Pausa Notas

Serie Gestos

2011-06-09T09:19:00.000-07:00

La foto que sale con el #76

A partir del #76, Pausa regala a sus lectores una foto por cada número. La colección Gestos propone reflejar la vida íntima de los emblemas de Santa Fe mediante un proyecto de edición de fotografías de alta gama, inéditas, sobre espacios y figuras humanas de nuestra ciudad,

producidas por fotógrafos locales, impresas por la Fundación Bica y distribuidas en forma gratuita como insert de este periódico. El objetivo es conjugar el fotoperiodismo, la foto artística y la documental para abordar los elementos que componen el rostro de la comunidad reparando en sus secretos, sus pequeños silencios, las formas que adquiere cuando se presentan de un modo inesperado.

Las dos primeras fotos de la colección pertenecen a Héctor Bruschini. Fueron tomadas el mismo día (9 de junio de 2009). “Ese día Santa Fe amaneció con una espesa niebla. Cercano el mediodía la oculta presencia del sol comenzó a iluminar la niebla y pude ver que las condiciones de luz eran increíbles, así que recurrí a la única cámara que tenía en el auto –no precisamente la mejor de las mías pero que igual respondió muy bien– y empecé a gatillar por espacio de una hora”, contó Bruschini. “La limitación de los megapíxeles hizo que las fotos salieran con demasiado grano para mi gusto, pero paradójicamente le otorgaron un alto contenido poético”.

La foto que saldrá con el #77

Características técnicas: foto ByN impresa en papel ilustración 280 gr. tamaño A3 (29.7 x 40 cm)

El año del tiki tiki

2009-12-26T08:49:00.000-08:00

Huracán y su buen fútbol, Fuertes, el caos de Unión, Del Potro, Colón en la copa, la ilusión tatengue y mucho más. El Bichi llegó a los 100 y Colón vuelve a jugar la Libertadores, aunque con “repechaje”. Diego lo hizo: con sufrimiento, la Selección está en el Mundial. Del Potro también lo hizo. Y en Unión, Alí logró el milagro y su gente sueña con ascender. Algunas postales de 2009.

Por Gastón Chansard

Cuando se decidió hacer un resumen del año pensé en muchas cosas y en nada a la vez. Una de las primeras imágenes que se me vinieron a la cabeza era la cara de Diego descargándose con los periodistas en Montevideo, pero también aparecieron flashes en mi memoria de aquella cancha de Unión vacía contra All Boys, cuando la decadencia rojiblanca se manifestaba sin escrúpulos en una de las tardes más tristes en la historia tatengue. Y entre tantas escenas que recorrían mi memoria no podía faltar un hombre que este año se convirtió en leyenda: Esteban Fuertes. O Del Potro ganando en el US Open, Estudiantes y su mística copera de la mano del gran Verón, Messi y sus maravillas europeas y penurias sudamericanas, el “Chino” Maidana y su piña de campeón del mundo, el Dakar levantando tierra en nuestras pampas y el llanto de River y Boca. Pero, como futbolero, había una foto que se repetía, una foto en la que predomina el blanco, el buen gusto y la estética al servicio del fútbol. La foto 2009 se llama Huracán.
El Globo fue guiado por un Ángel que llenó de belleza al deporte que tanto nos apasiona a los argentinos. El equipo de Cappa no se consagró campeón, ni siquiera entró a la Copa Libertadores, pero levantó el trofeo del buen fútbol y provocó, como hacía años que un cuadro no lo lograba, que casi todos los neutrales nos sentáramos delante de un televisor para disfrutar del hermoso “tiki-tiki”. Por eso hoy, a días de la sidra y el pan dulce, quien escribe levanta la copa por un equipo que nos emocionó, nos llenó la vista de belleza y hasta nos entristeció por semejante injusticia en aquella lluviosa tarde de Liniers. Sí, me acuerdo que Vélez salió campeón, pero dentro de diez años todos seguiremos recordando al equipo de Cappa y pocos podrán nombrar a cinco o seis jugadores de los dirigidos por Ricardo Gareca.
Banfield salió campeón en el segundo semestre. Y ya lo olvidé.

COLÓN. Los números casi siempre suelen ser los narradores de una realidad y el fútbol no es la excepción. Y si de número hablamos, el Sabalero muestra con gusto su balance, debido a que fue el año calendario con mayor cantidad de puntos logrados en torneos cortos: 68. Esa cifra histórica fue la que le permitió llegar a la Copa Libertadores de América, producto de un cuarto puesto en el Clausura 09 y un tercer lugar en el Apertura 09. Todo esto se resume en 20 victorias, 8 empates y 10 derrotas a lo largo del 2009.
El técnico, Antonio Mohamed, propuso metas y estas se cumplieron. En el primer semestre el Turco habló de superar los 50 puntos para no sufrir con el promedio, y el Negro alcanzó los 57; en la segunda etapa del año dijo que objetivo era la Libertadores y el 27 de enero próximo Colón estará recibiendo a la Universidad Católica de Chile.
Pero el 2009 también tuvo los 100 goles de Fuertes, la venta más importante de la historia rojinegra con la partida de Prediger al Porto, el debut de 10 jugadores de las inferiores en Primera, la inclusión de cuatro futbolistas sabaleros en la selección nacional, la presentación de los muchachos de Maradona en el Brigadier López, la confirmación del estadio sabalero como sede de la Copa América 2011 y para subrayar: la coherencia dirigencial para mantener el cuerpo técnico y la base de jugadores para lograr los objetivos planteados.

UNIÓN. La noche y el día, así de simple se puede resumir el año tatengue si se lo divide en semestres. Con la muerte del ex presidente Juan Vega llegaron todos los problemas, desde los económicos hasta los futbolísticos.
Las deudas a los empleados de planta permanente del club, las peleas de todos los dirigentes contra el vicepresidente Decoud, las huelgas de los futbolistas, la violencia entre miembros de la “barrabrava” y el pésimo nivel de juego del equipo que en su momento condujo Quiroz y después Catinot, hicieron de Unión un club a la deriva, plagado de conflictos y con escándalos de todo tipo.
El anticipado y forzado cambio de autoridades a mediados de 2009 trajo aires de renovación y tranquilidad para las convulsionadas aguas rojiblancas. De la mano de Spahn llegaron los primeros salvavidas económicos y luego Pumpido con Alí se encargaron de reorganizar el fútbol.
La ayuda de los dos ídolos fue tan eficiente que al término de la primera rueda Unión finalizó en el segundo puesto, que es lo mismo que decir ascenso directo. Una buena dosis de suerte en el comienzo, el buen rendimiento de los refuerzos y la gran producción de local (ganó 8 y empató 1) despertaron en los hinchas la enorme ilusión de volver a Primera.

LA SELECCIÓN. Aunque el objetivo de estar en el Mundial se cumplió, sabido es que el 2009 no fue el mejor año para la selección. Maradona nunca pudo encontrar el equipo, Diego cometió errores de inexperto y sus jugadores jamás estuvieron en un buen nivel. Todos esos condimentos nos llevaron a sufrir hasta el último partido de las Eliminatorias.
Ah, me olvidaba... también fue el año donde algunos desmemoriados se olvidaron de quién fue Diego Armando Maradona en la historia del fútbol y se encargaron de bajarlo a este mismo lodo, donde los mediocres creyeron tener sus días de gloria descuartizando al ídolo popular. Los mismos mediocres que tuvieron que secar las lágrimas de sus patrones por los millones que ellos perdían, los mismos que jamás hablaron de sus colegas, pero que ahora critican porque el fútbol es de todos y no de una empresa.

EL AÑO DEL POTRO. En una breve recorrida por los deportistas y acontecimientos más destacados del país y de nuestra zona, es inevitable que no aparezca el nombre de Juan Martín del Potro.
La “Torre de Tandil”, como fue bautizado por el periodismo deportivo, se convirtió en el deportista argentino más exitoso del 2009. Los triunfos y el gran nivel tenístico lo llevaron al tandilense a consolidarse entre los mejores del circuito ATP, pero el punto más alto lo alcanzó el día 14 de septiembre en New York, cuando venció en cinco sets a Federer y se coronó ganador del Abierto de los Estados Unidos.
Para cerrar un año inolvidable, Del Potro jugó el Torneo de Maestros en Londres y llegó hasta la final, donde perdió ante el ruso Davydenko.

UNA LINDA AVENTURA. Cuando comenzaba el año una buena parte del país se vio invadido por cuatriciclos, motos, autos y camiones que estaban dispuestos a atravesar pampas, montañas y desiertos. El mítico Rally Dakar llegaba a la República Argentina para cruzar algunas provincias de nuestro país, pero también para dejar su huella en el vecino Chile.
La visita del Dakar era todo un riesgo, ya que significaba sacarlo de su lugar tradicional para traerlo a unas landas que poco tienen que ver con aquel temido desierto del norte africano, pero la respuesta del público y la buena organización del evento hicieron posible que los encargados de manejar el rally apostaran en el 2010 otra vez a nuestras tierras.

TIERRA DE CAMPEONES. “Marcos “Chino” Maidana, en dramática pelea, se coronó campeón interino de los superligeros de la AMB, al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Víctor Ortiz, en una pelea pactada a 12 rounds disputada anoche en Los Angeles”. Con esas palabras el sitio web del gran monopolio argentino (Clarín) informaba de una nueva consagración de un boxeador santafesino.
El “Chino”, el sabalero, el oriundo de Margarita o simplemente el campeón, llegó a la gloria el 27 de junio y en el pasado mes de noviembre, en Sunchales, realizó con éxito su primera defensa del título.
Y en este pequeño reconocimiento al boxeo de nuestra provincia, que se hizo mundialmente famoso primero por Monzón, el “Zurdo” Vásquez después y ahora por Maidana, también es justo afirmar que en otra página de la historia pugilística estará Carlos Baldomir. El “Tata”, que también supo tener una corona mundial en su cintura, hace escasos días colgó los guantes ante su público, con una pelea que sirvió como excusa para cerrar una carrera de sacrificio y éxitos deportivos.

DESEOS. El 2010 llegará de la mano de las grandes esperanzas. Los sabaleros se ilusionarán con pasar el repechaje para hacer un buen papel en la Copa Libertadores, los tantegues se aferrarán a ese segundo puesto que hoy ostentan para volver a Primera División y todos, hasta los más anti-Maradona, desde el 11 de junio comenzarán a desear a esa mina hermosa que hace 24 años que no podemos besar: la Copa del Mundo.

El clima para 2011: nubarrones

2009-12-26T08:32:00.000-08:00

El mapa político tiene sus piezas trabadas en los principales distritos electorales del país.

La renovación del Congreso luego de la larga transición iniciada tras las elecciones del 28 de junio permite lecturas múltiples: por un lado, crecieron las fuerzas de derecha, que ganaron más bancas que las que ponían en juego, por otro, se atomizó la oposición, lo que devino en un fenómeno verificado el último semestre –el kirchnerismo tomando la iniciativa y marcando la agenda– o, por otro más, se renovó el debate por el modelo de país, con la participación los mismos interlocutores pero con una mayor distribución del poder real.

La derecha se impuso al mismo tiempo en los principales distritos electorales: provincia y ciudad de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, donde hubo desquite en septiembre. Córdoba aparece como la única provincia de peso en la que el kirchnerismo cayó ante una opción progresista y no ante una conservadora.

Los resultados pusieron otra vez al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann en la grilla de largada para las presidenciales de 2011. Muy pronto el Lole se cansó del protagonismo que los medios capitalinos le asignaron y anunció que su destino –al menos por los próximos seis años– está en el Congreso. La bravata –“que a la candidatura se la recontra metan en el medio del culo”– se supone iba dirigida a la presidencia, pero resonó más lejos: al interior de su partido hay dirigentes que hace rato vienen tocando bocina –Das Neves, Solá, el propio Duhalde, propuesto por Reutemann– y que buscan presentarse como una alternativa de centro ante el armado de los Kirchner. También hay otros dirigentes, de la derecha argenta, que quieren sumarse a la grilla con la bendición del Lole: De Narváez y Macri principalmente.

El senador, tras la contienda del 28 de junio, volvió a lo suyo. Parece formar parte de un recuerdo muy lejano esos primeros meses del año en los que hablaba largo y tendido con la prensa. Aunque el derrotado fue Rubén Giustiniani, no hubo analista político que no cediera a la tentación de afirmar que Reutemann se impuso ante el gobernador Hermes Binner. En la Casa Rosada entendieron que era la hora de apostar doble o nada. Después de las fotos de Cristina con Binner y con otros referentes progresistas como Martín Sabatella –en la llamada ronda de diálogo–, se sucedieron las jugadas: primero la Ley de Medios, luego el intento de una reforma financiera –que rápidamente fue a parar al freezer de las materias pendientes– y, hacia fin de año, la asignación universal por hijo dispuesta por decreto.

Mientras tanto, la provincia atravesaba su propio proceso electoral. En las generales del 27 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social se impuso en 14 de los 19 departamentos y repitió la buena performance de 2007, que no había podido traducir en el resultado final de junio –donde Reutemann superó a Giustiniani por un punto porcentual y unas pocas décimas más–. De todos modos, la configuración del poder no se alteró en lo sustantivo. El gobierno de Binner no logró consenso para sancionar una reforma tributaria sin que el intento se convierta en una descarnada batalla política y mediática con el PJ local y las cámaras patronales, a los aullidos.

Pese al argumento que señala la necesidad de realizar una “armonización” con los impuestos de las provincias vecinas, y al hecho de que casi todos los sectores sociales, políticos y gremiales la apoyan, los senadores y diputados del PJ resisten como un bloque único: por primera vez desde la llegada de Binner a la Casa Gris reutemanistas y kirchneristas están de acuerdo, aunque a la larga o a la corta algún sector cederá.

Idéntica resistencia denuncia el Ejecutivo en su tortuosa relación con la Justicia. A fin de año se recalentó el asunto y los ministros de la Corte resolvieron que era hora de jugar la carta más alta: nombraron a Rafael Gutiérrez como nuevo presidente del máximo tribunal de la provincia, aún cuando Binner había sugerido su renuncia tras el fallo que anuló la sentencia del Caso Fraticelli. En el medio aparece como prenda nada más y nada menos que la principal reforma judicial encarada en la provincia desde que rige el Código Penal (1896).

Un Senado en contra, una Justicia distante, municipios y comunas exigiendo cada vez más recursos: a Binner no se le presenta sencillo el panorama de cara a la segunda mitad de su gestión. No hay pocas cosas en juego: el futuro inmediato de la provincia y –tal vez– del país dependen de cómo sepa enfrentar esos escollos.

La primera seguridad es un plato lleno

2009-12-26T08:31:00.000-08:00

Ya con más de 15 años de edad, el núcleo duro de la pobreza neoliberal volvió al tapete.

La “Encuesta Nacional de Juventudes: visiones y desafíos en la Argentina de hoy”, mostró los apuros en los que viven los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años: “la mayoría de ellos no accede a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, la decisión de tener hijos, o la posibilidad de participar en diferentes espacios de la vida pública y social”. Según el trabajo, en los grupos más empobrecidos el primer hijo llega a edades más tempranas que en los sectores más favorecidos. La proporción de mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años, es mucho mayor que la de los varones: 16% contra 3%. El 60% de los jóvenes forma parte de un hogar con nivel socioeconómico bajo. La desocupación en los niveles más bajos multiplica por 3 a los de niveles altos (12% a 4%)

Poco más de la tercera parte de los ingresos que tiene una familia santafesina son gastados en bebidas y alimentos. La salud es recién el cuarto ítem de gasto de los habitantes de esta provincia, después del transporte y las comunicaciones. La encuesta difundida por el IPEC dice que los jefes de hogar con mayor instrucción invierten una buena parte de su dinero en calzado, indumentaria, educación y mantenimiento del hogar. En los casos en que el jefe de hogar es menos instruido, los guarismos son muy inferiores a los anteriores.

Este año, el gobierno nacional reconoció el reclamo del hambre y anunció el pago de la asignación universal por hijo de $180 mensuales. En la provincia de Santa Fe alcanzará a 380 mil niños y adolescentes; en la ciudad a 50 mil. Ahí también está el grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en su paso por Santa Fe, en noviembre: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.

El líder del movimiento, Alberto Morlachetti, agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños”. Sobre la asignación universal por hijo dijo: “es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial, no erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo”.

En Santa Fe hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición: Nutrir Más (11.500 beneficiarios financiados por la Nación), un Plan Alimentario (con 177 mil beneficiarios).

“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios”, dijo Adrián Diserio, director de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.

El concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva afirmó que: “un chico que en la primera infancia sufre desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.

El juicio del año, o el año del juicio

2009-12-26T08:30:00.001-08:00

Seis represores santafesinos juzgados por delitos de lesa humanidad: un hecho que marca una bisagra histórica.

Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.

Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.

La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.

El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.

Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.

Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.

Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.

En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.

También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.

Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.

Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.

Bonus track post edición: la noticia de la sentencia

Las dos caras de la crisis: Kraft y Textil San Justo

2009-12-26T08:29:00.002-08:00

La recuperación de empresas por sus trabajadores se muestra cada vez más como la mejor salida productiva.

La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.

La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.

Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.

En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.

En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.

La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.

La democratización de la palabra

2009-12-26T08:29:00.001-08:00

Desbocados, rabiosos, los oligopolios de “la realidad” hoy responden con la destrucción del oficio de informar.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.

Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.

El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.

“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.

“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.

“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.

El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.

Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.

Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.

Veneno hasta en la milanesa

2009-12-26T08:28:00.001-08:00

Una patria de soja transgénica sin estómago ni testículos: rounduplandia resiste los informes de los científicos.

El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.

La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.

“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.

Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.

Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.

El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.

A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.

El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.

La lluvia no vuelve hacia arriba

2009-12-26T08:27:00.000-08:00

Ampliar y mejorar el sistema de desagües aparece como una de las principales materias pendientes de la ciudad.

Las precipitaciones de octubre y de noviembre fueron motivo de nerviosismo en los santafesinos. Casas del oeste y zonas que desconocían el fenómeno se anegaron, generando disgusto, angustia y pérdidas en los más afectados.

Al momento de escuchar las posibles soluciones no recibieron ninguna tranquilidad porque, según el intendente Mario Barletta, para que la ciudad no se inunde más “hacen falta 1.000 millones de pesos”. No sólo las casas se vieron complicadas sino también el tránsito de vehículos; el agua cubrió las calles y trasladarse en cualquier vehículo resultaba perjudicial para propios y extraños.

Una de las declaraciones del intendente, refutada por los vecinos, fue: “en términos generales, el sistema funcionó sobre todo en las estaciones de bombeos y reservorios”. El mandatario dividió la cuestión en dos: “Hay un proyecto del Instituto Nacional del Agua (INA), que demandaría 1.000 millones de pesos. A este proyecto hay que pensarlo en un mediano y largo plazo porque es muy costoso. El otro problema es circunstancial, y tiene que ver con la basura que hace que algunos barrios se aneguen en una lluvia y otros no”.

En una visita a los concejales, el secretario de Obras Públicas, Roberto Porta dijo: “se destinaron 157 millones de pesos en dos años de gestión”. También incluyó a las obras gestionadas con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como la continuidad de los desagües Lavaisse y Entre Ríos y la ampliación de alcantarillas, esto es el trasvase de reservorios y las estaciones de bombeo”.

El intendente anunció también que la ayuda nacional estaría en camino, ya que confirmó la Nación enviará fondos para la culminación de los desagües Lavaisse y Entre Ríos, y la concreción del desagüe Llerena –desde General Paz hasta la Laguna Setúbal–, obras a las que les falta el 30% de ejecución. Se trata de 7 millones de pesos y una promesa de girar más de 20 millones para avanzar en otra serie de obras.

“Una vez concluidos, las obras aliviarían en gran medida los anegamientos por lluvias en barrios del oeste y del norte de la ciudad. Por un lado, sanearían integralmente toda la cuenca Entre Ríos, sobre todo en San Lorenzo, Chalet y Arenales. En tanto, la conclusión del desagüe en la cuenca Lavaisse disminuiría la acumulación de agua en Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y Lavaisse”, afirmó un parte oficial.

También Porta habló de la ampliación de las alcantarillas sobre la avenida Circunvalación: “la administración anterior proyectó los desagües troncales para conducir un volumen importante de agua desde el centro de la ciudad hasta los reservorios; no tuvo en cuenta que la circunvalación hacía un dique. Por lo tanto, aunque estén los desagües troncales, si no hay un trasvaso de agua a través de la Circunvalación, no sirve de nada”.

Educación sexual, a marzo

2009-12-26T08:26:00.002-08:00

La puesta en marcha de la ley recibió duras críticas de la Iglesia.

A mitad de año se reeditó el debate en torno a la implementación de la educación sexual y prevención de Sida en las escuelas, con motivo de la presentación de un manual de educación sexual impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación. Los preceptos fueron elaborados para que los docentes logren abordar contenidos a fin de construir una sexualidad plena, sana y responsable. La voz eclesiástica se alzó y el obispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y admirador de Hugo Wast, objetó los contenidos por “neomarxistas” y “reduccionistas”, sobreponiendo argumentos religiosos por sobre los científicos. Las críticas fueron realizadas al momento de asumir Alberto Sileoni como ministro de Educación.

Desde Ctera, Stella Maldonado dijo que “la información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo, por supuesto, la diversidad de creencias religiosas”. Y replicó: “causa espanto este ataque burdo a una política pública”, mientras recordaba el prontuario eclesial en la figuras de Julio Grassi y Christian Von Wernich, condenados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad respectivamente.

Sileoni también respondió a Aguer. Tras explicar que el material “promueve valores y no una mera genitalidad”, advirtió que el Estado “tiene la obligación de hacer cumplir la ley” de Educación Sexual en las escuelas. El titular de Educación aclaró que las críticas de Aguer se dirigen a un documento del Ministerio que no llega a las escuelas ya que se trata de un material “que se ha usado para algunas capacitaciones docentes” y contiene una serie de textos “con enfoques distintos”.

Con la educación sexual, el Estado tiene tres preocupaciones centrales: el abuso infantil, que está creciendo; el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Así, los contenidos promovidos por el Ministerio están enfocados principalmente a estas tres problemáticas, pero también apuntan “al respeto hacia el otro, al amor”. “Nosotros queremos centrarnos en esos temas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”, dijo Sileoni al remarcar que “nadie puede negar la virtuosidad del preservativo para prevenir enfermedades”.

El texto de la Ley de Educación Sexual Nº 26.150, sancionada en octubre de 2006, fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etcétera. Establece como educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina e incluidos en la Reforma Constitucional de 1994.

En Santa Fe, a lo largo del año pero sobre todo en la segunda mitad, el área específica del Ministerio que trabaja sobre el tema se dedicó a capacitar a los docentes de cara al nuevo desafío: convertir el complejo tema en un contenido más para que los chicos aprendan en el aula lo que no siempre pueden aprender en la casa.

Con miedo al amor

2009-12-26T08:26:00.001-08:00

El Senado volvió a cajonear la unión civil.

En la provincia hay cerca de 200 mil gays y lesbianas que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho. Esa fue la sentencia de distintas agrupaciones que representan al colectivo LGBTT, quienes siguieron insistiendo durante 2009 para obtener la sanción definitiva del proyecto de ley de Unión civil, que ya tenía el visto bueno de Diputados tras la pérdida de estado parlamentario el año pasado. Otra vez, el año pasa sin novedad. “Es importante que los senadores nos escuchen, que sepan que éste es un tema de justicia social. Hay que ser claros: este proyecto de ley es para todo tipo de parejas más allá de su orientación sexual. Me parece que en estos momentos de crisis por los que atravesamos es necesario algún tipo de cobertura para aquellas personas que por el amor y por el afecto están juntas. Esta no es una provincia confesional, entonces este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio. Los legisladores pueden llegar a estar apesadumbrados por su conciencia católica, pero esta ley no viola ningún sacramento sino que se reconoce a las parejas la convivencia”, dijo Guillermo Lovagnini, de Vox Rosario.

A diferencia del matrimonio, la pareja conformada a partir de la unión civil no puede adoptar hijos o heredarse mutuamente en caso de muerte del compañero. Tampoco se ve afectada la situación patrimonial de los contrayentes. Para disolver esta relación, basta con que uno de los miembros de la pareja presente en el Registro Civil un pedido de disolución de la unión. En distintos puntos del país, la ley de Unión Civil fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

El camino por los derechos del colectivo LGBTT no es un lecho de rosas: el senador José Baucero no coincide con la unión de dos personas del mismo sexo porque “queremos resguardar la consolidación de la familia, que para mi la conforman un hombre y una mujer y sus hijos. No quiero discriminar por el hecho de que dos personas del mismo sexo convivan bajo el mismo techo, pero tampoco podemos mirar para otro lado porque existen, están en Santa Fe y en cualquier otro lugar del mundo”, opinó el representante de San Javier. Otro año termina y los senadores siguen acordando en no ponerse de acuerdo.

La epidemia de los negocios

2009-12-26T08:24:00.001-08:00

La pandemia internacional causada por el virus H1N1, conocido como Gripe A, rebotó fuerte en el país y la provincia.

Cuando la Gripe A comenzó a ser noticia internacional, todavía no había invadido suelo argentino. El 15 de junio, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se conoció la primera víctima fatal en el país. “Sin emergencia sanitaria, habrá más muertes”, anunciaron. Los datos más recientes indican que hubo11.234 casos positivos, con un saldo de 613 personas fallecidas; el número de víctimas fatales a nivel mundial ascendió a 7.826 con picos en América del Norte, el Caribe y Europa. En América latina, incluida la Argentina, murieron más personas por gripe común: cerca de 3.500.

La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 muy contagioso y mutante, que afecta a personas de todas las edades y suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en niños y ancianos.

Al momento de declarar como pandemia moderada a la enfermedad, la OMS expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados se recuperaban de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. La gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 fue similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.

A pesar de la gravedad del problema, a mediados de año las elecciones legislativas del 28 de junio coparon gran parte del espacio en los medios. Luego, hubo mensajes cruzados que confundieron a la población, que se abasteció de barbijos, alcohol en gel y pastillas a mansalva, sin saber si servían para protegerse eficazmente.

Tras el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la debilitada ministra de Salud Graciela Ocaña, el gobierno nacional trazó políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad. Luego de asumir en la cartera de Salud, Juan Manzur logró unificar criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones con los ministerios sanitarios de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más clara.

Por su parte, el ex ministro Ginés González García informó que cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las personas reportadas hasta el momento no debían sorprender.

Santa Fe fue la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, y aquí también se percibió una psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación. En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino invirtió 33.000 dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.

Si bien la actividad se vio prácticamente paralizada tanto en escuelas como en ámbitos públicos, no se decidió el cierre de comercios ni establecimientos privados. No obstante, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos advirtieron una visible disminución de su actividad durante los meses pico: junio y julio. El sector hotelero también se vio afectado y se registró una caída de más del 50% en la ocupación de las plazas disponibles. En cuanto a los rubros que aumentaron su actividad se encuentran los productos de limpieza, fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas: la venta de alcohol en gel se sextuplicó y los precios aumentaron en un 70%. Lo mismo ocurrió con los antivirales como el Tamiflú: cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.

La existencia del nuevo virus se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. “La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado”, señaló la OMS.

La guerra al cacharro

2009-12-26T08:23:00.000-08:00

Aedes aegypti, el mosquito más temido, se expande por todo el país.

Junto a la Gripe A, el dengue se lleva los laureles a la hora de recordar qué enfermedades persiguieron y sugestionaron masivamente a los argentinos a lo largo de 2009.

Durante la emergencia a nivel nacional por los repetidos casos de dengue, los especialistas informaron acerca del papel clave que puede jugar la sociedad para evitar que se extienda la epidemia.

Durante el pico de mayor difusión de la enfermedad y su agente transmisor –el mosquito Aedes aegypti– el director nacional de Prevención de Enfermedades, Hugo Fernández, estimó que “por cada caso reportado podría haber entre cinco y diez casos no reportados”. Para ese entonces, el insecto ya había superado el paralelo 35 de latitud sur, su límite histórico, llegando a la provincia de Buenos Aires, como antes había hecho lo propio en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, la fundación ecologista local Proteger llamó a los medios de comunicación a que “aprovechen su enorme poder” para ayudar a frenar la expansión de los brotes.

El dengue, hay que recordarlo, no se pasa de persona a persona: la transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y después a otra no infectada. El mosquito vive en el agua clara, que parece limpia y se junta en gomas, tachos, aljibes, cacharros, chapas acanaladas, tanques sin tapa, floreros y otros recipientes. El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene. En las aguas turbias, marrones u oscuras no vive el mosquito (esteros, cañadas, zanjas o represas). El mosquito que transmite el dengue pica sólo de día. Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad. Perros, gatos y demás animales domésticos no transmiten la enfermedad. Los síntomas se manifiestan en una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago, indicó que el dengue “no es sólo una responsabilidad del sector de la salud, sino que para combatirlo se requiere un enfoque integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de difusión con mensajes de prevención y educación claros y precisos. Los servicios públicos de salud deben garantizar el tratamiento oportuno, no ocuparse de la prevención domiciliaria”.

Si bien los especialistas vienen advirtiendo desde hace más de dos décadas sobre lo importante que es manejar información precisa para prevenir el dengue, la crisis que se desató en el centro-norte argentino parece contradecir ese saber básico. Asimismo, en las décadas del ‘50 y del ‘60 las campañas continentales de erradicación lograron combatir el vector y la Argentina se declaró libre del Aedes.

Pero el abandono de las campañas hizo que el mosquito proliferara nuevamente en los sitios de donde había sido eliminado.

Además, las campañas que se habían realizado no fueron acompañadas de políticas de saneamiento del medio ni por campañas educativas sostenidas en el tiempo de manera de generar nuevos hábitos en la gente.

Sida: no olvidar

2009-12-26T07:54:00.000-08:00

Las muertes, la conciencia, las campañas...

Las estadísticas, aún incompletas, muestran una realidad cruel y desequilibrada. Mientras Santa Fe exporta maquinarias y materia prima por cifras millonarias, es también la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Alrededor de 400 casos de VIH/Sida de los 1.770 que hay registrados en la provincia están siendo tratados en el Hospital Iturraspe. Al efector acuden pacientes que llegan desde los cuatro puntos cardinales de la provincia, incluyendo algunos oriundos de Santiago del Estero. La Dra. Laura Trosch, quien trabaja en el área hace más de diez años, expresó que “sigue siendo una enfermedad mortal, tratable pero mortal”.

La falta de conciencia generada por la ausencia de conocimiento que hay sobre el tema es el principal motivo de transmisión. Hoy en día tener sexo sin preservativo es estar encima de la enfermedad. No se usa preservativo porque se cree que la enfermedad no está aquí: no hay conciencia porque no se está hablando de esto. “Algunos toman conciencia y se cuidan, hay otros a los que no les interesa cuidarse, no avisan cuando están infectados, no les interesa ponerse el preservativo, por lo tanto se estima que detrás de cada infectado hay gente que también lo está y no lo sabe. Siguen teniendo sexo con otras personas, por lo que se transmite el virus, y por eso hay una población que no la tenemos cuantificada porque no sabe que está infectada o porque supone que está infectada pero no le interesa consultar”, analizó Trosch. La profesional estimó que “si se pudiera hablar con la población sobre el Sida en apenas un 10% de lo que se habló sobre la Gripe A, seguramente se salvarían muchas más vidas de las que se están salvando ahora”.

Desde el Hospital Iturraspe sentenciaron que no se muestra lo que realmente está pasando: no se está dando a conocer la cantidad de casos de infectados ni la cantidad de pacientes que siguen muriendo de esta enfermedad. Mientras, los pacientes crecen en cantidad y los médicos siguen siendo los mismos. Definitivamente, la capacidad de atención está desbordada.

Para finalizar, un dato poco alentador: al hospital llegan chicas de 13 o 14 años embarazadas y con casos positivos de VIH.

Esta vez es en serio

2009-10-29T11:24:00.000-07:00

Una megacausa que surge de la unificación de 15 expedientes busca esclarecer los peores crímenes de la dictadura. Hay 14 imputados por los siguientes delitos: 28 homicidios, 14 casos de desaparición forzada, tormentos, secuestros y supresión de identidad. Los represores santafesinos niegan los cargos, pero las pruebas permiten que la Justicia avance en las acusaciones.

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que la Justicia comience a afrontar sus deudas. Los militares que ejecutaron el golpe de Estado en Santa Fe están siendo investigados y una nueva causa está en marcha, producto de la unificación de una quincena de denuncias. En total, hay 54 delitos –cometidos entre 1976 y 1983– bajo la lupa del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el pasado 28 de septiembre firmó una resolución por la cual ordenó indagatorias a 14 personas, 12 de las cuales están detenidas. Entre ellos se destaca la figura de José María González (foto), jefe del Área 212 entre de 1974 y 1976 y ejecutor del golpe de Estado en Santa Fe, que 1976 derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y dejó inaugurada en la provincia la etapa más oscura de su historia. Además, otros nueve ex militares, tres ex policías y un ex juez de menores aparecen involucrados en los hechos investigados.

Rodríguez hizo lugar a un pedido de los fiscales Cintia Gómez y José Ignacio Candioti y, diez días atrás, firmó la resolución 18/09, cuya carátula es: “Investigación delitos de lesa humanidad. Hechos ocurridos entre los años 1976 y 1983”. Allí el juez sostiene que los 14 imputados “resultan penalmente responsables” de los delitos en investigación y agrega: “Sus conductas configuran delitos de lesa humanidad en el marco del derecho internacional y deben ser reprimidas de acuerdo a las disposiciones del Código Penal”. La acusación incluye 28 homicidios, 18 casos de desaparición forzada, cuatro de privación ilegítima de la libertad, tormentos, falsedad de documento público y supresión de identidad de una menor, por cuya adopción irregular serán indagados el ex juez Luis María Vera Candioti y el ex militar Carlos Pavón.

Los otros imputados son Juan Orlando Rolón –sucesor se González al frente del Área 212 del Ejército–; Adolfo Ernesto Álvarez –jefe de la Plana Mayor, hoy reside en la ciudad de Buenos Aires–; Domingo Morales –ex mayor del Ejército, número tres del Destacamento de Inteligencia, vive en Pergamino–; Carlos Alberto Settel –general de brigada, subjefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura del Batallón de Comunicaciones del Comando 121 de Rosario, con domicilio en Buenos Aires–; Domingo Marcellini –jefe del Destacamento de Inteligencia, con prisión domiciliaria en Mendoza–; Jorge Roberto Diab –subjefe de Inteligencia, involucrado además en el traslado de 10 presas políticas al centro clandestino de torturas “La Casita”, en Santo Tomé–; Roberto Pedro Arrieta –jefe del Distrito Militar, en cuyas instalaciones funcionaba además el Destacamento de Inteligencia; Mario Carmelo Ferger –que se desempeñó en los cuarteles de Santo Tomé– y tres ex policías que están procesados en la llamada Causa Brusa: Mario Facino –jefe de la Comisaría Cuarta–, Juan Calixto Perizzotti –jefe de la Guardia de Infantería Reforzada– y Héctor Colombini.

La “megacausa” abierta por Rodríguez –llamada así en virtud de la magnitud de la investigación– es el primer avance serio en la historia reciente de la provincia en materia de derechos humanos. El trabajo de los organismos de derechos humanos y las denuncias de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares comienza a dar frutos. La unificación de quince expedientes obedece a un repetido pedido de los denunciantes, cuyo objetivo es avanzar sobre los represores y al mismo tiempo aunar los procesos, de modo que testigos y sobrevivientes no tengan que declarar, una y otra vez, lo mismo. No sólo se busca evitar las consecuencias psicológicas propias de la repetición y el recuerdo de hechos tan traumáticos: también la mera sobreexposición pública.

Quizá el detalle más saliente de esta megacausa sea que, por primera vez, la Justicia resuelve indagar a los sospechosos de haber cometido los delitos de homicidio y desaparición forzada. En el juicio por la Causa Brusa, cuyas audiencias comenzaron el 1º de septiembre, se investigan los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad. Los seis acusados –el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y los ex policías Facino, Perizzotti, Colombini, María Eva Aebi y Eduardo Ramos– están procesados, también, en una causa por asociación ilícita, junto a Rolón y Marcellini: procesamientos que fueron ratificados en agosto por la Cámara Federal de Apelaciones. La otra causa cuyo juicio estaba previsto para este año sigue demorada por planteos de la defensa. En ella está acusado Horacio Américo Barcos –ex agente de Inteligencia–, quien usaba como pantalla para actuar la obra social de la Uocra, donde era empleado. Está acusado de secuestrar y torturar a una pareja en 1978.

Ferger, Diab, Arrieta, Morales, González y Settel ya declararon ante Rodríguez y están alojados en el pabellón especial de la cárcel de Las Flores, reservado para imputados en crímenes de lesa humanidad. Todos pasaron los 70 años; en breve obtendrán el beneficio de la prisión domiciliaria. Todos oyeron la acusación, cuya lectura demanda casi tres horas. Todos negaron los cargos. Tenían puestos jerárquicos y fueron los principales ejecutores de los operativos de la dictadura en Santa Fe. Todos se declararon libres de culpa y cargo.

Perizzotti, actualmente en el banquillo por la Causa Brusa, también declaró ante el juez federal. Su testimonio no trascendió, pero su conducta ante el tribunal que lo juzga por estos días permite suponer que corroboró al menos algunas de las imputaciones: fue él quien rompió el pacto de silencio y pidió ampliar su indagatoria, en la que comprometió principalmente a Diab. Su planteo cabe en pocas palabras: “Nosotros éramos el forro; nos usaban y, cuando no les servíamos más, nos tiraban”. Nosotros y ellos, en términos de Perizzotti, equivale a policías y militares.

A Marcellini lo deberán ir a visitar a Mendoza –fue apartado del juicio por sus problemas de salud– y a Rolón a su domicilio del barrio Siete Jefes. Pavón y el ex juez de menores Vera Candioti son los únicos a quienes la Justicia no ordenó detener. Están involucrados en la adopción irregular de Paula Cortassa, entregada a la familia Guallane en 1977 luego de que sus padres biológicos fueran asesinados en un operativo del Ejército en el norte de la ciudad.

Los casos que se investigan, uno por uno:
El periodista Héctor Galiano recopiló las actuaciones judiciales y publicó un completo informe en el diario digital Notife. Aquí, un extracto de ese trabajo:
- Carlos Livieres Bank y Héctor Ameri: el primero fue herido el 18 de febrero de 1976 por fuerzas del Área 212 en Alvear entre Juan del Campillo e Iturraspe. Murió horas más tarde en el Hospital Cullen. Ameri fue secuestrado en la misma ocasión y hasta hoy sigue desaparecido.
- Orlando Finsterwald: fue visto por última vez el 16 de febrero de 1976, cuando dejó la ciudad de Rosario para acudir a una cita de Montoneros en la Plaza de las Banderas de Santa Fe. Está desaparecido.
- Antonio Silvia: secuestrado en febrero de 1976. También iba a participar de la cita de Montoneros. Sigue desaparecido.
- Daniel Martín Angerosa: visto por última vez el 17 de febrero de 1976, antes de la reunión de Montoneros. Fue secuestrado y está desaparecido.
- Enrique Guastavino: secuestrado por personal de la Policía Federal en Santa Fe, el 17 de febrero de 1976. Desaparecido.
- Mario Luis Totterau y María Cristina Mattioli de Totterau: secuestrados por fuerzas del Área 212 el 27 de febrero de 1976 en su casa de 1º de Mayo 5180. Desde entonces no volvió a saberse de ellos.
- Olga Teresita Sanchez y Graciela Siryi: la primera fue secuestrada el 28 de febrero de 1976 cuando iba a una reunión en Villa Hipódromo. Estuvo detenida en la Comisaría Cuarta y su cuerpo fue encontrado en marzo de ese año en un descampado cercano a Coronda, junto a otros tres cuerpos de mujeres. Todas estaban maniatadas. Mediante estudios genéticos se pudo reconocer a Cristina Mattioli y Graciela Siryi.
- Sara Dorotier de Cobacho: secuestrada en la madrugada del 24 de marzo de 1976 en la casa de su hija en Santa Fe. Fue tortura en “La Casita” y luego en la Comisaría Cuarta. Luego la trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada. Recuperó la libertad en febrero de 1977.
- Luis Vuistaz y Miguel Ángel Fonseca: muertos en los operativos realizados por el Ejército y la Policía de Santa Fe el 6 de septiembre de 1976 en Martín Zapata 2526, donde además fue secuestrada Vila Pompeya Gómez. La imputación recae sobre el ex policía Héctor Colombini.
- Evaristo Oviedo, María Liliana Ríos y Pedro Guillermo Guastavino: al primero lo mataron de un disparo de arma de fuego en la cabeza el 8 de septiembre de 1976 en su casa de Aristóbulo del Valle 5050. Su cadáver fue inhumado como NN en el Cementerio Municipal en 1976 por disposición judicial. Marta Berra (entonces su compañera), Liliana Ríos y Pedro Guastavino fueron detenidos y torturados.
- Ana María Fonseca, Antonio Bernal y Adriana Morandini: los dos primeros fueron asesinados en un procedimiento realizado por fuerzas del Área 212 en Lavaise 4465. Morandini fue secuestrada en otro procedimiento.
- Carlos Belmont y Graciela Saur: el 21 de septiembre de 1976, fuerzas del Área 212 asesinaron al primero en la vía pública. Saur fue capturada entonces y aún se encuentra desaparecida.
- Horacio Ferraza: lo mataron en las cercanías de Club Unión el 23 de septiembre de 1976. Inhumaron su cuerpo como NN en el Cementerio Municipal.
- Silvia Edith Coria, Alfredo Fontana, Susana Trossero y Adriana Alicia Ángel: asesinados el 7 de octubre de 1976 por fuerzas del Área 212 en la casa de Pedro Ferré 1936. Adriana Ángel estaba embarazada de ocho meses y era pareja de Ferraza.
- Edgardo Ferreyra: despareció el 3 de enero de 1977 cuando le dieron de baja del servicio militar.
- Adriana María Bianchi, María Josefina Mujica y José Pablo Ventura: asesinados el 4 de enero de 1977 por fuerzas del Área 212 en un inmueble de calle San Martín y Espora. Los restos fueron inhumados como NN en el Cementerio Municipal.
- Osvaldo Ziccardi, Jorge Piotti, Carlos Friguerio y Esther Gómez de Ruiz: asesinados en Las Heras e Ituzaingó por fuerzas del Área 212 el 19 de enero de 1977. Sus restos fueron llevados al Cullen y luego al Cementerio Municipal. Ziccardi fue identificado por peritos de Antropología Forense en el año 2000. La historia de esa masacre está narrada en el libro “Hay un positivo”, de Miguel Espinaco y Mario Andino.
- Blanca Zapata, Cristina Ziccardi, Paula Cortassa (Carolina Guallane) y Enrique Cortasa: a Ziccardi la mataron en un operativo del Área 212 en una vivienda de calle Castelli 4351, el 11 de febrero de 1977. Allí resultó herida Blanca Zapata, entonces embarazada, y fue secuestrado su esposo, Enrique Cortassa, hoy desaparecido. Tenían una hija, Paula, que fue entregada en forma irregular, por el entonces juez de menores Luis María Vera Candioti, al matrimonio Guallane. La madre de María Carolina Guallane (Paula Cortassa) fue muerta de un disparo en la cabeza; el bebé que esperaba nació muerto.
- Juan Carlos González Gentile: lo mataron fuerzas del Área 212 el 12 de febrero de 1977, en la intersección de Belgrano y Pedro Zenteno.
- Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez: los mataron fuerzas del Área 212 en un procedimiento realizado el 24 de marzo de 1977.
- Roberto Daniel Suárez: conscripto muerto el 1º de agosto de 1977. Cumplía el servicio militar en el Batallón de Anfibios de Santo Tomé. Sus restos fueron trasladados en una barcaza del Ejército y enterrados en la clandestinidad. Esta desaparecido.
- Néstor Cherry: secuestrado el 19 de agosto de 1977 en Santa Fe. Desaparecido.
- Carlos Miguel Nuñez: secuestrado el 19 de agosto de 1977 por la Policía Federal en pleno centro de Santa Fe. Continúa desaparecido.
- Elsa Raquel Díaz: la mataron fuerzas conjuntas del Área 212 el 19 de agosto de 1977. Su cadáver fue depositado en la morgue del Hospital Cullen y luego trasladado al Cementerio de Paraná.
- Angel Fiocchi Arce: secuestrado el 20 de agosto de 1977. Continúa desaparecido.
- Norberto Partida: secuestrado el 20 de agosto de 1977, en su casa, por personal policial. Desaparecido.
- Luis Verdú: fue interceptado por fuerzas del Área 212 el 20 de agosto de 1977 en Domingo Silva y Marcial Candioti. Está desaparecido.
- Alberto Velzi: secuestrado el 21 de agosto de 1977 en su domicilio de Agustín Delgado 1981 por un grupo de tareas del Área 212. Era profesor de Filosofía. Esta desaparecido.
- Alberto Solé: secuestrado en octubre de 1977 cuando iba a tomar el colectivo para ir al Colegio Industrial. Sigue desaparecido.

