viernes, 26 de septiembre de 2008

Mujeres mercancía


Por Marcela Perticarari

La trata de personas con fines de explotación sexual: un delito que crece. Connivencia policial y judicial, violaciones a los derechos de las mujeres secuestradas y amenazas a sus familiares conforman un panorama que se extiende en nuestro territorio. La provincia prepara un protocolo de intervención.

Aunque se intente mirar hacia el costado, los datos nos pegan en la cara: la provincia de Santa Fe figura en un informe de la Organización Internacional de Migraciones como uno de los principales lugares de captación de niñas y mujeres, y de rutas por donde pasan los tratantes de personas en Argentina. Según este análisis de la OIM, la trata de mujeres crece en el país de la mano de la “connivencia policial y política” y la “escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito”. Este fenómeno compromete todo el territorio nacional: hay personas y organizaciones que específicamente se dedican a la venta de mujeres (se paga entre 100 y 5.000 pesos por ellas). La práctica más común de captación es el engaño, pero también está muy extendido el secuestro, particularmente en el noroeste. Literalmente son desaparecidas... en democracia. Misiones fue identificada como el área principal de reclutamiento. Las provincias de destino son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. De Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos provienen los proxenetas más importantes que operan en las redes de trata, algunos de los cuales regentean hasta 30 mujeres que alquilan a distintas whiskerías del país y las van rotando. Puede pasar mucho tiempo hasta que una mujer puede liberarse del proxeneta que la explota y en ciertos casos nunca lo logra.

La macabra realidad de la trata de personas se hace visible sobre todo en el cordón oeste y en el norte de la ciudad de Santa Fe, donde las whiskerías y cabarets están a la vista. Aunque sea ilegal desde 1949, para muchos la prostitución es un negocio como cualquier otro. Pero en definitiva, la prostitución y la trata son dos caras de una misma moneda: es violencia contra las mujeres.
Trata es la captación, recepción, traslado o el transporte de personas con fines de explotación para la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y la extracción de órganos. Puede incluir desaparición forzada y privación ilegítima de la libertad, violación, maltrato, tortura, degradación, amenazas al grupo familiar, exposición a infecciones de transmisión sexual, consumo forzado de drogas, retención de documentación y apropiación indebida de la identidad, embarazos y abortos forzados, sustracción o asesinato de hijos nacidos en cautiverio.

Hay casos emblemáticos como los de la tucumana Marita Verón (desaparecida en 2002) y la paranaense Fernanda Aguirre (la buscan desde 2004), presuntamente atrapadas por redes de prostitución. Tal vez la inconmensurable fuerza de sus madres por encontrarlas vivas mantiene encendida la esperanza de muchas otras y a la vez aporta a esclarecer nuevos casos. También la TV, con la ficción Vidas Robadas, colabora con la causa desde su puesta en pantalla. No menos dramático fue el caso de Romina Gamarra y Cristina Ojeda, dos jóvenes de San Javier que realizaron una denuncia por trata a fines de 2006 y luego la rectificaron por presiones de sus propios captores.

Pero esta realidad no es nueva: en 1927, el periódico santafesino El Orden publicó una serie de notas con el minucioso y doloroso relato de una joven de 20 años que escapó de una red de prostitución luego de ser secuestrada en Barranquitas.

REALIDAD NACIONAL. Los sueños se estrellan contra una pared de abusos que no reconoce a la mujer más que como mercancía. “Soy mujer, no mercadería. Soy persona humana, con sueños, deseos, ideas, capacidades, con creatividad, con recuerdos, metas, defectos, con sentimientos, con fuerza, con rebeldía. Ni de uno ni de todos ni de nadie: soy mía”, dicen desde la asociación civil santafesina Las Diversas.

Distintos sectores afirman que en Argentina la explotación sexual sigue creciendo porque es un país barato para los turistas: hay una ruta interna en el tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. En estas redes organizadas hay buscadores y captadores que eligen a sus víctimas. Hacen contactos, tratan de ganar su confianza y la de sus familias, ponen avisos, frecuentan zonas donde hay muchas jóvenes, prometen buenos trabajos, mejores sueldos y estudios. De ese modo captan a las víctimas. Luego viene el viaje –que la víctima deberá pagar o en su defecto contraer una deuda– hacia ese destino ilusorio. Alguien las recibe y las lleva a un lugar para vivir. Como la víctima debe pagar por todo esto, están también los prestamistas que proveen de dinero con altos intereses, y embarcan a la víctima en una deuda que con el tiempo se hace impagable y en la que las jóvenes hipotecan su vida. Así, las mujeres y las niñas son llevadas a un burdel donde se las prepara para el nuevo trabajo, es decir que se las somete a violaciones reiteradas. En general, viven en esas casas-burdeles, están aisladas de la población del lugar, no se comunican con sus familias, reciben malos tratos, abusos, golpes y tortura de toda índole, golpes. A las que no se “disciplinan” se las encadenada en cuevas y se las deja sin comer para evitar su huída. Los traficantes de personas dominan con el terror y las familias suelen estar amenazadas; también evitan que se establezca cualquier tipo de vínculo afectivo que las ayude a liberarse. Por eso se las cambia de lugar y se las lleva de un punto a otro de la república.

