Octubre: un mes de lucha

Tras el ejemplo de Uruguay, organizaciones ambientalistas de Santa Fe reclaman el derecho al agua. Alberto Muñoz, de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, argumenta por qué consideran que el acceso al agua potable debe adquirir rango constitucional. Los números de un problema que crece a escala planetaria.

Por Pilar Guala

Hoy 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua de calidad y 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento. Algunas de los cuales están en Santa Fe. Con esta realidad sobre las espaldas y con el fin último de “defender la vida”, organizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron para reclamar por el reconocimiento del derecho universal al agua. Uruguay fue el primer país en otorgar el rango constitucional a este derecho, a partir de una importante manifestación ciudadana en 2004. Esta cruzada es hoy conocida internacionalmente como el Octubre Azul.

El mes que termina fue particular, entre otras muchas cosas, por la actividad de los ambientalistas; primero una reunión con el gobernador Binner en Rosario, luego la campaña realizada en nuestra ciudad, con dibujos expuestos en el Concejo (algunos de Fontanarrosa; otros de la Arq. Mónica Ortiz) y la charla prevista para esta tarde (18 hs. en el recinto de sesiones) a cargo del especialista Alberto Muñoz: “El agua, derecho humano”, el título de la jornada.

En 1985, apenas 30 millones de habitantes en todo el mundo recibían el servicio de agua potable y de cloacas a través de una empresa privada. Hacia el año 2000 la cifra se elevó a 300 millones, lo que pudo en evidencia el avance de la privatización de este servicio, tanto en estados europeos como americanos. Casi en simultáneo, se gestaron los movimientos de defensa del agua como derecho humano universal, que realizaron manifestaciones internacionales y en algunos casos provocaron la caída de las concesiones ya sea por la falta de inversión en infraestructura como por la incapacidad de las empresas para mejorar la calidad del servicio y los abusos repetidos sobre los derechos de la población.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pusieron en los 90 –en Buenos Aires y en nuestro caso hasta principios de 2006– el servicio en manos de la empresa francesa Suez; en Mendoza y Tucumán lo brindaron otras dos trasnacionales y en Corrientes, Salta y La Rioja todavía es gestionado por la empresa nacional LatinAguas. Santa Fe, generó en 2001, la Organización de Defensa al Consumidor, que unificó en toda la provincia de los distintos conflictos que se habían suscitado en la privatización y concesión de los servicios de agua y saneamiento. A partir de diversas actividades entre vecinalistas, ecologistas, pymes, asociaciones de consumidores, docentes universitarios y la Unión de Usuarios y Consumidores, se creó la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua.

Fue la primera vez, en el país, que se constituyó un ámbito plural que funciona en las 15 ciudades en las que tuvo la concesión la empresa francesa Suez; así, se unificó el accionar de todos los afectados desde distintas ópticas y asociaciones para actuar en conjunto e iniciar acciones colectivas en la defensa de este derecho. Ese trabajo colectivo se materializó en el Plebiscito Provincial por el Derecho al Agua, donde votaron 256.236 ciudadanos: 255.663 de los cuales (el 99,8%) lo hicieron afirmativamente por la rescisión del contrato con Suez por los incumplimientos reiterados de la empresa y por el inicio de un nuevo modelo de gestión pública y social con participación ciudadana.

Esta manifestación pública precipitó la retirada del grupo Suez de la provincia, luego de 10 años de una gestión que se caracterizó por un bajo nivel de apego a los compromisos contractuales, y habilitó una instancia superadora pero insuficiente para la multisectorial: la creación de ASSA –Aguas Santafesinas S.A., un empresa con mayoría accionaria del Estado– en enero de 2006.

De paso por Santa Fe, Alberto Muñoz, uno de los miembros de la Asamblea Provincial del Agua explicó que generar los mecanismos de participación no fue fácil durante la década en que el servicio estuvo privatizado, aunque se aprendió mucho. “Entendimos que debemos resolver entre todos el problema del agua, porque no existe ese mesías francés, iluminado, como se pensó que ocurriría con Suez, que todo lo salva”.

–¿Cómo empiezan a involucrarse desde Santa Fe con esta lucha por el derecho al agua?
–Al principio nos ocupábamos sólo de lo básico, como los problemas generados en los hogares de vecinos con el servicio. Nos fuimos organizando cada vez más, hasta entrar en contacto con la Coalición Mundial Contra la Privatización del Agua, de la que participaban los sindicatos franceses de saneamiento, organizaciones ambientalistas y ecologistas de Europa. También empezamos a vincularnos con organizaciones de Brasil, Uruguay, con los movimientos de derechos humanos de Centroamérica, y desde entonces se armó un esquema internacional de intercambio que continúa en la actualidad.

EL MUNDO, EN PROBLEMAS. El Octubre Azul es un mes de movilización que interpela la administración del agua por parte de las grandes compañías. Consiste en un movimiento internacional que cuestiona enérgicamente el control del agua por las grandes compañías y lo defiende como un derecho inalienable y un bien público.

“Octubre”, por la trascendencia social de la fecha (31 de octubre de 2004) en la que el pueblo uruguayo votó en un plebiscito popular el reconocimiento constitucional del agua como un bien natural esencial para la vida: una movida que permitió que la Constitución uruguaya garantice hoy el servicio de agua potable y saneamiento para todo el pueblo y prohíba expresamente que una compañía privada sea proveedora del mismo.

“Azul” valoriza el agua, supone que su administración y preservación debe ser responsabilidad del Estado mediante una gestión democrática con participación de la sociedad civil que contemple criterios de equidad, transparencia, control social y respeto por los ecosistemas.

En sintonía con el pueblo uruguayo, la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua propone, no sólo modificar la Ley 11.220 –sancionada en 1994, que permitió la privatización del servicio– sino incorporar en el debate por la reforma de la Constitución de Santa Fe un artículo similar al del vecino país. “A nosotros nos parece que este es un capítulo que tiene dos facetas: por un lado tiene que quedar instituido en la letra, en la Carta Orgánica provincial, que el agua es un derecho humano universal, cuyo cuidado, regulación y preservación es responsabilidad del Estado y de todos los santafesinos. Pero creemos que esto no sólo debe ser declamado en la Constitución; debe, además, concretarse, y eso implica conseguir fondos para garantizarlo”, dijo Muñoz.

Desde la organización buscan que la provincia, además de contar con un capítulo de derechos y garantías de la nueva Carta Magna –en el que estaría incluido el derecho al agua–, tenga una ley específica sobre el sistema de agua potable y haya un cuadro regulatorio para la empresa del agua. “Debemos impulsar una política integrada en torno al recurso, organizar las cuencas, integrar los acueductos. La política hídrica tiene que ser provincial. Los problemas con el servicio debe ser una cuestión tratada por todos”, opinó Muñoz.

La multisectorial del agua sostiene que la preservación del recurso supone la incorporación explícita de que todas las aguas del país, excepto las de lluvias, formen parte de un mismo sistema de dominio público. Lo que implica que el Estado debe hacerse cargo de su conservación y de tomar el recurso y devolverlo en las condiciones de calidad en las que lo recibió, estipuladas en la legislación internacional. El actual proceso que atraviesa la provincia de Santa Fe es considerado por la organización como propicio para definir qué servicio deseamos, cómo y desde dónde lo vamos a construir.