Diálogo versión local

2009-08-07T13:42:00.000-07:00

Una agenda de temas económicos reunió al gobernador y a legisladores de todos los partidos. El faltazo del Lole reflota las dudas sobre su papel institucional. ¿Puede ser presidente alguien que no puede pisar su propia ciudad?

Por Ezequiel Nieva

No sabe, no contesta. Así se puede definir la relación entre el gobierno de la provincia y uno de los tres senadores que la representa en el Congreso: Carlos Reutemann. En la semana se sucedieron algunos hechos que no hacen sino agigantar los interrogantes que rodean la figura del ex piloto; su comentada ausencia en la reunión que el lunes mantuvo el gobernador Hermes Binner con los legisladores nacionales santafesinos –a la que se había comprometido a asistir– y la idéntica decisión ante la convocatoria del ministro Florencio Randazzo reflotaron las dudas que, antaño, constituyeron la comidilla de sus adversarios políticos.

¿Es Reutemann –como quieren sus fieles– un “tiempista” que elige meditar cada paso o es simplemente un hombre timorato, esclavo de sus propias dudas? ¿Está en condiciones de ser presidente –como sugirió Hilda “Chiche” Duhalde– alguien que no puede caminar por su propia ciudad? ¿Le queda esa necesaria reserva de ambición para lograrlo o está conforme con su cargo? ¿Puede aspirar a llegar alguien que se compromete públicamente a defender los intereses de su provincia y, acto seguido, decide no dialogar ni con el gobernador ni con el ministro del Interior?

Tanto Binner como Randazzo lo habían citado porque es el referente de un vasto sector político y porque, además, ocupa un cargo institucional hasta el año 2015. De hecho, el propio Reutemann se había cansado de repetir –antes y después de las elecciones del 28 de junio– que estaba a disposición de los gobiernos provincial y nacional para todos aquellos asuntos que exigieran su participación. El contexto –crisis, desaceleración de la economía, déficit en las cuentas públicas– requiere de acuerdos firmes y, en virtud de ello, casi todos los legisladores asumieron el compromiso de colaborar con la administración provincial...

... MENOS UNO. El mismo día en que Binner recibió a los legisladores, Cristina Fernández de Kirchner se había reunido con los diputados del Frente para la Victoria. El jefe de esa bancada, Agustín Rossi, comentó antes de ingresar al Salón Blanco de la Casa Gris: “La presidenta nos pidió que trabajemos buscando consensos”. En efecto: 19 de los 22 legisladores santafesinos asistieron al convite de Binner. Héctor Sylvestre Begnis y Paulina Fiol se excusaron con tiempo por no poder asistir; Reutemann, en cambio, demoró la intriga hasta último momento.

La necesidad de consenso, cuya primera condición es el diálogo, aparece como la única estrategia viable de cara a los próximos dos años y medio: el poder está repartido de forma tal que ningún sector podrá avanzar sin negociar con los otros. A Binner le ocurre, en la provincia, lo mismo que a Cristina en la Nación; de ahí que también convocara a los referentes del justicialismo santafesino para avanzar en los temas que considera clave para su gestión: reforma tributaria a la cabeza.

Pero como la buena salud de las cuentas de la provincia no depende sólo del humor de los senadores opositores, el gobernador ha redoblado sus esfuerzos en recomponer la relación con la administración central, muy fría tras el público apoyo del socialismo a los reclamos de la Mesa de Enlace. Los primeros signos del renovado entendimiento entre Binner y el kirchnerismo pudieron verse tras el encuentro que mantuvo con la presidenta dos semanas atrás; la convocatoria del lunes último tiene que ver con el esfuerzo conjunto que deberán hacer socialistas, radicales y justicialistas en el Congreso Nacional en favor de los intereses de la provincia.

Por eso Rubén Giustiniani había sugerido, antes de la reunión, la conformación de un bloque legislativo transversal que se ocupe de gestionar recursos para Santa Fe. “Hay tres temas fundamentales: la ley de coparticipación federal, el impuesto al cheque y las obras de infraestructura necesarias”, dijo el senador socialista. “Creo que es muy posible que podamos coincidir en estos temas, más allá de las banderías políticas”.

Con alguna chicana, también el diputado Jorge Obeid saludó la convocatoria de Binner: “En principio, bienvenido sea el diálogo. Pero tampoco hay que esperar que de una reunión surjan las soluciones para todos los problemas que tiene el gobierno provincial. Es un primer paso; ahora el Congreso tiene que tratar la prórroga de la ley del cheque”. Obeid enumeró otros temas pendientes: “El presupuesto, el destino de los casi 8.000 millones de pesos de ATN que no se están distribuyendo, las rebajas a las retenciones”. El ex gobernador recordó un proyecto de su autoría –avalado por el Lole– que propone eliminar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol y bajar la alícuota de las retenciones a la soja.

–¿Y de dónde surgirían los recursos que el Estado dejaría de recaudar? –le preguntó Pausa.

–De la ingeniería presupuestaria que tiene que hacer el gobierno. Se modifican los presupuestos, como cada vez que hay un recurso que deja de existir. Para eso tiene centenares de personas el Ministerio de Economía: para ver cómo reasigna recursos.

Giustiniani recordó luego que “cada uno tiene sus proyectos particulares”. “El debate recién empieza; el socialismo tiene un proyecto de retenciones segmentadas y progresivas y creemos que la soja debe tener un tratamiento diferente. Tiene que haber una política que vaya en contra del monocultivo, que es lo que se está expandiendo. Vemos que hay una idea de superar la sojización, pero las políticas existentes no hacen más que proyectarla”.

–Sin embargo cuando el año pasado se anunciaron las retenciones móviles, uno de los argumentos era frenar la sojización...

–Está claro que en los últimos años todo lo que se ha hecho no ha servido para frenar el monocultivo, sino todo lo contrario –respondió el socialista–. La realidad muestra que la soja se ha extendido a lugares insospechados, incluso deforestando bosques nativos.

Luego explicó que, según su punto de vista, para reemplazar los recursos que dejaría de percibir el Estado en caso de un eventual cambio en el sistema de retenciones, hay otras variables posibles: “Soy autor de un proyecto para gravar la renta financiera, de otro que propone cambios en el código minero y de otro para gravar el juego”.

Obeid se había explayado sobre las distintas iniciativas que, junto a sus pares Walter Agosto y Ariel Dalla Fontana, presentó en el Congreso. De hecho, le dejó una copia a Binner de los ocho proyectos pendientes de tratamiento que ayudarían a mejorar las cuentas de la provincia: además de la modificación del sistema de retenciones, la declaración como zona de desastre de los departamentos afectados por la sequía, un cambio en la coparticipación de los derechos de exportación del petróleo, incentivos fiscales para el sector lácteo y un incremento en el piso de coparticipación para las provincias, entre otros. Todos esos proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados; de allí se desprende la escasa o nula participación del senador Reutemann en las gestiones.

LAS GARANTÍAS. Mientras se desarrollaba la reunión, en la puerta principal de la Casa Gris un grupo de inundados esperaba la llegada del ex gobernador. En su mayoría, mujeres. Una de ellas, Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, explicó por qué se acercaron: “Reutemann tiene una deuda social y política con la provincia y tiene que pagarla. ¿Por qué no la pagó, por qué llegó a ser candidato de nuevo (el 28 de junio)? Porque los integrantes de la Corte han hecho un pacto para que la impunidad lo proteja de por vida. ¿Qué le pasa a este hombre, que está hablando de ser presidenciable en 2011 y que por un grupo de ciudadanos que hemos decidido no doblegarnos decide no venir a la Casa de Gobierno?”, se preguntó.

–¿Esto socava la representatividad de Reutemann?

–Creo que le quita autenticidad. Su autenticidad está en cuestión.

Según publicó el miércoles La Capital de Rosario, Reutemann estuvo en inmediaciones de la Casa Gris y, después de dar varias vueltas en su auto, se convenció de que el horno no estaba para bollos. “Con semejante comité de recepción no puedo asistir a la reunión”, le dijo desde su celular a un par de dirigentes justicialistas que aguardaban su llegada en el bar de San Martín y General López. Adentro ya circulaban las versiones sobre “las condiciones de seguridad”, que fueron el argumento esgrimido por los allegados al Lole para justificar su ausencia.

La reunión estaba por empezar, con 19 legisladores y el gabinete completo del gobierno provincial ya ubicados en el Salón Blanco. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, relató al día siguiente los pormenores: dijo que fue él quien llamó a Reutemann para averiguar qué pasaba y no, como se comentó en un principio, que había sido el Lole quien llamó para excusarse. “Como no llegaba y sentía de ruidos de cacerolas en la puerta –contó Bonfatti– me asomé y vi 15 o 20 personas que estaban allí, manifestando. Entonces, pensé que esa era la causa por la que no venía. Lo llamé por teléfono. Me atendió. Le dije que le ofrecíamos todas las garantías, que podía ir yo a recibirlo por la cochera de atrás y que lo estábamos esperando. Me dijo que era un soldado de Santa Fe, que estaba a disposición de la provincia, pero que dadas las circunstancias no iba a concurrir”.

DOBLE FALTA. Dentro de la ronda de reuniones que el gobierno nacional mantiene con todas las fuerzas políticas –desde referentes de centro izquierda como Martín Sabbatella o de la derecha liberal como Mauricio Macri–, Reutemann había sido convocado –junto a “Chiche” Duhalde– por el ministro Randazzo. El encuentro estaba previsto para ayer, pero dos días antes el Lole avisó que no iría. “Va a ser imposible que concurra porque tiene un tema familiar en Santa Fe”, explicó a La Capital una colaboradora del ex gobernador.

Curiosidades de la política nacional: Hilda Duhalde, la esposa del ex presidente que alguna vez tentó al Lole para que lo sucediera, hace pocos meses vilipendió al ex piloto achacándole su escaso poder de decisión y carácter dubitativo. Recordaba, claro, la confusa explicación sobre por qué no había aceptado la propuesta de Eduardo Duhalde allá por mediados de 2002. Ahora es ella quien lo ve como presidenciable. “Lo vemos todos dentro del peronismo como un hombre de mucho futuro”, dijo el mismo día que Reutemann decidía no reunirse con Randazzo.
Mientras, el Lole parece haber recuperado su perfil de hombre callado: no habla si no a través de sus colaboradores. ¿Qué rol jugará de aquí en adelante? Es una pregunta tan difícil de responder como las que abren esta nota.

Publicado en Pausa #42, viernes 7 de agosto de 2009

Bolsillos generosos

2009-08-07T13:02:00.000-07:00

Los informes presentados ante la Justicia Electoral permiten conocer de qué modo se financiaron, en la provincia, las campañas de las distintas fuerzas.

Tal como exige la ley 26.215, los partidos y frentes políticos que participaron de los comicios del 28 de junio presentaron los informes sobre los gastos y el origen de los fondos utilizados en la campaña ante la Cámara Nacional Electoral. De esos datos se desprende, en primera instancia, que el Frente Santa Fe Federal –encabezado por Carlos Reutemann– tuvo un importante apoyo empresario-indus-trial, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) financió su campaña con los fondos otorgados por el Ministerio del Interior junto con el aporte de dos empresas y de personas físicas. La tercera fuerza en la provincia, el Frente para la Victoria (FPV), recibió aportes fundamentalmente de legisladores nacionales y provinciales de la coalición, de seis empresas y también de particulares.

El informe preliminar que deberá ser detallado en los próximos meses ya despertó indignación en algunos dirigentes. Los números muestran que los gastos de Santa Fe Federal superan ampliamente los del FPCyS y casi duplican los del FPV. La polémica por los fondos y el financiamiento de las campañas no se generó sólo en Santa Fe; también en la provincia de Buenos Aires, donde el empresario Francisco de Narváez declaró que Unión Pro gastó 14.430.000 de pesos y el FPV, con Néstor Kirchner como candidato, 15.011.258 pesos. Montos que aparecen como exagerados siendo una campaña legislativa. Claro que hubo también otros casos, como el de Nuevo Encuentro, partido liderado por Martín Sabbatella, que gastó 483.002 pesos.

En la ciudad de Buenos Aires la coalición Unión Pro, que llevó a Gabriela Michetti como primera candidata, declaró gastos por 3.646.893 pesos. El FPV, con Carlos Heller a la cabeza, destinó 999.915,78 pesos, mientras que Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, valuó su campaña en apenas 176.790 pesos.

Sabbatella había denunciado durante la campaña la desigualdad entre los recursos destinados a las actividades proselitistas y cómo eso hacía difícil la difusión de las propuestas y plataformas electorales de los nuevos frentes políticos. Fueron esas fuerzas, las que menos recursos usaron, las que en sus páginas web detallaron con mayor rigor el modo en que financiaron sus campañas (un caso, el de Nuevo Encuentro: en su sitio se publicó un listado con los aportes que recibieron de particulares).

LA CAMPAÑA EN SANTA FE. En la página del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) se informa que, de acuerdo a la presentación realizada por cada fuerza política, Santa Fe Federal fue la fuerza que –lejos– más gastó en la campaña: 2.211.000 pesos

La rendición de cuentas de las listas encabezada por Reutemann y Daniel Germano especifica las “contribuciones o donaciones de personas físicas”: Fabián Bianchetti, Carlos Capisano (dirigente de la Federación de Industrial de Santa Fe), Carlos Carlozzi (candidato a concejal en Santa Fe y asesor de la Presidencia), Darío Crespi, Carlos Galán (empresario y ex candidato a vicegobernador), José Rindisbacher, Bibiana Ronchi, Marcelo Ruiz y Martín Sánchez Zinny. Cada uno aportó 10.000 pesos, mientras que Mónica Casebene contribuyó con 7.000.

La nómina incluye a cuatro ciudadanos de Buenos Aires, a los que también les interesó apoyar la lista de Reutemann: Hernán Ferraro (60.000 pesos), Sergio Guerra (68.000), Alicia Rendano (70.000) y César Solari (70.000).

Respecto de las empresas o “personas jurídicas” que aportaron fondos para la campaña del ex gobernador, la lista incluye a ABC S.A., Banco Patagonia, Basso S.A., Cámara Española, Centro Diagnóstico Molecular, Dalai S.A., Fortín Quieto S.A., Fundación Salud, Limansky S.A., Key Factor S.A., London Supply S.A., Maquinarias Agrícolas Ombú S.A., Microsules Argentina S.A., Open Mall S.A., Process S.R.L., Sadesa S.A., Sociedad Anónima La Sibila, Williner S.A., Terminal 6 S.A., Vassalli Fabril S.A. y Vicentín S.A. Cada una de ellas aportó 10.000 pesos. El grupo Cencosud donó 20.000, igual que Depor Jean y Sancor. Impresora Pompeya S.A., Print S.A. y Kollor Press aportaron 35.000 cada una y el Sanatorio Santa Fe 24.000.

El FPCyS informó que gastó 787.703 pesos en la campaña, de los cuales 637.700 provinieron del Ministerio del Interior, por el financiamiento que reciben los partidos de acuerdo con los votos obtenidos en contiendas anteriores (el Partido Justicialista resignó esa posibilidad al no consensuar una lista propia e ir dividido en la provincia). Entre los contribuyentes más importantes destacan a la diputada electa Alicia Ciciliani (10.000 pesos), a Moisés Limansky (10.000) y al senador Juan Carlos Zabalza (5.000). Sólo dos empresas apoyaron la lista del Frente Progresista: Café La Virginia y Talleres Metalúrgicos Bambi, ambas con 10.000 pesos.

A esto se debe sumar, según aparece en el informe, el aporte directo de otras empresas pero sólo al Partido Socialista (que forma parte del FPCyS junto a otros partidos) por un total de 105.000 pesos. Entre esas empresas se encuentran Industrias Juan Secco S.A. (35.000 pesos) y, con 10.000 cada una, Beta S.A., La Sibila S.A., Instituto Gamma S.A., Solans S.A., Enrique Bertini y Verónica SAICIAFEI.

Por su parte, el FPV declaró un gasto proyectado en 1.181.947 pesos, del que explicaron sólo la mitad al momento de cumplir con el pedido de la Justicia Electoral, con el compromiso de ampliar en el futuro esa información. Entre las personas físicas que aportaron 10.000 pesos para la campaña aparecen Natalia Cámpora, Fabio Gentili, el ex ministro Alberto Joaquín, la candidata a concejala rosarina Norma López, José Maccerolla y Daniel Zárate. Roberto Zuckerman aportó 15.000 pesos y Marcelo Viola 12.000. Los diputados Gerardo Rico, Claudia Saldaña, Oscar Urruty, Enrique Marín y Marcelo Brignoni (electo en 2007 por el FPCyS) contribuyeron con 35.000 pesos cada uno, al igual que el concejal de Rosario Arturo Gandolla, Martín Labbe y el diputado nacional Alejandro Rossi.

El informe incluye aportes del dirigente (y ex ministro de Carlos Reutemann) Esteban Borgonovo (20.000), del concejal santafesino Luciano Leiva (30.000), del propio Agustín Rossi, que encabezó la lista de candidatos a diputados y logró retener su banca, y del diputado provincial Luis Rubeo: 40.000 pesos cada uno. Las empresas que cooperaron para la campaña de ese frente fueron: Alta Plástica Centro S.A., Coinplast S.R.L., Lazzaro Ribotta S.A. y Rosario Logística S.R.L. con 3.000 pesos cada una. Grupo Simpa S.A. sumó 6.000 más y Liliana S.R.L. 16.000.

CUENTAS CLARAS. El financiamiento de las campañas políticas genera siempre chispazos entre los candidatos de los distintos partidos y sospechas entre los electores. La principal discordia fue, casi siempre, el uso de fondos públicos para actividades proselitistas. Por eso algunas organizaciones, como Ejercicio Ciudadano, buscan lograr más transparencia en las campañas y el acceso a la información sobre cómo se financian los gastos, algo que sigue generando más dudas que certezas.

La ONG rosarina sostiene: “Bajo un sistema de democracia representativa como el nuestro, es imprescindible que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de máxima confianza y responsabilidad, para lo cual es necesario que cada actor involucrado conozca sus obligaciones, además de sus derechos, y tenga la voluntad de practicarlos y defenderlos”. Sin embargo, reconocen que es este el punto que más resistencia genera en los candidatos cuando responden el cuestionario para los bancos de datos de la organización.

Por eso hacen foco en la exigencia de rendición de cuentas que cada frente debe realizar ante el tribunal electoral.

QUÉ DICE LA LEY 26.215. En su artículo 54, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que 10 días antes de la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico y político de la campaña deberán presentar un detalle de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma. El informe final se debe presentar 90 días después de la elección.

Una vez cumplidos estos plazos, la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de 180 días para realizar la auditoría de los informes finales de campaña y 30 días para la elaboración y notificación a los partidos del dictamen correspondiente.

El artículo 62 dice que aquellos que no cumplan con lo establecido serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones.

El 8 de junio, la Cámara Nacional Electoral emitió la resolución N° 10, que fijó los límites de gastos de campañas electorales. Sobre el padrón definitivo hasta el 31 de diciembre de 2008 para la elección legislativa del 28 de junio, se estableció como monto máximo para la provincia de Sana Fe 3.569.486 pesos y, como límite de aportes privados que pueden recibir 71.390 pesos de personas físicas y 35.695 de personas jurídicas.

POLÉMICA EN LA CIUDAD POR LA VEDA. A raíz de la expansión de la Gripe A, el Ejecutivo santafesino propuso modificar el cronograma electoral y, así, el 2 de julio la Legislatura aprobó la ley 12.982, que establece la Emergencia Sanitaria por 90 días en toda la provincia y que estipula también que los comicios primarios se realizarán el 2 de agosto y los generales el 27 de septiembre. La norma dispone además, en su artículo 4, la suspensión de toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones primarias, incluidas las inauguraciones oficiales, excepto aquellas relacionadas a las campañas vinculadas a las políticas de prevención en salud.

En Santa Fe, donde se renovará la composición del Concejo, los precandidatos presentaron varios pedidos ante el Tribunal Electoral para que especifique los alcances de lo establecido en el artículo 4 de la ley. Jorge Henn y Noelia Chiementín, precandidatos de la lista Encuentro para Santa Fe, presentaron una acción mere declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral para que se expida sobre los alcances de la ley Nº 12.982.

Henn argumentó que hay “zonas oscuras" en la letra de la ley, por ejemplo lo referido a la actividad pública del intendente y sus inauguraciones. “La gente no quiere que haya una utilización política de estos actos de gobierno para fines electorales”, señaló el concejal, enfrentado en una disputa interna con el espacio que lidera Mario Barletta, aunque agregó: “No estamos diciendo que el intendente no pueda inaugurar obras que sirven a la gente, pero no que se hagan anuncios”.

También el candidato de Proyecto Sur, Hugo Kofman, difundió una carta en la que denunció la continuación de la campaña de José Corral, actual secretario de Gobierno y precandidato a concejal, en actos públicos, quien “aparece con todas las ventajas de tener una presencia mediática cotidiana”. Kofman expresó: “Estamos observando infinidad de entrevistas pagas, publicidad institucional, reposición de cartelería por empresas publicitarias... Y esto incluye también a otras expresiones políticas, tanto del Frente Cívico y Social, como del PJ y de 100% Santafesino”.

El último martes el Tribunal Electoral respondió los planteos y ratificó el carácter restrictivo de la ley sancionada por la Legislatura, que además de modificar el cronograma electoral dispuso la suspensión de la actividad proselitista desde la fecha original (3 de julio) hasta la realización de las internas abiertas y obligatorias del 2 de agosto.

La resolución autoriza la entrega domiciliaria de boletas, pero se mantiene el criterio de prohibir toda publicidad, incluida la institucional, tanto gráfica, radial o televisiva, con las excepciones referidas a la difusión de los programas sanitarios y de prevención de la Gripe A.

El intendente Barletta reaccionó con disgusto: “Pareciera que más que ponernos un barbijo por la Gripe A, se pretende poner una mordaza. Esto de no permitir que los candidatos expresen ideas y pensamientos en los medios no parece estar acorde con lo que está escrito en la ley”.

Publicado en Pausa #41

¿Cómo se identifica? ¿Cómo se contagia? ¿A quién consultar? Modos de prevención

2009-07-13T14:36:00.000-07:00

¿Cómo se identifica?
La Gripe A se manifiesta de modo similar a cualquier otra enfermedad de las vías respiratorias con síntomas comunes, pero el microrganismo que la causa es diferente al de la gripe común. Los signos para sospechar:
- Fiebre mayor de 38° C
- Tos frecuente e intensa
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito
- Congestionamiento nasal
- Malestar general

¿Cómo se contagia?
De persona a persona a través de secreciones de nariz y boca (toser, estornudar, hablar) o por contacto directo (las manos, cuando el enfermo no se las lava, los besos). Es muy contagiosa y hay más riesgo en lugares cerrados.

¿A quién consultar?
Para consultas médicas, desde el área de Salud del Nodo Santa Fe, se informó que además de los hospitales y centros de salud existentes, se abrieron nueve centros más que atienden sábados y domingos, algunos de ellos en horario corrido y otros de 9 a 12 y de 15 a 18. Los centros disponibles están en barrio San Lorenzo, Alto Verde, Villa Hipódromo, Yapeyú, en el Centro Integrador Comunitario de Facundo Zuviría, en el Samco de barrio El Pozo, en el Hospital Sayago, en Santo Tomé y Rincón. El personal del Área de Salud también trabaja en el transporte público y en la Terminal de Ómnibus, informando a pasajeros y choferes sobre medidas específicas de prevención en esos ámbitos. El Ministerio de Salud de la provincia dispuso una línea gratuita para consultas que funciona de 8 a 20: 0800-888-7579

Modos de prevención
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria.
- Evitar en lo posible los saludos con besos, tampoco dar la mano.
- No compartir vasos ni cubiertos.
- Ventilar y permitir la entrada de sol en todos los lugares cerrados.
- Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandas, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común.
- Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.
- Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Limpiar las manos con alcohol.
- No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos.
- Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas.

La información es el mejor remedio

2009-07-13T14:15:00.000-07:00

Gripe A: lo que hay que saber para identificar la enfermedad, las medidas preventivas que cada uno puede tomar y las acciones oficiales, el estado del sistema de salud, el impacto en la economía y el racconto de una crisis global.

Por Pilar Guala

¿Cómo se identifica? ¿Cómo se contagia? ¿A quién consultar? Modos de prevención

La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 extremadamente contagioso, que además tiene el poder de mutar (cambiar). Afecta a personas de todas las edades y, en variaciones importantes del virus, suele causar complicaciones graves e incluso la muerte, frecuentemente en niños y ancianos. Esta información tan simple cómo básica, al igual que las recomendaciones médicas sobre cómo prevenir y tratar la enfermedad, se pueden encontrar hoy en todos los medios gráficos y audiovisuales del país. Sin embargo, hasta hace diez días, el eje informativo pasaba por otro lugar. Las elecciones legislativas del 28 de junio concentraron gran parte del espacio en los medios, dejando sólo para la Gripe A una grieta que luego mostró el aspecto más sombrío de la cuestión: las muertes.

Al momento de declarar como pandemia de grado 6 (moderada) a la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, sobre todo entre los jóvenes, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas.

Sin embargo, la OMS observó que la mayoría de los afectados se recuperan de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica y destacó que la gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 en los distintos países parece similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.

Pasadas las elecciones, el panorama se complicó aún más. Los mensajes cruzados confundieron a los ciudadanos, que corrieron a abastecerse de barbijos y alcohol en gel sin saber siquiera si servían para protegerse y, en tal caso, de qué los protegerían. Ante el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), con una ministra de Salud debilitada y sin poder de decisión, el gobierno nacional adquirió mayor protagonismo y definió políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad.

El recién asumido Juan Manzur, discípulo del ex ministro de Salud Ginés González García, convocó a un nuevo encuentro del Cofesa esta semana, que dio mejores resultados que el anterior. La reunión sirvió para unificar los criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones conjuntas, con las carteras sanitarias de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más fluida y clara. Esto, que parece básico, no estaba resuelto al 29 de junio; hasta ese momento había cortocircuitos en la difusión de las medidas preventivas, con escuelas cerradas en algunas provincias y en funcionamiento en otras.

Al término de la reunión con sus pares de las provincias, el nuevo ministro de Salud reconoció que el 90% del virus que circula en el país es del tipo A (H1N1) y detalló además: “El 97% de los contagiados de enfermedades respiratorias tipo influenza tiene la nueva gripe”, aunque luego explicó que la gran mayoría, un 90%, es asintomático. La cifra inferida de la cantidad de pacientes contagiados es, hasta el lunes 6, de 105 mil. A esa fecha se habían registrado 60 muertes en todo el país, según detalló el funcionario.

Entre las medidas consensuadas, Manzur destacó que se medicarán a todos los que muestren signos de gripe: “Toda persona mayor de 15 años que presente síntomas, previa consulta con el médico, debe recibir tratamiento antiviral, ya que según los especialistas es el grupo más vulnerable, con mayor predisposición a tener el virus y enfermar”, puntualizó.

El gobierno nacional afirmó que tiene stock suficiente de antivirales que se suministrarán a los pacientes antes detallados. Para frenar el avance de la pandemia, el Estado ya repartió 300 mil tratamientos. La Organización Panamericana de la Salud envió otros 120 mil y desde este fin de semana estarían disponibles otros 500 mil.

PSICOSIS. En la conferencia de prensa, Manzur junto a los especialistas y ministros de Salud de todo el país, aprovechó para espantar algunos fantasmas, que con el paso de los días, aumentaban la incertidumbre de la sociedad.

En declaraciones a los medios porteños, Ginés González García respaldó la actual gestión nacional e indicó que es falso sostener que en la Argentina hay niveles de mortalidad por Gripe A superiores a los registrados en otros países. Luego señaló: “Cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las 60 personas reportadas hasta ahora no deben sorprender. Se trata de una mortandad baja, por lo que la población debe mantener la calma”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre los números de víctimas, el ex ministro opinó: “Es absurdo que los medios informen cada día, cada hora y cada minuto sobre el número de víctimas, ya que, por caso, deberían hacerlo siempre con los muertos por complicaciones de la gripe tradicional”.

En Santa Fe, la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, también se percibió una suerte de psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación.

La viceministra de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, insistió en destacar que el distanciamiento social –evitar aglomeraciones en lugares cerrados y, en lo posible, también el contacto cercano– es la clave para que no se siga propagando el virus de la Gripe A. La funcionaria calificó como “positivo” el compromiso de la mayoría de la sociedad santafesina, aunque luego agregó que de todos modos “también uno percibe una sensación de sobrepánico, porque todo se mezcla”.

Los médicos se cansaron de repetir que el barbijo sirve para proteger a los demás de la enfermedad, por lo que sólo lo debe usar aquel que tenga síntomas y no quien esté sano. No sirve para prevenir, eso está y estuvo claro desde el principio; sin embargo en la calle se vio –y se siguen viendo– personas con barbijo.

“En algunos sectores, donde la construcción de la realidad social pasa más por el consumismo y la perspectiva individual, propio de las sociedades capitalistas, lo que más prende es una situación de pánico que no está justificada por los datos de la realidad. Acá no se trata de correr detrás del oseltamivir (antiviral de la gripe A) que me salve a mí, sino de construir una barrera social que le salve la vida a las personas”, reflexionó Ferrandini.

Ante una consulta sobre la evaluación que hacían del mensaje que se envió a la población y si esto permitió la concientización sobre normas de prevención, la viceministra de Salud respondió: “Nuestro mensaje está hecho sobre una base de observación de múltiples variables a nivel internacional. Pretendemos que la población lo conozca, lo acepte y se comprometa con ello. En ese sentido, la evaluación viene siendo positiva”.

Ferrandini justificó del siguiente modo la decisión del ministro Miguel Ángel Cappiello de suspender las clases en las dos semanas previas al receso de invierno: “La decisión del Estado fue determinante; tras eso me parece que la gente ha agendado el problema de otra manera. Además estamos teniendo el compromiso de presidentes comunales, hasta de empresarios, asociaciones culturales, deportivas y sociales, en sumarse a la suspensión de actividades para producir el distanciamiento social y construir una barrera. La actitud empieza a ser distinta y la celebro”.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia vienen advirtiendo sobre un pico de patologías estacionales propias del invierno que se registrarán en las próximas cuatro semanas. Por ello, y superpuesto a la Gripe A, se espera que recién una vez que pase la temporada invernal el sistema de salud recupere su capacidad operativa. “Después de que transcurra un mes o un mes y medio estaremos en una mejor situación como servicio de salud. Hoy estamos al momento anual crítico de los mismos”, agregó Ferrandini.

DE VIRUS A PANDEMIA. La existencia del nuevo virus, el H1N1, se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que, el 11 de junio último, la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. Esta valoración, según destacó la OMS, se basa en los datos científicos disponibles hasta el momento y en la información proporcionada por los Estados miembro acerca del impacto de la pandemia en sus sistemas de salud, en la sociedad y la economía.

“La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado” señaló la OMS, y agregó que el objetivo de todas las medidas que se adopten debe ser reducir el impacto de la pandemia en la sociedad y para eso, recomienda a la población que se informe, que busque fuentes de información fiables, entre ellas el Ministerio de Salud de cada país, para saber qué puede hacer para protegerse y mantenerse al día sobre la evolución de la pandemia.

Las autoridades mexicanas resolvieron en su momento cerrar por diez días todos los espacios que públicos y privados que posibilitaran la concentración de gente; se suspendieron las clases y toda la actividad social y económica. Con la enfermedad ya controlada, dos meses después, el ministro de Salud de México informó que la Gripe A le había costado al país más de 4.000 millones de dólares, lo que representa un 0,4% de su Producto Interno Bruto.

En la última jornada de la reunión internacional “Lecciones aprendidas de la influenza A H1N1”, a la que asisten ministros y responsables de sanidad de 50 países, el funcionario mexicano dijo que su país tiene garantizado el abasto de antivirales: una reserva de 2,4 millones de dosis para enfrentar las necesidades del próximo invierno, que comienza en diciembre. A pesar de las medidas rápidas y extremas que adoptó México, el virus provocó la muerte de 119 personas sobre un total de 9.028 casos. (La población es de 103 millones de personas; en la Argentina, de 40 millones).

Según la OMS, la pandemia ya provocó la muerte de 332 personas en 120 países, en los que se registraron 77.201 casos.

LA EXPERIENCIA MEXICANA. De paso por la Argentina, el médico infectólogo Alejandro Macías, titular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de México y uno de los principales coordinadores de la campaña contra la Gripe A en ese país, intercambió experiencias y observó cómo se está trabajando para atender los pacientes y evitar contagios.

Macías contó: “Estuve en los hospitales y me da la impresión de que se hizo una buena preparación. Lo que sí me parece es que la comunicación fluye con más dificultad en la Argentina que en México, pero es que el sistema político es muy diferente, es más fraccionado y el sistema médico argentino es mucho más fracturado que el de México. Es difícil emitir un juicio sobre si se hicieron bien las cosas y si se actuó a tiempo”.

El infectólogo consideró apropiado el cierre de las escuelas y la suspensión de actividades en espacios cerrados y agregó que, debido a la falta de antecedentes y conocimiento del virus, por ser nuevo, en su país se actúo sin medir demasiado las consecuencias que se generarían en otras dimensiones: “En México no se sabía qué iba a pasar y por eso tuvimos que hacer un gran sacrificio que costó mucho. Es muy difícil dar una cifra global de la enfermedad, igual que saber cuánto va a durar, porque no conocemos los canales históricos. Estamos ante algo nuevo y, por lo tanto, es muy difícil saberlo”.

De todos modos, el especialista opinó que sería positivo tomar la experiencia como parámetro: “En lo que afecta a la economía, hay que ir con un poco más de pie de plomo y evaluar provincia por provincia y actividad por actividad. Veo bien que no se cancele todo; no se puede pedir que todo el mundo haga el sacrificio que hizo México; en ese momento estuvo bien, pero ahora hay fundamentos científicos suficientes como para establecer que se debe apelar a la conducta de las personas, a su educación en la higiene y a que eviten los lugares muy concurridos como una responsabilidad personal”.

EL COSTO. El economista Mario Blejer escribió en Clarín sobre cómo la Gripe A afectará a la Argentina. “Si se prolonga la permanencia del virus, podría impactar entre 0,4% y 0,8 del producto bruto, pero todavía no se ven consecuencias importantes”. Otros economistas estiman que las pérdidas por la gripe A podrían llegar a los 10 mil millones de pesos por todo concepto, más del doble de lo pronosticado por Blejer.

En el país no se decidió el cierre de comercios ni de otros establecimientos privados; de allí que el impacto de la Gripe A en el mercado interno no se pueda aún estimar. Sin embargo, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos ya advirtieron una visible disminución.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, indicó ante la posibilidad hipotética de cierre de negocios: “El costo de una medida de esta naturaleza sería inmenso; hay servicios esenciales que no pueden frenarse”.

En el sector hotelero y gastronómico, los empresarios aseguraron que se registró una caída de más del 50%, mientras que desde la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros destacan que hubo una disminución del 60% en el pasaje de media distancia.

Claro que también hubo sectores que registraron un repunte en su actividad, como los rubros referidos a los productos de limpieza, los fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas de modo significativo, a tal punto que la venta de alcohol en gel se sextuplicó durante el último mes y los precios aumentaron en un 70%; pese a ello, igual se agotó el stock. Lo mismo ocurrió con los antivirales, en particular con el Tamiflú, nombre comercial del antiviral osetalmivir fabricado por el laboratorio Roche. Cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas, comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.

Ante esta situación, el Cofesa resolvió que sólo se medicará a quienes tengan síntomas de gripe, pero con prescripción de un profesional en un efector público.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA. El Ministerio de Salud santafesino informó que las demandas de atención ascienden a 37.127 y de ellas 16.669 son atribuibles a enfermedades tipo influenza (ETI). Hay 471 casos confirmados por laboratorio y 22 fallecidos. De esas 22 muertes, 19 corresponden al Nodo Rosario, dos al Nodo Santa Fe y la otra a Venado Tuerto. (El registro corresponde a la información disponible hasta el 7 de julio).

“Del total de fallecidos, 16 presentaban factores de riesgo y seis no poseían registro de riesgo previo”, se aclara en el informe oficial. El parte también consigna: “Todos tienen confirmación virológica Gripe A (H1N1) y que las edades van desde los 11 meses a los 59 años, siendo el promedio de 46 años, perteneciendo 13 al sexo femenino y nueve al masculino”.

El escrito indica que en la última semana se apreció una baja en las consultas externas en centros de salud y guardias hospitalarias, mientras que en el mismo lapso ascendieron las internaciones: de 30 mil demandas de atención –entre consultas externas, guardias e internaciones en toda la provincia– 13 mil poseen diagnóstico de enfermedades tipo influenza.

LOS FONDOS, LAS DEMORAS Y LA TECNOLOGÍA. El Ministerio de Salud de la provincia recibió recién esta semana 3.800.000 pesos prometidos por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, antes de su partida, para poder afrontar la crisis sanitaria. En la última reunión del Cofesa, el ministro Miguel Ángel Cappiello solicitó a la Nación que envíe más fondos a las provincias para combatir la Gripe A y que se cambie el protocolo de atención para comenzar a medicar a todo paciente con síntomas.

El funcionario informó que llegaron algunos elementos pero que son insuficientes: “Necesitamos ayuda del gobierno nacional en lo que tiene que ver con insumos y dinero para afrontar gastos de recursos humanos”, en particular, para pagarle al personal convocado para reforzar el área sanitaria en el marco de la pandemia (horas extras, reemplazos por ausentismo y refuerzos). Cappiello afirmó que aún no está determinado qué porcentaje se destinará a la provincia de los 1.000 millones que el nuevo ministro de Salud anunció y que serán reasignados desde la Jefatura de Gabinete para hacer frente a la pandemia.

En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino resolvió invertir 33 mil dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.

