viernes, 26 de septiembre de 2008

Mujeres mercancía


Por Marcela Perticarari

La trata de personas con fines de explotación sexual: un delito que crece. Connivencia policial y judicial, violaciones a los derechos de las mujeres secuestradas y amenazas a sus familiares conforman un panorama que se extiende en nuestro territorio. La provincia prepara un protocolo de intervención.

Aunque se intente mirar hacia el costado, los datos nos pegan en la cara: la provincia de Santa Fe figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes de personas en Argentina. Según este análisis de la OIM, la trata de mujeres crece en el país de la mano de la “connivencia policial y política” y la “escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito”. Este fenómeno compromete todo el territorio nacional: hay personas y organizaciones que específicamente se dedican a la venta de mujeres (se paga entre 100 y 5.000 pesos por ellas). La práctica más común de captación es el engaño, pero también está muy extendido el secuestro, particularmente en el noroeste. Literalmente son desaparecidas... en democracia. Misiones fue identificada como el área principal de reclutamiento. Las provincias de destino son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. De Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos provienen los proxenetas más importantes que operan en las redes de trata, algunos de los cuales regentean hasta 30 mujeres que alquilan a distintas whiskerías del país y las van rotando. Puede pasar mucho tiempo hasta que una mujer puede liberarse del proxeneta que la explota y en ciertos casos nunca lo logra.

La macabra realidad de la trata de personas se hace visible sobre todo en el cordón oeste y en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde las whiskerías y cabarets están a la vista. Aunque sea ilegal desde 1949, para muchos la prostitución es un negocio como cualquier otro. Pero en definitiva, la prostitución y la trata son dos caras de una misma moneda: es violencia contra las mujeres.
Trata es la captación, recepción, traslado o el transporte de personas con fines de explotación para la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y la extracción de órganos. Puede incluir desaparición forzada y privación ilegítima de la libertad, violación, maltrato, tortura, degradación, amenazas al grupo familiar, exposición a infecciones de transmisión sexual, consumo forzado de drogas, retención de documentación y apropiación indebida de la identidad, embarazos y abortos forzados, sustracción o asesinato de hijos nacidos en cautiverio.

Hay casos emblemáticos como los de la tucumana Marita Verón (desaparecida en 2002) y la paranaense Fernanda Aguirre (la buscan desde 2004), presuntamente atrapadas por redes de prostitución. Tal vez la inconmensurable fuerza de sus madres por encontrarlas vivas mantiene encendida la esperanza de muchas otras y a la vez aporta a esclarecer nuevos casos. También la TV, con la ficción Vidas Robadas, colabora con la causa desde su puesta en pantalla. No menos dramático fue el caso de Romina Gamarra y Cristina Ojeda, dos jóvenes de San Javier que realizaron una denuncia por trata a fines de 2006 y luego la rectificaron por presiones de sus propios captores.

Pero esta realidad no es nueva: en 1927, el periódico santafesino El Orden publicó una serie de notas con el minucioso y doloroso relato de una joven de 20 años que escapó de una red de prostitución luego de ser secuestrada en Barranquitas.

REALIDAD NACIONAL. Los sueños se estrellan contra una pared de abusos que no reconoce a la mujer más que como mercancía. “Soy mujer, no mercadería. Soy persona humana, con sueños, deseos, ideas, capacidades, con creatividad, con recuerdos, metas, defectos, con sentimientos, con fuerza, con rebeldía. Ni de uno ni de todos ni de nadie: soy mía”, dicen desde la asociación civil santafesina Las Diversas.

Distintos sectores afirman que en Argentina la explotación sexual sigue creciendo porque es un país barato para los turistas: hay una ruta interna en el tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. En estas redes organizadas hay buscadores y captadores que eligen a sus víctimas. Hacen contactos, tratan de ganar su confianza y la de sus familias, ponen avisos, frecuentan zonas donde hay muchas jóvenes, prometen buenos trabajos, mejores sueldos y estudios. De ese modo captan a las víctimas. Luego viene el viaje –que la víctima deberá pagar o en su defecto contraer una deuda– hacia ese destino ilusorio. Alguien las recibe y las lleva a un lugar para vivir. Como la víctima debe pagar por todo esto, están también los prestamistas que proveen de dinero con altos intereses, y embarcan a la víctima en una deuda que con el tiempo se hace impagable y en la que las jóvenes hipotecan su vida. Así, las mujeres y las niñas son llevadas a un burdel donde se las prepara para el nuevo trabajo, es decir que se las somete a violaciones reiteradas. En general, viven en esas casas-burdeles, están aisladas de la población del lugar, no se comunican con sus familias, reciben malos tratos, abusos, golpes y tortura de toda índole, golpes. A las que no se “disciplinan” se las encadenada en cuevas y se las deja sin comer para evitar su huída. Los traficantes de personas dominan con el terror y las familias suelen estar amenazadas; también evitan que se establezca cualquier tipo de vínculo afectivo que las ayude a liberarse. Por eso se las cambia de lugar y se las lleva de un punto a otro de la república.

LA NUEVA LEY. Aunque parezca increíble, recién en abril de este año la Cámara de Diputados aprobó la norma que penaliza (ley 26.364, de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas”) el tráfico de personas. Por lo menos fue antes del bicentenario de la Asamblea del Año XIII, que prohibió para siempre (al menos en la dría letra de la ley) la esclavitud en el recientemente emancipado territorio argentino. La norma aprobada este año impone penas de 3 a 15 años a quien capte, traslade y reciba personas con fines de explotación sexual o laboral. Las sanciones se agravan en caso de menores de 18 años. Para los mayores, debe probarse que existió “engaño, violencia o amenazas”.Penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. En su momento, los aspectos centrales en debate giraron sobre todo respecto del punto segundo de la ley, que establece que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima. Y debe probarse que la persona fue objeto de “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia anunció meses atrás la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado el año pasado por decreto presidencial.

Fabiana Túñez, integrante de la ONG feminista La Casa del Encuentro, objetó la ley de trata, “que pretende diferenciar entre víctimas mayores y menores de edad. Para que se constituya delito, las mayores tienen que demostrar que no prestaban consentimiento, y ahí volvemos a victimizar a la víctima. Pero esta ley no toma en cuenta que muchas de las chicas mayores de edad antes fueron menores de edad secuestradas y explotadas. No tiene que haber diferenciación porque todas son víctimas. En segundo lugar, son las penas más bajas de toda América Latina. Sabemos lo que pasa en nuestro país: van a entrar y van a salir por buena conducta, y en algunos casos ni van a entrar porque de 3 a 5 años son delitos excarcelables. En tercer lugar, esta ley no defiende los Derechos Humanos de todas las víctimas, porque no asigna verdaderos recursos para llevar adelante una asistencia integral a las víctimas de trata.

Otro de los puntos que no tiene en cuenta la ley es el hecho de no confiscarles los bienes a los proxenetas, porque sabemos que aun estando presos van a seguir manejando las redes”. Asimismo, diversos sectores sociales piden que tanto la trata comos los femicidios sean declarados delito de lesa humanidad.

EL TRABAJO DE LA PROVINCIA. En la semana se conmemoró el Día Internacional Contra la Explotación Sexual. Por ello, el gobierno provincial advirtió sobre “la dimensión que está adquiriendo la trata de personas con fines de explotación sexual” y llamó a todos los actores sociales a combatir esta grave violación a los derechos humanos.

La defensora del Pueblo adjunta, Liliana Loyola, contó a Pausa que “estamos trabajando activamente en la prevención y concientización, en instalar este delito en el debate de la sociedad santafesina. Hay mucho por hacer porque se estigmatiza a las víctimas y en este sentido debemos desnaturalizar la cuestión. Además estamos capacitando a integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima, de las distintas fuerzas de seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social y del Inadi. En este sentido trabajamos junto a la Fundación El Otro y estamos preparando un protocolo de intervención que terminaremos en los próximos días, donde cada institución definirá cuál será su rol ante el descubrimiento de un caso de trata”.

La funcionaria insistió en que queda mucho por hacer, más allá de contener a los familiares y a las víctimas: “Las bandas mafiosas y organizadas tienen redes muy fuertes, hay que intervenir con la misma fortaleza para poder perseguir este delito”.

Consultada por las cifras de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, Loyola no arriesgó un número exacto y contestó que “siempre recibimos a víctimas de trata aunque antes no se hablaba de eso sino de violencia o de prostitución. A veces llegaban mujeres denunciando violencia familiar y en realidad se trataba de proxenetas que violentaban a las chicas para ejercer la prostitución”. No obstante, reconoció que por semana reciben aproximadamente dos denuncias de trata: “A medida que el tema se instala en la sociedad, la gente se anima más a denunciar”. Por otra parte, informó que también llegan víctimas potenciales a pedir ayuda.

Al momento de evaluar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, Loyola se mostró conforme aunque insistió en que queda mucho trabajo por delante y admitió que la Unidad de Trata de Personas, dependiente de la Policía, debe ser fortalecida. “No hay políticas de asistencia concreta a las víctimas de trata. Y es fundamental que la sociedad civil se ponga de pie, si no se moviliza no se logran cambios profundos”, concluyó.

“NO LAS ESTÁN BUSCANDO”. Paula Heredia y Silvina Sierra, integrantes de la Asociación Civil Las Diversas, están llevando adelante un ciclo itinerante de video-debate con la proyección de Vidas Privadas, un documental de la productora independiente Colectivo Chaya, de Buenos Aires. Durante la última intervención, realizada en barrio San Lorenzo, comentaron que “tomamos la lucha contra la trata de mujeres hace un año, impulsando la campaña nacional e integrando la Red No a la Trata. Nació como inquietud pero también como un compromiso nuestro”. También participaron recientemente en las III Jornadas de Género y Derechos Humanos, realizadas en Tucumán.

“Además de ver en la ciudad muchos prostíbulos impunemente abiertos, Rosario y San Javier son zonas donde está ampliamente difundido el turismo sexual. Acá hay muchos casos, algunas chicas son rescatadas pero lamentablemente la mayor parte no aparece. Y nuestro reclamo es porque no las están buscando. Lo digo porque si una madre desesperada como Susana Trimarco, que haciéndose pasar por madama rescató 159 chicas, ¿cómo el Estado ni la Justicia las encuentran? ¿Será porque no las buscan?”, se preguntó Silvina.

“Ellas no pueden esperar más y hay un gran vacío. Éste es un tema que da rédito político porque nadie está en contra de combatir la trata de personas, y aún así se hace muy poco. Un ejemplo: pedimos a los concejales que controlen la habilitación de ese tipo de locales nocturnos pero nos contestaron que eso no es injerencia de ellos. Hay mucha impunidad y eso va de la mano con la complicidad, incluso dentro del Estado y en los medios de comunicación porque se están habilitando páginas de diarios para que se publiquen avisos clasificados donde se ofrece a las mujeres como objetos. Está naturalizado que se venda a la mujer como una mercancía. Es una cuestión del patriarcado que oprime a la mujer: él paga por un servicio y la mujer tiene que hacer lo que diga el hombre; eso es una manera más de explotar a la mujer”, sentenciaron Las Diversas.

Silvina también apuntó al cliente habitué de la prostitución: “Nunca es detenido y es un factor importante en esto, es un eslabón. Y sin cliente no hay trata”, definió.

Según Paula Heredia, “hay un vacío en cuanto a la trata. Queremos que el municipio controle los locales que se habilitan, que la policía tome las denuncias de desaparición y pedidos de paradero. El Estado no sólo tiene que encargarse de realizar campañas de sensibilización sino que también debe poner todos sus recursos y su estructura para dar protección a víctimas y familiares”.
Santa Rosa, Barranquitas, Chalet y Los Hornos. Desde esos barrios de Santa Fe se efectúan la mayoría de las denuncias que reciben Silvina y Paula, tanto por teléfono como mediante e-mails: “Nos cuentan que estas mafias pasan en autos lujosos y las raptan. Muchas veces nos dicen que no confían en la policía porque está involucrada en las redes de trata. Nosotros vemos como válido que hagan denuncias anónimas, pero a nivel jurídico y legal nosotras nos encontramos con muchas trabas para iniciar una investigación”, lamentó Paula Heredia.

