viernes, 12 de diciembre de 2008

Ese bendito yuyo que tantas tormentas desató

Estado, distribución del ingreso y lock out: la reaparición pública del “campo”, un sujeto social que se las trae.

Fue un año muy particular para los productores agropecuarios, sobre todo de granos y cereales. El 2008 empezó con un panorama que hacía a la actividad más rentable que nunca, con precios internacionales para la soja de más de 1.000 pesos la tonelada. Semejante nivel en los precios de estos commodities se debía, más allá de la demanda, a la especulación financiera que había apuntado sus dardos a los alimentos como fuente de ganancia, cuando el resto de las actividades ya mostraban signos de debilidad. Néstor Kirchner, al final de su mandato, dispuso una suba de las retenciones a las exportaciones de cereales, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones a la soja fueron llevadas en ese momento al 35%. El entonces presidente decía que los ingresos se trasladarían a sostener el consumo ante el proceso inflacionario que secaba de a poco los bolsillos argentinos, más allá de los aumentos de sueldos.
La cosa explotó en marzo, ya con Cristina en el poder, cuando el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno impulsó las retenciones móviles, que suponían una suba escalonada del derecho de exportación a medida que los precios internacionales aumentaran. En el caso de la soja, la célebre resolución 125, que llevaba la firma del entonces ministro de Economía Martín Lousteau, las elevaba del 35% al 44%. Y si el valor internacional de la tonelada superaba los 600 dólares, el derecho de exportación superaría el 50%. En el mundo rural la medida fue tomada como un golpe bajo: la resolución se conocía al mismo momento de la cosecha de la soja, a la que se llegaba luego de haber absorbido una escalada en el precio de los insumos. El conflicto entre el gobierno y los productores comenzó como un lock out más, pero adquirió tal magnitud que se extendió durante cuatro meses, con cortes de rutas que impidieron el tránsito y causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles. El país quedó paralizado durante un tercio del año. La ausencia de espacios institucionales para que el tema sean debatido sin que la disputa se traslade al espacio público y afecte la vida del resto de los argentinos, fue patente. Ambas posturas se radicalizaron hasta el absurdo, con actos, contra-actos, carpas verdes del campo, carpas K, el ex piquetero D’Elia tomando Plaza de Mayo, De Ángeli fingiendo una cuchillada frente al Congreso... una locura sin frenos a la que el voto “no positivo” en el Senado del hasta ese momento invisible vicepresidente Julio Cleto Cobos puso un momentáneo final.
Hoy, pocos después de aquella tragicomedia, en un escenario diferente, con los precios de las materias primas en descenso (la soja llegó a valer en Chicago menos 300 dólares), el gobierno anunció una baja en las retenciones al trigo y al maíz y ya se rumorea una baja en el derecho de exportación a la soja, de momento desmentida. Las vueltas de la cuestión: en todos los casos la baja hubiera sido mayor con la movilidad que la 125 ofrecía.
El gobierno nacional critica el monocultivo, pero no ha aplicado políticas que vayan en otro sentido. La gestión K en gran medida se ha sostenido con los ingresos de las retenciones al campo, un espacio donde mandan los pooles de siembra y los rentistas por sobre los campesinos. Quizás hasta que discurso y acción no vayan de la mano, las tormentas se seguirán sucediendo.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una deuda atroz

Desnutrición y pobreza castigan a Santa Fe.

El hambre es siempre urgente. En la provincia de Santa Fe son seis mil los niños con desnutrición crónica. Y en la ciudad, el 70% de los menores de 18 años vive bajo la línea de la pobreza, según datos de María Claudia Albornoz, dirigente de barrio Chalet. Allí hay 19 menores de seis años, de bajo peso, mientras que 23 están en vigilancia. En Varadero Sarsotti hay 40 niños desnutridos, también menores de seis años, de los cuales 16 son agudos. En San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. Según el Poder Ejecutivo municipal, el 50% de los chicos santafesinos menores de 14 años vive en la pobreza. A la cifra de 70% se llega al agregar a aquellos que tienen entre 14 y 18.
“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad, se supone que los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos. En algunos casos, llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advirtió Albornoz.
Por el mes de mayo, una veintena de instituciones pusieron manos a la obra y comenzaron a debatir acerca del hambre. Se dio inicio a “una búsqueda creativa y colectiva de estrategias de acción”, para además “demandar soluciones a quienes tienen responsabilidad directa en las mismas”.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población-país es pobre”, pasó otra vez por esta provincia y esta ciudad. Alertaron que nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza y que la mitad son indigentes, que hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa y que el 45% de los pibes de la capital de Corrientes son desnutridos.La gran coincidencia entre varios sectores políticos y sociales indica tanto una falta como una incapacidad: en Santa Fe, una provincia rica y productiva, no puede haber hambre.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La ruta que nadie corta

Las autopistas líquidas, el medioambiente y el exilio de las vacas.

