Huracán y su buen fútbol, Fuertes, el caos de Unión, Del Potro, Colón en la copa, la ilusión tatengue y mucho más. El Bichi llegó a los 100 y Colón vuelve a jugar la Libertadores, aunque con “repechaje”. Diego lo hizo: con sufrimiento, la Selección está en el Mundial. Del Potro también lo hizo. Y en Unión, Alí logró el milagro y su gente sueña con ascender. Algunas postales de 2009.
Por Gastón Chansard
Cuando se decidió hacer un resumen del año pensé en muchas cosas y en nada a la vez. Una de las primeras imágenes que se me vinieron a la cabeza era la cara de Diego descargándose con los periodistas en Montevideo, pero también aparecieron flashes en mi memoria de aquella cancha de Unión vacía contra All Boys, cuando la decadencia rojiblanca se manifestaba sin escrúpulos en una de las tardes más tristes en la historia tatengue. Y entre tantas escenas que recorrían mi memoria no podía faltar un hombre que este año se convirtió en leyenda: Esteban Fuertes. O Del Potro ganando en el US Open, Estudiantes y su mística copera de la mano del gran Verón, Messi y sus maravillas europeas y penurias sudamericanas, el “Chino” Maidana y su piña de campeón del mundo, el Dakar levantando tierra en nuestras pampas y el llanto de River y Boca. Pero, como futbolero, había una foto que se repetía, una foto en la que predomina el blanco, el buen gusto y la estética al servicio del fútbol. La foto 2009 se llama Huracán.
El Globo fue guiado por un Ángel que llenó de belleza al deporte que tanto nos apasiona a los argentinos. El equipo de Cappa no se consagró campeón, ni siquiera entró a la Copa Libertadores, pero levantó el trofeo del buen fútbol y provocó, como hacía años que un cuadro no lo lograba, que casi todos los neutrales nos sentáramos delante de un televisor para disfrutar del hermoso “tiki-tiki”. Por eso hoy, a días de la sidra y el pan dulce, quien escribe levanta la copa por un equipo que nos emocionó, nos llenó la vista de belleza y hasta nos entristeció por semejante injusticia en aquella lluviosa tarde de Liniers. Sí, me acuerdo que Vélez salió campeón, pero dentro de diez años todos seguiremos recordando al equipo de Cappa y pocos podrán nombrar a cinco o seis jugadores de los dirigidos por Ricardo Gareca.
Banfield salió campeón en el segundo semestre. Y ya lo olvidé.
COLÓN. Los números casi siempre suelen ser los narradores de una realidad y el fútbol no es la excepción. Y si de número hablamos, el Sabalero muestra con gusto su balance, debido a que fue el año calendario con mayor cantidad de puntos logrados en torneos cortos: 68. Esa cifra histórica fue la que le permitió llegar a la Copa Libertadores de América, producto de un cuarto puesto en el Clausura 09 y un tercer lugar en el Apertura 09. Todo esto se resume en 20 victorias, 8 empates y 10 derrotas a lo largo del 2009.
El técnico, Antonio Mohamed, propuso metas y estas se cumplieron. En el primer semestre el Turco habló de superar los 50 puntos para no sufrir con el promedio, y el Negro alcanzó los 57; en la segunda etapa del año dijo que objetivo era la Libertadores y el 27 de enero próximo Colón estará recibiendo a la Universidad Católica de Chile.
Pero el 2009 también tuvo los 100 goles de Fuertes, la venta más importante de la historia rojinegra con la partida de Prediger al Porto, el debut de 10 jugadores de las inferiores en Primera, la inclusión de cuatro futbolistas sabaleros en la selección nacional, la presentación de los muchachos de Maradona en el Brigadier López, la confirmación del estadio sabalero como sede de la Copa América 2011 y para subrayar: la coherencia dirigencial para mantener el cuerpo técnico y la base de jugadores para lograr los objetivos planteados.
UNIÓN. La noche y el día, así de simple se puede resumir el año tatengue si se lo divide en semestres. Con la muerte del ex presidente Juan Vega llegaron todos los problemas, desde los económicos hasta los futbolísticos.
Las deudas a los empleados de planta permanente del club, las peleas de todos los dirigentes contra el vicepresidente Decoud, las huelgas de los futbolistas, la violencia entre miembros de la “barrabrava” y el pésimo nivel de juego del equipo que en su momento condujo Quiroz y después Catinot, hicieron de Unión un club a la deriva, plagado de conflictos y con escándalos de todo tipo.
El anticipado y forzado cambio de autoridades a mediados de 2009 trajo aires de renovación y tranquilidad para las convulsionadas aguas rojiblancas. De la mano de Spahn llegaron los primeros salvavidas económicos y luego Pumpido con Alí se encargaron de reorganizar el fútbol.
La ayuda de los dos ídolos fue tan eficiente que al término de la primera rueda Unión finalizó en el segundo puesto, que es lo mismo que decir ascenso directo. Una buena dosis de suerte en el comienzo, el buen rendimiento de los refuerzos y la gran producción de local (ganó 8 y empató 1) despertaron en los hinchas la enorme ilusión de volver a Primera.
LA SELECCIÓN. Aunque el objetivo de estar en el Mundial se cumplió, sabido es que el 2009 no fue el mejor año para la selección. Maradona nunca pudo encontrar el equipo, Diego cometió errores de inexperto y sus jugadores jamás estuvieron en un buen nivel. Todos esos condimentos nos llevaron a sufrir hasta el último partido de las Eliminatorias.
Ah, me olvidaba... también fue el año donde algunos desmemoriados se olvidaron de quién fue Diego Armando Maradona en la historia del fútbol y se encargaron de bajarlo a este mismo lodo, donde los mediocres creyeron tener sus días de gloria descuartizando al ídolo popular. Los mismos mediocres que tuvieron que secar las lágrimas de sus patrones por los millones que ellos perdían, los mismos que jamás hablaron de sus colegas, pero que ahora critican porque el fútbol es de todos y no de una empresa.
EL AÑO DEL POTRO. En una breve recorrida por los deportistas y acontecimientos más destacados del país y de nuestra zona, es inevitable que no aparezca el nombre de Juan Martín del Potro.
La “Torre de Tandil”, como fue bautizado por el periodismo deportivo, se convirtió en el deportista argentino más exitoso del 2009. Los triunfos y el gran nivel tenístico lo llevaron al tandilense a consolidarse entre los mejores del circuito ATP, pero el punto más alto lo alcanzó el día 14 de septiembre en New York, cuando venció en cinco sets a Federer y se coronó ganador del Abierto de los Estados Unidos.
Para cerrar un año inolvidable, Del Potro jugó el Torneo de Maestros en Londres y llegó hasta la final, donde perdió ante el ruso Davydenko.