DATOS EN FALTA. La abogada Mariana Herz integra junto a un grupo de investigadores de la UNL un proyecto sobre sustracción internacional de niños, que ya se encuentra en su etapa final. Durante los casi tres años en los trabajaron, el grupo se interesó particularmente en la trata de personas, por lo cual se presentó un nuevo proyecto que, de aprobarse, comenzará a desarrollarse en enero de 2009. “Específicamente está orientado a niños y niñas como sector más vulnerable, pero también involucra a mujeres, no solamente en cuanto a la explotación sexual con fines comerciales, sino también comerciales y ablación de órganos, es decir con todas las finalidades paralelas que tiene la trata”, informó Herz.

Al elaborar los informes preliminares del proyecto, los investigadores encontraron su primer escollo: “Los datos que hay en el país son prácticamente insignificantes porque son aislados y fragmentarios. No hay un sistema uniforme de generación de datos que den certeza y transparencia sobre el modo en el que se han obtenido, entonces no podemos ver cómo evoluciona el problema. Los pocos datos que hay son ofrecidos por la OIM y Unicef, pero son organizaciones que no dependen del gobierno. En la provincia, los datos que existen también son escasísimos y los pocos que hay son de la ciudad de Rosario. De la ciudad de Santa Fe no hay nada de nada y sin embargo sabemos por los medios que este problema es real y existe. Así no se pueden hacer diagnósticos”.

La abogada agregó: “Argentina tiene datos críticos que fueron brindados por la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano. Cada año, esa dependencia elabora un informe sobre los países que firmaron los protocolos adicionales a la Convención Palermo. De las tres categorías que se distinguen, nuestro país se encuentra en el medio –la 1 es la óptima y ahí se incluyen los países del primer mundo que cuentan con políticas específicas de lucha contra la trata–. Estar en el segundo nivel por tres años consecutivos, implica que nuestro gobierno nacional en todo este tiempo no ha adoptado medidas conducentes como para minimizar el problema. La ley sancionada en abril es más bien de carácter punitivo, pero en lo que respecta a prevención y reinserción de víctimas a la sociedad prácticamente no hay nada”.

LAS VARIABLES DE LA TRATA. Liliana Mizrahi, psicóloga clínica especializada en psicoterapias de adultos y adolescentes, opinó que las variables que hacen a esta realidad son la pobreza, el desamparo, el desarraigo, la impunidad con que operan la redes, la ignorancia, la violencia familiar, la búsqueda de salida de tanta miseria y hambre, la orfandad, el vacío legal y las complicidades entretejidas que la convierten en red.

“Temas, como el tráfico de personas no tienen lugar, no existen, salvo como ficción en los medios de comunicación”, se lamentó.

MADRE Y EMBLEMA. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, pasó por Santa Fe en agosto para brindar charlas sobre la problemática y volvió a denunciar connivencia entre la policía y el poder judicial. También habló de su situación personal, confesó que “vivo permanentemente hostigada por los mafiosos. Me quisieron matar, intentaron atropellarme con un auto, me mandan mensajes de texto amenazándome de muerte y diciendo que van a transformar en prostituta a mi nieta (hija de Marita). Ellos saben mis movimientos. Cuando me bajo del avión en Buenos Aires recibo mensajes advirtiéndome sobre posibles accidentes. Yo no les tengo miedo porque con miedo no se llega a la verdad”.

Más data
La trata de personas se encuentra entre los tres negocios ilícitos más rentables, junto al tráfico de armas y de drogas
A nivel mundial, se estima que 4 millones de mujeres y niñas son explotadas sexualmente por redes
Según Naciones Unidas este tipo de mafias mueven anualmente entre 8 y 9 billones de dólares
La trata sexual de personas en Argentina registró 47 causas penales durante 2007: 30% correspondieron a menores de edad y el 60% son mujeres
En nuestro país hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para ejercer la prostitución
En 2000 se elaboró el Protocolo de Palermo “para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”
Una ley federal sancionada en abril de este año tipifica el delito de trata.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos creó recientemente la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificados por el Delito de Trata. Estará integrada por un equipo interdisciplinario, conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe dos denuncias semanales por trata
El único refugio para mujeres rescatadas que fueron víctimas de trata está en Tucumán y depende de la Fundación María de los Ángeles Verón.

Publicado en Pausa #20, 26 de setiembre de 2008.
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viernes, 19 de septiembre de 2008

Conquistar continentes culturales


Por Sergio Ferreyra

Con el objetivo de entrar en “la conversación”, se avanza hacia una asociación entre el Ministerio de Innovación y Cultura y la plataforma de Noticias Culturales Iberoamericanas. Entre otros muchos intercambios, los realizadores locales podrán mostrar sus trabajos en todo el continente y en España.

Los televidentes están cada vez más acostumbrados a seguir en detalle los hechos difundidos en la pantalla. Persecuciones policiales en el partido de La Matanza, el rescate de pingüinos empetrolados en la Península Valdez, un recorrido turístico por La Habana, un viaje en el nuevo auto de alguna marca japonesa, son algunas de las propuestas que pueden encontrarse control remoto en mano.

Sin embargo, desde Santa Fe, poco y nada puede apreciarse en la pantalla chica de historias de vida de Santa Rosa de Lima, o del sentido de pertenencia que tienen los vecinos por su Alto Verde. Poco –casi nada– se encuentra acerca de las bandas de rock locales o de grupos folclóricos; menos aún de los artesanos callejeros o los graffitis que toman por asalto las paredes con su arte.

La idea de difundir producciones audiovisuales de realizadores santafesinos, por TV o Internet, es cada vez más explícita en las esferas oficiales. Haciendo referencia al canal cultural nacional de cable, el gobernador Hermes Binner reconoció abiertamente que está dentro de los planes de la gestión tener un “canal Encuentro santafesino, para que los habitantes de esta provincia nos encontremos, justamente”. En el mismo sentido se había pronunciado el secretario de Comunicación Social, quien mencionó que hace un tiempo el Poder Ejecutivo sigue de cerca la posibilidad, en pos de cubrir los hogares de cuatro millones de santafesinos. El secretario de Industrias Culturales, Pedro Cantini, había dicho que es “muy probable” que los ciudadanos de Santa Fe o de Rosario “ni se enteren”de las acciones que se producen en el interior de la provincia.

EMPEZAR A CONVERSAR. En los últimos días, Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas y director general de Noticias Culturales Iberoamericanas, visitó Rosario y se reunió con Hermes Binner y Cecilia Vallina, directora provincial de Producciones Culturales.
Se trata de una plataforma en Internet que funciona como centro de producción de contenidos de noticias culturales para España y América Latina, con la cual la provincia pretende comenzar a relacionarse de manera concreta.

“Acordamos que el Ministerio de Innovación y Cultura se va a asociar a la red porque es parte del plan que estamos desarrollando para producir contenidos de televisión”, dijo Vallina. Los trámites formales se completarán en los próximos dos meses.

A modo de evaluación, la directora de Producciones Culturales dijo: “Es interesante ver qué ventajas nos da pertenecer a la asociación (compuesta por canales culturales, universidades). Podemos tener acuerdos de coproducción, acceder a programas de televisión que se pueden emitir a través de las pantallas, que compondrán una franja de programación del Ministerio en diferentes canales de cable o Internet. Empezaremos con una duración de dos horas”.

Como otras de las virtudes que ofrece el intercambio, Vallina anunció que “al estar asociados podemos enviar noticias culturales de Santa Fe a ese noticiero, que circula por toda América Latina y por España, y a su vez accederemos al contenido de ese noticiero. Es como entrar en la conversación latinoamericana”.

Consultada sobre el tiempo que transcurriría antes de que se puedan comenzar a ver los primeros productos, la funcionaria dijo que “estamos empezando a analizarlos, estudiando cuáles serán nuestros acuerdos cuando estemos listos para comenzar el proceso, que se da en paralelo con varios temas a la vez. Por ahora estamos arrancando, poniéndonos en marcha”.

–¿Serán sólo contenidos nuevos o habrá lugar para producciones ya hechas también?

–Por supuesto que está planteada la inclusión de ciclos de realizadores santafesinos que ya se hayan llevado adelante o que se estén haciendo en el presente. Queremos recuperar, por ejemplo, la realización del cine santafesino, las producciones audiovisuales. O sea que el objetivo es doble: que circule la producción santafesina y hacer circular lo que recibamos. Por ahora estamos abocados a la generación de contenidos y a la búsqueda de pantallas.

Vallina concluyó: “Hoy la tecnología indica que con televisión digital estamos más cerca de poder llegar a más lugares, para cubrir todo el territorio. Lo real y lo posible es esto que estamos contando”.

PRO PANTALLAS. “Hay que contemplar las nuevas realidades que surgieron estos años, desde la televisión por cable hasta las nuevas tecnologías como la televisión digital y las páginas web”, había dicho Rubén Galassi, secretario de Comunicación Social, cuando se hizo pública la iniciativa.

“Fíjese lo que pasó la semana pasada: hubo un espectáculo de títeres en Tostado, de una titiritera que vive en Francia y es oriunda de la ciudad y que, como no se olvida de sus orígenes, todos los años brinda un espectáculo... ¿Alguien se enteró?”, fue una de las frases que soltó el gobernador Binner a Pausa el último miércoles.

“El Estado puede tener una participación con medios públicos. A lo largo del tiempo el Estado na-cional pasó de casi tener un monopolio a casi no tener medios; creo que ninguno de los dos ejemplos es lo ideal. Ni un Estado monopólico, ni uno ausente. Creo que el Estado puede tener una participación con medios públicos y cumplir un rol complementario al de los privados. Porque los privados están más interesados en el entretenimiento, el deporte masivo. El Estado puede sumarse con otro tipo de programación”, había ampliado Galassi.

“Los medios privados necesariamente tienen que vivir del mercado, con lo cual yo creo que un buen medio del Estado tendría que estar garantizado con recursos propios y no tener que salir a vender publicidad. Por un lado, porque tendría que enfrentarse a procurar ingresos y por otra parte porque es una competencia desleal hacia los privados”, añadió.

Cantini, el secretario de Industrias Culturales, había dado detalles de lo que buscan con el Concurso de Proyectos de Producción y Realización Audiovisual 2008: “La generación de contenidos culturales, vinculados a la región y televisables. Eso no es una casualidad: es una decisión política abrir para ese lado la cosa”.

En cuanto a los espacios había dicho que “el programa se basa en una inquietud: en ese canal de circulación de cultura, en esa enorme herramienta de registro y de producción, los santafesinos tenemos muy poca presencia. Si medimos el consumo cotidiano que puede hacer cualquier persona en un hogar promedio, la cantidad de contenidos generados de una manera cercana, ¿cuánto puede ser? Una media hora de informativo en uno de los 100 canales que se ven, ya no sólo en la ciudad sino en los cables del interior, que tienen un montón de canales”.


Publicado en Pausa #19, 19 de setiembre de 2008.

viernes, 12 de septiembre de 2008

Una espera que nunca termina



Por Sergio Ferreyra

Son 150 familias y carecen de los servicios básicos. Sienten desprotección de parte del Estado. Los concejales que investigan al ex intendente descubrieron más anomalías. Según documentos de la Sindicatura municipal, hay pagos exorbitantes por dos CIC (Centros de Integración Comunitaria), ubicados en el norte de la ciudad, aún no finalizados.

La reparación no les llega, no asoma. Y, por si fuera poco, las oportunidades que existen para llevarla adelante se dejan pasar en forma obscena. A partir del 29 de abril de 2003 pasaron a ser inundados; después los confinaron en el norte de la ciudad, en un lugar que no aparece en los registros de los mapas.

Les dijeron que debían construir sus nuevas casas, para hacerse dueños de ellas, y lo hicieron. Sin embargo, no les dieron lo básico. No tienen energía eléctrica como en otras partes de la ciudad; no tienen cloacas, los aqueja el problema de la basura. Y en 2007 los volvieron a inundar.
El barrio 29 de Abril III tiene, por ahora, siete manzanas habitadas por aproximadamente 150 familias: todas inundadas.
Una forma rápida de llegar es accediendo por Av. Aristóbulo del Valle hasta llegar al Callejón Roca, y desde allí hacia el este.