Alberto Muñoz destacó: “Ahora se presenta una nuevo desafío; a fin de año termina el contrato de vinculación entre ASSA y la provincia. Estamos trabajando con la empresa y con organizaciones de la sociedad civil en la reformulación de la Ley 11.220, en la modificación del marco regulatorio y de la autoridad de regulación y en el estatus de la empresa: queremos que pase a ser sociedad del Estado. Es decir, es un cúmulo de cosas que a lo mejor no se terminan antes de fin de año, pero que suponen continuar avanzando en un cambio que se inició cuando se terminó el proceso de privatización”.

UN ACCESO QUE DISTA DE SER IGUALITARIO. En coincidencia con la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, la Asociación de Defensa del Consumidor de Santa Fe (Adelco) planteó también la necesidad de diseñar un sistema integral de prestación del servicio de agua y cloacas en la provincia. En un informe difundido por la entidad el 29 de septiembre de este año, advierten que existen más de 600 mil ciudadanos sin acceso al agua potable, 1.800.000 sin servicio de cloacas, tarifas discriminatorias y una importante porción de la población servida con agua fuera de las normas.

Según Adelco, de las 362 localidades de la provincia, 76 no cuentan con agua potable y 278 no tienen cloacas. Y a escala mundial, se ha visto, los registros no son más alentadores.

LA GUERRA DE ESTE SIGLO. En el 2000 se habló por primera vez de la guerra del agua. Fue en alusión a una jornada de enfrentamientos entre la empresa Bechtel Enterprises, de San Francisco (Estados Unidos), concesionaria del agua en Cochabamba (Bolivia), con ciudadanos: el trasfondo fue un intento de aumentar el precio del agua. Toda la ciudad hizo una huelga para rechazar el incremento, los militares reprimieron la manifestación y mataron a un chico de 17 años. Además, arrestaron a los líderes huelguistas de los derechos del agua. Ante este hecho, el gobierno boliviano echó a Bechtel de Cochabamba y a partir de entonces se gestó un movimiento internacional en defensa del derecho universal de acceso al agua potable.

Publicado en Pausa #25, 31 de octubre de 2008.
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El viejo dolor de panza

El hambre: un problema repetido en los barrios del oeste que afecta a 6.000 menores de seis años en la provincia. En noviembre llega a Santa Fe la marcha de los Chicos del Pueblo: una manifestación que pone de relieve lo que en muchos lugares es cotidiano: hay barrios en donde se registra el doble del índice promedio de desnutrición infantil.

Por Sergio Ferreyra

En la provincia de Santa Fe –una de las más ricas del país– hay 6.000 niños menores de seis años que son desnutridos crónicos. Es decir: el resto de sus vidas tendrán las secuelas de no haber podido comer y alimentarse como es debido.

“Depende de qué región se esté mirando y qué nodo se involucre. Hay lugares donde hay una mayor cantidad de casos de desnutridos y otros en los que se ven muy pocos”, opina el ministro de Salud, Miguel Capiello.

En la ciudad, a escala, ocurre lo mismo y –como en otros preocupantes temas– el oeste es el más castigado. “En el centro de salud –dependiente de la cartera sanitaria– que funciona en nuestra vecinal, tenemos 19 niños y niñas menores de seis años con bajo peso, y 23 en vigilancia, lo cual quiere decir que no tuvieron el peso adecuado pero que ya salieron de esa instancia y que durante seis meses se los controla para que consoliden su peso y no vuelvan a bajar”, contó por su parte María Claudia Albornoz, de la vecinal de Chalet.

En Varadero Sarsotti, barrio lindero a la circunvalación santafesina, el centro de salud tiene registrados 40 niños menores de seis años desnutridos, de los cuales 16 son agudos (es decir, pueden recuperar parte de su peso y se los asiste para que lo hagan). El resto de los niños es desnutrido crónico.

Desde el lugar dicen que los parámetros “normales” indican que, dentro de la población infantil delimitada de 0 a 5 años con problemas de nutrición, el máximo comprometido puede ser de 8% del total. En Varadero la cifra trepa al 16%, exactamente el doble. En barrio San Lorenzo, 32 menores de uno a cinco años son desnutridos crónicos, y 18 son los casos de la misma categoría en la franja etaria de 5 a 13 años. “Antes teníamos 78 casos”, dicen desde el lugar, no sin un dejo de satisfacción por la cantidad de “rescates” efectuados. La muestra es apenas una parte del panorama que se repite y se reproduce en toda esta franja de la cuidad. En cambio, en otra parte de la capital santafesina, a través de la campaña “Miércoles Saludables”, llevada adelante por la municipalidad, y en cuanto a la orientación a la salud integral del niño, pudieron relevarse las siguientes cifras: de los primeros 265 chicos que recibieron atención en el móvil, un 94% registró un peso adecuado a su talla. En julio y agosto esta parte de la iniciativa llegó a cuatro barrios de la ciudad (Sargento Cabral, El Pozo, Centenario y Pro Adelanto Barranquitas), y atendió a niños de entre 3 meses y 6 años de edad. Sólo 11 se encontraron por encima del límite superior normal (sobrepeso / sobretalla) y 4 por debajo del límite inferior normal (bajo peso / baja talla).

LA DISPARIDAD. “En el centro y sur de la provincia de Santa Fe (específicamente en el Gran Santa Fe y Gran Rosario) hay menos casos de desnutrición y son más fáciles de controlar, porque la asistencia tiene mucha más cantidad de capacidad instalada y muchos más profesionales, pero lo que observamos es que la migración interna engrosa las estadísticas de niños con problemas de peso”, observó Capiello.

“En el norte de la provincia, sobre todo en el nodo Reconquista o Rafaela, y bien en el norte, en el departamento 9 de Julio, donde están los índices de necesidades básicas insatisfechas más importantes de la provincia, se notan mayores casos de desnutrición. Por lo general son crónicos que están controlados, muchos están en tratamiento con los programas que ponemos en marcha desde el Estado provincial o desde la Nación (Programa Materno Infantil, Nacer, Nutrirmás); prácticamente no vemos casos de desnutrición aguda”, completó el ministro de salud.

“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”, estipulan los Derechos del Niño, adoptados por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, ratificados por 191 países (entre ellos el nuestro), y convertidos en el primer tratado internacional de derechos humanos con una aprobación casi universal. “Es doloroso. Así tengamos uno solo, creemos que en Santa Fe, como capital de una de las principales provincias productoras de alimentos, tener chiquitos con bajo peso es una vergüenza absoluta”, reflexionó María Claudia Albornoz.

HISTORIAS CLÍNICAS, HISTORIAS DE VIDA. “Aquí se efectúan los controles a niños en forma mensual y se confeccionan las curvas de crecimiento. Los análisis no son voluntarios, se los compromete a los padres para que una vez por mes asistan al dispensario con sus hijos, para efectuarles el seguimiento necesario”, observan desde el centro de salud de Varadero Sarsotti.

“Llamativamente, se están viendo casos de niños que están desnutridos antes de los seis meses. Hasta esa edad los chicos tienen una especie de 'garantía' de comida por la teta de la madre, pero lo terrible es que son hijos de padres desnutridos, en algunos casos llegan a la tercera generación de personas que comen en comedores comunitarios y salteado”, advierte Albornoz desde Chalet.

“Nos preocupa mucho, en este centro de salud hay confeccionadas alrededor de 5.000 historias clínicas, pero en Santa Rosa de Lima hay 180. Son datos que ni siquiera la provincia tiene, nos llegan porque cruzamos información con los centros que tenemos cerca”, agregó la vecinalista.