LA NUEVA LEY. Aunque parezca increíble, recién en abril de este año la Cámara de Diputados aprobó la norma que penaliza (ley 26.364, de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas”) el tráfico de personas. Por lo menos fue antes del bicentenario de la Asamblea del Año XIII, que prohibió para siempre (al menos en la dría letra de la ley) la esclavitud en el recientemente emancipado territorio argentino. La norma aprobada este año impone penas de 3 a 15 años a quien capte, traslade y reciba personas con fines de explotación sexual o laboral. Las sanciones se agravan en caso de menores de 18 años. Para los mayores, debe probarse que existió “engaño, violencia o amenazas”.Penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. En su momento, los aspectos centrales en debate giraron sobre todo respecto del punto segundo de la ley, que establece que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima. Y debe probarse que la persona fue objeto de “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia anunció meses atrás la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado el año pasado por decreto presidencial.

Fabiana Túñez, integrante de la ONG feminista La Casa del Encuentro, objetó la ley de trata, “que pretende diferenciar entre víctimas mayores y menores de edad. Para que se constituya delito, las mayores tienen que demostrar que no prestaban consentimiento, y ahí volvemos a victimizar a la víctima. Pero esta ley no toma en cuenta que muchas de las chicas mayores de edad antes fueron menores de edad secuestradas y explotadas. No tiene que haber diferenciación porque todas son víctimas. En segundo lugar, son las penas más bajas de toda América Latina. Sabemos lo que pasa en nuestro país: van a entrar y van a salir por buena conducta, y en algunos casos ni van a entrar porque de 3 a 5 años son delitos excarcelables. En tercer lugar, esta ley no defiende los Derechos Humanos de todas las víctimas, porque no asigna verdaderos recursos para llevar adelante una asistencia integral a las víctimas de trata.

Otro de los puntos que no tiene en cuenta la ley es el hecho de no confiscarles los bienes a los proxenetas, porque sabemos que aun estando presos van a seguir manejando las redes”. Asimismo, diversos sectores sociales piden que tanto la trata comos los femicidios sean declarados delito de lesa humanidad.

EL TRABAJO DE LA PROVINCIA. En la semana se conmemoró el Día Internacional Contra la Explotación Sexual. Por ello, el gobierno provincial advirtió sobre “la dimensión que está adquiriendo la trata de personas con fines de explotación sexual” y llamó a todos los actores sociales a combatir esta grave violación a los derechos humanos.

La defensora del Pueblo adjunta, Liliana Loyola, contó a Pausa que “estamos trabajando activamente en la prevención y concientización, en instalar este delito en el debate de la sociedad santafesina. Hay mucho por hacer porque se estigmatiza a las víctimas y en este sentido debemos desnaturalizar la cuestión. Además estamos capacitando a integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima, de las distintas fuerzas de seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social y del Inadi. En este sentido trabajamos junto a la Fundación El Otro y estamos preparando un protocolo de intervención que terminaremos en los próximos días, donde cada institución definirá cuál será su rol ante el descubrimiento de un caso de trata”.

La funcionaria insistió en que queda mucho por hacer, más allá de contener a los familiares y a las víctimas: “Las bandas mafiosas y organizadas tienen redes muy fuertes, hay que intervenir con la misma fortaleza para poder perseguir este delito”.

Consultada por las cifras de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, Loyola no arriesgó un número exacto y contestó que “siempre recibimos a víctimas de trata aunque antes no se hablaba de eso sino de violencia o de prostitución. A veces llegaban mujeres denunciando violencia familiar y en realidad se trataba de proxenetas que violentaban a las chicas para ejercer la prostitución”. No obstante, reconoció que por semana reciben aproximadamente dos denuncias de trata: “A medida que el tema se instala en la sociedad, la gente se anima más a denunciar”. Por otra parte, informó que también llegan víctimas potenciales a pedir ayuda.

