Adiós al loquero

La sustitución de lógicas manicomiales avanza en la provincia con la ley de salud mental, reglamentada en 2007: creación de novedosos dispositivos y cierre del corralito psiquiátrico en coronda, las acciones más importantes. Uno de los objetivos que se plantean los profesionales de la salud mental tiene que ver con el cierre progresivo de los manicomios como lugar de encierro y segregación social para convertirlos en sitios productores de salud, recurriendo a la internación prolongada como último recurso. Pobreza y locura: prejuicios por partida doble.

Por Marcela Perticarari

Aunque Friedrich Nietzsche sostenía que “la demencia en el individuo es algo raro, pero en los grupos, en los partidos, en los pueblos y en las épocas es la regla”, hablar simplemente de “locos de atar” pertenece a un tiempo pasado.

En la actualidad se les dice “personas con padecimientos subjetivos”, ya que durante los últimos 10 años la tendencia en salud mental es lograr la sustitución de las lógicas manicomiales. Distintas políticas a nivel nacional intentan lograr el cierre de los manicomios y, a su vez, avanzar en la creación de servicios que los reemplacen produciendo salud.

Aunque los profesionales santafesinos admiten que los prejuicios imperantes en la sociedad y la falta de recursos estatales son impedimentos para llevar adelante un trabajo óptimo, el proceso avanza lento pero a paso firme.

UN AÑO, MUCHA HISTORIA. En 1991 se sancionó la ley provincial de Salud Mental (Nº 10.772). Para su puesta en funcionamiento fue necesario reglamentarla, proceso que demandó ni más ni menos que 16 años: en noviembre de 2007 la entonces ministra de Salud, Silvia Simoncini, dio el puntapié inicial a la reglamentación al dejar inaugurada, en nuestra ciudad, la primera residencia compartida para pacientes externados de hospitales psiquiátricos.

La ley se inscribe en un movimiento político de desmanicomialización: “Justamente, lo que postula es el cierre de los manicomios como lugar de segregación, de asilo, de marginación, como lugar de depósito de personas de por vida. Hay una crítica a ese concepto clínico; a lo que se apunta es a reestablecer el vínculo de las personas con la sociedad, lo que incluye a su ámbito comunitario y a su familia. La idea es que la persona con padecimiento subjetivo no esté encerrada sino que esté conviviendo con su entorno social y familiar. Esto va a contrapelo de lo que está instalado en la cultura: lo que se cree de modo generalizado es que las personas con padecimiento subjetivo son peligrosas y tienen que estar encerradas. Lo que pretende la ley de salud mental es desmontar ese preconcepto y propiciar políticas de salud mental que apunten a restablecer la subjetividad de estas personas con padecimientos”, indicó el abogado Marcelo Martínez, de la Dirección de Salud Mental de la provincia.

“Básicamente lo que establece esta ley son dos cosas: que las internaciones sean excepcionales, solamente en aquellas situaciones en que no sea posible un abordaje clínico menos restrictivo de la libertad. Por otra parte, apunta a la creación de dispositivos alternativos a la internación, como las casas de medio camino y los alojamientos transitorios para personas con padecimientos subjetivos, propiciando que no sean un depósito sino que la persona vuelva a su lugar. Eso postula la ley pero, insisto, va en contrasentido de lo que está instalado en la sociedad, en sus modos imaginarios y en lo que es la percepción general, por eso está costando mucho llevarlo a cabo”, aseveró Martínez.

ARGUMENTO OFICIAL. “Lo que se enunciaba desde ciertos lugares del gobierno en relación a por qué no se aplicaba la ley era que no estaba reglamentada; nunca se tomaba la decisión política. Y el año pasado, luego de un arduo trabajo que se hizo en el ámbito de los espacios públicos de salud mental, se llevó adelante un profundo debate que concluyó en la redacción de un proyecto de decreto reglamentario de la ley que el ex gobernador Jorge Obeid firmó durante los últimos meses de su gobierno”, justificó Martínez.

Y advirtió que aunque se trata de “una ley muy interesante”, desde el colectivo de los trabajadores de salud mental siempre supieron que “la ley y la reglamentación no garantizan nada, son instrumentos que posibilitan avanzar en la implementación de políticas públicas que propicien reestablecer la subjetividad y establecer modos de abordaje clínicos que sean adecuados y productores de salud de verdad, no de marginación”.

NUESTRA LEY. El artículo 1º de la Ley de Salud Mental de la provincia explicita que “toda persona que padeciera sufrimiento por su salud mental tiene derecho a solicitar y recibir tratamiento (...), orientado hacia la curación, la recuperación y rehabilitación. Entre las alternativas más idóneas se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”.

El 3º artículo dice que “sólo se permitirá la internación en establecimientos de salud mental públicos o privados bajo los siguientes requisitos: que el propósito no sea otro que el tratamiento de la persona que padeciera sufrimientos por o en su salud mental; que las circunstancias del caso no permitan el uso de otra alternativa menos restrictiva de la libertad; que esté orientada a la recuperación de la salud del internado y a su egreso en el tiempo más breve posible”.

Por otra parte, se establece un plazo máximo de tres años a partir de la promulgación de la ley “para la transformación de los establecimientos de internación en salud mental”. Para ello, “el Estado arbitrará los medios conducentes al objetivo fijado y promoverá la implementación de medidas asistenciales alternativas, entre ellas servicios de salud mental en hospitales generales con y sin internación, atención domiciliaria, servicios de emergencia, centros de salud mental en la comunidad, hospitales de día, casas de medio camino y talleres protegidos, entre otros”. El desafío, está visto, no es menor...

UN LARGO CAMINO. La Dirección Provincial de Salud Mental funciona desde 2004 en el edificio del ex Hospital Italiano. Desde su creación está dirigida por el Dr. Gustavo Castaño.

En diálogo con Pausa, uno de sus funcionarios, el abogado Marcelo Martínez, explicó: “Se me convocó en 1997 para trabajar como abogado asesor de la Dirección de Salud de la Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo Irigoyen Freire –ubicada en Oliveros, 60 kilómetros al norte de Rosario–, que es un hospital descentralizado. El mal llamado régimen de autogestión de la provincia en realidad es un régimen de descentralización que significa que los hospitales tienen autarquía, y es pertinente que haya abogados que asesoren a las direcciones por las necesidades administrativas de funcionamiento de un hospital”.

“Luego terminé comprometiéndome con el trabajo y me incorporé a otra propuesta: los equipos clínicos interdisciplinarios. Es decir, la modalidad de intervención terapéutica que propone la actual Dirección de Salud Mental de la Provincia, que en aquel momento funcionaba en la Colonia de Oliveros. Básicamente, la inclusión de abogados tenía que ver con una cuestión clínica. La idea es que participen abogados en los equipos clínicos porque es pertinente a la práctica interdisciplinaria en el desarrollo instrumental, ya que lo jurídico tiene mucho que ver con el modo de intervenir a los padecimientos de desarrollo subjetivo”.

El concepto de equipo interdisciplinario a los fines de un abordaje clínico se replica del modelo que arrancó en Oliveros cuando empezaron las primeras experiencias, 12 años atrás, que se fueron desplegando a partir de la creación de la Dirección de Salud Mental en el año 2004: “En este momento, los propios equipos de los tres lugares públicos de internación en la provincia (Colonia Abelardo Irigoyen Freire en Oliveros, Dr. Agudo Ávila en Rosario, Mira y López en Santa Fe) crearon otros dispositivos, que dependen de la Dirección, con el objetivo de lograr la sustitución de lógicas manicomiales, como el Equipo Infancia, el Equipo de Fortalecimiento en Atención Primaria de la Salud y las Juntas Especiales de Salud Mental de Rosario”, agregó el abogado.