En San Lorenzo cuentan que es difícil hacer el seguimiento de los casos. Para ello se los compromete a los padres y se les da un turno mensual, pero si no acuden a la cita con el profesional médico, se los va a buscar. “Son muy pocos los que vienen voluntariamente”, dijo una de las trabajadoras del dispensario de ese barrio y concluyó que “esos son los que salen más rápido del problema”. También dijo que una de las formas de evaluar el panorama es saber que “en muchos casos hay oportunidades de evadir la desnutrición, pero se trata de una cuestión de atención hacia la propia vida de los chicos”.

EL ANTECEDENTE. Hace cuatro semanas, Miguel Capiello recordó que este año “murió un niño en el departamento San Javier con una patología neurológica y una desnutrición crónica severa. Igualmente, podemos decir que estamos dentro de los casos habituales; no hubo aumento de este tipo de problemas”.

En relación con declaraciones anteriores sobre el aumento de la pobreza en la provincia por parte de Pablo Farías, su par de la cartera de Desarrollo Social, Capiello señaló: “La pobreza no es un hecho menor: la pobreza mata a través de este tipo de patologías o por las enfermedades emergentes, como por ejemplo la tuberculosis. Por lo tanto, los casos que habitualmente se ven tienen un correlato con la pobreza, lo cual no quiere decir que no se llegue con la asistencia. Sin embargo, aquel que ya es un desnutrido crónico tiene desventajas para llegar a la formación que pueda tener otro niño desde su infancia”.

El Artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es claro y no deja lugar a dudas. Sostiene en su primer punto: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. En su segunda parte indica: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

INVOLUCRARSE Y SALIR. María Claudia Albornoz relató la experiencia que se desarrolla en Chalet. “En nuestra vecinal tenemos un apoyo nutricional, cuya preparación está a cargo de los papás y mamás. Los alimentos se consiguen por medio de fondos obtenidos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las propias familias son las que cocinan, pero no comen acá, se llevan la vianda para toda la familia. El acceso al programa es a través del centro de salud. Lo importante es que 280 personas pueden cenar en su casa: entendemos que es ese el lugar por donde empezar a reconstruir el hogar. Por lo general, al mediodía los chicos comen en las escuelas. Los casos que se registran son más de chicos que de adultos, pero también hay numerosos casos de viejitos y viejitas. Llegan al centro de salud cuando el médico que los atiende detecta bajo peso: extiende un certificado que llega al comedor. De esa manera la ecónoma efectúa el ingreso y se firma un acta acuerdo entre el vecino, el centro de salud y la vecinal, mediante el cual se comprometen una vez por semana a cocinar y a llevarse su cena de lunes a viernes para toda la familia”.

Albornoz lanzó una conclusión sin demasiadas vueltas: “Entendemos como fundamental el protagonismo de la persona para intentar salir de esta situación, siempre creímos desde la vecinal que el asistencialismo produce un adormecimiento. Y eso es algo que nos ha pasado desde el menemato a esta parte”.

EL COMPROMISO QUE TRAJO EL CAMBIO DE HÁBITOS. “Me dejé llevar por los caprichos de ella: me agarró el lado flaco, como dicen las madres”. Así resume Elsa, a modo de argumento, cuando cuenta por qué su hija Agostina (6 años) tiene bajo peso. Aunque inmediatamente anuncia orgullosa que se recupera día a día desde que comenzó a asistir al comedor de la vecinal Chalet.

“Estaba débil, ojerosa, se caía mucho, se enfermaba fácilmente. Ahora tiene más ganas de jugar; al principio, cuando comenzó la escuela le costaba aprender; ahora presta atención, tiene más energía”, sigue.

Elsa también opina que la mayoría de los padres cuyos hijos tienen problemas de nutrición en el barrio es porque no son rigurosos en cuanto a las comidas. “El médico me decía que mi hija sólo tenía mañas, nada más. Yo la llevaba a los controles siempre, cumplía con lo que me decía, pero a ella sólo le gustaba lo dulce: no comía otra cosa”, relata sin dar respiro.

Luego, rememora sus primeras incursiones en la cocina de la vecinal. “Le dije al doctor que quería aprender a mezclar los ingredientes, a cocinar otras cosas. A lo mejor era yo la que no sabía preparar la comida; acá aprendí a hacer eso. Fui a las reuniones, a las capacitaciones y ahora ayudo a las mamás a que saquen adelante a sus hijos”.

Elsa recuerda que en el comedor aprendió a trabajar con los demás; no sólo ella, sino en varias actividades. “En mi casa ahora hago lo mismo: mis hijas ponen la mesa y yo cocino”.

Finalmente, repasa el menú del comedor de la vecinal Chalet: “Hoy comemos milanesas y fideos con crema, los lunes hacemos guiso o fideos con salsa, los martes hamburguesas con puré...”

CON LA TERNURA VENCEREMOS. “El hambre es un crimen”. La frase transformada en slogan suena como un latigazo. Se trata de una de las tantas identificaciones que tiene El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, desde donde se encara todos los años una marcha para recordarle al país que “casi dos tercios de nuestra población es pobre”. “Nueve millones de niños están bajo la línea de pobreza, la mitad son indigentes. Hay un treinta por mil de mortandad infantil en Formosa. Cuarenta y cinco por ciento de pibes desnutridos, o sea mutilados, en la Capital de Corrientes”. La marcha recorre gran parte del país (desde Misiones hasta Plaza de Mayo, en Buenos Aires) y este año está previsto que llegue a Santa Fe en noviembre. “Ni un pibe menos” es el otro slogan.

No fue un año fácil para algunos de los integrantes de las instituciones que componen el movimiento: sufrieron tres atentados. El primero de ellos, el viernes 25 de abril, cuando un grupo de ocho hombres “fuertemente armados, demasiado profesionales, demasiado prolijos, asaltaron la Escuela Imprenta Manchita, amenazando de muerte a pibes y pibas, a jóvenes, a educadores, y llevándose la modesta recaudación de una escuela-taller donde cada día intentamos construir un futuro distinto para nuestros pibes”, según relataron en su espacio informativo. El segundo: “El jueves 24 de julio, por la mañana temprano, uno de los chicos del Hogar Juan XXIII de la Obra Don Orione en Gerli, fue interceptado por un automóvil en el cual iban cuatro personas armadas y con rostros tapados que lo obligaron a subirse al mismo. Lo condujeron con rumbo incierto, amenazando a punta de pistola, que quemarían la imprenta, la panadería y la Casa de los Niños, obras que pertenecen a la Fundación Pelota de Trapo. Tras el recorrido por calles desconocidas, nuestro joven compañero sumamente asustado por la situación de la que fuera víctima, fue dejado en inmediaciones de la estación Remedios de Escalada, desde donde tuvo que regresar por sus propios medios. No podemos más que relacionar lo ocurrido al trabajo diario que tanto desde la Obra Don Orione como desde la Fundación Pelota de Trapo, llevamos adelante, junto a muchas otras organizaciones”.

El tercero fue a fines de septiembre: “Secuestran y golpean salvajemente a educador del Hogar Juan XXIII de la Obra Don Orione de Avellaneda el viernes 26 a las 20.30 hs, exigiéndole el cese de su participación en la Campaña El Hambre es un Crimen que lleva a cabo el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Estamos ante el tercer atentado y nos llena de indignación y espanto que no se hayan encontrado los responsables anteriores”.

