Por Ezequiel Nieva
Las 180 familias de la comunidad Com Caia están alarmadas ante la iniciativa del Concejo, que busca apoyo popular para instalar un parque industrial en los terrenos que, por ley, les pertenecen a los mocovíes. El Inadi interpuso un amparo y denunció que, detrás de la excusa de “bajar la desocupación”, se esconde un claro acto de discriminación.
Una consulta popular resuelta por el Concejo Municipal de Recreo, que retoma un viejo proyecto del Senado, ratificó la vigencia de un problema que lleva cinco siglos y algo más: la discriminación de que son objeto los pueblos originarios bajo el discutible argumento del “progreso”. En la vecina ciudad se asienta una de las comunidades mocovíes más numerosas –la Com Caia– que ocupa un predio de 324 hectáreas; más de la mitad de esos terrenos –unas 180 hectáreas ubicadas a la vera de la ruta nacional 11, en el límite con la localidad de Candioti– ahora están en disputa, pese que por ley son propiedad inajenable de la comunidad. De prosperar el intento del Concejo de Recreo, serán los vecinos quienes decidan si ese predio debe seguir en manos de Com Caia o ser destinado a la radicación de un parque industrial.
Esa posibilidad fue cuestionada con rigor por la delegación Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya titular, Stella Vallejos, instó a que se suspenda la consulta como única condición para aceptar que no hay un acto de discriminación detrás de la movida. La historia viene de lejos: hay dos informes del Ejecutivo provincial –uno elaborado por la gestión de Jorge Obeid y otro por la de Hermes Binner– que señalan que los terrenos son aptos, por cuestiones técnicas, ambientales, de altura y de ubicación, para la radicación industrial. En ese primer informe se apoyó, hace dos años, el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, quien presentó en la Cámara Alta –y logró que obtenga media sanción– un proyecto que habilita la donación de esas 180 hectáreas a la Municipalidad de Recreo.
El proyecto está en la Cámara de Diputados y, de no ser aprobado antes de noviembre, perderá estado parlamentario. Sin embargo, el Concejo de Recreo se adelantó y sancionó una ordenanza que dispone la realización de una consulta popular para conocer los niveles de adhesión de los ciudadanos respecto de la posible radicación de un parque industrial en el lote “A” del campo San José de Recreo.
LA REACCIÓN. Casi de inmediato, la delegación santafesina del Inadi manifestó su preocupación. Stella Vallejos envió dos notas al gobernador Binner en las que le pide que intervenga para suspender la consulta. “La única forma de que no haya discriminación contra los pueblos originarios es retirando la consulta popular”, argumentó Vallejos.
El lote del conflicto forma parte de un conjunto de tierras fiscales que, desde la sanción de la ley provincial 12.086 –del año 2002–, el Poder Ejecutivo debe restituir a las comunidades aborígenes santafesinas “con el carácter de reparación histórica como pueblos originarios y preexistentes a la Nación”. Tres años después de la sanción se reglamentó la norma y, dos años más tarde –en 2007– se puso en marcha la Comisión de Adjudicación de la ley 12.086.
Esa comisión tiene como objeto arbitrar los métodos necesarios para que se arribe a un dictamen en favor de las comunidades aborígenes. A lo largo de un año –entre junio de 2007 y junio de 2008– se sucedieron las reuniones entre los funcionarios de la provincia, del municipio y de la comunidad Com Caia. Primero se verificaron los terrenos y se creó el expediente administrativo –que lleva el número 0005700-5–, luego se invitó al intendente de Recreo para que forme parte del cuerpo. Después, los representantes de Com Caia pidieron que se les entreguen las tierras lindantes a las que estaban asentados y propusieron diversos emprendimientos productivos.
Cuando se constató el predio estuvieron, además de las autoridades del gobierno de la provincia, Clara Chilcano –de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe)–, Germán Sheidegger e Inés Fernandez –de la Asociación Amigos del Aborigen– y Raúl Teoti y Manuel Troncoso –de la Comunidad Com Caia. A poco más de un mes de constituida la comisión, se presentó un dictamen en el que se destina a la comunidad mocoví Com Caia el lote denominado San José: ese dictamen fue propuesto por José Luis Benaglia, funcionario del Ministerio de Gobierno bajo la gestión de Obeid, designado a la semana siguiente del dictamen como presidente del Instituto del Aborigen de la provincia.