Y reconoció que “una de las características de nuestro trabajo es que el objeto de las intervenciones clínicas son muy duras, porque se trata de situaciones de extrema vulnerabilidad, como los chicos de la calle que entran en crisis. Son personas que están devastadas en todo sentido, invadidas por la pobreza, por el abandono. La imagen ideal que tenemos del loco es de una persona marginal por partida doble: porque es loco y porque es pobre. Ése es el objeto de nuestro trabajo, en general son situaciones de mucha complejidad y mucha resistencia”.

LOGROS. Consultado por lo que se hizo durante este año, con la ley en vigencia, Martínez respondió: “La reglamentación avanza en la formación de dispositivos alternativos. Nosotros le llamamos políticas sustitutivas de salud mental: sustitutivo no es sólo el cierre de los manicomios, tiene que ver con servicios que los reemplacen y que sean lugares en donde se produzca salud. Entonces, la reglamentación propone una serie de dispositivos, como las casas de medio camino. También es muy importante el alojamiento en hospitales generales. Es decir, que haya intervención en los centros de salud y equipos de atención domiciliaria”.

Asimismo, determinó que “hubo un momento de transición donde la actual gestión tuvo que hacer base y asentarse en la estructura burocrática. Actualmente, estamos en una etapa de transición ya que se plantea la reforma integral del Estado. En cuanto a salud, se intenta avanzar en la misma línea que nosotros proponemos desde la Dirección, bajo el concepto de que la salud es algo integral, que no está fragmentada respecto a la salud mental. Esto también es un avance en lo teórico”.

Entre los logros de estos 12 meses, el abogado señaló que “ya se está armando el dispositivo de salud mental en los hospitales generales y se está avanzando en la redefinición de la modalidad de intervención clínica en los lugares de internación. También se cerró el corralito de la cárcel de Coronda y se creó un dispositivo nuevo en Oliveros para el abordaje clínico de los pacientes con un grado de complejidad y una necesidad de recursos que no se puede dar en los lugares de internación”.

–¿Tuvieron obstáculos?

–Por un lado, los inconvenientes que fuimos encontrando durante todos estos años son del orden de la existencia o no de decisión política por parte de los gobiernos. Aunque ahora existe una decisión política, nuestro trabajo requiere de asignación de recursos y, por ejemplo, todavía no está definido el presupuesto para el Ministerio de Salud durante 2009. Es todo un tema y hay cierta incertidumbre en torno a eso. Otra de las dificultades que afrontamos es desmontar todas las cuestiones imaginarias y las resistencias que están instaladas en la comunidad en relación a la locura. Es un arduo trabajo que se hace día a día, para instalar que las personas no tienen que estar encerradas sino que deben estar en su lugar. Un ejemplo son las Juntas Especiales de Salud Mental: instalar este discurso de sustitución del manicomio al interior del poder judicial con todo lo que eso conlleva... Son huesos muy duros de roer, pero estamos viendo los resultados: cada vez más los jueces van tomando nuestra propuesta y este modo de pensar las políticas de salud. Es un trabajo de hormiga que venimos realizando desde hace más de 10 años. Tenemos dificultades, pero de a poco vamos avanzando.

–¿Qué ocurre en Santa Fe respecto al resto del país?

–Nos pasan estas cosas del federalismo... Es muy desparejo cómo se trata la salud mental en las distintas provincias. Río Negro se toma como pionera en materia de políticas públicas de desmanicomialización, tiene una ley antimanicomial muy interesante y ha sido tomada como modelo. Algo parecido ocurre con la provincia de San Luis. También es muy buena la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la ley de nuestra provincia no es lo más moderno porque es de 1991, de hecho hubo cosas, como la cuestión de la interdisciplina, que son centrales para pensar las políticas y de las que se decía muy poco en la ley anterior. En relación a esto, sí se dice mucho, y está establecida la reglamentación de la ley. Hay un reconocimiento a nivel nacional de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, del crecimiento de los dispositivos de salud mental en la estructura pública. Es tomada como referencia.

–¿Qué pasa a nivel nacional?

–La salud mental forma parte de aquellas cuestiones que le competen a cada provincia. No obstante, tienen tratamiento parlamentario dos proyectos que pretenden establecer lo que serían los derechos fundamentales de las personas con padecimiento subjetivo. Apuntan al núcleo duro de los derechos constitucionales para garantizarlos y a la reforma del articulado del Código Civil relativo a la insania, que es la modalidad que se tiene para aplicar a las personas que son declaradas dementes. Apunta a que esta modalidad, que implica una discapacidad de hecho para la persona con padecimiento subjetivo, sea establecida de un modo interdisciplinario, con criterios clínicos que no estén hegemonizados por la psiquiatría, que no sean para siempre, incorporando al Código Civil todos los avances en cuanto a construcción teórica que hacen al abordaje de la salud mental.

JUNTAS ESPECIALES. Las Juntas Especiales de Salud Mental, que actualmente funcionan en Rosario, se crearon por disposición de la Ley de Salud Mental y son dirigidas por el abogado Marcelo Martínez. “Se trata de un dispositivo muy efectivo, funciona como una polea de transmisión entre el aparato judicial y los efectores de salud mental”, definió el director.

Concretamente, el trabajo de las juntas es elaborar dictámenes para proponer a los jueces en relación a personas con padecimientos subjetivos cuyos casos están judicializados. Asimismo, analizan el tratamiento más adecuado, cuál es el mejor lugar para proveerlo, si es pertinente una internación y, en ese caso, cuál es el lugar indicado. “Es un organismo que actúa al interior del Poder Judicial porque respondemos a los pedidos de los jueces. No existe una experiencia similar en el resto del país. La verdad es que estamos muy entusiasmados porque se han logrado resultados muy interesantes en los últimos años, ya que los jueces se encuentran con equipos cuya característica, que los diferencia de una pericia común, es que se trabaja en forma interdisciplinaria. Los dictámenes son muy completos, muy sustanciosos y muy efectivos”, determinó Martínez.

CHAU CORRALITO. A comienzos de octubre se clausuró definitivamente el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, conocido como “corralito”. El detonante fue la muerte de un interno, en mayo de este año: estaba alojado en el corralito y apareció ahorcado. Un mes después, el 23 de junio, tres funcionarios del Ejecutivo elevaron una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, haciéndole conocer la idea de desactivar el pabellón psiquiátrico de la cárcel. El escrito, dirigido al presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco, está firmado por las secretrias Débora Ferrandini, de Salud, Rosa Acosta, de Derechos Humanos, y Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios.

El corralito había sido creado en 1985 en el marco de un convenio celebrado entre los entonces ministerios de Gobierno y de Salud y Medio Ambiente. La idea era alojar y brindar asistencia a personas declaradas penalmente inimputables, en situación de cumplimiento de una medida de seguridad, como así también a aquellas personas consideradas penalmente imputables en situación de padecimientos en su salud mental. A lo largo de sus 23 años de existencia fue muchas veces cuestionado: distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron la ilegalidad del espacio y la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas allí alojadas.

“Estamos absolutamente convencidos de que estos sitios tienen que cerrarse”, había dicho el gobernador Hermes Binner en ese momento. “Los lugares de reclusión de imputados deben ser lugares para la recuperación, como bien dice la Constitución”.