Al momento de evaluar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial, Loyola se mostró conforme aunque insistió en que queda mucho trabajo por delante y admitió que la Unidad de Trata de Personas, dependiente de la Policía, debe ser fortalecida. “No hay políticas de asistencia concreta a las víctimas de trata. Y es fundamental que la sociedad civil se ponga de pie, si no se moviliza no se logran cambios profundos”, concluyó.

“NO LAS ESTÁN BUSCANDO”. Paula Heredia y Silvina Sierra, integrantes de la Asociación Civil Las Diversas, están llevando adelante un ciclo itinerante de video-debate con la proyección de Vidas Privadas, un documental de la productora independiente Colectivo Chaya, de Buenos Aires. Durante la última intervención, realizada en barrio San Lorenzo, comentaron que “tomamos la lucha contra la trata de mujeres hace un año, impulsando la campaña nacional e integrando la Red No a la Trata. Nació como inquietud pero también como un compromiso nuestro”. También participaron recientemente en las III Jornadas de Género y Derechos Humanos, realizadas en Tucumán.

“Además de ver en la ciudad muchos prostíbulos impunemente abiertos, Rosario y San Javier son zonas donde está ampliamente difundido el turismo sexual. Acá hay muchos casos, algunas chicas son rescatadas pero lamentablemente la mayor parte no aparece. Y nuestro reclamo es porque no las están buscando. Lo digo porque si una madre desesperada como Susana Trimarco, que haciéndose pasar por madama rescató 159 chicas, ¿cómo el Estado ni la Justicia las encuentran? ¿Será porque no las buscan?”, se preguntó Silvina.

“Ellas no pueden esperar más y hay un gran vacío. Éste es un tema que da rédito político porque nadie está en contra de combatir la trata de personas, y aún así se hace muy poco. Un ejemplo: pedimos a los concejales que controlen la habilitación de ese tipo de locales nocturnos pero nos contestaron que eso no es injerencia de ellos. Hay mucha impunidad y eso va de la mano con la complicidad, incluso dentro del Estado y en los medios de comunicación porque se están habilitando páginas de diarios para que se publiquen avisos clasificados donde se ofrece a las mujeres como objetos. Está naturalizado que se venda a la mujer como una mercancía. Es una cuestión del patriarcado que oprime a la mujer: él paga por un servicio y la mujer tiene que hacer lo que diga el hombre; eso es una manera más de explotar a la mujer”, sentenciaron Las Diversas.

Silvina también apuntó al cliente habitué de la prostitución: “Nunca es detenido y es un factor importante en esto, es un eslabón. Y sin cliente no hay trata”, definió.

Según Paula Heredia, “hay un vacío en cuanto a la trata. Queremos que el municipio controle los locales que se habilitan, que la policía tome las denuncias de desaparición y pedidos de paradero. El Estado no sólo tiene que encargarse de realizar campañas de sensibilización sino que también debe poner todos sus recursos y su estructura para dar protección a víctimas y familiares”.
Santa Rosa, Barranquitas, Chalet y Los Hornos. Desde esos barrios de Santa Fe se efectúan la mayoría de las denuncias que reciben Silvina y Paula, tanto por teléfono como mediante e-mails: “Nos cuentan que estas mafias pasan en autos lujosos y las raptan. Muchas veces nos dicen que no confían en la policía porque está involucrada en las redes de trata. Nosotros vemos como válido que hagan denuncias anónimas, pero a nivel jurídico y legal nosotras nos encontramos con muchas trabas para iniciar una investigación”, lamentó Paula Heredia.

DATOS EN FALTA. La abogada Mariana Herz integra junto a un grupo de investigadores de la UNL un proyecto sobre sustracción internacional de niños, que ya se encuentra en su etapa final. Durante los casi tres años en los trabajaron, el grupo se interesó particularmente en la trata de personas, por lo cual se presentó un nuevo proyecto que, de aprobarse, comenzará a desarrollarse en enero de 2009. “Específicamente está orientado a niños y niñas como sector más vulnerable, pero también involucra a mujeres, no solamente en cuanto a la explotación sexual con fines comerciales, sino también comerciales y ablación de órganos, es decir con todas las finalidades paralelas que tiene la trata”, informó Herz.