La postergación de los inundados sigue de manifiesto. La comisión investigadora de la Gestión Balbarrey hizo públicos documentos de la Sindicatura Municipal sobre pagos exorbitantes por obras públicas no terminadas. Se trata de dos Centros de Integración Comunitaria que no están concluidos; el atraso es de 414 días respecto del plazo original. Los vecinos de 29 de Abril III reclaman no sólo la concreción de la obra, sino también la atención del barrio en sus aspectos básicos
En ese barrio se dice: “La situación es desastrosa, aquí es urgente solucionar el problema de la basura, también del cableado porque cuando hay viento los cables se descuelgan, con el peligro de que hay criaturas todo el tiempo, los días de lluvia no se puede circular”. El que habla es Roberto, un vecino que acredita haber trabajado 300 horas construyendo su casa después de haber perdido lo suyo hace cinco años.
“Hay muchas conexiones precarias; cuando inauguraron el barrio nos dijeron que el cableado estaba completo, pero sólo alcanza a una manzana. Algunos vecinos llevan energía a su casa con alambres, otros con cables finos, cuando hay tormenta se cortan y cuando pasa eso nos tenemos que arreglar entre los vecinos, lo mismo cuando hay problemas en el transformador”, cuenta Lula por su lado.
“Después de la inundación de 2003 nos mandaron a este lugar, en esta situación, se olvidaron de nosotros”, dice Roberto con una rara tranquilidad, como enmascarando un grito de bronca.
Lula agrega: “Uno como inundado la pelea todos los días, pero de parte del Estado nos sentimos bastantes desprotegidos. Entre los vecinos estamos haciendo la placita para los chicos, pero no tenemos respuesta para que nos donen los juegos”.
Roberto dice lo suyo, parado en la esquina de República de Siria y Callejón Roca, mientras una veintena de niños y adolescentes dejan la vida en el picado de la tarde y el sol abandona su turno de a poco. Ahí, además de la cancha, debería haber un Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde funcione el dispensario y los médicos atiendan a los pacientes del barrio. La obra está allí, tan inconclusa como demandada: rara simetría. “Nunca se terminó. La obra comenzó y quedó como está (a medio terminar), le falta de todo, quedó destruida, ahora tenemos un dispensario precario. Cuando hay que poner una inyección nos mandan al centro de Salud de Altos del Valle, la ambulancia directamente no entra, la podés llamar durante todo el día y toda la noche que no viene”. De esta forma, Roberto da cuenta del modo de vida que llevan estos habitantes de la ciudad.
Respecto de la seguridad del barrio, Lula reflexiona: “Es todo, tener buenas conexiones, recolección de basura, acceso a la salud”.
Los vecinos tardaron 300 horas en construir sus casas y acceder al techo. Para contar con el CIC en el barrio también debían prestar su mano de obra. Roberto fue justamente uno de los que dejó su trabajo allí, hasta que pudo.

LISTO... NO TANTO. La Nación (a través de un área del Ministerio de Desarrollo Social) envió al municipio entre febrero de 2005 y mayo de 2006 un monto aproximado de 982.240 pesos, a los fines de construir dos CIC: el primero de ellos en Facundo Zuviría y Azcuénaga, y el otro en Callejón Roca y República de Siria. La Gestión de Martín Balbarrey (por ese entonces intendente de la ciudad) debía distribuir ese dinero entre diez cooperativas de trabajo formadas a tal fin. En cada CIC desempeñarían tareas cinco de estas formaciones. A cada cooperativa se le entregó un monto cercano a los 68 mil pesos, lo cual fue abonado en tres partes: anticipo de obra (33.450 pesos), media obra (22.400 pesos) y final de la misma (11.900 pesos). La suerte fue dispar para las construcciones ya que el primero de los CIC mencionados tuvo un avance mayor que el otro que ni siquiera está a la mitad. “Todos los fondos fueron entregados a todas las cooperativas, incluidas las que estuvieron trabajando en Callejón Roca, según las informaciones que tenemos provenientes del Tribunal de Cuentas”, dijo la concejala Adriana Molina (FPCyS), integrante de la comisión oficial que investiga el ejercicio de Martín Balbarrey entre 2003 y 2007, ahora abocada al análisis de los números de estos subsidios llegados cuando promediaba la primera parte de la era K.
La comisión accedió a un informe de la Sindicatura sobre auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en cuanto a la construcción de los CIC. Dichos informes llamativamente no están registrados como expedientes en la Mesa de Entradas Única.
El escrito menciona que el 29 de agosto de 2008 integrantes de la Sindicatura realizaron una observación a los lugares de construcción de los CIC. Respecto del que está ubicado en Facundo Zuviría, requiere para ser habitado algunas reparaciones: se registra humedad y faltan detalles de terminación de obra. En cuanto al de Callejón Roca, la obra se encuentra paralizada e inconclusa, no se encontró a ninguna persona encargada de su custodia, ni barreras físicas que impidieran en ingreso a la misma. Los ambientes no se encuentran techados en su totalidad, las paredes están revocadas en forma parcial, al igual que la colocación del piso. Faltan todas las aberturas, cielorrasos, sanitarios, mesadas, accesorios y terminaciones finales.
“El que comandaba la obra era el señor (Director del IMV en la Gestión Balbarrey, Alfredo) Migone, pero nunca lo vi, nunca vino a dar la cara, nunca lo escuché decir nada; las pocas veces que llegó acá vino a prometer cosas que nunca cumplió”, asegura Roberto, en referencia al tiempo que pasó trabajando en la obra.

ROPA SUCIA. “Nos dijeron que nos iban a dar la ropa (de trabajo) pero no ocurrió nunca. La Municipalidad dijo que nos iba a pagar un sueldo, pero tampoco fue así. Después, presionando, logramos que aunque sea nos dieran un bolsón de mercadería para poder subsistir, porque no teníamos nada. A la hora de reclamar nunca aparecía nadie; íbamos a la Municipalidad a golpear las puertas y siempre nos la cerraban en todos lados, nos mandaban de acá para allá y así hasta que pasaban horas y nos teníamos que retirar”, se despachó el vecino.
Hay una cifra que el concejal Héctor Acuña (del bloque Santa Fe es el Centro, integrante también de la comisión) calificó como “hecho anecdótico”. El edil dio cuenta de facturas presentadas a la Nación por 24 mil pesos en conceptos de refrigerios en el marco de la “construcción” de los CIC. “Por un lado es difícil gastarlos y por otro lado puede ser la única excusa que pueden tener los responsables para argumentar que no terminaron la obra, pero estas facturas no fueron convalidadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto merece cuanto menos un repudio unánime de la comunidad, lo gastado es una exorbitancia hoy y en ese momento”, dijo.
En cuanto al subsidio por herramientas y ropa de trabajo, se financió la compra de diez partes iguales, a 6.913 pesos cada una, lo cual totalizaba un gasto de 69.138 pesos. Según las actas, las herramientas y ropa de trabajo fueron entregadas el 23 de septiembre de 2005 en ambos obradores. Pero los vecinos desconocen el destino que estos elementos tuvieron.
La conclusión de la Sindicatura, reflejada por la Comisión Investigadora, es que los contratos de obra fueron pagados en sus tres etapas, pero las obras no fueron ejecutadas en su totalidad.
“Hablar con los vecinos y escuchar de propia voz de ellos ‘si no nos sacaron las chapas (del techo de la construcción del CIC), si nos saquearon, si nos destruyeron, si no usurparon esta construcción precaria, es porque lo defendimos nosotros’. De esta manera entendemos la importancia que tiene para ellos: esta es la otra mirada; es de destacar la espontaneidad”, dijo también Acuña.

RELOJ ATRASADO. “En primer lugar hay que tener en claro que se trataba de un contrato de 180 días, pero al momento del cese de la obra ya se llevaban 594 y la misma estaba sin concluir”: un atraso de 414 días respecto del plazo legal.
El dato fue uno de los tantos que Acuña y los otros ediles revelaron en una conferencia de prensa realizada esta semana. Desde el IMV no se suministraron actas ni se acreditaron presentaciones por escrito por parte de las cooperativas a fin de justificar demoras por suspensiones o retrasos en la ejecución de la obra.
Los integrantes de las cooperativas de trabajo son los que debían llevar adelante la construcción de los CIC. Sin embargo, desde la Comisión Investigadora se descubrió contratos de locación de servicios para efectuar tareas de albañilería, instalación sanitaria e instalación eléctrica en las obras de Callejón Roca, lo cual denota una superposición de funciones con las tareas que debían realizar los integrantes de las cooperativas. De la misma forma se contrató una persona destinada a tareas administrativas, pero no se detallaron cuáles.
Desde la comisión adelantaron que van a citar a los responsables de las cooperativas, al ex secretario de Hacienda Fernando Giusti para que “explique qué pasó con el dinero”, al ex titular del IMV, a los ocho responsables técnicos (contadores, arquitectos, maestros mayores de obra, que estuvieron contratados casi dos años, de lo cual todavía no se cuenta con la suma que costó al municipio).
El concejal Suárez (FPCyS) dejó en claro que “la citación a las personas que hemos nombrado tiene que ver con la posibilidad que ellos tienen de defenderse, esto ayudará a completar nuestro informe”.

CAPACITACIÓN... AUSENTE. Según los convenios firmados entre el municipio y la Nación, los integrantes de las cooperativas debieron recibir capacitación para desarrollar su trabajo. “Hay rendición de cuentas por esto; decir que no la hubo es mentir. Lo que está claro, y esto no es una imputación al organismo encargado de brindarla, es que los empleados que pudimos contactar dicen que no la recibieron. Nuestros dichos tienen un sustento concreto que es la documentación remitida por el gobierno nacional y obrante en el municipio, además está claro que desde el Ministerio de Desarrollo Social establecieron contacto con el ex secretario de Gobierno (Pablo Abraham) y el ex subsecretario de Gobierno (Darío Giménez)”, sostuvo Acuña.
“Pudo haber capacitación, pero hablando con los vecinos surge a las claras que el total de ellos no la recibió. En cuanto a la ropa, con los vecinos que nos encontramos nunca recibieron indumentaria”, dijeron desde la comisión.
Respecto al subsidio recibido por capacitación en obra, el monto fue de 82.224 pesos (8.224 por cooperativa) a distribuirse de la siguiente manera: 2.000 para viáticos, 2.400 para gastos de refrigerio, 224 para gastos de material didáctico, 3.600 para honorarios del docente capacitador (15 pesos por hora). Los comprobantes de caja se encuentran aprobados, a excepción de algunos cuya totalidad asciende a 48.198 pesos.

PAGO... POR LAS DUDAS. “Vemos que se pagó el total de la obra, y además se abonaron conceptos de demasía, de los cuales, según el informe del Tribunal de Cuentas, en el caso del CIC de Callejón Roca faltan rendir... 12.500 pesos. Es decir que se tomaron en cuenta posibles reajustes”, aseguró Acuña. Sin embargo, tampoco se suministraron certificaciones de avances de obra.
Molina avala a su par y brinda cifras: “Llega otro subsidio por demasía de obra por 76.618 pesos para las cooperativas que estaban desempeñando tareas en el CIC de Facundo Zuviría y 76.660 para el de Callejón Roca. Estos montos no fueron repartidos entre diez cooperativas, sino entre menos, pero se ignora el motivo”.

EL QUE ABANDONA NO PIERDE. De las diez cooperativas con las que se firmaron los convenios, hay una en especial con la cual se detectó una irregularidad más en este rosario de sospechas: Consar Ltda. desarrolló sus tareas hasta el día 7 de octubre de 2005 haciendo abandono de la obra. El 17 de noviembre de 2006 se rescindió el contrato entre esta y la Municipalidad. Sin embargo, surgen comprobantes correspondientes a la entrega de materiales de fecha posterior a la de abandono de la obra.
“Esto lo tenemos documentado, también podemos advertir que hubo una serie de irregularidades en relación de determinadas cooperativas, una de ellas es por la rescisión del contrato por no cumplir con sus tareas pero durante seis meses siguió recibiendo dinero. Otra irregularidad es la inclusión en los convenios de una cooperativa que no estaba registrada como tal”, anunció Molina.