DEBATE NACIONAL. El Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional (MSDTI), surgido en 2005 en el marco de los congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, reúne a trabajadores, pacientes y organizaciones del campo de la salud mental de distintas regiones del país, comprometidos en la lucha por sustituir la privación ilegítima de la libertad que constituye la institución manicomial y sus lógicas de exclusión y estigmatización del padecimiento psíquico.
En su manifiesto, el MSDTI se ha pronunciado acerca de “esa modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que en el caso de las instituciones privadas sigue un idéntico modelo asilar: puede entenderse como conjunción entre locura, discriminación y mercado. En cualquier caso, constituye una flagrante violación de los derechos humanos y de impunidad instituida como política de salud, en momentos en que estos derechos quieren instituirse como políticas de Estado”.

COLONIA OLIVEROS: EL INICIO. En un informe publicado en el sitio www.enREDando.org.ar hay una reseña que señala que hace 12 años nacía, en la Colonia de Oliveros, la desmanicomialización: un proceso que empezó con talleres culturales para los internos y luego incorporó un área productiva. Desde allí, los pacientes cultivan una huerta orgánica, producen miel y tienen un criadero de chanchos. El psicólogo Esteban Fridman, coordinador de la cooperativa creada en la colonia, destacó que este tipo de iniciativas tienen que ver con un proceso que se inició para revertir la lógica de encierro con la cual había funcionado siempre este hospital. “Hubo una larga lucha para cambiar la lógica con que se atendía a los pacientes, para que esto deje de ser un depósito de locos. Incluso en 1991 los organismos de derechos humanos hicieron denuncias por el trato que acá se les daba a los internos. La pelea por la desmanicomialización viene de esa época, y sobre todo desde que se empezó a fortalecer institucionalmente, cuando en 1996 los trabajadores toman la dirección del hospital. Diez años después, lo que se nota es un cambio notorio en la salud de los pacientes”, explicó.

En Buenos Aires. En el Hospital Alvear (ciudad de Buenos Aires) se realizan talleres destinados a pacientes psiquiátricos como una opción para facilitar la externación y la reinserción social y familiar. Bajo el concepto de que existe una forma de poner fin a una internación psiquiátrica y continuar con el tratamiento, cubriendo las horas que quedan vacías con tareas productivas o placenteras, organizaron un programa con talleres de tango, plástica, música y técnicas audiovisuales. El más reciente es el de huerta orgánica.

Locas... de televisión. La desmanocomialización tuvo, también, su lugar en la pantalla: en 2004, Canal 13 de Buenos Aires puso al aire “Locas de Amor”, un unitario que contaba la vida de tres mujeres que acababan de salir de un neuropsiquiátrico. Juana Vázquez (Julieta Díaz) era una obsesiva compulsiva que no toleraba ni el más mínimo contacto físico. Eva Doura (Soledad Villamil) sufría delirios místico-religiosos y escuchaba voces a su alrededor. Simona Teglia (Leticia Brédice) era una maníaca-depresiva capaz de pasar de un momento a otro de la alegría al autoflagelamiento más brutal. En definitiva: tres jóvenes que vuelven a ser parte del mundo real con sus problemas, fobias, temores y ansiedades a cuestas y que, conviviendo en el mismo departamento, intentan reinsertarse socialmente en un mundo cada vez más individualista y que tiende a expulsar al diferente.

Viejos paradigmas. Carlos de Lajonquiere, director general de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que la clave de la desmanicomialización está en internar la menor cantidad posible de pacientes y, en los casos en que hay que internar, contar con efectores rápidos, donde el promedio de internación no supere los 30 días, con métodos de seguimiento que no propicien las reinternaciones. “El paradigma de la vieja psiquiatría consistió en hipermedicar, con muchos fármacos y poco uso racional de psicofármacos. No alcanza con abrir camas en hospitales de agudos, sino que es necesario cambiar la mentalidad, la formación de los profesionales, de modo que los pacientes no sean tratados con decenas de fármacos, sino con uno o dos, y que cuenten inmediatamente con sistemas de psicoterapia y reinserción”, opinó.

Publicado en Pausa #29, 28 de noviembre de 2008.

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De la crisis se zafa con cabeza

La organización de los trabajadores y el fortalecimiento de la pequeña empresa demuestran ser caminos viables para lo que se viene. En el marco de las amenazas despidos y de las reacciones de las cúpulas sindicales, asoman dos nuevos modos de gestión empresaria y obrera. Hablaron con Pausa un académico especialista en pymes y un dirigente local del MTL.

En medio de los conflictos laborales suscitados a partir de la crisis financiera mundial, y mientras los funcionarios se las ingenian para convencer a los empresarios de evitar despidos y suspensiones, un referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y un representante de la Universidad de Bolonia (Italia), impulsor del Observatorio de Pymes en la provincia de Santa Fe, hablaron con Pausa sobre las alternativas que se pueden generar para garantizar fuentes de empleo digno.

Rubén Salas, dirigente del movimiento de desocupados de Santa Rosa de Lima, indicó similitudes y diferencias entre la actualidad y el 2001, a la vez que propuso alternativas para recuperar el trabajo decente. “Algunas similitudes con la década del 90 hay: una es el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Eso es muy grave, en las personas que tienen un sueldo que les permite vivir el impacto es menor que en el que tiene un sueldo en negro”.

El dirigente del MTL reconoció que con la reactivación económica de los últimos años se generaron fuentes laborales, pero subrayó que no fueron suficientes para que se reinsertaran todos los sectores antes excluidos. “Un importante porcentaje de la población quedó afuera por la edad, porque ya no conocen los nuevos oficios, porque la crisis los dejó con los brazos caídos o por no actualizarse al momento que se vive”, añadió Salas.

Según su opinión, el sector más afectado por la crisis –cuyo inicio identificó a partir del lock out del campo– es la construcción. Hay obras paralizadas y se empiezan a ver “nuevos bolsones de pobreza. No es la misma desocupación que entonces, pero puede llegar a esos niveles si no se actúa rápido”.

CONCENTRADO Y PRECARIO. Salas se refirió también a las leyes laborales y recordó que todavía están vigente la legislación de los 90 “que precariza totalmente el trabajo”. Consideró, en contra de los índices del Indec, que no hubo un crecimiento importante del empleo en este último período.

“La situación laboral sigue estando en negro y existe una explotación tremenda, sufrida principalmente por jóvenes, en la que se trabaja más horas por menos plata y no se tiene acceso a una obra social y demás derechos”, opinó.

–Con los problemas de rentabilidad ¿siempre la variable de ajuste son los trabajadores?

–Históricamente fue así: las ganancias se reparten entre los empresarios y las pérdidas las paga el pueblo. Pasó siempre así en este país. A la crisis la siguen pagando los mismos. Por eso los aumentos en la canasta familiar afectan mucho más a este sector que a los empresarios; su ganancia la depositan en un banco o la invierten en construcción o materiales: no los afecta tanto como a los que dependen del salario o la changa.

–¿Cómo ven el rol de los empresarios?

–Hace años que se discute la recuperación del empresariado nacional. En otros países existe, aquí, desgraciadamente, en los últimos 20 o 30 años no les ha importado la bandera ni el país, sino su ganancia particular.

ORGANIZARSE: LA ALTERNATIVA. “Cuando el trabajador se organiza y pelea fuerte por una idea se consiguen algunos éxitos. Esos son los triunfos que tenemos para mostrar ahora, que no teníamos en los 90. El MTL fue capaz de construir un plan de vivienda en Buenos Aires, orgullo nuestro que trascendió a nivel internacional como una forma de organización a imitar. Para nosotros es algo normal, pero a la vez muy difícil de conseguir. La salida pasa por las pequeñas cooperativas, los grupos de trabajo. Más allá de que un gobierno tenga la decisión de expropiar una fábrica o adopte medidas a favor de los desocupados, si no tenemos la fuerza necesaria para pelear por eso, va a ser imposible”.