Tuvieron que hablar en Barcelona los ecologistas santafesinos para recordarnos que el modelo económico de la región –y que este año, quizá por primera vez, comenzó a ser discutido– tiene sus consecuencias sobre el medioambiente. Para el caso –durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza– hablaron de IIRSA: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, también conocida como el ALCA de las elites del Sur. Consiste en ampliar al máximo las posibilidades de transportar las materias extraídas de la naturaleza.
Más allá de las inversiones que dirigidas a multiplicar las rutas terrestres –la ampliación de la ruta 168, entre el Túnel y Santa Fe, es un ejemplo cabal–, IIRSA persigue la idea de contar con 400 kilómetros de ríos que se pretenden hacer totalmente navegables las 24 horas del día, todo el año. Por las autopistas líquidas ya circulan convoyes de hasta 20 bracazas.
Objetivo: reducir costos. Para ello, realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las que se incluyen enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación seca y construcción de puertos y obras de infraestructura en las riveras. En Rosario ya se hizo el dragado, por ejemplo. El principal cuestionamiento es que no se realizan los necesarios estudios de impacto: el dragado habría producido el derrumbe de viviendas de las costas, como se vio hace algunos años en la ciudad del sur provincial, con saldos fatales.
La ONG santafesina Proteger organizó un taller en Barcelona, donde se abordó la problemática desde la perspectiva de los “impactos sociales y ambientales” de estas obras; advirtieron que casi siempre se procede sin consultar a las comunidades locales. Agregaron: que los trabajos “amenazan ambientes irremplazables con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas, para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades”. Por las aguas del río Paraná navegan los granos cosechados en la región que abastecen la incipiente industria de los biocombustibles, cuyo desarrollo descontrolado amenaza –según remarcan los entendidos– la seguridad alimentaria de quienes habitamos estas tierras.
“Nos enfrentamos a una competencia entre los 800 millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir. Los supermercados y las estaciones de servicio ahora compiten por los mismos recursos”, señaló en su momento Lester Brown, fundador del instituto World Watch. La alusión es obvia: habla del panorama que se abrió con la fiebre del biocombustible. La superficie dedicada a la soja lo corrobora: se duplicó en apenas cuatro años. No fue gratuito, en casi ningún sentido del término; a las más conocidas derivaciones de la expansión también puede sumarse el desplazamiento de ganado a las islas: en las ubicadas entre Entre Ríos y Santa Fe hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos. Es el 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino del país, 50 millones.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El curso de una exigencia

Derecho al agua: ONGs locales quieren darle rango constitucional.

Este año la sequía golpeó fuerte el norte provincial. La población de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera debió ser asistida con agua de camiones cisternas y en la zona rural murieron 200 mil cabezas de ganado. Racionalizar el uso del recurso fue una de las premisas del gobierno al crear el ministerio de Aguas, además de garantizar el suministro a todos los santafesinos.
Hoy, 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas están en Santa Fe. En sintonía con el pueblo uruguayo, que cuenta desde 2004 con este derecho en su Carta Magna, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua de Santa Fe propuso durante el año no sólo modificar la ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de la provincia un artículo similar al del vecino país.
La Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) fue más allá y planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600.000 ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas. Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.En ese sentido, desde el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, anunciaron que el 12 de enero de 2009 se licitarán tres acueductos para suministrar agua potable de calidad a una gran cantidad de santafesinos del centro-sur provincial e informaron que ya están terminados los proyectos de nueve acueductos más para el resto de la provincia.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Los tecnohumanos

La web y una nueva forma de relacionarse.

¿Sabrán emos y floggers que sus estridentes teñidas, sus flequillos como baba y sus molleras paradas ya coronaban las testas de los personajes del original de Robotech, un animé de la década del 80?
El crecimiento exponencial de la conectividad prácticamente borró el recuerdo de cuando bajar una canción llevaba medio día. El mando tecnológico no sólo modela al capital y a los vaivenes productivos y laborales: toca cada intersticio de cotidianidad. Cualquier diva de secundaria de los 90 se hubiera extasiado con la idea de ser deseada, en una imagen, por un millón de sus pares; la propia experiencia de la juventud es inseparable de los nuevos dispositivos y de las brechas abismales entre cada modelo y lo que posibilita. La miríada de celulares, cámaras digitales y formas de ligarse a la red se corresponde punto por punto con la brecha social y, a la vez, la transfigura: los procesos de hibridación han vuelto nipones a los pibes de clase media y raperos a los de las villas.No es el viejo problema de la penetración cultural, sino cómo la tecnología ha llegado a ser una parte misma de nuestros cuerpos. Eso es lo que encarnan (y expresan) esas formas de vida juveniles. Eso es lo que hay que observar el día en que Internet permita transferir cualquier tipo de información en tiempo real. El día en que la conectividad absoluta sea un hecho.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Avance, retroceso

Un triunfo del medioevo: la unión civil perdió estado parlamentario.