Al elaborar los informes preliminares del proyecto, los investigadores encontraron su primer escollo: “Los datos que hay en el país son prácticamente insignificantes porque son aislados y fragmentarios. No hay un sistema uniforme de generación de datos que den certeza y transparencia sobre el modo en el que se han obtenido, entonces no podemos ver cómo evoluciona el problema. Los pocos datos que hay son ofrecidos por la OIM y Unicef, pero son organizaciones que no dependen del gobierno. En la provincia, los datos que existen también son escasísimos y los pocos que hay son de la ciudad de Rosario. De la ciudad de Santa Fe no hay nada de nada y sin embargo sabemos por los medios que este problema es real y existe. Así no se pueden hacer diagnósticos”.

La abogada agregó: “Argentina tiene datos críticos que fueron brindados por la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano. Cada año, esa dependencia elabora un informe sobre los países que firmaron los protocolos adicionales a la Convención Palermo. De las tres categorías que se distinguen, nuestro país se encuentra en el medio –la 1 es la óptima y ahí se incluyen los países del primer mundo que cuentan con políticas específicas de lucha contra la trata–. Estar en el segundo nivel por tres años consecutivos, implica que nuestro gobierno nacional en todo este tiempo no ha adoptado medidas conducentes como para minimizar el problema. La ley sancionada en abril es más bien de carácter punitivo, pero en lo que respecta a prevención y reinserción de víctimas a la sociedad prácticamente no hay nada”.

LAS VARIABLES DE LA TRATA. Liliana Mizrahi, psicóloga clínica especializada en psicoterapias de adultos y adolescentes, opinó que las variables que hacen a esta realidad son la pobreza, el desamparo, el desarraigo, la impunidad con que operan la redes, la ignorancia, la violencia familiar, la búsqueda de salida de tanta miseria y hambre, la orfandad, el vacío legal y las complicidades entretejidas que la convierten en red.

“Temas, como el tráfico de personas no tienen lugar, no existen, salvo como ficción en los medios de comunicación”, se lamentó.

MADRE Y EMBLEMA. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, pasó por Santa Fe en agosto para brindar charlas sobre la problemática y volvió a denunciar connivencia entre la policía y el poder judicial. También habló de su situación personal, confesó que “vivo permanentemente hostigada por los mafiosos. Me quisieron matar, intentaron atropellarme con un auto, me mandan mensajes de texto amenazándome de muerte y diciendo que van a transformar en prostituta a mi nieta (hija de Marita). Ellos saben mis movimientos. Cuando me bajo del avión en Buenos Aires recibo mensajes advirtiéndome sobre posibles accidentes. Yo no les tengo miedo porque con miedo no se llega a la verdad”.

Más data
La trata de personas se encuentra entre los tres negocios ilícitos más rentables, junto al tráfico de armas y de drogas
A nivel mundial, se estima que 4 millones de mujeres y niñas son explotadas sexualmente por redes
Según Naciones Unidas este tipo de mafias mueven anualmente entre 8 y 9 billones de dólares
La trata sexual de personas en Argentina registró 47 causas penales durante 2007: 30% correspondieron a menores de edad y el 60% son mujeres
En nuestro país hay más de 600 mujeres desaparecidas, presuntamente secuestradas para ejercer la prostitución
En 2000 se elaboró el Protocolo de Palermo “para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”
Una ley federal sancionada en abril de este año tipifica el delito de trata.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos creó recientemente la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificados por el Delito de Trata. Estará integrada por un equipo interdisciplinario, conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe dos denuncias semanales por trata
El único refugio para mujeres rescatadas que fueron víctimas de trata está en Tucumán y depende de la Fundación María de los Ángeles Verón.

Publicado en Pausa #20, 26 de setiembre de 2008.
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viernes, 19 de septiembre de 2008

Conquistar continentes culturales


Por Sergio Ferreyra

Con el objetivo de entrar en “la conversación”, se avanza hacia una asociación entre el Ministerio de Innovación y Cultura y la plataforma de Noticias Culturales Iberoamericanas. Entre otros muchos intercambios, los realizadores locales podrán mostrar sus trabajos en todo el continente y en España.

Los televidentes están cada vez más acostumbrados a seguir en detalle los hechos difundidos en la pantalla. Persecuciones policiales en el partido de La Matanza, el rescate de pingüinos empetrolados en la Península Valdez, un recorrido turístico por La Habana, un viaje en el nuevo auto de alguna marca japonesa, son algunas de las propuestas que pueden encontrarse control remoto en mano.