Salas ejemplificó: “Nos pasó con el campo. Estábamos de acuerdo con que tenían que pagar más los que más ganan, pero no tuvimos la fuerza para defender eso. No nos puede volver a pasar: si recordamos propuestas históricas de algunos sectores del campo popular, como la nacionalización de la banca o la reforma agraria, hoy vemos que no tenemos la organización ni la fuerza para concretarlo. Hay que apuntar ahí: a la organización desde abajo”.

–En este aspecto, en Santa Fe, ¿cómo estamos?

–Ocurrió un fenómeno similar al de otras ciudades: hubo muchos piquetes a fines de los 90 y principios del 2000, pero después esa lucha fue comprada, cooptada, fragmentada por el gobierno. Hoy hay una desorganización tal que es muy difícil recuperar la fuerza colectiva que teníamos. Pero hay que seguir intentando la organización de los trabajadores, siempre considerando que no se hace desde un barrio o una ciudad sino desde un proyecto de país.

EMPRENDIMIENTOS MTL. En barrio El Pozo, un programa integral de nutrición infantil procura la recuperación de 150 niños desnutridos, monitoreado por Salud Pública y puesto en marcha con al aporte solidario de organizaciones de derechos humanos y de ayuntamientos de Europa.

Una de las referencias de autogestión, emblemática para el movimiento, es la Cooperativa Emetele, con 400 trabajadores y 1.000 viviendas en ejecución en Buenos Aires. Los trabajadores perciben asignación familiar, aguinaldo, vacaciones, ART y obra social. Y la cooperativa se presenta a licitaciones para construir otras obras.

Comenzó en 2004, con la construcción de un complejo habitacional –por trabajadores del propio movimiento– en tiempo record (30 meses) y a un costo 25% menor al del mercado. El barrio Monteagudo tiene 326 departamentos, Jardín Maternal, diez locales comerciales, un salón de usos múltiples, una radio, nueve patios internos y una plaza.

POTENCIAR PYMES: EL CASO ITALIA. El lunes el gobierno de la provincia firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Observatorio Pyme y la Universidad de Bolonia (Italia) para crear el “Observatorio Pyme Regional de la Provincia de Santa Fe”.

De paso por la ciudad, Vicente Donato, vicedirector de la Universidad de Bolonia (representación Buenos Aires), habló con Pausa acerca de la experiencia italiana en el desarrollo de las pymes durante la posguerra y sobre la posibilidad de implementar un proyecto similar en nuestra provincia.

–¿En qué consisten estos convenios para poner en marcha el Observatorio Pyme?

–Es una metodología de institucionalización de observatorios que la Universidad de Bolonia impulsa en toda la Argentina, junto a la Unión Industrial. La idea es ponerlos en marcha en todas las provincias. Esto permitirá saber qué tan dinámicos son los sectores y las empresas en relación a otros del país y de Europa. Aquí, el gobierno le dio un gran impulso a este convenio entre universidades y empresarios a través del financiamiento total del inicio del proyecto para garantizar su rápido funcionamiento. Luego ingresarán progresivamente los privados, que deberán sustentarlo en el tiempo.

A pesar de las distancias que separan la provincia de Europa, la experiencia de los últimos 50 años, y en particular el caso Italia, permite entender la referencia y el alcance del intercambio.
Las pymes representan más del 95% de las empresas de la comunidad europea. Concentran más de las dos terceras partes del empleo total: el 60% en el sector industrial y más del 75% en el sector servicios. El nivel de eficiencia de las pymes italianas es reconocido en el mundo; no sólo constituyen una importante fuente de trabajo para la población, sino que contribuyen al PBI en casi un 50%. (En la Argentina las pymes representan un 60% del total de la mano de obra ocupada y contribuyen al producto bruto en aproximadamente un 30%).

Bolonia, capital de la región Emilia-Romagna, es tomada como referencia casi en toda Europa. Esa comuna, que ocupa el séptimo lugar en tamaño en el país, tiene el nivel más alto de ocupación de toda Italia (68%; la media nacional es del 56%), una desocupación del 3,7% (la media es del 8%) y el nivel de ocupación de mujeres más alto de Italia (63,4%). Además, el 90% de sus 415.000 unidades económicas son pymes: hay una empresa por cada 10 habitantes.

Con 8.000 cooperativas, la región es considerada líder en la llamada economía social, cuyo desarrollo se basa, según sostienen, en los principios de solidaridad y de reciprocidad. La provincia de Bolonia se considera el nodo de comunicaciones más importante de Italia por su sistema ferroviario y su logística de vanguardia, que conecta la zona con el sistema portuario de Ravena, hacia el este: el principal puerto de la región hacia el Adriático.

–¿Qué comparación puede hacer entre Italia y Santa Fe?

–Lamentablemente, las pymes en este país funcionan aisladas. Hay un tejido institucional más débil que el italiano, hay poco apalancamiento bancario, no hay acceso al crédito. En Italia hay políticas públicas de incentivo y de promoción de comercio exterior. Ambas han tenido continuidad desde la posguerra hasta ahora. La diferencia fundamental entre una pyme Italiana y una argentina es que esta última funciona, lamentablemente, de modo muy aislado. La otra está inserta en un tejido institucional muy fuerte que la protege, la hace crecer y le permite desarrollarse más armónicamente. El pequeño y mediano empresario argentino es una especie de súper héroe solitario.

–¿Podrá Argentina hacer viable eso?

–Europa es un continente antiguo, con una historia muy particular y una trayectoria de políticas públicas muy consolidada. La Argentina es un país joven, de manera que el objetivo es aprender lo que se pueda aprender, aunque no todo se puede transferir.

A MINIMIZAR LA CRISIS. Ante las amenazas de despidos, la suspensión de trabajadores y el adelanto de vacaciones, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, diseñó una estrategia para presionar a las empresas. En parte, se tradujo en el recordatorio de que está vigente el procedimiento preventivo de crisis, que implica que ante cualquier despido la compañía deberá entregar a la cartera sus últimos tres balances. De no hacerlo, corre automáticamente la conciliación obligatoria.

Tomada evitó hablar en la semana de despidos masivos pero, al igual que otros funcionarios, describió al sector privado como en un “estado de psicosis”: muchas empresas aprovechan la crisis internacional para despedir y suspender personal sin justificación.

En sintonía, la provincia desplegó una serie de medidas, encuentros y convocatorias a diferentes sectores para frenar el impacto de la crisis, que afecta sobre todo a las automotrices, la metalurgia, los frigoríficos y las curtiembres, entre otros.

En este contexto, ayer se reunió, en una sesión extraordinaria, la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente: analizaron los posibles efectos laborales en la coyuntura actual y evaluaron, en conjunto con representantes sindicales y empresariales, la definición de medidas activas.

Los conflictos laborales más notorios, hasta ahora, son los 1.500 empleados suspendidos en frigoríficos de todo el país, la suspensión de actividades que comenzará a realizar la firma Fate a partir de hoy –donde hay 1.400 trabajadores involucrados–, los más de 1.000 trabajadores de la industria automotriz a los que no les renovarán sus contratos y los 370 operarios suspendidos por la empresa textil Enod, de La Rioja.

