Las tierras de los aborígenes en conflicto.
Hacia mediados de año, el Concejo Municipal de Recreo reflotó una vieja idea del senador Juan Carlos Mercier y puso en marcha un proceso que, auque fracasó finalmente, bastó para dejar entrever que hay heridas que son difíciles de cerrar. En este caso, una herida que lleva abierta más de cinco siglos.
El conflicto empezó con un llamado a consulta popular impulsado por el cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, siguió con el rechazo de vastos sectores sociales y políticos y acabó sepultado por disposición del Ejecutivo provincial. Había en juego 180 hectáreas de un predio de 327, propiedad de la comunidad Mocoví de Recreo.
El 7 de julio el Concejo de la vecina localidad había sancionado una ordenanza que disponía la realización de una consulta popular para que los vecinos elijan si esas 180 hectáreas debían seguir en manos de la comunidad Com Caia (en mocoví, “somos hermanos”) o destinarse a un parque industrial.
Ese era el objetivo de un proyecto impulsado, dos años atrás, por Mercier. La consulta nunca llegó a realizarse: la Municipalidad de Recreo la suspendió luego de que el Inadi denunciara que detrás de la movida se escondía un claro acto de discriminación. También el gobierno tomó nota y apuró la regularización de la propiedad de las tierras. En los últimos días de agosto se hizo la entrega oficial; por esa fecha la comunidad mocoví celebraba el año nuevo número 7410.
La demora en el cumplimiento de un viejo derecho (la ley 12.086, que determina la propiedad de los terrenos, es de 2002) no hizo mella en el ánimo de los mocovíes, que saludaron la decisión oficial. “Significa un acto de justicia”, les respondió el gobernador Hermes Binner en el acto de entrega. “Cada vez los sentimos más hermanos, cada vez más santafesinos”.Un problema parecido emergió entonces en el norte provincial. “Hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal”, disparó el ministro Bonfatti. Aludía a la ocupación de tierras aborígenes por parte de terratenientes en Garabato, Fortín Olmos y El Toba. La Fiscalía de Estado intervino y recuperó para las comunidades originarias un poco de las tierras que, alguna vez, fueron de nadie: o sea, de todos.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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viernes, 12 de diciembre de 2008
La reforma que no fue
Constructoras y pooles continúan exentos de Ingresos Brutos.
“Cuando nosotros planteamos la reforma tributaria no es porque se nos ocurrió, no es porque sabíamos que seguro íbamos a ganar. Era lo más probable que el Senado votara en contra, pero nosotros no podíamos dejar de plantear una mayor justicia contributiva para que haya una mejor democracia. Eso lo decimos en el programa y lo sustentamos con nuestra propuesta, aún sabiendo que iba al fracaso”, dijo el gobernador Hermes Binner para explicar la génesis que tuvo la pretendida modificación impositiva que el PJ desechó.
La decisión del justicialismo de tratar sobre tablas la iniciativa, para luego rechazarla, se sustentó en la hipótesis de que volver a cobrar Ingresos Brutos a las industrias con facturación superior a los seis millones de pesos, y a las constructoras con facturación mayor al millón de pesos, iba a desencadenar una fuga masiva de empresas afincadas en Santa Fe hacia otros distritos. Es decir, que se hubiera perdido en competitividad frente a las ventajas fiscales que seguirían ofreciendo provincias vecinas.
Pero además, el peronismo tampoco tuvo en cuenta ninguno de los puntos de la reforma, ni siquiera el retoque en las alícuotas del impuesto Inmobiliario –hace más de 14 años no se tocan–, que hubiera significado duplicar la coparticipación a los municipios y comunas de Santa Fe. Sin esa herramienta impositiva aprobada, ni ninguna otra, las arcas públicas de las localidades están exhaustas y cierran al límite de sus posibilidades financieras, con un panorama aún más complicado para el 2009.
Así, el Frente Progresista, Cívico y Social planteó, desde el plano ideológico, la necesidad de tener una reforma tributaria –más paga quien más gana– mientras que el Frente para la Victoria sólo concibió una lectura económica del asunto. Incluso, las complicaciones que trajo la crisis internacional se convirtieron en un argumento más de la oposición para justificar el rechazo del proyecto fiscal de Binner, al señalar que el aumento de la carga hubiera significado que muchas empresas bajen sus persianas. Sin embargo, Córdoba y Buenos Aires elevaron Ingresos Brutos a sus industrias y no se produjo la apocalíptica fuga.
En definitiva, el PJ se cerró frente a cualquier posibilidad de cambio en la estructura impositiva. Fideicomisos financieros y pooles de siembra sojeros seguirán exentos de pagar Ingresos Brutos y multinacionales como Cargill, General Motors, o las aceiteras, no pagarán ningún impuesto, además de continuar con grandes descuentos en sus facturas de la EPE.