En octubre del año pasado se notificó al cuidador del campo en cuestión que debía restituir el lote “A” al término de la cosecha de trigo, término que se calculó para mediados de diciembre de 2007. Sin embargo, hacia junio del año en curso la Comisión de Adjudicación seguía teniendo como prioridad la entrega definitiva del lote “A”. Intimar al cuidador –de apellido Alcober, actual tenedor del campo, que desempeña sus tareas “ad honorem”, según se indica– a que entregue la propiedad a la Comunidad Com Caia.
TRES LEYES. Las gestiones todavía estaban calientes cuando el lunes 7 de julio el Concejo de Recreo decidió abocarse a un “debate abierto” y lanzar una campaña de difusión sobre la consulta popular respecto de la radicación de un parque industrial en el predio que, según la ley 12.086 y sus decretos reglamentarios, es propiedad de la comunidad Com Caia. Clara Chilcano, que colabora permanentemente con la comunidad mocoví, salió al cruce de la iniciativa: “No se puede poner en tela de juicio a quién le pertenecen las tierras cuando se desconoce cuál es el proceso o cómo se vienen trabajando las reivindicaciones de hechos históricos”.
Chilcano sentó la posición de la Ocastafe: “Me parece de muy mal gusto que se ponga (la propiedad de las tierras) a consideración de toda la comunidad de Recreo, porque antes de hacer una consulta hay muchas cosas que (los concejales) deberían ponerse a pensar. Como ejecutar planes de desarrollo, trabajo, erradicar el asistencialismo, preocuparse por el desarrollo comunitario”.
El intendente Mario Formento recogió el guante y convocó a todas las partes –pero no al senador Mercier– a una reunión; tras ese encuentro, en el que tuvo que escuchar los variados argumentos de la delegada del Inadi, Formento se mantuvo en sus trece y señaló: “No hay una actitud discriminatoria hacia la comunidad mocoví”. Fue después de que Vallejos le recordara la vigencia del Plan Nacional contra la Discriminación, que entre otros puntos promueve la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas y facilita mecanismos para la regularización efectiva de las propiedades comunitarias.
En una de las notas que antes había enviado a Binner, Vallejos proponía –en base a los postulados del Plan contra la Discriminación– la sanción de tres leyes: una para suspender los desalojos y regularizar la propiedad comunitaria, con el registro dominial y la confección de los títulos correspondientes. Otra para proteger las tierras de los pueblos originarios de “cualquier explotación de los recursos naturales en ellas existentes de alcance nacional” para garantizar que “el cuidado de los mismos sea regulado por las propias comunidades con el apoyo del Estado”. Y otra para que se restituya a las comunidades indígenas sus lugares sagrados. En los tres casos, la titular de la delegación Santa Fe del Inadi hizo especial hincapié en exigir la participación indígena en cada una de las partes del proceso “con el objeto de garantizar la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
CONTRAPUNTO. Si bien las autoridades de Recreo reconocen que la Comunidad Com Caia es propietaria de las tierras, admitieron que prefieren que las industrias se instalen en la ciudad para, de esa manera, poder bajar la desocupación. De las posiciones del Ejecutivo y del Concejo de la vecina ciudad se desprende que los vecinos de Recreo nunca terminaron de integrar a la comunidad mocoví. Pero también se desprenden otras cuestiones, como ciertas negligencias impropias de un cargo público y una –como mínimo velada– actitud discriminatoria, que Formento se ufana en negar.