UNA LINDA AVENTURA. Cuando comenzaba el año una buena parte del país se vio invadido por cuatriciclos, motos, autos y camiones que estaban dispuestos a atravesar pampas, montañas y desiertos. El mítico Rally Dakar llegaba a la República Argentina para cruzar algunas provincias de nuestro país, pero también para dejar su huella en el vecino Chile.
La visita del Dakar era todo un riesgo, ya que significaba sacarlo de su lugar tradicional para traerlo a unas landas que poco tienen que ver con aquel temido desierto del norte africano, pero la respuesta del público y la buena organización del evento hicieron posible que los encargados de manejar el rally apostaran en el 2010 otra vez a nuestras tierras.
TIERRA DE CAMPEONES. “Marcos “Chino” Maidana, en dramática pelea, se coronó campeón interino de los superligeros de la AMB, al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Víctor Ortiz, en una pelea pactada a 12 rounds disputada anoche en Los Angeles”. Con esas palabras el sitio web del gran monopolio argentino (Clarín) informaba de una nueva consagración de un boxeador santafesino.
El “Chino”, el sabalero, el oriundo de Margarita o simplemente el campeón, llegó a la gloria el 27 de junio y en el pasado mes de noviembre, en Sunchales, realizó con éxito su primera defensa del título.
Y en este pequeño reconocimiento al boxeo de nuestra provincia, que se hizo mundialmente famoso primero por Monzón, el “Zurdo” Vásquez después y ahora por Maidana, también es justo afirmar que en otra página de la historia pugilística estará Carlos Baldomir. El “Tata”, que también supo tener una corona mundial en su cintura, hace escasos días colgó los guantes ante su público, con una pelea que sirvió como excusa para cerrar una carrera de sacrificio y éxitos deportivos.
DESEOS. El 2010 llegará de la mano de las grandes esperanzas. Los sabaleros se ilusionarán con pasar el repechaje para hacer un buen papel en la Copa Libertadores, los tantegues se aferrarán a ese segundo puesto que hoy ostentan para volver a Primera División y todos, hasta los más anti-Maradona, desde el 11 de junio comenzarán a desear a esa mina hermosa que hace 24 años que no podemos besar: la Copa del Mundo.
sábado, 26 de diciembre de 2009
El clima para 2011: nubarrones
El mapa político tiene sus piezas trabadas en los principales distritos electorales del país.
La renovación del Congreso luego de la larga transición iniciada tras las elecciones del 28 de junio permite lecturas múltiples: por un lado, crecieron las fuerzas de derecha, que ganaron más bancas que las que ponían en juego, por otro, se atomizó la oposición, lo que devino en un fenómeno verificado el último semestre –el kirchnerismo tomando la iniciativa y marcando la agenda– o, por otro más, se renovó el debate por el modelo de país, con la participación los mismos interlocutores pero con una mayor distribución del poder real.
La derecha se impuso al mismo tiempo en los principales distritos electorales: provincia y ciudad de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, donde hubo desquite en septiembre. Córdoba aparece como la única provincia de peso en la que el kirchnerismo cayó ante una opción progresista y no ante una conservadora.
Los resultados pusieron otra vez al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann en la grilla de largada para las presidenciales de 2011. Muy pronto el Lole se cansó del protagonismo que los medios capitalinos le asignaron y anunció que su destino –al menos por los próximos seis años– está en el Congreso. La bravata –“que a la candidatura se la recontra metan en el medio del culo”– se supone iba dirigida a la presidencia, pero resonó más lejos: al interior de su partido hay dirigentes que hace rato vienen tocando bocina –Das Neves, Solá, el propio Duhalde, propuesto por Reutemann– y que buscan presentarse como una alternativa de centro ante el armado de los Kirchner. También hay otros dirigentes, de la derecha argenta, que quieren sumarse a la grilla con la bendición del Lole: De Narváez y Macri principalmente.
El senador, tras la contienda del 28 de junio, volvió a lo suyo. Parece formar parte de un recuerdo muy lejano esos primeros meses del año en los que hablaba largo y tendido con la prensa. Aunque el derrotado fue Rubén Giustiniani, no hubo analista político que no cediera a la tentación de afirmar que Reutemann se impuso ante el gobernador Hermes Binner. En la Casa Rosada entendieron que era la hora de apostar doble o nada. Después de las fotos de Cristina con Binner y con otros referentes progresistas como Martín Sabatella –en la llamada ronda de diálogo–, se sucedieron las jugadas: primero la Ley de Medios, luego el intento de una reforma financiera –que rápidamente fue a parar al freezer de las materias pendientes– y, hacia fin de año, la asignación universal por hijo dispuesta por decreto.
Mientras tanto, la provincia atravesaba su propio proceso electoral. En las generales del 27 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social se impuso en 14 de los 19 departamentos y repitió la buena performance de 2007, que no había podido traducir en el resultado final de junio –donde Reutemann superó a Giustiniani por un punto porcentual y unas pocas décimas más–. De todos modos, la configuración del poder no se alteró en lo sustantivo. El gobierno de Binner no logró consenso para sancionar una reforma tributaria sin que el intento se convierta en una descarnada batalla política y mediática con el PJ local y las cámaras patronales, a los aullidos.
Pese al argumento que señala la necesidad de realizar una “armonización” con los impuestos de las provincias vecinas, y al hecho de que casi todos los sectores sociales, políticos y gremiales la apoyan, los senadores y diputados del PJ resisten como un bloque único: por primera vez desde la llegada de Binner a la Casa Gris reutemanistas y kirchneristas están de acuerdo, aunque a la larga o a la corta algún sector cederá.
Idéntica resistencia denuncia el Ejecutivo en su tortuosa relación con la Justicia. A fin de año se recalentó el asunto y los ministros de la Corte resolvieron que era hora de jugar la carta más alta: nombraron a Rafael Gutiérrez como nuevo presidente del máximo tribunal de la provincia, aún cuando Binner había sugerido su renuncia tras el fallo que anuló la sentencia del Caso Fraticelli. En el medio aparece como prenda nada más y nada menos que la principal reforma judicial encarada en la provincia desde que rige el Código Penal (1896).
Un Senado en contra, una Justicia distante, municipios y comunas exigiendo cada vez más recursos: a Binner no se le presenta sencillo el panorama de cara a la segunda mitad de su gestión. No hay pocas cosas en juego: el futuro inmediato de la provincia y –tal vez– del país dependen de cómo sepa enfrentar esos escollos.
La renovación del Congreso luego de la larga transición iniciada tras las elecciones del 28 de junio permite lecturas múltiples: por un lado, crecieron las fuerzas de derecha, que ganaron más bancas que las que ponían en juego, por otro, se atomizó la oposición, lo que devino en un fenómeno verificado el último semestre –el kirchnerismo tomando la iniciativa y marcando la agenda– o, por otro más, se renovó el debate por el modelo de país, con la participación los mismos interlocutores pero con una mayor distribución del poder real.