En el juego de las desconfianzas, el oficialismo y la oposición no pudieron avanzar en ningún proyecto relacionado a la distribución de fondos a municipios y comunas y, el año que viene, habrá que esperar la buena voluntad de la Nación para que se amplíe la coparticipación a la provincia y, en cascada, a las localidades, algo que resulta casi utópico si se analiza el comportamiento fiscal del kirchnerismo. Por último, es casi un hecho que el Presupuesto 2009 no se votará este año y se deberá reconducir el Presupuesto 2008, porque el Frente Progresista supone que el PJ hará valer su mayoría en el Senado para desmembrar el plan de gestión de Binner, que sólo se podría ejecutar con el Cálculo de Gastos y Recursos a la medida de las intenciones del dirigente socialista.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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“Cuando nosotros planteamos la reforma tributaria no es porque se nos ocurrió, no es porque sabíamos que seguro íbamos a ganar. Era lo más probable que el Senado votara en contra, pero nosotros no podíamos dejar de plantear una mayor justicia contributiva para que haya una mejor democracia. Eso lo decimos en el programa y lo sustentamos con nuestra propuesta, aún sabiendo que iba al fracaso”, dijo el gobernador Hermes Binner para explicar la génesis que tuvo la pretendida modificación impositiva que el PJ desechó.
La decisión del justicialismo de tratar sobre tablas la iniciativa, para luego rechazarla, se sustentó en la hipótesis de que volver a cobrar Ingresos Brutos a las industrias con facturación superior a los seis millones de pesos, y a las constructoras con facturación mayor al millón de pesos, iba a desencadenar una fuga masiva de empresas afincadas en Santa Fe hacia otros distritos. Es decir, que se hubiera perdido en competitividad frente a las ventajas fiscales que seguirían ofreciendo provincias vecinas.
Pero además, el peronismo tampoco tuvo en cuenta ninguno de los puntos de la reforma, ni siquiera el retoque en las alícuotas del impuesto Inmobiliario –hace más de 14 años no se tocan–, que hubiera significado duplicar la coparticipación a los municipios y comunas de Santa Fe. Sin esa herramienta impositiva aprobada, ni ninguna otra, las arcas públicas de las localidades están exhaustas y cierran al límite de sus posibilidades financieras, con un panorama aún más complicado para el 2009.
Así, el Frente Progresista, Cívico y Social planteó, desde el plano ideológico, la necesidad de tener una reforma tributaria –más paga quien más gana– mientras que el Frente para la Victoria sólo concibió una lectura económica del asunto. Incluso, las complicaciones que trajo la crisis internacional se convirtieron en un argumento más de la oposición para justificar el rechazo del proyecto fiscal de Binner, al señalar que el aumento de la carga hubiera significado que muchas empresas bajen sus persianas. Sin embargo, Córdoba y Buenos Aires elevaron Ingresos Brutos a sus industrias y no se produjo la apocalíptica fuga.
En definitiva, el PJ se cerró frente a cualquier posibilidad de cambio en la estructura impositiva. Fideicomisos financieros y pooles de siembra sojeros seguirán exentos de pagar Ingresos Brutos y multinacionales como Cargill, General Motors, o las aceiteras, no pagarán ningún impuesto, además de continuar con grandes descuentos en sus facturas de la EPE.
En el juego de las desconfianzas, el oficialismo y la oposición no pudieron avanzar en ningún proyecto relacionado a la distribución de fondos a municipios y comunas y, el año que viene, habrá que esperar la buena voluntad de la Nación para que se amplíe la coparticipación a la provincia y, en cascada, a las localidades, algo que resulta casi utópico si se analiza el comportamiento fiscal del kirchnerismo. Por último, es casi un hecho que el Presupuesto 2009 no se votará este año y se deberá reconducir el Presupuesto 2008, porque el Frente Progresista supone que el PJ hará valer su mayoría en el Senado para desmembrar el plan de gestión de Binner, que sólo se podría ejecutar con el Cálculo de Gastos y Recursos a la medida de las intenciones del dirigente socialista.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Juntos, no amontonados
Diversos mecanismos de participación ciudadana se pusieron en marcha desde las esferas oficiales locales.
Si se tratara de una lección hacia la ciudadanía estaría más que aprendida y aprobada con una muy buena calificación: “la participación es un pilar de la pluralidad, de la capacidad de decisión y de la inclusión”.
Este año, tanto en la provincia como en la ciudad, se pusieron en marcha nuevos procesos que garantizan, o al menos habilitan, la incorporación de la opinión ciudadana. Por cierto, algunos de ellos poseen una impronta más inclusiva que otros. Se trata de las Asambleas Ciudadanas (en los cinco nodos en los que fue dividida la provincia), la Sesión Barrial en una escuela (por primera vez en la historia del Concejo Municipal santafesino, el cuerpo salió de su recinto), la Audiencia Pública (también estrenada en el marco de una discusión sin precedentes sobre el transporte público) y el Presupuesto Participativo (que ya tiene tres experiencias: Alto Verde, Nuevo Horizonte y Las Flores, impulsadas por el Ejecutivo Municipal).
Estos fueron los mecanismos que encontraron a la ciudadanía ávida de decir, involucrarse y ser atendida en sus problemas coyunturales y estructurales, nuevos y añejos. Los vecinos –a través de estos actos– manifestaron de forma contundente la necesidad de ser escuchados e incluidos en los debates y las decisiones.
Salvo la Audiencia Pública, el resto de los dispositivos se desarrolló en escuelas públicas. Como un modo de apoyo a la educación, estos ámbitos resultaron clave como escenario y, también, sirvieron para ensayar sanas costumbres cívicas con el alumnado, que en sobradas ocasiones respondió con creces. En el caso de la Sesión Barrial desarrollada en la Escuela nº 619 Julio Bello, “los chicos fueron los motores de toda la participación”, según la directora del establecimiento, Rosa Lezcano.