LA POSTURA DE LAS CENTRALES OBRERAS. La CGT de Hugo Moyano reclamó fervientemente la implementación de una doble o triple indemnización para despidos injustificados. El proyecto estaría listo para ser ingresado en el Congreso Nacional, aunque desde la CGT aclararon que, tras el distanciamiento del gobierno nacional respecto de la iniciativa, ahora “se apuesta a un acuerdo” con los empresarios y legisladores del oficialismo. Por su parte, la CTA fijó su posición a través de su secretario general, Hugo Yasky, quien en la semana pidió la prohibición de los despidos por seis meses y la profundización del procedimiento preventivo de crisis, que ya se aplicó en los casos de Easy, General Motors y Mercedes Benz. También exigió la convocatoria a un Consejo Federal que incluya a trabajadores, empresas y gobernadores. Además, la central anunció una marcha nacional para el próximo 12 de diciembre. Hugo Yasky criticó a las empresas que “acumularon ganancias durante cinco años, se la llevaron con pala y ahora despiden por si acaso, por si las moscas”.

Publicado en Pausa #28, 21 de noviembre de 2008.
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Los usuarios se suben al debate

Todos los santafesinos podrán participar de la audiencia pública por el transporte, que será el 26 de noviembre. Los concejales evalúan como positiva la posibilidad de discutir con los pasajeros el funcionamiento de los colectivos. Los vecinalistas ya estudian los nuevos pliegos. Mientras tanto, terminan de afinarse los detalles para la exposición y el posterior cruce de posiciones: un hecho inédito en la ciudad.

Por Sergio Ferreyra

Hay tiempo hasta el 21 de noviembre. Pasado ese día, quienes asistan a la Audiencia Pública por el transporte urbano se dividirán entre los que puedan opinar y preguntar y los que sólo puedan preguntar o ser veedores. Para tener una u otra posibilidad la clave es inscribirse en la lista de personas que quieren participar activamente del acontecimiento. El lugar para este trámite es el Centro de Atención Ciudadana del Concejo Municipal. Allí, en la primera semana de recepción de oradores se enlistaron seis nombres y se estima que esa cantidad crecerá.

Cinco días después del cierre de esa nómina, el miércoles 26 a las 9:30, en el recinto del Concejo se desarrollará esta nueva forma de participación ciudadana en la que los vecinos dirán lo suyo acerca de los colectivos. Lo que vienen manifestando como constante por todos los medios es su disconformidad con el sistema. Se trata de una escena que es parte de un todo: son las nuevas formas de participación ciudadana, como las consultas populares, el presupuesto participativo o el Plan Estratégico Provincial, elaborado luego de un año de asambleas ciudadanas, que el 11 de diciembre presentará el gobernador Hermes Binner.

PERCEPCIONES. “Imagino que va a ser una audiencia con mucha convocatoria, donde muchas entidades de la sociedad van a tener muchas cosas que manifestar”, auguró el Concejal Carlos Suárez del Frente Progresista, Cívico y Social. Por su parte, María Lastra del bloque Frente para la Victoria, sostuvo: “El problema del transporte es un tema que involucra a toda la gente, es importante que se pueda discutir con los usuarios”.

Mónica Ledesma, titular de la Federación de Vecinales, dijo: “Creemos que la licitación del transporte es urgente”. La dirigente anunció que los concejales Carlos Pereira y Jorge Kiener mantuvieron contactos con los vecinalistas de toda la ciudad y se comprometieron a acercarles las copias de los planos con los recorridos de las líneas de colectivos, contenidos en los nuevos pliegos girados hace algunos días por el intendente al concejo. El fin es que puedan observarse en los diferentes sectores de la ciudad y que, con eso, posean herramientas para proponer modificaciones que sean necesarias.

La posibilidad de que los santafesinos debatan con sus representantes los alcances del nuevo sistema de transporte se da luego de la resolución aprobada por el cuerpo deliberante de la ciudad el pasado 30 de octubre. La norma fue presentada por los ediles del Justicialismo y de Santa Fe es el Centro. Como la ordenanza N° 10.825, que enmarca el funcionamiento de la audiencia pública, estipula los tiempos de la convocatoria, en esta ocasión, excepcionalmente, se introdujo un artículo por el cual se permitió reducir ese lapso.

HACEN POSIBLE ESTA PROPUESTA... En esta inédita ocasión podrán participar representantes de las vecinales; de organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios; de los colegios empresariales, comerciales e industriales; profesionales con incumbencia en la materia; la UNL, la Universidad Católica, la UTN; científicos, técnicos, especialistas, docentes e investigadores que acrediten conocimientos en la materia; escuelas; centros de estudiantes; cooperadoras escolares; sindicatos; centros comunitarios y de jubilados y todos los ciudadanos que quieran aportar lo suyo. Según lo establece el artículo 6 de la Ordenanza 10.825, deberán participar también de la Audiencia Pública los Secretarios y Subsecretarios del Ejecutivo Municipal, cuyas áreas sean competentes en razón del objeto de la convocatoria. A su vez, la Presidencia del Concejo Municipal deberá cursar invitaciones a participar de la audiencia a los funcionarios y responsables provinciales vinculados a la problemática en cuestión, considerando especialmente al Secretario de Servicios Públicos de la Provincia y al Director Provincial de Vivienda y Urbanismo, responsable de la ubicación de los planes de viviendas.

“Esperamos que haya una afluencia de público importante. Me imagino un día festivo porque me parece que, si bien es un mecanismo que existe ya hace un tiempo, no fue recurrentemente utilizado, por lo menos en la cantidad que hubiésemos querido. Esperemos que la gente participe y exprese sus inquietudes. Puede ser que nos esté faltando la costumbre de participar, es un viejo reclamo de toda la sociedad. Pero, cuando llegan las ocasiones, no se tienen los resultados esperados. Creemos que esta audiencia no va a ser el caso, va a ser la excepción. Si no se da y la participación no es la esperada, hay que atribuírselo al ejercicio de los mecanismos de participación”, observa Suárez.

Lastra espera mucha concurrencia. Contó que para fomentarla le están enseñando a los interesados los nuevos pliegos remitidos desde el Ejecutivo, con los recorridos propuestos. La concejala proyectó para ese día “mucho interés desde las instituciones” y percibió “mucha fuerza de trabajo y estudio serio de la cuestión”. Y concluyó: “estamos discutiendo la regularización definitiva, es importante que tengamos en cuenta lo que la gente piensa”.

MINI RECORRIDA. En la vecinal Guadalupe Oeste, de la cual Mónica Ledesma es la titular, uno de los planteos que se viene estudiando es el paso de una línea de colectivo por calle French, que cruce la ciudad de este a oeste.

Verónica Blasone, de Yapeyú, no escatimó palabras de protesta y puso de manifiesto la aventura de tomar un ómnibus allí. “La única línea que pasa es la 15, la 5 no llega, y el funcionamiento es regular, más malo que bueno, tiene una frecuencia de 15 o 20 minutos. Es el único que llega a la zona, a partir de la medianoche anda un solo colectivo y cada dos horas”. La dirigente vecinal también pinta otra realidad: “acá circulan mucho los remises truchos, porque el colectivo no anda y los legales no entran a muchas partes del barrio”.

Eugenio Acosta (Barranquitas Oeste) expone: “Aquí, principalmente, circula la línea 9. Realmente es un desastre, a tal punto que días atrás estuvo a punto de retirarse la línea del servicio por problemas económicos financieros. El funcionamiento es malísimo en cuanto al estado de los vehículos y a la frecuencia, que no se respeta. Es todo un problema para la gente; el colectivo debería pasar a una hora determinada y a veces pasa media hora de más y no llega, la situación es muy precaria”.