(Casi) todo suspendido

- La primera disposición consensuada entre los ministerios de Educación y Salud fue el cierre de las escuelas hasta el fin del receso invernal. Lo propio hicieron, luego, las universidades y los institutos terciarios.
- Acto seguido, el gobernador Binner resolvió conceder licencia con goce de haberes a los agentes de mayor riesgo a contraer el virus hasta el 17 de julio, y a eso se sumó la posterior disposición, que establece que hasta el 31 de agosto las enfermedades cortas no se considerarán como ausentismo laboral en el ámbito de la administración pública provincial.
- La Corte Suprema de la Provincia adelantó la feria judicial de invierno por lo que no hay actividad hasta el lunes 27 de julio.
- La Legislatura aprobó la declaración de la Emergencia Sanitaria en la provincia por un término de 90 días y resolvió, a pedido del Ejecutivo, postergar hasta el 2 de agosto las elecciones primarias previstas para el 5 de julio (las generales del 6 de septiembre pasan para el 27 del mismo mes).
- También se suspendió toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones con excepción de campañas vinculadas a las políticas de salud e información relacionada con la votación.
- En la ciudad se suspendió la prestación de servicios hasta el 14 de julio para los agentes municipales que presenten cuadros gripales o constituyan factores de riesgo, a fin de que puedan permanecer en sus hogares sin que se afecte su salario.
- Con respecto a los comedores municipales, se está entregando viandas para su consumo en cada domicilio, al igual que en los comedores escolares, respetando los horarios asignados en cada institución para evitar el aglutinamiento.
- Las autoridades de la Lotería de Santa Fe cerraron los casinos de Santa Fe y Melincué, que a pesar de las recomendaciones médicas tuvieron sus salas llenas durante las últimas semanas.
- La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales resolvió suspender en forma total las obras de teatro. La medida regirá hasta el 17 de julio, y abarcará la totalidad de los espectáculos sobre tablas en todo el país. Según expresó el presidente de la asociación, Carlos Rottemberg, en los últimos días hubo un 80% menos de gente. “El público nos esta mandando una señal y respondemos a esa señal”, justificó.
- Las autoridades de la provincia siguen aconsejando evitar los eventos en espacios cerrados, pero reconocen que sólo puede desobligar o suspender las actividades públicas y no las privadas.
- La Secretaría de Cultura de la ciudad suspendió todas las actividades programadas en el Teatro Municipal 1° de Mayo, museos, Centro Cultural Municipal, Centro Experimental del Color y la Estación Belgrano.
- También se suspendieron las colonias de vacaciones municipales y todas las actividades deportivas en lugares cerrados, ya sean vecinales o clubes.
- En medio de tanta nada, el fútbol volvió a dar la nota, como si fuese una isla y no parte del mismo país que atraviesa la fase más complicada de una pandemia internacional. El fin de semana Colón llenó la cancha para despedir, ante Boca, el torneo Clausura; en Buenos Aires, Vélez y Huracán disputaron la final con un marco inusual: policías con barbijo en los accesos y miles de hinchas en las tribunas con los colores de su equipo pintados... en sus barbijos.

Publicado en Pausa #40, 10 de julio de 2009

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Mejor hablar de ciertas cosas

2009-07-12T14:51:00.000-07:00

Hay un programa en marcha que busca incorporar en las escuelas los conocimientos básicos sobre cuidados, integridad física, derechos, libertades y conciencia crítica. Los destinatarios: niños, niñas y adolescentes. La norma sancionada en 2006 recién comienza a implementarse. Tarde, pero seguro.

Por Mauro Epelbaum

Plantear la urgencia de la implementación de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas de la provincia no es, como podría pensarse, una insistencia caprichosa. Los fundamentos sobran: Santa Fe es la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Hay 1.770 pacientes que reciben tratamiento antiviral, sin contar aquellos que no lo reciben, los que tienen la enfermad y lo desconocen y los que poseen otras enfermedades de transmisión sexual. Y la ciudad exhibe otra estadística preocupante: supera en un 10% la media nacional de nacimientos de bebés de madres adolescentes (25 contra 15, aproximadamente). A esos datos se pueden sumar el aumento de los casos de abuso sexual infantil y de violencia de género. Y otro, que es quizá el más triste: los abortos mal practicados son, desde 1980, la primera causa de muerte materna en la provincia.

Pausa indagó sobre el estado actual de la aplicación de la ESI en las escuelas santafesinas: cuáles son los proyectos a corto y largo plazo de la iniciativa que apuesta a superar la concepción reduccionista que equipara sexo con genitalidad. La educación sexual en la provincia es una de las asignaturas pendientes que, después de muchos años y de manera gradual, empieza a hacerse realidad. En 1992 la Legislatura sancionó la ley que fija el marco de trabajo sobre esta materia. Seis años más tarde se reglamentó la norma, pero su aplicación no pudo superar, hasta ahora, las barreras del intento y las buenas intenciones. Mabel Busaniche, una de las coordinadoras de educación sexual del Ministerio de Educación, ensaya una posible explicación: “Ha habido y hay aún mucho miedo a enfrentarse con estos temas, hay mucho miedo a transparentar situaciones y hay mucho miedo a la Iglesia, aunque parezca mentira”.

Luego de ese intento fallido, el tema volvió a escena en octubre de 2006, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que reconoce el derecho de los estudiantes de establecimientos nacionales y provinciales, públicos y privados, a acceder a contenidos básicos de educación sexual desde el nivel inicial.

Los contenidos básicos fueron plasmados en un Programa Nacional de Educación Sexual Integral elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, que constituye un marco general que cada provincia debe incorporar y adaptar para aplicar de manera gradual y progresiva.

En el caso de Santa Fe, lo que se hizo hasta el momento fue sistematizar experiencias particulares de educación sexual y comenzar con acciones de preparación de docentes y tutores en la temática.

LO QUE SE HIZO Y LO QUE SE VIENE. El año pasado, a partir de la modificación de la currícula de formación docente, se incorporaron los ejes de la ESI a través de la inclusión de un seminario obligatorio de cuatro años sobre sexualidad humana. De este modo, los nuevos docentes que egresen van a estar formados y preparados para afrontar la problemática.

En la misma línea, el Ministerio de Educación lanzará próximamente un blog con novedades, propuestas de libros y materiales de uso e ideas para diferentes asignaturas y para el trabajo de los distintos ejes temáticos.

En julio comenzará la capacitación para docentes de 86 escuelas secundarias de Santa Fe, Rosario y Rafaela, que estará organizada en tres módulos: el primero incluye la ESI, los derechos humanos y la perspectivas de género; el segundo trata sobre sexualidad: mitos y desafíos, aportes a las instituciones escolares; y el tercero se refiere a la transversalidad de la educación sexual integral a través de trabajos situados desde las prácticas escolares, entramándola en el diseño curricular.

Desde agosto y hasta diciembre está previsto un curso virtual de formación destinado a docentes del nivel primario y del nivel inicial, mientras que para fines de este año se empezará a instruir en el tema a los tutores escolares.

UN PROCESO. “La formación de los docentes –explicó Busaniche– apunta a una superación de los miedos y los bloqueos respecto del tema para que a partir de allí se puedan organizar y empezar a ver cómo se trabaja. Porque la ESI no es algo que baja de arriba; es algo que hay que hacer. Los lineamientos de la ESI te dan la matriz de la currícula; después los docentes tienen que llenarlos y comprometerse a informarse y a prepararse”.

En cuanto al momento concreto de la implementación de la ESI en las escuelas, Busaniche señaló: “No hay plazos porque no es como una asignatura. Es como un proceso, debe darse un movimiento dentro de la comunidad educativa y también una ambientación social que permitan ciertos debates. Son los docentes los que deben plantear la necesidad y es la sociedad la que debe exigir que esto sea. Las primeras cinco maestras que trajo Sarmiento a la Argentina plantearon el deseo de hacer educación sexual. La educación sexual siempre entró y salió de la escuela. Es muy difícil incluirla debido a todo el aparato de prejuicios que existe. Su implementación tiene que ver más que con los plazos, con un proceso de asimilación, de convencimiento y de transformación personal”.

PRIMERA EXPERIENCIA. La prueba piloto previa a la inclusión de manera concreta de la ESI en los establecimientos educativos de la provincia se está desarrollando en la Escuela media República del Perú, de Santo Tomé. De allí empezará a extenderse hacia otras instituciones escolares. Se trata de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, docentes y alumnos, cuyo fin es la preparación de estos últimos para la conformación, dentro de cada escuela, de consejerías en materia sexual.

“Las consejerías –comentó Busaniche– constituyen un grupo de alumnos, alumnas y docentes interesados en formar un equipo que dé respuestas y acompañamientos. Si por ejemplo se me rompió el preservativo o me olvidé de tomar la pastilla anticonceptiva, yo sé como alumno que puedo ir a esa consejería y preguntar qué puedo hacer. Lo mismo si necesito saber a dónde recurrir en casos de abuso o violación. Lo que se busca es que haya una familiarización de tal envergadura dentro de la escuela que haga que se pueda hablar de todo sin tabúes”.

En cuanto a la respuesta recibida por parte de alumnos y docentes de la escuela República del Perú sobre la posibilidad de trabajar y educarse en el marco de la ESI, Fernanda Pagura, docente del establecimiento e integrante del equipo que coordina Busaniche, sostuvo: “Los primeros encuentros que se han dado entre docentes, directivos de la escuela y efectores de salud para comenzar a organizar algunas acciones demostraron mucha energía, predisposición y ganas de que esto se haga bien. En el caso de los alumnos, todavía no se ha comenzado a trabajar con ellos, pero conociendo la institución se puede garantizar que se van a comprometer con cuerpo y alma porque no es la primera vez que la escuela trabaja el tema de la sexualidad; lo viene haciendo desde hace cuatro años”.

Pagura diferenció además a la ESI de otras materias y la definió en como un proceso de aprendizaje conjunto de docentes y alumnos: “La temática de la sexualidad en el sentido en el que está pensada desde la ESI tiene algo especial que la hace espinosa y maravillosa a la vez. Esto es así porque no es como cualquier otro contenido posible en esto de la transposición didáctica. Cuando uno enseña o estudia otras materias como política educativa o metodología de la investigación puede hacer una separación y lograr que los contenidos no lo interpelen en su subjetividad. Por el contrario, en el tema de la sexualidad hay una interpelación muy fuerte a la subjetividad del docente. Y, además, no hay ni respuestas únicas ni tenemos todas las respuestas. De todas maneras, después de haber atravesado esta temática vinculada a los mitos que operan en nuestra vida, a los mandatos, a por qué hacemos lo que hacemos o que es lo que nos da placer en nuestra vida y qué no, a si lo que somos es lo que elegimos o lo que nos han indicado que tenemos que elegir por ser varón o por ser mujer…, después de todo esto, digo, empezamos a tener algunas cosas claras en relación a nosotros como sujetos y ese es el aprendizaje que se lleva cada docente. Y en el caso de los alumnos también es un aprendizaje para toda la vida en este mismo sentido, es decir en el sentido de pensar la educación sexual no solamente para la prevención de embarazos o de HIV sino como un aprendizaje en relación a lo mismo”.

LA SEXUALIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA. Otros objetivos propuestos por la ESI son, por un lado, la superación de la concepción tradicional de la sexualidad que reduce ésta únicamente a su aspecto biológico y, por el otro, la afirmación tanto en niños como en adolescentes del reconocimiento de los propios derechos, lo cual apunta, entre otras cosas, a evitar abusos o alentar su denuncia en el caso de que estos ya se hayan concretado.

En cuanto al primero de los objetivos, Mabel Busaniche sostuvo: “El tema es no quedarse solamente en la reproducción, es decir, aprender cuestiones relacionadas con el cuidado y la prevención pero también prepararse para el placer. Porque hablar del placer ha sido hasta el momento un tabú en las escuelas y la sexualidad tiene que ser placentera, respetuosa y equitativa. En la medida que podamos desarrollar todas estas perspectivas, tendremos jóvenes muchísimo más saludables”.

Desde una mirada similar, Pagura agregó: “Pensar la sexualidad de manera integral significa pensarla más allá de la genitalidad, es decir pensarla desde los vínculos entre mujeres y varones, pensar en los modos diferentes de demostrar lo que somos y lo que sentimos, los mandatos de géneros que operan en cada uno de nosotros y que hacen que, por ejemplo, ocupemos de modo diferente el espacio o que distribuyamos de manera diferente las cuestiones del orden de lo político y de lo económico en relación al poder”.

Por eso, para ella, “si el docente logra mirar el mundo desde esa posición cuando habla de sexualidad no solamente va a pensar en genitalidad, sino que va a pensar en cómo nos relacionamos en tanto objetos sexuados. La sexualidad es una dimensión más de lo humano y es mucho más enriquecedor para el alumno ser educado por alguien que tiene esta concepción atravesada en su modo de mirar el mundo”.

Como todo cambio cultural, el afianzamiento y consolidación de la educación sexual integral en las escuelas aparece como un desafío difícil de superar, que se muestra más como una oportunidad que como una posibilidad segura de cambio. “Es terrible decir hoy que el preservativo puede llegar a tener agujeritos cuando científicamente está demostrado que es el único método anticonceptivo que previene el Sida. Paradójicamente con esa postura, los supuestos defensores de la vida, como debería ser el Papa por ejemplo, están llamando a la muerte”. Por ese motivo, Busniche espera con expectativas la implementación definitiva del programa en las escuelas de Santa Fe: “Es la gran oportunidad que tienen los docentes y la escuela argentina de poder tener en un futuro chicos mucho más libres, más críticos y más dueños de su propio cuerpo”, concluyó.

APRENDER PARA ENSEÑAR. Explica Fernanda Pagura, una de las docentes que trabaja en la implementación de la ley en las escuelas santafesinas: “En la educación sexual como en ningún otro objeto de conocimiento tenemos como docentes que aprender a decir no tengo todas las respuestas posibles, o no lo sé, o busquemos juntos o dejemos esto abierto y que cada uno busque sus propias respuestas. Lo cual también es un aprendizaje para el otro porque de lo contrario los docentes nos constituimos en el templo del saber y obturamos la capacidad de aprender del alumno, lo cual lleva al planteo de la enseñanza como una relación del poder. Hay que tener cuidado porque la pedagogía suele ser muy prescriptiva en tanto dice vos tenés que hacer, vos tenés que sentarte, vos tenés que estudiar y cuando opera este tipo de conocimientos relacionados con la sexualidad el deber ser tiene que quedar a un costado. Esto es así porque el deber ser para mi puede no ser el mejor deber ser para vos”.

Uno de los aspectos más novedosos de la ley que se va a implementar en el aula tiene que ver con la transversalidad de los contenidos. Educación sexual no será una materia más, sino que estará integrada a las que se dictan normalmente en cada escuela. Mabel Busaniche se refiere al punto: “La transversalidad en la educación sexual significa que por ejemplo si vos estás dando en ciencias sociales la historia del movimiento de mujeres en orden a la discriminación de género, la profesora de historia tendrá que buscar cómo ha sido la historia en argentina y la de literatura deberá trabajar en las novelas fantásticas la perspectiva de género, es decir decodificar en ellas los roles, los mitos, los prejuicios en relación a la temática”.

Publicado en Pausa #39

Endosulfán al plato: la dieta del siglo XXI

2009-06-26T11:43:00.000-07:00

Historias del mundo agrotóxico: las palabras de un funcionario, el acoso a un científico, “dicamba”, el próximo veneno top, un cóctel de plaguicidas en la leche materna y el sueño ramplón de volver a ser el granero mundial.

Por Ezequiel Nieva

Desde el exterior, los especialistas coinciden en señalar que la legislación argentina en materia de agroquímicos es, como mínimo, anticuada. La Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal) sostuvo que las leyes que regulan el registro, la comercialización y la aplicación de plaguicidas son “incompletas, permisivas y obsoletas”. Es que los productos se venden en ferreterías, forrajerías, semillerías, casas de artículos de limpieza y hasta en supermercados. “Es necesario redactar leyes efectivas, adaptadas a la realidad. Se requiere sensibilidad, atención y valentía para prohibir los productos más tóxicos, restringir el uso de los de menos impacto y controlar todas las etapas, desde la fabricación pasando por la comercialización, el uso, hasta el desecho de envases de estos tóxicos”, se puede leer en un comunicado de Rapal.

El glifosato es el más usado de los herbicidas. Fue desarrollado en los 60 –la misma época en que la soja hizo su ingreso en el país– y sirve para matar malezas. Absorbido por las hojas de los cultivos, ejerce su acción a través de la inhibición de varias enzimas. Generalmente, el glifosato se usa acompañado de otras sustancias químicas para aumentar su eficacia: las denominadas coadyuvantes, que ayudan a evitar que se esparza el producto durante su aplicación y a que se fije en las hojas. En casi la totalidad de los casos, no se especifican en las etiquetas –llamadas marbetes– el total de los compuestos, porque las empresas que lo producen se amparan en el secreto industrial. El glifosato –principio activo del herbicida Roundup– y los demás agroquímicos deben aplicarse bajo medidas de seguridad: trajes apropiados, guantes, máscaras de gas y anteojos. Algo que en la realidad suele no ocurrir.

Desde el ingreso de la soja RR en el país, el modelo de producción agrícola cambió radicalmente. “El mundo exige alimentos”, es la repetida bravata de los apóstoles del monocultivo y la siembra directa, que suelen omitir que lo que los mercados internacionales exigen es forraje para alimentar chanchos y materias primas para elaborar biocombustibles. Atendiendo tanto ese contexto como la desenfrenada suba del precio de la soja, que a principios de 2008 alcanzó su pináculo, puede entenderse el boom del cultivo calificado de “yuyo” por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: en la actualidad cubre 16.900.000 hectáreas, más de la mitad de la superficie cultivada en el país.

A LA CORTE. En abril, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la aplicación y la comercialización del glifosato. Los abogados utilizaron como argumento un informe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet, que confirmó que el herbicida no es inocuo y que produce malformaciones celulares. Exigieron que “como medida cautelar innovativa se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del endosulfan” y pidieron que el Ministerio de Salud de la Nación investigue “los daños causados por el glifosato”. Y demandaron al Poder Ejecutivo Nacional y a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. A Monsanto, principal proveedor de herbicidas en base a glifosato, se la citó como “tercera interesada”: monopoliza la venta del químico.

Unos días antes, el 27 de marzo, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, había dicho que no hay “estudios serios” que demuestren que el glifosato afecte la salud humana. “El modelo que asocia soja y glifosato levantó al país”, señaló entonces. Y deslizó la posibilidad de reducir la distancia mínima exigida por la Ley de Fitosanitarios entre áreas fumigadas y población, que es de medio kilómetro para las fumigaciones terrestres y de tres kilómetros para las aéreas. Para el funcionario, ese margen podría reducirse a 150 metros para las terrestres y a 300 para las aéreas.

De inmediato, las organizaciones ambientalistas salieron a cruzar a Mackler. El Cepronat pidió la renuncia “urgente e indeclinable” del funcionario. “Santa Fe ha sufrido un severo impacto ambiental, sanitario, económico y poblacional como consecuencia del cambio del modelo productivo que se iniciara a mediados de los 90. A las conocidas evidencias de la desaparición de los cinturones hortícolas de Santa Fe y Rosario, de la disminución del número de tambos en la cuenca lechera y al incremento de producción de carne vacuna de menor calidad en feedlots, debemos añadirle las fumigaciones que sufren las comunidades de todo el territorio provincial”, señalaron desde la ONG.

Mackler descartó la posibilidad de encarar estudios epidemiológicos masivos, basándose en que no hay evidencia que demuestre la toxicidad crónica de los químicos usados en territorio santafesino. “Basta, señor secretario: no mienta más”, fue la respuesta de Cepronat. “Usted se comprometió a trabajar el tema y, evidentemente, lo ha hecho, pero en sentido contrario al sentir de las comunidades y de las organizaciones socioambientales. Por lo visto, usted no accede a la información pública que pone a nuestra provincia entre las primeras en pobreza e indigencia, por encima de la media nacional. Por lo tanto, este modelo que supuestamente levantó al país sólo sirvió para llenar los bolsillos de unos pocos mientras que otros muchos santafesinos lo financian con enfermedades o con sus vidas”.

La ONG también criticó la negativa de Mackler a realizar los estudios epidemiológicos, argumentado que hay sobrados casos de la toxicidad del glifosato que justificarían esa tarea: en Las Petacas, San Eduardo, Desvío Arijón, Monte Vera, Ángel Gallardo, Chabás, Gálvez, San Guillermo, Avellaneda, Videla, Malabrigo, Sauce Viejo, Arocena, Rufino, Pueblo Esther y General Lagos, entre otras localidades. “¿Cuántos niños deformados deben nacer para poder entrar en las estadísticas? ¿Cuántos casos de esterilidad masculina deben suceder? ¿Cuántos abortos prematuros son necesarios? ¿Cuántos ingresos a hospitales públicos por enfermedades respiratorias luego de una fumigación deben ser registrados para constatar que se trata de una verdadera epidemia?”, le preguntaron al responsable de la Secretaría de Medio Ambiente en un comunicado a los medios.

La distancia entre poblados y campos fumigados fue el eje de ese debate; Mackler había dicho: “La ley no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley”. Cuando le preguntaron qué podía hacer un vecino cuyo hogar estuviera dentro del radio de fumigación, el funcionario respondió: “Lo primero es la denuncia en su localidad, que nos deriva el problema. Entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Si no, lo que le queda a cualquier ciudadano es acudir a la justicia”.

La declaración que enardeció a los ecologistas fue la siguiente: “No hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas”. No sólo los ambientalistas le respondieron: el ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappiello, desautorizó la sugerencia de Mackler de reducir las zonas de exclusión. “Los agroquímicos afectan a la salud de la gente con lo cual más que reducir las distancias para las fumigaciones hay que ampliarlas”, dijo Cappiello. “Hoy se fumiga usando aviones y sobre el ejido urbano de algunas localidades. Y donde los aviones no tienen GPS, se usan banderilleros humanos que indican los caminos. Toda esta situación tiene alguna acción sobre la salud”.

CÁNCER. Pocos días después de esta polémica se conoció el trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet, que disparó la presentación de los abogados ambientalistas. Ese estudio comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La investigación –la más seria conocida hasta ahora en el país– se extendió durante 15 meses, plazo en el que se analizó el efecto del glifosato en embriones anfibios.

Andrés Carrasco, profesor de Embriología e investigador principal del Conicet, fue claro: “Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, y los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”. En humanos, los síntomas de envenenamiento con glifosato incluyen irritaciones en piel y ojos, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daños renales.

A ese popurrí cabe agregar otro dato: un estudio publicado en el Journal of American Cáncer Society por oncólogos suecos reveló una clara relación entre el glifosato y el linfoma de Hodgkin (LNH), una forma de cáncer. Además, los abogados que presentaron el amparo ante la Corte Suprema citaron una investigación realizada por el Ministerio de Salud de Nación en Bigand, una localidad de 5.000 habitantes ubicada en el sur santafesino, cuyo objetivo fue determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas. En las conclusiones se lee: “Más de la mitad de los encuestados y el 100% de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90% señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. En el trabajo aparecen mencionados más de 40 agroquímicos; predomina el glifosato.

También se incorporó en la presentación un estudio del Dr. Alejandro Oliva, a cargo del Programa de Medio Ambiente y Salud Reproductiva que depende del Instituto Universitario Italiano de Rosario, sobre pacientes que consultaron por esterilidad en Rosario, Santa Fe y Villa Libertador General San Martín (Entre Ríos). Ahí se demuestra que los agroquímicos están produciendo alteraciones en la calidad del semen de los productores expuestos a esas sustancias. Una investigación del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de Buenos Aires, presentada en el 33° Congreso Argentino de Pediatría (2003) detectó que el 90,5% de las madres que alimentaban a sus bebés a pecho tenían plaguicidas organoclorados, como DDT, Mirex y endosulfán. “Es muy duro, pero es necesario decir a los productores sojeros que el endosulfán que alegremente derraman sobre la soja está alimentando a sus hijos y nietos a través de las tetas de sus mujeres”.

MERCADO Y CIENCIA. El estudio de Carrasco fue rápidamente atacado. Clarín y La Nación deslizaron con elegancia sus dudas respecto de la validez científica; a esa reacción siguió una de solidaridad. Firmada por los integrantes de la Red de Investigadores, Intelectuales, Técnicos y Artistas, circuló una solicitada donde se denuncia la “intromisión mercantilista y pragmática del poder económico sobre la autonomía del sistema científico-universitario”.

Además de la campaña mediática de desprestigio, Carrasco fue amenazado. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera”, respondió a Página/12. “Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”. Preguntado por los colegas que contribuyeron en el desprestigio, Carrasco dijo que “no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como en la Argentina. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede aquí es casi un experimento masivo”.

UN DEBATE, AQUÍ Y AHORA. La semana pasada, en una jornada llamada Agroquímicos: su impacto en la sociedad y el ambiente, la ingeniera agrónoma Cristina Arregui opinó que el debate por el uso de plaguicidas actualiza las viejas antinomias entre ciencia básica y tecnología aplicada, confrontación que a la vez se puede traducir en una suerte de enfrentamiento entre el sector urbano y el rural.

En esa charla, Arregui difundió algunas estadísticas que ayudan a entender el fenómeno. Por caso: el 72% de los tratamientos vinculados a problemas derivados del uso de agroquímicos corresponden a productos catalogados por el Senasa como clase III y IV: los menos tóxicos. Y apenas el 1% están relacionados con plaguicidas clase I: los más peligrosos. En el cordón hortícola de Santa Fe, donde desde hace casi una década se tienen certezas acerca de los efectos negativos de los agroquímicos en la leche materna, se estima que sin su aplicación se perdería un 30% de la rentabilidad.

“Los plaguicidas son componentes tecnológicos riesgosos e imprescindibles”, opinó Arregui. La ingeniera consideró importante que los productores acudan a profesionales antes de decidir aplicaciones masivas. También se manifestó a favor de mayores controles del Estado –acaso el único aspecto en que coinciden quienes defienden y quienes demonizan los agroquímicos– y aseguró que, en comparación con los que se comercializaban 10 o 15 años atrás, los plaguicidas ahora son mucho menos tóxicos.

En la misma jornada, la investigadora del Intec Argelia Lenardón puso sobre el tapete la cuestión de la información que las empresas productoras de plaguicidas ocultan. Adelantó que un grupo de abogados ambientalistas se aprestan a iniciar acciones para que la Justicia exija que en los marbetes de los productos se explique con claridad, y de forma completa, cuáles son los compuestos incluidos y cuáles los posibles peligros derivados de su uso. El motivo de fondo: los innumerables casos de intoxicaciones registrados por el uso doméstico de productos peligrosos. (Sólo en los Estados Unidos, el costo del mal uso de productos químicos –envenenamientos, pérdida de ganado, granos y árboles, gastos en el sistema de salud– fue estipulado en 539 millones de dólares durante 2007).

“Considero que nadie se envenena porque quiere, a no ser un suicida”, opinó Lenardón. “Creo que los plaguicidas, bien usados y bien controlados por quien corresponde, son de mucha utilidad. Las leyes para su control desde la cuna a la tumba, es decir fabricación, traslado, almacenamiento, rotulado, expendio y desechos de recipientes, están hechas y son muy buenas, pero no existen entidades reconocidas para el control, a pesar de que el Estado debería ocuparse de su cumplimiento”.

El crecimiento de la producción de soja es un fenómeno que derivó en el aumento –a nivel global– de la producción de carne y pollo. Sin embargo, los alimentos son cada vez más caros. El crecimiento de la población mundial ha disparado un doble fenómeno que en los países exportadores de materia prima ya conocemos de memoria: mayor superficie cultivada y mayor uso de productos químicos para mejorar el rendimiento de esos cultivos. Uno de esos productos, el endosulfán, dejará de comercializarse en junio de 2011. Recién entonces, dentro de dos años, su venta y su aplicación estarán prohibidas por la fuerza de la ley.

SANTA FE, ENTRE MONSANTO Y VIETNAM. Mientras en nuestra región –y en casi toda Latinoamérica– se utiliza glifosato como principal herbicida, las empresas productoras ensayan su sustituto. En los Estados Unidos, Basf y Monsanto trabajan en el desarrollo de un nuevo herbicida a base de dicamba: un compuesto que fue registrado en 1967 y que sirvió, junto con el agente naranja, como arma química en la guerra de Vietnam. “Cuando la soja resistente al dicamba salga al mercado, Monsanto retirará toda la soja RR, que pasará a ser obsoleta ante el avance de las malezas resistentes al glifosato, dejando sólo la nueva soja”, se puede leer en un artículo publicado en la revista científica Science en mayo de 2007. El avance hacia el nuevo agroquímico está basado en un descubrimiento de investigadores de la Universidad de Nebraska: un gen que permite obtener plantas tolerantes. Monsanto había suscripto un acuerdo con esa universidad para el desarrollo de esos cultivos. El herbicida dicamba es utilizado en los Estados Unidos en espárragos, cebada, sorgo, soja, caña de azúcar y trigo. También para conservar campos de golf y céspedes residenciales. Su renacimiento está relacionado con una dificultad que ya se presenta en las regiones sojeras de los Estados Unidos –también en Brasil y en nuestro país–: las malezas resistentes al glifosato. Syngenta, uno de los mayores productores mundiales de dicamba –Basf es el principal–, cerró una alianza con Monsanto para desarrollar los cultivos. Monsanto espera poder lanzar al mercado nuevos cultivos tolerantes al dicamba a partir de la próxima década (el diario El Tiempo, de Colombia, estima que será en 2013) como respuesta a los inconvenientes de las nuevas plagas; investigadores del Inta ya llevan detectadas 29 especies que toleran el glifosato. La toxicidad de los productos a base de dicamba fue probada en nuestra región. En septiembre de 1993 fueron atendidos en el Heca de Rosario dos jóvenes residentes en área rural de Zavalla, sur santafesino, y un tercer paciente, hermano de uno de los anteriores: tuvieron una exposición dérmica importante al dicamba al atravesar un campo de trigo fumigado. En los primeros casos se detectó un cuadro de calambres musculares abdominales. El tercer paciente –de 16 años– tuvo náuseas, vómitos y agitaciones. Evolucionó al principio, pero luego murió en la guardia del hospital, en forma súbita.

Publicado en Pausa #38, 12 de junio de 2009.

Intoxicados

2009-06-26T11:27:00.000-07:00

El paquete tecnológico que invadió la provincia con soja y fumigaciones muestra sus peores “efectos colaterales”, sobre todo en los pueblos del interior. La pelea de fondo es entre la rentabilidad de unos pocos privilegiados y el derecho a la salud de la mayoría.

Por Ezequiel Nieva

Una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un pedido de renuncia, una campaña en contra de las fumigaciones, un sinfín de recursos de amparo, una serie de falencias cada vez más visibles en cuanto a las normativas de regulación y control y una creciente difusión de los efectos causados por el uso de agroquímicos renovaron el debate acerca de cómo se produce en la región y en el país.

Santa Fe es uno de los escenarios centrales de ese debate. No sólo porque está en discusión la delimitación de una nueva línea agronómica –o sea, cuáles son los límites hasta donde se puede fumigar– sino porque las estadísticas que se conocen han encendido la alarma de los ambientalistas. En la provincia, por ejemplo, los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.

El pregonar de las organizaciones ecologistas produjo algunas respuestas. El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, declaró que: “difícilmente podamos ir mucho más allá de nuestros esfuerzos si la sociedad entera no nos empieza a acompañar, sobre todo aquellos núcleos de decisión, desde la industria y desde tantos otros lugares donde se contamina”. En paralelo, y financiado con recursos de la Nación y de organismos internacionales, el gobierno provincial lanzó un programa que apunta a insertar en el mercado a los pequeños y medianos productores, en particular los que procesan en pequeñas industrias familiares materia prima originaria de la producción orgánica o convencional. En el lanzamiento se explicó que el programa buscará fomentar cultivos que respeten las normas ambientales, “productos socialmente correctos”.

Se atendería así a la agroindustria familiar, denominada “Fábrica del productor”. Para ello, se ayudará a los pequeños y medianos productores a insertarse en el mercado, de lo que se desprende habrá una mayor generación de ganancias para las familias pertenecientes al medio rural y más empleo.

“Este programa apoya la inclusión social, actúa por medio del beneficio, transformación o procesamiento en pequeñas industrias familiares con materia prima originaria de la producción orgánica o convencional, integra la agroindustria familiar al mercado consumidor, posibilita la obtención de un producto diferenciado y con valor agregado, promociona productos típicos de la región, fortalece la economía local y regional, respeta las normas sanitarias, ambientales y fiscales con productos socialmente correctos”, explica el parte oficial.

Más allá de los públicos posicionamientos respecto de los derechos de exportación a la soja, la movida aparece como una alternativa al modelo agropecuario vigente, cuyas características principales se empezaron a delinear en 1996, cuando de la mano del entonces secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, ingresó a la Argentina la soja RR (resistente al Roundup, el plaguicida a base de glifosato más vendido en el país): concentración de la tierra en pocas manos, expansión de la frontera agrícola (con sus consecuencias conocidas: deforestación, sequías, desaparición de especies autóctonas) y un uso cada vez más intensivo de los productos químicos que ayudan a combatir las plagas.

En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas en el país; en 2006, 236 millones. Teniendo en cuenta el crecimiento de la superficie cultivada, en 1989 se aplicaban dos litros por hectárea por año; en 2006, tres litros y medio. En la provincia aún no se conocieron del todo los efectos más nocivos por el simple hecho de que no es tan intensivo el uso del glifosato: se estima que, en promedio, se realizan tres o cuatro aplicaciones anuales. En la comunidad científica es conocido el refrán que dice que todo es veneno y que el peligro está en la dosis y no en su mero uso. Algunas experiencias cercanas pueden arrojar algo de luz sobre la cuestión.

PROHIBIDO ENVENENAR. En marzo la Justicia ordenó suspender las fumigaciones en San Jorge, departamento San Martín, atendiendo un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos, avalado por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). El fallo del juez Tristán Martínez regirá hasta que el Concejo Deliberante y la Municipalidad delimiten con claridad la línea agronómica. El pedido argumenta la ineficiencia de los controles y la decisión de las autoridades comunales de privilegiar la producción antes que la salud de los vecinos.

Desde el ambientalismo calificaron la acción de las 22 familias que motorizaron la movida como “histórica” y hablaron de “la urgente necesidad de terminar definitivamente con las fumigaciones irracionales”; los vecinos refirieron lo que viene sucediendo en los últimos cinco años: cuando se fumiga, deben encerrarse en sus casas y, aún así, por varios días les duele la cabeza, les pica y se les seca la garganta, se les irritan los ojos y se les cubre la piel con ronchas y picazones.

Los afectados viven en el barrio Urquiza, en el noreste de San Jorge: el límite de la zona urbana, un lugar que desde el auge de la soja viene siendo duramente castigado con reiteradas fumigaciones aéreas y terrestres realizadas por los propietarios y arrendatarios de los campos linderos.

En octubre del año pasado, luego de haber sido fumigado un campo ubicado frente a la casa de Viviana Peralta y José Cavigliasso, su hija Ailén, de 2 años, debió ser llevada de urgencia al hospital, donde el médico de guardia le diagnosticó un bronco-espasmo. Seis veces más, en sólo tres días, la niña debió ser llevada al hospital para que le colocaran oxígeno, porque no podía respirar. Su rostro se veía hinchado y con un color morado oscuro; el neumonólogo que la atendió, además de suministrarle numerosos medicamentos, sugirió a los padres que evitaran que la niña volviera a estar en su casa en caso de otra fumigación.

Ailén viene luchando por su salud casi desde que nació: a los cinco días de vida sufrió el mismo cuadro, que se repitió a los ocho meses: se le cerró el pecho y no podía respirar. En el Hospital de Niños de Santa Fe estuvo internada dos días, hasta que sus padres y los médicos comenzaron a notar que las fumigaciones la afectaban. Hoy, Ailén toma corticoides a diario.

Alexis Jesús Cabral, de 16 años, vive enfrente del mismo campo. Unos días después de una fumigación tuvo un aparente cuadro de gripe. Luego se le cerró el pecho de tal forma que tuvieron que llevarlo al médico, quien diagnosticó un bronco-espasmo y también recomendó a la familia abandonar la casa en épocas de fumigación.

Los vecinos y los ambientalistas del Cepronat invocaron en el amparo el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. También el 43: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”.

En la acción de amparo los vecinos solicitaron al juez que prohíba terminantemente volver a fumigar los campos ubicados al límite del barrio Urquiza, teniendo en cuenta las condiciones del lugar, las características químicas y los efectos nocivos para el ambiente, las personas y los animales de los productos utilizados (principalmente Roundup). El juez resolvió “por razones de prudencia y sentido común” hacer lugar a la acción de amparo y ordenó la prohibición, efectiva en una distancia no menor a los 800 (fumigaciones terrestres) y 1.500 metros (aéreas).

También en Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, hubo acciones, pero en sentido contrario. El 17 de marzo, un grupo de vecinos decidió impedir la fumigación de los campos que se encuentran a 50 metros de sus domicilios. Denunciaron las constantes violaciones a la norma que protege los asentamientos de las zonas rurales e iniciaron una protesta amparados en la Ley de Fitosanitarios, que establece que las fumigaciones terrestres sólo pueden hacerse a una distancia de más de 500 metros de áreas urbanas. Por esa acción fueron denunciados ante la Justicia, bajo la figura de “invasión de propiedad privada”.

Uno de los vecinos, Jeremías Chauque, refirió el caso a Indymedia: “Estaba en mi casa y veo que una fumigadora venía por el campo de al lado. No me pude contener. Ya el año anterior había pasado el avión fumigando y toda la familia quedó afectada, así que ahora, cuando vimos el mosquito, nos fuimos hacia donde estaba para que se detenga. Fue un acto de desesperación. Me molesta que siempre suceda lo mismo: se nos acusa a nosotros que somos violentos pero no es así, uno tiene que llegar a cortar una ruta o a pararse delante de una máquina para que no nos sigan envenenando”.

Jeremías continuó: “Tenemos casos de partos prematuros, nenas que a los seis años ya están menstruando, problemas en al piel en niños y adultos. Hace diez años, cuando vinimos, esto era todo de frutillas, pero sucede que ahora estamos rodeados de soja. A 30 metros de mi casa tengo soja y nuestros hijos ya están teniendo problemas de salud”.

EMERGENCIA. Los casos de San Jorge y Desvío Arijón, sumados a otros anteriores y nunca resueltos, empujaron al Cepronat a lanzar la campaña ¡Paren de fumigar!; además, exigen que se cumpla la resolución 55 de la Defensoría del Pueblo (del año 2007), en la que se aconsejaba al gobierno santafesino, a la Dirección de Sanidad Vegetal y a la Subsecretaría de Municipios y Comunas delimitar en forma urgente la línea agronómica en todas las localidades provinciales.

Una de las primeras actividades de la campaña fue convocar a organizaciones sociales, instituciones educativas, partidos políticos y grupos culturales al “Primer Plenario Contra los Agrotóxicos”, desarrollado el 9 de mayo en Arroyo Seco. Partieron de un diagnóstico de cuatro puntos: el modelo productivo fue pergeñado por las grandes empresas transnacionales y aceptado por las distintas administraciones de gobierno desde los ‘90, promovido por un sector productivo con intereses económicos y masificado a través de los medios de comunicación hegemónicos; el modelo de desarrollo fomenta el productivismo sin reparar en los costos sanitarios, ambientales y sociales, garantizando mayores ganancias para un reducido sector de la sociedad a través del saqueo de bienes comunes y del deterioro del ambiente, perjudicando la calidad de vida de los pueblos; las fumigaciones constituyen un aspecto fundamental para el sustento del modelo agroindustrial, mediante el cual se está llevando a cabo un proceso de envenenamiento del que son víctimas todos los santafesinos; y el silenciamiento de esa situación responde a los intereses económicos en juego que fomentan la desinformación, el ocultamiento y la tergiversación de las consecuencias del modelo productivo.

A partir de ese diagnóstico, los participantes del plenario emitieron una declaración en la que proponen alentar la participación ciudadana y poner de manifiesto “la necesidad del compromiso de los vecinos para presionar a las autoridades en la toma de sus decisiones políticas”, exigir la reforma del Código Penal en lo referido a delitos ambientales y también la modificación de la Ley 11.273 de Fitosanitarios, en cuanto a la delimitación de la línea agronómica. Además, se acordó reclamar a las autoridades la implementación de un nuevo modelo de producción que no admita la utilización de transgénicos y que promueva las producciones frutihortícolas y agroecológicas para la obtención de alimentos sanos, accesibles y económicos para todos los santafesinos, bajo el marco conceptual de la soberanía alimentaria y el fomento del autoabastecimiento local.

En el plenario también se denunciaron las “falsas expectativas” sobre los biocombustibles, un negocio que en la provincia ya genera jugosos dividendos –para las multinacionales que lo explotan– y que tiende a crecer en virtud del contexto internacional: la Unión Europea ordenó a sus estados miembro que para el año 2020 al menos el 10% del combustible usado en los autos sea reemplazado por biocombustibles. Y se acordó pedir que se declare la emergencia sanitaria-ambiental en todo el territorio provincial.

MALA LECHE. Un estudio realizado en el año 2000 por especialistas del Laboratorio de Medio Ambiente del Intec (Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, dependiente de la UNL y el CONICET) detectó la presencia de plaguicidas organoclorados en la leche materna de un grupo de mujeres del cinturón hortícola de Santa Fe.

El estudio partió de la siguiente inquietud: la leche materna es una de las vías de excreción de tóxicos del organismo, por su gran cantidad de grasa, y a su vez la forma ideal de alimentación infantil, por eso para los investigadores resultaba interesante conocer los niveles de contaminación en la población local. “Una característica importante de los plaguicidas organoclorados es la habilidad para concentrarse a través de la cadena trófica alimentaria, alcanzando mayores concentraciones en los niveles tróficos superiores debido a que son solubles en grasa y tienen una baja solubilidad en agua. De esta forma penetran en vegetales y animales y son incorporados a las fases lipídicas de fluidos y tejidos, incluyendo al hombre”, explicó una de las investigadoras, Argelia Lenardón.