Un diagnóstico coincidente en todas las experiencias fue la falta de costumbre participativa. Sin embargo, el ímpetu de los ciudadanos para involucrarse, así sea a los ponchazos, pudo suplirlo. “La gente no está acostumbrada a este tipo de mecanismos, formas de trabajar y de participar con otros vecinos, en grupo o en comisiones, nos falta un poco de experiencia. En las asambleas esperábamos un poco más de gente, pero por diferentes motivos no se pudo acercar”, fue una de las conclusiones de Alejandro Scandroli, dirigente barrial de Nuevo Horizonte. Seguramente, la curiosidad y el interés habrán sido parte de la movilización de quienes participaron. La práctica cívica, con una fuerte impronta principiante, no estuvo ausente sino que fue bienvenida en todos los ámbitos de discusión, con el objetivo de construir pluralidad a través del diálogo. “Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”, se había animado a decir el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en ocasión de la segunda Asamblea Ciudadana en Santa Fe.
En todos los procesos, los participantes reconocieron la posibilidad brindada para expresarse. “Está bien participar, sino después no podés quejarte”, se escuchó en la Audiencia Pública por el transporte, cuya mezcla entre protestas y proposiciones fue notoria y llamativa. “La idea es que en este espacio de participación el vecino construya ciudadanía, aporte una mirada estratégica y urbana que sirva para el desarrollo del barrio”, afirmó Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal, en referencia a la Sesión Barrial.
A las claras está que la ciudadanía no sólo quiere participar sino también decidir. De hecho, una de las mayores quejas en la Audiencia Pública fue su carácter de no vinculante; la junta, que duró casi seis horas, tuvo como objeto debatir acerca de los colectivos en la ciudad.
La actual gestión provincial dejó en claro que lo que busca es material resultante de las asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial. Los funcionarios expresaron que es un proceso largo. Los ciudadanos aceptaron participar, pero dejaron en claro también que hay necesidades urgentes y que van por sus soluciones. “Cuanta más gente participe es más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo en un primer momento Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia.
Ni la participación concreta, ni el ánimo que la motiva, están en duda para cualquiera de estos actos que ponen a prueba o de manifiesto (depende del cristal con que se observe) la simpatía del ciudadano hacia el debate de temas que lo persiguen en su cotidianidad.
El viejo formato cede espacio a las nuevas presentaciones, la representación invita ahora a la participación, los viejos edificios prestan el escenario de las discusiones a las escuelas, los temas (al menos, algunos de ellos) ya no se discuten totalmente entre cuatro paredes. Los ciudadanos santafesinos comprenden perfectamente la diferencia entre participar libremente y quedarse fuera de la discusión por no aprovechar el turno de la palabra. Depende de la voluntad de cada uno.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Si se tratara de una lección hacia la ciudadanía estaría más que aprendida y aprobada con una muy buena calificación: “la participación es un pilar de la pluralidad, de la capacidad de decisión y de la inclusión”.
Este año, tanto en la provincia como en la ciudad, se pusieron en marcha nuevos procesos que garantizan, o al menos habilitan, la incorporación de la opinión ciudadana. Por cierto, algunos de ellos poseen una impronta más inclusiva que otros. Se trata de las Asambleas Ciudadanas (en los cinco nodos en los que fue dividida la provincia), la Sesión Barrial en una escuela (por primera vez en la historia del Concejo Municipal santafesino, el cuerpo salió de su recinto), la Audiencia Pública (también estrenada en el marco de una discusión sin precedentes sobre el transporte público) y el Presupuesto Participativo (que ya tiene tres experiencias: Alto Verde, Nuevo Horizonte y Las Flores, impulsadas por el Ejecutivo Municipal).
Estos fueron los mecanismos que encontraron a la ciudadanía ávida de decir, involucrarse y ser atendida en sus problemas coyunturales y estructurales, nuevos y añejos. Los vecinos –a través de estos actos– manifestaron de forma contundente la necesidad de ser escuchados e incluidos en los debates y las decisiones.
Salvo la Audiencia Pública, el resto de los dispositivos se desarrolló en escuelas públicas. Como un modo de apoyo a la educación, estos ámbitos resultaron clave como escenario y, también, sirvieron para ensayar sanas costumbres cívicas con el alumnado, que en sobradas ocasiones respondió con creces. En el caso de la Sesión Barrial desarrollada en la Escuela nº 619 Julio Bello, “los chicos fueron los motores de toda la participación”, según la directora del establecimiento, Rosa Lezcano.
Un diagnóstico coincidente en todas las experiencias fue la falta de costumbre participativa. Sin embargo, el ímpetu de los ciudadanos para involucrarse, así sea a los ponchazos, pudo suplirlo. “La gente no está acostumbrada a este tipo de mecanismos, formas de trabajar y de participar con otros vecinos, en grupo o en comisiones, nos falta un poco de experiencia. En las asambleas esperábamos un poco más de gente, pero por diferentes motivos no se pudo acercar”, fue una de las conclusiones de Alejandro Scandroli, dirigente barrial de Nuevo Horizonte. Seguramente, la curiosidad y el interés habrán sido parte de la movilización de quienes participaron. La práctica cívica, con una fuerte impronta principiante, no estuvo ausente sino que fue bienvenida en todos los ámbitos de discusión, con el objetivo de construir pluralidad a través del diálogo. “Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”, se había animado a decir el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en ocasión de la segunda Asamblea Ciudadana en Santa Fe.