PARADAS LEJANAS. La sesión barrial fue un termómetro, parcial, pero parámetro al fin, del pensamiento que expresan los santafesinos sobre el servicio de colectivos. Allí quedó claramente dicha la necesidad de los vecinos de los barrios Mayoraz, María Selva, Alberdi y Los Hornos de volver a contar con la línea 6 y 7 en esos lugares. Las mociones fueron contundentes a la hora de presentarse: que en los nuevos pliegos se tenga en cuenta el funcionamiento de estos ramales. Lo mismo ocurre en otros barrios nuevos de la ciudad, en donde hoy los vecinos deben caminar muchas cuadras para tomar un colectivo y adquirir la categoría de pasajeros.

“Ojalá el mecanismo se dé como en las comisiones de la sesión barrial, donde el debate fue con mucho respeto aun cuando no siempre se haya dado la razón a los vecinos, más allá de que los reclamos eran justos. Indudablemente, los concejales debemos ponernos equidistantes entre todos los intereses, incluso los que hay entre los propios vecinos”, concluyó Carlos Suárez.

LA DISCUSIÓN EN JUEGO. En la audiencia del miércoles 26 se debatirán muchos aspectos ligados al funcionamiento del transporte público en la ciudad. Ellos son:
- Licitación pública
- Vigencia de la concesión
- Grupos de líneas
- Unidades (modelo, antigüedad, capacidad, identificación)
- Unidades adecuadas para personas con movilidad restringida
- Flota de reserva
- Recorridos
- Frecuencias
- Horarios (pico, diurno, nocturno)
- Transbordos
- Tarifas (básica, combinada, franquiciada)
- Facultades de control del Ejecutivo Municipal

Publicado en Pausa #27, 14 de noviembre de 2008.
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Parias de ciudad

Un difuso proyecto turístico-inmobiliario puso de relieve una característica notoria de la ciudad: la división social; en playa norte, de un lado de calle Riobamba, los vecinos temen perder sus casas; enfrente se levantan mansiones. Viven en la villa y subsisten cirujeando en Guadalupe. Pero los quieren desalojar para ampliar la Costanera hacia el norte. La ONG Manzanas Solidarias salió a defenderlos; en nombre de la seguridad, la Vecinal Guadalupe Noreste pide que se ejecute el proyecto.

Por Ezequiel Nieva

Una línea de cal que borró la lluvia de octubre como signo de una realidad que, lejos de ser invisible, cada vez es más difícil de ocultar: la división social. Calle Riobamba, en el noreste de la ciudad –el barrio conocido como Playa Norte–, es una marca. A uno y otro lado del pavimento dos mundos casi opuestos conviven, aunque con muy distintos porvenires a la vista: una villa que subsiste de la basura de barrio Guadalupe y un conjunto nuevo de casonas, al norte del camping de Luz y Fuerza, cuya característica más saliente es la privilegiada vista a la laguna.

Las casas nuevas tienen –aunque no formalmente– playa propia: una suerte de extensión del relleno de arena que se hizo como parte de los trabajos de la proyectada Playa Grande y que abarca un trecho que, trasladado a nivel calle, comienza en French (8300), pasa por Luz y Fuerza y termina a la altura del 8700. Son cuatro cuadras de arena en donde los fines de semana, al sol de la tarde y a un lado de la ancha laguna, algunos jóvenes de Guadalupe juegan carreras en sus cuatriciclos.

Calle French, en esa zona del este, es el –también formal, ya que no en los hechos– fin de la ciudad. De ahí hacia el norte, las viviendas que se levantan no figuran en el mapa oficial y la propiedad de las tierras está en una nebulosa legal. La reconstrucción histórica podría llevar largos párrafos; se puede abreviar señalando que fueron de la familia Funes y que, al morir Funes padre, quedaron en manos de sus cuatro hijos; la deuda acumulada en décadas de impuestos impagos hizo que pasaran al ejido de la Municipalidad. Entre tanto, en una vasta zona de esos terrenos –no sobre la costa, donde ahora están las casonas que fueron levantadas a una altura prudente, sino más hacia el oeste– familias provenientes de otros sectores de la ciudad comenzaron a asentarse.

En las últimas tres décadas conformaron casi un barrio. Unas 300 casas si se tienen en cuenta los ranchos más alejados, que de momento no corren el mismo riesgo de ser erradicados que los vecinos ubicados sobre calle Riobamba: 120 familias –unas 450 personas– según un censo de hace dos años hecho por los propios vecinos. La zona quedó demarcada a mediados del mes pasado por una gruesa línea de cal, como de cancha de fútbol, que señalaba de qué lado se irían a erradicar –en una primera etapa– las viviendas. Al este de la cal, 17 casas (la cuadra completa de Riobamba al 8600) habían quedado sentenciadas.

En la movida, una casa en construcción fue tumbada “sin previo aviso y con una impresionante custodia policial”, según advirtieron en ese momento desde la ONG Manzanas Solidarias. La embestida disparó la reacción de los vecinos y la topadora no volvió a aparecer por el barrio. Recién entonces un funcionario de la Municipalidad se acercó a dar explicaciones: se trata de un proyecto, archivado años anteriores, que ahora cobra nuevo impulso dentro del Plan Urbano de la ciudad: el ensanche de Riobamba y su posterior continuación hacia el sur para empalmar con la Costanera y así extender el tradicional paseo santafesino un kilómetro más hacia el norte. Hasta Playa Norte. (Como inmediatos beneficiarios de la iniciativa aparecen los inversores que proyectan convertir la zona en un centro turístico –una suerte de country con muelles y embarcaderos para yates–, tema que excede largamente el objetivo y el espacio de este informe).

La reunión del miércoles 15 de octubre, que se desarrolló en la sede de Manzanas Solidarias (también sobre Riobamba, aunque al sur de French: la calle que opera de límite de la primera etapa del ensanche), no conformó a los vecinos de la parte pobre de Playa Norte. Ellos querían que los representantes de la Municipalidad explicaran el significado de la línea de cal y los motivos de la demolición de la casa en construcción, temerosos de que sus propias casas –precarias todas ella, las de chapa, las de barro y aún las de material– corrieran la misma suerte.

Jorge Rico, coordinador del Distrito Este, replicó que la traza señalada responde a un proyecto de ensanchar calle Riobamba 32 metros hacia el oeste para mejorar el acceso a la playa –desde la Vecinal de Guadalupe Noreste, que apoya el proyecto municipal y alienta los futuros emprendimientos privados, aportaron un detalle: la traza sería sinuosa y no recta, siguiendo de algún modo la línea de la Costanera. Eso permitiría, les dijo Rico a los vecinos, potenciar “el aspecto turístico” de la zona. “Un proyecto que no es compatible con la existencia del barrio pobre”, calificaron desde Manzanas Solidarias.

En cambio, el representante municipal no dio respuestas sobre el otro motivo de la reunión: la demolición de la casa en construcción. “Se mostró sorprendido; dijo desconocer de dónde había provenido la orden”, dijeron desde la ONG. Las familias que estaban presentes le recordaron que ellos viven en el lugar hace más de 25 años –un plazo que, según cómo se interprete la ley vigente, les permitiría poder acceder a la propiedad de las tierras–, que llegaron ahí corridos por la miseria, que el trabajo de cirujeo que realiza la mayoría es lo único que pueden hacer para sobrevivir, que fueron levantando sus viviendas con mucho sacrificio y que si su condición de pobres no es compatible con un lugar turístico al menos merecen un lugar digno para vivir.