Se analizaron 52 muestras de leche materna recolectadas en hospitales públicos regionales, en busca de determinar la concentración de 12 de los compuestos utilizados en la producción agrícola y frutihortícola. En ninguna de las muestras encontraron todos los compuestos investigados, pero en el 86% de ellas se detectó al menos uno de los plaguicidas analizados.

“Los niveles de contaminación de leche materna y la información de otros autores sugiere una estrecha relación con el uso de agroquímicos, tanto en actividad agrícola, en las granjas y en el hogar como en la ingesta que se produce a través de la cadena alimentaria”, agregó Lenardón. Pese a los resultados, el estudio no se continuó porque resulta demasiado dificultoso el muestreo y el hecho mismo de tomar la muestra: se determina como resultado una intoxicación sin solución inmediata.

“Es un problema que debe ser tratado con mucho cuidado porque puede llegar a ser grave. En otros países donde se han realizado este tipo de estudios se observan problemas para los bebés en el crecimiento, en el desarrollo de distintos órganos y también para la mamá”, continuó Lenardón. “Sucede que el plaguicida no mata de golpe: se concentra en el organismo y puede llegar un momento en que esa concentración sea máxima y traiga problemas. A su vez, la sintomatología de una contaminación con plaguicida parece un simple ataque de hígado: vómitos, calambres, dolor de cabeza. Entonces los médicos tampoco están preparados para determinar cuando una persona está contaminada con un plaguicida”.

UNA LEY QUE SE CAE. De todos los puntos discutidos en el plenario, los ecologistas ya avanzaron en uno: la discusión por la modificación de la ley 11.273. La semana pasada, vecinos de distintas localidades del interior se reunieron con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia; en el encuentro discutieron las reformas sobre la actual Ley de Fitosanitarios. “La reiteración de las denuncias pone en evidencia la extensión del problema”, justificó el diputado provincial Antonio Riestra. Hubo delegaciones de San Jorge y Desvío Arijón, quienes vienen trabajando en conjunto con el Cepronat, Acción Educativa, Eco San Javier y el Centro de Educación Agrícola de Gálvez en la campaña ¡Paren de fumigar!.

Los vecinos y las organizaciones no gubernamentales entregaron documentos que respaldan las modificaciones a la ley 11.273, propuestas por Riestra. El legislador plantea establecer nuevas restricciones a las distancias permitidas de fumigación y una aplicación más estricta sobre los controles y la clasificación toxicológica de los pesticidas. También reclama una mayor intervención del Estado en el fomento de producciones agrícolas alternativas.

Antes de ese encuentro, los legisladores mantuvieron conversaciones con otros actores involucrados en el tema: profesionales de la agronomía y empresarios dedicados a la aerofumigación. Los vecinos de San Jorge y Desvío Arijón invocaron el principio de precaución consagrado en la Constitución Nacional para solicitar que las modificaciones a la ley se realicen con el objetivo de producir una real mejora en la protección de la salud de las comunidades y del ambiente; los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente se comprometieron a incluir, dentro de sus posibilidades, las acotaciones realizadas por las ONG.

QUÉ DICEN LAS RANAS. Un estudio del investigador de la UNL Rafael Lajmanovich asegura que algunos plaguicidas provocan malformaciones en la fauna y que, además, han causado una importante disminución en la población de sapos y ranas. “Es una apreciación que podemos casi decir que es cierta y que no sólo se observa en nuestro país sino también a nivel mundial”, explicó el especialista en una entrevista con LT10. “El fenómeno de la declinación de anfibios se observa en todo el mundo y es multicausal, pero una de las causas es el uso de agroquímicos”.

Según Lajmanovich, el uso de plaguicidas no sólo ha degradado el hábitat en general sino que ha provocado “problemas en la fauna silvestre, entre ellos, distintos tipos de malformaciones en animales”. El investigador trabaja desde 2003 en estudios sobre el impacto del glifosato, viendo en detalle los problemas generados en el sistema esquelético de anfibios.

“Se supone que cuando se estudian animales considerados como indicadores ambientales, uno de los objetivos es alertar sobre lo que podría suceder eventualmente en poblaciones humanas. Pero yo no opino sobre la salud humana. Extrapolar resultados es aventurado. Sólo me remito a decir que existen leyes que reglamentan la distancia desde donde se debe aplicar el agroquímico”, agregó.

Los anfibios son buenos indicadores ambientales, entre otros motivos, porque su piel es permeable: respiran por ella. El diagnóstico del investigador de la UNL es claro: están en riesgo ecológico. ¿Por qué? Principalmente por la expansión de la frontera agrícola, que derivó en deforestaciones excesivas, trastocó el hábitat natural de buena parte de la región y contribuyó a acentuar el cambio climático. A principios del siglo XX había, se estima, unas 105 millones de hectáreas forestales; hoy quedan 33 millones.

El fenómeno está directamente relacionado con la sojización del país. Desde la explosión del monocultivo transgénico, cada estudio ambiental comprueba que el uso de agroquímicos excede considerablemente los límites fijados. Para el caso, los trabajos de Lajmanovich y su equipo de colaboradores pueden servir de muestra: estudiando siempre los anfibios, encontraron restos de endosulfán –un pesticida que está catalogado como “muy tóxico” en comparación con el popular y “ligeramente tóxico” herbicida glifosato– aún en parques protegidos como el General San Martín (Entre Ríos).

Lo mismo ocurrió en los estudios que realizaron en Monte Vera, Ángel Gallardo y San Javier: residuos de endosulfán en cantidades hasta tres veces superiores a lo permitido por ley. Los dos pesticidas intoxican el agua, según han probado los numerosos estudios que desmienten el discurso de las empresas que los producen –que los catalogan como biodegradables– y además afectan en forma directa a la fauna.

Lajmanovich se ha especializado en las malformaciones detectadas en anfibios: ranas con un quinto miembro, sapos a los que les faltan pedazos de piel y un extenso catálogo de hallazgos. Propios de Chernobyl.

Nota relacionada
Para evitar más daños en el largo plazo. El municipio santafesino formalizó su compromiso para el uso seguro de plaguicidas al firmar, la semana pasada, un convenio de colaboración con la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. “Siempre hemos señalado que Santa Fe tiene en el mundo académico y científico una de las herramientas más valiosas para la transformación de la propia ciudad, para encontrar posibilidades de desarrollo sustentable”, dijo el intendente Mario Barletta. El objeto del convenio es la coordinación de acciones preventivas para el manejo de los plaguicidas en la producción agroalimentaria regional y tendrá como destinatarios a los productores frutihortícolas, las empresas de fumigación y las entidades vinculadas con la aplicación de agroquímicos. La inquietud de las autoridades locales surge de la certeza acerca del uso de pesticidas en la producción de alimentos. “Plantea un grave problema de salud pública, debido a las consecuencias que, en el largo plazo, derivarán de la ingesta de dosis moderadas de residuos”, argumentaron. En la producción de frutas y verduras es frecuente el uso de plaguicidas para controlar los insectos y las malas hierbas. Por eso la Municipalidad anunció un impulso para las políticas que buscan impedir residuos nocivos. “Tenemos una oportunidad única para la reconversión de nuestro cordón frutihortícola en todos los aspectos: social, económico y ambiental”, aseguró el intendente.

Publicado en Pausa #38, 12 de junio de 2009

Para pensar bien antes de entrar al cuarto oscuro

2009-06-14T16:22:00.000-07:00

Nadie termina de bajar el tono: quienes están en el Ejecutivo, hablan del apoyo a sus gestiones. Y quienes están en el llano afirman (una vez más) que son las figuras del “cambio”. Senadores, diputados nacionales y concejales son los puestos en disputa. Y todos tienen los ojos clavados en 2011.

Con el dato saliente de que 78 mil jóvenes votarán por primera vez en su vida (son más de 2.300.000 los empadronados), Santa Fe se apresta a renovar el 28 de junio nueve de sus 19 bancas de diputados y las tres de senadores en el Congreso Nacional. Pero hay mucho más en disputa en las legislativas. Entre otras cosas, el futuro político de Carlos Reutemann y de Hermes Binner que, como Néstor Kirchner y un puñado de dirigentes más, juegan un partido preparatorio en vistas de las presidenciales de 2011. Y, de por medio, la batalla por el modelo económico de los próximos años: un argumento que desde el kirchnerismo se plantea como eje del debate.

De hecho, el principal dirigente de ese sector en la provincia, Agustín Rossi, comparó estas elecciones con las de 1987 y 1997, en el sentido de que un resultado u otro puede determinar la continuidad y el afianzamiento del kirchnerismo o decretar el principio del fin. Como prueba de ello, el PJ santafesino llega dividido y sin poder presentarse como tal (lo hará mediante dos listas que no suman sus votos sino que compiten entre sí: la de Rossi y la de Reutemann).

Para este último, por lo demás, es una elección particular: se trata de la primera campaña que afronta el ex piloto de Fórmula 1 desde 2003. Lo hace contra los Kirchner y junto a Obeid quien también, aunque no sea candidato, participa activamente del debate, al menos desde los medios (justamente a él le cargaron, particularmente desde el reutemanismo, el sayo de la derrota de 2007).

Binner, que tampoco es candidato y también está de campaña, enfrenta la primera parada brava desde que es gobernador. Junto a sus aliados (UCR, ARI, PDP, SI, PC, etc), buscará un doble éxito: la que se impongan sus listas de legisladores nacionales, en junio, y las de concejales, en las provinciales del 6 de septiembre.
Igual que hace algunas semanas (ver Pausa #34), ofrecemos aquí un meticuloso informe sobre quiénes son los candidatos.

SANTA FE FEDERAL. Carlos Reutemann: piloto, dos veces gobernador, actual senador, va por la renovación de su banca y enfrenta a dos contendientes que lo consideran su rival directo, en el más amplio de los sentidos. Participa de una campaña por primera vez desde que fuera candidato en 2003. Como él, Roxana Latorre también va por su reelección. En 2007 apoyó con fervor la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner; ahora se despegó del kirchnerismo, también como su jefe. Hace dos años debió bajarse de su candidatura a gobernadora por la poca adhesión que tuvo su campaña. El dúo busca repetir el 2-1, conservando la mayoría en el Senado. De ahí que no haya analista político que se resista a especular sobre lo que una eventual victoria de este sector pueda suponer para 2011.

De ahí, también, la importancia de los suplentes. En primer lugar aparece Ricardo Spinozzi, actual presidente del PJ provincial y senador provincial –segundo mandato consecutivo– por el departamento General López. Un acérrimo reutemanista. Fue secretario Legal y Técnico de la última gestión del Lole y ahora codirige el partido fronteras adentro de la provincia, en un tembloroso equilibrio con el sector de Rossi. Tras Spinozzi aparece la actual intendenta de Esperanza, Ana María Meiners, que llegó a su cargo en las elecciones de 2007, luego de ocupar una banca en el Concejo esperancino por dos años: un cambio de signo político opuesto al que se registró a nivel provincial, igual de histórico.

Otros tres colaboradores fieles encabezan la lista de diputados nacionales. Daniel Germano, contador, ministro de Educación de la última gestión de Reutemann (entre agosto de 2002 y octubre de 2003), sucesor de Gualberto Venecia y Alejandro Rébola; Celia Arena, la actual secretaria privada del Lole, ex secretaria de Promoción Comunitaria (reemplazó a Adriana Cavutto, desplazada por acopiar donaciones que debían llegar a los inundados y desviarlas para su uso en la campaña de Hammerly y Balbarrey, los candidatos del entonces gobernador en las elecciones de 2003); y Juan Carlos Carranza, ministro de Gobierno de Reutemann y responsable del comité de crisis durante la inundación, hoy su jefe de asesores en el Congreso Nacional.

Detrás de ellos, Juan Carlos Forconi (ex concejal, ex secretario de Promoción Comunitaria en la última gestión de Jorge Obeid, ex presidente del Ente de la Reconstrucción, ex dirigente de Unión en la gestión Malvicino), Andrés Medina (ingeniero civil de Reconquista, actual funcionario de la UTN), Noemí Azcona (médica nefróloga de Venado Tuerto, que fue funcionaria municipal y directora del Samco), Edelso Gunziner, Ignacio Martínez y Mónica Monti.

FRENTE PARA LA VICTORIA. Los candidatos a senadores nacionales son Claudio Leoni y Rita Colli. Leoni es el principal referente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, entidad que aglutina a todos los gremios del sector en la provincia y que a su vez representa en forma directa a más de 30 mil trabajadores. Fue reelecto con el 99% de los votos de los sindicalistas municipales. Junto a Juan Carlos Mazzón, fue uno de los primeros kirchneristas que operó en la provincia –ya desde 2003– a favor del espacio político que lidera el matrimonio presidencial.

Colli es psicopedagoga, fundadora y secretaria general del Sindicato de Amas de Casa en Rosario. También es presidenta de la Obra Social de esa entidad y coordina el programa Valorar (Programa Nacional de Agregado de Valor), de la subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación: una herramienta que coordina estratégicamente las acciones y políticas para el sector agroindustrial. En 2007 fue parte de la nómina para diputados de Concertación Plural (espacio del Frente para la Victoria) junto a Federico Reutemann, Luis Rubeo, Silvia de Césaris (UPCN), Alberto Monti, Enrique Marin, Claudia Saldaña, Alberto Cejas (titular de Foecyt), Martín Labbe (presidente comunal de Teodelina) y el ex ministro reutemanista Esteban Borgonovo: un espacio heterogéneo, cuyos integrantes hoy están dispersos en la distintas corrientes del PJ santafesino.

Los candidatos suplentes son Eduardo Seminara y Carina Valli. Seminara es vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado en Comunicación Social y magister en Desarrollo Económico. Tiene una amplia militancia en la defensa de los derechos humanos: desde su profesión se manifestó a favor del proyecto de ley de servicios audiovisuales, que pretende reemplazar a la ley 22.285, vigente desde la dictadura, que rige el funcionamiento de los medios de comunicación en el país.

Valli es abogada, nacida en Recreo y concejala de esa ciudad desde 2005. Preside la Comisión Urbano Ambiental y Economía y es militante de Confluencia Santafesina.

La lista para Diputados la encabeza, naturalmente, Agustín Rossi. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja nacional es uno de los principales dirigentes del kirchnerismo, que juega contra Reutemann una pelea en diferido: de los resultados que se registren en nuestra provincia y en la de Buenos Aires surgirá una nueva relación de fuerzas entre el ex presidente y el actual senador. Aunque la continuidad de Rossi no esté en juego –aún haciendo una malísima elección, es improbable que el Frente para la Victoria no logre ingresar un diputado sobre nueve posibles–, también él se juega mucho en junio.

Rossi fue electo concejal en 1987. En 1991 ejerció la Presidencia del Concejo Municipal de Rosario. En los años posteriores continuó militando en distintos ámbitos, aunque sin ocupar cargos públicos. En 2001 accedió nuevamente a una banca en el Concejo rosarino. En los períodos 2004 y 2005 fue presidente del cuerpo; allí estaba, comenzando a trabajar por la renovación, cuando le ofrecieron encabezar la lista de diputados nacionales, tras las negativas de Horacio Rosatti y la entonces vicegobernadora María Eugenia Bielsa. Rossi aceptó el desafío y perdió contra Binner, candidato del Frente Progresista Cívico y Social, que debutaba en el paño electoral. Esa derrota le valió un reconocimiento: dos veces consecutivas fue electo por sus pares como presidente del bloque.

El periodista Juan Carlos Bettanin, ex funcionario de las gestiones de Víctor Reviglio y de Obeid, ex candidato a intendente de Santa Fe y ex concejal (en su momento fue uno de los cuestionados por sus “compañeros” a raíz de haber votado al radical Darío Boscarol como presidente del Concejo), es el segundo en la lista. Otra ex funcionaria obeidista, Ana Berraute, va tercera: la actual diputada nacional es una de las que se presenta a elecciones buscando renovar su cargo. Es también una de las pocas que queda firme en el kirchnerismo, tras el éxodo que siguió a las salidas del Lole y de Obeid del oficialismo. Berraute es docente, fue directora de la Regional IV de Educación de la provincia y, en la actualidad, ocupa el cargo que otrora le correspondiera a María del Carmen Alarcón, eyectada de la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja nacional por su rechazo a las políticas económicas K (en particular, aquellas dirigidas a los dueños del agro).

En cuarto y quinto lugar, Martín Gainza y Armando Perichón. Gainza, ex concejal del reutemanismo (1999-2003), ex funcionario de la Secretaría de Servicios Públicos durante la gestión Balbarrey (cargo que abandonó para ocupar el de director regional de la Ansess), es un funcionario que se define como “amigo personal del jefe de Gabinete Sergio Massa” (El Litoral, 24 de julio de 2008). Pericón fue titular del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) pero presentó su renuncia después de las protestas del cantante Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, por la difusión de su inscripción en una lista de espera como donante. Perichón luego le pidió disculpas a Sandro por haber revelado que esperaba un trasplante cardiopulmonar, aunque buscó atribuir ese error a su “inexperiencia en el manejo de los medios”. Los hechos ocurrieron a mediados de abril de 2008; en febrero de 2009, Perichón se convirtió en el director del Pami de Rosario.

FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL. Para primer senador nacional va el socialista Rubén Giustiniani. El rosarino exhibe un amplio currículum. De 1983 a 1984 fue integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. Entre 1984 y 1986 integró la Mesa Ejecutiva Nacional de la Federación Universitaria Argentina, mientras se desempeñaba como vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Del 89 al 91 fue director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario; en 1993 fue electo Decano de la Facultad Ciencias Exactas e Ingeniería de la UNR y, en 1995, designado como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. En 1997 fue electo diputado nacional y reelecto nuevamente cuatro años más tarde.

En la Cámara Baja presidió la Comisión de Recursos Humanos, durante el período 2000/2003, e integró las comisiones de Educación, Relaciones Exteriores y Obras Públicas. Sus principales proyectos fueron la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado, el Impuesto Extraordinario a las Empresas de Servicios Públicos Privatizados, un Procedimiento de Audiencias Públicas, un Marco Regulatorio de los Servicios Públicos, la Tasa de Mejora Vial, la desindexación de tarifas de servicios Públicos. También bregó por el fin de las concesiones viales, por la modificación a la Ley de Pasantías Universitarias, por la reducción de las contribuciones patronales a sujetos exentos en el IVA y por una franquicia tributaria para capacitación y formación profesional. Impulsó la sanción de la nueva ley migratoria (Ley 25.871) y en 2003 fue electo senador nacional, en las elecciones que perdió ante la dupla Reutemann-Latorre y en las que por última vez, con la Ley de Lemas como sistema electoral vigente, el justicialismo venció en Santa Fe (en sublemas, Obeid-Bielsa por sobre Hammerly-Borgonovo, y en la sumatoria final por sobre Binner-Paulón).

Giustiniani integra actualmente cuatro comisiones en el Senado y es autor de dos libros: Migración: un derecho humano (Prometeo, 2005) y Hacia una democracia de nuevas bases (Sudamericana-Copppal, 2006). Es, además, presidente del Partido Socialista a nivel nacional: el sector que lidera, apoyado por Binner y Miguel Lifschitz, el intendente de Rosario, se impuso en internas al que lideraban los dirigentes socialistas que no piensan que el kirchnerismo sea “el enemigo”.

No debe olvidarse, además, que hoy podría ser el vicepresidente, si hubiera triunfado en 2007 junto Elisa Carrió.

Como compañera de fórmula del senador –deberá obtener más votos que, al menos, uno de los candidatos peronistas, si quiere lograr su reelección–, aparece María Silvia Migno: una mujer proveniente de la UCR, que pasó por la Legislatura entre 1999 y 2003, año en que perdió la senaduría provincial a manos de José Baucero. Migno es la hermana del intendente de San Javier. De senadores suplentes van Claudia Balague y Juan Agustín Moscoso.

La lista de Diputados del Frente Progresista abre con Jorge Mario Álvarez, también de la UCR, dos veces diputado provincial y tres veces presidente comunal de Arequito. Luego está Alicia Ciciliani, actual viceministra de Trabajo de la provincia e integrante de la Comisión de Trabajo Decente. “Lo que sufrimos” declaró Ciciliani a Crítica de Santa Fe “es consecuencia de una estructura económica que hay que modificar a nivel nacional. No podemos crecer como país al 8% anual y no haber avanzado con el problema del trabajo en negro, que supera el 40%”. Su frase de campaña: “Vamos a llevar al Congreso la cultura del trabajo y del diálogo”. En plena crisis laboral, con muchos conflictos abiertos, esa es una apuesta importante (y riesgosa) para el gobernador Binner.

Tercero aparece Carlos Comi, presidente del bloque del ARI en el Concejo Municipal de Rosario (su mandato termina este año). Luego, Carlos Favario, líder del PDP en Santa Fe, ex diputado provincial, cuya última irrupción pública fue rechazar la postulación de Eduardo Bistoletti para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo (postulado por Binner). Quinta, la actual diputada Silvia Augsbuerger, militante socialista rosarina y ex concejala de la ciudad del sur, que también va por su reelección. Sexto, otro diputado que tiene mandato hasta diciembre de este año: Pablo Zancada. Detrás, Gonzalo Toselli, Marta Fassino y Roberto Cerutti.

LAS OTRAS LISTAS. El 28 de junio competirán además el Partido Autonomista (Ricardo Cuassolo y Mónica Estévez, para senadores; Raimar Ataide, primer candidato a diputado de la Nación); el Movimiento Independiente Renovador (Carlos Saba y Elena Iñurrieta, senadores; Juan Carlos Blanco, primer candidato a diputado); el Proyecto Sur bajo el sello del Partido Socialista Auténtico (Jorge Contesti y Julieta Haidar, candidatos a senadores; Carlos Del Frade, primer candidato a diputado); el Partido Obrero (María Remondino y Edmundo Finkelstein, senadores; Carlos Blanco, primer candidato a diputado) y Política Abierta para la Integración Social (Mario Deschi y Patricia Silva, senadores; Aldo Martín, primer candidato a diputado).

También están inscriptos el Movimiento Socialista de los Trabajadores (Alejandro Parlante y Norma Gabrieli, senadores; y Francisco Castellanos, candidato a diputado); el Partido de los Trabajadores Socialistas (Josefina Luzuriaga y Juan Carlos Bernasconi, senadores; y Oscar Hernández, primer candidato a diputado); el Frente de los Jubilados (Élida Grosso y Víctor Zaragoza, senadores; René Cornejo, candidato a diputado). Y otros tres que presentan idéntica nómina: el Partido Nacionalista Constitucional, el Partido del Campo Popular y el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), que postulan a Alberto Martínez e Inés Rivero como senadores y a José Bonacci como primer candidato a diputado nacional.

PRESOS Y PROCESADOS. Una de las novedades que tendrán las elecciones previstas para este año consiste en que, para las internas provinciales del 5 de julio, cerca de 1.300 procesados podrán votar. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, fue quien comunicó que 1.293 procesados por la Justicia santafesina podrán ejercer su derecho a voto en las cárceles de la provincia, durante las elecciones internas abiertas que tendrán lugar próximamente.

El funcionario explicó que realizaron las gestiones para solicitar los documentos de cada uno de los internos y que el Registro Civil los va a confeccionar de manera de que, a partir de los próximos comicios provinciales puedan ejercer el derecho a voto. “Esto no existe en ningún lugar del país y Santa Fe es la primera provincia que lo pone en funcionamiento. Nos parece que es un hecho importante porque hace también al respetar los derechos dentro de la democracia”, destacó Bonfatti.

Los presos también podrán votar en los tres procesos electorales previstos para este año. A través del decreto 768, el gobernador Hermes Binner reglamentó la ley por la cual más de 800 detenidos sin condena firme pueden sufragar en los comicios nacionales, provinciales, municipales y comunales. La primera experiencia que tuvieron las personas privadas de la libertad sin condena fue en 2007, cuando 100 santafesinos en esta situación pudieron votar en las elecciones presidenciales

El decreto firmado por Binner toma como referencia el Código Electoral Nacional, en el que se estableció que “los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos”. La provincia adhirió a esa norma a través de la ley Nº 12.886, modificatoria de la ley Nº 4.990. Por eso, ahora el Tribunal Electoral de Santa Fe utilizará el Registro de Electores Privados de Libertad como marco para luego ocuparse de la habilitación de mesas en cada establecimiento de detención y correspondientes designación de las autoridades respectivas. El Estado santafesino buscará así garantizarle a 840 detenidos el derecho esencial democrático para los comicios del 28 de junio, 5 de julio y 6 de septiembre.

LOS DNI ADEUDADOS. El Registro Nacional de las Personas debe enviar 25 mil documentos de identidad atrasados al Registro Civil de la provincia, que se suman a otros 17 mil (5 mil corresponden a la ciudad de Santa Fe) que están acumulados en las oficinas locales, debido a que los titulares no se presentaron aún a retirarlos. El titular del Registro Civil, Álvaro Gaviola, dijo que ante esta situación es probable que se realice un operativo especial cerca de las elecciones para garantizar la correcta distribución de los documentos y evitar así las enormes colas que suele haber para esos momentos.

POCO TRABAJO Y MUCHA CAMPAÑA. Luego de dos meses sin actividad, la Cámara de Diputados de la Nación volvió a sesionar antes de las elecciones. La última vez había sido el 18 de marzo, cuando se aprobó el adelantamiento excepcional de las elecciones legislativas al 28 de junio. Antes se suman tan sólo dos reuniones, junto a la celebrada el 11 de marzo, en lo que va del año. Luego de dos meses casi sin actividad debido a la campaña electoral de muchos legisladores que buscan renovar su banca como diputados, la semana pasada se retomó la actividad con una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, donde los presidentes de los distintos bloques acordaron un temario para la posterior sesión.

DE INTERÉS PÚBLICO. Quienes tengan dudas sobre el padrón o quieran consultar algún dato pueden hacerlo a través de la web: www.tribunalelectoral.santafe.gov.ar.

Publicado en Pausa #37

El derecho a otra oportunidad

2009-05-29T15:15:00.000-07:00

Prevención y contención por un lado, capacitación y trabajo por el otro: recetas que aparecen como alternativa a la mano dura. “Las investigaciones sobre opinión pública en relación a temas de delito y castigo nos muestran un panorama distinto al que presentan los medios”, dice un especialista.

Por Mauro Epelbaum

¿Es el discurso de la mano dura –y las políticas que ese discurso propende y justifica– el único capaz de responder a los pedidos por una mayor seguridad? ¿Es el castigo la única vía? ¿Es la inseguridad –ese concepto tan amplio, tan vago y tan de moda– lo que dispara un clima de malestar social, de indignación repetida ante la injusticia permanente, o es el resultado de ese mismo malestar, de esa repetida injusticia? ¿No hay justicia por la inseguridad? ¿O será quizá que falta la seguridad porque lo que falta, desde hace mucho, es justicia?

Hace un mes Pausa convocó a profesionales especializados en diferentes disciplinas para reflexionar sobre el reclamo de la pena de muerte, expresado desde algunos sectores de la sociedad y difundido desde los medios de mayor alcance. En el pedido de la pena capital para quienes incurren en delitos como el homicidio, el abuso sexual o el robo a mano armada sólo se refleja una necesidad de venganza o, lo que sería más o menos lo mismo, la confusión de justicia con revancha.

Hay, sin embargo, otras connotaciones que se desprenden del hecho de que se pida terminar con la vida de quien cometió un delito. Una de ellas, la cuál nos interesa particularmente aquí, es que detrás del reclamo del más duro de los castigos se esconde un descreimiento absoluto de la posibilidad de recuperación y reinserción aquel que delinquió. Una encuesta realizada en septiembre de 2007 por el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo) en todo el territorio provincial muestra que más del 70% de los encuestados está muy (47,7%) o parcialmente (22,8%) de acuerdo con la siguiente idea, cada día más en boga: “La mayoría de los delincuentes no tienen recuperación”.

Ante esa falta de confianza se pueden contraponer experiencias que apuntan a la integración y a la inserción de aquellos que han cometido un delito o que, aún sin haber llegado a ese punto, se encuentran inmersos en un universo donde esas prácticas están casi naturalizadas. Por un lado, el Programa de Educación Universitaria en Prisiones, que desde el año 2004 lleva adelante la UNL con internos de la cárcel de mujeres y de los penales de Las Flores y de Coronda. Hasta ahora hubo dos graduados. Unos 60 estudiantes participan en la actualidad de los cursos; seis se encuentran próximos a recibirse. A esta estadística cabe sumar a los presos que están estudiando en otras universidades e institutos terciarios de la ciudad, y también a aquellos que buscan su reinserción social por medio del aprendizaje de un oficio. En ese marco se inscribe una experiencia reciente: la reapertura de la Panificadora Furman, un símbolo recuperado por el barrio Santa Rosa de Lima. En el emprendimiento trabajan seis personas: dos reclusos de la cárcel de Las Flores y dos que recuperaron su libertad recientemente, además de dos beneficiarios de planes sociales. Allí se cocinan, cada día, unos 500 kilos de pan que luego son repartidos en forma gratuita en el barrio.

El derecho a otra oportunidad y la idea de que se pueden cambiar destinos aparentemente sellados es lo que se trasluce en estas iniciativas y también en la tarea de otras instituciones que, dentro y fuera de la ciudad, trabajan a diario contra el discurso de la condena inapelable como única vía. La Pastoral Penitenciaria es una de ellas. Otra es la ONG Casa de Francisco, que funciona en Santo Tomé. La primera aspira a la reinserción social de los detenidos a través de un cambio en sus actitudes y valores personales; la otra trabaja esencialmente en la prevención por medio de la capacitación laboral y la formación en valores de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social.

TRABAJO Y VALORES. Casa de Francisco cuenta hoy con 65 chicos y chicas de entre 12 y 19 años que todos los días asisten a los talleres de capacitación en herrería, carpintería, computación, panificación y apoyo escolar, entre otros. “Lo que tratamos de darle a los chicos –dice Adelina Duarte, encargada de los talleres– son normas de conducta y herramientas para que puedan encontrar una alternativa diferente. Hacemos mucho hincapié en el tema de la puntualidad, el respeto, la responsabilidad, es decir, en todo lo que el chico va a necesitar en el futuro cuando tenga un empleo. Trabajamos coordinadamente con una red de instituciones y con las escuelas a las que concurren los adolescentes. Además, recibimos a chicos que nos derivan de la Dirección del Menor, menores en conflicto con la ley. De lo que se trata en este caso es de ofrecerles, a los chicos que se han vuelto a reinsertar en su grupo familiar y que no van a la escuela, un lugar donde tengan tareas continuas y contención”.

La responsabilidad de la Pastoral Penitenciaria, cuenta su coordinadora Marta Garassino, es acompañar a los detenidos. “Queremos que encuentren allí, en eso tan sórdido y tan terrible que es estar privado de la libertad, y que padecen sobre todo los más pobres entre los pobres, una presencia, un apoyo, una compañía y también que sepan que pueden contar con alguien. Lo que hacemos es visitar las cárceles y comisarías, charlamos con los internos, reflexionamos sobre un tema en particular, sobre una frase del Evangelio o sobre algo que ha pasado en el penal. También trabajamos en un proyecto destinado a los internos de Las Flores que ya comenzaron con sus salidas transitorias: talleres para ayudarlos a volver a la casa, lo cual no es fácil. Todo ha cambiado cuando ellos vuelven. Si la mujer quedó sola, por ejemplo, asumió un montón de roles, por lo que cuando ellos regresan hay muchas decisiones que ya fueron tomadas. Y son personas a las que culturalmente les faltan elementos para adaptarse, para aceptar las cosas, para dialogar. La palabra muchas veces no existe. Lo que tratamos, entonces, es instalar la palabra, el diálogo, la comprensión, darles herramientas para que puedan, al salir de la cárcel, enfrentarse con esa otra realidad”.

VOLUNTARIADO. Uno de los objetivos planteados por la ONG santotomesina es desarrollar en los adolescentes “una conciencia de participación y pertenencia dentro de una libertad responsable”, según explica Adelina Duarte.

Sobre esta idea de conjunto avanza también la Pastoral Penitenciaria: “Más allá de que el interno pueda hacer esa reflexión personal, aspiramos a una reflexión comunitaria, porque uno de nuestros principios es que nadie se salva solo sino en comunidad”, dice Marta Garassino.

“De ahí nuestra insistencia en el trabajo con las familias de los presos a través de la realización de talleres de reflexión y la necesidad de dejarles el mensaje de que pueden seguir contando con nosotros aún cuando ese familiar preso ha recuperado su libertad”.

En la entidad, fundada por el cura Gabriel Carrón tres décadas atrás, trabajan actualmente entre 40 y 50 personas, por lo general mayores de 40 años, aunque hace poco también comenzó a participar un grupo de jóvenes con vocación solidaria. De todas maneras, ese número de personas aparece como insuficiente al momento de cumplir con todas las actividades que se proponen y tampoco resulta fácil conseguir nuevos voluntarios. “Con todo lo que está instalado en los medios masivos sobre la delincuencia y el delito, la gente está muy temerosa y cuesta más que se sume”, cuenta Marta.

El mismo problema, aunque derivado de otros motivos, tiene Casa de Francisco: “Es muy difícil logar un voluntario diario, que tenga continuidad –se lamenta Adelina–. Tenemos como excepción una señora que es jubilada y que viene dos veces por semana a dar clases de apoyo de Matemática. Pero el resto a lo mejor viene un tiempo hasta que le sale un trabajo remunerado y se tiene que ir”.

LAS DOS CARENCIAS. Las personas que trabajan en estas organizaciones identifican un problema que va a la par de la falta de recursos económicos: la falta de cariño. El 90% de los presos asistidos por la Pastoral son pobres provenientes de los barrios del oeste de la ciudad. Los chicos que van a Casa de Francisco viven en los barrios marginales de Santo Tomé. Cuenta Adelina: “Llegan con carencias afectivas terribles; la mayoría viene de familias desestructuradas. Hay chicos a los que jamás les dieron un abrazo ni les cantaron el feliz cumpleaños”.

La memoria no se moja

2009-04-24T17:15:00.000-07:00

Un relato acerca de cómo los inundados, en forma organizada y también espontánea, lograron mantener vigente su reclamo de justicia; las derivaciones políticas de la insistencia y algunos testimonios sobre la etapa que se abre.

Por Ezequiel Nieva

Los muertos, los que se fueron muriendo de a poco, los que se suicidaron, las secuelas psicológicas, el impacto en la salud, las pérdidas materiales, el daño simbólico... La inundación de 2003 sigue siendo una pesadilla en el imaginario de, al menos, un tercio de la ciudad. En los últimos meses murieron dos integrantes de la Marcha de las Antorchas: Delia y Teresa. El listado de víctimas que ese grupo de inundados lee cada martes y cada 29 mientras recorren la Plaza de Mayo para mantener viva la memoria y exigir “justicia en todo y para todos” ahora suma 157 nombres, y nadie se anima a asegurar que allí acaba la cuenta.

Después de la inundación se incrementaron los accidentes cerebro-vasculares. También los diabéticos la pasaron mal: “Los que tenían la diabetes controlada pasaron a ser insulino-dependientes; los que eran insulino-dependien-tes directamente tuvieron que ser amputados”, recuerda Víctor Fontana, de la Casa de Derechos Humanos. “Hay casos de cáncer en los que nos quedaron las dudas de cuánto ha afectado la inundación”. Y hay, también, problemas psicológicos “sobre todo en los pibes, cuando se larga a llover: unos ataques de pánico tremendos”.

Ya lo había advertido el Colegio Psicólogos de Santa Fe cuando aún no se cumplía el primer año de la inundación. “Aumentaron los casos de fobias, pánico y temores nocturnos, junto al abuso de psicofármacos”, sostenían los profesionales en un estudio difundido en 2004. “En el caso de los alumnos hay un cuadro desolador: numerosos casos de irritabilidad y alteraciones en la memoria, entre otras patologías”. También entre los docentes y los directivos que participaron del informe se habían detectado problemas, como en el grueso de los barrios del oeste.

El trabajo de los psicólogos contiene una enumeración alarmante: “Ingesta de medicamentos en intentos de suicidios, fobias, pánico, terrores nocturnos, problemáticas asociadas al duelo, ideas suicidas, depresión, abulia, insomnio, abandono de tratamientos médicos, desencadenamientos psicóticos, abuso de consumo de psicofármacos sin control médico, cuadros de violencia familiar, trastornos de aprendizaje, abandono de escolaridad en adolescentes, ausentismo laboral y ansiedad desbordante”.

La idea de que la inundación trastornó a una parte importante de la ciudad –130 mil personas afectadas en forma directa por el ingreso de las aguas del río Salado– se complementa con una imagen a la que aludió Fontana y que, sin ser una metáfora, bien puede servir como tal: la idea de que la inundación amputó una parte de la ciudad. Amputó o expulsó, que para el caso es lo mismo. Cientos de familias de las zonas más castigadas por el agua debieron mudarse a los cuatro barrios para inundados que edificó el gobierno de Jorge Obeid: los tres llamados 29 de Abril –uno por calle San Lorenzo al norte de Avenida Gorriti, otro en Yapeyú, otro en Callejón Roca, cerca de Facundo Zuviría– y La Nueva Tablada, en las inmediaciones del Mercado de Abasto.

La muerte, el abandono, la expulsión y el impacto psicológico no fueron inocuos; los inundados se organizaron, formaron grupos de participación activa –además de la Marcha de las Antorchas, la Carpa Negra de la Dignidad e Inuma (Inundación Nunca Más)– y militaron contra el olvido y la impunidad. Las elecciones de 2007 aparecen, en ese marco, como un mojón: no sólo por el histórico cambio en el signo político que gobierna la provincia; también porque se hizo visible “el poder de la sociedad para echar a los corruptos”, según señala Héctor Sanagustín, uno de los integrantes de la Marcha de las Antorchas.

UN ESTADO SORDO. “Las estructuras sanitarias de la ciudad y de la provincia no cambiaron después de 2003”, asegura Víctor Fontana. “Y más allá de cualquier investigación que uno pueda hacer respecto de las secuelas, una cosa es segura: no podés encarar 130 mil personas afectadas con los dos o tres hospitales que hay y los centros de salud, la mitad de los cuales estaban inundados y fuera de servicio. No se modificó nada. No hubo más médicos, ni más enfermeras, ni técnicos. Y así no se puede atender todo lo que pasó después”, agrega el militante.

Fontana participó, junto al resto de los miembros de la Casa de Derechos Humanos –Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y militantes voluntarios–, de la elaboración de una serie de informes sobre las secuelas de la inundación. Tres de esos trabajos dieron cuenta, con datos actualizados, de las muertes colaterales que se registraron después de la tragedia; otros dos abordaron el impacto crónico en la salud de los inundados.

Los estudios fueron presentados en 2005 en distintas dependencias del gobierno provincial –Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, entre otras– y también ante la Justicia; un año después de esas presentaciones, en las que constaban no menos de 130 muertes como consecuencia de la inundación, la Justicia provincial procesó a tres ex funcionarios bajo la figura de “estrago culposo”. Esa decisión, que al juez Jorge Patrizi le valiera un ascenso, reconoce la responsabilidad del Estado en 18 de las 23 muertes oficialmente admitidas y exculpa al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann, quien ni siquiera debió declarar en la causa.

Para elaborar los informes se pidieron certificados médicos, historias clínicas y todos los documentos que contribuyeran a lograr un resultado lo más riguroso posible. Sin embargo, el Estado se hizo el sordo. Los únicos que les prestaron atención fueron los psicólogos que en su momento contrató el gobierno provincial para atender a las víctimas de la inundación; las coincidencias entre el diagnóstico que surge de los informes de secuelas y lo que los profesionales veían día a día en el oeste de la ciudad fueron casi absolutas.

LAS SECUELAS SOCIALES. Opina Fontana: “Yo creo que buena parte de la violencia que tenemos incorporada, reaccionar mal por pavadas, tiene un origen en lo que pasamos esos días. Es realmente fulero ver que te esté entrando el río en tu casa. Y después el manoseo que hubo de parte del Estado: las humillaciones que tuvimos que soportar en el Ente (de la Reconstrucción) fueron terribles. Lo que pasamos, y toda la impunidad que vimos después: ver que ninguno de los responsables está preso y que los únicos que están en la picota con alguna posibilidad de que le hagan un chás chás en la cola son tres perejiles”.

Hasta ahí la mirada de un inundado acerca de un panorama que es habitual en los barrios del oeste. También el ministro de Seguridad se refirió al punto: “En el área a mi cargo, las inundaciones han marcado a la ciudad de Santa Fe; creo que han desencadenado una reacción, un marco de bronca anti-sociedad que se ve reflejada en actitudes de muchos criminales en el sistema penal”, dijo la semana pasa Daniel Cuenca en el programa de cable Rueda de Prensa.

“Es un fenómeno local negativo. Se vio afectada gente que tenía muy poco, y haberlo perdido todo genera cambios de conducta. Quizá no en el adulto, pero sí en los más jóvenes, que son con quienes hoy tenemos conflictos”, agregó Cuenca, que también aludió brevemente a la gestión anterior: “Hubo un abandono; nosotros tomamos esta área muy sumergida”.

Fontana señala, a raíz de esas declaraciones del ministro de Seguridad: “Por ahí se cae en el riesgo de hacer una relación muy directa; yo creo que no es tan así. Es un factor más la inundación. Y la impunidad de los poderosos, ver y sufrir el manoseo, las humillaciones para cobrar los 4.000 pesos, las humillaciones que sufrieron los deudos que no cobraron indemnización por fallecimiento: los decretos hablaban de subsidios no reintegrables por el tremendo dolor que habían pasado los afectados. No era una indemnización por la responsabilidad de la Provincia en esas muertes”.

Al catálogo de ignominias cabe agregar una, en apariencia menos grave, pero cuyas consecuencias se perciben aún hoy: el traslado de numerosas familias de inundados a barrios nuevos, casi siempre en la otra punta de la ciudad. “Hay un montón de gente que cayó de golpe en barrios sin la infraestructura mínima. No había ni agua, ni desagües, ni electricidad; simplemente las casas, nada más. Y eso generó conflictos en el barrio y con los vecinos que estaban desde antes. Una situación de violencia muy difícil de sobrellevar”, explica Fontana.