El movimiento nació en 1987 en una humilde capilla de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, con el impulso que le otorgó el Hogar Pelota de Trapo que conduce Alberto Morlachetti (hoy coordinador del movimiento) y el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable que dirige el cura Carlos Cajade. La Fundación Pelota de Trapo desarrolla desde hace más de 30 años, en los partidos de Avellaneda y Florencio Varela, una serie de programas destinados a 4000 niños y jóvenes año en situación de pobreza y abandono.“La infancia es territorio de familia, escuela y juego. De bolitas lecheras o de una ranita traviesa. Es tiempo de guardar los dientes y encontrar el ratón de las monedas. Es tiempo de rayuelas y de maestras que jueguen con el garabato y el asombro de los niños. Desde esta perspectiva, construimos un espacio de vida, una historia que se alimenta de los sueños y privilegia la ternura, la libertad y la belleza como insumos básicos del crecimiento humano”, dicen los responsables de la organización. Y agregan, a modo de arenga más que de slogan: “Finalmente, con la ternura venceremos”.

Publicado en Pausa #24, 24 de octubre de 2008.

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Objetivo primario: secundario obligatorio

El gobierno y el gremio docente siguen discutiendo de qué forma implementar la obligatoriedad del segundo ciclo. Según los últimos datos oficiales, del (ex) Polimodal egresaron el 51% de los alumnos que lo habían iniciado. Con los cambios que se pretenden aplicar desde el año próximo, buscan elevar ese porcentaje. Aseguran que hace falta triplicar la cantidad de escuelas.

Por Sergio Ferreyra

“Tenemos demasiados chicos fuera de la escuela. No debería haber ninguno, pero estamos muy lejos de esa sociedad en la cual podamos garantizar educación para todos”, fue una de las reflexiones de la ministra de Educación, Élida Rasino, después de un encuentro que mantuvieron representantes de la cartera con los de Amsafe la semana pasada.

Por estos días, volvió a tomar estado público la discusión acerca del modo en el que se implementará el ciclo escolar secundario obligatorio en Santa Fe, regido por la Ley de Educación Nacional Nº 26.606. Apenas conocido el cambio de la nefasta Ley Federal por la vuelta al esquema de 6/7 años de escolaridad primaria y 5/6 de escolaridad secundaria, quedó a la vista en Santa Fe un problema que el propio gobernador Hermes Binner se encargó de resaltar: para cumplir con la norma y que cada adolescente santafesino pueda tener su enseñanza secundaria hacen falta 1.200 escuelas. El gobierno nacional decidió destinar a estas tierras la construcción de apenas 100, que se suman a las 390 (entre medias y técnicas oficiales) con las que ya cuenta el territorio. El año próximo es el límite estimado por las autoridades educativas para poner en marcha esta instancia en Santa Fe. “Hay un viejo axioma que dice: lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea. Entonces, por más que se diga que a partir del 2009 el secundario es obligatorio, si no están los cuerpos de profesores y los edificios, es muy difícil poder concretarlo”, había admitido Hermes Binner tiempo atrás, en una especia de protesta hacia lo incompleto del panorama para poner en marcha la obligatoriedad del secundario.

TRIPLICAR LA CANTIDAD DE ESCUELAS ES LA CUESTIÓN. En estos días, Rasino volvió a reflexionar sobre la cuestión y a pesar de los dichos anteriores de Binner, dijo: “Hay tranquilidad porque hemos trabajado con mucha seriedad acerca de dónde debemos dar una respuesta concreta para cubrir un territorio. Seguramente habrá demandas de cada intendente, presidente comunal, cada papá que quiere la escuela en su localidad, pero no se puede abrir un secundario con 4 o 5 alumnos. Eso objetivamente es imposible, y esto es lo que la comunidad va a tener que ir entendiendo”.

La ministra también vaticinó: “Por supuesto que progresivamente vamos a tener un sistema ampliado como el del ciclo primario, tenemos que definir puntos estratégicos para dar servicio a todos los chicos de un territorio amplio”.

Sobre la cuestión también opinó la secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, y dijo dijo: “Esperamos que se resuelva a la brevedad porque es un tema importante que tiene que ver con la garantía de la universalización de la escuela media en todo el territorio provincial”. Aunque también la gremialista admitió: “En realidad este es un problema nacional, no se va a resolver de un día para otro, una ley no constituye la realidad, pero garantiza la inclusión, hay que pelear para que se construyan escuelas, que haya más cargos, creemos que esta etapa es fundamental para establecer la obligatoriedad de la escuela media”.

El pasado 2 de agosto, el suplemento Educación del matutino rosarino La Capital reflejó conceptos de la directora provincial de Educación Secundaria, Letizia Mengarelli. Allí, la funcionaria reconoció que para cumplir con la ley, Santa Fe necesita triplicar el número de escuelas secundarias.

ESTRATEGIA Y UBICACIÓN. “La implementación del secundario obligatorio es una ingeniería que se está haciendo sobre el territorio, básicamente el problema es en la ruralidad, tenemos 800 escuelas rurales en toda la provincia, no podemos crear un secundario para cada una de ellas porque en cada establecimiento tenemos pocos adolescentes en condiciones de cursar el secundario, entonces lo que estamos haciendo con un trabajo muy minucioso es definir cuál es el punto estratégico para que converjan todos los alumnos a ese lugar y ahí crear la escuela secundaria, resolviendo los inconvenientes que tienen que ver con la falta de caminos, la necesidad de implementar caminos para los chicos, si bien las condiciones no son las óptimas, porque recién estamos empezando, creemos que son buenas”, adelantó Rasino.

La ministra defendió la gestión binnerista y dijo: “Tenemos una ley que dice que los niños deben estar en la escuela hasta los 18 años, eso es muy importante y tenemos la decisión política del gobernador de hacer el esfuerzo para que la mayor cantidad de jóvenes puedan estar escolarizados y en este caso hemos trabajado con el gremio para llevar adelante una tarea conjunta, lo cual es una decisión muy madura a nivel social”.
Respecto de otras provincias, la titular de la cartera educativa sostiene: “Santa Fe, en términos estadísticos, siempre está en una media nacional, no hay una medición estricta en este punto, porque el problema de la desescolarización al finalizar la escuela primaria y al no ser el secundario obligatorio no se medía estrictamente, lo que sí se puede comparar es la matrícula, o sea cuántos jóvenes están dentro de la escuela primaria y cuántos en el secundario”.

Igualmente, para la ministra, “el problema es que ese dato es engañoso porque hay muchos chicos que abandonan la escuela mucho antes de terminar el primario. Lo real es que más allá de los números tenemos demasiados chicos fuera de la escuela. No debería haber ninguno, pero estamos muy lejos de esa sociedad en la cual podamos garantizar educación para todos, es un desafío que tenemos que asumir como sociedad, hay que avanzar en estas alianzas sociales fuertes porque en esto está el futuro de nuestros chicos”.

LOS NÚMEROS TAMBIÉN HABLAN. Según las estadísticas que arrojó el anuario de indicadores educativos de la provincia de Santa Fe, publicado en diciembre de 2007, en el caso del Nivel Medio/Polimodal, que cuenta con 102.800 alumnos para los sectores Oficial y Privado, abandonaron la escolaridad 7.063 alumnos, lo que arrojó una tasa de abandono de 6,87%. En el sector oficial, la misma tasa alcanza el 9,30%, con un total de 66.097 alumnos, 6.148 abandonaron la escolaridad.