En cuanto a la primera cuestión, fue el propio intendente el encargado de hacer las revelaciones, cuando confesó que en noviembre de 2006 había elevado una nota al gobierno provincial en la que pedía autorización para intervenir sobre el Campo San José –donde está ubicado el lote “A”–; Formento dijo que recién en ese momento se enteró de que las tierras ya estaban afectadas a favor de Com Caia según los términos de la ley 12.086, que había sido aprobada cuatro años antes y promulgada en 2005. Aquella intervención del intendente de Recreo ante el entonces gobernador Obeid tenía como objeto alentar el proyecto de ley de Mercier, que en términos económicos hubiese beneficiado a la ciudad y a su gestión. “Uno no quiere hacer de esto un despojo a las comunidades”, terminó por retractarse esta semana, tras la reunión que mantuvo con Manuel Troncoso, representante de la Comunidad Com Caia; Antonio Gómez, docente de la escuela bilingüe de Recreo y miembro de la Ocastafe, y Stella Vallejos.
Pero acaso más llamativa resulte otra declaración de Formento, que buscó autoexcluirse de los dardos de Vallejos explicando que el municipio “emplea a personas que pertenecen a las comunidades aborígenes”, colabora con la escuela bilingüe y también brinda los servicios de salud a través de Centro de Atención Primaria que depende de la esfera estatal. Algo que es una obligación y que difícilmente pueda señalarse como un mérito.
Además, el intendente reconoció que hay “una necesidad de vivienda, de la misma manera que la tienen los demás ciudadanos de Recreo” y buscó abrir una puerta hacia una –imposible, en virtud de la vigencia de la ley 12.086– división del terreno de Com Caia. “Nosotros reconocemos que estas tierras están adjudicadas por ley a las comunidades, pero tenemos necesidades de compartir y de mantener el equilibrio con toda la sociedad de Recreo, incluida la comunidad aborigen”.
El primero de los argumentos de Formento fue rebatido por Vallejos cuando mencionó el acta en la que se dejó constancia de que el intendente fue invitado a participar de la Comisión de Adjudicación dispuesta por la ley 12.086. La titular del Inadi también sostuvo: “No vamos a permitir que se ponga en juego la cesión de esos lotes porque las comunidades tienen derechos. No se puede enfrentar a los vecinos poniendo la idea del progreso de Recreo frente un grupo minoritario. Se cae en actos discriminatorios cuando, por ejemplo, no se avisa a la comunidad aborigen acerca de la consulta que se quiere realizar”.
CURIOSIDADES. En dos oportunidades el gobierno provincial avaló técnicamente el terreno propuesto para el parque industrial por ser aptos. Pero nunca se cruzó información oficial que permitiera develar que las tierras ya habían sido entregadas, hace seis años y a través de una ley provincial, a los pueblos originarios. Más llamativo resulta aún esta contradicción cuando se crearon organismos específicos para atender la cuestión, como la Comisión de Adjudicación y el Instituto del Aborigen.
Entre las visibles hendijas del andamiaje institucional y burocrático, el senador Juan Carlos Mercier aprovechó para hacer lo que mejor sabe: operar a favor de los intereses de los grupos económicos más concentrados. Mercier viene trabajando en la función pública desde la última dictadura y fue ministro de Hacienda bajo los mandatos del actual senador nacional Carlos Reutemann. Su proyecto de expropiar más de la mitad de los terrenos de la Comunidad Com Caia para instalar un parque industrial no es llamativo: es consecuente con su postura.
La delegada del Inadi se movió rápido y presentó un recurso de amparo ante la Justicia, además de elevar dos notas al gobernador Binner. El argumento es sencillo: Vallejos sostiene que detrás de la iniciativa de Mercier, y de la decisión del Concejo de Recreo de someterlo a consulta popular, se oculta el intento de “enfrentar a vecinos con vecinos”. “Queda una contradicción entre el progreso de la ciudad frente a un grupo minoritario como es la comunidad aborigen”, explicó. Y sostuvo que desde la institución que representa tienen “el compromiso firme de no permitir que se ponga en juego la cesión de ese lote”.