HACIA DÓNDE VAN... Los compromisos se van descubriendo con el transcurso del tiempo. Al respecto Adriana Molina dijo: “Habría que ver los grados de responsabilidad, pero incumplimiento de deberes de funcionario público o malversación de fondos, creo que se configura (como delito) cuando uno piensa en el incumplimiento inmediatamente se representa la negligencia, imprudencia o impericia, por lo menos”.
Por su parte, Acuña concluyó: “No vamos a decir ninguna cosa que pueda entorpecer o que haga que la comisión pueda ser sospechada de falta de objetividad”.

Publicado en Pausa #18, 12 de setiembre de 2008.

viernes, 5 de septiembre de 2008

Otro desalojo en puerta



Por Sergio Ferreyra

En el departamento Vera, algunos terratenientes ocupan en forma ilegal tierras fiscales que serán destinadas a los pueblos originarios. Desde el gobierno comparan el panorama con los sistemas feudales y aseguran que en los próximos días desalojarán a los usurpadores, tal como los definen. La política de tierras, una materia aún pendiente.

La usurpación de las tierras de las comunidades aborígenes, utilizadas por grandes terratenientes para la crianza de ganado, se manifiesta como un problema incipiente en el norte provincial. La reciente adjudicación de 327 hectáreas a favor de los mocovíes de Recreo fue, apenas, un paso en el largo camino que deben transitar los pueblos originarios para recuperar una pequeña porción de las tierras que alguna vez les pertenecieron. En las localidades de Garabato, Fortín Olmos y El Toba (todas del departamento Vera) esperan una resolución similar; mientras tanto, los aborígenes hablan de la tierra en los siguientes términos: “Hay que ver cómo, por quiénes y por qué están ocupadas y procurar, en base al diálogo, que no haya conflictos”. Desde el gobierno, además de haber tomado nota de la situación, destacaron la importancia que esas tierras tienen para el desarrollo humano.

El problema no terminó: apenas está siendo descubierto por los ciudadanos de las grandes urbes. La ocupación ilegal de las tierras destinadas por medio de la ley 12.086 a las comunidades aborígenes había asomado con fuerza ante la opinión pública a partir de la lucha de la comunidad Com Caia (en mocoví “Somos hermanos”) por la posesión real (ya no sólo legal) del territorio que les corresponde. Ahora, el mismo inconveniente se pone de manifiesto en el castigado norte provincial.

Más de cuarenta años les llevó a los mocovíes de Recreo que le reconozcan ese derecho. Parte de la reivindicación tuvo como escenario la Casa de Gobierno: fue la semana pasada, cuando se firmó la adjudicación de las 327 hectáreas que se estaban reclamando. El acto de entrega desató mucha emoción entre los integrantes de los pueblos indígenas. Lágrimas, gritos y manifestaciones de alegría reinaron y se adueñaron del momento, previo al festejo de su año nuevo (ver recuadro). Sin embargo, los representantes de la comunidad Com Caia dejaron en claro que ese fue el primer paso y que falta otro fundamental: la titularización de las tierras.

Y ese punto no es la única materia pendiente del gobierno y la sociedad santafesina. “En el norte de la provincia tenemos escrituras preparadas, en un grado de avance superior a este (en referencia al caso de Recreo), pero no se pudo llevar adelante la entrega hace 20 días porque hay tierras que están intrusadas”, dijo el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti. “Estaremos yendo con el Fiscal de Estado a proceder al desalojo de esas personas, que son intrusos: personas de muchos recursos económicos que durante años estuvieron amañando decisiones y permanecen en lugares que no les corresponden”, agregó el ministro.

De esas declaraciones se desprende que la situación en el norte santafesino es más grave aún que en Recreo. Los campos en cuestión actualmente son destinados a la crianza de ganado.

UN VIEJO NUEVO PROBLEMA. Garabato, Fortín Olmos y El Toba son algunas de las localidades en las que el problema empieza a hacerse visible y, tal cual ocurrió muy cerca de la capital provincial, lleva mucho tiempo en un estado tácitamente público. Los desalojos se producirían en las dos semanas próximas, según pudo saberse de fuentes oficiales.

–O sea que el problema se multiplica en otros lugares.

–Yo diría –respondió Bonfatti– que en el norte de la provincia hay cuestiones más graves porque hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal. Ya mantuvimos una reunión con los ministros de la Producción, de Seguridad y de Justicia, porque debe intervenir la Justicia, la Policía y los ministerios de la Producción y de Gobierno coordinadamente, para hacer efectiva la entrega de los títulos a las comunidades aborígenes del norte.

–¿Qué se argumenta a la hora de justificar la ocupación de estas tierras?

–Nada. Algunos pretenden hasta la usucapión (es el caso de quien luego de haber tenido “ánimo de poseer” la propiedad cierto tiempo, y la ha cuidado y tratado como propia, ha dejado revelado a las claras su íntimo deseo de poseerla), porque estamos hablando de tierras fiscales, y esto no puede ser así –dijo Bonfatti en tono vehemente.

Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, también se manifestó al respecto: “Que la tierra esté ocupada no significa que sea imposible dársela a la comunidad aborigen. Tenemos que tomar los recaudos correspondientes; por suerte la Fiscalía de Estado está trabajando codo a codo con nosotros. Ya tenemos los instrumentos legales correspondientes para que aquellas personas que están ocupando ilegalmente esas tierras las restituyan al Estado. Soy optimista en eso; los obstáculos hacen que necesitemos tiempo, pero de ninguna manera nos van a frenar en la voluntad de adjudicar”. La funcionaria hizo hincapié además en que la disputa por las tierras de Recreo fue similar a lo que, ahora, está ocurriendo en el norte: también estaban ocupadas, aunque en aquel caso a cargo de un cuidador que desarrollaba sus tareas ad honorem. (Cabe recordar que estuvo vigente, hasta un par de semanas antes de la adjudicación, un pedido del Concejo de Recreo para que se someta a una consulta popular el uso –y por lo tanto la titularidad– de esas 327 hectáreas, para las que el senador por La Capital, Juan Carlos Mercier, tenía su propio proyecto: transformarlas en un parque industrial).

José Iñet, quien trabaja desde 1976 para el reconocimiento de los derechos de los aborígenes, dijo respecto de la ocupación de tierras que serán devueltas a las comunidades: “No vemos un problema; vemos una cuestión. Cuando uno habla de los temas sociales, hay que ver cómo, por quiénes y por qué están ocupadas (las tierras) y procurar, en base al diálogo, que no haya conflictos. No son necesarios a esta altura de la civilización; hay que estudiar la situación y solucionarlos punto por punto. Lo que no tiene retorno es que, por ley, esas tierras les corresponden a los indígenas”.

La ley a la que alude Iñet lleva el número 12.086, fue sancionada por la Legislatura provincial en 2002 y dispone que el Poder Ejecutivo debe restituir un conjunto de tierras fiscales a las comunidades aborígenes santafesinas “con el carácter de reparación histórica como pueblos originarios y preexistentes a la Nación”.

LUCHA COTIDIANA. Clara Chilcano, titular de Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe), fue precisa a la hora de referirse a la adjudicación de tierras a favor de la comunidad mocoví. Sostuvo: “Después de esta larga lucha de reivindicación, hemos logrado dar un paso más. Es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, que esperamos poder seguir llevando adelante. Pero todavía falta la titularización, en eso seguiremos construyendo, aunque ya está el compromiso del gobernador de que las tierras pertenecen a los aborígenes, tal cual nosotros lo hemos reclamado y lo divulgamos, de acuerdo a la ley 12.086, que es una norma que nos permite seguir siendo optimistas dentro de esta interculturalidad, donde hemos sido muy negados. Hoy queremos mostrarnos ante la sociedad con equidad pero diferentes, en una lucha de iguales desde el valor de la calidad del derecho humano, de los sectores vulnerables, de los que están sin tierra. Una lucha cotidiana”.

Por ley, las tierras pertenecen a la comunidad aborigen, pero la adjudicación no significa aún la plena posesión: “El título va a estar cuando haya un papel que especifique que es una propiedad comunitaria y de los pueblos originarios”, aclaró la militante de Ocastafe. “Desde la realidad que nos toca vivir, los integrantes de la comunidad mocoví entienden que estamos avanzando en pequeños pasos. Recién ahora se está dando sensibilidad y visibilidad a las comunidades aborígenes. También hay que entender que es un proceso de muchísimos años de culturización forzada, de negación, de ser invisibilizados, de estar en las minorías o los sectores vulnerables”.

LA IMPORTANCIA DE LA TIERRA. “La comunidad viene desarrollando diferentes talleres para que los propios integrantes definan los usos que se le van a dar a la tierra, de acuerdo a las capacidades de la propia comunidad”, amplió Chilcano. “La culturización forzada es de todas maneras valedera porque los pueblos originarios también hemos evolucionado. Hoy queremos tener las mismas pautas que tiene cualquier ciudadano, tener una mejor calidad de vida, una vida digna, un estudio y un buen trabajo. Los festejos conmemorativos del año nuevo mocoví son para decir que existimos”.

Pedro Coria, el líder de la comunidad Com Caia, también dijo lo suyo: “Para mí es una inmensa alegría poder asistir a la entrega de este campo, algo que hace años persiguen nuestros hermanos dirigentes de otras instituciones. Y es una inmensa alegría principalmente para nuestra comunidad, es un sueño que se concretó. Yo no tengo palabras, es algo que anhelamos todos, le agradecemos a nuestro gobernador, a los integrantes de la comisión (de adjudicación, un ente creado por la ley 12.086) que tanto esfuerzo pusieron y al intendente de la ciudad de Recreo (Mario Formento)”.

El gobernador Hermes Binner contestó el halago. “Significa un acto de justicia (en referencia a la entrega de tierras), cada vez los sentimos (a los integrantes de la comunidad mocoví) más hermanos, cada vez más santafesinos, integrando esta hermosa provincia, que tiene posibilidades para crecer y avanzar, donde la tierra juega un rol fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Estamos convencidos de que éste es un hecho histórico, que hoy comienza y que no termina aquí: hay que tener fe, confianza y esperanza, porque las cosas van a seguir adelante”, dijo el gobernador sobre la experiencia –inédita– que tuvo como epicentro las tierras mocovíes de Recreo.

Ese grado de importancia atribuido a la posesión de la tierra ya había sido expuesto en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1º de mayo. En esa ocasión, el gobernador dedicó un párrafo de su discurso a la cuestión, en forma específica y concreta. “La ausencia de una política de tierras nos ha hecho perder la posibilidad de construir más viviendas, más escuelas, más hospitales, más espacios culturales; en definitiva, nos ha hecho perder muchas oportunidades. Trabajamos entonces en el diseño de una política pública de tierras, consensuada con los gobiernos nacional y municipales, a través de la creación de un Banco de Tierra Urbana y Rural, que nos permitirá contar planificadamente con este recurso básico”, había dicho Binner ante senadores, diputados y los otros invitados.

El Banco de Tierra aún no pasó de los papeles a la realidad. Quizás cuando se materialice el proyecto, casos como los de Fortín Olmos, El Toba o Garabato serán más esporádicos, más ilegales (todavía) y más notorios.

DIALOGAR ES EL CAMINO, DICEN LOS MOCOVÍES. Sobre la entrega de tierras a favor de los mocovíes de Recreo, José Iñet opinó: “Creíamos que la provincia de Santa Fe, que es la última en llegar a reconocer los derechos indígenas, tiene la enorme oportunidad de no cometer los mismos errores que otros cometieron, también creemos que podemos aportarle mucho a esta provincia”.
De la misma forma ancló su discurso en el método usado para llegar a sus objetivos. “Con el diálogo se soluciona todo”. Y le dedicó un párrafo a la consulta popular impulsada en Recreo –y luego suspendida– que buscaba que los habitantes de esa localidad pudieran decidir el destino de las tierras que, por ley, son de los mocovíes. “Estas cosas pasan por desconocimiento. El tiempo pasó para todos y para nosotros también. Nunca es tarde, hay muchas reivindicaciones, posibilidades, esfuerzos que podemos aportar, hay una muy buena predisposición del gobierno actual y de continuar en esa senda acompañaremos cada una de esas cosas sin entrar en guetos culturales”, finalizó Iñet.