En todos los procesos, los participantes reconocieron la posibilidad brindada para expresarse. “Está bien participar, sino después no podés quejarte”, se escuchó en la Audiencia Pública por el transporte, cuya mezcla entre protestas y proposiciones fue notoria y llamativa. “La idea es que en este espacio de participación el vecino construya ciudadanía, aporte una mirada estratégica y urbana que sirva para el desarrollo del barrio”, afirmó Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal, en referencia a la Sesión Barrial.
A las claras está que la ciudadanía no sólo quiere participar sino también decidir. De hecho, una de las mayores quejas en la Audiencia Pública fue su carácter de no vinculante; la junta, que duró casi seis horas, tuvo como objeto debatir acerca de los colectivos en la ciudad.
La actual gestión provincial dejó en claro que lo que busca es material resultante de las asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial. Los funcionarios expresaron que es un proceso largo. Los ciudadanos aceptaron participar, pero dejaron en claro también que hay necesidades urgentes y que van por sus soluciones. “Cuanta más gente participe es más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo en un primer momento Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia.
Ni la participación concreta, ni el ánimo que la motiva, están en duda para cualquiera de estos actos que ponen a prueba o de manifiesto (depende del cristal con que se observe) la simpatía del ciudadano hacia el debate de temas que lo persiguen en su cotidianidad.
El viejo formato cede espacio a las nuevas presentaciones, la representación invita ahora a la participación, los viejos edificios prestan el escenario de las discusiones a las escuelas, los temas (al menos, algunos de ellos) ya no se discuten totalmente entre cuatro paredes. Los ciudadanos santafesinos comprenden perfectamente la diferencia entre participar libremente y quedarse fuera de la discusión por no aprovechar el turno de la palabra. Depende de la voluntad de cada uno.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El dedo que reparte
Aportes del Tesoro Nacional: todo igual.
Se va el año y entre algunas de las postales de la política argentina está la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional: los ya clásicos ATN. En la versión 2008 de la conocida puja política por los millonarios fondos que ayudan a disciplinar intendentes y presidentes comunales o que pagan con creces los apoyos al gobierno central, Santa Fe no escapó a la lógica: una lógica con la cual la administración kirchnerista profundizó la distribución de dineros que sólo llegan a pueblos y ciudades gobernadas por el justicialismo o aliados al momento de la repartija.
Esta vez el caso fue más o menos así: la provincia recibió en los primeros 11 meses del año que se termina alrededor de 5,7 millones de pesos en concepto de ATN que distribuyó –así lo exigió la Nación– en 100 localidades, pero de ese dinero apenas 280 mil pesos fueron a parar a pueblos con autoridades del radicalismo, partido que forma parte del Frente Progresista.
La evidente discrecionalidad no es motivo de sospechas para el jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le restó importancia a la situación al decir que “son montos pequeños” que llegaron a cada gobierno local (en algunos casos los ATN fueron de 200 mil pesos) y que los recibieron aquellos que hicieron el pedido formal al Ministerio del Interior. Algo no muy llamativo, por cierto.
En cambio, el hermano de Agustín (también diputado nacional ultrakirchnerista) Alejandro Rossi tiene otra mirada sobre el reparto de los fondos. El legislador admitió hace dos meses: “Es llamativo, a mí me llama la atención”, en relación a cómo la Nación envía los ATN a la provincia: mayormente a localidades de signo K.
Sin embargo, nada cambió en la Casa Rosada.
Hermes Binner criticó la forma de distribución de ATN, porque además recordó que la provincia contribuye en alrededor de 95 millones de pesos anuales para la conformación del mencionado fondo.Pero más allá de la preferencia por municipios y comunas del PJ, hay otro tema que ningún dirigente kirchnerista puede explicar: hasta el momento apenas llegó a la provincia algo más del 5% de los recursos que se aportan desde suelo santafesino: lo otro se lo queda la Nación. El dedo del poder.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Se va el año y entre algunas de las postales de la política argentina está la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional: los ya clásicos ATN. En la versión 2008 de la conocida puja política por los millonarios fondos que ayudan a disciplinar intendentes y presidentes comunales o que pagan con creces los apoyos al gobierno central, Santa Fe no escapó a la lógica: una lógica con la cual la administración kirchnerista profundizó la distribución de dineros que sólo llegan a pueblos y ciudades gobernadas por el justicialismo o aliados al momento de la repartija.
Esta vez el caso fue más o menos así: la provincia recibió en los primeros 11 meses del año que se termina alrededor de 5,7 millones de pesos en concepto de ATN que distribuyó –así lo exigió la Nación– en 100 localidades, pero de ese dinero apenas 280 mil pesos fueron a parar a pueblos con autoridades del radicalismo, partido que forma parte del Frente Progresista.
La evidente discrecionalidad no es motivo de sospechas para el jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le restó importancia a la situación al decir que “son montos pequeños” que llegaron a cada gobierno local (en algunos casos los ATN fueron de 200 mil pesos) y que los recibieron aquellos que hicieron el pedido formal al Ministerio del Interior. Algo no muy llamativo, por cierto.