También aparece como llamativa la posición del presidente del Concejo Municipal, Ceferino Ingaramo, quien aseguró: “Hemos visto con preocupación como avanzaba la adjudicación de estas tierras sin habernos dado participación a nosotros. Hacer reparaciones históricas no es solamente destinar una tierra; hay que contemplar todas las condiciones: infraestructura, vivienda, agua potable, caminos, iluminación. Y nosotros no podemos garantizarle a la comunidad aborigen que esas tierras están aptas para habitarlas”. De ahí a decir que en base a las carencias estructurales se impone la necesidad del desalojo a favor de las industrias que quieran radicarse en esos lotes, no hay casi ninguna distancia.
SOMOS HERMANOS. Antonio Gómez, otro miembro de la Ocastafe, recordó en la reunión que mantuvo con el intendente que la comunidad ha sido víctima de actitudes discriminatorias desde siempre. Y, en particular, dijo sobre la iniciativa del Concejo de llamar a una consulta popular: “Estamos muy preocupados por esta situación. Para nosotros es muy difícil y nos hiere. No podemos regalar nada, porque nos pertenece”.
Por su lado, Manuel Troncoso, más conciliador, reclamó actitudes de apertura tanto al Ejecutivo como al Concejo. “Queremos que esto sirva para comenzar a dialogar, pero molesta que nos digan qué hay que hacer sin consultarnos, porque tenemos derechos adquiridos. De igual manera, estamos abiertos al diálogo”.
En mocoví, Com Caia significa “somos hermanos”. Como la comunidad, la escuela bilingüe también lleva ese nombre, aunque oficialmente se la conoce con su número: 1.338. Funciona desde 1992 y es una de las tres escuelas bilingües de la provincia. Más de 200 chicos –de los cuales entre el 90 y el 95% son aborígenes– concurren a diario. El espíritu de integración con la comunidad de la que son parte campea por sobre todas las actividades de la escuela, en la que los chicos pueden recuperar parte del legado cultural de los mocovíes estudiando el idioma originario, la música y las danzas.
La escuela y los hogares de los integrantes de la comunidad están enclavados en el campo que, aunque la ley lo prohíba, algunos quieren entregar a los capitanes de la industria apelando a un concepto que, a secas y en estas tierras, es discutible desde hace cinco siglos: el tan mentado “progreso”.
Publicado en Pausa #10, 18 de julio de 2008.
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Las 180 familias de la comunidad Com Caia están alarmadas ante la iniciativa del Concejo, que busca apoyo popular para instalar un parque industrial en los terrenos que, por ley, les pertenecen a los mocovíes. El Inadi interpuso un amparo y denunció que, detrás de la excusa de “bajar la desocupación”, se esconde un claro acto de discriminación.
Una consulta popular resuelta por el Concejo Municipal de Recreo, que retoma un viejo proyecto del Senado, ratificó la vigencia de un problema que lleva cinco siglos y algo más: la discriminación de que son objeto los pueblos originarios bajo el discutible argumento del “progreso”. En la vecina ciudad se asienta una de las comunidades mocovíes más numerosas –la Com Caia– que ocupa un predio de 324 hectáreas; más de la mitad de esos terrenos –unas 180 hectáreas ubicadas a la vera de la ruta nacional 11, en el límite con la localidad de Candioti– ahora están en disputa, pese que por ley son propiedad inajenable de la comunidad. De prosperar el intento del Concejo de Recreo, serán los vecinos quienes decidan si ese predio debe seguir en manos de Com Caia o ser destinado a la radicación de un parque industrial.
Esa posibilidad fue cuestionada con rigor por la delegación Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya titular, Stella Vallejos, instó a que se suspenda la consulta como única condición para aceptar que no hay un acto de discriminación detrás de la movida. La historia viene de lejos: hay dos informes del Ejecutivo provincial –uno elaborado por la gestión de Jorge Obeid y otro por la de Hermes Binner– que señalan que los terrenos son aptos, por cuestiones técnicas, ambientales, de altura y de ubicación, para la radicación industrial. En ese primer informe se apoyó, hace dos años, el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, quien presentó en la Cámara Alta –y logró que obtenga media sanción– un proyecto que habilita la donación de esas 180 hectáreas a la Municipalidad de Recreo.