El argumento preferido entre los que esgrimieron en su momento Obeid y el ex intendente Martín Balbarrey para justificar esos traslados masivos es la “vulnerabilidad” del borde oeste de la ciudad. Vulnerabilidad: la palabra de moda. La palabra políticamente correcta. Un eufemismo en el que caben los conceptos de negligencia, abandono y tantos otros. De hecho, es una palabra a la que pocos funcionarios se resisten: más allá de las banderías políticas.

Héctor Sanagustín tiene su propia mirada sobre las palabras y la política. “Hay una palabra que a mí me molesta mucho: vulnerabilidad. Nos tratan de vulnerables: el oeste es vulnerable, la ciudad es vulnerable... cuando la vulnerabilidad la construyeron ellos. Yo digo que la vulnerabilidad es no darse cuenta; cuando vos te diste cuenta, se les terminó el discurso”.

ENSEÑANZAS. Salir rápido a organizarse y no esperar al Estado: en esas pocas palabras puede condensarse una sabiduría que es hija de la tragedia. En 2003 la sociedad santafesina aprendió una importante lección a fuerza de cachetazos; la demostración se vio cuatro años más tarde, cuando la ciudad volvió a inundarse: los centros de evacuados surgieron de inmediato y sin necesidad de acudir a las autoridades, el grado de organización que se registró en cada uno de ellos sólo se explica volviendo la vista a 2003.

“Es una cosa muy linda”, recuerda Sanagustín. “Yo nunca había visto la solidaridad plena del vecino. El que te ofrecía la canoa, o que pases por su techo, o te daba un poco de comida. Esa solidaridad donde se termina la barrera entre una casa y la otra. Eso es algo que no vence nadie; eso es lo que no quiere el gobierno. La gente vio la potencia que tiene. Cuando la gente ve que puede hacer cosas sin necesidad del gobierno, es libre. Es la libertad de darse cuenta de que uno puede organizarse”.

Esa no fue la única enseñanza del Salado. Sanagustín agrega: “Aprendimos que a los inundadores se los puede echar. No por el Poder Judicial, evidentemente; no confiamos en la Justicia. Ir a la Justicia era meterse en el terreno de ellos, ir a pelear a la cancha de ellos, con sus leyes y sus jueces. Una trampa, un desgaste inútil”.

Una de las claves: “No todos, pero estos políticos que nos tocaron a nosotros viven exclusivamente de su imagen. Si nosotros destruíamos esa imagen, ellos quedaban desnudos”, explica Sanagustín. “Tienen miedo, les agarra pánico. Y un poco por la inundación de 2003, otro poco por la represión de 2001 y también por su propia ineficacia y su corrupción, el gobierno justicialista se terminó cayendo”.

Fontana aporta al debate algunas de las materias pendientes: “Lo que nos queda por aprender es a juntar coraje y animarnos a participar políticamente. Falta que nos convenzamos de la necesidad de la participación, y también de mantener esa participación en el tiempo”.

“Lo más difícil de todo es formar conciencia”, retoma Sanagustín, “porque no tenemos un concienciómetro, salvo cada cuatro años cuando vamos a votar. Nos echaron la culpa a la gente del oeste por haber votado de vuelta a Reutemann y Obeid, que volvieron a ganar (en las elecciones de septiembre de 2003), pero en realidad no llegó al 60% la gente del oeste que votó. Entonces, pareciera como si los votos de la gente del centro o de los otros barrios de la ciudad no contaran; sólo los del oeste”.

El resultado de las elecciones de 2007, el hecho de que ese año se formara una Comisión Investigadora oficial –en el ámbito del Concejo– para dilucidar el grado de responsabilidad de la Municipalidad durante la segunda inundación –trabajo que concluye con 20 imputaciones probadas que señalan la impericia, la negligencia y, en algunos casos, la corrupción que caracterizó la denominada Gestión Balbarrey– y la certeza de que la militancia, la resistencia y la insistencia –la Marcha de las Antorchas repite desde hace casi seis años el mismo ritual, semana a semana y 29 a 29– pueden dar sus frutos, son algunas de las pequeñas victorias de los inundados.

Pese a lo cual Sanagustín prefiere no ser del todo optimista: “La sociedad santafesina está muy apática, desactivada. No tiene conciencia de su propio poder”.

TESIS ACERCA DEL EGOÍSMO HUMANO

Como en 2003, otra vez Reutemann es candidato. Esta vez, para renovar su mandato en el Senado logrado aquel año, cuando ganó las elecciones que –por última vez en la provincia– se realizaron bajo el viejo sistema conocido como la “ley de lemas”. Desde su salida de la Casa Gris, en diciembre de 2003, no volvió a participar de la vida política santafesina. Casi no volvió a la ciudad, salvo unas pocas veces. En tres de esas oportunidades, un grupo mínimo de inundados se acercó a escracharlo. Héctor Sanagustín estuvo en los tres escraches. “En uno éramos tres y medio: dos mujeres, un chico de 14 años y yo”, recuerda. En otro logró acostarse unos segundos sobre el capó del auto en que se iba Reutemann y alcanzó a mirarlo a los ojos. En el otro recibió algún golpe. En la entrevista que mantuvo con Pausa, Sanagustín también trazó un perfil del ex gobernador: “Reutemann es el más claro ejemplo del egoísmo humano. Recién después de seis años, cuando le toca renovar su banca, se hace notar. Mientras estuvo cómodo en todos estos años fue un cero a la izquierda, algo intrascendente, no se movió por nadie ni por nada. Es más: no presentó listas, ni en 2005 ni en 2007. Recién cuando se vence su mandato se empieza a mover. Más claro ejemplo de egoísmo, imposible”.

LOS CHICOS CRECEN; LAS SECUELAS SIGUEN

El primer proyecto del Colegio de Psicólogos, realizado en los primeros dos meses posteriores a la inundación, remarcaba las siguientes secuelas: dificultades laborales, trastornos en el sueño por la inundación, trastornos físicos, más consumo de psicofármacos y de tabaco, problemas para concentrarse, preocupaciones fuertes y temores. Los problemas médicos más recurrentes: hipertensión, asma, alergia, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Aumentaron las consultas por angustia, depresión, violencia familiar y descompensaciones neuróticas. También se presentaron casos de adicciones, crisis de angustia, trastornos psicosomáticos, pánico, fobias, melancolía, duelos patológicos, síntomas depresivos, estrés postraumático, dificultades de aprendizaje. Entre los docentes se repitieron cuadros de sobrecarga de responsabilidades y agotamiento psíquico. En el caso de los chicos, quizá lo más grave y de lo que menos se habla: irritabilidad, intolerancia hacia el otro, disminución del interés por aprender, inhibiciones, hipersensibilidad... En 2003, esos chicos tenían entre 8 y 17 años.

TIEMPOS

¿Se está empezando a hacer cargo el Estado de lo que hizo mal o no hizo seis años atrás? El interrogante es cada vez más explícito. El último episodio fue esta semana, cuando el gobernador Hermes Binner anunció su plan de reparar e investigar los daños –y, por tanto, el origen– de la inundación; el próximo episodio será a unos pocos metros –en la Plaza de Mayo– el miércoles 29, cuando se realice el acto por el sexto aniversario de la tragedia.

Los inundados que participan de la Carpa Negra, reinstalada el mes pasado frente a la Casa Gris, y otros que se acercan en forma espontánea vienen realizando asambleas diarias en la que debaten las posibles posturas ante el proyecto del gobierno, que ahora asume que “los daños generados (...) aún persisten de forma palpable en la sociedad pese a haber transcurrido casi seis años”.

La presentación de la propuesta de reparación tuvo lugar en el mismo salón donde Carlos Reutemann asegurara, enfático, que nadie le avisó “absolutamente nada”. El cambio en la posición oficial del Estado es, en sí misma, todo un signo; de allí que el gobierno pretenda, antes de encarar la investigación, acordar con los damnificados –con una parte de ellos– el monto máximo posible a resarcir.

Entre los fundamentos de la propuesta de Binner se lee: “Las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Se advierte que más allá de las causas de los daños, lo cierto es que todavía no se han brindado todas las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer, al menos, un sentimiento de justicia y paz social”.

El gobierno reconoce que se deben satisfacer “los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, los reclamos de justicia y verdad”. Y a la vez advierte que “el Estado afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la provincia en los hechos”.

Por eso, promete por un lado “una respuesta reparadora colectiva” que incluye la “re-elaboración o reconstrucción de la verdad oficial respecto de lo acontecido” durante –y antes y después de– la inundación y a cambio pide se arribe a una solución extrajudicial en los litigios vigentes contra el Estado. Entre otros puntos, el gobierno asegura que hará público y accesible el expediente de la causa judicial por la que están procesados Marcelo Álvarez, Ricardo Fratti y Edgardo Berli y que facilitará el acceso a los planos de obras de la defensa incompleta.

La iniciativa se inscribe en el marco de una política hacia los inundados radicalmente opuesta a las anteriores. Antes de asumir, Binner ya se había reunido con algunos referentes de los principales grupos y barrios. Luego visitó, ya en ejercicio del gobierno, a los integrantes de la Marcha de las Antorchas: en la plaza, donde tuvo que oír la larga lista de reclamos vigentes. Unos meses más tarde, Binner redobló la apuesta y no solo participó del acto por el quinto aniversario de la inundación, sino que además subió al escenario, tomó el micrófono, respondió algunas alusiones y prometió colaborar –o al menos no entorpecer– en la búsqueda de verdad y justicia.

Ahora, con la nueva propuesta, el gobierno socialista buscará dar un paso necesario e ineludible para subsanar las amplias deudas del Estado por la tragedia evitable de 2003. Será quizá la gran apuesta de la actual gestión para confirmar que aquellos “buenos tiempos” de los que hablaban los afiches de campaña eran más que una mera promesa.

Publicado en Pausa #35, viernes 24 de abril de 2009
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Se largó la disputa electoral

2009-04-10T13:04:00.000-07:00

Con la renovación de 7 de las 13 bancas de concejales, comienza el proceso que definirá la composición del cuerpo deliberante local para los últimos dos años de gestión. Mientras tanto, se aceleran las negociaciones por las candidaturas nacionales.

En la semana que termina se formalizaron los primeros pasos de cara a las elecciones en las que se renovarán cargos legislativos a nivel comunal y en las que oficialismo y oposición tienen puestas todas sus fichas. Es que incluso los propios protagonistas se vienen manifestando acerca del “plebiscito” que supone para la nueva gestión municipal estos comicios, por ser la primera vez desde el retorno a la democracia en que se renueva la composición del Concejo con un partido que no sea el PJ como gobierno de la ciudad.

Del mismo modo, y aunque en este sentido sí hubo declaraciones que apuntan a no dramatizar los resultados de septiembre –y, por tanto, tampoco de los julio–, está en juego buena parte del fututo político del Frente Progresista Cívico y Social en toda la provincia por el mismo motivo: es la primera campaña que Binner y los suyos deben enfrentar desde que asumieron un año y medio atrás.

Hay –al cierre de esta edición, cuando aún restaba que los distintos partidos y sectores internos formalizaran las candidaturas ante la Justicia Electoral– 16 listas inscriptas para las elecciones de concejales en la ciudad. Las internas, que por el momento seguirán siendo abiertas, simultáneas y obligatorias, serán el 5 de julio: una semana después de la votación por senadores y diputados nacionales. Las generales, dos meses más tarde: el 6 de septiembre.

Recién entonces se perfilará el tablero –se renuevan siete de las trece bancas del Concejo– con el que deberá terminar su gestión el intendente Mario Barletta; ahora, un repaso lo más exhaustivo posible de las presentaciones que hicieron los precandidatos ante sus partidos.

LOS RADICALES. Desde el vamos, el gobernador Hermes Binner había manifestado que lo mejor para el Frente Progresista, en la ciudad, sería llegar a septiembre con una lista de unidad, sin la necesidad de dirimir en internas. Pero los actores del Frente tenían –y tienen– otras ambiciones.

El sector del radicalismo que se encolumna con el intendente Barletta presentó su propia lista, a la que sin rigor calificaron de “lista de unidad” y la que, según ellos dicen, aprueba Binner. Al día siguiente de la presentación, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, debió salir a aclarar que, más allá de que algunos dirigentes del socialismo formalizaran su alianza con Barletta, ni el gobierno ni el gobernador apoyarán explícitamente a alguno de los candidatos del Frente en las internas.

Esa lista está encabezada por el actual secretario de Gobierno del municipio, José Corral. En segundo lugar aparece Vanesa Oddi, actual funcionaria de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas –fue quien coordinó el año pasado las asambleas ciudadanas en las que se elaboró el Plan Estratégico para la provincia– y militante del Partido Socialista. Y en tercer lugar figura Fanny Jara, militante radical de barrio Los Hornos e integrante de la Casa del Sur, una entidad cercana al diputado provincial Leonardo Simoniello.

Quizá de esa alianza surgen las lecturas de los allegados a Barletta: su candidato está acompañado por una dirigente cercana a Mónica Bifarello –pieza clave del gabinete de Binner– y por otra ligada a Leonardo Simoniello, ex socio político del principal rival interno de Corral: el actual presidente del Concejo Jorge Henn.

Henn, quien en 2007 debió posponer su intención de pelear la Intendencia local cuando irrumpió Barletta en escena, encabeza otra de las listas del Frente. Su mandato concluye este año, por eso su candidatura tiene el doble objetivo de buscar la renovación y, a la vez, tantear el terreno de cara a las elecciones de 2011. De hecho, a la mañana siguiente de haber inscripto su lista, volvió a manifestar su deseo de postularse para intendente; se supone que un resultado favorable en la interna contra Corral le bastaría como pergamino para reclamar, ante los otros sectores que conforman el Frente Progresista, esa posibilidad.

Ya en las internas de 2005 –cuando debutó el actual sistema electoral, después de los cambios que introdujo la Legislatura bajo la gestión de Obeid, derogación de Ley de Lemas incluida– Henn se había impuesto a los radicales ligados a Barletta, que llevaban a Carlos Pereira como candidato.

El panorama de la interna radical acabaría ahí de no ser por la irrupción de Sebastián Cáceres, hijo del Changui y de Alicia Tate, candidato a primer concejal por la UCR no frentista.

MÁS LISTAS. Si bien en los meses previos todos los integrantes del Frente Progresista repitieron el discurso de “la necesidad del consenso”, a la hora de la verdad se vio otra cosa. Seis listas para concejales presenta el Frente: a las de Corral y Henn hay que sumar la que encabeza la actual concejala Noelia de Chiementín (ARI) (1); la de su compañera de bancada Marta Fassino –del sector socialista más cercano al senador Rubén Giustiniani y, por tanto, más lejano a Binner–, que va en busca de su tercer mandato; la de Carlos Wagner, del Partido Demócrata Progresista; y la de la Coalición Cívica y Social, alineada a nivel nacional con Elisa Carrió, que presenta en los dos primeros lugares a Omar Coria y Griselda Añate.

PARTIDO EN SEIS. La crisis que atraviesa el PJ santafesino desde las elecciones de 2007 tuvo su correlato en el armado de las listas para concejales. Acaso como si sospecharan una derrota, los nombres “fuertes” que habían sonado en la previa brillaron por su ausencia. Ni el obeidista Mario Lacava, ni el reutemanista –valga la repetición– Federico Reutemann se anotaron en la partida y seguirán, así, en sus bancas de diputados provinciales hasta 2011.

Los soldados le huyen a la batalla siguiendo el ejemplo de los jefes: es público que Carlos Reutemann no se comprometerá en la campaña local y se abocará, si es que acaba de decidirse, a buscar su reelección en el Senado.

Con Reutemann y Obeid lejos de la cancha, más ocupados en sus propias internas con el kirchnerismo, el PJ local no logró conformar listas que aparezcan ante el electorado como una atracción irresistible. Los dos ex gobernadores acordaron la candidatura a primer concejal de Roberto Campanella, un viejo militante PJ apodado “Chiquito”, seguido por María Lastra, que termina su mandato y busca reelección, y por Oscar Álvarez, secretario general del gremio de los gastronómicos.

También el PJ tiene seis listas. “Militancia federal” se llama la que encabeza Palito Hernández, otro dirigente reutemanista. “Por una ciudad mejor”, la de Rubén Montapponi, ex titular de la Ansess delegación Santa Fe. La JP Evita y el Movimiento Evita postulan a Nicolás Molinas.

La que, a priori, aparece más sólida es la que llevará el sello del oficialismo K: “Frente Para la Victoria”. En primer lugar aparece Jorge Fernández, actual vicepresidente del PJ provincial, ministro de Educación en los 80 y ex candidato a vicegobernador con Agustín Rossi en 2007. En esta lista, apadrinada por el titular de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados de la Nación, aparecen detrás de Fernández el secretario de Finanzas de la CGT y secretario general del Sindicato de Canillitas, Julio César Rizza, y la docente y militante barrial de Santa Rosa de Lima, Ana María Salgado.

La otra lista, también de neto corte K, es la que encabeza Carlos Carlozzi: un joven dirigente muy cercano al matrimonio presidencial. Fue bautizada como “Corriente Federal”, acaso una picardía para captar el voto de los reutemanistas desorientados: el Lole bautizó su espacio anti-K como Santa Fe Federal, y luego hicieron lo propio Obeid y el resto de los diputados que abandonaron el barco del kirchnerismo.

Kirchnerismo “puro” es lo que promete Carlozzi; sostiene que él representa en forma directa a esa corriente, no al rossismo como su competidor Fernández. Ahí la interna kirchnerista, para no ser menos que el resto.

DEL CACHI A PINO. De 100% Santafesino, el partido de Oscar “Cachi” Martínez, fueron inscriptas –siempre al cierre de esta edición– dos listas. Una liderada por Jorge Urani, de quien lo único que se pudo saber es que se desempeña como contador de Cachi. La otra lleva en primer lugar a Sebastián Pignata, que es nieto del histórico líder de UPCN, Alberto Maguid; a Pignata lo acompañaría, de confirmarse la lista, el ex concejal Marcelo Ferreira, que cumplió su mandato entre 2003 y 2007.

La principal novedad en el sector de Martínez es que, finalmente, comienza a cumplirse su anhelo de provincializar 100% Santafesino: el partido presentó listas en Rafaela, Reconquista, Gálvez, Santo Tomé, San Justo, San Javier, Recreo, Sauce Viejo, Román y Videla.

Otro sector que buscará una banca en el Concejo local es Proyecto Sur, cuyo referente nacional es el cineasta Fernando “Pino” Solanas y el diputado Claudio Lozano. Participarán de las elecciones de este año utilizando la personería del Partido Socialista Auténtico, como lo hicieran en 2007. En los primeros lugares de la lista aparecen el dirigente de Adul Hugo Kofman y la artista Nilda Godoy.

¿Y LAS CANDIDATURAS NACIONALES? Los votos de los diputados provinciales del kirchnerismo al presupuesto 2009, que elaboró la administración de Hermes Binner, terminó por romper las muy débiles relaciones que existían en el interior del peronismo santafesino, y que ya venían debilitadas por el alejamiento de Carlos Reutemann y Jorge Obeid –entre otros dirigentes– de los bloques parlamentarios K en ambas cámaras del Congreso.

En todo caso, la postura política de acompañar el Cálculo de Recursos y Gastos 2009 del Frente Progresista, en lugar del dictamen elaborado por Juan Carlos Mercier, por parte de los legisladores del Frente para la Victoria, fue la excusa perfecta que encontró el PJ para dividir las aguas dentro de un partido muy polarizado. En ese escenario político, el 18 de abril próximo se reunirá el Congreso Provincial del Partido Justicialista, que será el órgano interno que definirá la estrategia comicial y sus candidatos.

Ya la Justicia Federal con competencia electoral resolvió que no hay tiempo material ni legal para que los postulantes a diputados y senadores nacionales del peronismo surjan de una elección interna, con lo cual el único camino posible para llegar a la unidad partidaria es el congreso, que es una posibilidad poco probable porque ninguno de los sectores tiene los dos tercios de las voluntades a su favor para imponer nombres.

Sin acuerdos a la vista, nadie podrá utilizar ni el nombre ni los símbolos del justicialismo en los comicios del 28 de junio. Es decir, tanto Agustín Rossi como la dupla Reutemann-Obeid deberán buscarse otros nombres para competir. De hecho, el primero ya anunció que lo hará bajo la denominación de Frente para la Victoria y se especula que los segundos utilicen el membrete de Frente Santa Fe Federal.

En el caso del Chivo Rossi, ya tejió alianzas con sectores que son afines al kirchnerismo, como el Partido del Progreso Social (del Tigre Héctor Cavallero), el Partido Intransigente, el Partido Humanista, el Frente Grande y Confluencia Santafesina. El propio legislador aparece como número uno en la boleta de candidatos diputados nacionales y habrá que encontrar en los otros sectores aliados a sus compañeros. En tanto, la hipótesis más fuerte para pelear por la senaduría nacional tiene el nombre de la actual concejala rosarina, María Eugenia Bielsa, para competirle al Lole y a Rubén Giustiniani.

Con respecto a Carlos Reutemann, en su armado electoral aparecen viejos dirigentes del MID (Movimiento Integración y Desarrollo) y la Ucedé, además de los históricos compañeros políticos y del gremialismo santafesino que nunca lo abandonaron.

También quiere repetir la fórmula que usó el menemismo para conseguir votos independientes, tal cual su aparición en la vida institucional de la provincia: postular a un personaje público que no provenga de la política. El apuntado es el Midachi Miguel Torres del Sel como candidato a diputado, que también fue tentado por el PRO de Mauricio Macri. El Lole va por la reelección, eso está claro, pero aún falta el nombre que lo acompañará como número dos.

Por su parte, en el Frente Progresista están tratando de replicar para las candidaturas nacionales el mismo armado político de la provincia, o sea, que estén en la lista postulantes de todos los partidos. El problema no es la ya lanzada reelección de Rubén Giustiniani, ni quién lo acompañará, sino la lista de postulantes a diputados nacionales.

En ese sentido, el intendente de Firmat, Carlos Torres (UCR), figura como la cabeza de la nómina y de allí hacia atrás se mezclarían socialistas, mas radicales, demócratas progresistas, el ARI, el SI y hasta dirigentes agropecuarios, como puede ser el caso de Omar Barchetta o de Eduardo Buzzi.

En definitiva, todavía falta un mes para el cierre de listas y las conversaciones son permanentes, incluso ahora con más excitación porque ya se hizo la presentación de boletas a nivel comunal y municipal, así que los propios tiempos de la política hacen que se busquen precisiones lo antes posible para mostrar una imagen cohesiva de los frentes electorales. La gente, como debe ser, tendrá la última palabra.

(1) Cuando Pausa ya estaba impreso y en los kioscos, se supo que Chiementín y Henn habían decidido unificar sus listas.

Publicado en Pausa #34, 10 de abril de 2009

Un largo camino hacia la verdad

2009-03-27T18:32:00.000-07:00

A más de 25 años del regreso a la democracia está casi todo dado para que comiencen los juicios por la represión en Santa Fe; en este informe, el recorrido de la causa y algunas miradas sobre los desafíos para vencer la impunidad.

Por Ezequiel Nieva

Va a ser, sin duda, uno de los hechos del año: de un lado habrá siete imputados; del otro, los querellantes. Y una cantidad no determinada de testigos que volverán a referir los vejámenes que sufrieron a mano de los torturadores y sus cómplices, tres décadas atrás.

Luego de un proceso que demandó casi diez años algunos ejecutores de la represión en Santa Fe se sentarán en el banquillo de los acusados. No es el único hito: también será la primera vez en el país que un funcionario del Poder Judicial –el ex juez federal Víctor Hermes Brusa– sea juzgado por su participación en las sesiones de tortura de la dictadura.

Las visiones más optimistas indican que el juicio oral por la denominada Causa Brusa podría arrancar en junio o en julio; las más pesimistas, cerca de fin de año. Antes –la fecha estimada es el 7 de mayo– se hará lo propio con la Causa Barcos. Los tiempos de la Justicia no suelen ser los mismos que los de la demanda social, en particular en Santa Fe, donde la estructura vigente debe su apogeo y hegemonía al hombre que desde 1984, cuando se elaboró el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), está sindicado como partícipe clave en repetidos operativos de los grupos de tareas: el mismo que en democracia supo lograr su ascenso de secretario de juzgado a juez federal.

Junto a Brusa, otros seis acusados deberán comparecer ante el tribunal: María Eva Aebi, Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, Domingo Marcellini y Eduardo Ramos. Juan Orlando Rolón, otro de los imputados, logró zafar de tener que sentarse junto a ellos en esta primera instancia, aunque su procesamiento está firme y tarde o temprano deberá visitar el Juzgado Federal. El otro acusado, Nicolás Correa, murió sin condena luego de gozar por años de los beneficios de una prisión domiciliaria que no le impedía salir a pasear por las calles de barrio Candioti. (Tras la investigación periodística de Nicolás Lovaisa y Carolina Niklison, Correa debió dejar su hogar para cumplir un régimen de semidetención en la cárcel de Las Flores).

A esos nueve imputados que llegó a tener la Causa Brusa debe sumarse un décimo nombre: el de Horacio Barcos. Ex miembro del Personal Civil de Inteligencia, Barcos fue denunciado y reconocido por una de sus víctimas –Amalia Ricotti– y deberá enfrentar al tribunal conformado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Laborde.

El inicio del juicio, previsto para la primera semana de mayo, es probable que se demore. Como en la otra causa, también en ésta causa abundan las dilaciones: la defensa de Barcos planteó la necesidad de que un conjuez y no un secretario ocupe la tercera silla –Laborde es secretario y llegó al tribunal en reemplazo del juez jubilado Ramiro Puyol, quien de todos modos se iba a excusar de participar por el mismo motivo que lo llevó a desistir de la Causa Brusa: es familiar de un desaparecido.

La decisión sobre el planteo depende de la Cámara de Casación con sede en Rosario: quizás el nicho más conservador de toda la Justicia Federal. Y el más “retrógrado”, según coinciden muchos de los abogados vinculados a los organismos de derechos humanos. Tras esa decisión se sabrá si el juicio contra Barcos comenzará el 7 de mayo o se pospondrá por un tiempo. Según se estima desde la querella, el proceso durará unos 15 días. Y entonces, por primera vez, habrá una sentencia en el territorio provincial por un caso de derechos humanos.

UNA CAUSA EMBLEMÁTICA. Demorada también por planteos que aún no fueron resueltos en la Cámara de Casación, a la Causa Brusa sólo resta fijarle una fecha para el inicio del juicio oral.

Se trata de un proceso complejo. Desde el principio, cuando el juez Reinaldo Rodríguez dio curso a las denuncias, la causa se dividió en dos: por un lado se investigarían los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos; por otro, asociación ilícita. Este segundo proceso fue separado en la etapa de la instrucción por una irregularidad procesal cometida por Rodríguez: cuando indagó a los imputados, lo hizo informando una de las carátulas –privación ilegítima y tormentos– pero no la otra –asociación ilícita–; de ese hecho derivó un planteo de los abogados defensores contra el juez por presunto prejuzgamiento. “La Cámara de Casación anuló el procesamiento parcialmente, lo cual es técnicamente correcto, pero además aceptó luego el planteo de recusación por prejuzgamiento; esto último es muy discutible”, explicó Horacio Coutaz, uno de los abogados de la querella.

Coutaz conoce el terreno. En 2006 trabajó para la Fiscalía Federal, exclusivamente en causas de derechos humanos. Luego dejó el Ministerio Público y, ya en ejercicio de su profesión, se convirtió en el patrocinante de una de las víctimas del terrorismo de Estado en Santa Fe, que es querellante en la Causa Brusa: Patricia Traba.

Todo comenzó hace una década, cuando varias víctimas de la dictadura presentaron denuncias contra Brusa ante el juez español Baltasar Garzón. En la Argentina estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; de ahí la imposibilidad de accionar contra Brusa y la necesidad de hacerlo en España, apelando al principio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden ser investigados y juzgados aún fuera del territorio donde fueron cometidos.

Garzón pidió la extradición de varias decenas de represores; en esa lista estaba el ex juez Brusa, para entonces destituido luego del recordado episodio de la laguna Setúbal. Pero el Estado argentino denegó el pedido de Garzón –una decisión del entonces presidente Fernando De la Rúa–, a la vez que en el Congreso se iniciaba el lento camino que iba a derivar en la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con la primera medida –la declaración su inconstitucionalidad– se pudieron abrir los llamados juicios de la verdad; con la derogación definitiva de las leyes de impunidad se avanzó otro paso: pudieron ser reabiertas las causas archivadas en la década del 80 y, además, a comenzaron a abrirse nuevas causas derivadas de nuevas denuncias.

En ese contexto se inició la Causa Brusa. Un elemento clave: la decisión del juez Rodríguez de avanzar contra su ex colega y los otros imputados –el ascenso de Brusa a juez, ya en democracia, derivó en un complejo sistema de complicidades internas dentro de la Justicia Federal: una abrumadora mayoría de funcionarios deben a sus favores el hecho de haber sido nombrados o ascendidos, de ahí las dificultades que se registran para poder conformar un tribunal imparcial que lo juzgue.

Aquella decisión de Rodríguez puede explicarse por el hecho de ser oriundo de Lomas de Zamora. Llegó al fuero santafesino tras ganar un concurso; nada lo unía a Brusa: ningún favor. Pese a las actuales críticas, su tarea fue determinante: procesó a los acusados, sorteó muchas de las trabas de la defensa y avanzó con las actuaciones. Cuando Rodríguez fue separado, la causa se empantanó; hacia 2007 el entonces conjuez Leandro Corti se hizo cargo y apuró los trámites. A principios de 2008 elevó la causa a juicio oral y, casi de inmediato, dejó su cargo para asumir al frente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.

Ya con el proceso en esa etapa, aparecieron otras dilaciones. La principal tuvo que ver con la constitución del tribunal; los primeros tres jueces sorteados se excusaron, dos porque habían trabajado con Brusa y el otro por ser familiar de un desaparecido. Luego se sucedieron los sorteos: de 30 abogados sorteados, ninguno aceptó conformar el tribunal. La mayoría, por los mismos motivos que los dos primeros: haber sido beneficiados en menor o mayor grado por Brusa. También hubo algunas recusaciones de los defensores de los imputados por supuesta imparcialidad de algunos de los designados, pero fueron pocos casos.

Finalmente, el tribunal quedó constituido por Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Martín Gutiérrez. La situación de este último está en suspenso (pidió su apartamiento); podría ser reemplazado por un juez de Rosario: otro aspecto que demorará el inicio del juicio. Claro que siempre se puede estar peor: en Reconquista todo indica que se va a terminar constituyendo el tribunal con abogados de Chaco y de Corrientes.

LOS LÍMITES. Ninguno de los imputados será juzgado por homicidio, de ahí que las especulaciones hablen de penas de entre 20 y 25 años si se los encuentra culpables. “Van a ser penas altas porque en la mayoría de los casos se los juzga por muchos hechos –explicó Coutaz, y opinó acerca de por qué a los imputados les caben las figuras de tormentos y asociación ilícita pero no la de homicidio–: Es parte de la estructura política y judicial que se instaló en democracia”.

–Pero hubo muchas denuncias por asesinatos...

–Sí, hubo denuncias. Pero también hubo una decisión política no escrita de avanzar sobre ciertos delitos y no sobre otros. Y además en esta causa tenemos muchos problemas de pruebas. Pasaron 30 años; casi toda la documentación nunca se encontró. Muchos testigos quizás no se animen a hablar ahora, y es lógico después de lo de Jorge Julio López. Y también está el problema de que se han dividido en tantas causas como denuncias hubo, entonces los testigos, que son casi siempre los mismos, van a tener que ir a declarar en todas las causas. Declaran quince veces en Instrucción, después quince veces en un juicio oral con todo lo que conlleva de presión psicológica, de recuerdos de cosas terribles e incluso de exponerse.

LA SEGURIDAD DE LOS TESTIGOS. La división de las denuncias en distintas causas es una de las trampas que no pocos querellantes, funcionarios y dirigentes de organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace varios años. La necesidad de una unificación de los procesos pasa por el grado de exposición al que se someten los testigos; al caso de Jorge Julio López pueden sumarse los distintos hechos registrados en Santa Fe desde el inicio de la Causa Brusa: las pintadas frente a la Casa de Derechos Humanos, el ataúd encontrado en la puerta de LT10 como un mensaje dirigido al juez Rodríguez y a la, por entonces, fiscal federal Griselda Tessio, las esvásticas que aún hoy afean el Mural de la Memoria...

A ese triste listado se agregan los ataques registrados esta semana: pintadas (“Soy del ERP”, “Muerte al ERP”) frente al estudio jurídico de Lucila Puyol, abogada de la agrupación Hijos; balazos a la vidriera del comercio del hijo de Daniel García –querellante de la Causa Brusa–, cuya vereda quedó tapizada de volantes (“Por otro 24 de marzo”); panfletos contra los diputados provinciales Antonio Riestra y Alicia Gutiérrez (“Terroristas montoneros”).

La seguidilla se desarrolló el mismo 24 de marzo; por la tarde, en la marcha que cada año recorre el trecho que separa la Plaza del Soldado de la Plaza de Mayo y en la que se recuerda el aniversario del golpe de Estado, el reclamo en contra de la impunidad se hizo sentir con mayor fuerza de lo habitual. De hecho, la presencia del gabinete completo del gobierno provincial en las primeras filas puede interpretarse como un claro mensaje.

“Existe un cierto margen de maniobra, por eso es necesario fortalecer todos los espacios que nos brinda la democracia”, opinó en medio de la marcha Stella Vallejo, delgada del Inadi en Santa Fe y querellante también en la causa.

–¿Existe el temor de que estos ataques se recrudezcan de cara al inicio de los juicios?

–Los querellantes venimos trabajando sobre esto desde hace años. Trabajamos en la Conadep, trabajamos en la causa contra Brusa, lo denunciamos antes de que lo nombren juez. Nosotros vamos con la verdad y en busca de justicia; (los ataques) no nos producen temor, no nos paralizan.

Durante la dictadura, Vallejo pasó seis años y medio detenida en distintas dependencias militares y policiales. Quizá por ello no da demasiadas vueltas para argumentar por qué es necesario que exista el Programa de Protección de Testigos y por qué, al mismo tiempo, ella no va a hacer uso de ese programa: “Con custodia me sentiría nuevamente victimizada”.

También el diputado Riestra habló de los hechos del 24, que lo tuvieron como protagonista indirecto: “No nos ponemos en el lugar de las víctimas. Las víctimas son los compañeros desaparecidos y son los familiares que esperan por verdad y justicia. Y son también esos testigos que han sido amenazados de una manera extorsiva”.

Riestra señaló que las fotografías suya y de su par Alicia Gutiérrez utilizadas para los panfletos fueron tomadas del archivo de la Legislatura. “No quiero decir nada con esto, pero lo que se quiere representar es el lugar institucional que uno ocupa. También del gobierno nacional se ha dicho lo mismo: que son los subversivos. Creo que esto encaja perfectamente con este tipo de derechas, que no quiere reconocer el tibio y lento avance que hemos tenido tanto en derechos sociales como en las deudas con la memoria”, agregó.

El diputado Raúl Lamberto coincidió con él: “El avance de los procesos va a generar nerviosismo en muchos de los que han estado en estos 33 años protegidos por la impunidad”. Lamberto también se refirió a la seguridad de los testigos: “El Estado provincial ha asumido el compromiso de colaborar; está la voluntad política del gobernador y nosotros vamos a hacer todo lo posible para garantizar que quienes tengan que brindar su testimonio lo puedan hacer”.

De todos modos, el legislador reconoció: “Amenazas o intimidaciones es probable que se den; lo importante es que esto no pase a mayores. Coletazos van a haber, en las sombras siempre algunos aprovechan para amenazar, pero lo importante es que la gente se sienta protegida por el Estado”.

A PASO LENTO. El cansino transitar de los expedientes judiciales también es motivo de reclamos. “Están tirando en contra más de 400 juicios de la dictadura militar, demorándolos”, señaló esta semana Celina “Queca” Koffman, principal referente de las Madres de Plaza de Mayo en Santa Fe.

La referencia de Queca apunta a una situación que se repite en casi todos los rincones del país. A tal punto son visibles las dilaciones que el secretario de Derechos Humanos de la Nación debió salir a denunciar que “hay intencionalidad” de parte de la Justicia.

A principios de mes el jefe de Gabinete Sergio Massa anunció la designación de 750 nuevos empleados que se repartirán entre todos los fueros federales del país: una medida que busca aceitar el andamiaje de la Justicia en general y acelerar los juicios por derechos humanos en particular. Fue luego del encuentro que mantuvo con tres de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda–, quienes le habían exigido 900 nombramientos.

El mismo día del anuncio, la vicegobernadora Tessio también se reunió con Lorenzetti. De ese encuentro participó además el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Tessio había viajado a Buenos Aires para dejar constancia de su preocupación por la demora en los juicios contra los represores. “El Estado argentino tiene el deber de garantizar en todo el territorio nacional el pleno ejercicio de los derechos amparados por los tratados internacionales de derechos humanos y, si bien Argentina ha cumplido y está cumpliendo con este deber, se han revelado cuestiones a las que nos enfrentamos a la hora de afrontar con éxito causas tan voluminosas y complejas: fundamentalmente falta de recursos económicos, humanos y de infraestructura”, decía el comunicado difundido por la vicegobernadora antes de esa reunión.

Entre los muchos riesgos que derivan de las demoras en el arranque de los juicios cabe citar que cada vez se vuelve más difícil conseguir pruebas. En la mayoría de los casos, las únicas pruebas son los testimonios, y quienes pueden darlos “se van muriendo”, según graficó el abogado Coutaz. Otro inconveniente es que los testigos, cuando no ven avances, pierden la poca o mucha confianza que tienen en el sistema y en muchos casos prefieren no ir a declarar.

UN EPÍLOGO. Escribió el economista Eduardo Basualdo: “En marzo de 1976, la dictadura militar modificó el régimen social interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones que en ese momento se encontraba en los albores de su consolidación. El nuevo régimen estuvo en consonancia con el orden neoliberal que acabó con la economía mundial surgida de la posguerra y se sustentó en la valorización financiera, cuyo predominio se prolongó hasta 2001”.

Hacia 1974 la pobreza y la indigencia alcanzaban, respectivamente, al 4% y al 2% de la población del país. En 2002 se registraron los picos más altos: 57,5% de pobres, casi 30% de indigentes. Hoy las cifras son un poco menos escandalosas: según quien lo mida, por debajo de la línea de pobreza aparece entre el 17% y el 30% de la población argentina.

“Es preciso sentar en el banquillo de la Justicia a quienes financiaron y fueron los reales autores intelectuales del golpe y el genocidio para instalar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina”, exigió en uno de los actos del 24 el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Ricardo Peidró. No es un reclamo que haya alcanzado el mismo consenso que el de los juicios por torturas o asesinatos, y sin embargo es imposible separar lo uno –el método de la muerte y la desaparición– de lo otro –el vasto plan económico que ejecutó la dictadura.

En La Plata, dos hijos de desaparecidos presentarán un reclamo judicial contra los bancos que financiaron a la dictadura militar que secuestró a sus padres. Para ello invocarán antecedentes internacionales como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices, según informó recientemente el periodista Horacio Verbitsky.

Cuando Víctor Hermes Brusa y los otros acusados se sienten en el banquillo y se inicie el juicio, no deberán responder por cuestiones de semejante calibre. Ni siquiera serán condenados por homicidio. La Justicia apenas comenzará a saldar una de sus tantísimas cuentas pendientes con el pasado. No será poco, pero lejos, muy lejos, estará de ser suficiente.

De eso no se habla: el papel de la sociedad

Un proceso tan complejo como la última dictadura puede ser abordado, para su estudio, desde múltiples lugares. La historiadora Gabriela Águila eligió uno muy particular y el resultado se llama Dictadura, represión y sociedad en Rosario (1976-1983), libro que presentó el miércoles en nuestra ciudad. La palabra sociedad puesta en el título denota el enfoque que eligió Águila: “En mi investigación trabajé sobre las víctimas, sobre los centros clandestinos, los colaboradores, los represores y sobre otra dimensión: los testigos –explicó–. Los testigos son ciudadanos comunes; personas que ven allanamientos, secuestros en la vía pública. Por esa vía conecté el ejercicio de la represión con lo que pasaba, con las personas que no son ni miembros del aparato represivo, ni víctimas: son vecinos. Lo que advertí rápidamente fue la circulación de información acerca de lo que pasaba. La idea de que la represión fue clandestina es una idea falsa. Si uno lee la prensa de la época se encuentra con una profusión importante de lo que estaba pasando. Y no sólo en los medios, sino en ese terreno que yo estudio: qué es lo que la gente ve, escucha, qué es lo que se sabe”.

La historiadora destacó que uno de los aspectos que aparece con mayor contundencia es el consenso. Los apoyos al golpe de Estado. Apoyos políticos y sociales explícitos. Gente que aplaudía el terrorismo de Estado con el argumento de la restauración del orden. Y citó los actos masivos con que los rosarinos recibían al dictador Jorge Rafael Videla cada vez que llegaba a la ciudad del sur provincial en ocasión del Día de la Bandera o del Mundial de Fútbol.

Uno de los objetivos de la investigación de Águila fue determinar cuáles fueron esos apoyos sociales: “Apareció constantemente el tema del vecino que denuncia. El ciudadano que llama a las fuerzas de seguridad para decir que ve movimientos raros o personas sospechosas. La delación habla de ciertos comportamientos que se alejan de la idea de que la dictadura sólo aterroriza. Ahí hay un nivel de corresponsabilidad social que plantea otra mirada sobre la relación entre dictadura y sociedad. Después están las declaraciones de las asociaciones empresarias, de los medios de prensa, la Iglesia, las vecinales... No son casos de participación por coacción, no es terror: es consenso voluntario”.