En el sector privado, sobre 36.703 alumnos, abandonaron 915, un 2,49% de abandono en valores relativos.
La tasa de abandono es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado en un nivel de enseñanza en particular que no vuelve a matricularse al siguiente año lectivo como alumno nuevo, reinscripto o repitiente, interrumpiendo abruptamente el proceso educativo.

El abandono escolar hace referencia a los alumnos que dejan el establecimiento educativo antes de terminar un determinado Nivel de Escolarización, en cualquier año de tal nivel.

Según las tendencias generales del sistema, puede producirse un alto grado de abandono durante el Primer Ciclo de Educación General Básica, por causas tales como: distancia, de la escuela, negligencia de los padres, bajo rendimiento pedagógico.

Las consecuencias para el alumno que abandona el Sistema Educativo pueden ser múltiples, desde caer en el analfabetismo funcional (es decir, perder la capacidad instrumental para el uso del idioma), hasta perder posibilidades de un futuro laboral, profesional o laboral por carencia de competencias mínimas para su desempeño.

Es necesario diferenciar abandono de deserción: el abandono consiste en dejar el sistema educativo por uno a más años, para volver luego como repetidor de un año determinado; la deserción, en cambio, implica un alejamiento definitivo del Sistema Educativo, resultando sumamente complejo el análisis de causales.
Según surge de los relevamientos realizados anualmente en los establecimientos educativos de la Provincia de Santa Fe, algunas causales de abandono pueden ser: trabajo del menor, enfermedad, distancia a la escuela, razones económicas, negligencia, bajo rendimiento pedagógico, extra-edad, repetición reiterada, embarazo.
En cuanto a la tasa de egreso, en el Nivel Polimodal, es de 51%. En el sector oficial, la tasa de egreso o retención es de 42,06%, mientras que en el sector privado es de 57,94%. En el sector privado, la tasa de egreso es de 70,25%, mientras que el desgranamiento es de 29,75%.Se entiende por tasa de egreso al porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado/año de un ciclo o nivel de enseñanza en un año escolar dado, que alcanzan y promueven el último grado/año del ciclo o nivel de enseñanza. Permite definir la capacidad global del sistema educativo para obtener resultados (egresados) a través de los diferentes niveles de enseñanza.

Publicado en Pausa #23, 17 de octubre de 2008.
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Inadmisible

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que exime a Reutemann de prestar declaración indagatoria, y su impacto en la causa por la inundación de 2003: el actor civil apelará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Todavía está en carrera para el justicialismo a nivel nacional; esta es la mejor manera de preservarlo”, dijo Jorge Castro sobre la nueva decisión que favorece al senador y ex gobernador. Opinan representantes de la Carpa Negra y de la Marcha de las Antorchas.

“Reutemann todavía está en carrera por el justicialismo a nivel nacional; esta es la mejor manera de preservarlo”, dijo Jorge Castro, actor civil de la causa inundación respecto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la semana pasada resolvió que no hay motivos para que se cite al ex gobernador Carlos Reutemann a prestar declaración indagatoria en el proceso que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia que sufrió la ciudad.

“Indudablemente, lo que hace la Corte es no responder –continuó Castro–. Ni un sí ni un no; elude pronunciarse sobre lo que nosotros reclamamos (la indagatoria a Reutemann) diciendo que el proceso no tiene sentencia definitiva. Esto es una contradicción porque se sabe que esta es una causa muy sensible y que va sobre una figura política que no renunció, y que además está en juego su trayectoria”.

Según el actor civil de la causa por la inundación de 2003, la medida sólo dilata las cosas. “El juicio no está cerrado; aún puede ser llamado a declarar. Se abrió un compás de espera y de confusión, porque el mensaje que recibe la gente y que publicitan los que están encolumnados detrás de la figura de Reutemann, a quienes no les interesa el grado de la responsabilidad histórica, es que el ex gobernador está avalado por la Corte Suprema de la Nación. Lo grave es que la Corte no emite opinión; se habla mucho de calidad institucional de la Presidenta hacia abajo, y cuando se debe atender una causa que abarca a 130 mil ciudadanos no se emite una opinión de política judicial, sólo de votos”.

RUMBO AL MÁXIMO TRIBUNAL INTERAMERICANO. “La Corte no dice nada sobre nuestro recurso de inconstitucionalidad, reconocido por Patrizi; dice que no puede pronunciarse porque aún faltan recorrer algunos escalones de la Justicia santafesina”, explicó Castro. Jorge Patrizi fue el juez que emitió la primera resolución –cuyo grado de firmeza es buena parte del nudo en el que ahora está frenado el proceso–, cuando imputó por el delito de estrago culposo –y también por la muerte de 18 ciudadanos– al ex intendente Marcelo Álvarez y a los ex funcionarios provinciales Edgardo Berli (ministro de Obras Públicas) y Ricardo Fratti (Hidráulica).

“Y en el aspecto político es más grave aún, porque lo expone a Reutemann a la condena social. Porque, si las fallas de la política no pasan por el camino judicial, ¿por dónde van a pasar? ¿Qué garantías hay de que un funcionario elegido por el voto popular pueda rendir cuentas de sus actos? Nosotros lo tomamos como un perjuicio muy grande, por eso –anunció Castro– vamos a hacer la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es posible que en Argentina las verdades históricas aparezcan después de 25 o 30 años. Nadie le pide a un gobernante que sepa en qué momento va a venir un terremoto o un huracán; lo que debe existir es la prevención ante hechos que son reales. Las inundaciones en Santa Fe no eran fortuitas, por eso se intenta que Carlos Reutemann no pase por los estrados judiciales. Nosotros estamos pidiendo que pase y responda”.

El actor civil (Castro y su mujer, Mlagros Demiryi, se constituyeron de esa forma ante la Justicia, ante la imposibilidad de convertirse en querellantes; figura que aún no existe en la provincia, aunque es parte del paquete de reformas que ya comenzaron) aseguró que en un mes estará lista la presentación que elevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Después tendremos que esperar las correcciones, pero confiamos en que se abra un expediente y quede en estudio; si conseguimos ese objetivo, y además que se nombre un observador, la Justicia argentina va a estar en muchos aprietos, porque las responsabilidades individuales, generalmente se descargan en responsabilidades del Estado. El desastre público que ellos hacen en forma personal no lo pagan, lo paga el Estado”, se quejó.

Por lo demás, Castro ve claro el motivo de fondo de las sucesivas dilaciones que traviesan la causa judicial: “Reutemann está en carrera todavía para el justicialismo a nivel nacional, entonces esta es la mejor manera de preservarlo”.

DESNUDEZ POR DOS. También opinó sobre la decisión de la Corte María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra y vecinalita de barrio Chalet. “En más de cinco años los inundados fuimos aprendiendo cómo estos pactos de impunidad se van perpetrando. Aprendimos cómo funcionan los jueces, los fiscales, nuestra Corte Suprema de Justicia, y ahora nos dieron el último cachetazo mostrándonos cómo funciona la Corte Suprema de la Nación”.