El proyecto está en la Cámara de Diputados y, de no ser aprobado antes de noviembre, perderá estado parlamentario. Sin embargo, el Concejo de Recreo se adelantó y sancionó una ordenanza que dispone la realización de una consulta popular para conocer los niveles de adhesión de los ciudadanos respecto de la posible radicación de un parque industrial en el lote “A” del campo San José de Recreo.
LA REACCIÓN. Casi de inmediato, la delegación santafesina del Inadi manifestó su preocupación. Stella Vallejos envió dos notas al gobernador Binner en las que le pide que intervenga para suspender la consulta. “La única forma de que no haya discriminación contra los pueblos originarios es retirando la consulta popular”, argumentó Vallejos.
El lote del conflicto forma parte de un conjunto de tierras fiscales que, desde la sanción de la ley provincial 12.086 –del año 2002–, el Poder Ejecutivo debe restituir a las comunidades aborígenes santafesinas “con el carácter de reparación histórica como pueblos originarios y preexistentes a la Nación”. Tres años después de la sanción se reglamentó la norma y, dos años más tarde –en 2007– se puso en marcha la Comisión de Adjudicación de la ley 12.086.
Esa comisión tiene como objeto arbitrar los métodos necesarios para que se arribe a un dictamen en favor de las comunidades aborígenes. A lo largo de un año –entre junio de 2007 y junio de 2008– se sucedieron las reuniones entre los funcionarios de la provincia, del municipio y de la comunidad Com Caia. Primero se verificaron los terrenos y se creó el expediente administrativo –que lleva el número 0005700-5–, luego se invitó al intendente de Recreo para que forme parte del cuerpo. Después, los representantes de Com Caia pidieron que se les entreguen las tierras lindantes a las que estaban asentados y propusieron diversos emprendimientos productivos.
Cuando se constató el predio estuvieron, además de las autoridades del gobierno de la provincia, Clara Chilcano –de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe)–, Germán Sheidegger e Inés Fernandez –de la Asociación Amigos del Aborigen– y Raúl Teoti y Manuel Troncoso –de la Comunidad Com Caia. A poco más de un mes de constituida la comisión, se presentó un dictamen en el que se destina a la comunidad mocoví Com Caia el lote denominado San José: ese dictamen fue propuesto por José Luis Benaglia, funcionario del Ministerio de Gobierno bajo la gestión de Obeid, designado a la semana siguiente del dictamen como presidente del Instituto del Aborigen de la provincia.
En octubre del año pasado se notificó al cuidador del campo en cuestión que debía restituir el lote “A” al término de la cosecha de trigo, término que se calculó para mediados de diciembre de 2007. Sin embargo, hacia junio del año en curso la Comisión de Adjudicación seguía teniendo como prioridad la entrega definitiva del lote “A”. Intimar al cuidador –de apellido Alcober, actual tenedor del campo, que desempeña sus tareas “ad honorem”, según se indica– a que entregue la propiedad a la Comunidad Com Caia.
TRES LEYES. Las gestiones todavía estaban calientes cuando el lunes 7 de julio el Concejo de Recreo decidió abocarse a un “debate abierto” y lanzar una campaña de difusión sobre la consulta popular respecto de la radicación de un parque industrial en el predio que, según la ley 12.086 y sus decretos reglamentarios, es propiedad de la comunidad Com Caia. Clara Chilcano, que colabora permanentemente con la comunidad mocoví, salió al cruce de la iniciativa: “No se puede poner en tela de juicio a quién le pertenecen las tierras cuando se desconoce cuál es el proceso o cómo se vienen trabajando las reivindicaciones de hechos históricos”.
Chilcano sentó la posición de la Ocastafe: “Me parece de muy mal gusto que se ponga (la propiedad de las tierras) a consideración de toda la comunidad de Recreo, porque antes de hacer una consulta hay muchas cosas que (los concejales) deberían ponerse a pensar. Como ejecutar planes de desarrollo, trabajo, erradicar el asistencialismo, preocuparse por el desarrollo comunitario”.