RESISTENCIA, ADJUDICACIÓN Y UN AÑO NUEVO EN VÍSPERAS DE LA PRIMAVERA. Con el doble objetivo de reivindicar la memoria de cinco siglos de opresión y celebrar la lucha que derivó en la obtención casi definitiva de las tierras, el pasado fin de semana la comunidad mocoví de Recreo festejó el año 7.410. Su año nuevo. La celebración se efectuó por primera vez en esa ciudad (como debía ser, en el barrio mocoví) y asistieron además de los integrantes de la comunidad, autoridades locales y provinciales.
A contramano del calendario gregoriano, “el año nuevo mocoví tiene que ver con el ciclo de vida de la propia naturaleza, el invierno para nosotros es fin de año, la primavera el nuevo ciclo de vida: lógicas y coherencias diferentes”, explicó Clara Chilcano. Este fue motivo más que suficiente para que representantes de otras etnias aborígenes, provenientes de distintos lugares de la provincia, se acercaran y compartieran el festejo. Las autoridades mocovíes aprovecharon la ocasión y tras dar la bienvenida a los presentes, se mostraron felices por la adjudicación de las 327 hectáreas en la ciudad de Recreo. Explicaron que ellos están abiertos a toda decisión conjunta para “el beneficio de todos” y no sólo para la comunidad mocoví, al hacer referencia al uso de esas tierras.
Por su parte, el intendente Mario Formento no se quedó callado y deslizó: “Se puede seguir trabajando en el proyecto del parque industrial de manera conjunta (con los mocovíes)” y redundó que, a partir de la adjudicación de las tierras, “debemos construir en conjunto”.

Publicado en Pausa #17, 5 de setiembre de 2008.

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viernes, 29 de agosto de 2008

Las ventajas de ser del partido



La discrecionalidad en el reparto de los ATN vuelve a ocupar el centro de la escena política. En 2007, la provincia aportó unos 80 millones para la conformación del fondo, pero recibió aproximadamente 8 millones de pesos. Y eso que se trató de un año electoral. Asoma el debate ideológico.

Disciplinar voluntades y mantener a la tropa unida tiene su precio. Y son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) una muestra de ello en los últimos 18 años. Las administraciones kirchneristas –tanto la de Néstor como la de Cristina– también utilizaron y se aprovechan de esos fondos para construir poder en el país. Santa Fe no es la excepción, pero en el reparto de los recursos económicos las ayudas sólo llegan a localidades gobernadas por el justicialismo y cuyos intendentes o jefes comunales mantienen un estrecho vínculo con el presidente de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

En 2007, año de elecciones provinciales y nacionales, la gestión del por entonces gobernador Jorge Obeid fue una de las más beneficiadas en toda la Argentina por las decisiones de Néstor Kirchner en cuanto a la distribución de los ATN. Se giraron unos cuatro millones de pesos más, según informó el propio Ministerio del Interior de la Nación, y junto a Córdoba (dos distritos con un importante peso electoral), se ubicó al tope de las preferencias K.

El punto central en debate es la alta discrecionalidad con la que se manejan fondos que todas las provincias ayudan a constituir pero que llegan a los pueblos y ciudades mediante gestos políticos específicos de la Nación. Muestra de ello son los primeros ocho meses de gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social en Santa Fe, encabezado por Hermes Binner. Ni bien el socialista se instaló en la Casa Gris, los ATN empezaron a llegar pero con una fuerte y evidente “dedocracia”: de 35 subsidios enviados, 34 fueron a parar a municipios y comunas administradas por dirigentes justicialistas.

El ultrakirchnerista Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados nacionales oficialistas, habló con Pausa sobre la distribución de los ATN. Y lejos de llamarle la atención –cuanto menos– que 2,7 millones de pesos se repartieran, desde el 28 de diciembre de 2007 a la fecha, sólo en localidades con gobiernos justicialistas, contra los 15 mil pesos que recibió una comuna administrada la UCR, atribuyó la inquietud a un “prejuicio” periodístico. El legislador también explicó lo fácil que resulta obtener un Aporte del Tesoro Nacional sin más trámite que una pequeña molestia.

La información que transparentó la enorme preferencia política que los K tienen para distribuir recursos salió del gobierno santafesino, luego de que el Poder Ejecutivo hiciera público cuatro decretos rubricados por Hermes Binner (Nº 1.792, Nº 1.793, Nº 1.794 y Nº 1.883) en los que se da conformidad a la llegada del dinero para las localidades consignadas –a dedo– por el Estado nacional. El papel de la actual administración provincial se resume en esa actividad: dar conformidad al pago de los ATN, pero la publicación en el Boletín Oficial de los decretos también desnudó que es la primera vez en muchos años que se informa hacia dónde se giraron los fondos.

No es un dato menor. A lo largo de los últimos cuatro años, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (ex ARI, hoy del bloque SI en el Frente Progresista), presentó varios pedidos de informes en la Cámara baja para que el Ejecutivo santafesino (durante la gestión de Obeid) diera a conocer el monto y el destino de los ATN ejecutados, pero sus inquietudes nunca fueron respondidas sino hasta hace un par de semanas –y por técnicos de la actual gestión. Gutiérrez todavía está tratando de rearmar la información, que es voluminosa, pero ya advirtió la preponderancia de comunas y municipalidades gobernadas por el PJ en cuanto a la recepción de fondos.

REPARTO A DEDO. Los ATN se conforman con la suma del 1% del total de la masa neta de la coparticipación; a eso se agrega el 2% de la recaudación que se consigue por el impuesto a las Ganancias, según la ley 24.073, y otros 20 millones de pesos anuales correspondientes también a la recaudación de Ganancias, según la ley 24.699. Por último, se suma a la conformación de los ATN el 1% del 93,7% de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales, según la ley 24.699.

Según el ministro de Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, la provincia aporta unos 90 millones de pesos por año para constituir los ATN, pero la Nación se queda con la mayor porción de esa masa. Al respecto, el Ministerio del Interior señaló que, durante 2007, se enviaron a las distintas localidades del territorio 8.310.000 pesos, unos cuatro millones de pesos más que en 2006; por lo pronto, no se informó a qué localidades (ni de qué color político) beneficiaron los aportes millonarios.

El diario La Nación indicó que el año pasado las 10 provincias más favorecidas por el reparto fueron Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Incluso, como marco de referencia de la historia reciente, remarcó que durante el gobierno menemista se giró casi todo lo recaudado de los impuestos que computan a los ATN a las provincias, lo cual siempre generaba polémica ya que, en algunos años, se superaron los 400 millones de pesos dólares.

No obstante, y a pesar de haber aumentado el envío de ATN a las provincias en los últimos dos años, el gobierno nacional transfiere un porcentaje mínimo de los fondos que recauda para distribuir a los distintos distritos del país, tal como se quejó Sciara.

A modo de casos testigos de la discrecionalidad del reparto y de la concentración de los recursos, el matutino porteño también informó que en 2007 –mientras Santa Fe como segunda provincia argentina recibió 8.310.000 pesos– a Entre Ríos, comandada hasta el año pasado por el kirchnerista Jorge Busti, se giraron 9.980.000 pesos: más del doble que el año anterior. Chaco, entonces gobernada por el radical Roy Nikisch, recibió 4.480.000 pesos, un millón menos que en 2006. Para el formoseño Gildo Insfrán, también alineado a la Casa Rosada, fueron 12.150.000 pesos: más del 470% con respecto de 2006.

Fue el propio Binner el que también se quejó y ahondó las sospechas sobre cómo se distribuyen los ATN. “Hay un ojo que mira más a los gobiernos del mismo color político”, dijo el gobernador, y reconoció el trato desigual que experimenta su administración por no ser peronista: “El gobierno (nacional) destinó aportes para los productores algodoneros que están atravesando una situación difícil y a Santa Fe le otorgó dos millones, mientras hubo 40 y 12 millones para otras regiones. Pero igual, nosotros aceptamos esa suma y la vamos a distribuir a quienes trabajan en esa producción en el noroeste de la provincia”.

También en la semana el mandatario dejó de lado su habitual tono pausado, durante la presentación de la nueva propuesta salarial para los trabajadores públicos, para caerle encima al matrimonio K por sus modos de utilizar los recursos económicos. “Imaginemos que necesitamos alrededor de 1.200 escuelas secundarias para cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria; pensábamos que del Plan 1.000 Escuelas (un programa nacional) nos podían tocar a Santa Fe 100 escuelas (pero) en esta primera licitación hay solamente tres escuelas para la provincia. Estamos viviendo el momento más agudo y más difícil del neoliberalismo, por cuanto es un Estado que descentraliza las cuestiones sociales y centraliza los recursos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar cumplimiento a esas obligaciones si no se nos transfieren también los recursos para poder llevarlas adelante?”.

PARA ROSSI SON UNOS PESOS. Conocida la noticia de que 34 localidades sobre 35 que recibieron ATN son gobernadas por el justicialismo, los propios justicialistas empezaron a mirarse entre sí para ver a quiénes benefició la gracia K. La primera lectura que hicieron varios dirigentes –principalmente los senadores reutemanistas– es que la mayoría de los intendentes y presidentes comunales que accedieron a los subsidios (no reintegrables, por cierto) están alineados políticamente, desde hace un tiempo considerable, con el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi. Pausa lo consultó sobre el tema, que ya derivó en un par de pedidos de informes, incluso en el Congreso Nacional.

–Se conocieron cuatro decretos por los que la provincia distribuye los ATN. Hay 35 localidades beneficiadas de las cuales 34 son del PJ, ¿esto tiene algún tipo de lectura política?

–Me parece que no –respondió Rossi–. Hace dos semanas yo estuve en la ciudad de Santa Fe presentando un plan importante para la zona oeste de la ciudad, que es del Promeba (Programa de Mejoramiento Barrial), con un aporte de 16 millones de pesos. No conozco los decretos, pero casi aseguraría que la suma de los tres o cuatro decretos no llega a los 16 millones de pesos y esos 16 millones de pesos están puestos en una Municipalidad que no pertenece (sic) al Partido Justicialista. Yo diría que las dos últimas iniciativas, en cuanto a Programas de Mejoramiento Barrial, en las que trabajé para gestionarlas y acercarlas, son estas de Santa Fe y de Villa Constitución: dos intendentes que pertenecen a la Unión Cívica Radical. Así que me parece que no hay que hacer ninguna lectura secundaria. Habrán sido intendentes que lo habrán pedido; quizás los otros no lo pidieron.

–¿Esa es toda la explicación?

–No, no. Lo que quiero decir es que no hay que hacer ninguna lectura secundaria. Por lo que yo sé, los ATN son siempre montos muy pequeños.

–Hay de 200 mil pesos...

–Bueno, debe ser el más alto; después hay en general de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil pesos: sume y compare con los 16 millones que se le entregó al intendente de Santa Fe en este Programa de Mejoramiento Barrial y entonces se le van todos los prejuicios que tiene dando vueltas.

–¿Y cómo se obtiene un ATN?

–Se le pide al Ministerio del Interior. Usted eleva una nota al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior hace las evaluaciones correspondientes.

Luego de que trascendiera la información sobre el trato preferencial que pueblos y ciudades gobernadas por justicialistas tienen para conseguir ATN, una de las diputadas nacionales por Santa Fe, la socialista María Elena Martin, elevó un pedido de informes sobre “el supuesto reparto discriminatorio de partidas de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, en detrimento de las localidades santafesinas gobernadas por partidos diferentes al Frente para la Victoria”.

“En el año 2007 la provincia de Santa Fe aportó aproximadamente 80 millones de pesos para la formación del referido fondo, habiendo recibido en total escasos aproximadamente 8 millones de pesos, con destino sólo para algunas de sus localidades, sin respetarse esenciales criterios de igualdad que deben regir para la distribución de los mismos”, dijo la legisladora socialista, y añadió: “Algunas localidades claman porque no pueden llegar, no son oídas por el ministro del Interior (Florencio Randazzo), que ha desarrollado la práctica de asignar por sí el destino de los fondos”.