“Obviamente teníamos esperanzas, de lo contrario no hubiésemos seguido el proceso hasta este punto –siguió Albornoz–. No vamos a bajar los brazos: vamos a seguir buscando a aquellos que son responsables de la inundación de 2003 para que paguen por lo que hicieron y buscaremos justicia a nivel internacional porque, al parecer, Carlos Alberto Reutemann tiene muchísimo poder, goza de privilegios, ya sea porque es un futuro presidenciable o porque responde a grupos económicos muy fuertes, por ejemplo los del campo. No estamos luchando contra poca cosa, pero los inundados somos testarudos: aprendimos cuál es la verdad, y la responsabilidad de Reutemann está dentro de esa verdad”.

Para Albornoz, la Justicia evidencia aún muchos rasgos de clase, además de un –difícil de disimular– relación de intereses compartidos con la dirigencia que manejó los destinos de la provincia por 24 años consecutivos: “Está hecha sólo para algunos, entonces la gente entiende que la Justicia no va a hacer mucho por ellos; es intricado entender cómo funciona a nivel provincial y es más complicado entenderlo a nivel nacional”.

“Esto en la gente no caló hondo –se lamentó–, ni fue una noticia muy comentada. Se sabe quién es él y cuánto poder tiene, por lo que interpretan que nunca habrá justicia. Ese quizás es el mayor descreimiento: la justicia es para los pobres que cometen delitos menores, pero no para los que son delincuentes políticos. La inundación nos desnudó: no solamente nos sacó todo, sino que también nos mostró cómo funciona la Justicia”.

LA LEY DE LOS INUNDADORES. Héctor Sanagustín, de la Marcha de las Antorchas, ve la última novedad del proceso judicial como un eslabón más de una larga cadena: un fallo que cae como por decantación. “Cuando me retrotraigo al 2003 y recuerdo lo que pasó, yo creía que estos tipos tenían algo de honor y que por ver dañada su imagen, Reutemann iba a pasar a ser un muerto político, pero fue todo lo contrario: entonces ahí se descubre la magnitud de la complicidad que hay en el poder; todos trabajan para el encubrimiento, se apuntalan unos a otros”.

Para Sanagustín, una de las vetas es que se tenga por anticonstitucional la Ley Nº 12.183 (de reparación a los inundados); para ello, argumenta que la norma “no reconoce culpas ni culpables” y, por lo tanto, no puede anular el derecho de los ciudadanos de reclamarle al Estado. “Los mismos inundadores son los que aprueban esa ley: Mercier, Depetris en el Senado; Tibaldo en la Cámara de Diputados –enumeró–. Los tres que estaban sentados en la mesa en la que se abrieron los sobres de la licitación de la obra incompleta (por la que el río Salado ingresó a Santa Fe)”.

La ley a la que se refiere Sanagustín fue la que definió la forma en que actuaría el Ente de la Reconstrucción, organismo creado en 2004 y disuelto al final de la segunda gestión de Jorge Obeid. “Una función de encubrimiento”, sintetizó el militante de la Marcha de las Antorchas.
“La corrupción no es un punto aislado; debe abarcar toda la sociedad sino no es corrupción. Entonces todos los estamentos del poder están contaminados, los más limpios son aquellos que no tienen poder de decisión, pero todo lo que lo tiene poder debe ser presionable, porque deben cumplir mandatos que no estarían dispuestos a llevar adelante si no se encontraran sucios. Son seres inescrupulosos que se hacen valer del poder para sus negocios: legalizan los delitos, son delincuentes porque son consecuentes sus delitos”, agregó Sanagustín.

POCO MOVIMIENTO. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que se considera “inadmisible” un pedido extraordinario para que el ex gobernador y actual senador nacional por Santa Fe se presente a declarar por presunto “estrago culposo” en el marco de la causa por la inundación de 2003: una causa en cuyos folios se reconocen 18 de las 23 muertes que, oficialmente, derivaron del ingreso del Salado a la ciudad. (Los grupos de inundados y los organismos de derechos humanos sostienen que hay al menos cien casos fatales más, en parte por las secuelas sanitarias de semanas de hogares inmersos en el agua).

De este modo, el máximo órgano de Justicia del país confirmó lo dicho en primer término por la Justicia provincial, que ya había declarado “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad presentado por el actor civil en contra del Juzgado Penal que había rechazado el pedido de citación para el ex gobernador Reutemann.

Los firmantes del fallo fueron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Ellos consideraron que “el recurso extraordinario promovido no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o un supuesto equiparable”, y por lo tanto rechazaron el pedido. El rechazo es también –y esto no mereció grandes titulares– un llamado de atención de la Corte nacional hacia la Corte santafesina: una alarma –como la que sonó cuando se revisó el proceso contra el ex juez Fraticelli– que señala una materia pendiente de la Justicia provincial. En otros términos: la Corte nacional empieza a pedir una resolución, o al menos un impulso que empiece a mover los oxidados engranajes de Tribunales.

OCASIÓN DESPERDICIADA. Apenas conocido el fallo, el actor civil de la causa opinó: “La Corte perdió una valiosa oportunidad de expresarse sobre las arbitrariedades de los dos jueces que intervinieron en la instrucción del expediente, igualmente no hay una definición sobre el fondo del planteo, sino una respuesta de formas a nuestra solicitud como actor civil dentro del proceso, ahora iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un fallo unánime, lo que nos abre la puerta a que, en los próximos seis meses hagamos una queja en las instancias internacionales”.

“La debilidad de nuestra Justicia y del Estado argentino abre la puerta a la demanda social y obliga a los señalados como responsables a aclarar sus responsabilidades en este punto. Nadie dice que Reutemann sea culpable de algo, sino que es necesario que aclare en la Justicia todo lo que las pruebas demuestran en la causa. Desde el punto de vista legal estamos muy tranquilos, porque podemos mirar a los vecinos con dignidad, ya que seguiremos dando pelea. Nosotros no estamos solos, acá hay mucha gente que reclama justicia”, agregó Jorge Castro.

DOS CAUSAS JUNTAS. Pero también hubo otras consecuencias luego de emitido el fallo: una suerte de “búsqueda conjunta” de justicia para dos de los episodios impunes más emblemáticos de la historia reciente santafesina. Los inundados y las víctimas de la represión de diciembre de 2001 se unirán para hacer visible la –supuesta– responsabilidad que le cabe Carlos Reutemann en las dos causas; en su defecto, la declaración del actual senador puede ser, también, una oportunidad única para que el ex gobernador limpie su buen nombre.

Milagros Demiryi había opinado, en Rosario y luego de conocido el fallo de la Corte, que ambas causas tienen mucho en común, aunque procesalmente vayan separadas por ser hechos diferentes: “En el plano político y social marchan juntas”, dijo. Y fundamentó su solicitud citando “la responsabilidad política” que le cabía al mandatario de entonces. Ella no tiene dudas: “Que la Justicia indague a todos los responsables”, insistió.

“La estrategia de la Justicia es clara: garantiza la impunidad de quienes tuvieron las máximas responsabilidades, porque no es casualidad que se proteja tanto a quien estaba juntando votos para las elecciones nacionales cuando se produjeron las inundaciones, y que previamente había recibido a Carlos Menem en nuestra provincia (en los días previos a las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003). O sea, hay que hacer memoria para leer los fallos judiciales. La impunidad no se cierra porque sí, se cierra porque se protege a determinados sectores”.

En una entrevista publicada por Rosario/12, Demiryi sostuvo: “En todos los pasos que se dan desde la Justicia uno va encontrando mecanismos que cierran el arco de impunidad y garantizan la cadena de favores que aseguran que quienes hoy tienen la responsabilidad de fiscal, después van a ser jueces, y así sucesivamente en estos enroques permanentes de los lugares claves que ocupan. También lo hizo el ex gobernador Obeid, que antes de irse designó como ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial a (Daniel) Erbetta y como procurador general de la Corte a Agustín Bassó”.