También le recordaron a Rico “las promesas” del secretario de Desarrollo Social, Alejandro Boscarol, del coordinador de distrito, Darío Gatarelli, y de otros funcionarios, efectuadas en una reunión anterior: que “ningún vecino de Playa Norte sería movido hasta que exista una alternativa de vivienda digna, definitiva y dentro del radio de Guadalupe”. El funcionario se comprometió entonces a permitir que el vecino damnificado reconstruya su vivienda con ayuda oficial (para los materiales), a investigar el origen de la orden de demolición y a mantener una mejor comunicación con los vecinos. Pero faltó al segundo encuentro previsto con los vecinos –el 28 de octubre último– anunciando que pasarían casa por casa a aclarar las dudas que pudiesen existir. Que no son pocas.

NADIE SABE DÓNDE. En el lado pobre de Playa Norte opinan que, en el mejor de los casos, si sus terrenos han de convertirse en la continuación de la Costanera, los de enfrente deberían ser solo playa y no casas con playa privada. Dicen que de haber prosperado el faraónico proyecto de Playa Grande –una extensión de 4,2 kilómetros de arena que iba a extraerse de los yacimientos cercanos a la orilla, idea de la gestión Balbarrey demorada porque, entre otros puntos, no se previó cómo contener la arena ni su limpieza– todos, de ambos lados de Riobamba, deberían ser erradicados. “No solamente los negros de este lado”, como graficó un vecino.

Al oeste de Riobamba, zona históricamente inundable por ser muy baja –como la cava que rodea la villa–, los terrenos se fueron rellenando en una tarea que insumió varios lustros. “Gracias a nuestro esfuerzo”, relató una vecina, “se rellenaron con arena, con tierra, con basura. Fue un esfuerzo nuestro, no de la Municipalidad”.

De esa tierra que consideran propia, asegura, los quieren erradicar. Hay distintas versiones acerca del lugar adonde los llevarían: detrás del Regimiento GADA, cerca del Mercado de Abasto, barrio La Loma (la nueva ubicación del relleno sanitario), detrás de la Granja La Esmeralda y hasta en la cava que hay detrás de la villa, para lo cual otra vez deberían volver a rellenar la tierra. Otras versiones circulan en el barrio: por ejemplo, que la Municipalidad va a proveer a los vecinos de los materiales para que construyan sus nuevas casas. “Pero ¿dónde?”, se preguntan. “¿Para qué viene la gente de la Municipalidad a hacernos la cabeza diciéndonos que nos van a ayudar con los materiales si después pasan tres, cuatro, cinco años y es siempre la misma historia?”.

UNA LARGA HISTORIA. El 16 de junio de 2005, a poco más de un mes de las primeras elecciones internas obligatorias tras la caída de la Ley de Lemas –previas a la renovación que se dio a fines de ese año con el triunfo de la lista de Jorge Henn, entonces oposición, sobre el oficialista Rubén Meahuod, luego presidente del cuerpo y ahora opositor–, el Concejo sancionó la ordenanza Nº 11.197, que establece continuar la avenida Almirante Brown (vulgo: Costanera) por calle Italia primero y Riobamba después y “la conformación de un parque lineal paralelo en un ancho total de 60 metros”. De esos 60 metros, 32 están en juego. Y ahí, en la cuadra del 8600, 17 casas permanecen sostenidas por la incertidumbre.

La ordenanza aún no fue cumplida. A fines de 2006, un año y medio después de la sanción, dos representantes de la Vecinal de Guadalupe Noreste hicieron una encendida defensa del proyecto. “Nos daría más seguridad si a esa gente se la reubica”, dijeron en una entrevista publicada en El Litoral el 29 de octubre de 2006.

Molestos porque las obras no habían sido contempladas en el presupuesto de ese año, Eduardo Man y Oscar Roa –presidente y tesorero de la Vecinal, respectivamente– hablaron de la importancia que sufrían por no poder corregir “la discontinuidad que presenta la avenida Costanera, que comienza en el Puente Colgante y finaliza en el monumento al general Artigas”, deseosos de que ese final abrupto y en rotonda pudiera extenderse hacia el norte y así “jerarquizar” la zona.

“Una ordenanza es un documento público que obra como mandato para los funcionarios”, le dijeron a las autoridades municipales de entonces. “La ciudad contaría con una infraestructura costera que trascendería los límites de la misma, convirtiéndola en un polo de atracción turística con las consecuentes ventajas económicas inherentes a ello”. El presidente de la Vecinal explicó que acompañan la iniciativa porque “le va a dar un empuje muy grande a toda la zona de Guadalupe y revalorizaría un área que hoy no es explotada en toda su potencialidad”.

El tesorero agregó que, más allá de calle Javier de la Rosa, la ciudad se encuentra “postergada”. “Es una de las zonas más lindas de la Capital, motivo por el cual exigimos al gobernador y al intendente que esta ordenanza sea cumplida. Estamos postergados; hace poco tiempo logramos tener una iluminación que, aunque buena, es precaria; no tenemos asfalto, no nos cortan los yuyos y hay basurales”, ilustró. Ni Obeid ni Balbarrey, huelga recordarlo, atendieron la exigencia, que hubiera derivado en la erradicación de media villa: incluidos los basurales de los que habló Roa y que constituyen el único modo de subsistencia de buena parte de sus vecinos del oeste.

En esa entrevista, los dos representantes de la Vecinal de Guadalupe Noreste hicieron hincapié en el hecho de que, de concretarse el proyecto, “se erradicaría el asentamiento de esa villa que se encuentra frente a Luz y Fuerza”. “Con ello se lograría hacer realidad un reclamo de mucho tiempo atrás. Nos daría más seguridad si a esa gente se la reubica”, dijeron. Según Man y Roa, Balbarrey estaba en sintonía con la iniciativa, aunque se excusaba en la falta de recursos. “La intención política es que se haga”, reconoció entonces el presidente de la Vecinal, que también acudió, por carta, al senador nacional Carlos Reutemann –un vecino ilustre de la zona, aunque en esa época ya estaba radicado en Buenos Aires y con pocas perspectivas de poder vivir de nuevo en Guadalupe.

Ante Reutemann, Obeid y Balbarrey pidieron los vecinalistas, pero los fondos para la obra nunca aparecieron. Ahora, a casi un año del recambio de autoridades, el proyecto parece tomar nuevo impulso. Y, por tanto, genera también resistencias y rechazos.

¿PARA QUÉ? La primera reacción ante el avance de la Vecinal provino de Manzanas Solidarias, una ONG que surgió con la crisis de 2001 y cuya política de trabajo social pasa por favorecer la autogestión y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. “La crisis llevó a muchas familias a sufrir una de las consecuencias máximas de la pobreza y la exclusión: comer de la basura. Sabíamos que desde hacía tiempo, mucha gente en nuestro país comía de lo que se tiraba. Cuando vimos en las calles de nuestro barrio a madres jovencitas, vecinas de las zonas más pobres que circundan a Guadalupe, alimentando a sus hijos de lo que rescataban de las bolsas, podíamos mirar para otro lado o podíamos hacer algo. Y decidimos tratar de hacer algo”, narran los responsables de la asociación.

Desde el principio, la ONG se organizó –con voluntarios que se hacían cargo de una manzana– para recabar las necesidades inmediatas de todos los vecinos. De esa forma, elaboraron un completo sistema de datos que hicieron circular entre la gente, a la vez que explicaban su propuesta. La idea era coordinar tareas para almacenar todo aquello que unos vecinos pudiesen necesitar y otros aportar: comida, ropa, calzado... “Esto generó entre la familia necesitada y la de clase media una relación especial, de afectos y aprendizajes: una que sintió no estar sola en medio del dolor y otra que aprendió cómo se vive en la pobreza y las actitudes heroicas de quienes sobreviven con dignidad a pesar de las injusticias con las que ya nacieron”, agregan. Llegaron a contar más de 60 manzanas organizadas con este sistema y hoy la ONG ocupa una casa en la que se dictan talleres recreativos y se brinda apoyo escolar a los chicos del barrio.