En cambio, el hermano de Agustín (también diputado nacional ultrakirchnerista) Alejandro Rossi tiene otra mirada sobre el reparto de los fondos. El legislador admitió hace dos meses: “Es llamativo, a mí me llama la atención”, en relación a cómo la Nación envía los ATN a la provincia: mayormente a localidades de signo K.
Sin embargo, nada cambió en la Casa Rosada.
Hermes Binner criticó la forma de distribución de ATN, porque además recordó que la provincia contribuye en alrededor de 95 millones de pesos anuales para la conformación del mencionado fondo.Pero más allá de la preferencia por municipios y comunas del PJ, hay otro tema que ningún dirigente kirchnerista puede explicar: hasta el momento apenas llegó a la provincia algo más del 5% de los recursos que se aportan desde suelo santafesino: lo otro se lo queda la Nación. El dedo del poder.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una corporación que resiste
El nuevo Código Penal y la vieja impunidad: vaivenes en la Justicia.
El año que se va deja un sabor agridulce en el ámbito judicial santafesino. La marcada voluntad de cambiar viejas formas –expresada, sobre todo, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal– se chocó de nariz contra la resistencia de ciertos sectores enquistados en una estructura conservadora.
Ya el 2007 había arrojado un saldo similar: por un lado la sanción del nuevo Código, por otro el nombramiento, a última hora y apelando a un método que ya no tenía consenso, de una treintena de jueces. Fue uno de los últimos actos de gobierno de Jorge Obeid, avalado por la vieja Legislatura de la mayoría automática peronista. Antes, y quizás como símbolo de un sistema que se opone a los cambios, la designación de Agustín Bassó había disparado una memorable polémica: no sólo porque el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial entonó las estrofas de “Resistiré” –ineludible alusión a lo que se venía: Hermes Binner ya había sido ungido gobernador y el PJ se aprestaba a dejar el Ejecutivo tras 24 años– sino también porque Bassó se permitió bromear, ante los legisladores, sobre los secuestros de la dictadura.
El 2008 encontró al nuevo gobernador visitando a los inundados en Plaza de Mayo. Ese gesto, repetido el 29 de abril, no tuvo ningún eco en Tribunales. O sí, uno mínimo: la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia ocurrida en la capital provincial fue elevada a juicio, ya con nuevo fiscal. Nada más ocurrió, salvo las recurrentes denegatorias de la Corte provincial a los pedidos del actor civil para que Carlos Reutemann tenga el decoro de aclarar lo que deba aclarar ante la Justicia. También la Corte nacional rechazó un pedido similar, pero argumentando que las instancias en los tribunales santafesinos no están, todavía, agotadas.
Binner había tenido otro gesto apenas iniciado su mandato: se entrevistó con los familiares de las víctimas de la represión de 2001. Pero tampoco ese hecho repercutió en la Justicia, otrora tan atenta a las preferencias del gobernador de turno. En Rosario sigue habiendo seis muertes impunes por las balas policiales de la gestión Reutemann; en las últimas semanas, la posición del actual mandatario mereció que el ex rompiera su habitual ostracismo: el Lole salió a decir que el reclamo del socialista –que se circunscribe a que se haga justicia por los asesinatos de hace siete años– no sólo es una clara alusión a su persona sino que le impide tener una relación de diálogo con Binner.
Este año se puso en marcha el Consejo de la Magistratura para cumplir con una de las primeras medidas de Binner: la autolimitación para la designación de jueces. El nuevo proceso para la selección de jueces de primera instancia y camaristas persigue, según el Ejecutivo, avanzar hacia una justicia “independiente, con mecanismos transparentes e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”. A la hora de los bifes, el nuevo método encontró sus escollos: las chicanas habituales hicieron que fracase la Asamblea Legislativa en la que se iba a votar el primer pliego de un candidato a juez elegido con el nuevo sistema.La Justicia provincial atraviesa un proceso de cambio casi inédito. Con la implementación, lenta y trabajosa, del nuevo Código Penal se acaba una tradición de 112 años de procesos escritos para dar paso a la oralidad. La resistencia, adentro y afuera, no es poca.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El año que se va deja un sabor agridulce en el ámbito judicial santafesino. La marcada voluntad de cambiar viejas formas –expresada, sobre todo, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal– se chocó de nariz contra la resistencia de ciertos sectores enquistados en una estructura conservadora.
Ya el 2007 había arrojado un saldo similar: por un lado la sanción del nuevo Código, por otro el nombramiento, a última hora y apelando a un método que ya no tenía consenso, de una treintena de jueces. Fue uno de los últimos actos de gobierno de Jorge Obeid, avalado por la vieja Legislatura de la mayoría automática peronista. Antes, y quizás como símbolo de un sistema que se opone a los cambios, la designación de Agustín Bassó había disparado una memorable polémica: no sólo porque el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial entonó las estrofas de “Resistiré” –ineludible alusión a lo que se venía: Hermes Binner ya había sido ungido gobernador y el PJ se aprestaba a dejar el Ejecutivo tras 24 años– sino también porque Bassó se permitió bromear, ante los legisladores, sobre los secuestros de la dictadura.