La derecha se impuso al mismo tiempo en los principales distritos electorales: provincia y ciudad de Buenos Aires y provincia de Santa Fe, donde hubo desquite en septiembre. Córdoba aparece como la única provincia de peso en la que el kirchnerismo cayó ante una opción progresista y no ante una conservadora.
Los resultados pusieron otra vez al ex gobernador y actual senador Carlos Reutemann en la grilla de largada para las presidenciales de 2011. Muy pronto el Lole se cansó del protagonismo que los medios capitalinos le asignaron y anunció que su destino –al menos por los próximos seis años– está en el Congreso. La bravata –“que a la candidatura se la recontra metan en el medio del culo”– se supone iba dirigida a la presidencia, pero resonó más lejos: al interior de su partido hay dirigentes que hace rato vienen tocando bocina –Das Neves, Solá, el propio Duhalde, propuesto por Reutemann– y que buscan presentarse como una alternativa de centro ante el armado de los Kirchner. También hay otros dirigentes, de la derecha argenta, que quieren sumarse a la grilla con la bendición del Lole: De Narváez y Macri principalmente.
El senador, tras la contienda del 28 de junio, volvió a lo suyo. Parece formar parte de un recuerdo muy lejano esos primeros meses del año en los que hablaba largo y tendido con la prensa. Aunque el derrotado fue Rubén Giustiniani, no hubo analista político que no cediera a la tentación de afirmar que Reutemann se impuso ante el gobernador Hermes Binner. En la Casa Rosada entendieron que era la hora de apostar doble o nada. Después de las fotos de Cristina con Binner y con otros referentes progresistas como Martín Sabatella –en la llamada ronda de diálogo–, se sucedieron las jugadas: primero la Ley de Medios, luego el intento de una reforma financiera –que rápidamente fue a parar al freezer de las materias pendientes– y, hacia fin de año, la asignación universal por hijo dispuesta por decreto.
Mientras tanto, la provincia atravesaba su propio proceso electoral. En las generales del 27 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social se impuso en 14 de los 19 departamentos y repitió la buena performance de 2007, que no había podido traducir en el resultado final de junio –donde Reutemann superó a Giustiniani por un punto porcentual y unas pocas décimas más–. De todos modos, la configuración del poder no se alteró en lo sustantivo. El gobierno de Binner no logró consenso para sancionar una reforma tributaria sin que el intento se convierta en una descarnada batalla política y mediática con el PJ local y las cámaras patronales, a los aullidos.
Pese al argumento que señala la necesidad de realizar una “armonización” con los impuestos de las provincias vecinas, y al hecho de que casi todos los sectores sociales, políticos y gremiales la apoyan, los senadores y diputados del PJ resisten como un bloque único: por primera vez desde la llegada de Binner a la Casa Gris reutemanistas y kirchneristas están de acuerdo, aunque a la larga o a la corta algún sector cederá.
Idéntica resistencia denuncia el Ejecutivo en su tortuosa relación con la Justicia. A fin de año se recalentó el asunto y los ministros de la Corte resolvieron que era hora de jugar la carta más alta: nombraron a Rafael Gutiérrez como nuevo presidente del máximo tribunal de la provincia, aún cuando Binner había sugerido su renuncia tras el fallo que anuló la sentencia del Caso Fraticelli. En el medio aparece como prenda nada más y nada menos que la principal reforma judicial encarada en la provincia desde que rige el Código Penal (1896).
Un Senado en contra, una Justicia distante, municipios y comunas exigiendo cada vez más recursos: a Binner no se le presenta sencillo el panorama de cara a la segunda mitad de su gestión. No hay pocas cosas en juego: el futuro inmediato de la provincia y –tal vez– del país dependen de cómo sepa enfrentar esos escollos.
La primera seguridad es un plato lleno
Ya con más de 15 años de edad, el núcleo duro de la pobreza neoliberal volvió al tapete.
La “Encuesta Nacional de Juventudes: visiones y desafíos en la Argentina de hoy”, mostró los apuros en los que viven los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años: “la mayoría de ellos no accede a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, la decisión de tener hijos, o la posibilidad de participar en diferentes espacios de la vida pública y social”. Según el trabajo, en los grupos más empobrecidos el primer hijo llega a edades más tempranas que en los sectores más favorecidos. La proporción de mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años, es mucho mayor que la de los varones: 16% contra 3%. El 60% de los jóvenes forma parte de un hogar con nivel socioeconómico bajo. La desocupación en los niveles más bajos multiplica por 3 a los de niveles altos (12% a 4%)
Poco más de la tercera parte de los ingresos que tiene una familia santafesina son gastados en bebidas y alimentos. La salud es recién el cuarto ítem de gasto de los habitantes de esta provincia, después del transporte y las comunicaciones. La encuesta difundida por el IPEC dice que los jefes de hogar con mayor instrucción invierten una buena parte de su dinero en calzado, indumentaria, educación y mantenimiento del hogar. En los casos en que el jefe de hogar es menos instruido, los guarismos son muy inferiores a los anteriores.
Este año, el gobierno nacional reconoció el reclamo del hambre y anunció el pago de la asignación universal por hijo de $180 mensuales. En la provincia de Santa Fe alcanzará a 380 mil niños y adolescentes; en la ciudad a 50 mil. Ahí también está el grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en su paso por Santa Fe, en noviembre: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.
El líder del movimiento, Alberto Morlachetti, agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños”. Sobre la asignación universal por hijo dijo: “es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial, no erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo”.
En Santa Fe hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición: Nutrir Más (11.500 beneficiarios financiados por la Nación), un Plan Alimentario (con 177 mil beneficiarios).
“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios”, dijo Adrián Diserio, director de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.
El concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva afirmó que: “un chico que en la primera infancia sufre desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.
La “Encuesta Nacional de Juventudes: visiones y desafíos en la Argentina de hoy”, mostró los apuros en los que viven los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años: “la mayoría de ellos no accede a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, la decisión de tener hijos, o la posibilidad de participar en diferentes espacios de la vida pública y social”. Según el trabajo, en los grupos más empobrecidos el primer hijo llega a edades más tempranas que en los sectores más favorecidos. La proporción de mujeres que tuvieron hijos antes de los 18 años, es mucho mayor que la de los varones: 16% contra 3%. El 60% de los jóvenes forma parte de un hogar con nivel socioeconómico bajo. La desocupación en los niveles más bajos multiplica por 3 a los de niveles altos (12% a 4%)
Poco más de la tercera parte de los ingresos que tiene una familia santafesina son gastados en bebidas y alimentos. La salud es recién el cuarto ítem de gasto de los habitantes de esta provincia, después del transporte y las comunicaciones. La encuesta difundida por el IPEC dice que los jefes de hogar con mayor instrucción invierten una buena parte de su dinero en calzado, indumentaria, educación y mantenimiento del hogar. En los casos en que el jefe de hogar es menos instruido, los guarismos son muy inferiores a los anteriores.