El intendente Mario Formento recogió el guante y convocó a todas las partes –pero no al senador Mercier– a una reunión; tras ese encuentro, en el que tuvo que escuchar los variados argumentos de la delegada del Inadi, Formento se mantuvo en sus trece y señaló: “No hay una actitud discriminatoria hacia la comunidad mocoví”. Fue después de que Vallejos le recordara la vigencia del Plan Nacional contra la Discriminación, que entre otros puntos promueve la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas y facilita mecanismos para la regularización efectiva de las propiedades comunitarias.
En una de las notas que antes había enviado a Binner, Vallejos proponía –en base a los postulados del Plan contra la Discriminación– la sanción de tres leyes: una para suspender los desalojos y regularizar la propiedad comunitaria, con el registro dominial y la confección de los títulos correspondientes. Otra para proteger las tierras de los pueblos originarios de “cualquier explotación de los recursos naturales en ellas existentes de alcance nacional” para garantizar que “el cuidado de los mismos sea regulado por las propias comunidades con el apoyo del Estado”. Y otra para que se restituya a las comunidades indígenas sus lugares sagrados. En los tres casos, la titular de la delegación Santa Fe del Inadi hizo especial hincapié en exigir la participación indígena en cada una de las partes del proceso “con el objeto de garantizar la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
CONTRAPUNTO. Si bien las autoridades de Recreo reconocen que la Comunidad Com Caia es propietaria de las tierras, admitieron que prefieren que las industrias se instalen en la ciudad para, de esa manera, poder bajar la desocupación. De las posiciones del Ejecutivo y del Concejo de la vecina ciudad se desprende que los vecinos de Recreo nunca terminaron de integrar a la comunidad mocoví. Pero también se desprenden otras cuestiones, como ciertas negligencias impropias de un cargo público y una –como mínimo velada– actitud discriminatoria, que Formento se ufana en negar.
En cuanto a la primera cuestión, fue el propio intendente el encargado de hacer las revelaciones, cuando confesó que en noviembre de 2006 había elevado una nota al gobierno provincial en la que pedía autorización para intervenir sobre el Campo San José –donde está ubicado el lote “A”–; Formento dijo que recién en ese momento se enteró de que las tierras ya estaban afectadas a favor de Com Caia según los términos de la ley 12.086, que había sido aprobada cuatro años antes y promulgada en 2005. Aquella intervención del intendente de Recreo ante el entonces gobernador Obeid tenía como objeto alentar el proyecto de ley de Mercier, que en términos económicos hubiese beneficiado a la ciudad y a su gestión. “Uno no quiere hacer de esto un despojo a las comunidades”, terminó por retractarse esta semana, tras la reunión que mantuvo con Manuel Troncoso, representante de la Comunidad Com Caia; Antonio Gómez, docente de la escuela bilingüe de Recreo y miembro de la Ocastafe, y Stella Vallejos.
Pero acaso más llamativa resulte otra declaración de Formento, que buscó autoexcluirse de los dardos de Vallejos explicando que el municipio “emplea a personas que pertenecen a las comunidades aborígenes”, colabora con la escuela bilingüe y también brinda los servicios de salud a través de Centro de Atención Primaria que depende de la esfera estatal. Algo que es una obligación y que difícilmente pueda señalarse como un mérito.
Además, el intendente reconoció que hay “una necesidad de vivienda, de la misma manera que la tienen los demás ciudadanos de Recreo” y buscó abrir una puerta hacia una –imposible, en virtud de la vigencia de la ley 12.086– división del terreno de Com Caia. “Nosotros reconocemos que estas tierras están adjudicadas por ley a las comunidades, pero tenemos necesidades de compartir y de mantener el equilibrio con toda la sociedad de Recreo, incluida la comunidad aborigen”.
El primero de los argumentos de Formento fue rebatido por Vallejos cuando mencionó el acta en la que se dejó constancia de que el intendente fue invitado a participar de la Comisión de Adjudicación dispuesta por la ley 12.086. La titular del Inadi también sostuvo: “No vamos a permitir que se ponga en juego la cesión de esos lotes porque las comunidades tienen derechos. No se puede enfrentar a los vecinos poniendo la idea del progreso de Recreo frente un grupo minoritario. Se cae en actos discriminatorios cuando, por ejemplo, no se avisa a la comunidad aborigen acerca de la consulta que se quiere realizar”.
