viernes, 13 de marzo de 2009

Podría ser peor


Los industriales reclaman a la Nación por deudas que alcanzarían para cubrir hasta un año de sueldos. En Santa Fe caen las ventas, pero a un ritmo menor que el promedio.

Por Pilar Guala y Ezequiel Nieva

La crisis que azota al mundo no pasa inadvertida en la provincia. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe indican que hay unos 11 mil trabajadores afectados, 79 empresas que iniciaron expedientes preventivos de crisis y otras 105 con pedidos de auxilio económico al Estado nacional para poder pagar salarios.

“No tenemos un número claro de despedidos, porque prácticamente todos los que entran en expedientes preventivos de crisis son instituciones que no han despedido gente, donde se inicia un proceso de negociaciones”, dijo el ministro Carlos Rodríguez a este periódico. “En general se ha podido controlar la situación, salvo los despidos que se han producido en el comercio, pero presumimos que ha habido otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales; suponemos que allí sí ha habido despidos”.

De los 79 expedientes preventivos de crisis, algunos ya están resueltos favorablemente con acuerdos sobre las patronales; otros están en curso y otros directamente se levantaron sin acuerdos. “En estos últimos es bastante curiosa la situación –siguió Rodríguez–. Presumimos que se han hecho acuerdos sin presencia del Ministerio de Trabajo, tal vez a la baja, es decir con un descenso del salario, cosa que el Ministerio no puede homologar con su firma”.

Los problemas más serios se dan en el rubro metalúrgico y, dentro de éste, sobre todo en el que corresponde a la cadena de la maquinaria agrícola. “Tiene que ver con dos fenómenos –explicó el ministro–. Por un lado, la pérdida de la posibilidad de exportación, sencillamente porque los países del norte tampoco tienen crédito interno y por lo tanto no compran; por el otro, la crisis propia del agro, que ha frenado la actividad y por lo tanto las compras. Es un sector preocupante, y además se suma el no pago de las deudas contraídas por parte de la Nación con empresarios de la maquinaria agrícola: deudas de bonos y diferencia del IVA técnico. En muchos casos son más de diez meses, algo que supone mucho dinero, aunque ahora han comenzado a pagarse parte de esas deudas. Pero es tanto lo que se les debe que los empresarios afirman que si se saldan estas deudas, tendrán suficiente dinero para garantizar el pago de salarios por un año sin trabajar”.

Por debajo del sector metalúrgico asoman otros rubros en los que también golpea la crisis: el comercio, la industria de la madera, la industria del plástico. De todos modos, Rodríguez aclaró: “Son casos menores comparados con la metalurgia, que se lleva el 70% de los 11 mil puestos sobre los cuales se viene trabajando”.

En medio de este panorama, la ciudad de Santa Fe aparece como una excepción a la regla: la alta incidencia del empleo público –un nicho en el que la estabilidad está asegurada– generó una suerte de anticuerpo contra la crisis, que de todos modos se siente con fuerza en el comercio.

IMPACTO EN EL SUR. El contexto a nivel nacional no es el más auspicioso. En los últimos días la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un informe en el que se pronostican unos 200 mil despidos en fábricas. En tiempos de crisis globalizada los fantasmas, las especulaciones y los ajustes se superponen y no ayudan a aclarar el panorama. De hecho, algunos dirigentes de la UIA vienen sosteniendo públicamente que en el país se perderán un millón de puestos de trabajo, mientras aprovechan la zozobra general y exigen al gobierno nacional medidas para llevar el dólar a 5 pesos.

La escalada de suspensiones y despidos comenzó el año pasado y se hizo sentir fuerte en el sur provincial: tierras de la agroindustria, la metalurgia y las automotrices. Como productora de agroalimentos, Santa Fe sintió desde el vamos el cimbronazo. “Este es un país con gran competencia en productos agrarios, debiera poder pasar la crisis de mejor modo que otros”, opinó el ministro Rodríguez. “Y, sin embargo, vemos que la situación es grave. Hay dificultades en el sentido de que, naturalmente, se ha deprimido muchísimo la recaudación, que apenas alcanza por ahora para pagar salarios, la educación privada y para pagar algunas cosas en materia de seguridad. No alcanza para más, lo cual no quiere decir que haya habido una retracción en el pago de impuestos dentro de la provincia, sino en materia de coparticipación federal por cuanto la recaudación federal ha bajado”.