El 2008 encontró al nuevo gobernador visitando a los inundados en Plaza de Mayo. Ese gesto, repetido el 29 de abril, no tuvo ningún eco en Tribunales. O sí, uno mínimo: la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia ocurrida en la capital provincial fue elevada a juicio, ya con nuevo fiscal. Nada más ocurrió, salvo las recurrentes denegatorias de la Corte provincial a los pedidos del actor civil para que Carlos Reutemann tenga el decoro de aclarar lo que deba aclarar ante la Justicia. También la Corte nacional rechazó un pedido similar, pero argumentando que las instancias en los tribunales santafesinos no están, todavía, agotadas.
Binner había tenido otro gesto apenas iniciado su mandato: se entrevistó con los familiares de las víctimas de la represión de 2001. Pero tampoco ese hecho repercutió en la Justicia, otrora tan atenta a las preferencias del gobernador de turno. En Rosario sigue habiendo seis muertes impunes por las balas policiales de la gestión Reutemann; en las últimas semanas, la posición del actual mandatario mereció que el ex rompiera su habitual ostracismo: el Lole salió a decir que el reclamo del socialista –que se circunscribe a que se haga justicia por los asesinatos de hace siete años– no sólo es una clara alusión a su persona sino que le impide tener una relación de diálogo con Binner.
Este año se puso en marcha el Consejo de la Magistratura para cumplir con una de las primeras medidas de Binner: la autolimitación para la designación de jueces. El nuevo proceso para la selección de jueces de primera instancia y camaristas persigue, según el Ejecutivo, avanzar hacia una justicia “independiente, con mecanismos transparentes e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”. A la hora de los bifes, el nuevo método encontró sus escollos: las chicanas habituales hicieron que fracase la Asamblea Legislativa en la que se iba a votar el primer pliego de un candidato a juez elegido con el nuevo sistema.La Justicia provincial atraviesa un proceso de cambio casi inédito. Con la implementación, lenta y trabajosa, del nuevo Código Penal se acaba una tradición de 112 años de procesos escritos para dar paso a la oralidad. La resistencia, adentro y afuera, no es poca.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Lo que sólo cambia de nombre
Discriminación, explotación y violencia: tres antiguas formas de dominación que las mujeres siguen sufriendo.
La discriminación y la violencia hacia las mujeres atraviesan los siglos, tomando nuevas formas para seguir instaladas. Si bien se avanzó en ciertas problemáticas que rodean al género, quedan aún muchos prejuicios por derribar.
Los datos grafican la situación de vulnerabilidad: la OMS indicó que la violencia doméstica mata más mujeres que el cáncer. La Cepal estima a que de un 30% a un 60% de las mujeres son objeto de maltrato en América Latina. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 500 consultas en el año; la mayoría, casos de violencia tienen lugar en la familia, sin distinción de clase, religión o acceso cultural. “Muchas instituciones sociales tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad. Desde nuestra perspectiva, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Pero siempre estamos comenzando y se requiere de una posibilidad de cambio importante por parte de la sociedad”, opinó Patricia Méndez Lissi, directora del Equipo, cuya forma de trabajo se sustenta “en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector”. Desde la Dirección Provincial de las Mujeres, María Rosa Ameduri también reconoció que “el comportamiento de la Justicia responde a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón”.
En consonancia, Silvina Sierra junto a su pareja, Paula Heredia –caras visibles de Las Diversas, agrupación de mujeres santafesinas–, plantean la necesidad de dar a conocer la lucha lésbica y feminista. “Hacemos hincapié en el amor entre mujeres. Visibilizar no significa el exhibicionismo del cuerpo sino de la persona como ser humano, como mujer fundamentalmente, dentro toda la sociedad. Hay un gran prejuicio con respecto al feminismo: todavía hay gente que piensa que es odiar al hombre. Falta información, conciencia y también sensibilizar a la gente”, advirtieron.
Junto a representantes de varias corrientes políticas y civiles, fundaron el Espacio de Mujeres de Santa Fe, que se presentó en sociedad el 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. “Nuestra idea es estar en todas las fechas de agenda referidas a la lucha de las mujeres y hacer reclamos al Estado, con el cual todavía no tenemos contacto”, expresaron Las Diversas como objetivos.
Otro aspecto de la violencia contra la mujer, que tuvo presencia este año en los medios y en lo legislativo, es la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables, junto a las armas y las drogas. Se estima que 4 millones de mujeres son explotadas como prostitutas en el mundo. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para la prostitución. Nuestra provincia figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes; la Defensoría del Pueblo recibe al menos dos denuncias por semana. Aunque parezca irreal, recién en abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma que penaliza el tráfico de personas, con penas de 3 a 15 años. Ameduri afirmó que “se hace imprescindible entender que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, considerada la esclavitud del siglo XXI”.
En la provincia, un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Vucasovich tiene como objetivo “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos (...); el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”.
Mabel Busaniche, una histórica militante santafesina por los derechos de las mujeres, hoy en la Asociación Civil Palabras, opinó que “todas las leyes son acciones positivas que a partir de la práctica se convierten, se legitiman y hacen al mundo simbólico para empezar a trabajar la temática”. No obstante, alertó que “en la prevención estamos acumulando mucho miedo en las niñas y en las adolescentes. No es desde el miedo donde vamos a prevenir. El mensaje es tener cuidado y el desafío es cómo hacer para que ese cuidado esté, dentro de un marco donde las chicas y los chicos puedan hablar, confiar, distenderse y encontrar que aquellos que estamos haciendo prevención les vamos a seguir dando una mano”.