Este año, el gobierno nacional reconoció el reclamo del hambre y anunció el pago de la asignación universal por hijo de $180 mensuales. En la provincia de Santa Fe alcanzará a 380 mil niños y adolescentes; en la ciudad a 50 mil. Ahí también está el grito del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en su paso por Santa Fe, en noviembre: “Este es el reclamo que hacemos en todo el país. No hay estadísticas, pero sabemos que mueren 25 chicos por día de una forma evitable”.
El líder del movimiento, Alberto Morlachetti, agregó: “El país empezó a visibilizar el hambre a partir de nuestras marchas, antes ni siquiera se advertía, tal es así que denunciarlo era peligroso. Actualmente, en todas partes se reclama pero se hace muy poco para erradicar este flagelo que hiere nuestra dignidad y sobre todo la de los niños”. Sobre la asignación universal por hijo dijo: “es limitativa, pero reconoce el hambre de manera oficial, no erradica el problema pero es el comienzo para hacerlo”.
En Santa Fe hay en funcionamiento programas destinados a paliar la desnutrición: Nutrir Más (11.500 beneficiarios financiados por la Nación), un Plan Alimentario (con 177 mil beneficiarios).
“En Santa Fe la oferta alimentaria es amplia, no debería haber problemas de olla y de desnutrición, en cada lugar hay reparto de víveres. Algo difícil de superar es que, como la gente perdió la costumbre de comer en su hogar, asiste diariamente a los comedores comunitarios”, dijo Adrián Diserio, director de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social.
El concejal del Frente para la Victoria Luciano Leiva afirmó que: “un chico que en la primera infancia sufre desnutrición pierde toda oportunidad de desarrollo normal de sus capacidades físicas e intelectuales, tiene problemas de talla y de peso. El segundo puede ser recuperado con una buena alimentación pero la talla no se recupera ni se compensa. Aparecen las anemias ocultas que, también, se pueden convertir en crónicas”.
El juicio del año, o el año del juicio
Seis represores santafesinos juzgados por delitos de lesa humanidad: un hecho que marca una bisagra histórica.
Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.
Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.
La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.
El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.
Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.
Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.
Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.
En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.
También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.
Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.
Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.
Bonus track post edición: la noticia de la sentencia
Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.
Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.
La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.
El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.
Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.
Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.
Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.
En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.
También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.
Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.
Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.
Bonus track post edición: la noticia de la sentencia
Las dos caras de la crisis: Kraft y Textil San Justo
La recuperación de empresas por sus trabajadores se muestra cada vez más como la mejor salida productiva.
La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.
La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.
Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.
En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.
En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.
La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.
La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.
La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.
Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.
En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.
En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.
La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.
La democratización de la palabra
Desbocados, rabiosos, los oligopolios de “la realidad” hoy responden con la destrucción del oficio de informar.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.
Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.
El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.
“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.
“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.
“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.
El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.
Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.
Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.
Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.
El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.
“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.
“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.
“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.
El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.
Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.
Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.
Veneno hasta en la milanesa
Una patria de soja transgénica sin estómago ni testículos: rounduplandia resiste los informes de los científicos.
El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.
La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.
“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.
Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.
Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.
A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.
El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.
El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.
La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.
“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.
Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.
Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.
El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.
A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.
El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.
La lluvia no vuelve hacia arriba
Ampliar y mejorar el sistema de desagües aparece como una de las principales materias pendientes de la ciudad.
Las precipitaciones de octubre y de noviembre fueron motivo de nerviosismo en los santafesinos. Casas del oeste y zonas que desconocían el fenómeno se anegaron, generando disgusto, angustia y pérdidas en los más afectados.
Al momento de escuchar las posibles soluciones no recibieron ninguna tranquilidad porque, según el intendente Mario Barletta, para que la ciudad no se inunde más “hacen falta 1.000 millones de pesos”. No sólo las casas se vieron complicadas sino también el tránsito de vehículos; el agua cubrió las calles y trasladarse en cualquier vehículo resultaba perjudicial para propios y extraños.
Una de las declaraciones del intendente, refutada por los vecinos, fue: “en términos generales, el sistema funcionó sobre todo en las estaciones de bombeos y reservorios”. El mandatario dividió la cuestión en dos: “Hay un proyecto del Instituto Nacional del Agua (INA), que demandaría 1.000 millones de pesos. A este proyecto hay que pensarlo en un mediano y largo plazo porque es muy costoso. El otro problema es circunstancial, y tiene que ver con la basura que hace que algunos barrios se aneguen en una lluvia y otros no”.
En una visita a los concejales, el secretario de Obras Públicas, Roberto Porta dijo: “se destinaron 157 millones de pesos en dos años de gestión”. También incluyó a las obras gestionadas con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como la continuidad de los desagües Lavaisse y Entre Ríos y la ampliación de alcantarillas, esto es el trasvase de reservorios y las estaciones de bombeo”.
El intendente anunció también que la ayuda nacional estaría en camino, ya que confirmó la Nación enviará fondos para la culminación de los desagües Lavaisse y Entre Ríos, y la concreción del desagüe Llerena –desde General Paz hasta la Laguna Setúbal–, obras a las que les falta el 30% de ejecución. Se trata de 7 millones de pesos y una promesa de girar más de 20 millones para avanzar en otra serie de obras.
“Una vez concluidos, las obras aliviarían en gran medida los anegamientos por lluvias en barrios del oeste y del norte de la ciudad. Por un lado, sanearían integralmente toda la cuenca Entre Ríos, sobre todo en San Lorenzo, Chalet y Arenales. En tanto, la conclusión del desagüe en la cuenca Lavaisse disminuiría la acumulación de agua en Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y Lavaisse”, afirmó un parte oficial.
También Porta habló de la ampliación de las alcantarillas sobre la avenida Circunvalación: “la administración anterior proyectó los desagües troncales para conducir un volumen importante de agua desde el centro de la ciudad hasta los reservorios; no tuvo en cuenta que la circunvalación hacía un dique. Por lo tanto, aunque estén los desagües troncales, si no hay un trasvaso de agua a través de la Circunvalación, no sirve de nada”.
Las precipitaciones de octubre y de noviembre fueron motivo de nerviosismo en los santafesinos. Casas del oeste y zonas que desconocían el fenómeno se anegaron, generando disgusto, angustia y pérdidas en los más afectados.
Al momento de escuchar las posibles soluciones no recibieron ninguna tranquilidad porque, según el intendente Mario Barletta, para que la ciudad no se inunde más “hacen falta 1.000 millones de pesos”. No sólo las casas se vieron complicadas sino también el tránsito de vehículos; el agua cubrió las calles y trasladarse en cualquier vehículo resultaba perjudicial para propios y extraños.