El titular de la cartera laboral santafesina prefirió no aventurar hipótesis acerca de la duración de la crisis. “Los gurúes económicos del mundo no se ponen de acuerdo ni en la profundidad ni en la duración de la crisis”. Aunque sí se permitió una lectura optimista de los últimos hechos de la realidad: “Creo que hay algunos signos interesantes y positivos, como que comience a acordarse entre el gobierno nacional y el agro algunas cuestiones. Otro aporte positivo es que la Nación le restituya el dinero que les debe a los empresarios de la maquinaria agrícola. Son dos elementos que dos meses atrás no teníamos”.

SANTA FE Y LA MEDIA NACIONAL. En la ciudad la mayoría de las instituciones coincidieron en evaluar en términos negativos el impacto de la realidad global. El titular del Centro Comercial, Tomás Vallejo, confirmó que hay “una disminución” de la actividad, puntualmente de las ventas. “Venimos haciendo un seguimiento de la evolución de las ventas a través del Observatorio del Centro Comercial y, obviamente, el tema recurrente es que en las comparaciones interanuales se observa que han disminuido”.

En febrero –último mes relevado– el promedio de esa disminución fue de un 14%, aunque en la ciudad de Santa Fe fue menor: alrededor de un 6%. Los datos surgen del informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. “Esto significa que el impacto de la masa salarial del sector público en Santa Fe nos tiene todavía con un cierto ritmo de actividad que en otros lugares del país no se observa. Incluso cuando hacemos las comparaciones con el interior de nuestra provincia observamos esa diferencia”, explicó Vallejo.

El dirigente reconoció que en la ciudad se registraron despidos por el cierre de pequeños comercios. “Han cerrado muchos que tenían uno o dos empleados, y eso ha significado una mayor pérdida de puestos de trabajo, donde no sólo los empleados han quedado sin su fuente laboral sino también los comerciantes”, siguió Vallejo. Y ejemplificó: “El rubro de los electrodomésticos tenía un ritmo de ventas muy impresionante, que se tradujo en una perspectiva de crecimiento a través de la apertura de nuevas sucursales y de firmas muy significativas que se incorporaron al mercado. Pero a raíz de la crisis, que golpeó un soporte fundamental de estos comercios por las líneas de financiación, hubo dificultades para continuar. Ahora se espera que se reabran algunas posibilidades de financiación, pero no tan extensas en los planes de pago como antes”.

Una de las características más notables en los últimos meses fue la liquidación de mercadería; Vallejo enumera dos motivos: “El cierre de negocios es una de las cuestiones que más preocupa al sector de cara al futuro, porque muchos comercios de Santa Fe anunciaron la decisión de rescindir los contratos de locación y van a cesar en sus actividades. Y la necesidad de tener liquidez y disponibilidad para los nuevos productos que lleguen, particularmente en el rubro indumentaria, ha apresurado las liquidaciones que habitualmente se dejan para fin de temporada. Se registraron liquidaciones por estas dos cuestiones: el cierre de locales o la necesidad de renovar mercadería y obtener liquidez para afrontar compromisos de pago”.

MEDIDAS A PRUEBA DE CRISIS. Algunos nuevos mecanismos que ya se utilizan en la provincia han demostrado que siempre puede haber una salida distinta a la que, tradicionalmente, se apela en tiempos de crisis: el despido liso y llano de trabajadores. “Nosotros el año pasado ya vislumbrábamos el problema y, por lo tanto, nos preparábamos para afrontarlo”, aseguró el ministro Rodríguez. “Tanto es así que las medidas preventivas que estamos utilizando las implementamos antes de que el Consejo Federal del Trabajo las viera como aptas. Por eso los procedimientos preventivos los aplicamos desde el primer día: porque presumíamos que este era el comienzo de una crisis más profunda”.

