también, una oportunidad única para que el ex gobernador limpie su buen nombre.

Milagros Demiryi había opinado, en Rosario y luego de conocido el fallo de la Corte, que ambas causas tienen mucho en común, aunque procesalmente vayan separadas por ser hechos diferentes: “En el plano político y social marchan juntas”, dijo. Y fundamentó su solicitud citando “la responsabilidad política” que le cabía al mandatario de entonces. Ella no tiene dudas: “Que la Justicia indague a todos los responsables”, insistió.

“La estrategia de la Justicia es clara: garantiza la impunidad de quienes tuvieron las máximas responsabilidades, porque no es casualidad que se proteja tanto a quien estaba juntando votos para las elecciones nacionales cuando se produjeron las inundaciones, y que previamente había recibido a Carlos Menem en nuestra provincia (en los días previos a las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003). O sea, hay que hacer memoria para leer los fallos judiciales. La impunidad no se cierra porque sí, se cierra porque se protege a determinados sectores”.

En una entrevista publicada por Rosario/12, Demiryi sostuvo: “En todos los pasos que se dan desde la Justicia uno va encontrando mecanismos que cierran el arco de impunidad y garantizan la cadena de favores que aseguran que quienes hoy tienen la responsabilidad de fiscal, después van a ser jueces, y así sucesivamente en estos enroques permanentes de los lugares claves que ocupan. También lo hizo el ex gobernador Obeid, que antes de irse designó como ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial a (Daniel) Erbetta y como procurador general de la Corte a Agustín Bassó”.

“La intención fue generar una Corte con miembros que le debieran favores a Reutemann y contribuyan a construir la impunidad a través de sus fallos. Nos encontramos con que en ambas causas (represión 2001, inundación 2003) se reproduce el mismo patrón: la mano de la Justicia nunca llega a los responsables políticos”. Casualmente, o no, la “sugerencia” de juntar las dos causas que más salpican al ex gobernador les fue hecha a los inundados por el actual mandatario en más de una oportunidad. Una de ellas, en enero: la noche que se acercó a la Marcha de las Antorchas, que conmemoraba en Plaza de Mayo los 57 meses de la inundación.

“Reutemann no puede negar que le correspondía la responsabilidad máxima en el Comité de Emergencia y dar la orden de evacuación. Si lo hubiera hecho, no habríamos tenido que lamentar los muertos, porque los horarios en que fueron falleciendo las personas ahogadas son posteriores”. Sobre el punto, Demiryi aclaró: “En todas las pericias que se hicieron está demostrado fehacientemente que había de 24 a 48 horas para dar la orden de evacuación. Hay elementos que indican que a esa información la tenía el gobernador. ¿Por qué no responde por esto? Estamos hablando de la vida de las personas, nada menos”.

Una puerta que quedó abierta.

“El fallo no es unánime, hay algunos integrantes de la Corte que entendieron otra cosa”, señaló María Claudia Albornoz, en alusión a los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt, quienes no acompañaron el voto de sus cinco compañeros del máximo tribunal nacional.

Publicado en Pausa #22, 10 de setiembre de 2008.

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