Una de las declaraciones del intendente, refutada por los vecinos, fue: “en términos generales, el sistema funcionó sobre todo en las estaciones de bombeos y reservorios”. El mandatario dividió la cuestión en dos: “Hay un proyecto del Instituto Nacional del Agua (INA), que demandaría 1.000 millones de pesos. A este proyecto hay que pensarlo en un mediano y largo plazo porque es muy costoso. El otro problema es circunstancial, y tiene que ver con la basura que hace que algunos barrios se aneguen en una lluvia y otros no”.
En una visita a los concejales, el secretario de Obras Públicas, Roberto Porta dijo: “se destinaron 157 millones de pesos en dos años de gestión”. También incluyó a las obras gestionadas con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, como la continuidad de los desagües Lavaisse y Entre Ríos y la ampliación de alcantarillas, esto es el trasvase de reservorios y las estaciones de bombeo”.
El intendente anunció también que la ayuda nacional estaría en camino, ya que confirmó la Nación enviará fondos para la culminación de los desagües Lavaisse y Entre Ríos, y la concreción del desagüe Llerena –desde General Paz hasta la Laguna Setúbal–, obras a las que les falta el 30% de ejecución. Se trata de 7 millones de pesos y una promesa de girar más de 20 millones para avanzar en otra serie de obras.
“Una vez concluidos, las obras aliviarían en gran medida los anegamientos por lluvias en barrios del oeste y del norte de la ciudad. Por un lado, sanearían integralmente toda la cuenca Entre Ríos, sobre todo en San Lorenzo, Chalet y Arenales. En tanto, la conclusión del desagüe en la cuenca Lavaisse disminuiría la acumulación de agua en Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y Lavaisse”, afirmó un parte oficial.
También Porta habló de la ampliación de las alcantarillas sobre la avenida Circunvalación: “la administración anterior proyectó los desagües troncales para conducir un volumen importante de agua desde el centro de la ciudad hasta los reservorios; no tuvo en cuenta que la circunvalación hacía un dique. Por lo tanto, aunque estén los desagües troncales, si no hay un trasvaso de agua a través de la Circunvalación, no sirve de nada”.
Educación sexual, a marzo
La puesta en marcha de la ley recibió duras críticas de la Iglesia.
A mitad de año se reeditó el debate en torno a la implementación de la educación sexual y prevención de Sida en las escuelas, con motivo de la presentación de un manual de educación sexual impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación. Los preceptos fueron elaborados para que los docentes logren abordar contenidos a fin de construir una sexualidad plena, sana y responsable. La voz eclesiástica se alzó y el obispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y admirador de Hugo Wast, objetó los contenidos por “neomarxistas” y “reduccionistas”, sobreponiendo argumentos religiosos por sobre los científicos. Las críticas fueron realizadas al momento de asumir Alberto Sileoni como ministro de Educación.
Desde Ctera, Stella Maldonado dijo que “la información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo, por supuesto, la diversidad de creencias religiosas”. Y replicó: “causa espanto este ataque burdo a una política pública”, mientras recordaba el prontuario eclesial en la figuras de Julio Grassi y Christian Von Wernich, condenados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad respectivamente.
Sileoni también respondió a Aguer. Tras explicar que el material “promueve valores y no una mera genitalidad”, advirtió que el Estado “tiene la obligación de hacer cumplir la ley” de Educación Sexual en las escuelas. El titular de Educación aclaró que las críticas de Aguer se dirigen a un documento del Ministerio que no llega a las escuelas ya que se trata de un material “que se ha usado para algunas capacitaciones docentes” y contiene una serie de textos “con enfoques distintos”.
Con la educación sexual, el Estado tiene tres preocupaciones centrales: el abuso infantil, que está creciendo; el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Así, los contenidos promovidos por el Ministerio están enfocados principalmente a estas tres problemáticas, pero también apuntan “al respeto hacia el otro, al amor”. “Nosotros queremos centrarnos en esos temas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”, dijo Sileoni al remarcar que “nadie puede negar la virtuosidad del preservativo para prevenir enfermedades”.
El texto de la Ley de Educación Sexual Nº 26.150, sancionada en octubre de 2006, fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etcétera. Establece como educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina e incluidos en la Reforma Constitucional de 1994.
En Santa Fe, a lo largo del año pero sobre todo en la segunda mitad, el área específica del Ministerio que trabaja sobre el tema se dedicó a capacitar a los docentes de cara al nuevo desafío: convertir el complejo tema en un contenido más para que los chicos aprendan en el aula lo que no siempre pueden aprender en la casa.
A mitad de año se reeditó el debate en torno a la implementación de la educación sexual y prevención de Sida en las escuelas, con motivo de la presentación de un manual de educación sexual impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación. Los preceptos fueron elaborados para que los docentes logren abordar contenidos a fin de construir una sexualidad plena, sana y responsable. La voz eclesiástica se alzó y el obispo de La Plata, Héctor Aguer, presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y admirador de Hugo Wast, objetó los contenidos por “neomarxistas” y “reduccionistas”, sobreponiendo argumentos religiosos por sobre los científicos. Las críticas fueron realizadas al momento de asumir Alberto Sileoni como ministro de Educación.
Desde Ctera, Stella Maldonado dijo que “la información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo, por supuesto, la diversidad de creencias religiosas”. Y replicó: “causa espanto este ataque burdo a una política pública”, mientras recordaba el prontuario eclesial en la figuras de Julio Grassi y Christian Von Wernich, condenados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad respectivamente.
Sileoni también respondió a Aguer. Tras explicar que el material “promueve valores y no una mera genitalidad”, advirtió que el Estado “tiene la obligación de hacer cumplir la ley” de Educación Sexual en las escuelas. El titular de Educación aclaró que las críticas de Aguer se dirigen a un documento del Ministerio que no llega a las escuelas ya que se trata de un material “que se ha usado para algunas capacitaciones docentes” y contiene una serie de textos “con enfoques distintos”.
Con la educación sexual, el Estado tiene tres preocupaciones centrales: el abuso infantil, que está creciendo; el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Así, los contenidos promovidos por el Ministerio están enfocados principalmente a estas tres problemáticas, pero también apuntan “al respeto hacia el otro, al amor”. “Nosotros queremos centrarnos en esos temas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior”, dijo Sileoni al remarcar que “nadie puede negar la virtuosidad del preservativo para prevenir enfermedades”.
El texto de la Ley de Educación Sexual Nº 26.150, sancionada en octubre de 2006, fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etcétera. Establece como educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina e incluidos en la Reforma Constitucional de 1994.