–¿En qué situación estaba la provincia cuando comenzó a expandirse la crisis?

–Lo que supimos desde el primer momento es que esta crisis internacional iba a golpear a la Argentina y, por lo tanto, a la provincia de Santa Fe. Y lo que asomó fue la importante crisis del agro. Los efectos dependen, en gran medida, de las dos crisis del agro: la famosa discusión por las retenciones y la sequía.

–¿Hay sectores en los que no haya afectado la crisis?

–En todos los rubros hay gente sobreviviente. Semanas atrás hablábamos con un grupo de empresarios metalúrgicos que planteaban no tener problemas porque fabrican cosas que no pueden hacer otros y, por lo tanto, siguen vendiendo bien. Decían: “Fabricamos elementos muy competitivos en el mercado nacional e internacional y no hemos sentido la crisis”. Pero tampoco hemos sobredimensionado a las empresas, porque hay empresas que han crecido mucho y muy abruptamente y son hoy las que más problemas tienen.

EL ESFUERZO DE LOS LABURANTES. Mientras otros trabajadores ven con temor los vaivenes de la economía, desde el plano local hasta el internacional –solo durante febrero se perdieron en Estados Unidos 651 mil empleos: la cifra más alta en 25 años–, los empleados públicos y los docentes santafesinos alcanzaron un acuerdo con el Estado mediante el cual recibirán aumentos salariales de un 15% en promedio.

En medio de esas negociaciones, el secretario general de Amsafe La Capital, Oscar Lozeco, declaró: “Los maestros creemos que precisamente en tiempos de crisis es cuando más hay que hacer un seguimiento de las situaciones salariales y de las condiciones de trabajo. Muchas veces escuchamos a analistas y autoridades insistir con la posibilidad de pérdida de fuentes laborales y nos parece que eso es acentuar el análisis donde no se debiera: precisamente, si hay crisis, es a la clase trabajadora a la que más se debe proteger. No debe haber riesgos ni de estabilidad ni de pérdida salarial; lo que se debe buscar en situaciones de crisis es que las puedan soportar las espaldas económicas que la pueden soportar, que son lo que antes tuvieron grandes ganancias”.

También Alicia Ciciliani, viceministra de Trabajo de la provincia, se manifestó sobre las recurrentes decisiones de algunas empresas –suspensiones, rebajas salariales, despidos– y destacó el “enorme esfuerzo de parte de los trabajadores”, en particular los que se desempeñan en el cordón industrial del sur provincial. “Han anticipado sus vacaciones, han sufrido situaciones de suspensiones, han visto reducidos sus salarios por no tener horas extras y además la mayoría pactó un salario inferior porque trabajaban un 60 o un 70% de las horas de su jornada”.

ÉSTE BLANQUEO SÍ; ÉSE NO. En la extensa entrevista que mantuvo con Pausa, el ministro Rodríguez se lamentó por el hecho de que los trabajadores argentinos no cuenten, entre sus derechos, con un seguro de desempleo: “Este es uno de los países que no ha logrado tener un seguro de desempleo en serio. De todos modos, eso sirve sólo para el sector formal de la economía, y cuando uno tiene un país con trabajo en negro del 40%, el seguro de desempleo sirve sólo para un sector”.

En vistas de ese escenario, el ministro adelantó que Santa Fe se va a acompañar la estrategia de la Nación de intentar promover el blanqueo de asalariados “con los menores perjuicios posibles para que los empresarios”. “No vamos a adherir al blanqueo de capitales –continuó el funcionario– pero sí al de los trabajadores, porque creemos realmente que ante la crisis no podemos dejar de apuntar a tener más trabajo decente: ante más crisis, más trabajo en regla”.

–Y en este contexto, ¿se puede hablar de trabajo decente o hay que conformarse con hablar de trabajo a secas?