Alarmados ante el regocijo de la Vecinal de ver cumplido el viejo anhelo de “erradicar la villa”, la gente de Manzanas Solidarias buscó el apoyo de los concejales de la oposición –mantuvieron reuniones con Henn y con Marta Fassino– y luego dirigieron una nota al entonces titular del cuerpo deliberativo: Rubén Mehauod. “No sabemos si algún concejal se ha preocupado por ver qué significaba el ensanche de Riobamaba: la erradicación de familias pobres, muchísimas que viven en Playa Norte. Nadie habló de propuestas de viviendas dignas para ellos. En la ordenanza ni siquiera se hace una mínima alusión a su existencia... ¿Nadie los vio?”, se preguntaban.

“Y en un plano técnico, no se entiende de qué sirve el alargue. No lleva a ninguna parte; se topa con un bañado que está muchos metros por debajo del nivel de la calle. Para continuar hacia el norte se debería invertir muchísimo dinero, ¿y para qué? Si la comunicación con las localidades del norte está garantizada a pocas cuadras, por la avenida General Paz. Para nosotros es evidente la intención de sacar a los pobres de esa zona, después de haberla demonizado, de haber logrado que se bajen los precios, de que las inmobiliarias y las empresas hagan sus negociados”.

La carta de Manzanas Solidarias es de la época en que se estaban construyendo las casas frente a la villa. “Si no tuvieran garantías de que esa gente fea se va a ir, no invertirían”, remarcaron. “Lo que estamos pidiendo a los concejales es que, ya que nadie se opuso a la ordenanza, prevean propuestas dignas para todas estas familias: viviendas, trabajo, ya que en su mayoría viven de lo que tiran los vecinos de Guadalupe. Hace un tiempo que conocemos la existencia de esta ordenanza, pero el hecho de que la Vecinal Noreste esté presionando en los medios de comunicación para que se ejecute nos hace poner en movimiento para que no se comentan más injusticias”.

SIN PLAN B. Poco después, el 21 de diciembre de 2006, el Concejo se hizo eco del pedido de Manzanas Solidarias. Un pedido de informes sancionado en la sesión de ese día exigía que el Ejecutivo municipal revelara en qué estado se encontraban las obras previstas por la ordenanza Nº 11.197, si se estaban evaluando “los estudios realizados por instituciones intermedias de barrio Guadalupe” y si se tenía previsto algún plan tendiente a “la reubicación de las familias que se encuentran viviendo del lado oeste de calle Riobamba, a la altura del 8500 al norte”.

Como ocurrió a lo largo de toda su gestión, el intendente Martín Balbarrey no hizo ni lo uno ni lo otro: ni contestó el pedido de informes, ni evaluó las alternativas posibles... sencillamente porque la obra seguía parada.

Y en ese estado de inercia siguieron las cosas –las casonas multiplicándose de un lado de Riobamba, los minibasurales del otro– hasta que una línea de cal y una topadora sacudieron de la modorra a los vecinos de Playa Norte.

HABLAN LOS VECINOS. “Antes no teníamos problemas, hasta hace tres años, cuando compraron los terrenos de Riobamba al 8600. Los que compraron dicen que la gente de enfrente somos negros de mierda, por eso nos quieren sacar a nosotros. Acá la gente vive en chapas, en barro, y recién ahora la Municipalidad vino a prometer que vamos a tener una casa de material. Pero eso no existe”, dijo Horacio, un ayudante de albañil de 36 años –de los cuales los últimos 32 años los pasó en el barrio.

Lidia –40 años, 36 en Playa Norte– agregó: “Nosotros estamos cómodos acá. Hace más de 30 años que estamos viviendo. Y tantas veces se habló de que nos iban a sacar. Nosotros fuimos a reuniones en la Municipalidad, a mitad del año pasado, y nos iban a dar una parte de los terrenos como propiedad nuestra, pero después no sé qué negocio hicieron y ahora es otro planteo. Vinieron, marcaron una línea y dijeron: de acá para adelante, la gente tiene que salir”.

–¿Qué explicación les dieron?

–Que están haciendo el reordenamiento de la Costanera, la vista panorámica... pero quieren tapar la villa.

–Nos tienen amenazados de que nos van a pasar la topadora con chicos y todo –completó Horacio.

–Hay un proyecto –retomó Lidia– de que unos inversores van a hacer la calle y con la plata que ellos van a poner (la Municipalidad) nos va a comprar los terrenos de El Gada para hacernos la casa, porque no tienen fondos. Pero yo pregunto: si la Municipalidad no tiene fondos, ¿de qué proyecto están hablando?

–De un proyecto privado...

–Sí, pero viste como está la Bolsa y todo lo demás. ¿Y si se va al carajo? Está todo en un pantano...

Verónica tiene 28 años y es “nueva” en la zona: hace apenas siete años que llegó. “Me cayó bastante mal esta novedad, porque me afecta: la línea de cal cruza mi casa. Yo había comprado una pieza con un baño, después seguí edificando y ahora resulta que me van a sacar la mitad de la casa. Y no sé para dónde arrancar, porque nadie nos da una solución y mientras tanto la avenida Costanera sigue”, relató.

La casa de Verónica, hoy, tiene dos habitaciones, un baño, un patio y los cimientos para una tercera habitación. La línea de cal pasa por encima de los cimientos y de una de las habitaciones. “Me quedaría una pieza y un baño, nuevamente: como cuando compré. Y si quieren hacer la vereda, me quedo sin nada: sin casa, ni patio, ni nada. Nos quedamos totalmente desorientados con esto de la línea (de cal). No sabemos qué hacer; yo tengo dos criaturas y no sé si voy a poder seguir edificando. Todo el esfuerzo que hice para comprar mi casa hoy no sirve de nada”.

Verónica fue una de las que participó de la reunión con los funcionarios municipales. “Dicen que tienen planeado darnos una casa, pero hay gente que no va a poder pagarla. Porque a la casa hay que pagarla mensualmente. Acá por lo menos la gente tiene dónde salir a cirujear; es un sustento. Hay muchísima gente que no trabaja. Y la mayoría son chicos”.

–Ustedes dicen que hay otras prioridades antes que agrandar la Costanera...

–Exactamente. Hay muchos chicos que se están muriendo de hambre. Hay muchos comedores para abrir, muchas escuelas para limpiar: muchas cosas para hacer antes que la Costanera. Gente viviendo en las plazas, chicos enfermos en el hospital que no tienen lo que necesitan; no hay medicamentos en los dispensarios, no hay leche, ¿y se van a preocupar por una avenida Costanera? Que se preocupen por otras cosas.

UNA COPA QUE NO SE DERRAMA NUNCA. “Lo importante es la ideología que subyace, opinó Liliana Berraz, presidenta de la ONG Manzanas Solidarias. “La falta de solidaridad, los derechos vulnerados, la xenofobia detrás del chivo expiatorio de la seguridad”, enumeró. Para la dirigente social, que además es docente en una de las escuelas cercanas a Playa Norte, el conflicto por los terrenos es una repetición de una teoría en boga en los 90: la de la copa que, cuando se derrama, beneficia a todos. “Traducido”, continuó, “significa que cuando Playa Norte se transforme en un country los pobres van a tener trabajo de pintores de yates o carpinteros”. En particular, Berraz se manifestó defraudada por las autoridades municipales: “Es demasiado contradictorio su discurso de cuando eran candidatos (hablaban de inclusión) con este tipo de proyectos”.

Publicado en Pausa #26, 7 de noviembre de 2008.

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