En Santa Fe, a lo largo del año pero sobre todo en la segunda mitad, el área específica del Ministerio que trabaja sobre el tema se dedicó a capacitar a los docentes de cara al nuevo desafío: convertir el complejo tema en un contenido más para que los chicos aprendan en el aula lo que no siempre pueden aprender en la casa.
Con miedo al amor
El Senado volvió a cajonear la unión civil.
En la provincia hay cerca de 200 mil gays y lesbianas que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho. Esa fue la sentencia de distintas agrupaciones que representan al colectivo LGBTT, quienes siguieron insistiendo durante 2009 para obtener la sanción definitiva del proyecto de ley de Unión civil, que ya tenía el visto bueno de Diputados tras la pérdida de estado parlamentario el año pasado. Otra vez, el año pasa sin novedad. “Es importante que los senadores nos escuchen, que sepan que éste es un tema de justicia social. Hay que ser claros: este proyecto de ley es para todo tipo de parejas más allá de su orientación sexual. Me parece que en estos momentos de crisis por los que atravesamos es necesario algún tipo de cobertura para aquellas personas que por el amor y por el afecto están juntas. Esta no es una provincia confesional, entonces este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio. Los legisladores pueden llegar a estar apesadumbrados por su conciencia católica, pero esta ley no viola ningún sacramento sino que se reconoce a las parejas la convivencia”, dijo Guillermo Lovagnini, de Vox Rosario.
A diferencia del matrimonio, la pareja conformada a partir de la unión civil no puede adoptar hijos o heredarse mutuamente en caso de muerte del compañero. Tampoco se ve afectada la situación patrimonial de los contrayentes. Para disolver esta relación, basta con que uno de los miembros de la pareja presente en el Registro Civil un pedido de disolución de la unión. En distintos puntos del país, la ley de Unión Civil fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
El camino por los derechos del colectivo LGBTT no es un lecho de rosas: el senador José Baucero no coincide con la unión de dos personas del mismo sexo porque “queremos resguardar la consolidación de la familia, que para mi la conforman un hombre y una mujer y sus hijos. No quiero discriminar por el hecho de que dos personas del mismo sexo convivan bajo el mismo techo, pero tampoco podemos mirar para otro lado porque existen, están en Santa Fe y en cualquier otro lugar del mundo”, opinó el representante de San Javier. Otro año termina y los senadores siguen acordando en no ponerse de acuerdo.
En la provincia hay cerca de 200 mil gays y lesbianas que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho. Esa fue la sentencia de distintas agrupaciones que representan al colectivo LGBTT, quienes siguieron insistiendo durante 2009 para obtener la sanción definitiva del proyecto de ley de Unión civil, que ya tenía el visto bueno de Diputados tras la pérdida de estado parlamentario el año pasado. Otra vez, el año pasa sin novedad. “Es importante que los senadores nos escuchen, que sepan que éste es un tema de justicia social. Hay que ser claros: este proyecto de ley es para todo tipo de parejas más allá de su orientación sexual. Me parece que en estos momentos de crisis por los que atravesamos es necesario algún tipo de cobertura para aquellas personas que por el amor y por el afecto están juntas. Esta no es una provincia confesional, entonces este proyecto de ley no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio. Los legisladores pueden llegar a estar apesadumbrados por su conciencia católica, pero esta ley no viola ningún sacramento sino que se reconoce a las parejas la convivencia”, dijo Guillermo Lovagnini, de Vox Rosario.
A diferencia del matrimonio, la pareja conformada a partir de la unión civil no puede adoptar hijos o heredarse mutuamente en caso de muerte del compañero. Tampoco se ve afectada la situación patrimonial de los contrayentes. Para disolver esta relación, basta con que uno de los miembros de la pareja presente en el Registro Civil un pedido de disolución de la unión. En distintos puntos del país, la ley de Unión Civil fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
El camino por los derechos del colectivo LGBTT no es un lecho de rosas: el senador José Baucero no coincide con la unión de dos personas del mismo sexo porque “queremos resguardar la consolidación de la familia, que para mi la conforman un hombre y una mujer y sus hijos. No quiero discriminar por el hecho de que dos personas del mismo sexo convivan bajo el mismo techo, pero tampoco podemos mirar para otro lado porque existen, están en Santa Fe y en cualquier otro lugar del mundo”, opinó el representante de San Javier. Otro año termina y los senadores siguen acordando en no ponerse de acuerdo.
La epidemia de los negocios
La pandemia internacional causada por el virus H1N1, conocido como Gripe A, rebotó fuerte en el país y la provincia.
Cuando la Gripe A comenzó a ser noticia internacional, todavía no había invadido suelo argentino. El 15 de junio, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se conoció la primera víctima fatal en el país. “Sin emergencia sanitaria, habrá más muertes”, anunciaron. Los datos más recientes indican que hubo11.234 casos positivos, con un saldo de 613 personas fallecidas; el número de víctimas fatales a nivel mundial ascendió a 7.826 con picos en América del Norte, el Caribe y Europa. En América latina, incluida la Argentina, murieron más personas por gripe común: cerca de 3.500.
La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 muy contagioso y mutante, que afecta a personas de todas las edades y suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en niños y ancianos.
Al momento de declarar como pandemia moderada a la enfermedad, la OMS expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados se recuperaban de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. La gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 fue similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
A pesar de la gravedad del problema, a mediados de año las elecciones legislativas del 28 de junio coparon gran parte del espacio en los medios. Luego, hubo mensajes cruzados que confundieron a la población, que se abasteció de barbijos, alcohol en gel y pastillas a mansalva, sin saber si servían para protegerse eficazmente.
Tras el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la debilitada ministra de Salud Graciela Ocaña, el gobierno nacional trazó políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad. Luego de asumir en la cartera de Salud, Juan Manzur logró unificar criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones con los ministerios sanitarios de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más clara.
Por su parte, el ex ministro Ginés González García informó que cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las personas reportadas hasta el momento no debían sorprender.
Santa Fe fue la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, y aquí también se percibió una psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación. En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino invirtió 33.000 dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
Si bien la actividad se vio prácticamente paralizada tanto en escuelas como en ámbitos públicos, no se decidió el cierre de comercios ni establecimientos privados. No obstante, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos advirtieron una visible disminución de su actividad durante los meses pico: junio y julio. El sector hotelero también se vio afectado y se registró una caída de más del 50% en la ocupación de las plazas disponibles. En cuanto a los rubros que aumentaron su actividad se encuentran los productos de limpieza, fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas: la venta de alcohol en gel se sextuplicó y los precios aumentaron en un 70%. Lo mismo ocurrió con los antivirales como el Tamiflú: cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
La existencia del nuevo virus se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. “La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado”, señaló la OMS.