Sin embargo, desde Santa Fe, poco y nada puede apreciarse en la pantalla chica de historias de vida de Santa Rosa de Lima, o del sentido de pertenencia que tienen los vecinos por su Alto Verde. Poco –casi nada– se encuentra acerca de las bandas de rock locales o de grupos folclóricos; menos aún de los artesanos callejeros o los graffitis que toman por asalto las paredes con su arte.

La idea de difundir producciones audiovisuales de realizadores santafesinos, por TV o Internet, es cada vez más explícita en las esferas oficiales. Haciendo referencia al canal cultural nacional de cable, el gobernador Hermes Binner reconoció abiertamente que está dentro de los planes de la gestión tener un “canal Encuentro santafesino, para que los habitantes de esta provincia nos encontremos, justamente”. En el mismo sentido se había pronunciado el secretario de Comunicación Social, quien mencionó que hace un tiempo el Poder Ejecutivo sigue de cerca la posibilidad, en pos de cubrir los hogares de cuatro millones de santafesinos. El secretario de Industrias Culturales, Pedro Cantini, había dicho que es “muy probable” que los ciudadanos de Santa Fe o de Rosario “ni se enteren”de las acciones que se producen en el interior de la provincia.

EMPEZAR A CONVERSAR. En los últimos días, Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas y director general de Noticias Culturales Iberoamericanas, visitó Rosario y se reunió con Hermes Binner y Cecilia Vallina, directora provincial de Producciones Culturales.
Se trata de una plataforma en Internet que funciona como centro de producción de contenidos de noticias culturales para España y América Latina, con la cual la provincia pretende comenzar a relacionarse de manera concreta.

“Acordamos que el Ministerio de Innovación y Cultura se va a asociar a la red porque es parte del plan que estamos desarrollando para producir contenidos de televisión”, dijo Vallina. Los trámites formales se completarán en los próximos dos meses.

A modo de evaluación, la directora de Producciones Culturales dijo: “Es interesante ver qué ventajas nos da pertenecer a la asociación (compuesta por canales culturales, universidades). Podemos tener acuerdos de coproducción, acceder a programas de televisión que se pueden emitir a través de las pantallas, que compondrán una franja de programación del Ministerio en diferentes canales de cable o Internet. Empezaremos con una duración de dos horas”.

Como otras de las virtudes que ofrece el intercambio, Vallina anunció que “al estar asociados podemos enviar noticias culturales de Santa Fe a ese noticiero, que circula por toda América Latina y por España, y a su vez accederemos al contenido de ese noticiero. Es como entrar en la conversación latinoamericana”.

Consultada sobre el tiempo que transcurriría antes de que se puedan comenzar a ver los primeros productos, la funcionaria dijo que “estamos empezando a analizarlos, estudiando cuáles serán nuestros acuerdos cuando estemos listos para comenzar el proceso, que se da en paralelo con varios temas a la vez. Por ahora estamos arrancando, poniéndonos en marcha”.

–¿Serán sólo contenidos nuevos o habrá lugar para producciones ya hechas también?

–Por supuesto que está planteada la inclusión de ciclos de realizadores santafesinos que ya se hayan llevado adelante o que se estén haciendo en el presente. Queremos recuperar, por ejemplo, la realización del cine santafesino, las producciones audiovisuales. O sea que el objetivo es doble: que circule la producción santafesina y hacer circular lo que recibamos. Por ahora estamos abocados a la generación de contenidos y a la búsqueda de pantallas.

Vallina concluyó: “Hoy la tecnología indica que con televisión digital estamos más cerca de poder llegar a más lugares, para cubrir todo el territorio. Lo real y lo posible es esto que estamos contando”.

PRO PANTALLAS. “Hay que contemplar las nuevas realidades que surgieron estos años, desde la televisión por cable hasta las nuevas tecnologías como la televisión digital y las páginas web”, había dicho Rubén Galassi, secretario de Comunicación Social, cuando se hizo pública la iniciativa.

“Fíjese lo que pasó la semana pasada: hubo un espectáculo de títeres en Tostado, de una titiritera que vive en Francia y es oriunda de la ciudad y que, como no se olvida de sus orígenes, todos los años brinda un espectáculo... ¿Alguien se enteró?”, fue una de las frases que soltó el gobernador Binner a Pausa el último miércoles.

“El Estado puede tener una participación con medios públicos. A lo largo del tiempo el Estado na-cional pasó de casi tener un monopolio a casi no tener medios; creo que ninguno de los dos ejemplos es lo ideal. Ni un Estado monopólico, ni uno ausente. Creo que el Estado puede tener una participación con medios públicos y cumplir un rol complementario al de los privados. Porque los privados están más interesados en el entretenimiento, el deporte masivo. El Estado puede sumarse con otro tipo de programación”, había ampliado Galassi.