Publicado en Pausa #33, 27 de marzo de 2009
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Podría ser peor

2009-03-13T14:21:00.000-07:00

Los industriales reclaman a la Nación por deudas que alcanzarían para cubrir hasta un año de sueldos. En Santa Fe caen las ventas, pero a un ritmo menor que el promedio.

Por Pilar Guala y Ezequiel Nieva

La crisis que azota al mundo no pasa inadvertida en la provincia. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo de Santa Fe indican que hay unos 11 mil trabajadores afectados, 79 empresas que iniciaron expedientes preventivos de crisis y otras 105 con pedidos de auxilio económico al Estado nacional para poder pagar salarios.

“No tenemos un número claro de despedidos, porque prácticamente todos los que entran en expedientes preventivos de crisis son instituciones que no han despedido gente, donde se inicia un proceso de negociaciones”, dijo el ministro Carlos Rodríguez a este periódico. “En general se ha podido controlar la situación, salvo los despidos que se han producido en el comercio, pero presumimos que ha habido otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales; suponemos que allí sí ha habido despidos”.

De los 79 expedientes preventivos de crisis, algunos ya están resueltos favorablemente con acuerdos sobre las patronales; otros están en curso y otros directamente se levantaron sin acuerdos. “En estos últimos es bastante curiosa la situación –siguió Rodríguez–. Presumimos que se han hecho acuerdos sin presencia del Ministerio de Trabajo, tal vez a la baja, es decir con un descenso del salario, cosa que el Ministerio no puede homologar con su firma”.

Los problemas más serios se dan en el rubro metalúrgico y, dentro de éste, sobre todo en el que corresponde a la cadena de la maquinaria agrícola. “Tiene que ver con dos fenómenos –explicó el ministro–. Por un lado, la pérdida de la posibilidad de exportación, sencillamente porque los países del norte tampoco tienen crédito interno y por lo tanto no compran; por el otro, la crisis propia del agro, que ha frenado la actividad y por lo tanto las compras. Es un sector preocupante, y además se suma el no pago de las deudas contraídas por parte de la Nación con empresarios de la maquinaria agrícola: deudas de bonos y diferencia del IVA técnico. En muchos casos son más de diez meses, algo que supone mucho dinero, aunque ahora han comenzado a pagarse parte de esas deudas. Pero es tanto lo que se les debe que los empresarios afirman que si se saldan estas deudas, tendrán suficiente dinero para garantizar el pago de salarios por un año sin trabajar”.

Por debajo del sector metalúrgico asoman otros rubros en los que también golpea la crisis: el comercio, la industria de la madera, la industria del plástico. De todos modos, Rodríguez aclaró: “Son casos menores comparados con la metalurgia, que se lleva el 70% de los 11 mil puestos sobre los cuales se viene trabajando”.

En medio de este panorama, la ciudad de Santa Fe aparece como una excepción a la regla: la alta incidencia del empleo público –un nicho en el que la estabilidad está asegurada– generó una suerte de anticuerpo contra la crisis, que de todos modos se siente con fuerza en el comercio.

IMPACTO EN EL SUR. El contexto a nivel nacional no es el más auspicioso. En los últimos días la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un informe en el que se pronostican unos 200 mil despidos en fábricas. En tiempos de crisis globalizada los fantasmas, las especulaciones y los ajustes se superponen y no ayudan a aclarar el panorama. De hecho, algunos dirigentes de la UIA vienen sosteniendo públicamente que en el país se perderán un millón de puestos de trabajo, mientras aprovechan la zozobra general y exigen al gobierno nacional medidas para llevar el dólar a 5 pesos.

La escalada de suspensiones y despidos comenzó el año pasado y se hizo sentir fuerte en el sur provincial: tierras de la agroindustria, la metalurgia y las automotrices. Como productora de agroalimentos, Santa Fe sintió desde el vamos el cimbronazo. “Este es un país con gran competencia en productos agrarios, debiera poder pasar la crisis de mejor modo que otros”, opinó el ministro Rodríguez. “Y, sin embargo, vemos que la situación es grave. Hay dificultades en el sentido de que, naturalmente, se ha deprimido muchísimo la recaudación, que apenas alcanza por ahora para pagar salarios, la educación privada y para pagar algunas cosas en materia de seguridad. No alcanza para más, lo cual no quiere decir que haya habido una retracción en el pago de impuestos dentro de la provincia, sino en materia de coparticipación federal por cuanto la recaudación federal ha bajado”.

El titular de la cartera laboral santafesina prefirió no aventurar hipótesis acerca de la duración de la crisis. “Los gurúes económicos del mundo no se ponen de acuerdo ni en la profundidad ni en la duración de la crisis”. Aunque sí se permitió una lectura optimista de los últimos hechos de la realidad: “Creo que hay algunos signos interesantes y positivos, como que comience a acordarse entre el gobierno nacional y el agro algunas cuestiones. Otro aporte positivo es que la Nación le restituya el dinero que les debe a los empresarios de la maquinaria agrícola. Son dos elementos que dos meses atrás no teníamos”.

SANTA FE Y LA MEDIA NACIONAL. En la ciudad la mayoría de las instituciones coincidieron en evaluar en términos negativos el impacto de la realidad global. El titular del Centro Comercial, Tomás Vallejo, confirmó que hay “una disminución” de la actividad, puntualmente de las ventas. “Venimos haciendo un seguimiento de la evolución de las ventas a través del Observatorio del Centro Comercial y, obviamente, el tema recurrente es que en las comparaciones interanuales se observa que han disminuido”.

En febrero –último mes relevado– el promedio de esa disminución fue de un 14%, aunque en la ciudad de Santa Fe fue menor: alrededor de un 6%. Los datos surgen del informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. “Esto significa que el impacto de la masa salarial del sector público en Santa Fe nos tiene todavía con un cierto ritmo de actividad que en otros lugares del país no se observa. Incluso cuando hacemos las comparaciones con el interior de nuestra provincia observamos esa diferencia”, explicó Vallejo.

El dirigente reconoció que en la ciudad se registraron despidos por el cierre de pequeños comercios. “Han cerrado muchos que tenían uno o dos empleados, y eso ha significado una mayor pérdida de puestos de trabajo, donde no sólo los empleados han quedado sin su fuente laboral sino también los comerciantes”, siguió Vallejo. Y ejemplificó: “El rubro de los electrodomésticos tenía un ritmo de ventas muy impresionante, que se tradujo en una perspectiva de crecimiento a través de la apertura de nuevas sucursales y de firmas muy significativas que se incorporaron al mercado. Pero a raíz de la crisis, que golpeó un soporte fundamental de estos comercios por las líneas de financiación, hubo dificultades para continuar. Ahora se espera que se reabran algunas posibilidades de financiación, pero no tan extensas en los planes de pago como antes”.

Una de las características más notables en los últimos meses fue la liquidación de mercadería; Vallejo enumera dos motivos: “El cierre de negocios es una de las cuestiones que más preocupa al sector de cara al futuro, porque muchos comercios de Santa Fe anunciaron la decisión de rescindir los contratos de locación y van a cesar en sus actividades. Y la necesidad de tener liquidez y disponibilidad para los nuevos productos que lleguen, particularmente en el rubro indumentaria, ha apresurado las liquidaciones que habitualmente se dejan para fin de temporada. Se registraron liquidaciones por estas dos cuestiones: el cierre de locales o la necesidad de renovar mercadería y obtener liquidez para afrontar compromisos de pago”.

MEDIDAS A PRUEBA DE CRISIS. Algunos nuevos mecanismos que ya se utilizan en la provincia han demostrado que siempre puede haber una salida distinta a la que, tradicionalmente, se apela en tiempos de crisis: el despido liso y llano de trabajadores. “Nosotros el año pasado ya vislumbrábamos el problema y, por lo tanto, nos preparábamos para afrontarlo”, aseguró el ministro Rodríguez. “Tanto es así que las medidas preventivas que estamos utilizando las implementamos antes de que el Consejo Federal del Trabajo las viera como aptas. Por eso los procedimientos preventivos los aplicamos desde el primer día: porque presumíamos que este era el comienzo de una crisis más profunda”.

–¿En qué situación estaba la provincia cuando comenzó a expandirse la crisis?

–Lo que supimos desde el primer momento es que esta crisis internacional iba a golpear a la Argentina y, por lo tanto, a la provincia de Santa Fe. Y lo que asomó fue la importante crisis del agro. Los efectos dependen, en gran medida, de las dos crisis del agro: la famosa discusión por las retenciones y la sequía.

–¿Hay sectores en los que no haya afectado la crisis?

–En todos los rubros hay gente sobreviviente. Semanas atrás hablábamos con un grupo de empresarios metalúrgicos que planteaban no tener problemas porque fabrican cosas que no pueden hacer otros y, por lo tanto, siguen vendiendo bien. Decían: “Fabricamos elementos muy competitivos en el mercado nacional e internacional y no hemos sentido la crisis”. Pero tampoco hemos sobredimensionado a las empresas, porque hay empresas que han crecido mucho y muy abruptamente y son hoy las que más problemas tienen.

EL ESFUERZO DE LOS LABURANTES. Mientras otros trabajadores ven con temor los vaivenes de la economía, desde el plano local hasta el internacional –solo durante febrero se perdieron en Estados Unidos 651 mil empleos: la cifra más alta en 25 años–, los empleados públicos y los docentes santafesinos alcanzaron un acuerdo con el Estado mediante el cual recibirán aumentos salariales de un 15% en promedio.

En medio de esas negociaciones, el secretario general de Amsafe La Capital, Oscar Lozeco, declaró: “Los maestros creemos que precisamente en tiempos de crisis es cuando más hay que hacer un seguimiento de las situaciones salariales y de las condiciones de trabajo. Muchas veces escuchamos a analistas y autoridades insistir con la posibilidad de pérdida de fuentes laborales y nos parece que eso es acentuar el análisis donde no se debiera: precisamente, si hay crisis, es a la clase trabajadora a la que más se debe proteger. No debe haber riesgos ni de estabilidad ni de pérdida salarial; lo que se debe buscar en situaciones de crisis es que las puedan soportar las espaldas económicas que la pueden soportar, que son lo que antes tuvieron grandes ganancias”.

También Alicia Ciciliani, viceministra de Trabajo de la provincia, se manifestó sobre las recurrentes decisiones de algunas empresas –suspensiones, rebajas salariales, despidos– y destacó el “enorme esfuerzo de parte de los trabajadores”, en particular los que se desempeñan en el cordón industrial del sur provincial. “Han anticipado sus vacaciones, han sufrido situaciones de suspensiones, han visto reducidos sus salarios por no tener horas extras y además la mayoría pactó un salario inferior porque trabajaban un 60 o un 70% de las horas de su jornada”.

ÉSTE BLANQUEO SÍ; ÉSE NO. En la extensa entrevista que mantuvo con Pausa, el ministro Rodríguez se lamentó por el hecho de que los trabajadores argentinos no cuenten, entre sus derechos, con un seguro de desempleo: “Este es uno de los países que no ha logrado tener un seguro de desempleo en serio. De todos modos, eso sirve sólo para el sector formal de la economía, y cuando uno tiene un país con trabajo en negro del 40%, el seguro de desempleo sirve sólo para un sector”.

En vistas de ese escenario, el ministro adelantó que Santa Fe se va a acompañar la estrategia de la Nación de intentar promover el blanqueo de asalariados “con los menores perjuicios posibles para que los empresarios”. “No vamos a adherir al blanqueo de capitales –continuó el funcionario– pero sí al de los trabajadores, porque creemos realmente que ante la crisis no podemos dejar de apuntar a tener más trabajo decente: ante más crisis, más trabajo en regla”.

–Y en este contexto, ¿se puede hablar de trabajo decente o hay que conformarse con hablar de trabajo a secas?

–Lo que pudimos observar en este período es que los primeros despidos son para los trabajadores precarios o en negro, por eso ese tipo de empleo no sirve. Yo creo que hay que hacer una apuesta a los trabajos en regla, que son los que realmente se sustentan en el tiempo. Si la crisis azota mucho, veremos qué es lo que sucede en líneas generales, no alentando el trabajo en negro sino tal vez con otras formas de trabajos comunitarios. Hoy estamos lejos y esperamos que esa realidad no venga, pero si llega esperamos estar preparados.

ENTRE TODOS. Tomás Vallejo le dijo a Pausa que el Centro Comercial está trabajando en proyectos que apuntan al crecimiento de la ciudad, “que obviamente llega al comercio también”. “Estamos compartiendo esfuerzos con la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Exterior y la Asociación de Dirigentes de Empresas en la idea de que las propuestas no tienen que ser proyectos del sector sino proyectos de la cuidad, que vayan incluso más allá de los gobiernos”.

–¿Concretamente?

–Estamos concentrando nuestro esfuerzo en lo que puede significar la ampliación del puerto de Santa Fe y su traslado al curso principal del río Paraná. Estamos con un proyecto para un parque comercial mayorista, en el cual ya contamos con un informe preliminar de factibilidad elaborado por la UTN que lo está instrumentando la Agencia de Desarrollo del Departamento La Capital. También estamos trabajando, a través de la Cámara de Comercio Exterior, en tratar de insertar a Santa Fe en el mundo. Con ADE se esta trabajando en el marketing ciudad para “vender” a Santa Fe. Con la Unión Industrial estamos trabajando en la expansión de los parques y de las áreas industriales de la ciudad y la región. Se está intentando, y de a poco lo estamos logrando, articular el esfuerzo entre lo público y lo privado en proyectos que trascienden a todos los sectores y se convierten en un objetivo de la ciudad en su conjunto.

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD. Carlos Rodríguez informó que las últimas estadísticas dan cuenta de un 7% de empresas que están incorporando personal en la provincia de Santa Fe. “Desconozco el sector específico que lo está haciendo –agregó–. Pero hay elementos que ayudan. Por ejemplo, el Banco Municipal de Rosario facilitó el acceso de los trabajadores estatales a la compra de computadoras hechas en el mercado local. Ése es un mercado que se desarrolla y es el que menos ha sufrido el impacto de la crisis: el de hardware y el del software”.

–En noviembre usted dijo que había que esperar hasta marzo para tener un panorama claro sobre cómo iba a responder Santa Fe ante la crisis...

–Ahora decimos hay que hacer fuerza hasta julio –respondió el ministro–. Lo que uno no debe perder nunca es el optimismo. Hay quienes dicen que aunque las cosas sean oscuras uno no debe perder la pasión por la luz, y eso para mí es una norma de vida. Creo que nosotros tenemos que hacer lo posible para retener los empleos, para no perderlos. En eso está nuestra estrategia central: en tratar de lograr acuerdos entre trabajadores y empleadores y homologarlos para que tengan certeza jurídica. Y luego tratar de avanzar. Si ahora me preguntan hasta cuándo, yo diré que si llegamos bien a julio, pensemos a diciembre. La realidad concreta es que la crisis internacional nos golpea duramente y a eso no le escapa nadie.

Publicado en Pausa #32, 13 de marzo de 2008.
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Ese bendito yuyo que tantas tormentas desató

2008-12-12T13:55:00.000-08:00

Estado, distribución del ingreso y lock out: la reaparición pública del “campo”, un sujeto social que se las trae.

Fue un año muy particular para los productores agropecuarios, sobre todo de granos y cereales. El 2008 empezó con un panorama que hacía a la actividad más rentable que nunca, con precios internacionales para la soja de más de 1.000 pesos la tonelada. Semejante nivel en los precios de estos commodities se debía, más allá de la demanda, a la especulación financiera que había apuntado sus dardos a los alimentos como fuente de ganancia, cuando el resto de las actividades ya mostraban signos de debilidad. Néstor Kirchner, al final de su mandato, dispuso una suba de las retenciones a las exportaciones de cereales, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones a la soja fueron llevadas en ese momento al 35%. El entonces presidente decía que los ingresos se trasladarían a sostener el consumo ante el proceso inflacionario que secaba de a poco los bolsillos argentinos, más allá de los aumentos de sueldos.
La cosa explotó en marzo, ya con Cristina en el poder, cuando el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno impulsó las retenciones móviles, que suponían una suba escalonada del derecho de exportación a medida que los precios internacionales aumentaran. En el caso de la soja, la célebre resolución 125, que llevaba la firma del entonces ministro de Economía Martín Lousteau, las elevaba del 35% al 44%. Y si el valor internacional de la tonelada superaba los 600 dólares, el derecho de exportación superaría el 50%. En el mundo rural la medida fue tomada como un golpe bajo: la resolución se conocía al mismo momento de la cosecha de la soja, a la que se llegaba luego de haber absorbido una escalada en el precio de los insumos. El conflicto entre el gobierno y los productores comenzó como un lock out más, pero adquirió tal magnitud que se extendió durante cuatro meses, con cortes de rutas que impidieron el tránsito y causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles. El país quedó paralizado durante un tercio del año. La ausencia de espacios institucionales para que el tema sean debatido sin que la disputa se traslade al espacio público y afecte la vida del resto de los argentinos, fue patente. Ambas posturas se radicalizaron hasta el absurdo, con actos, contra-actos, carpas verdes del campo, carpas K, el ex piquetero D’Elia tomando Plaza de Mayo, De Ángeli fingiendo una cuchillada frente al Congreso... una locura sin frenos a la que el voto “no positivo” en el Senado del hasta ese momento invisible vicepresidente Julio Cleto Cobos puso un momentáneo final.
Hoy, pocos después de aquella tragicomedia, en un escenario diferente, con los precios de las materias primas en descenso (la soja llegó a valer en Chicago menos 300 dólares), el gobierno anunció una baja en las retenciones al trigo y al maíz y ya se rumorea una baja en el derecho de exportación a la soja, de momento desmentida. Las vueltas de la cuestión: en todos los casos la baja hubiera sido mayor con la movilidad que la 125 ofrecía.
El gobierno nacional critica el monocultivo, pero no ha aplicado políticas que vayan en otro sentido. La gestión K en gran medida se ha sostenido con los ingresos de las retenciones al campo, un espacio donde mandan los pooles de siembra y los rentistas por sobre los campesinos. Quizás hasta que discurso y acción no vayan de la mano, las tormentas se seguirán sucediendo.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una deuda atroz

2008-12-12T13:54:00.002-08:00

Desnutrición y pobreza castigan a Santa Fe.

El hambre es siempre urgente. En la provincia de Santa Fe son seis mil los niños con desnutrición crónica. Y en la ciudad, el 70% de los menores de 18 años vive bajo la línea de la pobreza, según datos de María Claudia Albornoz, dirigente de barrio Chalet. Allí hay 19 menores de seis años, de bajo peso, mientras que 23 están en vigilancia. En Varadero Sarsotti hay 40 niños desnutridos, también menores de seis años, de los cuales 16 son agudos. En San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. Según el Poder Ejecutivo municipal, el 50% de los chicos santafesinos menores de 14 años vive en la pobreza. A la cifra de 70% se llega al agregar a aquellos que tienen entre 14 y 18.
“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad, se supone que los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos. En algunos casos, llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advirtió Albornoz.
Por el mes de mayo, una veintena de instituciones pusieron manos a la obra y comenzaron a debatir acerca del hambre. Se dio inicio a “una búsqueda creativa y colectiva de estrategias de acción”, para además “demandar soluciones a quienes tienen responsabilidad directa en las mismas”.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población-país es pobre”, pasó otra vez por esta provincia y esta ciudad. Alertaron que nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza y que la mitad son indigentes, que hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa y que el 45% de los pibes de la capital de Corrientes son desnutridos.La gran coincidencia entre varios sectores políticos y sociales indica tanto una falta como una incapacidad: en Santa Fe, una provincia rica y productiva, no puede haber hambre.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La ruta que nadie corta

2008-12-12T13:54:00.001-08:00

Las autopistas líquidas, el medioambiente y el exilio de las vacas.

Tuvieron que hablar en Barcelona los ecologistas santafesinos para recordarnos que el modelo económico de la región –y que este año, quizá por primera vez, comenzó a ser discutido– tiene sus consecuencias sobre el medioambiente. Para el caso –durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza– hablaron de IIRSA: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, también conocida como el ALCA de las elites del Sur. Consiste en ampliar al máximo las posibilidades de transportar las materias extraídas de la naturaleza.
Más allá de las inversiones que dirigidas a multiplicar las rutas terrestres –la ampliación de la ruta 168, entre el Túnel y Santa Fe, es un ejemplo cabal–, IIRSA persigue la idea de contar con 400 kilómetros de ríos que se pretenden hacer totalmente navegables las 24 horas del día, todo el año. Por las autopistas líquidas ya circulan convoyes de hasta 20 bracazas.
Objetivo: reducir costos. Para ello, realizar grandes obras de ingeniería en los ecosistemas fluviales, entre las que se incluyen enderezamiento y ensanchamiento de los cauces, corte de meandros, dragado permanente de los mismos, dinamitar afloramientos rocosos que impiden el pasaje durante la estación seca y construcción de puertos y obras de infraestructura en las riveras. En Rosario ya se hizo el dragado, por ejemplo. El principal cuestionamiento es que no se realizan los necesarios estudios de impacto: el dragado habría producido el derrumbe de viviendas de las costas, como se vio hace algunos años en la ciudad del sur provincial, con saldos fatales.
La ONG santafesina Proteger organizó un taller en Barcelona, donde se abordó la problemática desde la perspectiva de los “impactos sociales y ambientales” de estas obras; advirtieron que casi siempre se procede sin consultar a las comunidades locales. Agregaron: que los trabajos “amenazan ambientes irremplazables con el objetivo de generar mayor tráfico de materias primas, para la exportación, y más energía para las industrias y las grandes ciudades”. Por las aguas del río Paraná navegan los granos cosechados en la región que abastecen la incipiente industria de los biocombustibles, cuyo desarrollo descontrolado amenaza –según remarcan los entendidos– la seguridad alimentaria de quienes habitamos estas tierras.
“Nos enfrentamos a una competencia entre los 800 millones de conductores que quieren proteger su movilidad y las 2.000 millones de personas más pobres del mundo que quieren sobrevivir. Los supermercados y las estaciones de servicio ahora compiten por los mismos recursos”, señaló en su momento Lester Brown, fundador del instituto World Watch. La alusión es obvia: habla del panorama que se abrió con la fiebre del biocombustible. La superficie dedicada a la soja lo corrobora: se duplicó en apenas cuatro años. No fue gratuito, en casi ningún sentido del término; a las más conocidas derivaciones de la expansión también puede sumarse el desplazamiento de ganado a las islas: en las ubicadas entre Entre Ríos y Santa Fe hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos. Es el 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino del país, 50 millones.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El curso de una exigencia

2008-12-12T13:53:00.001-08:00

Derecho al agua: ONGs locales quieren darle rango constitucional.

Este año la sequía golpeó fuerte el norte provincial. La población de los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera debió ser asistida con agua de camiones cisternas y en la zona rural murieron 200 mil cabezas de ganado. Racionalizar el uso del recurso fue una de las premisas del gobierno al crear el ministerio de Aguas, además de garantizar el suministro a todos los santafesinos.
Hoy, 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas están en Santa Fe. En sintonía con el pueblo uruguayo, que cuenta desde 2004 con este derecho en su Carta Magna, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua de Santa Fe propuso durante el año no sólo modificar la ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de la provincia un artículo similar al del vecino país.
La Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) fue más allá y planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600.000 ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas. Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.En ese sentido, desde el ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, anunciaron que el 12 de enero de 2009 se licitarán tres acueductos para suministrar agua potable de calidad a una gran cantidad de santafesinos del centro-sur provincial e informaron que ya están terminados los proyectos de nueve acueductos más para el resto de la provincia.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Los tecnohumanos

2008-12-12T13:52:00.002-08:00

La web y una nueva forma de relacionarse.

¿Sabrán emos y floggers que sus estridentes teñidas, sus flequillos como baba y sus molleras paradas ya coronaban las testas de los personajes del original de Robotech, un animé de la década del 80?
El crecimiento exponencial de la conectividad prácticamente borró el recuerdo de cuando bajar una canción llevaba medio día. El mando tecnológico no sólo modela al capital y a los vaivenes productivos y laborales: toca cada intersticio de cotidianidad. Cualquier diva de secundaria de los 90 se hubiera extasiado con la idea de ser deseada, en una imagen, por un millón de sus pares; la propia experiencia de la juventud es inseparable de los nuevos dispositivos y de las brechas abismales entre cada modelo y lo que posibilita. La miríada de celulares, cámaras digitales y formas de ligarse a la red se corresponde punto por punto con la brecha social y, a la vez, la transfigura: los procesos de hibridación han vuelto nipones a los pibes de clase media y raperos a los de las villas.No es el viejo problema de la penetración cultural, sino cómo la tecnología ha llegado a ser una parte misma de nuestros cuerpos. Eso es lo que encarnan (y expresan) esas formas de vida juveniles. Eso es lo que hay que observar el día en que Internet permita transferir cualquier tipo de información en tiempo real. El día en que la conectividad absoluta sea un hecho.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Avance, retroceso

2008-12-12T13:52:00.001-08:00

Un triunfo del medioevo: la unión civil perdió estado parlamentario.

Salir del closet ya no es lo que era. Comenzó a aceptarse la diversidad de orientaciones sexuales y hasta se habla de una “discriminación positiva” cuando aparecen expresiones como gay friendly. Darse a conocer y poseer los mismos derechos civiles son los objetivos de quienes conforman el colectivo LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales).
Algunas conquistas ganaron terreno. Sin embargo, falta un marco legal que termine de otorgar igualdad para todos y todas. El proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas, redactado por las organizaciones con el apoyo de algunos diputados, regula y protege las uniones entre quienes convivan en trato familiar y no deseen o no puedan contraer matrimonio. La Unión Estable de Parejas –conocida como unión civil– se basa en el principio de no discriminación; de instituirse, podrán acceder todos los ciudadanos de la provincia, fuera de su sexo, orientación o identidad y expresión de género.
La asociación civil Vox es una organización que trabaja desde hace cinco años por los derechos de lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales. Se creó en nuestra ciudad y en 2005 se extendió hacia Rosario. En junio, durante la marcha que conmemoró el Día de la Dignidad de gays, lesbianas y trans, los representantes de Vox auguraron: “Llegaron tiempos de cambio. Continuamos apostando a un cambio cultural; buscamos un lugar donde la diversidad sea marcada por nuestra identidad. Esta marcha es símbolo de un cambio en la conquista de los derechos civiles y sociales, un cambio no sólo para el colectivo LGTTB, sino también en nuestra calidad democrática”. En aquella ocasión, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la adhesión del Inadi fueron traducidos por los militantes como una “mayor apertura desde el gobierno y sus entes”.
Silvina Sierra, de la organización de lesbianas feministas Las Diversas, también marcó la necesidad de darle tratamiento al proyecto de ley: “es importante que salga porque habrá mucha gente beneficiada; si no, para la ley no sos nada”. No obstante, indicó que si bien es importante la legislación, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con gays y lesbianas”.
Más allá de los apoyos, no todo fue un lecho de rosas. Las críticas religiosas sobre la unión civil se convirtieron en los primeros gestos en contra del cambio legislativo: un grupo –denominado Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos– dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se decía: “Pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia que pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre”.
Sin dar entidad a la reacción, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley. Finalmente, perdió estado parlamentario en el Senado por tercera vez: la Cámara Alta no la trató en la última sesión del año. La mayoría signada por “la vieja política” se hizo notar.Desde Vox anunciaron que volverán a presentar la iniciativa en 2009. “Queremos promover el debate con distintas organizaciones y asociaciones que protegen a la familia para que conozcan los verdaderos alcances de la ley, que sólo viene a reconocer un hecho existente”, señalaron. Concretamente, para demostrar que la ley –y sus creadores– tienen una deuda pendiente con ellos.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Derecho ganado

2008-12-12T13:51:00.000-08:00

Las tierras de los aborígenes en conflicto.

Hacia mediados de año, el Concejo Municipal de Recreo reflotó una vieja idea del senador Juan Carlos Mercier y puso en marcha un proceso que, auque fracasó finalmente, bastó para dejar entrever que hay heridas que son difíciles de cerrar. En este caso, una herida que lleva abierta más de cinco siglos.
El conflicto empezó con un llamado a consulta popular impulsado por el cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, siguió con el rechazo de vastos sectores sociales y políticos y acabó sepultado por disposición del Ejecutivo provincial. Había en juego 180 hectáreas de un predio de 327, propiedad de la comunidad Mocoví de Recreo.
El 7 de julio el Concejo de la vecina localidad había sancionado una ordenanza que disponía la realización de una consulta popular para que los vecinos elijan si esas 180 hectáreas debían seguir en manos de la comunidad Com Caia (en mocoví, “somos hermanos”) o destinarse a un parque industrial.
Ese era el objetivo de un proyecto impulsado, dos años atrás, por Mercier. La consulta nunca llegó a realizarse: la Municipalidad de Recreo la suspendió luego de que el Inadi denunciara que detrás de la movida se escondía un claro acto de discriminación. También el gobierno tomó nota y apuró la regularización de la propiedad de las tierras. En los últimos días de agosto se hizo la entrega oficial; por esa fecha la comunidad mocoví celebraba el año nuevo número 7410.
La demora en el cumplimiento de un viejo derecho (la ley 12.086, que determina la propiedad de los terrenos, es de 2002) no hizo mella en el ánimo de los mocovíes, que saludaron la decisión oficial. “Significa un acto de justicia”, les respondió el gobernador Hermes Binner en el acto de entrega. “Cada vez los sentimos más hermanos, cada vez más santafesinos”.Un problema parecido emergió entonces en el norte provincial. “Hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal”, disparó el ministro Bonfatti. Aludía a la ocupación de tierras aborígenes por parte de terratenientes en Garabato, Fortín Olmos y El Toba. La Fiscalía de Estado intervino y recuperó para las comunidades originarias un poco de las tierras que, alguna vez, fueron de nadie: o sea, de todos.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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La reforma que no fue

2008-12-12T13:50:00.002-08:00

Constructoras y pooles continúan exentos de Ingresos Brutos.

“Cuando nosotros planteamos la reforma tributaria no es porque se nos ocurrió, no es porque sabíamos que seguro íbamos a ganar. Era lo más probable que el Senado votara en contra, pero nosotros no podíamos dejar de plantear una mayor justicia contributiva para que haya una mejor democracia. Eso lo decimos en el programa y lo sustentamos con nuestra propuesta, aún sabiendo que iba al fracaso”, dijo el gobernador Hermes Binner para explicar la génesis que tuvo la pretendida modificación impositiva que el PJ desechó.
La decisión del justicialismo de tratar sobre tablas la iniciativa, para luego rechazarla, se sustentó en la hipótesis de que volver a cobrar Ingresos Brutos a las industrias con facturación superior a los seis millones de pesos, y a las constructoras con facturación mayor al millón de pesos, iba a desencadenar una fuga masiva de empresas afincadas en Santa Fe hacia otros distritos. Es decir, que se hubiera perdido en competitividad frente a las ventajas fiscales que seguirían ofreciendo provincias vecinas.
Pero además, el peronismo tampoco tuvo en cuenta ninguno de los puntos de la reforma, ni siquiera el retoque en las alícuotas del impuesto Inmobiliario –hace más de 14 años no se tocan–, que hubiera significado duplicar la coparticipación a los municipios y comunas de Santa Fe. Sin esa herramienta impositiva aprobada, ni ninguna otra, las arcas públicas de las localidades están exhaustas y cierran al límite de sus posibilidades financieras, con un panorama aún más complicado para el 2009.
Así, el Frente Progresista, Cívico y Social planteó, desde el plano ideológico, la necesidad de tener una reforma tributaria –más paga quien más gana– mientras que el Frente para la Victoria sólo concibió una lectura económica del asunto. Incluso, las complicaciones que trajo la crisis internacional se convirtieron en un argumento más de la oposición para justificar el rechazo del proyecto fiscal de Binner, al señalar que el aumento de la carga hubiera significado que muchas empresas bajen sus persianas. Sin embargo, Córdoba y Buenos Aires elevaron Ingresos Brutos a sus industrias y no se produjo la apocalíptica fuga.
En definitiva, el PJ se cerró frente a cualquier posibilidad de cambio en la estructura impositiva. Fideicomisos financieros y pooles de siembra sojeros seguirán exentos de pagar Ingresos Brutos y multinacionales como Cargill, General Motors, o las aceiteras, no pagarán ningún impuesto, además de continuar con grandes descuentos en sus facturas de la EPE.
En el juego de las desconfianzas, el oficialismo y la oposición no pudieron avanzar en ningún proyecto relacionado a la distribución de fondos a municipios y comunas y, el año que viene, habrá que esperar la buena voluntad de la Nación para que se amplíe la coparticipación a la provincia y, en cascada, a las localidades, algo que resulta casi utópico si se analiza el comportamiento fiscal del kirchnerismo. Por último, es casi un hecho que el Presupuesto 2009 no se votará este año y se deberá reconducir el Presupuesto 2008, porque el Frente Progresista supone que el PJ hará valer su mayoría en el Senado para desmembrar el plan de gestión de Binner, que sólo se podría ejecutar con el Cálculo de Gastos y Recursos a la medida de las intenciones del dirigente socialista.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Juntos, no amontonados

2008-12-12T13:50:00.001-08:00

Diversos mecanismos de participación ciudadana se pusieron en marcha desde las esferas oficiales locales.

Si se tratara de una lección hacia la ciudadanía estaría más que aprendida y aprobada con una muy buena calificación: “la participación es un pilar de la pluralidad, de la capacidad de decisión y de la inclusión”.
Este año, tanto en la provincia como en la ciudad, se pusieron en marcha nuevos procesos que garantizan, o al menos habilitan, la incorporación de la opinión ciudadana. Por cierto, algunos de ellos poseen una impronta más inclusiva que otros. Se trata de las Asambleas Ciudadanas (en los cinco nodos en los que fue dividida la provincia), la Sesión Barrial en una escuela (por primera vez en la historia del Concejo Municipal santafesino, el cuerpo salió de su recinto), la Audiencia Pública (también estrenada en el marco de una discusión sin precedentes sobre el transporte público) y el Presupuesto Participativo (que ya tiene tres experiencias: Alto Verde, Nuevo Horizonte y Las Flores, impulsadas por el Ejecutivo Municipal).
Estos fueron los mecanismos que encontraron a la ciudadanía ávida de decir, involucrarse y ser atendida en sus problemas coyunturales y estructurales, nuevos y añejos. Los vecinos –a través de estos actos– manifestaron de forma contundente la necesidad de ser escuchados e incluidos en los debates y las decisiones.
Salvo la Audiencia Pública, el resto de los dispositivos se desarrolló en escuelas públicas. Como un modo de apoyo a la educación, estos ámbitos resultaron clave como escenario y, también, sirvieron para ensayar sanas costumbres cívicas con el alumnado, que en sobradas ocasiones respondió con creces. En el caso de la Sesión Barrial desarrollada en la Escuela nº 619 Julio Bello, “los chicos fueron los motores de toda la participación”, según la directora del establecimiento, Rosa Lezcano.
Un diagnóstico coincidente en todas las experiencias fue la falta de costumbre participativa. Sin embargo, el ímpetu de los ciudadanos para involucrarse, así sea a los ponchazos, pudo suplirlo. “La gente no está acostumbrada a este tipo de mecanismos, formas de trabajar y de participar con otros vecinos, en grupo o en comisiones, nos falta un poco de experiencia. En las asambleas esperábamos un poco más de gente, pero por diferentes motivos no se pudo acercar”, fue una de las conclusiones de Alejandro Scandroli, dirigente barrial de Nuevo Horizonte. Seguramente, la curiosidad y el interés habrán sido parte de la movilización de quienes participaron. La práctica cívica, con una fuerte impronta principiante, no estuvo ausente sino que fue bienvenida en todos los ámbitos de discusión, con el objetivo de construir pluralidad a través del diálogo. “Los invito a soñar, a ponerle nombre y apellido a los proyectos”, se había animado a decir el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en ocasión de la segunda Asamblea Ciudadana en Santa Fe.
En todos los procesos, los participantes reconocieron la posibilidad brindada para expresarse. “Está bien participar, sino después no podés quejarte”, se escuchó en la Audiencia Pública por el transporte, cuya mezcla entre protestas y proposiciones fue notoria y llamativa. “La idea es que en este espacio de participación el vecino construya ciudadanía, aporte una mirada estratégica y urbana que sirva para el desarrollo del barrio”, afirmó Jorge Henn, presidente del Concejo Municipal, en referencia a la Sesión Barrial.
A las claras está que la ciudadanía no sólo quiere participar sino también decidir. De hecho, una de las mayores quejas en la Audiencia Pública fue su carácter de no vinculante; la junta, que duró casi seis horas, tuvo como objeto debatir acerca de los colectivos en la ciudad.
La actual gestión provincial dejó en claro que lo que busca es material resultante de las asambleas para nutrir el Plan Estratégico Provincial. Los funcionarios expresaron que es un proceso largo. Los ciudadanos aceptaron participar, pero dejaron en claro también que hay necesidades urgentes y que van por sus soluciones. “Cuanta más gente participe es más amplio el consenso que podemos garantizar”, dijo en un primer momento Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia.
Ni la participación concreta, ni el ánimo que la motiva, están en duda para cualquiera de estos actos que ponen a prueba o de manifiesto (depende del cristal con que se observe) la simpatía del ciudadano hacia el debate de temas que lo persiguen en su cotidianidad.
El viejo formato cede espacio a las nuevas presentaciones, la representación invita ahora a la participación, los viejos edificios prestan el escenario de las discusiones a las escuelas, los temas (al menos, algunos de ellos) ya no se discuten totalmente entre cuatro paredes. Los ciudadanos santafesinos comprenden perfectamente la diferencia entre participar libremente y quedarse fuera de la discusión por no aprovechar el turno de la palabra. Depende de la voluntad de cada uno.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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El dedo que reparte

2008-12-12T13:48:00.002-08:00

Aportes del Tesoro Nacional: todo igual.

Se va el año y entre algunas de las postales de la política argentina está la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional: los ya clásicos ATN. En la versión 2008 de la conocida puja política por los millonarios fondos que ayudan a disciplinar intendentes y presidentes comunales o que pagan con creces los apoyos al gobierno central, Santa Fe no escapó a la lógica: una lógica con la cual la administración kirchnerista profundizó la distribución de dineros que sólo llegan a pueblos y ciudades gobernadas por el justicialismo o aliados al momento de la repartija.
Esta vez el caso fue más o menos así: la provincia recibió en los primeros 11 meses del año que se termina alrededor de 5,7 millones de pesos en concepto de ATN que distribuyó –así lo exigió la Nación– en 100 localidades, pero de ese dinero apenas 280 mil pesos fueron a parar a pueblos con autoridades del radicalismo, partido que forma parte del Frente Progresista.
La evidente discrecionalidad no es motivo de sospechas para el jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien le restó importancia a la situación al decir que “son montos pequeños” que llegaron a cada gobierno local (en algunos casos los ATN fueron de 200 mil pesos) y que los recibieron aquellos que hicieron el pedido formal al Ministerio del Interior. Algo no muy llamativo, por cierto.
En cambio, el hermano de Agustín (también diputado nacional ultrakirchnerista) Alejandro Rossi tiene otra mirada sobre el reparto de los fondos. El legislador admitió hace dos meses: “Es llamativo, a mí me llama la atención”, en relación a cómo la Nación envía los ATN a la provincia: mayormente a localidades de signo K.
Sin embargo, nada cambió en la Casa Rosada.
Hermes Binner criticó la forma de distribución de ATN, porque además recordó que la provincia contribuye en alrededor de 95 millones de pesos anuales para la conformación del mencionado fondo.Pero más allá de la preferencia por municipios y comunas del PJ, hay otro tema que ningún dirigente kirchnerista puede explicar: hasta el momento apenas llegó a la provincia algo más del 5% de los recursos que se aportan desde suelo santafesino: lo otro se lo queda la Nación. El dedo del poder.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una corporación que resiste

2008-12-12T13:48:00.001-08:00

El nuevo Código Penal y la vieja impunidad: vaivenes en la Justicia.