CURIOSIDADES. En dos oportunidades el gobierno provincial avaló técnicamente el terreno propuesto para el parque industrial por ser aptos. Pero nunca se cruzó información oficial que permitiera develar que las tierras ya habían sido entregadas, hace seis años y a través de una ley provincial, a los pueblos originarios. Más llamativo resulta aún esta contradicción cuando se crearon organismos específicos para atender la cuestión, como la Comisión de Adjudicación y el Instituto del Aborigen.
Entre las visibles hendijas del andamiaje institucional y burocrático, el senador Juan Carlos Mercier aprovechó para hacer lo que mejor sabe: operar a favor de los intereses de los grupos económicos más concentrados. Mercier viene trabajando en la función pública desde la última dictadura y fue ministro de Hacienda bajo los mandatos del actual senador nacional Carlos Reutemann. Su proyecto de expropiar más de la mitad de los terrenos de la Comunidad Com Caia para instalar un parque industrial no es llamativo: es consecuente con su postura.
La delegada del Inadi se movió rápido y presentó un recurso de amparo ante la Justicia, además de elevar dos notas al gobernador Binner. El argumento es sencillo: Vallejos sostiene que detrás de la iniciativa de Mercier, y de la decisión del Concejo de Recreo de someterlo a consulta popular, se oculta el intento de “enfrentar a vecinos con vecinos”. “Queda una contradicción entre el progreso de la ciudad frente a un grupo minoritario como es la comunidad aborigen”, explicó. Y sostuvo que desde la institución que representa tienen “el compromiso firme de no permitir que se ponga en juego la cesión de ese lote”.
También aparece como llamativa la posición del presidente del Concejo Municipal, Ceferino Ingaramo, quien aseguró: “Hemos visto con preocupación como avanzaba la adjudicación de estas tierras sin habernos dado participación a nosotros. Hacer reparaciones históricas no es solamente destinar una tierra; hay que contemplar todas las condiciones: infraestructura, vivienda, agua potable, caminos, iluminación. Y nosotros no podemos garantizarle a la comunidad aborigen que esas tierras están aptas para habitarlas”. De ahí a decir que en base a las carencias estructurales se impone la necesidad del desalojo a favor de las industrias que quieran radicarse en esos lotes, no hay casi ninguna distancia.
SOMOS HERMANOS. Antonio Gómez, otro miembro de la Ocastafe, recordó en la reunión que mantuvo con el intendente que la comunidad ha sido víctima de actitudes discriminatorias desde siempre. Y, en particular, dijo sobre la iniciativa del Concejo de llamar a una consulta popular: “Estamos muy preocupados por esta situación. Para nosotros es muy difícil y nos hiere. No podemos regalar nada, porque nos pertenece”.
Por su lado, Manuel Troncoso, más conciliador, reclamó actitudes de apertura tanto al Ejecutivo como al Concejo. “Queremos que esto sirva para comenzar a dialogar, pero molesta que nos digan qué hay que hacer sin consultarnos, porque tenemos derechos adquiridos. De igual manera, estamos abiertos al diálogo”.
En mocoví, Com Caia significa “somos hermanos”. Como la comunidad, la escuela bilingüe también lleva ese nombre, aunque oficialmente se la conoce con su número: 1.338. Funciona desde 1992 y es una de las tres escuelas bilingües de la provincia. Más de 200 chicos –de los cuales entre el 90 y el 95% son aborígenes– concurren a diario. El espíritu de integración con la comunidad de la que son parte campea por sobre todas las actividades de la escuela, en la que los chicos pueden recuperar parte del legado cultural de los mocovíes estudiando el idioma originario, la música y las danzas.
La escuela y los hogares de los integrantes de la comunidad están enclavados en el campo que, aunque la ley lo prohíba, algunos quieren entregar a los capitanes de la industria apelando a un concepto que, a secas y en estas tierras, es discutible desde hace cinco siglos: el tan mentado “progreso”.
Publicado en Pausa #10, 18 de julio de 2008.
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