Sin dudas las luchas femeninas ganan terreno y se visibilizan. Quedan materias pendientes: el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la decisión política harán el resto.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La discriminación y la violencia hacia las mujeres atraviesan los siglos, tomando nuevas formas para seguir instaladas. Si bien se avanzó en ciertas problemáticas que rodean al género, quedan aún muchos prejuicios por derribar.
Los datos grafican la situación de vulnerabilidad: la OMS indicó que la violencia doméstica mata más mujeres que el cáncer. La Cepal estima a que de un 30% a un 60% de las mujeres son objeto de maltrato en América Latina. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 500 consultas en el año; la mayoría, casos de violencia tienen lugar en la familia, sin distinción de clase, religión o acceso cultural. “Muchas instituciones sociales tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad. Desde nuestra perspectiva, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Pero siempre estamos comenzando y se requiere de una posibilidad de cambio importante por parte de la sociedad”, opinó Patricia Méndez Lissi, directora del Equipo, cuya forma de trabajo se sustenta “en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector”. Desde la Dirección Provincial de las Mujeres, María Rosa Ameduri también reconoció que “el comportamiento de la Justicia responde a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón”.
En consonancia, Silvina Sierra junto a su pareja, Paula Heredia –caras visibles de Las Diversas, agrupación de mujeres santafesinas–, plantean la necesidad de dar a conocer la lucha lésbica y feminista. “Hacemos hincapié en el amor entre mujeres. Visibilizar no significa el exhibicionismo del cuerpo sino de la persona como ser humano, como mujer fundamentalmente, dentro toda la sociedad. Hay un gran prejuicio con respecto al feminismo: todavía hay gente que piensa que es odiar al hombre. Falta información, conciencia y también sensibilizar a la gente”, advirtieron.
Junto a representantes de varias corrientes políticas y civiles, fundaron el Espacio de Mujeres de Santa Fe, que se presentó en sociedad el 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. “Nuestra idea es estar en todas las fechas de agenda referidas a la lucha de las mujeres y hacer reclamos al Estado, con el cual todavía no tenemos contacto”, expresaron Las Diversas como objetivos.
Otro aspecto de la violencia contra la mujer, que tuvo presencia este año en los medios y en lo legislativo, es la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables, junto a las armas y las drogas. Se estima que 4 millones de mujeres son explotadas como prostitutas en el mundo. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para la prostitución. Nuestra provincia figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes; la Defensoría del Pueblo recibe al menos dos denuncias por semana. Aunque parezca irreal, recién en abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma que penaliza el tráfico de personas, con penas de 3 a 15 años. Ameduri afirmó que “se hace imprescindible entender que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, considerada la esclavitud del siglo XXI”.
En la provincia, un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Vucasovich tiene como objetivo “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos (...); el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”.
Mabel Busaniche, una histórica militante santafesina por los derechos de las mujeres, hoy en la Asociación Civil Palabras, opinó que “todas las leyes son acciones positivas que a partir de la práctica se convierten, se legitiman y hacen al mundo simbólico para empezar a trabajar la temática”. No obstante, alertó que “en la prevención estamos acumulando mucho miedo en las niñas y en las adolescentes. No es desde el miedo donde vamos a prevenir. El mensaje es tener cuidado y el desafío es cómo hacer para que ese cuidado esté, dentro de un marco donde las chicas y los chicos puedan hablar, confiar, distenderse y encontrar que aquellos que estamos haciendo prevención les vamos a seguir dando una mano”.
Sin dudas las luchas femeninas ganan terreno y se visibilizan. Quedan materias pendientes: el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la decisión política harán el resto.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una de fantasmas, monopolios y dinero en caja
Otro año de estadísticas increíbles sobre inflación y, en el medio, la muerte de las AFJP: ¿los recursos son todo?
Con la inflación en el centro de la agenda y la controversia por los índices del Indec, Néstor Kirchner terminó su gestión no sólo sin encontrar una solución al tema, sino dejando en manos del secretario de Comercio Guillermo Moreno todas las negociaciones con los sectores clave en la formación de los precios. Ni el fracaso de la política de control ni el cambio de mandato bastaron para que deje el gabinete; pese a los embates políticos y mediáticos, la presidenta lo ratificó. La continuidad fue un síntoma de lo que sectores de la oposición llamaron “reelección camuflada”.
Para mantener intacta la liquidez necesaria para el gobierno, la presidenta apeló primero a congelar los dineros de las provincias en concepto de coparticipación; luego, decidió la movilidad de las retenciones y, tras la derrota en el Congreso, logró recuperar una de las tantas cajas privatizadas en los 90: la del sistema jubilatorio.
Con el regreso del sistema de reparto, el Estado recuperó el mando sobre una de las patas más importantes de la macroeconomía. Se trata de una oportunidad única para que la política reconstruya el sentido de lo público. El desafío para el gobierno –y para los posteriores– es demostrar que detrás de la recuperación de esa inmensa caja –un flujo anual de 14 mil millones más un total aportado que supera los 80 mil millones– hay un proyecto de dignificar las jubilaciones y recomponer las fuerzas del Estado. Cualquier otro rumbo no haría más que ratificar lo que vienen declamando Elisa Carrió y otros sectores de la derecha nacional.