“La intención fue generar una Corte con miembros que le debieran favores a Reutemann y contribuyan a construir la impunidad a través de sus fallos. Nos encontramos con que en ambas causas (represión 2001, inundación 2003) se reproduce el mismo patrón: la mano de la Justicia nunca llega a los responsables políticos”. Casualmente, o no, la “sugerencia” de juntar las dos causas que más salpican al ex gobernador les fue hecha a los inundados por el actual mandatario en más de una oportunidad. Una de ellas, en enero: la noche que se acercó a la Marcha de las Antorchas, que conmemoraba en Plaza de Mayo los 57 meses de la inundación.

“Reutemann no puede negar que le correspondía la responsabilidad máxima en el Comité de Emergencia y dar la orden de evacuación. Si lo hubiera hecho, no habríamos tenido que lamentar los muertos, porque los horarios en que fueron falleciendo las personas ahogadas son posteriores”. Sobre el punto, Demiryi aclaró: “En todas las pericias que se hicieron está demostrado fehacientemente que había de 24 a 48 horas para dar la orden de evacuación. Hay elementos que indican que a esa información la tenía el gobernador. ¿Por qué no responde por esto? Estamos hablando de la vida de las personas, nada menos”.

Una puerta que quedó abierta.

“El fallo no es unánime, hay algunos integrantes de la Corte que entendieron otra cosa”, señaló María Claudia Albornoz, en alusión a los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt, quienes no acompañaron el voto de sus cinco compañeros del máximo tribunal nacional.

Publicado en Pausa #22, 10 de setiembre de 2008.

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Ley para todos

Avanzan a todo vapor las críticas religiosas sobre la unión civil: cartas de padres, en santa fe, una encumbrada solicitada y un escándalo constituyente, en entre ríos, son los primeros gestos en contra del cambio en la letra. Mientras, gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales y heterosexuales aguardan por el tratamiento de la ley de unión civil en la Cámara de Senadores de la Provincia. Derechos elementales negados a un sector de la población están puestos en juego.

A la espera de que el Senado provincial comience a tratar en sus comisiones el proyecto de unión civil aprobado por la Cámara de Diputados en agosto, son cada vez más las voces que se alzan en reclamo de una rápida sanción de la norma que otorgará derechos de tipo previsional, acceso a la salud, licencias, permisos laborales y planes de vivienda, sociales y educativos, entre otros, a parejas que deseen visibilizarse ante la ley y realizar este trámite.

La Unión Estable de Parejas está basada en el principio de no discriminación, por lo que pueden acceder a la misma todas las ciudadanas y ciudadanos con domicilio en la provincia de Santa Fe que así lo deseen, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género. Por tanto, pueden acceder a ella parejas heterosexuales o parejas de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales.

Dos concejalas y un abogado constitucionalista coincidieron en remarcar la importancia de la puesta en marcha de esta ley –que ya está vigente en otros puntos del país– luego de que en las últimas semanas se produjeran dos episodios que, aún con diferentes niveles de relevancia, marcan la pervivencia de factores conservadores ya no sólo en la ciudad, sino en la región toda.
Primero estuvieron los vaivenes que derivaron en la exclusión de la nueva Constitución entrerriana de la figura de unión civil. La iniciativa de darle rango constitucional te nía dictamen favorable; la irrupción de un duro comunicado religioso de cinco puntos con, entre otras, la firma del Arzobispo de Paraná, Mario Maulión, inició una rosca que continuó con un importante lobby y que terminó con una total torsión: la votación de los constituyentes cerró al revés de lo previsto. El comunicado, entre otras cosas, afirmaba que “Sólo la unión estable de un varón y una mujer está en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de una sociedad humana” y que “No juzgamos a la personas aunque no la [sic] compartimos ni aprobamos las conductas incoherentes o contrarias a la naturaleza humana, como no compartimos el robo, el asesinato, la mentira…”.

Con mayor impacto de este lado del río, un grupo de padres santafesinos (nucleados en la Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe) dirigió una carta a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la que se dice que se “respetan las acciones privadas de las personas”, pero que “no comparten y se resisten a que se aprueben como un valor social la figura de las uniones estables entre las personas del mismo sexo, equiparándola a la institución del matrimonio”. Además, se señala que “pretender legalizar estas uniones agravia a los padres de familia santafesinos que han recibidos sus enseñanzas y pretenden continuar enseñando a sus hijos que la única unión estable es la de una mujer con un hombre, siendo por derecho natural, legal y biológicos, que es fuerza de razón de la existencia humana”. Con iguales términos –y con muy parecida sintaxis– se expresa el mismo argumento en otra parte de la solicitada publicada en los diarios paranaenses el 4 de setiembre, un día antes del abrupto cambio de opinión en la constituyente.

Ninguna respuesta oficial tuvo el pedido de los padres santafesinos. La iniciativa está (desde hace casi dos meses) a la espera de que las distintas comisiones de Senadores comiencen a discutirla, para luego tratarla en el recinto. El periplo comienza en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por José Ramón Baucero; luego deberá pasar por la de Gobierno y la de Asuntos Constitucionales.

No será un trámite: el Senado constituye una suerte de reserva moral y material de la vieja política, si tal cosa existe. Nueve de sus diecinueve miembros van por sus segundos (o terceros) mandatos: los justicialistas Alberto Crosetti, Alcides Calvo, Ricardo Spinozzi, Juan Carlos Mercier, Norberto Betique, Danilo Capitani, Horacio Pucheta y el mencionado Baucero; también el radical Felipe Michlig. Los atornillados no tienen mayoría propia, pero casi...

Juan Carlos Zabalza, uno de los voceros oficialistas en la Cámara alta (donde es minoría su bloque), se manifestó expectante y optimista respecto de un eventual pronto consenso –tal como había ocurrido en Diputados, donde la composición política es otra.

UN PROCESO POSITIVO. La concejala socialista Marta Fassino dijo que “vemos como muy positivo el proceso iniciado en Santa Fe y otras provincias. Creemos que la sociedad cada vez es más abierta a las distintas formas de relaciones humanas (que incluyen la diversidad sexual), lo cual queda evidenciado en que los representantes del pueblo están presentando, en diversos puntos del país, distintos proyectos para, de a poco, ir dejando de discriminar, sea en razón de la orientación sexual de las personas o por cualquier otro motivo”.

En el año 1987 se decía que si el Estado permitía que los matrimonios se disolvieran, ello traería aparejado una ola interminable de divorcios, que generaría prácticamente el fin de la sociedad occidental. Lo cierto es que hoy podemos decir que no hubo ninguna “explosión social” por el divorcio. “Idéntica comparación podríamos hacer con las leyes de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Que el Estado reconozca una situación que –de hecho– ocurre en la sociedad, como la diversidad de uniones de parejas, es simplemente una acción de estricta justicia, sinceridad social y respuesta a las necesidades planteadas por los ciudadanos y ciudadanas”, sentenció la concejala.

Sin dejar de apoyar el proceso de la Legislatura local, Fassino puso responsabilidad en la Nación: “lo que debemos decir al respecto es que las y los socialistas creemos que el Estado argentino debe reconocer el derecho de todas las personas a casarse civilmente, sean de igual o distinto sexo. Un Estado que discrimina no merece ser llamado democrático”.