Cuando la Gripe A comenzó a ser noticia internacional, todavía no había invadido suelo argentino. El 15 de junio, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se conoció la primera víctima fatal en el país. “Sin emergencia sanitaria, habrá más muertes”, anunciaron. Los datos más recientes indican que hubo11.234 casos positivos, con un saldo de 613 personas fallecidas; el número de víctimas fatales a nivel mundial ascendió a 7.826 con picos en América del Norte, el Caribe y Europa. En América latina, incluida la Argentina, murieron más personas por gripe común: cerca de 3.500.
La Gripe A es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus H1N1 muy contagioso y mutante, que afecta a personas de todas las edades y suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en niños y ancianos.
Al momento de declarar como pandemia moderada a la enfermedad, la OMS expresó su preocupación por los casos graves y las muertes que se estaban registrando, tanto en individuos sanos como en personas con problemas de salud preexistentes y en mujeres embarazadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados se recuperaban de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. La gravedad de la enfermedad causada por el virus H1N1 fue similar a la observada en los períodos de gripe estacional, aunque se registró una mayor actividad de la enfermedad en algunas zonas e instituciones.
A pesar de la gravedad del problema, a mediados de año las elecciones legislativas del 28 de junio coparon gran parte del espacio en los medios. Luego, hubo mensajes cruzados que confundieron a la población, que se abasteció de barbijos, alcohol en gel y pastillas a mansalva, sin saber si servían para protegerse eficazmente.
Tras el fracaso de la primera reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con la debilitada ministra de Salud Graciela Ocaña, el gobierno nacional trazó políticas articuladas con las provincias en torno al tratamiento de la enfermedad. Luego de asumir en la cartera de Salud, Juan Manzur logró unificar criterios en el abordaje de la pandemia y coordinar acciones con los ministerios sanitarios de cada provincia, para afrontar la enfermedad a través de una comunicación más clara.
Por su parte, el ex ministro Ginés González García informó que cada año mueren entre 2.000 y 3.000 personas por complicaciones de la gripe común, por lo que las personas reportadas hasta el momento no debían sorprender.
Santa Fe fue la segunda provincia con más casos de contagios registrados en el país, y aquí también se percibió una psicosis generalizada como la que mostraron los medios en el resto del país. Ante esta situación, las autoridades buscaron profundizar las campañas de difusión e información sobre la situación. En relación con los análisis para confirmar o desechar la afección por el virus H1N1, que en el país sólo se realizan en el Instituto Nacional Carlos Malbrán, el gobierno santafesino invirtió 33.000 dólares para implementar y desarrollar la técnica conocida como PCR Real Time en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario. Esto posibilitó que a partir del 1° de julio se puedan realizar en la provincia los estudios para determinar los casos positivos de Gripe A.
Si bien la actividad se vio prácticamente paralizada tanto en escuelas como en ámbitos públicos, no se decidió el cierre de comercios ni establecimientos privados. No obstante, los centros comerciales, los empresarios del transporte de media y larga distancia y los gastronómicos advirtieron una visible disminución de su actividad durante los meses pico: junio y julio. El sector hotelero también se vio afectado y se registró una caída de más del 50% en la ocupación de las plazas disponibles. En cuanto a los rubros que aumentaron su actividad se encuentran los productos de limpieza, fabricantes de barbijos, pañuelos descartables y alcohol en gel. Las farmacias incrementaron sus ventas: la venta de alcohol en gel se sextuplicó y los precios aumentaron en un 70%. Lo mismo ocurrió con los antivirales como el Tamiflú: cuando el medicamento se agotó en las farmacias argentinas comenzaron a importarlo de Uruguay y Chile.
La existencia del nuevo virus se conoció masivamente en el mundo en abril de este año, cuando se detectaron los primeros casos positivos en México. De inmediato, varios países suspendieron sus viajes y vuelos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, el H1N1 se expandió hasta provocar que la OMS declarara la pandemia con fase 6 de alerta, lo que calificó la gravedad general de la gripe como moderada. “La pandemia debe poner a las autoridades nacionales en marcha para ejecutar los planes de preparación, identificar los casos con la mayor eficacia posible y reducir al mínimo los casos mortales y de enfermedad grave gracias a un tratamiento adecuado”, señaló la OMS.
La guerra al cacharro
Aedes aegypti, el mosquito más temido, se expande por todo el país.
Junto a la Gripe A, el dengue se lleva los laureles a la hora de recordar qué enfermedades persiguieron y sugestionaron masivamente a los argentinos a lo largo de 2009.
Durante la emergencia a nivel nacional por los repetidos casos de dengue, los especialistas informaron acerca del papel clave que puede jugar la sociedad para evitar que se extienda la epidemia.
Durante el pico de mayor difusión de la enfermedad y su agente transmisor –el mosquito Aedes aegypti– el director nacional de Prevención de Enfermedades, Hugo Fernández, estimó que “por cada caso reportado podría haber entre cinco y diez casos no reportados”. Para ese entonces, el insecto ya había superado el paralelo 35 de latitud sur, su límite histórico, llegando a la provincia de Buenos Aires, como antes había hecho lo propio en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, la fundación ecologista local Proteger llamó a los medios de comunicación a que “aprovechen su enorme poder” para ayudar a frenar la expansión de los brotes.
El dengue, hay que recordarlo, no se pasa de persona a persona: la transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y después a otra no infectada. El mosquito vive en el agua clara, que parece limpia y se junta en gomas, tachos, aljibes, cacharros, chapas acanaladas, tanques sin tapa, floreros y otros recipientes. El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene. En las aguas turbias, marrones u oscuras no vive el mosquito (esteros, cañadas, zanjas o represas). El mosquito que transmite el dengue pica sólo de día. Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad. Perros, gatos y demás animales domésticos no transmiten la enfermedad. Los síntomas se manifiestan en una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago, indicó que el dengue “no es sólo una responsabilidad del sector de la salud, sino que para combatirlo se requiere un enfoque integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de difusión con mensajes de prevención y educación claros y precisos. Los servicios públicos de salud deben garantizar el tratamiento oportuno, no ocuparse de la prevención domiciliaria”.
Si bien los especialistas vienen advirtiendo desde hace más de dos décadas sobre lo importante que es manejar información precisa para prevenir el dengue, la crisis que se desató en el centro-norte argentino parece contradecir ese saber básico. Asimismo, en las décadas del ‘50 y del ‘60 las campañas continentales de erradicación lograron combatir el vector y la Argentina se declaró libre del Aedes.
Pero el abandono de las campañas hizo que el mosquito proliferara nuevamente en los sitios de donde había sido eliminado.
Además, las campañas que se habían realizado no fueron acompañadas de políticas de saneamiento del medio ni por campañas educativas sostenidas en el tiempo de manera de generar nuevos hábitos en la gente.
Junto a la Gripe A, el dengue se lleva los laureles a la hora de recordar qué enfermedades persiguieron y sugestionaron masivamente a los argentinos a lo largo de 2009.