–Lo que pudimos observar en este período es que los primeros despidos son para los trabajadores precarios o en negro, por eso ese tipo de empleo no sirve. Yo creo que hay que hacer una apuesta a los trabajos en regla, que son los que realmente se sustentan en el tiempo. Si la crisis azota mucho, veremos qué es lo que sucede en líneas generales, no alentando el trabajo en negro sino tal vez con otras formas de trabajos comunitarios. Hoy estamos lejos y esperamos que esa realidad no venga, pero si llega esperamos estar preparados.

ENTRE TODOS. Tomás Vallejo le dijo a Pausa que el Centro Comercial está trabajando en proyectos que apuntan al crecimiento de la ciudad, “que obviamente llega al comercio también”. “Estamos compartiendo esfuerzos con la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Exterior y la Asociación de Dirigentes de Empresas en la idea de que las propuestas no tienen que ser proyectos del sector sino proyectos de la cuidad, que vayan incluso más allá de los gobiernos”.

–¿Concretamente?

–Estamos concentrando nuestro esfuerzo en lo que puede significar la ampliación del puerto de Santa Fe y su traslado al curso principal del río Paraná. Estamos con un proyecto para un parque comercial mayorista, en el cual ya contamos con un informe preliminar de factibilidad elaborado por la UTN que lo está instrumentando la Agencia de Desarrollo del Departamento La Capital. También estamos trabajando, a través de la Cámara de Comercio Exterior, en tratar de insertar a Santa Fe en el mundo. Con ADE se esta trabajando en el marketing ciudad para “vender” a Santa Fe. Con la Unión Industrial estamos trabajando en la expansión de los parques y de las áreas industriales de la ciudad y la región. Se está intentando, y de a poco lo estamos logrando, articular el esfuerzo entre lo público y lo privado en proyectos que trascienden a todos los sectores y se convierten en un objetivo de la ciudad en su conjunto.

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. Carlos Rodríguez informó que las últimas estadísticas dan cuenta de un 7% de empresas que están incorporando personal en la provincia de Santa Fe. “Desconozco el sector específico que lo está haciendo –agregó–. Pero hay elementos que ayudan. Por ejemplo, el Banco Municipal de Rosario facilitó el acceso de los trabajadores estatales a la compra de computadoras hechas en el mercado local. Ése es un mercado que se desarrolla y es el que menos ha sufrido el impacto de la crisis: el de hardware y el del software”.

–En noviembre usted dijo que había que esperar hasta marzo para tener un panorama claro sobre cómo iba a responder Santa Fe ante la crisis...

–Ahora decimos hay que hacer fuerza hasta julio –respondió el ministro–. Lo que uno no debe perder nunca es el optimismo. Hay quienes dicen que aunque las cosas sean oscuras uno no debe perder la pasión por la luz, y eso para mí es una norma de vida. Creo que nosotros tenemos que hacer lo posible para retener los empleos, para no perderlos. En eso está nuestra estrategia central: en tratar de lograr acuerdos entre trabajadores y empleadores y homologarlos para que tengan certeza jurídica. Y luego tratar de avanzar. Si ahora me preguntan hasta cuándo, yo diré que si llegamos bien a julio, pensemos a diciembre. La realidad concreta es que la crisis internacional nos golpea duramente y a eso no le escapa nadie.


Publicado en Pausa #32, 13 de marzo de 2008.
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viernes, 12 de diciembre de 2008

Ese bendito yuyo que tantas tormentas desató

Estado, distribución del ingreso y lock out: la reaparición pública del “campo”, un sujeto social que se las trae.