“Si la distribución de fondos del Estado es en todo momento una cuestión de suma responsabilidad, las circunstancias de desastre y emergencia que viene atravesando la provincia de Santa Fe tornan esta cuestión de particular significación humana. En efectos, las referidas circunstancias patentizan con mayor crudeza la injusticia y arbitrariedad de determinadas preferencias y la ignominiosa discriminación entre localidades de una misma provincia, efectuada en la distribución de ATN por parte de un ministro de la Nación respecto de fondos que se detraen a la provincia”, agregó la diputada, y luego recordó que el artículo 16 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley”, por lo cual no debieran de existir las preferencias.

LA IMPRONTA DE LOS 90. Hoy las dos están alejadas de Elisa Carrió, pero a mediados de 2002 las entonces diputadas nacionales del ARI Graciela Ocaña (hoy ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner) y Alicia Gutiérrez (actual diputada provincial) presentaron documentación ante la Justicia Federal donde se indicaba que entre los principales beneficiados con los ATN entre 1990 y 1999 figuraban algunos obispados de la provincia y sectores vinculados al ex gobernador Carlos Reutemann y al ex senador nacional Jorge Massat.

Los Aportes del Tesoro Nacional fueron creados el 26 de enero de 1988, a partir de la ley 23.548 de Coparticipación Federal, que en su artículo tercero reconoce la necesidad de los mismos “con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los distintos gobiernos provinciales”.

Pero de acuerdo a la presentación que hicieron en aquel momento las ex diputadas del ARI ante la Justicia –y también en el Congreso Nacional– surge que “una situación de emergencia puede definirse como aquellos casos no previstos o accidentales donde se haga indispensable la actuación inmediata. La emergencia puede producirse por motivos naturales o artificiales, tal el caso de catástrofes, epidemias, desastres naturales, accidentes graves provocados por la naturaleza o por factores humanos”.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció a Pausa que en la gran mayoría de los casos el dinero de los ATN no fue utilizado para “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales” sino para arreglar plazas a precios exorbitantes en diferentes localidades, en el mejor de los casos.

Entre 1990 y 1999, la provincia de Santa Fe recibió 81.094.915 pesos dólares en concepto de ATN. Durante la administración de Fernando De la Rúa, llegaron 14.676.000 pesos dólares. En porcentajes, Santa Fe fue más favorecida durante el corto mandato del ex presidente radical, porque los montos asignados al territorio representaron el 7,8% del total, mientras que sólo llegaron al 3% en la gestión del riojano.

Entre los datos que aportaron Ocaña y Gutiérrez –hace más de seis años– figura que durante 1993 hubo 8.144 millones de pesos dólares destinados al “equipamiento policial” a través de las resoluciones 160, 697 y 803. En abril de 1999 se destacó la llamada “dinamización productiva regional, destinada al proyecto de Hilandería Tejeduría Recotex de la Municipalidad de Reconquista” por 200 mil pesos dólares. Y en mayo de 1995, hubo fondos para 48 municipios “solicitados por el gobernador Carlos Reutemann” por 500 mil pesos dólares.

Otro sector beneficiado con los ATN durante la década del 90 fue la Iglesia santafesina. En su momento, las legisladoras informaron sobre las importantes sumas de dinero –unos 340 mil pesos dólares en total durante esa década– destinadas a parroquias, misiones y arzobispados, como los de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Reconquista.

Publicado en Pausa #16, viernes 29 de agosto de 2008.

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viernes, 22 de agosto de 2008

Pasajeros en trance



Los concesionarios del servicio de colectivos dicen que el último aumento no estuvo a la altura de sus “necesidades” y que se debería volver a ajustar el precio del boleto. Barletta lo descartó de plano. La Sociedad de Taxis ya había hecho su jugada: subió la tarifa casi sin avisar. De trasfondo: inflación, incrementos salariales y una injusta distribución de los subsidios por parte de la Nación. El gobernador reiteró el reclamo apelando, precisamente, al caso del transporte.

Los pasajeros de los diferentes medios de transporte público vuelven a ver el fantasma del aumento en las tarifas, aunque desde las esferas oficiales se esmeren en descartar esa posibilidad. La crisis en la que está sumido el sistema completo de este (por sobre todas las cosas) servicio público se acentúa cada vez más. En la semana retornó a la palestra una vieja película que, lamentablemente, se repite cada vez más a menudo: en el más absoluto silencio aumentó el taxi y, casi como una reacción en cadena y un eco llegado desde Rosario, los empresarios que regentean los colectivos presentaron un pedido formal para que el boleto siga los mismos pasos.

Los taxis ya tienen un viaje mínimo que creció de $2,20 a $2,50 y de 22 a 25 centavos cada ficha. Los empresarios de –casi– todas las líneas del transporte urbano pidieron (en forma de exigencia) que por el boleto plano los usuarios paguen $1,90, cuando el último aumento había llevado el pasaje a su precio actual: $1,50. El tema es tan sensible que hasta el gobernador Binner pidió más equidad en los subsidios que llegan al sistema, para que no sea siempre el pasajero la variable de ajuste. También el intendente Mario Barletta debió salir a formular declaraciones: dijo que el Ejecutivo municipal no está estudiando ningún aumento.

Sin embargo, los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) coinciden en que la tarifa debe “retocarse” argumentando que los insumos aumentaron y que los aportes de dinero de la Nación llegaron recortados.

La únicas dos empresas que no firmaron el pedido son las que explotan las líneas 2 y 13. La primera pertenece a Continental, también concesionaria del corredor que cubre el trayecto Sauce Viejo-Los Zapallos, mientras que la segunda recientemente fue otorgada a otra firma y es la que cubre el trayecto hacia Alto Verde. Desde la Municipalidad ya habían dispuesto, entonces, la equiparación de la tarifa de esa empresa a las demás del sistema urbano; antes era diferente: por el traslado hacia Alto Verde o desde ese distrito al centro los usuarios pagaban tarifas más caras.

NO DE NUEVO, DECÍA, NO DE NUEVO... Los empresarios del transporte volvieron a hacerlo: solicitaron explícitamente, por medio de una carta presentada en la Municipalidad, un incremento en la tarifa plana del boleto. La cifra pedida provoca más que un susto, quizás en algunos casos hasta indignación: pretenden que la suba sea de 40 centavos.

Desde el Ejecutivo local, el intendente y su subsecretario de Transporte, Sergio Ludueña, frenaron y congelaron –al menos por el momento– la intranquilizante solicitud. “Con el estudio que hemos realizado se determinó el boleto que está vigente, y entendemos que no hubo aspectos que obliguen a revisar la circunstancia por ahora”, dijo Mario Barletta ante la prensa.

Por su parte, Ludueña opinó: “No tenemos indicadores que digan que se requiere un aumento de tarifa”. Sin embargo, y sorpresivamente, desde la UTA, su secretario general Osvaldo Agrafogo avaló el pedido de los empresarios: “Pensamos que la tarifa debe retocarse o, por lo menos, repensarse por parte del municipio, pero se necesita un estudio serio”, dijo a Pausa.

Los firmantes de la nota presentada por mesa de entradas municipal son Sergio Juárez (gerente de Transporte San Gerónimo SRL), Daniel Vidal (socio gerente de la empresa 7 de Marzo SRL) y Rubén Platini (gerente de la Empresa Santa Fe SRL), quienes representan las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18: 11 de las 13 que conforman el sistema de transporte público urbano.

El pedido cayó como un baldazo de agua fría, y más luego del último incremento lo sufrieran los pasajeros en marzo pasado, cuando la tarifa trepó de $1,30 a $1,50.

Los taxis ya habían aumentado sus tarifas unos pocos días antes: el 17 de agosto. El viaje mínimo (mil metros) pasó a costar $2,50, mientras que la ficha cada 130 metros ahora tiene un valor de 25 centavos. La medida, tomada por resolución municipal, fue solamente comunicada por la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe en un más que escueto comunicado, sin brindar ningún detalle ni argumento de la suba y apenas horas antes de que entrara en vigencia.

Unos días después, Alberto Scarpa, presidente de la entidad, dijo que la readecuación de la tarifa “era más que necesaria y debería ser más todavía, pero respondiendo a la situación social tenemos que tratar de mantenernos dentro de estos valores para que la gente nos siga tomando”.

EXIGEN UN FAVOR. La misiva presentada por los empresarios de los colectivos incluye un detallado informe que revela la (según ellos negativa) situación financiera por la que atravesaron las firmas del transporte urbano de pasajeros en el período que va de enero a julio de 2008. En el informe, los firmantes vuelven a sostener que el desfase equivale a una pérdida de 24 centavos por cada pasajero transportado, “lo que produce una situación de grave desfinanciamiento de nuestro sector”.

El estudio es acompañado por una proyección de costos e ingresos a diciembre de 2008, formulada sobre la base del recupero del desfase mencionado, el recálculo de los subsidios nacionales disminuidos y los incrementos de los costos (obligados y estimados) que demandan un incremento tarifario del boleto plano en 40 centavos: un 26% más que la tarifa actual. (El último aumento, registrado en marzo, fue del 13%).

En una forma un tanto imperativa, los empresarios solicitan que “se provea lo necesario para proceder al incremento solicitado y además realice un seguimiento mensual de los costos del sistema en lo que resta del año para obtener de inmediato el reestablecimiento de los desequilibrios que se produzcan”. El pedido parece interminable y es decididamente repetido: “Queremos aumentar el boleto”. Pero es rara la conjunción de fundamentos: por un lado, los empresarios aducen que no recaudan lo suficiente para mantener intacta su rentabilidad, pero por el otro compran unidades nuevas (compromiso que destacan en la carta) y no piensan –o al menos no lo dicen– en abandonar una empresa que hace ya mucho tiempo que viene dando pérdidas, lo cual los transforma en una suerte de empresarios que, ante todo, pretenden mantener un servicio público en pie... eso sí: cada vez más caro.

La ola del pedido de incremento de la tarifa plana parece llegar como un eco desde el sur de la provincia, en donde los aumentos del boleto siempre preceden a los que se dan en la capital provincial. Los pasajeros rosarinos debieron soportar dos incrementos de la tarifa plana en los últimos seis meses (de $1,10 a $1,40 y de allí a $1,60) con los mismos argumentos de cada lado del mostrador. Por parte de las autoridades se hacía hincapié en la necesidad de contar con una mayor cantidad de subsidios. Desde el lado empresario se escuchaba el poco original “no nos alcanza para pagar los salarios”.

Tal es así que el pasado 31 de julio, en una tensa –y por momentos violenta– sesión, el Concejo rosarino aprobó el último incremento y fijó el costo de subirse a un colectivo en $1,60; las imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes que se acercaron a las barras del Concejo para oponerse –sin­éxito– al aumento recorrieron los medios de toda la provincia.

UNA PELÍCULA QUE VIMOS TODOS. El argumento que utilizan los empresarios que firmaron la carta presentada ante Barletta, como punta de lanza es que “el incremento de los costos, especialmente los salariales (con las correspondientes cargas sociales) que operarán a partir del mes entrante venían deteriorando la ecuación económica general del sistema”. Es decir: otra vez oponen los salarios de los trabajadores como principal argumento de la suba pretendida. Pero ese no es el único argumento, como se verá más adelante.

El pasado 11 de marzo, antes del último incremento y como si fuese un calco de situaciones anteriores y posteriores, Susana Capalbo, representante de la empresa Transporte San Gerónimo SRL, mantuvo un encuentro con las autoridades, a quienes anunció la presentación de un estudio de costos. “En estas condiciones el precio del boleto debería subir a $1,50 como mínimo”, dijo en esa oportunidad Capalbo.

Previsiblemente, también repitió argumentos: “Estamos pidiendo aumento de tarifa porque, si no, no se puede hacer frente a los costos y a los 300 pesos de aumento salarial al básico que debemos pagar”. Las declaraciones de Capalbo fueron durante los primeros días de marzo; luego sobrevino el aumento del boleto y, ahora, el incremento salarial vuelve a ser invocado por los empresarios entre sus argumentos.

En la carta que presentaron al intendente, ingresada el 19, a modo de lamento los gerentes sostienen: “El (último) incremento que se dispuso fue muy inferior al solicitado por las empresas que estimaron en aquel entonces que el precio debió trepar a entre $1,66 a $1,75”, pero la gestión Barletta llevó la tarifa plana a $1,50.