El cambio en el sistema jubilatorio no fue el único de relevancia registrado este año. En junio, el Indec inauguró un nuevo sistema, con la supuesta intención de reflejar mejor las variaciones de precios. El nuevo método resultó tan creíble como el viejo: muy poco. Más acotado en cuanto a cantidad de productos y servicios relevados, supone el desplazamiento de los consumidores hacia los comercios que registran aumentos menores. Algo que ni el Indec ni ningún otro organismo puede dar por seguro.
Un ejemplo puede aclarar la cosa y, a la vez, marcar el rol de las empresas privadas. Entre 2006 y 2007, Quickfood (que tiene el 60% del mercado de hamburguesas congeladas) aumentó sus ganancias un 64%. En el mismo lapso, sólo aumentó su producción un 8%. La pregunta cae sola: ¿cómo ganar tanto más sin producir tanto más? Se sabe: una posición concentrada en la oferta permite mover los precios a antojo.
Las estadísticas oficiales señalan que de diciembre de 2007 a noviembre de 2008 la inflación fue del 8,4% (6,9% en los primeros once meses del año): idéntico porcentaje que un año atrás. El gobierno provincial decidió hacer sus propias cuentas. El Ipec advirtió aumentos reales de casi el triple que los del Indec. Según el mes, el promedio provincial se ubicó entre 1,5 y 1,8%; cuando acabe el año se habrá registrado en Santa Fe una inflación de casi 20%. De hecho, el gobierno provincial la estimó en un 18% para 2009.
A caballo de la lógica de las grandes corporaciones y del desabastecimiento producido durante el prolongado lock out rural, el fantasma de la hiperinflación nunca dejó de sobrevolar los tormentosos cielos de este 2008.Crisis, enfriamiento y desaceleración mediante, ya se verá qué nos espera el año que viene.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Con la inflación en el centro de la agenda y la controversia por los índices del Indec, Néstor Kirchner terminó su gestión no sólo sin encontrar una solución al tema, sino dejando en manos del secretario de Comercio Guillermo Moreno todas las negociaciones con los sectores clave en la formación de los precios. Ni el fracaso de la política de control ni el cambio de mandato bastaron para que deje el gabinete; pese a los embates políticos y mediáticos, la presidenta lo ratificó. La continuidad fue un síntoma de lo que sectores de la oposición llamaron “reelección camuflada”.
Para mantener intacta la liquidez necesaria para el gobierno, la presidenta apeló primero a congelar los dineros de las provincias en concepto de coparticipación; luego, decidió la movilidad de las retenciones y, tras la derrota en el Congreso, logró recuperar una de las tantas cajas privatizadas en los 90: la del sistema jubilatorio.
Con el regreso del sistema de reparto, el Estado recuperó el mando sobre una de las patas más importantes de la macroeconomía. Se trata de una oportunidad única para que la política reconstruya el sentido de lo público. El desafío para el gobierno –y para los posteriores– es demostrar que detrás de la recuperación de esa inmensa caja –un flujo anual de 14 mil millones más un total aportado que supera los 80 mil millones– hay un proyecto de dignificar las jubilaciones y recomponer las fuerzas del Estado. Cualquier otro rumbo no haría más que ratificar lo que vienen declamando Elisa Carrió y otros sectores de la derecha nacional.
El cambio en el sistema jubilatorio no fue el único de relevancia registrado este año. En junio, el Indec inauguró un nuevo sistema, con la supuesta intención de reflejar mejor las variaciones de precios. El nuevo método resultó tan creíble como el viejo: muy poco. Más acotado en cuanto a cantidad de productos y servicios relevados, supone el desplazamiento de los consumidores hacia los comercios que registran aumentos menores. Algo que ni el Indec ni ningún otro organismo puede dar por seguro.
Un ejemplo puede aclarar la cosa y, a la vez, marcar el rol de las empresas privadas. Entre 2006 y 2007, Quickfood (que tiene el 60% del mercado de hamburguesas congeladas) aumentó sus ganancias un 64%. En el mismo lapso, sólo aumentó su producción un 8%. La pregunta cae sola: ¿cómo ganar tanto más sin producir tanto más? Se sabe: una posición concentrada en la oferta permite mover los precios a antojo.
Las estadísticas oficiales señalan que de diciembre de 2007 a noviembre de 2008 la inflación fue del 8,4% (6,9% en los primeros once meses del año): idéntico porcentaje que un año atrás. El gobierno provincial decidió hacer sus propias cuentas. El Ipec advirtió aumentos reales de casi el triple que los del Indec. Según el mes, el promedio provincial se ubicó entre 1,5 y 1,8%; cuando acabe el año se habrá registrado en Santa Fe una inflación de casi 20%. De hecho, el gobierno provincial la estimó en un 18% para 2009.
A caballo de la lógica de las grandes corporaciones y del desabastecimiento producido durante el prolongado lock out rural, el fantasma de la hiperinflación nunca dejó de sobrevolar los tormentosos cielos de este 2008.Crisis, enfriamiento y desaceleración mediante, ya se verá qué nos espera el año que viene.
Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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