Fue un año muy particular para los productores agropecuarios, sobre todo de granos y cereales. El 2008 empezó con un panorama que hacía a la actividad más rentable que nunca, con precios internacionales para la soja de más de 1.000 pesos la tonelada. Semejante nivel en los precios de estos commodities se debía, más allá de la demanda, a la especulación financiera que había apuntado sus dardos a los alimentos como fuente de ganancia, cuando el resto de las actividades ya mostraban signos de debilidad. Néstor Kirchner, al final de su mandato, dispuso una suba de las retenciones a las exportaciones de cereales, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones a la soja fueron llevadas en ese momento al 35%. El entonces presidente decía que los ingresos se trasladarían a sostener el consumo ante el proceso inflacionario que secaba de a poco los bolsillos argentinos, más allá de los aumentos de sueldos.
La cosa explotó en marzo, ya con Cristina en el poder, cuando el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno impulsó las retenciones móviles, que suponían una suba escalonada del derecho de exportación a medida que los precios internacionales aumentaran. En el caso de la soja, la célebre resolución 125, que llevaba la firma del entonces ministro de Economía Martín Lousteau, las elevaba del 35% al 44%. Y si el valor internacional de la tonelada superaba los 600 dólares, el derecho de exportación superaría el 50%. En el mundo rural la medida fue tomada como un golpe bajo: la resolución se conocía al mismo momento de la cosecha de la soja, a la que se llegaba luego de haber absorbido una escalada en el precio de los insumos. El conflicto entre el gobierno y los productores comenzó como un lock out más, pero adquirió tal magnitud que se extendió durante cuatro meses, con cortes de rutas que impidieron el tránsito y causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles. El país quedó paralizado durante un tercio del año. La ausencia de espacios institucionales para que el tema sean debatido sin que la disputa se traslade al espacio público y afecte la vida del resto de los argentinos, fue patente. Ambas posturas se radicalizaron hasta el absurdo, con actos, contra-actos, carpas verdes del campo, carpas K, el ex piquetero D’Elia tomando Plaza de Mayo, De Ángeli fingiendo una cuchillada frente al Congreso... una locura sin frenos a la que el voto “no positivo” en el Senado del hasta ese momento invisible vicepresidente Julio Cleto Cobos puso un momentáneo final.
Hoy, pocos después de aquella tragicomedia, en un escenario diferente, con los precios de las materias primas en descenso (la soja llegó a valer en Chicago menos 300 dólares), el gobierno anunció una baja en las retenciones al trigo y al maíz y ya se rumorea una baja en el derecho de exportación a la soja, de momento desmentida. Las vueltas de la cuestión: en todos los casos la baja hubiera sido mayor con la movilidad que la 125 ofrecía.
El gobierno nacional critica el monocultivo, pero no ha aplicado políticas que vayan en otro sentido. La gestión K en gran medida se ha sostenido con los ingresos de las retenciones al campo, un espacio donde mandan los pooles de siembra y los rentistas por sobre los campesinos. Quizás hasta que discurso y acción no vayan de la mano, las tormentas se seguirán sucediendo.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una deuda atroz

Desnutrición y pobreza castigan a Santa Fe.

El hambre es siempre urgente. En la provincia de Santa Fe son seis mil los niños con desnutrición crónica. Y en la ciudad, el 70% de los menores de 18 años vive bajo la línea de la pobreza, según datos de María Claudia Albornoz, dirigente de barrio Chalet. Allí hay 19 menores de seis años, de bajo peso, mientras que 23 están en vigilancia. En Varadero Sarsotti hay 40 niños desnutridos, también menores de seis años, de los cuales 16 son agudos. En San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. Según el Poder Ejecutivo municipal, el 50% de los chicos santafesinos menores de 14 años vive en la pobreza. A la cifra de 70% se llega al agregar a aquellos que tienen entre 14 y 18.
“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad, se supone que los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos. En algunos casos, llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advirtió Albornoz.
Por el mes de mayo, una veintena de instituciones pusieron manos a la obra y comenzaron a debatir acerca del hambre. Se dio inicio a “una búsqueda creativa y colectiva de estrategias de acción”, para además “demandar soluciones a quienes tienen responsabilidad directa en las mismas”.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población-país es pobre”, pasó otra vez por esta provincia y esta ciudad. Alertaron que nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza y que la mitad son indigentes, que hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa y que el 45% de los pibes de la capital de Corrientes son desnutridos.La gran coincidencia entre varios sectores políticos y sociales indica tanto una falta como una incapacidad: en Santa Fe, una provincia rica y productiva, no puede haber hambre.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La ruta que nadie corta

Las autopistas líquidas, el medioambiente y el exilio de las vacas.