Para los empresarios, el precio actual del boleto resulta exiguo: aseguran haber sufrido un déficit, en los siete primeros meses del año, que alcanza los $3.655.314 y que –siempre según los representantes de las firmas concesionarias– derivó en un paralelo incremento del endeudamiento empresario por cifras similares. De alguna forma, los empresarios hacen responsables a las autoridades del crecimiento de esta deuda porque no se cumplió con las estimaciones de costos confeccionadas para el incremento de la tarifa. Además, sostienen que no se produjo el incremento previsto en la cantidad de pasajeros transportados y que los subsidios recibidos desde la Nación fueron inferiores a los establecidos en la fórmula utilizada para efectuar los cálculos.

Para el caso, la suba de la tarifa de los taxis permite ver coincidencias y diferencias con los argumentos de los empresarios de colectivos. “Un estudio de tarifa arrojaría una cifra superior a los tres pesos. Ahora no estamos contemplando el cálculo de reposición de los vehículos; sólo estamos considerando el mantenimiento y el salario nuestro para poder seguir viviendo”, dijo Scarpa, el presidente de la Sociedad de Taximetristas Unidos.

De la misma forma, desde el sector colectivero refieren a la inflación: “Los costos de todos los insumos, especialmente las unidades y sus reparaciones, sufrieron incrementos por encima de todas las variables esperadas”, dice el informe entregado a Barletta. Como si fuera poco para el panorama descrito por los empresarios, a ellos también les llegó de cerca la crisis del campo. Durante los cuatro meses que duró el conflicto entre las entidades del agro y el gobierno nacional, debieron adquirir combustible a precio normal (sin subsidio) y ahora el precio del gasoil subsidiado aumentó cinco centavos.

Además, los concesionarios del servicio urbano de colectivos estimaron para el resto del año un incremento general del resto de los componentes que conforman el costo total del servicio en un 4%: un guarismo mucho menor al promedio que ellos mismos calcularon para los primeros siete meses. También hubo coincidencias desde el sector de los taxis en lo expresado en cuanto a los insumos y repuestos. “Es absolutamente real los que los empresarios de los colectivos plantean: cualquiera que tiene auto se da cuenta, o si se arriman a cualquier lugar de venta de lubricantes y demás van a confirmar que hubo aumentos del 20 al 30% en lo que va del año”, aseguró Scarpa. Estos fundamentos también fueron refrendados por el conductor de la UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo.

Aunque todavía sea demasiado temprano para pensar en la posibilidad de que peligre el pago de los sueldos y, como consecuencia, se avive la idea de una huelga, si es que no hay incremento del boleto, Agrafogo dijo: “Los comentarios siempre están; cada vez que suceden estas cosas, parece que los sueldos son el parámetro para evaluar la situación, pero oficialmente no tenemos nada”.

Sin embargo, el subsecretario de Transporte Sergio Ludueña refutó de manera contundente dos de los argumentos: el incremento salarial y la influencia del conflicto agropecuario. “Si bien se trata de dos aspectos en los que la Municipalidad no tiene ninguna incidencia, igual tenemos que afrontarlos. De todas formas, en los subsidios hubo aumentos respecto del año pasado y no hubo nuevas paritarias, por lo que las previsiones salariales están incluidas en la última tarifa aprobada por el Concejo Municipal”, aclaró. De esa forma, echó por tierra la posibilidad de una suba del boleto. Y le contestó a los empresarios: “Un aumento de tarifa no significa un aumento de ingresos para las empresas, porque deja de ser atractivo y la gente comienza a buscar medios alternativos de transporte”.

LA SALVACIÓN. La proyección efectuada por los empresarios de los colectivos, además de incluir una tarifa más cara ($1,90) para el boleto plano, se basa en “una nueva ecuación que mantendría el equilibrio del sistema” siempre y cuando se mantenga el promedio de pasajeros del período enero-julio. “Se podrá mantener el sistema en equilibrio para poder seguir cumpliendo las características de regularidad y continuidad que pretendemos”, dicen los concesionarios del servicio.

Y a modo de pedido de auxilio solicitan “la evaluación de alternativas para compensar el déficit de los meses de enero-julio y para proceder al saneamiento del endeudamiento contraído”. En el escrito, los empresarios recuerdan más de una vez el compromiso –cumplido– de renovar la flota mediante la adquisición de 29 unidades nuevas, entre ellas las que poseen las rampas para discapacitados: “Hecho tan inédito como requerido en nuestro sistema de transporte local”, según se encargaron de recalcar.

UN NUEVO RECLAMO A LA NACIÓN. En medio del ajetreo impuesto por el paro docente, el gobernador Hermes Binner se refirió específicamente problema de la (in)equidad en los subsidios recibidos por las provincias para hacer un poco más soportable la crisis del trasporte. “No es un problema de los maestros solos, los médicos solos, los policías solos; es un problema de la sociedad en su conjunto. Se ha invertido la pirámide, en lugar de ser la base las provincias, como dice la Constitución, es absolutamente al revés. Hay que pedir dinero a Buenos Aires para ver si nos van a defender el transporte público de pasajeros dándonos el mismo subsidio que le dan a la Capital Federal. Este es sólo uno de los miles de ejemplos que existen”, dijo el mandatario a la prensa.
Antes, en ocasión de la reunión ordinaria del Comité Federal del Transporte, el reclamo había sido más explícito aún: “Que los subsidios que el gobierno nacional adjudica al transporte de pasajeros se distribuyan con un criterio equitativo y federal”, fue la moción aprobada por unanimidad.

La postura de Santa Fe, que será remitida a la Secretaría de Transporte de la Nación, fue expuesta por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Boggiano: “La cuestión es muy simple: se deben contemplar las diversas realidades regionales y generar un criterio equitativo y federal en la distribución de los subsidios. Esto que reclamamos mejorará sustancialmente la situación del transporte de pasajeros en el interior del país”.

UNA DISPARIDAD MÁS QUE MANIFIESTA. El transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano goza de aportes estatales nacionales provenientes del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional que, en el mes de junio del corriente año, llegaron a los 205,5 millones de pesos. Sin embargo, a la provincia de Santa Fe se le otorgaron 6,7 millones; a Córdoba, 7 millones; a Mendoza, 5,5 millones; y a Tucumán, 4,1 millones. De acuerdo a la información oficial nacional, también se advierte que la suma de los fondos por los impuestos al gasoil y de los aportes del Tesoro Nacional arroja un total de 13 mil pesos para cada colectivo que circula por Capital Federal; de $ 10.474, en el Gran Buenos Aires –área mayor al conurbano– y de $ 4.907 en Santa Fe.

Publicado en Pausa #15, viernes 22 de agosto de 2008.

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viernes, 15 de agosto de 2008

Una cultura de la soledad


Por Ezequiel Nieva

Están a un paso de ser la nueva camada de profesionales de la ciudad y eligen pasar sus horas de ocio encerrados. Una docente universitaria propone, primero, mirar hacia adentro para entender el fenómeno. También opina de un funcionario provincial.

“La actividad cultural fuera del hogar es muy baja”. Esa es una de las conclusiones a las que arriba un informe realizado por un grupo de docentes y estudiantes universitarios acerca de los hábitos y los consumos de estudiantes de carreras de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como parte del proyecto llamado “Arte y técnica en la cultura joven contemporánea”, dirigido por Claudia Kozak, se entrevistó a 300 estudiantes de Ciencias Económicas, Humanidades, Ingeniería Química, Ciencias Agronómicas y Comunicación y Educación, entre otras.

Música, televisión, radio e Internet son las prácticas más habituales. Ocho de cada diez universitarios escucha música todos los días; no hubo ninguno que dijera que “nunca” lo hiciese. Sólo el 13% de los encuestados no tiene PC: es el segundo electrodoméstico en importancia, después de la TV (6% no la posee). En ese universo, una PC prácticamente implica la conexión a Internet: sólo un tercio de quienes tienen la computadora no tienen la conexión. Otra de las conclusiones del trabajo indica que uno de los principales consumos culturales fuera del hogar también es, precisamente, Internet. Apenas el 2% de los estudiantes consultados dijo que “nunca” se conecta.

El 42% de los encuestados no poseen conexión hogareña (la cifra incluye, obviamente, a quienes no tienen PC). De ello surge que cuatro de cada diez estudiantes eligen salir de sus casas para conectarse, “hecho que se produce aún cuando haya un 13% que ni siquiera tenga la PC en la casa”, según remarca el informe, que además da cuenta de que en la mitad de los hogares de los futuros profesionales hay al menos dos televisores. Mirar la tele y escuchar música (sobre todo en la PC, al mismo tiempo que se navega o se chatea) son, entonces, los hábitos más repetidos puertas adentro. Fuera del hogar, sigue el informe, “el espacio de consumo cultural más importante es el ciber”.

ACCIÓN UNIVERSITARIA. “No se trata de jerarquías de unas tecnologías culturales en desmedro de otras, sino de qué se hace con ellas”, opina Adriana Falchini, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, que dicta cátedras y dirige proyectos de investigación cuyo objeto es la escritura. “En general los libros, el arte y el cine permiten construir un mundo historizado en el que participa la inteligencia, la percepción y también las emociones”.

Falchini parte de un concepto de “cultura” en relación a enterarse de lo que sucede, lo que atraviesa un momento histórico, pensarse como sujeto activo del conocimiento y, por lo tanto, pensar las relaciones del mundo del conocimiento con lo que se elabora en otros espacios. Consultada sobre los datos que surgen del informe, aclara primero: “Yo pienso que dan cuenta de un recorrido de ciertos jóvenes, no pocos, sin duda, preocupados por otra cosa antes que la cultura”.

Y luego apunta sus preguntas hacia el mismo espacio, la universidad: “¿Cuánto de ese mundo privado es fortalecido en las instituciones dónde ellos se forman? Las formas de la cultura y la política en las universidades son un esfuerzo para profesores y estudiantes que las quieran promover. Me refiero a participación en los centros de estudiantes, la organización de eventos, exposiciones, congresos juveniles, la creación de espacios propios en relación a temas o perspectivas del conocimiento, la formación de grupos de estudio o de investigación. Estas son formas de trabajo que necesitan la conformación de grupos, la discusión de identidades, la puesta pública de las ideas y prácticas”.

POLÍTICA CULTURAL. A poco de asumir, el gobierno provincial organizó una serie de actividades culturales en Plaza de Mayo: fue el primer acto público en un escenario que, hasta unas pocas semanas antes, estaba separado de la Casa Gris por un vallado, gris también, y un poco oxidado.

Se llamó “La Plaza de la Casa” y, bajo el ineludible espíritu de las kermeses de los '40 y los '50, logró convocar durante tres sábados consecutivos a una inusual multitud. “Si bien fue una acción de tipo inaugural, nos permitió expresar en ese momento una gran cantidad de ideas que, en alguna medida, sólo pueden mostrarse en forma eficaz y elocuente de esa manera: con acciones en donde la gente se pueda involucrar de muchas formas distintas, incluido el aspecto emocional”, recuerda el secretario de Industrias Culturales de la provincia, Pedro Cantini.

“Es una política general, y lo seguirá siendo. Pero a las políticas en el espacio abierto hay que verlas en el verdadero espacio abierto de toda la provincia, que es extensísimo. Es muy probable que de las acciones que se producen en distintos puntos (del interior) de la provincia los habitantes de las ciudades de Santa Fe o de Rosario ni se enteren”.

Por eso, una de las políticas centrales de su programa es el estímulo a los realizadores que se dediquen a acercar los –por ahora– dispersos fragmentos de ese ente que podría definirse como “cultura santafesina”. Partiendo, claro, de un diagnóstico que está en la misma línea que la investigación sobre los hábitos culturales de los universitarios, pero más extendido. “Lo traíamos de antes; basados en ese diagnóstico es que diseñamos algunas políticas para el sector productor de bienes culturales: libros, discos, TV, cine, Internet. Quedaba en claro la presencia de los medios audiovisuales, como consumo privilegiado y hogareño, más al alcance de la mayor cantidad de santafesinos. Eso nos llevó a pensar que teníamos que tomar alguna decisión y arrancar firmemente con alguna acción destinada a los medios audiovisuales”.