Salir del closet ya no es lo que era. Comenzó a aceptarse la diversidad de orientaciones sexuales y hasta se habla de una “discriminación positiva” cuando aparecen expresiones como gay friendly. Darse a conocer y poseer los mismos derechos civiles son los objetivos de quienes conforman el colectivo LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales).
Algunas conquistas ganaron terreno. Sin embargo, falta un marco legal que termine de otorgar igualdad para todos y todas. El proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas, redactado por las organizaciones con el apoyo de algunos diputados, regula y protege las uniones entre quienes convivan en trato familiar y no deseen o no puedan contraer matrimonio. La Unión Estable de Parejas –conocida como unión civil– se basa en el principio de no discriminación; de instituirse, podrán acceder todos los ciudadanos de la provincia, fuera de su sexo, orientación o identidad y expresión de género.
La asociación civil Vox es una organización que trabaja desde hace cinco años por los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales. Se creó en nuestra ciudad y en 2005 se extendió hacia Rosario. En junio, durante la marcha que conmemoró el Día de la Dignidad de gays, lesbianas y trans, los representantes de Vox auguraron: “Llegaron tiempos de cambio. Continuamos apostando a un cambio cultural; buscamos un lugar donde la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha es símbolo de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales, un cambio no sólo para el colectivo LGTTB, sino también en nuestra calidad democrática”. En aquella ocasión, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la adhesión del Inadi fueron traducidos por los militantes como una “mayor apertura desde el gobierno y sus entes”.
Silvina Sierra, de la organización de lesbianas feministas Las Diversas, también marcó la necesidad de darle tratamiento al proyecto de ley: “es importante que salga porque habrá mucha gente beneficiada; si no, para la ley no sos nada”. No obstante, indicó que si bien es importante la legislación, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con gays y lesbianas”.
Más allá de los apoyos, no todo fue un lecho de rosas. Las críticas religiosas sobre la unión civil se convirtieron en los primeros gestos en contra del cambio legislativo: un grupo –denominado Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos– dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se decía: “Pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia que pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre”.
Sin dar entidad a la reacción, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley. Finalmente, perdió estado parlamentario en el Senado por tercera vez: la Cámara Alta no la trató en la última sesión del año. La mayoría signada por “la vieja política” se hizo notar.Desde Vox anunciaron que volverán a presentar la iniciativa en 2009. “Queremos promover el debate con distintas organizaciones y asociaciones que protegen a la familia para que conozcan los verdaderos alcances de la ley, que sólo viene a reconocer un hecho existente”, señalaron. Concretamente, para demostrar que la ley –y sus creadores– tienen una deuda pendiente con ellos.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Derecho ganado

Las tierras de los aborígenes en conflicto.

Hacia mediados de año, el Concejo Municipal de Recreo reflotó una vieja idea del senador Juan Carlos Mercier y puso en marcha un proceso que, auque fracasó finalmente, bastó para dejar entrever que hay heridas que son difíciles de cerrar. En este caso, una herida que lleva abierta más de cinco siglos.
El conflicto empezó con un llamado a consulta popular impulsado por el cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, siguió con el rechazo de vastos sectores sociales y políticos y acabó sepultado por disposición del Ejecutivo provincial. Había en juego 180 hectáreas de un predio de 327, propiedad de la comunidad Mocoví de Recreo.
El 7 de julio el Concejo de la vecina localidad había sancionado una ordenanza que disponía la realización de una consulta popular para que los vecinos elijan si esas 180 hectáreas debían seguir en manos de la comunidad Com Caia (en mocoví, “somos hermanos”) o destinarse a un parque industrial.
Ese era el objetivo de un proyecto impulsado, dos años atrás, por Mercier. La consulta nunca llegó a realizarse: la Municipalidad de Recreo la suspendió luego de que el Inadi denunciara que detrás de la movida se escondía un claro acto de discriminación. También el gobierno tomó nota y apuró la regularización de la propiedad de las tierras. En los últimos días de agosto se hizo la entrega oficial; por esa fecha la comunidad mocoví celebraba el año nuevo número 7410.
La demora en el cumplimiento de un viejo derecho (la ley 12.086, que determina la propiedad de los terrenos, es de 2002) no hizo mella en el ánimo de los mocovíes, que saludaron la decisión oficial. “Significa un acto de justicia”, les respondió el gobernador Hermes Binner en el acto de entrega. “Cada vez los sentimos más hermanos, cada vez más santafesinos”.Un problema parecido emergió entonces en el norte provincial. “Hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal”, disparó el ministro Bonfatti. Aludía a la ocupación de tierras aborígenes por parte de terratenientes en Garabato, Fortín Olmos y El Toba. La Fiscalía de Estado intervino y recuperó para las comunidades originarias un poco de las tierras que, alguna vez, fueron de nadie: o sea, de todos.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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