El año que se va deja un sabor agridulce en el ámbito judicial santafesino. La marcada voluntad de cambiar viejas formas –expresada, sobre todo, en la implementación del nuevo Código Procesal Penal– se chocó de nariz contra la resistencia de ciertos sectores enquistados en una estructura conservadora.
Ya el 2007 había arrojado un saldo similar: por un lado la sanción del nuevo Código, por otro el nombramiento, a última hora y apelando a un método que ya no tenía consenso, de una treintena de jueces. Fue uno de los últimos actos de gobierno de Jorge Obeid, avalado por la vieja Legislatura de la mayoría automática peronista. Antes, y quizás como símbolo de un sistema que se opone a los cambios, la designación de Agustín Bassó había disparado una memorable polémica: no sólo porque el actual procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial entonó las estrofas de “Resistiré” –ineludible alusión a lo que se venía: Hermes Binner ya había sido ungido gobernador y el PJ se aprestaba a dejar el Ejecutivo tras 24 años– sino también porque Bassó se permitió bromear, ante los legisladores, sobre los secuestros de la dictadura.
El 2008 encontró al nuevo gobernador visitando a los inundados en Plaza de Mayo. Ese gesto, repetido el 29 de abril, no tuvo ningún eco en Tribunales. O sí, uno mínimo: la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia ocurrida en la capital provincial fue elevada a juicio, ya con nuevo fiscal. Nada más ocurrió, salvo las recurrentes denegatorias de la Corte provincial a los pedidos del actor civil para que Carlos Reutemann tenga el decoro de aclarar lo que deba aclarar ante la Justicia. También la Corte nacional rechazó un pedido similar, pero argumentando que las instancias en los tribunales santafesinos no están, todavía, agotadas.
Binner había tenido otro gesto apenas iniciado su mandato: se entrevistó con los familiares de las víctimas de la represión de 2001. Pero tampoco ese hecho repercutió en la Justicia, otrora tan atenta a las preferencias del gobernador de turno. En Rosario sigue habiendo seis muertes impunes por las balas policiales de la gestión Reutemann; en las últimas semanas, la posición del actual mandatario mereció que el ex rompiera su habitual ostracismo: el Lole salió a decir que el reclamo del socialista –que se circunscribe a que se haga justicia por los asesinatos de hace siete años– no sólo es una clara alusión a su persona sino que le impide tener una relación de diálogo con Binner.
Este año se puso en marcha el Consejo de la Magistratura para cumplir con una de las primeras medidas de Binner: la autolimitación para la designación de jueces. El nuevo proceso para la selección de jueces de primera instancia y camaristas persigue, según el Ejecutivo, avanzar hacia una justicia “independiente, con mecanismos transparentes e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”. A la hora de los bifes, el nuevo método encontró sus escollos: las chicanas habituales hicieron que fracase la Asamblea Legislativa en la que se iba a votar el primer pliego de un candidato a juez elegido con el nuevo sistema.La Justicia provincial atraviesa un proceso de cambio casi inédito. Con la implementación, lenta y trabajosa, del nuevo Código Penal se acaba una tradición de 112 años de procesos escritos para dar paso a la oralidad. La resistencia, adentro y afuera, no es poca.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Lo que sólo cambia de nombre

2008-12-12T13:47:00.000-08:00

Discriminación, explotación y violencia: tres antiguas formas de dominación que las mujeres siguen sufriendo.

La discriminación y la violencia hacia las mujeres atraviesan los siglos, tomando nuevas formas para seguir instaladas. Si bien se avanzó en ciertas problemáticas que rodean al género, quedan aún muchos prejuicios por derribar.
Los datos grafican la situación de vulnerabilidad: la OMS indicó que la violencia doméstica mata más mujeres que el cáncer. La Cepal estima a que de un 30% a un 60% de las mujeres son objeto de maltrato en América Latina. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 500 consultas en el año; la mayoría, casos de violencia tienen lugar en la familia, sin distinción de clase, religión o acceso cultural. “Muchas instituciones sociales tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad. Desde nuestra perspectiva, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Pero siempre estamos comenzando y se requiere de una posibilidad de cambio importante por parte de la sociedad”, opinó Patricia Méndez Lissi, directora del Equipo, cuya forma de trabajo se sustenta “en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector”. Desde la Dirección Provincial de las Mujeres, María Rosa Ameduri también reconoció que “el comportamiento de la Justicia responde a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón”.
En consonancia, Silvina Sierra junto a su pareja, Paula Heredia –caras visibles de Las Diversas, agrupación de mujeres santafesinas–, plantean la necesidad de dar a conocer la lucha lésbica y feminista. “Hacemos hincapié en el amor entre mujeres. Visibilizar no significa el exhibicionismo del cuerpo sino de la persona como ser humano, como mujer fundamentalmente, dentro toda la sociedad. Hay un gran prejuicio con respecto al feminismo: todavía hay gente que piensa que es odiar al hombre. Falta información, conciencia y también sensibilizar a la gente”, advirtieron.
Junto a representantes de varias corrientes políticas y civiles, fundaron el Espacio de Mujeres de Santa Fe, que se presentó en sociedad el 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. “Nuestra idea es estar en todas las fechas de agenda referidas a la lucha de las mujeres y hacer reclamos al Estado, con el cual todavía no tenemos contacto”, expresaron Las Diversas como objetivos.
Otro aspecto de la violencia contra la mujer, que tuvo presencia este año en los medios y en lo legislativo, es la trata de personas, uno de los tres negocios ilícitos más rentables, junto a las armas y las drogas. Se estima que 4 millones de mujeres son explotadas como prostitutas en el mundo. En Argentina hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para la prostitución. Nuestra provincia figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes; la Defensoría del Pueblo recibe al menos dos denuncias por semana. Aunque parezca irreal, recién en abril la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma que penaliza el tráfico de personas, con penas de 3 a 15 años. Ameduri afirmó que “se hace imprescindible entender que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, considerada la esclavitud del siglo XXI”.
En la provincia, un proyecto de ley presentado por la diputada Alejandra Vucasovich tiene como objetivo “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos (...); el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”.
Mabel Busaniche, una histórica militante santafesina por los derechos de las mujeres, hoy en la Asociación Civil Palabras, opinó que “todas las leyes son acciones positivas que a partir de la práctica se convierten, se legitiman y hacen al mundo simbólico para empezar a trabajar la temática”. No obstante, alertó que “en la prevención estamos acumulando mucho miedo en las niñas y en las adolescentes. No es desde el miedo donde vamos a prevenir. El mensaje es tener cuidado y el desafío es cómo hacer para que ese cuidado esté, dentro de un marco donde las chicas y los chicos puedan hablar, confiar, distenderse y encontrar que aquellos que estamos haciendo prevención les vamos a seguir dando una mano”.
Sin dudas las luchas femeninas ganan terreno y se visibilizan. Quedan materias pendientes: el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la decisión política harán el resto.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Una de fantasmas, monopolios y dinero en caja

2008-12-12T13:46:00.000-08:00

Otro año de estadísticas increíbles sobre inflación y, en el medio, la muerte de las AFJP: ¿los recursos son todo?

Con la inflación en el centro de la agenda y la controversia por los índices del Indec, Néstor Kirchner terminó su gestión no sólo sin encontrar una solución al tema, sino dejando en manos del secretario de Comercio Guillermo Moreno todas las negociaciones con los sectores clave en la formación de los precios. Ni el fracaso de la política de control ni el cambio de mandato bastaron para que deje el gabinete; pese a los embates políticos y mediáticos, la presidenta lo ratificó. La continuidad fue un síntoma de lo que sectores de la oposición llamaron “reelección camuflada”.
Para mantener intacta la liquidez necesaria para el gobierno, la presidenta apeló primero a congelar los dineros de las provincias en concepto de coparticipación; luego, decidió la movilidad de las retenciones y, tras la derrota en el Congreso, logró recuperar una de las tantas cajas privatizadas en los 90: la del sistema jubilatorio.
Con el regreso del sistema de reparto, el Estado recuperó el mando sobre una de las patas más importantes de la macroeconomía. Se trata de una oportunidad única para que la política reconstruya el sentido de lo público. El desafío para el gobierno –y para los posteriores– es demostrar que detrás de la recuperación de esa inmensa caja –un flujo anual de 14 mil millones más un total aportado que supera los 80 mil millones– hay un proyecto de dignificar las jubilaciones y recomponer las fuerzas del Estado. Cualquier otro rumbo no haría más que ratificar lo que vienen declamando Elisa Carrió y otros sectores de la derecha nacional.
El cambio en el sistema jubilatorio no fue el único de relevancia registrado este año. En junio, el Indec inauguró un nuevo sistema, con la supuesta intención de reflejar mejor las variaciones de precios. El nuevo método resultó tan creíble como el viejo: muy poco. Más acotado en cuanto a cantidad de productos y servicios relevados, supone el desplazamiento de los consumidores hacia los comercios que registran aumentos menores. Algo que ni el Indec ni ningún otro organismo puede dar por seguro.
Un ejemplo puede aclarar la cosa y, a la vez, marcar el rol de las empresas privadas. Entre 2006 y 2007, Quickfood (que tiene el 60% del mercado de hamburguesas congeladas) aumentó sus ganancias un 64%. En el mismo lapso, sólo aumentó su producción un 8%. La pregunta cae sola: ¿cómo ganar tanto más sin producir tanto más? Se sabe: una posición concentrada en la oferta permite mover los precios a antojo.
Las estadísticas oficiales señalan que de diciembre de 2007 a noviembre de 2008 la inflación fue del 8,4% (6,9% en los primeros once meses del año): idéntico porcentaje que un año atrás. El gobierno provincial decidió hacer sus propias cuentas. El Ipec advirtió aumentos reales de casi el triple que los del Indec. Según el mes, el promedio provincial se ubicó entre 1,5 y 1,8%; cuando acabe el año se habrá registrado en Santa Fe una inflación de casi 20%. De hecho, el gobierno provincial la estimó en un 18% para 2009.
A caballo de la lógica de las grandes corporaciones y del desabastecimiento producido durante el prolongado lock out rural, el fantasma de la hiperinflación nunca dejó de sobrevolar los tormentosos cielos de este 2008.Crisis, enfriamiento y desaceleración mediante, ya se verá qué nos espera el año que viene.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Hay salidas

2008-12-12T13:45:00.000-08:00

Cooperativas de trabajo y pequeñas y medianas empresas como alternativas ante la crisis; la clave, organizarse.

La crisis financiera impactó de lleno en la provincia, y antes de lo esperado. Rápido de reflejos, el ministro de Trabajo Carlos Rodríguez reaccionó y se puso al frente de las negociaciones para evitar suspensiones y despidos, en especial, en los conflictos suscitados en la automotriz General Motors, donde peligran 450 fuentes de empleo, en las curtiembres y en el ingenio de Las Toscas. El titular de la cartera laboral subrayó que la situación no es alarmante y afirmó que defenderá los puestos de trabajo de todos los santafesinos con uñas y dientes.
Sin embargo, los datos no son aún alentadores. Según el Indec, durante el segundo trimestre de 2008, el desempleo en la ciudad de Santa Fe fue del 12,6%, mientras que los mismos registros muestran que en el primer trimestre del año era del 9,1%. La medición no mostró entonces grandes diferencias con la del segundo trimestre del 2007, en el que la desocupación fue del 9,4%.
En este contexto se planteó, desde el Ministerio de la Producción, la creación del Observatorio Pyme Regional de la provincia, a través de un convenio con la Universidad de Bolonia y la Unión Industrial. El objetivo es conocer qué tan dinámicas son las empresas en relación a otras del país y de Europa. El antecedente italiano, impulsado en la posguerra, permite pensar que es posible recuperar el empleo digno. Las pymes italianas no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En Argentina, las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).
Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de Italia (68%; la media es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). El 90% de sus 415 mil unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada diez habitantes. Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa en los principios de solidaridad y de reciprocidad.
De este lado del Atlántico, Rubén Salas, dirigente de los desocupados de Santa Rosa de Lima y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), opinó que cuando hay grandes ganancias se reparten entre los empresarios y cuando hay pérdidas las termina pagando el trabajador: “Es así y pasó siempre en este país. Vemos que la crisis la siguen pagando los mismos; al aumento en el arroz, en la carne, lo paga el que con su salario o con lo que consigue lo utiliza únicamente en comida”.
Salas reconoció que es posible encontrar una salida digna ante las crisis: “Si el trabajador se organiza y pelea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, y que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, que es orgullo nuestro y que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo, porque más allá de que algún gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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¿Un imperio exhausto o el New Deal 2.0?

2008-12-12T13:44:00.000-08:00

El capitalismo exige una reinvención más para salir del pozo financiero paleopetrolífero.

El proyecto que abrieron Keynes y Roosevelt, el Estado de Bienestar, puede ser asimilado a las promesas y conflictos de los siglos XIX y XX. Inseparable de una sólida, excluyente y discriminatoria idea de hombre normal medio –acaso conocida localmente como “hombre de provecho”–, esa forma de Estado habilitó un tipo de industrialización, un formato de las relaciones laborales y un sistema de consumo –ya completamente diferentes a los actuales– como una doble respuesta tanto ante los vacíos del librecambismo clásico como a los ahogos del comunismo soviético.
Tras una crisis del modelo financiero neoliberal y en un tablero geopolítico completamente diferente –en otro mundo, con otras guerras y otra forma del capital–, las respuestas de Estados Unidos –si el objetivo es sostener el imperio– no pueden repetir el recetario del New Deal, pero han de reverenciar a su fantasma. Es decir, ahora, más allá del contenido concreto de las medidas entonces tomadas, tiene sentido su forma: la transformación teórica de la economía, atendiendo a las características específicas y determinadas del tiempo presente.
El significado político de la figura de quien hoy viste el sayo de emperador es inseparable de la consideración acerca de los más de 62 millones de personas que lo eligieron a comienzos de noviembre, en una inédita movilización de votantes. Ese apoyo electoral a Barack Hussein Obama ofrece una posible explicación de cómo se pasó de un bruto texano blanco republicano a un aplicado hawaiano negro demócrata. No es un exceso imaginar a ambos personajes en el cabo y en la punta del látigo esclavista, en la capucha blanca del KKK y en el cuerpo liberto ahorcado, en el volante del colectivo y en los asientos traseros para la “gente de color”, en la cachiporra policial manchada y en la sangre que la mancha, la del que jadea herido en el asfalto. Tampoco es un exceso señalar cómo la campaña electoral demócrata estuvo dirigida a la herencia de quienes sufrieron esa opresión. No fueron los promarines comepochoclo predarwinistas, no fueron los rednecks rurales: fueron las masas de las megalópolis las que ungieron al primer presidente afroamericano yanqui. El triunfo se forjó allí donde hay concentración, diversidad e hibridación étnica, histórica y cultural de la población, acelerada fuerza de las relaciones globalizadas y visible acumulación de capital. No es otra la vía de reinvención del capitalismo que la de aprovechar esas características (esa potencia y esa determinación) en un New Deal 2.0. Lo opuesto es lo ya conocido, con el agravante de su pesado anquilosamiento, previo a una implosión mil veces advertida.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Todo lo sólido se desvanece

2008-12-12T13:43:00.000-08:00

Hipotecas riesgosas y tasas de interés mínimas: una crisis coyuntural que ya es estructural.

A tono con la era del hipertexto, podríamos graficar lo que sucede en este ¿inesperado? final de 2008 con lo que iba sucediendo en el planeta al momento de la redacción de estas líneas. En el túnel, los productores agropecuarios volvían a la carga, esta vez afectados por la caída de los precios internacionales de sus productos. Más o menos en el mismo momento en que Alfredo De Ángeli filosofaba sobre la relación libidinal chacarero/soja y soltaba al aire uno de sus estridentes “minga, bla, bla, bla”, desde Japón, Sony anunciaba un recorte de 8.000 puestos y el cierre de al menos cinco de sus fábricas. Paralelamente, Austria y Finlandia informaban que en el 2009 entrarán en recesión, luego de años de esplendor. A la vez, se conocía que nuestros colegas del New York Times se están ajustando el cinturón de una manera inédita: con una deuda de 1.000 millones de dólares, el diario debió hipotecar su edificio en Manhattan para monedear un poco y juntar un 20% de lo que debe... Pero, ¿cómo empezó todo esto?
Se dice que esta película de terror comenzó a mediados del 2007 con las crisis de las subprime, hipotecas de alto riesgo ofrecidas a mansalva que habían endeudado a norteamericanos con historiales financieros poco fiables. Esto supondría que estamos ante un problema coyuntural, pero los síntomas de un capitalismo enfermo obligan a ampliar la mirada retrospectiva. Alan Greenspan, durante años presidente la Reserva Federal norteamericana, en 2001 decidió una brutal baja de los tasas de interés para sostener a empresas norteamericanas al borde de la quiebra y mantener el consumo y el bendito american way of life. De enero a diciembre de 2001, pasaron del 6,50% al 1,75% y siguieron bajando hasta ubicarse en 1%, un par de años después. Este fue el caldo de cultivo para las subprime. Estas deudas hipotecarias –luego incobrables– se transformaban en productos muy apetecibles: eran riesgosas pero rendían mucho, como pasó con los bonos de la deuda argentina en los años 90. Esos “bonos basura” originados de las subprime gestaron millonarios negocios, pero la máquina se frenó cuando los deudores de las hipotecas, a causa del estancamiento de la economía real y la suba de las tasas de interés, dejaron de pagar.
La cuestión dejó de ser coyuntural y pasó a ser estructural, más aún si se tiene en cuenta que esto de transformar deudas hipotecarias en bonos no es una fórmula inventada recientemente sino que data de principios de la década del 70, cuando la GNMA (conocida como Ginnie Mae), agencia estatal norteamericana encargada de desarrollar viviendas mediante hipotecas para gente de bajos recursos, institucionalizó la titulización de paquetes de créditos hipotecarios que estuvieran asegurados o garantizados por entidades gubernamentales. Al poco tiempo se creó la FHLMC (conocida como Freddie Mac), que desarrolló el mercado secundario de préstamos hipotecarios sin garantías del gobierno. Así, el mercado hipotecario y el inmobiliario se convirtieron, respectivamente, en un gigante de las capitalizaciones, a la par del de los títulos del Tesoro, y en otro seductor refugio para especuladores, como antes fueron el petróleo o los alimentos.
“Las condiciones de esta enorme burbuja especulativa se generan a fines de los 70 con el inicio de la desregulación extrema del movimiento internacional de capitales y la persistente retirada de los Estados nacionales de sus funciones de conducción de política macroeconómica y de control de variables relevantes. Paralelamente, en el mundo de la economía real, se profundizó el predominio hegemónico del capital financiero sobre otras formas del capital (el industrial, por caso)”, reflexionó Francisco Sobrero, docente de la UNL.
Hasta aquí el problema, pero hacia adelanté ¿qué?Muchos ven en Barack Obama la luz al final del túnel. Creen que ayudará a encontrar una salida un poco más ingeniosa que las billonarias transferencias de recursos públicos. Pero hay quienes desconfían. La periodista-ícono del movimiento antiglobalización, Naomi Klein, se hizo una pregunta inquietante en su blog: “¿Y si Obama fuera sólo una marca, que ya se agotó en la elección?”. Por ahora sólo queda esperar.

Publicado en Pausa #31, 12 de diciembre de 2008.
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Programar la provincia del 2028

2008-12-05T02:49:00.000-08:00

El Plan Estratégico Regional se presentará el jueves en nuestra ciudad, a un año de comenzada la nueva gestión. Es el producto de la participación en las cuatro Asambleas Ciudadanas realizadas en durante este año. Con el Plan Estratégico de Rosario como modelo, el trabajo se divide en tres ejes: el físico-ambiental, el socio-institucional y el económico-productivo. La regionalización, una de las claves.

A un año del inicio de su gestión, Hermes Binner y su equipo de colaboradores presentarán el Plan Estratégico Regional para la provincia de Santa Fe: un proyecto de gestión de largo plazo, cuya realización demandará los próximos 20 años. El plan fue elaborado en las cuatro asambleas ciudadanas que se hicieron durante el año en los cinco nodos o regiones en que fue dividida la provincia: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.

El trabajo contempla proyectos y propuestas presentados por las personas y organizaciones que participaron en estas instancias de debate ciudadano, desarrolladas en escuelas, sobre la base de tres ejes centrales: el físico-ambiental, el económico-productivo y el socio-institucional.

Durante las asambleas se elaboró un documento de diagnóstico que fue consensuado a partir de las problemáticas planteadas por los ciudadanos como “punto de partida para identificar colectivamente el horizonte deseado”, según afirma el documento que se entregó al inicio de las rondas de debate.

La primera instancia de puesta en marcha de este proyecto, que contempla las necesidades y las percepciones de los santafesinos, se concretará con la presentación que del próximo jueves en esta ciudad; un día después el plan se hará público en Rosario, el 17 en Reconquista, el 18 en Rafaela y, por último, el 19 en Venado Tuerto.

Resta ahora, como desafío, concretar y articular las propuestas de cada región en forma progresiva, en el mediano y largo plazo, sin desalentar a los participantes: en el Nodo 3 (Santa Fe) la primera asamblea ciudadana convocó a 1.500 personas y 800 instituciones de seis departamentos. Las expectativas puestas en cada encuentro se trasladarán, ahora, a los pasos que el gobierno vaya dando en ese sentido.

20 AÑOS NO ES NADA. En una entrevista publicada el mes pasado por Rosario/12, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, Mónica Bifarello, explicó: “Lo que vamos a tener es un plan, que identifica los proyectos emblemáticos para la provincia, y proyectos por región con una descripción de cada uno, que se irán puliendo en el futuro”. Además, detalló que el documento dejará sentados los proyectos que en algún momento se plantearon como prioritarios y que habrá que ir empujando más allá del gobierno de turno.

La funcionaria se refirió a la importancia de la puesta en marcha de esta herramienta –la participación ciudadana– para que la gente se incorpore al plan y para sostenerlo. “Entonces es importante que las organizaciones de la sociedad impulsen los proyectos que les parecen que son relevantes; por supuesto que no podemos garantizar que el plan exista durante 20 años, pero por lo menos dejamos sentadas las bases”, planteó Bifarello.

El ministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, había explicado a este semanario (ver Pausa #9) los alcances del plan: “Nosotros queremos establecer en la provincia de Santa Fe una nueva manera de gestionar políticas públicas. Esta nueva manera de hacerlo tiene que ver, primero, con la construcción de regiones, a los efectos de poder descentralizar la formulación de las políticas públicas y su ejecución. Esta descentralización conlleva, inexorablemente, el papel de los ciudadanos de cada una de esas regiones, que tienen que contribuir con su creatividad, con su capacidad, con su identificación de problemas y de soluciones, para generar las mejores políticas públicas desde el lugar mismo en el cual se ven estos problemas y soluciones”.

Lograr amalgamar en un único programa las diferencias y distancias existentes en la provincia no será fácil. El plan propone empezar a equilibrar norte y sur en lo que constituye la conformación del mapa de las regiones. “Regionalizar la provincia es descubrir en lo diverso y plural no un problema sino una oportunidad para pasar de una política de demanda a una política que garantice derechos. En ese camino, aumentar y actualizar el conocimiento sobre la heterogénea realidad de la provincia de Santa Fe nos permitirá plantear objetivos comunes, más concretos y realizables”, se indica en el documento de diagnóstico que se utilizó en las asambleas.

INTEGRAR A LOS SANTAFESINOS. El Plan Estratégico es el resultado de lo producido en las cuatro asambleas ciudadanas que se realizaron durante el año en las cinco regiones en que se dividió la provincia, cada una con una ciudad que funcionó como cabecera. La metodología utilizada fue clara y sencilla: “En la primera, de diagnóstico, actualizamos los problemas y potencialidades, y en las tres rondas que siguieron pasamos del diagnóstico a las acciones”, explicó Bifarello.

Más allá del Plan Estratégico que presentará el gobierno, la instancia de diálogo que se abrió a partir de las asambleas le permitió a la actual gestión empaparse de la realidad de cada municipio y comuna de la provincia, recuperando la voz de los vecinos y de las instituciones intermedias. A partir de ese intercambio, se pudo avanzar –en paralelo a la elaboración del documento final– en la resolución de problemas menores planteados por los propios actores sociales y las autoridades de las localidades del interior: “En la primera ronda, los presidentes comunales de la cuña boscosa dijeron que no tenían acceso al teléfono ni a Internet y, como no es una cosa muy costosa ni complicada, lo resolvimos poniendo una antena: si tenían un enfermo debían recorrer seis o siete kilómetros de su localidad para llegar a un teléfono”, comentó la funcionaria.

Los inconvenientes y las dificultades planteados fueron heterogéneos y numerosos: desde la reactivación del ferrocarril en el norte a los servicios de agua y luz, desde la comunicación vial y pluvial a los acueductos. En materia de salud, se solicitaron mejoras en la infraestructura; también se discutió acerca del crecimiento productivo. Se planteó, además, la necesidad de potenciar las economías regionales y promover el desarrollo local. De todos modos, para conocer los detalles de los proyectos que se crearon a partir del diagnóstico y cómo se trabajará en función de ello, habrá que esperar a la presentación del próximo jueves.

EL CASO ROSARIO. El antecedente de la puesta en marcha de este tipo de proyectos, para la gestión socialista, fue la ciudad de Rosario. El Plan Estratégico Rosario es un espacio de diálogo social en el que instituciones representativas del sector público y privado intercambian ideas para la formulación de proyectos estratégicos que guíen a la ciudad hacia un horizonte de desarrollo.

La Municipalidad rosarina buscó, desde 1998 y sobre la base de ese Plan Estratégico, aportar soluciones a cinco cuestiones básicas de la época: el nuevo soporte económico, las infraestructuras de servicio, la calidad de vida creciente, la equidad y la integración social y la gobernabilidad del territorio. A partir de entonces, se crearon redes de cooperación internacional y foros de proyectos.

A partir de ese trabajo, hoy se está elaborando el Plan Estratégico Rosario Metropolitana, que reformula fortalezas y debilidades –en el actual contexto– para proyectar la ciudad hacia el futuro. Este nuevo plan tiene un sitio web a disposición de los vecinos, para que planteen dudas, participen de los proyectos y obtengan información (ver www.perm.org.ar).

Mónica Bifarello auguró que a nivel provincial se vivirá una experiencia similar a la de la ciudad del sur provincial. Y destacó: “El plazo del Plan Estratégico es 20 años, y eso le dijimos a la gente. Ojalá lleguemos (a cumplirlo) antes, pero un Plan Estratégico completo –según lo que indican las experiencias en el mundo– no lleva menos de 15 años para lograrse. El mismo Plan Estratégico de Rosario es de 1998: hoy lo mirás y está prácticamente cumplido, pero son cosas que llevan mucha insistencia en el tiempo”.

Publicado en Pausa #30, 5 de diciembre de 2008.
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Adiós al loquero

2008-11-28T11:24:00.000-08:00

La sustitución de lógicas manicomiales avanza en la provincia con la ley de salud mental, reglamentada en 2007: creación de novedosos dispositivos y cierre del corralito psiquiátrico en coronda, las acciones más importantes. Uno de los objetivos que se plantean los profesionales de la salud mental tiene que ver con el cierre progresivo de los manicomios como lugar de encierro y segregación social para convertirlos en sitios productores de salud, recurriendo a la internación prolongada como último recurso. Pobreza y locura: prejuicios por partida doble.

Por Marcela Perticarari

Aunque Friedrich Nietzsche sostenía que “la demencia en el individuo es algo raro, pero en los grupos, en los partidos, en los pueblos y en las épocas es la regla”, hablar simplemente de “locos de atar” pertenece a un tiempo pasado.

En la actualidad se les dice “personas con padecimientos subjetivos”, ya que durante los últimos 10 años la tendencia en salud mental es lograr la sustitución de las lógicas manicomiales. Distintas políticas a nivel nacional intentan lograr el cierre de los manicomios y, a su vez, avanzar en la creación de servicios que los reemplacen produciendo salud.

Aunque los profesionales santafesinos admiten que los prejuicios imperantes en la sociedad y la falta de recursos estatales son impedimentos para llevar adelante un trabajo óptimo, el proceso avanza lento pero a paso firme.

UN AÑO, MUCHA HISTORIA. En 1991 se sancionó la ley provincial de Salud Mental (Nº 10.772). Para su puesta en funcionamiento fue necesario reglamentarla, proceso que demandó ni más ni menos que 16 años: en noviembre de 2007 la entonces ministra de Salud, Silvia Simoncini, dio el puntapié inicial a la reglamentación al dejar inaugurada, en nuestra ciudad, la primera residencia compartida para pacientes externados de hospitales psiquiátricos.

La ley se inscribe en un movimiento político de desmanicomialización: “Justamente, lo que postula es el cierre de los manicomios como lugar de segregación, de asilo, de marginación, como lugar de depósito de personas de por vida. Hay una crítica a ese concepto clínico; a lo que se apunta es a reestablecer el vínculo de las personas con la sociedad, lo que incluye a su ámbito comunitario y a su familia. La idea es que la persona con padecimiento subjetivo no esté encerrada sino que esté conviviendo con su entorno social y familiar. Esto va a contrapelo de lo que está instalado en la cultura: lo que se cree de modo generalizado es que las personas con padecimiento subjetivo son peligrosas y tienen que estar encerradas. Lo que pretende la ley de salud mental es desmontar ese preconcepto y propiciar políticas de salud mental que apunten a restablecer la subjetividad de estas personas con padecimientos”, indicó el abogado Marcelo Martínez, de la Dirección de Salud Mental de la provincia.

“Básicamente lo que establece esta ley son dos cosas: que las internaciones sean excepcionales, solamente en aquellas situaciones en que no sea posible un abordaje clínico menos restrictivo de la libertad. Por otra parte, apunta a la creación de dispositivos alternativos a la internación, como las casas de medio camino y los alojamientos transitorios para personas con padecimientos subjetivos, propiciando que no sean un depósito sino que la persona vuelva a su lugar. Eso postula la ley pero, insisto, va en contrasentido de lo que está instalado en la sociedad, en sus modos imaginarios y en lo que es la percepción general, por eso está costando mucho llevarlo a cabo”, aseveró Martínez.

ARGUMENTO OFICIAL. “Lo que se enunciaba desde ciertos lugares del gobierno en relación a por qué no se aplicaba la ley era que no estaba reglamentada; nunca se tomaba la decisión política. Y el año pasado, luego de un arduo trabajo que se hizo en el ámbito de los espacios públicos de salud mental, se llevó adelante un profundo debate que concluyó en la redacción de un proyecto de decreto reglamentario de la ley que el ex gobernador Jorge Obeid firmó durante los últimos meses de su gobierno”, justificó Martínez.

Y advirtió que aunque se trata de “una ley muy interesante”, desde el colectivo de los trabajadores de salud mental siempre supieron que “la ley y la reglamentación no garantizan nada, son instrumentos que posibilitan avanzar en la implementación de políticas públicas que propicien reestablecer la subjetividad y establecer modos de abordaje clínicos que sean adecuados y productores de salud de verdad, no de marginación”.

NUESTRA LEY. El artículo 1º de la Ley de Salud Mental de la provincia explicita que “toda persona que padeciera sufrimiento por su salud mental tiene derecho a solicitar y recibir tratamiento (...), orientado hacia la curación, la recuperación y rehabilitación. Entre las alternativas más idóneas se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”.

El 3º artículo dice que “sólo se permitirá la internación en establecimientos de salud mental públicos o privados bajo los siguientes requisitos: que el propósito no sea otro que el tratamiento de la persona que padeciera sufrimientos por o en su salud mental; que las circunstancias del caso no permitan el uso de otra alternativa menos restrictiva de la libertad; que esté orientada a la recuperación de la salud del internado y a su egreso en el tiempo más breve posible”.

Por otra parte, se establece un plazo máximo de tres años a partir de la promulgación de la ley “para la transformación de los establecimientos de internación en salud mental”. Para ello, “el Estado arbitrará los medios conducentes al objetivo fijado y promoverá la implementación de medidas asistenciales alternativas, entre ellas servicios de salud mental en hospitales generales con y sin internación, atención domiciliaria, servicios de emergencia, centros de salud mental en la comunidad, hospitales de día, casas de medio camino y talleres protegidos, entre otros”. El desafío, está visto, no es menor...

UN LARGO CAMINO. La Dirección Provincial de Salud Mental funciona desde 2004 en el edificio del ex Hospital Italiano. Desde su creación está dirigida por el Dr. Gustavo Castaño.

En diálogo con Pausa, uno de sus funcionarios, el abogado Marcelo Martínez, explicó: “Se me convocó en 1997 para trabajar como abogado asesor de la Dirección de Salud de la Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo Irigoyen Freire –ubicada en Oliveros, 60 kilómetros al norte de Rosario–, que es un hospital descentralizado. El mal llamado régimen de autogestión de la provincia en realidad es un régimen de descentralización que significa que los hospitales tienen autarquía, y es pertinente que haya abogados que asesoren a las direcciones por las necesidades administrativas de funcionamiento de un hospital”.

“Luego terminé comprometiéndome con el trabajo y me incorporé a otra propuesta: los equipos clínicos interdisciplinarios. Es decir, la modalidad de intervención terapéutica que propone la actual Dirección de Salud Mental de la Provincia, que en aquel momento funcionaba en la Colonia de Oliveros. Básicamente, la inclusión de abogados tenía que ver con una cuestión clínica. La idea es que participen abogados en los equipos clínicos porque es pertinente a la práctica interdisciplinaria en el desarrollo instrumental, ya que lo jurídico tiene mucho que ver con el modo de intervenir a los padecimientos de desarrollo subjetivo”.

El concepto de equipo interdisciplinario a los fines de un abordaje clínico se replica del modelo que arrancó en Oliveros cuando empezaron las primeras experiencias, 12 años atrás, que se fueron desplegando a partir de la creación de la Dirección de Salud Mental en el año 2004: “En este momento, los propios equipos de los tres lugares públicos de internación en la provincia (Colonia Abelardo Irigoyen Freire en Oliveros, Dr. Agudo Ávila en Rosario, Mira y López en Santa Fe) crearon otros dispositivos, que dependen de la Dirección, con el objetivo de lograr la sustitución de lógicas manicomiales, como el Equipo Infancia, el Equipo de Fortalecimiento en Atención Primaria de la Salud y las Juntas Especiales de Salud Mental de Rosario”, agregó el abogado.

Y reconoció que “una de las características de nuestro trabajo es que el objeto de las intervenciones clínicas son muy duras, porque se trata de situaciones de extrema vulnerabilidad, como los chicos de la calle que entran en crisis. Son personas que están devastadas en todo sentido, invadidas por la pobreza, por el abandono. La imagen ideal que tenemos del loco es de una persona marginal por partida doble: porque es loco y porque es pobre. Ése es el objeto de nuestro trabajo, en general son situaciones de mucha complejidad y mucha resistencia”.

LOGROS. Consultado por lo que se hizo durante este año, con la ley en vigencia, Martínez respondió: “La reglamentación avanza en la formación de dispositivos alternativos. Nosotros le llamamos políticas sustitutivas de salud mental: sustitutivo no es sólo el cierre de los manicomios, tiene que ver con servicios que los reemplacen y que sean lugares en donde se produzca salud. Entonces, la reglamentación propone una serie de dispositivos, como las casas de medio camino. También es muy importante el alojamiento en hospitales generales. Es decir, que haya intervención en los centros de salud y equipos de atención domiciliaria”.

Asimismo, determinó que “hubo un momento de transición donde la actual gestión tuvo que hacer base y asentarse en la estructura burocrática. Actualmente, estamos en una etapa de transición ya que se plantea la reforma integral del Estado. En cuanto a salud, se intenta avanzar en la misma línea que nosotros proponemos desde la Dirección, bajo el concepto de que la salud es algo integral, que no está fragmentada respecto a la salud mental. Esto también es un avance en lo teórico”.

Entre los logros de estos 12 meses, el abogado señaló que “ya se está armando el dispositivo de salud mental en los hospitales generales y se está avanzando en la redefinición de la modalidad de intervención clínica en los lugares de internación. También se cerró el corralito de la cárcel de Coronda y se creó un dispositivo nuevo en Oliveros para el abordaje clínico de los pacientes con un grado de complejidad y una necesidad de recursos que no se puede dar en los lugares de internación”.

–¿Tuvieron obstáculos?

–Por un lado, los inconvenientes que fuimos encontrando durante todos estos años son del orden de la existencia o no de decisión política por parte de los gobiernos. Aunque ahora existe una decisión política, nuestro trabajo requiere de asignación de recursos y, por ejemplo, todavía no está definido el presupuesto para el Ministerio de Salud durante 2009. Es todo un tema y hay cierta incertidumbre en torno a eso. Otra de las dificultades que afrontamos es desmontar todas las cuestiones imaginarias y las resistencias que están instaladas en la comunidad en relación a la locura. Es un arduo trabajo que se hace día a día, para instalar que las personas no tienen que estar encerradas sino que deben estar en su lugar. Un ejemplo son las Juntas Especiales de Salud Mental: instalar este discurso de sustitución del manicomio al interior del poder judicial con todo lo que eso conlleva... Son huesos muy duros de roer, pero estamos viendo los resultados: cada vez más los jueces van tomando nuestra propuesta y este modo de pensar las políticas de salud. Es un trabajo de hormiga que venimos realizando desde hace más de 10 años. Tenemos dificultades, pero de a poco vamos avanzando.

–¿Qué ocurre en Santa Fe respecto al resto del país?

–Nos pasan estas cosas del federalismo... Es muy desparejo cómo se trata la salud mental en las distintas provincias. Río Negro se toma como pionera en materia de políticas públicas de desmanicomialización, tiene una ley antimanicomial muy interesante y ha sido tomada como modelo. Algo parecido ocurre con la provincia de San Luis. También es muy buena la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la ley de nuestra provincia no es lo más moderno porque es de 1991, de hecho hubo cosas, como la cuestión de la interdisciplina, que son centrales para pensar las políticas y de las que se decía muy poco en la ley anterior. En relación a esto, sí se dice mucho, y está establecida la reglamentación de la ley. Hay un reconocimiento a nivel nacional de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, del crecimiento de los dispositivos de salud mental en la estructura pública. Es tomada como referencia.

–¿Qué pasa a nivel nacional?

–La salud mental forma parte de aquellas cuestiones que le competen a cada provincia. No obstante, tienen tratamiento parlamentario dos proyectos que pretenden establecer lo que serían los derechos fundamentales de las personas con padecimiento subjetivo. Apuntan al núcleo duro de los derechos constitucionales para garantizarlos y a la reforma del articulado del Código Civil relativo a la insania, que es la modalidad que se tiene para aplicar a las personas que son declaradas dementes. Apunta a que esta modalidad, que implica una discapacidad de hecho para la persona con padecimiento subjetivo, sea establecida de un modo interdisciplinario, con criterios clínicos que no estén hegemonizados por la psiquiatría, que no sean para siempre, incorporando al Código Civil todos los avances en cuanto a construcción teórica que hacen al abordaje de la salud mental.

JUNTAS ESPECIALES. Las Juntas Especiales de Salud Mental, que actualmente funcionan en Rosario, se crearon por disposición de la Ley de Salud Mental y son dirigidas por el abogado Marcelo Martínez. “Se trata de un dispositivo muy efectivo, funciona como una polea de transmisión entre el aparato judicial y los efectores de salud mental”, definió el director.

Concretamente, el trabajo de las juntas es elaborar dictámenes para proponer a los jueces en relación a personas con padecimientos subjetivos cuyos casos están judicializados. Asimismo, analizan el tratamiento más adecuado, cuál es el mejor lugar para proveerlo, si es pertinente una internación y, en ese caso, cuál es el lugar indicado. “Es un organismo que actúa al interior del Poder Judicial porque respondemos a los pedidos de los jueces. No existe una experiencia similar en el resto del país. La verdad es que estamos muy entusiasmados porque se han logrado resultados muy interesantes en los últimos años, ya que los jueces se encuentran con equipos cuya característica, que los diferencia de una pericia común, es que se trabaja en forma interdisciplinaria. Los dictámenes son muy completos, muy sustanciosos y muy efectivos”, determinó Martínez.

CHAU CORRALITO. A comienzos de octubre se clausuró definitivamente el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, conocido como “corralito”. El detonante fue la muerte de un interno, en mayo de este año: estaba alojado en el corralito y apareció ahorcado. Un mes después, el 23 de junio, tres funcionarios del Ejecutivo elevaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, haciéndole conocer la idea de desactivar el pabellón psiquiátrico de la cárcel. El escrito, dirigido al presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, está firmado por las secretrias Débora Ferrandini, de Salud, Rosa Acosta, de Derechos Humanos, y Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios.

El corralito había sido creado en 1985 en el marco de un convenio celebrado entre los entonces ministerios de Gobierno y de Salud y Medio Ambiente. La idea era alojar y brindar asistencia a personas declaradas penalmente inimputables, en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también a aquellas personas consideradas penalmente imputables en situación de padecimientos en su salud mental. A lo largo de sus 23 años de existencia fue muchas veces cuestionado: distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron la ilegalidad del espacio y la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas allí alojadas.

“Estamos absolutamente convencidos de que estos sitios tienen que cerrarse”, había dicho el gobernador Hermes Binner en ese momento. “Los lugares de reclusión de imputados deben ser lugares para la recuperación, como bien dice la Constitución”.

DEBATE NACIONAL. El Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional (MSDTI), surgido en 2005 en el marco de los congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, reúne a trabajadores, pacientes y organizaciones del campo de la salud mental de distintas regiones del país, comprometidos en la lucha por sustituir la privación ilegítima de la libertad que constituye la institución manicomial y sus lógicas de exclusión y estigmatización del padecimiento psíquico.
En su manifiesto, el MSDTI se ha pronunciado acerca de “esa modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que en el caso de las instituciones privadas sigue un idéntico modelo asilar: puede entenderse como conjunción entre locura, discriminación y mercado. En cualquier caso, constituye una flagrante violación de los derechos humanos y de impunidad instituida como política de salud, en momentos en que estos derechos quieren instituirse como políticas de Estado”.

COLONIA OLIVEROS: EL INICIO. En un informe publicado en el sitio www.enREDando.org.ar hay una reseña que señala que hace 12 años nacía, en la Colonia de Oliveros, la desmanicomialización: un proceso que empezó con talleres culturales para los internos y luego incorporó un área productiva. Desde allí, los pacientes cultivan una huerta orgánica, producen miel y tienen un criadero de chanchos. El psicólogo Esteban Fridman, coordinador de la cooperativa creada en la colonia, destacó que este tipo de iniciativas tienen que ver con un proceso que se inició para revertir la lógica de encierro con la cual había funcionado siempre este hospital. “Hubo una larga lucha para cambiar la lógica con que se atendía a los pacientes, para que esto deje de ser un depósito de locos. Incluso en 1991 los organismos de derechos humanos hicieron denuncias por el trato que acá se les daba a los internos. La pelea por la desmanicomialización viene de esa época, y sobre todo desde que se empezó a fortalecer institucionalmente, cuando en 1996 los trabajadores toman la dirección del hospital. Diez años después, lo que se nota es un cambio notorio en la salud de los pacientes”, explicó.