Tuvieron que hablar en Barcelona los ecologistas santafesinos para recordarnos que el modelo económico de la región –y que este año, quizá por primera vez, comenzó a ser discutido– tiene sus consecuencias sobre el medioambiente. Para el caso –durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza– hablaron de IIRSA: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, también conocida como el ALCA de las elites del Sur. Consiste en ampliar al máximo las posibilidades de transportar las materias extraídas de la naturaleza.
Más allá de las inversiones que dirigidas a multiplicar las rutas terrestres –la ampliación de la ruta 168, entre el Túnel y Santa Fe, es un ejemplo cabal–, IIRSA persigue la idea de contar con 400 kilómetros de ríos que se pretenden hacer totalmente navegables las 24 horas del día, todo el año. Por las autopistas líquidas ya circulan convoyes de hasta 20 bracazas.
Objetivo: reducir costos. Para ello, realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las que se incluyen enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación seca y construcción de puertos y obras de infraestructura en las riveras. En Rosario ya se hizo el dragado, por ejemplo. El principal cuestionamiento es que no se realizan los necesarios estudios de impacto: el dragado habría producido el derrumbe de viviendas de las costas, como se vio hace algunos años en la ciudad del sur provincial, con saldos fatales.
La ONG santafesina Proteger organizó un taller en Barcelona, donde se abordó la problemática desde la perspectiva de los “impactos sociales y ambientales” de estas obras; advirtieron que casi siempre se procede sin consultar a las comunidades locales. Agregaron: que los trabajos “amenazan ambientes irremplazables con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas, para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades”. Por las aguas del río Paraná navegan los granos cosechados en la región que abastecen la incipiente industria de los biocombustibles, cuyo desarrollo descontrolado amenaza –según remarcan los entendidos– la seguridad alimentaria de quienes habitamos estas tierras.
“Nos enfrentamos a una competencia entre los 800 millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir. Los supermercados y las estaciones de servicio ahora compiten por los mismos recursos”, señaló en su momento Lester Brown, fundador del instituto World Watch. La alusión es obvia: habla del panorama que se abrió con la fiebre del biocombustible. La superficie dedicada a la soja lo corrobora: se duplicó en apenas cuatro años. No fue gratuito, en casi ningún sentido del término; a las más conocidas derivaciones de la expansión también puede sumarse el desplazamiento de ganado a las islas: en las ubicadas entre Entre Ríos y Santa Fe hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos. Es el 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino del país, 50 millones.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El curso de una exigencia

Derecho al agua: ONGs locales quieren darle rango constitucional.

Este año la sequía golpeó fuerte el norte provincial. La población de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera debió ser asistida con agua de camiones cisternas y en la zona rural murieron 200 mil cabezas de ganado. Racionalizar el uso del recurso fue una de las premisas del gobierno al crear el ministerio de Aguas, además de garantizar el suministro a todos los santafesinos.
Hoy, 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas están en Santa Fe. En sintonía con el pueblo uruguayo, que cuenta desde 2004 con este derecho en su Carta Magna, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua de Santa Fe propuso durante el año no sólo modificar la ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de la provincia un artículo similar al del vecino país.
La Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) fue más allá y planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600.000 ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas. Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.En ese sentido, desde el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, anunciaron que el 12 de enero de 2009 se licitarán tres acueductos para suministrar agua potable de calidad a una gran cantidad de santafesinos del centro-sur provincial e informaron que ya están terminados los proyectos de nueve acueductos más para el resto de la provincia.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Los tecnohumanos

La web y una nueva forma de relacionarse.