Sobre esos cuatro ejes –libros, discos, contenidos audiovisuales (cine y TV) y nuevos soportes de circulación de cultura (Internet)– trabaja la secretaría, uno de los órganos creados por la nueva gestión dentro de la estructura del –también nuevo, al menos en rango y alcances– Ministerio de Innovación y Cultura.

De momento, el programa más ambicioso de los que están en marcha busca específicamente fomentar la producción de contenidos audiovisuales. Justamente porque, según el diagnóstico de Cantini, es a través de ese soporte que una amplia mayoría de la población elige entretenerse y, a veces también, comunicarse. Para estimular a los creadores se repartirán casi 1.200.000 pesos entre 80 y 100 proyectos, de los más diversos tipos, siempre y cuando respeten una serie de consignas.

“Largamos primero el audiovisual”, explicó el funcionario, “porque, por las condiciones de realización, las sumas de dinero involucradas son bastante más importantes que en otras actividades. En términos industriales –no estamos hablando de la creación– para hacer una película se necesita, como mínimo, diez veces más recursos económicos que para editar un libro voluminoso. Es una diferencia enorme”.

–¿A qué tipo de contenidos apunta el programa?

–Hay una parte orientada a la generación de contenidos culturales, vinculados a la región y televisables. Eso no es una casualidad: es una decisión política abrir para ese lado la cosa. Pero para que se dé en nuestra región era necesario un incentivo y un cierto direccionamiento desde un área específica del Estado. Es una primera acción; no sabemos a qué escala puede llegar. Una vez que haya sido concluida y evaluada, podremos corregirla y tener más en claro hacia donde debemos dirigirnos.

ESPACIOS. “El programa se basa en una inquietud: en ese canal de circulación de cultura (los soportes audiovisuales), en esa enorme herramienta de registro y de producción, los santafesinos tenemos muy poca presencia. Si medimos el consumo cotidiano que puede hacer cualquier persona en un hogar promedio, la cantidad de contenidos generados de una manera cercana ¿cuánto puede ser? Una media hora de informativo en uno de los 100 canales que se ven, ya no sólo en la ciudad sino en los cables del interior, que tienen un montón de canales”.

“Ese es un diagnóstico que abarca toda la provincia. Otros consumos, por ejemplo el cine o la lectura –entendida como un libro que se compra–, son diferentes. Ahí tallan otras asimetrías: una persona puede tener la intención de comprar o de leer un libro, pero no siempre tiene acceso a esa obra en la biblioteca o en las librerías, porque vive en una de las muchísimas localidades donde eso no es posible. Lo mismo pasa con el cine o con el teatro, si lo ponemos en términos de asistir a una sala”.

Para el funcionario, por lo demás, está claro que hay una incidencia directa de un fenómeno –la expansión de los medios y soportes audiovisuales– sobre el otro –la tendencia a abandonar de a poco los espacios públicos–, pero elige ser cauto en las predicciones: “Si los medios audiovisuales son hoy la herramienta privilegiada para el registro, la circulación y la producción de cultura, nosotros tenemos que trabajar ahí. Buena parte del consumo de esa producción se realiza en el hogar; no toda, pero buena parte. Eso es así; el programa de estímulo a las industrias culturales audiovisuales no es un paliativo al hecho de que la gente salga menos. Yo tiendo a pensar que los hábitos culturales son cambiantes y que nadie se retira en forma definitiva de ningún espacio cultural”.

EXPERIENCIAS. Adriana Falchini opina que la música, el arte, la vida social compartida, la generación de acciones sociales y políticas son las experiencias que identifican un modelo de sociedad que se plantee el desarrollo de los sujetos que la conforman. Aunque insiste en hacer una salvedad: “Es inevitable observar si esas experiencias (los modos de consumo de bienes culturales en la soledad del encierro hogareño) son alentadas o validadas en los espacios educativos y formadores”.

“Pese a las nuevas tecnologías y los avances en los modos de comunicación, muchas de esas actividades transcurren sin que sean advertidas por estudiantes y profesores, que transitan por las instituciones sin enterarse de nada. No hace falta estar encerrado en la casa para tener un modo privado de comportarse, claro; por ello, pienso que el estudio y la investigación son actividades públicas en su validación, incide la confrontación con la realidad”.

También Cantini había marcado aquello de los hábitos culturales “cambiantes”; para ampliar la sentencia, observa: “A veces el espacio público se vuelve muy hostil y la gente deja de circular. Una acción como la de la plaza tiene la intención de decir que el espacio público es para ocuparlo, para estar. Ahí pasan cosas que no pueden pasar en la intimidad del hogar. Quizás sea más seguro o más protegido, pero no te va a pasar lo mismo en el cuerpo o en la cabeza. Todo lo que es presencial, emocional, de contacto, no se puede reproducir en otro lugar que no sea un espacio público: por eso hay una revalorización de esos espacios como lugares de encuentro y de producción de cultura”.

La “hostilidad” aludida no sólo se representa en la “inseguridad” como tópico aglutinante de saberes y prejuicios: también puede verse en los precios del cine. El estudio encarado por los responsables de la investigación “Arte y técnica en la cultura joven contemporánea” arroja cifras cristalinas: el reproductor de DVD es usado semanalmente por casi la mitad de los encuestados.

El cine pasó de la pantalla grande a la cinta y de la cinta al disco digital. En el camino no sólo perdió el cine: “Los índices más altos de no elección se encuentran en los consumos más lejanos respecto a aquellos que poseen una réplica en el hogar: un 55% no va nunca a ver una muestra de arte y un 54% no va nunca al teatro, frente al 25% de conciertos (música) y el 30% de cine (TV, DVD). Igualmente, la asistencia a recitales y al cine es muy menor: el 49% y el 46% declara ir sólo algunas veces en el año; sólo el 5% y el 2% dice hacerlo semanalmente”, dice otro fragmento del informe.

EL MALESTAR. “La actividad cultural juvenil está cruzada por tres ejes: la distinción hogar-exterior, donde lo primero prima por lo segundo, el consumo de música, primera actividad dentro y fuera de la casa, y la mediación tecnológica del canal (...) Pero más notable es la posición pasiva (de los encuestados) al momento de ser partícipes activos de aquello que consumen: casi el 70% no realiza ningún tipo de actividad cultural”. Esa es otra de las conclusiones de la investigación que, por lo demás, da cuenta de la creciente brecha entre el consumo de cultura dentro y fuera del hogar.

Ante tal panorama, el responsable del área estatal para el fomento de las industrias culturales opina: “Sospecho que no es una señal de muy buena salud social, pero no quiero cargar las tintas. Estoy al tanto de las informaciones que marcan esa tendencia: que los jóvenes, y sobre todo los adolescentes, pasan cada vez más tiempo dentro de sus cuartos. Pero creo que tiene que ver con el cambio de ciertos hábitos culturales, que conlleva un desplazamiento de soportes. Por ejemplo: si un chico, en vez de estar una hora leyendo un libro, está una hora navegando por Internet, bajando música, chateando y buscando información, me parece que esa persona está viviendo. Se está comunicando, se está procurando las cosas que necesita en términos culturales”.

“Hecha esa salvedad”, continúa Pedro Cantini, “si la tendencia se mantuviera de ese modo, muy marcada, y nos encontráramos con más chicos encerrados cada vez más tiempo en sus habitaciones... Estaríamos ante el desarrollo de conductas que implican menos riesgos, pero no de que te pise un auto o de sufrir la violencia urbana: el riesgo de encontrarse con otros, interactuar cuerpo a cuerpo y cara a cara, la dificultad que supone tener que conocer a esa otra persona. Porque el conocimiento que se obtiene de alguien vía Internet es un seudo conocimiento, es un conocimiento de bajísimo riesgo”.

En el micromundo de lo virtual, sigue el funcionario, “no hay una conexión real”. “Nunca se sabe realmente quién es el otro, excepto que se lo conozca de la calle. El lugar donde se conoce gente es la calle: llamémosle el club, el bar, la plaza. Ese es el lugar real de contacto en donde la gente crece en el encuentro con los otros: con los pares y con los desiguales. Todo eso tensiona y puede generar un malestar; entonces, toda conducta que sólo esté orientada a reducir el malestar no sería un signo de muy buena salud. La persona que sólo se enfoca en eso no crece, no se relaciona y se pierde una gran cantidad de cosas que la vida ofrece y que están pasando afuera”.

LA QUEJA COMO TRAMPA. Por su parte, Adriana Falchini opina que es importante pensar los datos de la encuesta en el marco de su procedencia: los jóvenes que estudian en la universidad. “Creo que dice algunas cosas. Primero, que la universidad ha ido perdiendo paulatinamente la identidad que tuvo en otros tiempos como productora de cultura. Los espacios universitarios tenían la forma y la identidad que los jóvenes les impregnaban. Eran espacios en los que convivían diferentes experiencias sociales, culturales y políticas. Aunque hoy parezca mentira, hubo una universidad para los hijos de trabajadores y para los estudiantes que pensaban que el estudio no era incompatible con la política, el arte y la cultura”.

–Había una especie de “necesidad” de participar junto a otros en las experiencias culturales... ¿Cuál es tu mirada acerca del punto de quiebre?

–No tengo una visión apocalíptica de los jóvenes, pero sí creo que estamos en un momento de fuerte crisis de sentido. Todavía el ser humano tiene reflejos para comportarse en esas crisis ofreciendo resistencias y, justamente, esas resistencias son culturales. Tal vez, aunque no puedo asegurarlo, la vitalidad política en el sentido más estricto del término se haya desplazado al mundo de la cultura y el arte. Hay muchísimas experiencias de autogestión artística y cultural con protagonismo de jóvenes. Pienso que es tramposo el discurso generalizado que dice que a los jóvenes no les interesa nada o que no leen, sobre todo cuando viene de parte de sectores aparentemente muy preocupados por el tema. (El sociólogo francés Pierre) Bourdieu refería al estado de la queja como una fuerte excusa respecto de la intervención sobre los problemas. Y yo creo que es así: si tanto preocupa, no debería existir una pelea sectorial permanente por parte de los docentes en defensa de sus derechos, porque sería un tema prioritario de los gobiernos. Si tanto preocupa la cultura, sería un tema de agenda fuerte en los planes de gestión. Sin embargo las escuelas de arte, de cine, de periodismo tienen poco presupuesto. Los profesores y estudiantes sostienen con mucha voluntad y creatividad los espacios de formación.

“Las mentalidades de las personas no son cuestiones totalmente individuales”, sigue la docente de Humanidades y Ciencias. “Están en estricta relación con los consensos sociales y políticos de lo que es prioritario: la transformación de la sociedad en función de un desarrollo de las personas o la adaptación en función de unos planes más generales, que distan mucho de atender a cuestiones filosóficas y éticas, variables que deberían entrar en todos los razonamientos políticos y sociológicos”.

“Creo que, justamente por el perfil de los espacios académicos, hoy muchísimos jóvenes que alientan, participan o generan propuestas están fuera de la universidad. Y ese es un tema para pensar dentro y fuera de la institución”.

La encuesta
67% de los encuestados no realiza ningún tipo de actividad cultural. Del resto, algunos practican o estudian más de una. Como ocurre con el consumo, la principal es la música (13%), seguida de danza y talleres de escritura (6% en cada caso), teatro (5%), cine (4%), talleres de arte (3%), de expresión corporal (2%) y de fotografía (1%).

81% de los universitarios de Santa Fe y Paraná escuchan música todos los días; en parte se explica por el cada vez más masivo acceso a los soportes digitales de copia y reproducción. También son altos los porcentajes de acceso diario a la TV (66%), a Internet y a la radio (62% en los dos casos). Apenas uno de cada cuatro no posee grabadora de Cds.

84% de los entrevistados tiene, al menos, una biblioteca. Pero la lectura no es una pasión. La cifra de los que leen textos de prensa es casi igual, en términos absolutos, a la de quienes leen libros (11% y 12%, respectivamente, no lo hacen nunca). En frecuencia, la prensa es más común: 75% la lee al menos una vez por semana, contra el 56% respecto de los libros.

Publicado en Pausa #14, 15 de agosto de 2008.

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