En Buenos Aires. En el Hospital Alvear (ciudad de Buenos Aires) se realizan talleres destinados a pacientes psiquiátricos como una opción para facilitar la externación y la reinserción social y familiar. Bajo el concepto de que existe una forma de poner fin a una internación psiquiátrica y continuar con el tratamiento, cubriendo las horas que quedan vacías con tareas productivas o placenteras, organizaron un programa con talleres de tango, plástica, música y técnicas audiovisuales. El más reciente es el de huerta orgánica.

Locas... de televisión. La desmanocomialización tuvo, también, su lugar en la pantalla: en 2004, Canal 13 de Buenos Aires puso al aire “Locas de Amor”, un unitario que contaba la vida de tres mujeres que acababan de salir de un neuropsiquiátrico. Juana Vázquez (Julieta Díaz) era una obsesiva compulsiva que no toleraba ni el más mínimo contacto físico. Eva Doura (Soledad Villamil) sufría delirios místico-religiosos y escuchaba voces a su alrededor. Simona Teglia (Leticia Brédice) era una maníaca-depresiva capaz de pasar de un momento a otro de la alegría al autoflagelamiento más brutal. En definitiva: tres jóvenes que vuelven a ser parte del mundo real con sus problemas, fobias, temores y ansiedades a cuestas y que, conviviendo en el mismo departamento, intentan reinsertarse socialmente en un mundo cada vez más individualista y que tiende a expulsar al diferente.

Viejos paradigmas. Carlos de Lajonquiere, director general de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que la clave de la desmanicomialización está en internar la menor cantidad posible de pacientes y, en los casos en que hay que internar, contar con efectores rápidos, donde el promedio de internación no supere los 30 días, con métodos de seguimiento que no propicien las reinternaciones. “El paradigma de la vieja psiquiatría consistió en hipermedicar, con muchos fármacos y poco uso racional de psicofármacos. No alcanza con abrir camas en hospitales de agudos, sino que es necesario cambiar la mentalidad, la formación de los profesionales, de modo que los pacientes no sean tratados con decenas de fármacos, sino con uno o dos, y que cuenten inmediatamente con sistemas de psicoterapia y reinserción”, opinó.

Publicado en Pausa #29, 28 de noviembre de 2008.

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De la crisis se zafa con cabeza

2008-11-21T06:06:00.000-08:00

La organización de los trabajadores y el fortalecimiento de la pequeña empresa demuestran ser caminos viables para lo que se viene. En el marco de las amenazas despidos y de las reacciones de las cúpulas sindicales, asoman dos nuevos modos de gestión empresaria y obrera. Hablaron con Pausa un académico especialista en pymes y un dirigente local del MTL.

En medio de los conflictos laborales suscitados a partir de la crisis financiera mundial, y mientras los funcionarios se las ingenian para convencer a los empresarios de evitar despidos y suspensiones, un referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y un representante de la Universidad de Bolonia (Italia), impulsor del Observatorio de Pymes en la provincia de Santa Fe, hablaron con Pausa sobre las alternativas que se pueden generar para garantizar fuentes de empleo digno.

Rubén Salas, dirigente del movimiento de desocupados de Santa Rosa de Lima, indicó similitudes y diferencias entre la actualidad y el 2001, a la vez que propuso alternativas para recuperar el trabajo decente. “Algunas similitudes con la década del 90 hay: una es el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Eso es muy grave, en las personas que tienen un sueldo que les permite vivir el impacto es menor que en el que tiene un sueldo en negro”.

El dirigente del MTL reconoció que con la reactivación económica de los últimos años se generaron fuentes laborales, pero subrayó que no fueron suficientes para que se reinsertaran todos los sectores antes excluidos. “Un importante porcentaje de la población quedó afuera por la edad, porque ya no conocen los nuevos oficios, porque la crisis los dejó con los brazos caídos o por no actualizarse al momento que se vive”, añadió Salas.

Según su opinión, el sector más afectado por la crisis –cuyo inicio identificó a partir del lock out del campo– es la construcción. Hay obras paralizadas y se empiezan a ver “nuevos bolsones de pobreza. No es la misma desocupación que entonces, pero puede llegar a esos niveles si no se actúa rápido”.

CONCENTRADO Y PRECARIO. Salas se refirió también a las leyes laborales y recordó que todavía están vigente la legislación de los 90 “que precariza totalmente el trabajo”. Consideró, en contra de los índices del Indec, que no hubo un crecimiento importante del empleo en este último período.

“La situación laboral sigue estando en negro y existe una explotación tremenda, sufrida principalmente por jóvenes, en la que se trabaja más horas por menos plata y no se tiene acceso a una obra social y demás derechos”, opinó.

–Con los problemas de rentabilidad ¿siempre la variable de ajuste son los trabajadores?

–Históricamente fue así: las ganancias se reparten entre los empresarios y las pérdidas las paga el pueblo. Pasó siempre así en este país. A la crisis la siguen pagando los mismos. Por eso los aumentos en la canasta familiar afectan mucho más a este sector que a los empresarios; su ganancia la depositan en un banco o la invierten en construcción o materiales: no los afecta tanto como a los que dependen del salario o la changa.

–¿Cómo ven el rol de los empresarios?

–Hace años que se discute la recuperación del empresariado nacional. En otros países existe, aquí, desgraciadamente, en los últimos 20 o 30 años no les ha importado la bandera ni el país, sino su ganancia particular.

ORGANIZARSE: LA ALTERNATIVA. “Cuando el trabajador se organiza y pelea fuerte por una idea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, orgullo nuestro que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. Para nosotros es algo normal, pero a la vez muy difícil de conseguir. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo. Más allá de que un gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.

Salas ejemplificó: “Nos pasó con el campo. Estábamos de acuerdo con que tenían que pagar más los que más ganan, pero no tuvimos la fuerza para defender eso. No nos puede volver a pasar: si recordamos propuestas históricas de algunos sectores del campo popular, como la nacionalización de la banca o la reforma agraria, hoy vemos que no tenemos la organización ni la fuerza para concretarlo. Hay que apuntar ahí: a la organización desde abajo”.

–En este aspecto, en Santa Fe, ¿cómo estamos?

–Ocurrió un fenómeno similar al de otras ciudades: hubo muchos piquetes a fines de los 90 y principios del 2000, pero después esa lucha fue comprada, cooptada, fragmentada por el gobierno. Hoy hay una desorganización tal que es muy difícil recuperar la fuerza colectiva que teníamos. Pero hay que seguir intentando la organización de los trabajadores, siempre considerando que no se hace desde un barrio o una ciudad sino desde un proyecto de país.

EMPRENDIMIENTOS MTL. En barrio El Pozo, un programa integral de nutrición infantil procura la recuperación de 150 niños desnutridos, monitoreado por Salud Pública y puesto en marcha con al aporte solidario de organizaciones de derechos humanos y de ayuntamientos de Europa.

Una de las referencias de autogestión, emblemática para el movimiento, es la Cooperativa Emetele, con 400 trabajadores y 1.000 viviendas en ejecución en Buenos Aires. Los trabajadores perciben asignación familiar, aguinaldo, vacaciones, ART y obra social. Y la cooperativa se presenta a licitaciones para construir otras obras.

Comenzó en 2004, con la construcción de un complejo habitacional –por trabajadores del propio movimiento– en tiempo record (30 meses) y a un costo 25% menor al del mercado. El barrio Monteagudo tiene 326 departamentos, Jardín Maternal, diez locales comerciales, un salón de usos múltiples, una radio, nueve patios internos y una plaza.

POTENCIAR PYMES: EL CASO ITALIA. El lunes el gobierno de la provincia firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Observatorio Pyme y la Universidad de Bolonia (Italia) para crear el “Observatorio Pyme Regional de la Provincia de Santa Fe”.

De paso por la ciudad, Vicente Donato, vicedirector de la Universidad de Bolonia (representación Buenos Aires), habló con Pausa acerca de la experiencia italiana en el desarrollo de las pymes durante la posguerra y sobre la posibilidad de implementar un proyecto similar en nuestra provincia.

–¿En qué consisten estos convenios para poner en marcha el Observatorio Pyme?

–Es una metodología de institucionalización de observatorios que la Universidad de Bolonia impulsa en toda la Argentina, junto a la Unión Industrial. La idea es ponerlos en marcha en todas las provincias. Esto permitirá saber qué tan dinámicos son los sectores y las empresas en relación a otros del país y de Europa. Aquí, el gobierno le dio un gran impulso a este convenio entre universidades y empresarios a través del financiamiento total del inicio del proyecto para garantizar su rápido funcionamiento. Luego ingresarán progresivamente los privados, que deberán sustentarlo en el tiempo.

A pesar de las distancias que separan la provincia de Europa, la experiencia de los últimos 50 años, y en particular el caso Italia, permite entender la referencia y el alcance del intercambio.
Las pymes representan más del 95% de las empresas de la comunidad europea. Concentran más de las dos terceras partes del empleo total: el 60% en el sector industrial y más del 75% en el sector servicios. El nivel de eficiencia de las pymes italianas es reconocido en el mundo; no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En la Argentina las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).

Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, es tomada como referencia casi en toda Europa. Esa comuna, que ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de toda Italia (68%; la media nacional es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). Además, el 90% de sus 415.000 unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada 10 habitantes.

Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa, según sostienen, en los principios de solidaridad y de reciprocidad. La provincia de Bolonia se considera el nodo de comunicaciones más importante de Italia por su sistema ferroviario y su logística de vanguardia, que conecta la zona con el sistema portuario de Ravena, hacia el este: el principal puerto de la región hacia el Adriático.

–¿Qué comparación puede hacer entre Italia y Santa Fe?

–Lamentablemente, las pymes en este país funcionan aisladas. Hay un tejido institucional más débil que el italiano, hay poco apalancamiento bancario, no hay acceso al crédito. En Italia hay políticas públicas de incentivo y de promoción de comercio exterior. Ambas han tenido continuidad desde la posguerra hasta ahora. La diferencia fundamental entre una pyme Italiana y una argentina es que esta última funciona, lamentablemente, de modo muy aislado. La otra está inserta en un tejido institucional muy fuerte que la protege, la hace crecer y le permite desarrollarse más armónicamente. El pequeño y mediano empresario argentino es una especie de súper héroe solitario.

–¿Podrá Argentina hacer viable eso?

–Europa es un continente antiguo, con una historia muy particular y una trayectoria de políticas públicas muy consolidada. La Argentina es un país joven, de manera que el objetivo es aprender lo que se pueda aprender, aunque no todo se puede transferir.

A MINIMIZAR LA CRISIS. Ante las amenazas de despidos, la suspensión de trabajadores y el adelanto de vacaciones, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, diseñó una estrategia para presionar a las empresas. En parte, se tradujo en el recordatorio de que está vigente el procedimiento preventivo de crisis, que implica que ante cualquier despido la compañía deberá entregar a la cartera sus últimos tres balances. De no hacerlo, corre automáticamente la conciliación obligatoria.

Tomada evitó hablar en la semana de despidos masivos pero, al igual que otros funcionarios, describió al sector privado como en un “estado de psicosis”: muchas empresas aprovechan la crisis internacional para despedir y suspender personal sin justificación.

En sintonía, la provincia desplegó una serie de medidas, encuentros y convocatorias a diferentes sectores para frenar el impacto de la crisis, que afecta sobre todo a las automotrices, la metalurgia, los frigoríficos y las curtiembres, entre otros.

En este contexto, ayer se reunió, en una sesión extraordinaria, la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente: analizaron los posibles efectos laborales en la coyuntura actual y evaluaron, en conjunto con representantes sindicales y empresariales, la definición de medidas activas.

Los conflictos laborales más notorios, hasta ahora, son los 1.500 empleados suspendidos en frigoríficos de todo el país, la suspensión de actividades que comenzará a realizar la firma Fate a partir de hoy –donde hay 1.400 trabajadores involucrados–, los más de 1.000 trabajadores de la industria automotriz a los que no les renovarán sus contratos y los 370 operarios suspendidos por la empresa textil Enod, de La Rioja.

LA POSTURA DE LAS CENTRALES OBRERAS. La CGT de Hugo Moyano reclamó fervientemente la implementación de una doble o triple indemnización para despidos injustificados. El proyecto estaría listo para ser ingresado en el Congreso Nacional, aunque desde la CGT aclararon que, tras el distanciamiento del gobierno nacional respecto de la iniciativa, ahora “se apuesta a un acuerdo” con los empresarios y legisladores del oficialismo. Por su parte, la CTA fijó su posición a través de su secretario general, Hugo Yasky, quien en la semana pidió la prohibición de los despidos por seis meses y la profundización del procedimiento preventivo de crisis, que ya se aplicó en los casos de Easy, General Motors y Mercedes Benz. También exigió la convocatoria a un Consejo Federal que incluya a trabajadores, empresas y gobernadores. Además, la central anunció una marcha nacional para el próximo 12 de diciembre. Hugo Yasky criticó a las empresas que “acumularon ganancias durante cinco años, se la llevaron con pala y ahora despiden por si acaso, por si las moscas”.

Publicado en Pausa #28, 21 de noviembre de 2008.
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Los usuarios se suben al debate

2008-11-14T07:31:00.000-08:00

Todos los santafesinos podrán participar de la audiencia pública por el transporte, que será el 26 de noviembre. Los concejales evalúan como positiva la posibilidad de discutir con los pasajeros el funcionamiento de los colectivos. Los vecinalistas ya estudian los nuevos pliegos. Mientras tanto, terminan de afinarse los detalles para la exposición y el posterior cruce de posiciones: un hecho inédito en la ciudad.

Por Sergio Ferreyra

Hay tiempo hasta el 21 de noviembre. Pasado ese día, quienes asistan a la Audiencia Pública por el transporte urbano se dividirán entre los que puedan opinar y preguntar y los que sólo puedan preguntar o ser veedores. Para tener una u otra posibilidad la clave es inscribirse en la lista de personas que quieren participar activamente del acontecimiento. El lugar para este trámite es el Centro de Atención Ciudadana del Concejo Municipal. Allí, en la primera semana de recepción de oradores se enlistaron seis nombres y se estima que esa cantidad crecerá.

Cinco días después del cierre de esa nómina, el miércoles 26 a las 9:30, en el recinto del Concejo se desarrollará esta nueva forma de participación ciudadana en la que los vecinos dirán lo suyo acerca de los colectivos. Lo que vienen manifestando como constante por todos los medios es su disconformidad con el sistema. Se trata de una escena que es parte de un todo: son las nuevas formas de participación ciudadana, como las consultas populares, el presupuesto participativo o el Plan Estratégico Provincial, elaborado luego de un año de asambleas ciudadanas, que el 11 de diciembre presentará el gobernador Hermes Binner.

PERCEPCIONES. “Imagino que va a ser una audiencia con mucha convocatoria, donde muchas entidades de la sociedad van a tener muchas cosas que manifestar”, auguró el Concejal Carlos Suárez del Frente Progresista, Cívico y Social. Por su parte, María Lastra del bloque Frente para la Victoria, sostuvo: “El problema del transporte es un tema que involucra a toda la gente, es importante que se pueda discutir con los usuarios”.

Mónica Ledesma, titular de la Federación de Vecinales, dijo: “Creemos que la licitación del transporte es urgente”. La dirigente anunció que los concejales Carlos Pereira y Jorge Kiener mantuvieron contactos con los vecinalistas de toda la ciudad y se comprometieron a acercarles las copias de los planos con los recorridos de las líneas de colectivos, contenidos en los nuevos pliegos girados hace algunos días por el intendente al concejo. El fin es que puedan observarse en los diferentes sectores de la ciudad y que, con eso, posean herramientas para proponer modificaciones que sean necesarias.

La posibilidad de que los santafesinos debatan con sus representantes los alcances del nuevo sistema de transporte se da luego de la resolución aprobada por el cuerpo deliberante de la ciudad el pasado 30 de octubre. La norma fue presentada por los ediles del Justicialismo y de Santa Fe es el Centro. Como la ordenanza N° 10.825, que enmarca el funcionamiento de la audiencia pública, estipula los tiempos de la convocatoria, en esta ocasión, excepcionalmente, se introdujo un artículo por el cual se permitió reducir ese lapso.

HACEN POSIBLE ESTA PROPUESTA... En esta inédita ocasión podrán participar representantes de las vecinales; de organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios; de los colegios empresariales, comerciales e industriales; profesionales con incumbencia en la materia; la UNL, la Universidad Católica, la UTN; científicos, técnicos, especialistas, docentes e investigadores que acrediten conocimientos en la materia; escuelas; centros de estudiantes; cooperadoras escolares; sindicatos; centros comunitarios y de jubilados y todos los ciudadanos que quieran aportar lo suyo. Según lo establece el artículo 6 de la Ordenanza 10.825, deberán participar también de la Audiencia Pública los Secretarios y Subsecretarios del Ejecutivo Municipal, cuyas áreas sean competentes en razón del objeto de la convocatoria. A su vez, la Presidencia del Concejo Municipal deberá cursar invitaciones a participar de la audiencia a los funcionarios y responsables provinciales vinculados a la problemática en cuestión, considerando especialmente al Secretario de Servicios Públicos de la Provincia y al Director Provincial de Vivienda y Urbanismo, responsable de la ubicación de los planes de viviendas.

“Esperamos que haya una afluencia de público importante. Me imagino un día festivo porque me parece que, si bien es un mecanismo que existe ya hace un tiempo, no fue recurrentemente utilizado, por lo menos en la cantidad que hubiésemos querido. Esperemos que la gente participe y exprese sus inquietudes. Puede ser que nos esté faltando la costumbre de participar, es un viejo reclamo de toda la sociedad. Pero, cuando llegan las ocasiones, no se tienen los resultados esperados. Creemos que esta audiencia no va a ser el caso, va a ser la excepción. Si no se da y la participación no es la esperada, hay que atribuírselo al ejercicio de los mecanismos de participación”, observa Suárez.

Lastra espera mucha concurrencia. Contó que para fomentarla le están enseñando a los interesados los nuevos pliegos remitidos desde el Ejecutivo, con los recorridos propuestos. La concejala proyectó para ese día “mucho interés desde las instituciones” y percibió “mucha fuerza de trabajo y estudio serio de la cuestión”. Y concluyó: “estamos discutiendo la regularización definitiva, es importante que tengamos en cuenta lo que la gente piensa”.

MINI RECORRIDA. En la vecinal Guadalupe Oeste, de la cual Mónica Ledesma es la titular, uno de los planteos que se viene estudiando es el paso de una línea de colectivo por calle French, que cruce la ciudad de este a oeste.

Verónica Blasone, de Yapeyú, no escatimó palabras de protesta y puso de manifiesto la aventura de tomar un ómnibus allí. “La única línea que pasa es la 15, la 5 no llega, y el funcionamiento es regular, más malo que bueno, tiene una frecuencia de 15 o 20 minutos. Es el único que llega a la zona, a partir de la medianoche anda un solo colectivo y cada dos horas”. La dirigente vecinal también pinta otra realidad: “acá circulan mucho los remises truchos, porque el colectivo no anda y los legales no entran a muchas partes del barrio”.

Eugenio Acosta (Barranquitas Oeste) expone: “Aquí, principalmente, circula la línea 9. Realmente es un desastre, a tal punto que días atrás estuvo a punto de retirarse la línea del servicio por problemas económicos financieros. El funcionamiento es malísimo en cuanto al estado de los vehículos y a la frecuencia, que no se respeta. Es todo un problema para la gente; el colectivo debería pasar a una hora determinada y a veces pasa media hora de más y no llega, la situación es muy precaria”.

PARADAS LEJANAS. La sesión barrial fue un termómetro, parcial, pero parámetro al fin, del pensamiento que expresan los santafesinos sobre el servicio de colectivos. Allí quedó claramente dicha la necesidad de los vecinos de los barrios Mayoraz, María Selva, Alberdi y Los Hornos de volver a contar con la línea 6 y 7 en esos lugares. Las mociones fueron contundentes a la hora de presentarse: que en los nuevos pliegos se tenga en cuenta el funcionamiento de estos ramales. Lo mismo ocurre en otros barrios nuevos de la ciudad, en donde hoy los vecinos deben caminar muchas cuadras para tomar un colectivo y adquirir la categoría de pasajeros.

“Ojalá el mecanismo se dé como en las comisiones de la sesión barrial, donde el debate fue con mucho respeto aun cuando no siempre se haya dado la razón a los vecinos, más allá de que los reclamos eran justos. Indudablemente, los concejales debemos ponernos equidistantes entre todos los intereses, incluso los que hay entre los propios vecinos”, concluyó Carlos Suárez.

LA DISCUSIÓN EN JUEGO. En la audiencia del miércoles 26 se debatirán muchos aspectos ligados al funcionamiento del transporte público en la ciudad. Ellos son:
- Licitación pública
- Vigencia de la concesión
- Grupos de líneas
- Unidades (modelo, antigüedad, capacidad, identificación)
- Unidades adecuadas para personas con movilidad restringida
- Flota de reserva
- Recorridos
- Frecuencias
- Horarios (pico, diurno, nocturno)
- Transbordos
- Tarifas (básica, combinada, franquiciada)
- Facultades de control del Ejecutivo Municipal

Publicado en Pausa #27, 14 de noviembre de 2008.
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Parias de ciudad

2008-11-07T07:06:00.000-08:00

Un difuso proyecto turístico-inmobiliario puso de relieve una característica notoria de la ciudad: la división social; en playa norte, de un lado de calle Riobamba, los vecinos temen perder sus casas; enfrente se levantan mansiones. Viven en la villa y subsisten cirujeando en Guadalupe. Pero los quieren desalojar para ampliar la Costanera hacia el norte. La ONG Manzanas Solidarias salió a defenderlos; en nombre de la seguridad, la Vecinal Guadalupe Noreste pide que se ejecute el proyecto.

Por Ezequiel Nieva

Una línea de cal que borró la lluvia de octubre como signo de una realidad que, lejos de ser invisible, cada vez es más difícil de ocultar: la división social. Calle Riobamba, en el noreste de la ciudad –el barrio conocido como Playa Norte–, es una marca. A uno y otro lado del pavimento dos mundos casi opuestos conviven, aunque con muy distintos porvenires a la vista: una villa que subsiste de la basura de barrio Guadalupe y un conjunto nuevo de casonas, al norte del camping de Luz y Fuerza, cuya característica más saliente es la privilegiada vista a la laguna.

Las casas nuevas tienen –aunque no formalmente– playa propia: una suerte de extensión del relleno de arena que se hizo como parte de los trabajos de la proyectada Playa Grande y que abarca un trecho que, trasladado a nivel calle, comienza en French (8300), pasa por Luz y Fuerza y termina a la altura del 8700. Son cuatro cuadras de arena en donde los fines de semana, al sol de la tarde y a un lado de la ancha laguna, algunos jóvenes de Guadalupe juegan carreras en sus cuatriciclos.

Calle French, en esa zona del este, es el –también formal, ya que no en los hechos– fin de la ciudad. De ahí hacia el norte, las viviendas que se levantan no figuran en el mapa oficial y la propiedad de las tierras está en una nebulosa legal. La reconstrucción histórica podría llevar largos párrafos; se puede abreviar señalando que fueron de la familia Funes y que, al morir Funes padre, quedaron en manos de sus cuatro hijos; la deuda acumulada en décadas de impuestos impagos hizo que pasaran al ejido de la Municipalidad. Entre tanto, en una vasta zona de esos terrenos –no sobre la costa, donde ahora están las casonas que fueron levantadas a una altura prudente, sino más hacia el oeste– familias provenientes de otros sectores de la ciudad comenzaron a asentarse.

En las últimas tres décadas conformaron casi un barrio. Unas 300 casas si se tienen en cuenta los ranchos más alejados, que de momento no corren el mismo riesgo de ser erradicados que los vecinos ubicados sobre calle Riobamba: 120 familias –unas 450 personas– según un censo de hace dos años hecho por los propios vecinos. La zona quedó demarcada a mediados del mes pasado por una gruesa línea de cal, como de cancha de fútbol, que señalaba de qué lado se irían a erradicar –en una primera etapa– las viviendas. Al este de la cal, 17 casas (la cuadra completa de Riobamba al 8600) habían quedado sentenciadas.

En la movida, una casa en construcción fue tumbada “sin previo aviso y con una impresionante custodia policial”, según advirtieron en ese momento desde la ONG Manzanas Solidarias. La embestida disparó la reacción de los vecinos y la topadora no volvió a aparecer por el barrio. Recién entonces un funcionario de la Municipalidad se acercó a dar explicaciones: se trata de un proyecto, archivado años anteriores, que ahora cobra nuevo impulso dentro del Plan Urbano de la ciudad: el ensanche de Riobamba y su posterior continuación hacia el sur para empalmar con la Costanera y así extender el tradicional paseo santafesino un kilómetro más hacia el norte. Hasta Playa Norte. (Como inmediatos beneficiarios de la iniciativa aparecen los inversores que proyectan convertir la zona en un centro turístico –una suerte de country con muelles y embarcaderos para yates–, tema que excede largamente el objetivo y el espacio de este informe).

La reunión del miércoles 15 de octubre, que se desarrolló en la sede de Manzanas Solidarias (también sobre Riobamba, aunque al sur de French: la calle que opera de límite de la primera etapa del ensanche), no conformó a los vecinos de la parte pobre de Playa Norte. Ellos querían que los representantes de la Municipalidad explicaran el significado de la línea de cal y los motivos de la demolición de la casa en construcción, temerosos de que sus propias casas –precarias todas ella, las de chapa, las de barro y aún las de material– corrieran la misma suerte.

Jorge Rico, coordinador del Distrito Este, replicó que la traza señalada responde a un proyecto de ensanchar calle Riobamba 32 metros hacia el oeste para mejorar el acceso a la playa –desde la Vecinal de Guadalupe Noreste, que apoya el proyecto municipal y alienta los futuros emprendimientos privados, aportaron un detalle: la traza sería sinuosa y no recta, siguiendo de algún modo la línea de la Costanera. Eso permitiría, les dijo Rico a los vecinos, potenciar “el aspecto turístico” de la zona. “Un proyecto que no es compatible con la existencia del barrio pobre”, calificaron desde Manzanas Solidarias.

En cambio, el representante municipal no dio respuestas sobre el otro motivo de la reunión: la demolición de la casa en construcción. “Se mostró sorprendido; dijo desconocer de dónde había provenido la orden”, dijeron desde la ONG. Las familias que estaban presentes le recordaron que ellos viven en el lugar hace más de 25 años –un plazo que, según cómo se interprete la ley vigente, les permitiría poder acceder a la propiedad de las tierras–, que llegaron ahí corridos por la miseria, que el trabajo de cirujeo que realiza la mayoría es lo único que pueden hacer para sobrevivir, que fueron levantando sus viviendas con mucho sacrificio y que si su condición de pobres no es compatible con un lugar turístico al menos merecen un lugar digno para vivir.

También le recordaron a Rico “las promesas” del secretario de Desarrollo Social, Alejandro Boscarol, del coordinador de distrito, Darío Gatarelli, y de otros funcionarios, efectuadas en una reunión anterior: que “ningún vecino de Playa Norte sería movido hasta que exista una alternativa de vivienda digna, definitiva y dentro del radio de Guadalupe”. El funcionario se comprometió entonces a permitir que el vecino damnificado reconstruya su vivienda con ayuda oficial (para los materiales), a investigar el origen de la orden de demolición y a mantener una mejor comunicación con los vecinos. Pero faltó al segundo encuentro previsto con los vecinos –el 28 de octubre último– anunciando que pasarían casa por casa a aclarar las dudas que pudiesen existir. Que no son pocas.

NADIE SABE DÓNDE. En el lado pobre de Playa Norte opinan que, en el mejor de los casos, si sus terrenos han de convertirse en la continuación de la Costanera, los de enfrente deberían ser solo playa y no casas con playa privada. Dicen que de haber prosperado el faraónico proyecto de Playa Grande –una extensión de 4,2 kilómetros de arena que iba a extraerse de los yacimientos cercanos a la orilla, idea de la gestión Balbarrey demorada porque, entre otros puntos, no se previó cómo contener la arena ni su limpieza– todos, de ambos lados de Riobamba, deberían ser erradicados. “No solamente los negros de este lado”, como graficó un vecino.

Al oeste de Riobamba, zona históricamente inundable por ser muy baja –como la cava que rodea la villa–, los terrenos se fueron rellenando en una tarea que insumió varios lustros. “Gracias a nuestro esfuerzo”, relató una vecina, “se rellenaron con arena, con tierra, con basura. Fue un esfuerzo nuestro, no de la Municipalidad”.

De esa tierra que consideran propia, asegura, los quieren erradicar. Hay distintas versiones acerca del lugar adonde los llevarían: detrás del Regimiento GADA, cerca del Mercado de Abasto, barrio La Loma (la nueva ubicación del relleno sanitario), detrás de la Granja La Esmeralda y hasta en la cava que hay detrás de la villa, para lo cual otra vez deberían volver a rellenar la tierra. Otras versiones circulan en el barrio: por ejemplo, que la Municipalidad va a proveer a los vecinos de los materiales para que construyan sus nuevas casas. “Pero ¿dónde?”, se preguntan. “¿Para qué viene la gente de la Municipalidad a hacernos la cabeza diciéndonos que nos van a ayudar con los materiales si después pasan tres, cuatro, cinco años y es siempre la misma historia?”.

UNA LARGA HISTORIA. El 16 de junio de 2005, a poco más de un mes de las primeras elecciones internas obligatorias tras la caída de la Ley de Lemas –previas a la renovación que se dio a fines de ese año con el triunfo de la lista de Jorge Henn, entonces oposición, sobre el oficialista Rubén Meahuod, luego presidente del cuerpo y ahora opositor–, el Concejo sancionó la ordenanza Nº 11.197, que establece continuar la avenida Almirante Brown (vulgo: Costanera) por calle Italia primero y Riobamba después y “la conformación de un parque lineal paralelo en un ancho total de 60 metros”. De esos 60 metros, 32 están en juego. Y ahí, en la cuadra del 8600, 17 casas permanecen sostenidas por la incertidumbre.

La ordenanza aún no fue cumplida. A fines de 2006, un año y medio después de la sanción, dos representantes de la Vecinal de Guadalupe Noreste hicieron una encendida defensa del proyecto. “Nos daría más seguridad si a esa gente se la reubica”, dijeron en una entrevista publicada en El Litoral el 29 de octubre de 2006.

Molestos porque las obras no habían sido contempladas en el presupuesto de ese año, Eduardo Man y Oscar Roa –presidente y tesorero de la Vecinal, respectivamente– hablaron de la importancia que sufrían por no poder corregir “la discontinuidad que presenta la avenida Costanera, que comienza en el Puente Colgante y finaliza en el monumento al general Artigas”, deseosos de que ese final abrupto y en rotonda pudiera extenderse hacia el norte y así “jerarquizar” la zona.

“Una ordenanza es un documento público que obra como mandato para los funcionarios”, le dijeron a las autoridades municipales de entonces. “La ciudad contaría con una infraestructura costera que trascendería los límites de la misma, convirtiéndola en un polo de atracción turística con las consecuentes ventajas económicas inherentes a ello”. El presidente de la Vecinal explicó que acompañan la iniciativa porque “le va a dar un empuje muy grande a toda la zona de Guadalupe y revalorizaría un área que hoy no es explotada en toda su potencialidad”.

El tesorero agregó que, más allá de calle Javier de la Rosa, la ciudad se encuentra “postergada”. “Es una de las zonas más lindas de la Capital, motivo por el cual exigimos al gobernador y al intendente que esta ordenanza sea cumplida. Estamos postergados; hace poco tiempo logramos tener una iluminación que, aunque buena, es precaria; no tenemos asfalto, no nos cortan los yuyos y hay basurales”, ilustró. Ni Obeid ni Balbarrey, huelga recordarlo, atendieron la exigencia, que hubiera derivado en la erradicación de media villa: incluidos los basurales de los que habló Roa y que constituyen el único modo de subsistencia de buena parte de sus vecinos del oeste.

En esa entrevista, los dos representantes de la Vecinal de Guadalupe Noreste hicieron hincapié en el hecho de que, de concretarse el proyecto, “se erradicaría el asentamiento de esa villa que se encuentra frente a Luz y Fuerza”. “Con ello se lograría hacer realidad un reclamo de mucho tiempo atrás. Nos daría más seguridad si a esa gente se la reubica”, dijeron. Según Man y Roa, Balbarrey estaba en sintonía con la iniciativa, aunque se excusaba en la falta de recursos. “La intención política es que se haga”, reconoció entonces el presidente de la Vecinal, que también acudió, por carta, al senador nacional Carlos Reutemann –un vecino ilustre de la zona, aunque en esa época ya estaba radicado en Buenos Aires y con pocas perspectivas de poder vivir de nuevo en Guadalupe.

Ante Reutemann, Obeid y Balbarrey pidieron los vecinalistas, pero los fondos para la obra nunca aparecieron. Ahora, a casi un año del recambio de autoridades, el proyecto parece tomar nuevo impulso. Y, por tanto, genera también resistencias y rechazos.

¿PARA QUÉ? La primera reacción ante el avance de la Vecinal provino de Manzanas Solidarias, una ONG que surgió con la crisis de 2001 y cuya política de trabajo social pasa por favorecer la autogestión y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. “La crisis llevó a muchas familias a sufrir una de las consecuencias máximas de la pobreza y la exclusión: comer de la basura. Sabíamos que desde hacía tiempo, mucha gente en nuestro país comía de lo que se tiraba. Cuando vimos en las calles de nuestro barrio a madres jovencitas, vecinas de las zonas más pobres que circundan a Guadalupe, alimentando a sus hijos de lo que rescataban de las bolsas, podíamos mirar para otro lado o podíamos hacer algo. Y decidimos tratar de hacer algo”, narran los responsables de la asociación.

Desde el principio, la ONG se organizó –con voluntarios que se hacían cargo de una manzana– para recabar las necesidades inmediatas de todos los vecinos. De esa forma, elaboraron un completo sistema de datos que hicieron circular entre la gente, a la vez que explicaban su propuesta. La idea era coordinar tareas para almacenar todo aquello que unos vecinos pudiesen necesitar y otros aportar: comida, ropa, calzado... “Esto generó entre la familia necesitada y la de clase media una relación especial, de afectos y aprendizajes: una que sintió no estar sola en medio del dolor y otra que aprendió cómo se vive en la pobreza y las actitudes heroicas de quienes sobreviven con dignidad a pesar de las injusticias con las que ya nacieron”, agregan. Llegaron a contar más de 60 manzanas organizadas con este sistema y hoy la ONG ocupa una casa en la que se dictan talleres recreativos y se brinda apoyo escolar a los chicos del barrio.

Alarmados ante el regocijo de la Vecinal de ver cumplido el viejo anhelo de “erradicar la villa”, la gente de Manzanas Solidarias buscó el apoyo de los concejales de la oposición –mantuvieron reuniones con Henn y con Marta Fassino– y luego dirigieron una nota al entonces titular del cuerpo deliberativo: Rubén Mehauod. “No sabemos si algún concejal se ha preocupado por ver qué significaba el ensanche de Riobamaba: la erradicación de familias pobres, muchísimas que viven en Playa Norte. Nadie habló de propuestas de viviendas dignas para ellos. En la ordenanza ni siquiera se hace una mínima alusión a su existencia... ¿Nadie los vio?”, se preguntaban.

“Y en un plano técnico, no se entiende de qué sirve el alargue. No lleva a ninguna parte; se topa con un bañado que está muchos metros por debajo del nivel de la calle. Para continuar hacia el norte se debería invertir muchísimo dinero, ¿y para qué? Si la comunicación con las localidades del norte está garantizada a pocas cuadras, por la avenida General Paz. Para nosotros es evidente la intención de sacar a los pobres de esa zona, después de haberla demonizado, de haber logrado que se bajen los precios, de que las inmobiliarias y las empresas hagan sus negociados”.

La carta de Manzanas Solidarias es de la época en que se estaban construyendo las casas frente a la villa. “Si no tuvieran garantías de que esa gente fea se va a ir, no invertirían”, remarcaron. “Lo que estamos pidiendo a los concejales es que, ya que nadie se opuso a la ordenanza, prevean propuestas dignas para todas estas familias: viviendas, trabajo, ya que en su mayoría viven de lo que tiran los vecinos de Guadalupe. Hace un tiempo que conocemos la existencia de esta ordenanza, pero el hecho de que la Vecinal Noreste esté presionando en los medios de comunicación para que se ejecute nos hace poner en movimiento para que no se comentan más injusticias”.

SIN PLAN B. Poco después, el 21 de diciembre de 2006, el Concejo se hizo eco del pedido de Manzanas Solidarias. Un pedido de informes sancionado en la sesión de ese día exigía que el Ejecutivo municipal revelara en qué estado se encontraban las obras previstas por la ordenanza Nº 11.197, si se estaban evaluando “los estudios realizados por instituciones intermedias de barrio Guadalupe” y si se tenía previsto algún plan tendiente a “la reubicación de las familias que se encuentran viviendo del lado oeste de calle Riobamba, a la altura del 8500 al norte”.

Como ocurrió a lo largo de toda su gestión, el intendente Martín Balbarrey no hizo ni lo uno ni lo otro: ni contestó el pedido de informes, ni evaluó las alternativas posibles... sencillamente porque la obra seguía parada.

Y en ese estado de inercia siguieron las cosas –las casonas multiplicándose de un lado de Riobamba, los minibasurales del otro– hasta que una línea de cal y una topadora sacudieron de la modorra a los vecinos de Playa Norte.

HABLAN LOS VECINOS. “Antes no teníamos problemas, hasta hace tres años, cuando compraron los terrenos de Riobamba al 8600. Los que compraron dicen que la gente de enfrente somos negros de mierda, por eso nos quieren sacar a nosotros. Acá la gente vive en chapas, en barro, y recién ahora la Municipalidad vino a prometer que vamos a tener una casa de material. Pero eso no existe”, dijo Horacio, un ayudante de albañil de 36 años –de los cuales los últimos 32 años los pasó en el barrio.

Lidia –40 años, 36 en Playa Norte– agregó: “Nosotros estamos cómodos acá. Hace más de 30 años que estamos viviendo. Y tantas veces se habló de que nos iban a sacar. Nosotros fuimos a reuniones en la Municipalidad, a mitad del año pasado, y nos iban a dar una parte de los terrenos como propiedad nuestra, pero después no sé qué negocio hicieron y ahora es otro planteo. Vinieron, marcaron una línea y dijeron: de acá para adelante, la gente tiene que salir”.

–¿Qué explicación les dieron?

–Que están haciendo el reordenamiento de la Costanera, la vista panorámica... pero quieren tapar la villa.

–Nos tienen amenazados de que nos van a pasar la topadora con chicos y todo –completó Horacio.

–Hay un proyecto –retomó Lidia– de que unos inversores van a hacer la calle y con la plata que ellos van a poner (la Municipalidad) nos va a comprar los terrenos de El Gada para hacernos la casa, porque no tienen fondos. Pero yo pregunto: si la Municipalidad no tiene fondos, ¿de qué proyecto están hablando?

–De un proyecto privado...

–Sí, pero viste como está la Bolsa y todo lo demás. ¿Y si se va al carajo? Está todo en un pantano...

Verónica tiene 28 años y es “nueva” en la zona: hace apenas siete años que llegó. “Me cayó bastante mal esta novedad, porque me afecta: la línea de cal cruza mi casa. Yo había comprado una pieza con un baño, después seguí edificando y ahora resulta que me van a sacar la mitad de la casa. Y no sé para dónde arrancar, porque nadie nos da una solución y mientras tanto la avenida Costanera sigue”, relató.

La casa de Verónica, hoy, tiene dos habitaciones, un baño, un patio y los cimientos para una tercera habitación. La línea de cal pasa por encima de los cimientos y de una de las habitaciones. “Me quedaría una pieza y un baño, nuevamente: como cuando compré. Y si quieren hacer la vereda, me quedo sin nada: sin casa, ni patio, ni nada. Nos quedamos totalmente desorientados con esto de la línea (de cal). No sabemos qué hacer; yo tengo dos criaturas y no sé si voy a poder seguir edificando. Todo el esfuerzo que hice para comprar mi casa hoy no sirve de nada”.

Verónica fue una de las que participó de la reunión con los funcionarios municipales. “Dicen que tienen planeado darnos una casa, pero hay gente que no va a poder pagarla. Porque a la casa hay que pagarla mensualmente. Acá por lo menos la gente tiene dónde salir a cirujear; es un sustento. Hay muchísima gente que no trabaja. Y la mayoría son chicos”.

–Ustedes dicen que hay otras prioridades antes que agrandar la Costanera...

–Exactamente. Hay muchos chicos que se están muriendo de hambre. Hay muchos comedores para abrir, muchas escuelas para limpiar: muchas cosas para hacer antes que la Costanera. Gente viviendo en las plazas, chicos enfermos en el hospital que no tienen lo que necesitan; no hay medicamentos en los dispensarios, no hay leche, ¿y se van a preocupar por una avenida Costanera? Que se preocupen por otras cosas.

UNA COPA QUE NO SE DERRAMA NUNCA. “Lo importante es la ideología que subyace, opinó Liliana Berraz, presidenta de la ONG Manzanas Solidarias. “La falta de solidaridad, los derechos vulnerados, la xenofobia detrás del chivo expiatorio de la seguridad”, enumeró. Para la dirigente social, que además es docente en una de las escuelas cercanas a Playa Norte, el conflicto por los terrenos es una repetición de una teoría en boga en los 90: la de la copa que, cuando se derrama, beneficia a todos. “Traducido”, continuó, “significa que cuando Playa Norte se transforme en un country los pobres van a tener trabajo de pintores de yates o carpinteros”. En particular, Berraz se manifestó defraudada por las autoridades municipales: “Es demasiado contradictorio su discurso de cuando eran candidatos (hablaban de inclusión) con este tipo de proyectos”.

Publicado en Pausa #26, 7 de noviembre de 2008.

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