“Ahora bien: en nuestro Estado Federal la legislación respecto al matrimonio corresponde al Código Civil. El Estado nacional debe legislar al respecto. Ello no obsta a que, a nivel provincial, pueda regularse la unión civil, que no llega a ser jurídicamente matrimonio. Así también se evidencia que el tema se está instalando en la sociedad y que ésta se encuentra preocupada por debatir lo que años atrás eran tabúes. En segundo lugar, ha quedado evidenciado que la Iglesia Católica presiona a los representantes del pueblo elegidos democráticamente cada vez que el Estado intenta cumplir con principios que la misma Iglesia Católica dice procurar, como la igualdad, la libertad, la no discriminación, etcétera, los que están consagrados en pactos internacionales y en la Constitución Nacional”, señaló.

Por su parte, la concejala oficialista Adriana Molina opinó que “la intención que tenemos desde el interbloque del Frente Progresista Cívico y Social es tratar de sacar una declaración apoyando la unión civil, porque creemos que aporta a una mayor democratización, mayor equidad entre varones y mujeres. Entendemos que es un avance en materia de derechos humanos: los concejales compartimos estos principios”.

Respecto de situaciones como las ocurridas en Paraná dijo que “sabemos que lo complicado en Santa Fe está, fundamentalmente, en el Senado, pero también sabemos que la vicegobernadora tiene una visión de apertura democrática sobre el tema”.

“Personalmente creo que en este caso, como en su momento fue la ley de divorcio, no estamos hablando de leyes que tengan que ver con confesiones o con religiones. Son cuestiones que tienen que ver con toda la ciudadanía, más allá de cuáles son sus convicciones religiosas. Nos parece que está bien plantear este debate porque son temas de los cuales debe ocuparse el Estado”, finalizó.

CONSTITUCIÓN SIN SEXO. “La Constitución no tiene sexo, ni quiere tenerlo”, arrancó diciendo sobre lo ocurrido en Entre Ríos el abogado constitucionalista Do-mingo Rondina.
En primer lugar, aclaró que en un correcto lenguaje constitucional hay que hablar de matrimonio, no usar el eufemismo ‘unión civil’, “porque entendemos que a las parejas homosexuales les asiste exactamente el mismo derecho que a las heterosexuales. En todo caso, la ‘unión civil’ es sólo un paso intermedio en el devenir histórico que debe culminar con la convalidación plena de estas parejas. La Constitución Nacional consagra el derecho de todos los ciudadanos a casarse, sin distinguir sexos. Y lo establece en su artículo 20, donde habla de los extranjeros, porque quería asegurarse que quienes venían con costumbres distintas no fuesen discriminados si no coincidían con el casamiento mayoritario”. La Declaración Universal de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional) en su artículo 16.1 establece el derecho, por igual para hombres y mujeres, a casarse y fundar una familia.

“Ninguna cláusula constitucional permite inferir que sólo sea admisible el casamiento heterosexual. Ningún mandato de nuestra norma suprema contiene un concepto de familia como varón + mujer + hijos biológicos. Más aún: la correcta interpretación dentro de un Estado Constitucional de Derecho indica que ningún derecho primario puede depender de la orientación sexual de las personas. Todo ciudadano tiene los mismos derechos, todo ciudadano tiene todos los derechos. Y eso es igualdad, según el artículo 16 de la Constitución”, afirmó Rondina.

Para la concepción liberal es inconstitucional someter el goce de una facultad a determinada opción sexual: el Estado se hace totalitario al pretender imponer a sus ciudadanos un plan de vida, una escala de valores, un programa ético. Y es antirrepublicano: “el Estado no puede establecer un plan de vida al individuo, no puede decirle: esto es bueno y esto es malo, casarse con una mujer está bien, pero casarse con otro varón está mal. Hace a su privacidad, que es su libertad más básica, decidir eso, y poderlo decidir libremente hace a la dignidad del ser humano. Por lo tanto, debemos decir sin temor a equivocarnos que hay un derecho constitucional al matrimonio homosexual tanto como al matrimonio heterosexual. Lo mismo vale para las adopciones, alimentos, pensiones, salario familiar, sucesión, y demás derechos personalísimos que nacen con la familia”.

“Otra cosa es que nos parezca adecuado cristalizarlo en una Constitución. Precisamente porque creemos que está implícito, no nos parece necesario expresarlo. Y nos parece que todas estas regulaciones, que se vinculan a momentos históricos, no deben estar en las constituciones. Pero también es cierto que la argentina es un catálogo tan minucioso que agregarle cosas no sorprende a nadie. Siendo claro: el matrimonio homosexual es tan constitucional como el heterosexual, cualquier disposición en contrario resulta violatoria de la Constitución Nacional. La Constitución no tiene en cuenta el sexo a la hora de establecer los derechos de las personas, ni quiere que nadie se fije en el sexo del ciudadano, que con sólo serlo tiene acceso al patrimonio constitucional”, sentenció.

UNA CONQUISTA. Al momento de aprobarse la iniciativa en Diputados, la legisladora Lucrecia Aranda señaló: “aspiro a que sea una conquista con un impacto positivo. Igual, las mujeres todavía tenemos mucho que pelear contra la discriminación. La sexualidad femenina sigue siendo penalizada. Los varones van adelante, como en otras conquistas: a las lesbianas les es mucho más difícil visibilizarse que a los varones”.

En el movimiento de lesbianas feministas Las Diversas creen que si bien es importante contar con esta ley, “antes se deben generar políticas públicas para terminar con la discriminación y el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad para con los gays y las lesbianas”.

Asociación Civil Vox, una ONG con sede en Santa Fe y Rosario, lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Días pasados, sus representantes mantuvieron un encuentro con senadores provinciales de diversos bloques a fin de avanzar en aspectos relativos al tratamiento de la Ley de Unión Estable de Parejas.

Esteban Paulón, secretario de Vox, declaró que “nos vinimos con la sensación de que nuestra provincia se encamina a consagrar la igualdad jurídica para todas las familias y parejas. Tuvimos muy buena recepción y, si bien no se obtuvieron compromisos explícitos, notamos una voluntad unívoca de tratar el tema y dar curso favorable a la sanción que falta”.

“Las senadoras y senadores provinciales representan a la población de sus departamentos y conocen la realidad de exclusión y negación de derechos que vivimos los miles de gays y lesbianas que hoy no poseemos el reconocimiento y protección del Estado provincial. Estamos convencidos que en base a esta realidad el Proyecto de Ley de Unión Estable de Parejas va a ser aprobado pronto en el Senado y que hacia fin de año Santa Fe se pondrá a la cabeza de la legislación por la igualdad en Argentina”, agregó Paulón.

Sobre las declaraciones de la Federación de Asociaciones y Uniones de Padres de Familias de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de Santa Fe, Paulón dijo que “no nos extraña. La jerarquía de la Iglesia Católica siempre se ha opuesto a los avances sociales. Se opusieron al divorcio, a la investigación con células madres y hasta, en un inicio, se oponían a la masificación del conocimiento negando incluso que la tierra girara alrededor del sol, entre otras oposiciones que no tienen sustento en la realidad. Lesbianas, gays, bisexuales y trans conformamos en la actualidad familias diversas; somos una realidad concreta, habitamos el mismo suelo y queremos los mismos derechos con los mismos nombres”.

Publicado en Pausa #21, 3 de octubre de 2008.
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