Durante la emergencia a nivel nacional por los repetidos casos de dengue, los especialistas informaron acerca del papel clave que puede jugar la sociedad para evitar que se extienda la epidemia.
Durante el pico de mayor difusión de la enfermedad y su agente transmisor –el mosquito Aedes aegypti– el director nacional de Prevención de Enfermedades, Hugo Fernández, estimó que “por cada caso reportado podría haber entre cinco y diez casos no reportados”. Para ese entonces, el insecto ya había superado el paralelo 35 de latitud sur, su límite histórico, llegando a la provincia de Buenos Aires, como antes había hecho lo propio en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En este contexto, la fundación ecologista local Proteger llamó a los medios de comunicación a que “aprovechen su enorme poder” para ayudar a frenar la expansión de los brotes.
El dengue, hay que recordarlo, no se pasa de persona a persona: la transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y después a otra no infectada. El mosquito vive en el agua clara, que parece limpia y se junta en gomas, tachos, aljibes, cacharros, chapas acanaladas, tanques sin tapa, floreros y otros recipientes. El agua acumulada en las lonas de los camiones transporta el mosquito y la larva de una zona con epidemia a otra que aún no la tiene. En las aguas turbias, marrones u oscuras no vive el mosquito (esteros, cañadas, zanjas o represas). El mosquito que transmite el dengue pica sólo de día. Matando al mosquito se acaba el contagio de la enfermedad. Perros, gatos y demás animales domésticos no transmiten la enfermedad. Los síntomas se manifiestan en una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses Periago, indicó que el dengue “no es sólo una responsabilidad del sector de la salud, sino que para combatirlo se requiere un enfoque integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de difusión con mensajes de prevención y educación claros y precisos. Los servicios públicos de salud deben garantizar el tratamiento oportuno, no ocuparse de la prevención domiciliaria”.
Si bien los especialistas vienen advirtiendo desde hace más de dos décadas sobre lo importante que es manejar información precisa para prevenir el dengue, la crisis que se desató en el centro-norte argentino parece contradecir ese saber básico. Asimismo, en las décadas del ‘50 y del ‘60 las campañas continentales de erradicación lograron combatir el vector y la Argentina se declaró libre del Aedes.
Pero el abandono de las campañas hizo que el mosquito proliferara nuevamente en los sitios de donde había sido eliminado.
Además, las campañas que se habían realizado no fueron acompañadas de políticas de saneamiento del medio ni por campañas educativas sostenidas en el tiempo de manera de generar nuevos hábitos en la gente.
Sida: no olvidar
Las muertes, la conciencia, las campañas...
Las estadísticas, aún incompletas, muestran una realidad cruel y desequilibrada. Mientras Santa Fe exporta maquinarias y materia prima por cifras millonarias, es también la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Alrededor de 400 casos de VIH/Sida de los 1.770 que hay registrados en la provincia están siendo tratados en el Hospital Iturraspe. Al efector acuden pacientes que llegan desde los cuatro puntos cardinales de la provincia, incluyendo algunos oriundos de Santiago del Estero. La Dra. Laura Trosch, quien trabaja en el área hace más de diez años, expresó que “sigue siendo una enfermedad mortal, tratable pero mortal”.
La falta de conciencia generada por la ausencia de conocimiento que hay sobre el tema es el principal motivo de transmisión. Hoy en día tener sexo sin preservativo es estar encima de la enfermedad. No se usa preservativo porque se cree que la enfermedad no está aquí: no hay conciencia porque no se está hablando de esto. “Algunos toman conciencia y se cuidan, hay otros a los que no les interesa cuidarse, no avisan cuando están infectados, no les interesa ponerse el preservativo, por lo tanto se estima que detrás de cada infectado hay gente que también lo está y no lo sabe. Siguen teniendo sexo con otras personas, por lo que se transmite el virus, y por eso hay una población que no la tenemos cuantificada porque no sabe que está infectada o porque supone que está infectada pero no le interesa consultar”, analizó Trosch. La profesional estimó que “si se pudiera hablar con la población sobre el Sida en apenas un 10% de lo que se habló sobre la Gripe A, seguramente se salvarían muchas más vidas de las que se están salvando ahora”.
Desde el Hospital Iturraspe sentenciaron que no se muestra lo que realmente está pasando: no se está dando a conocer la cantidad de casos de infectados ni la cantidad de pacientes que siguen muriendo de esta enfermedad. Mientras, los pacientes crecen en cantidad y los médicos siguen siendo los mismos. Definitivamente, la capacidad de atención está desbordada.
Para finalizar, un dato poco alentador: al hospital llegan chicas de 13 o 14 años embarazadas y con casos positivos de VIH.
Las estadísticas, aún incompletas, muestran una realidad cruel y desequilibrada. Mientras Santa Fe exporta maquinarias y materia prima por cifras millonarias, es también la tercera provincia con más casos de Sida en el país. Alrededor de 400 casos de VIH/Sida de los 1.770 que hay registrados en la provincia están siendo tratados en el Hospital Iturraspe. Al efector acuden pacientes que llegan desde los cuatro puntos cardinales de la provincia, incluyendo algunos oriundos de Santiago del Estero. La Dra. Laura Trosch, quien trabaja en el área hace más de diez años, expresó que “sigue siendo una enfermedad mortal, tratable pero mortal”.
La falta de conciencia generada por la ausencia de conocimiento que hay sobre el tema es el principal motivo de transmisión. Hoy en día tener sexo sin preservativo es estar encima de la enfermedad. No se usa preservativo porque se cree que la enfermedad no está aquí: no hay conciencia porque no se está hablando de esto. “Algunos toman conciencia y se cuidan, hay otros a los que no les interesa cuidarse, no avisan cuando están infectados, no les interesa ponerse el preservativo, por lo tanto se estima que detrás de cada infectado hay gente que también lo está y no lo sabe. Siguen teniendo sexo con otras personas, por lo que se transmite el virus, y por eso hay una población que no la tenemos cuantificada porque no sabe que está infectada o porque supone que está infectada pero no le interesa consultar”, analizó Trosch. La profesional estimó que “si se pudiera hablar con la población sobre el Sida en apenas un 10% de lo que se habló sobre la Gripe A, seguramente se salvarían muchas más vidas de las que se están salvando ahora”.
Desde el Hospital Iturraspe sentenciaron que no se muestra lo que realmente está pasando: no se está dando a conocer la cantidad de casos de infectados ni la cantidad de pacientes que siguen muriendo de esta enfermedad. Mientras, los pacientes crecen en cantidad y los médicos siguen siendo los mismos. Definitivamente, la capacidad de atención está desbordada.
Para finalizar, un dato poco alentador: al hospital llegan chicas de 13 o 14 años embarazadas y con casos positivos de VIH.
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