¿Sabrán emos y floggers que sus estridentes teñidas, sus flequillos como baba y sus molleras paradas ya coronaban las testas de los personajes del original de Robotech, un animé de la década del 80?
El crecimiento exponencial de la conectividad prácticamente borró el recuerdo de cuando bajar una canción llevaba medio día. El mando tecnológico no sólo modela al capital y a los vaivenes productivos y laborales: toca cada intersticio de cotidianidad. Cualquier diva de secundaria de los 90 se hubiera extasiado con la idea de ser deseada, en una imagen, por un millón de sus pares; la propia experiencia de la juventud es inseparable de los nuevos dispositivos y de las brechas abismales entre cada modelo y lo que posibilita. La miríada de celulares, cámaras digitales y formas de ligarse a la red se corresponde punto por punto con la brecha social y, a la vez, la transfigura: los procesos de hibridación han vuelto nipones a los pibes de clase media y raperos a los de las villas.No es el viejo problema de la penetración cultural, sino cómo la tecnología ha llegado a ser una parte misma de nuestros cuerpos. Eso es lo que encarnan (y expresan) esas formas de vida juveniles. Eso es lo que hay que observar el día en que Internet permita transferir cualquier tipo de información en tiempo real. El día en que la conectividad absoluta sea un hecho.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Avance, retroceso

Un triunfo del medioevo: la unión civil perdió estado parlamentario.

Salir del closet ya no es lo que era. Comenzó a aceptarse la diversidad de orientaciones sexuales y hasta se habla de una “discriminación positiva” cuando aparecen expresiones como gay friendly. Darse a conocer y poseer los mismos derechos civiles son los objetivos de quienes conforman el colectivo LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales).
Algunas conquistas ganaron terreno. Sin embargo, falta un marco legal que termine de otorgar igualdad para todos y todas. El proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas, redactado por las organizaciones con el apoyo de algunos diputados, regula y protege las uniones entre quienes convivan en trato familiar y no deseen o no puedan contraer matrimonio. La Unión Estable de Parejas –conocida como unión civil– se basa en el principio de no discriminación; de instituirse, podrán acceder todos los ciudadanos de la provincia, fuera de su sexo, orientación o identidad y expresión de género.
La asociación civil Vox es una organización que trabaja desde hace cinco años por los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales. Se creó en nuestra ciudad y en 2005 se extendió hacia Rosario. En junio, durante la marcha que conmemoró el Día de la Dignidad de gays, lesbianas y trans, los representantes de Vox auguraron: “Llegaron tiempos de cambio. Continuamos apostando a un cambio cultural; buscamos un lugar donde la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha es símbolo de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales, un cambio no sólo para el colectivo LGTTB, sino también en nuestra calidad democrática”. En aquella ocasión, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la adhesión del Inadi fueron traducidos por los militantes como una “mayor apertura desde el gobierno y sus entes”.
Silvina Sierra, de la organización de lesbianas feministas Las Diversas, también marcó la necesidad de darle tratamiento al proyecto de ley: “es importante que salga porque habrá mucha gente beneficiada; si no, para la ley no sos nada”. No obstante, indicó que si bien es importante la legislación, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con gays y lesbianas”.
Más allá de los apoyos, no todo fue un lecho de rosas. Las críticas religiosas sobre la unión civil se convirtieron en los primeros gestos en contra del cambio legislativo: un grupo –denominado Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos– dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se decía: “Pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia que pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre”.
Sin dar entidad a la reacción, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley. Finalmente, perdió estado parlamentario en el Senado por tercera vez: la Cámara Alta no la trató en la última sesión del año. La mayoría signada por “la vieja política” se hizo notar.Desde Vox anunciaron que volverán a presentar la iniciativa en 2009. “Queremos promover el debate con distintas organizaciones y asociaciones que protegen a la familia para que conozcan los verdaderos alcances de la ley, que sólo viene a reconocer un hecho existente”, señalaron. Concretamente, para demostrar que la ley –y sus creadores– tienen una deuda pendiente con ellos.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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