“Los medios privados necesariamente tienen que vivir del mercado, con lo cual yo creo que un buen medio del Estado tendría que estar garantizado con recursos propios y no tener que salir a vender publicidad. Por un lado, porque tendría que enfrentarse a procurar ingresos y por otra parte porque es una competencia desleal hacia los privados”, añadió.

Cantini, el secretario de Industrias Culturales, había dado detalles de lo que buscan con el Concurso de Proyectos de Producción y Realización Audiovisual 2008: “La generación de contenidos culturales, vinculados a la región y televisables. Eso no es una casualidad: es una decisión política abrir para ese lado la cosa”.

En cuanto a los espacios había dicho que “el programa se basa en una inquietud: en ese canal de circulación de cultura, en esa enorme herramienta de registro y de producción, los santafesinos tenemos muy poca presencia. Si medimos el consumo cotidiano que puede hacer cualquier persona en un hogar promedio, la cantidad de contenidos generados de una manera cercana, ¿cuánto puede ser? Una media hora de informativo en uno de los 100 canales que se ven, ya no sólo en la ciudad sino en los cables del interior, que tienen un montón de canales”.


Publicado en Pausa #19, 19 de setiembre de 2008.

viernes, 12 de septiembre de 2008

Una espera que nunca termina



Por Sergio Ferreyra

Son 150 familias y carecen de los servicios básicos. Sienten desprotección de parte del Estado. Los concejales que investigan al ex intendente descubrieron más anomalías. Según documentos de la Sindicatura municipal, hay pagos exorbitantes por dos CIC (Centros de Integración Comunitaria), ubicados en el norte de la ciudad, aún no finalizados.

La reparación no les llega, no asoma. Y, por si fuera poco, las oportunidades que existen para llevarla adelante se dejan pasar en forma obscena. A partir del 29 de abril de 2003 pasaron a ser inundados; después los confinaron en el norte de la ciudad, en un lugar que no aparece en los registros de los mapas.

Les dijeron que debían construir sus nuevas casas, para hacerse dueños de ellas, y lo hicieron. Sin embargo, no les dieron lo básico. No tienen energía eléctrica como en otras partes de la ciudad; no tienen cloacas, los aqueja el problema de la basura. Y en 2007 los volvieron a inundar.
El barrio 29 de Abril III tiene, por ahora, siete manzanas habitadas por aproximadamente 150 familias: todas inundadas.
Una forma rápida de llegar es accediendo por Av. Aristóbulo del Valle hasta llegar al Callejón Roca, y desde allí hacia el este.

La postergación de los inundados sigue de manifiesto. La comisión investigadora de la Gestión Balbarrey hizo públicos documentos de la Sindicatura Municipal sobre pagos exorbitantes por obras públicas no terminadas. Se trata de dos Centros de Integración Comunitaria que no están concluidos; el atraso es de 414 días respecto del plazo original. Los vecinos de 29 de Abril III reclaman no sólo la concreción de la obra, sino también la atención del barrio en sus aspectos básicos
En ese barrio se dice: “La situación es desastrosa, aquí es urgente solucionar el problema de la basura, también del cableado porque cuando hay viento los cables se descuelgan, con el peligro de que hay criaturas todo el tiempo, los días de lluvia no se puede circular”. El que habla es Roberto, un vecino que acredita haber trabajado 300 horas construyendo su casa después de haber perdido lo suyo hace cinco años.
“Hay muchas conexiones precarias; cuando inauguraron el barrio nos dijeron que el cableado estaba completo, pero sólo alcanza a una manzana. Algunos vecinos llevan energía a su casa con alambres, otros con cables finos, cuando hay tormenta se cortan y cuando pasa eso nos tenemos que arreglar entre los vecinos, lo mismo cuando hay problemas en el transformador”, cuenta Lula por su lado.
“Después de la inundación de 2003 nos mandaron a este lugar, en esta situación, se olvidaron de nosotros”, dice Roberto con una rara tranquilidad, como enmascarando un grito de bronca.
Lula agrega: “Uno como inundado la pelea todos los días, pero de parte del Estado nos sentimos bastantes desprotegidos. Entre los vecinos estamos haciendo la placita para los chicos, pero no tenemos respuesta para que nos donen los juegos”.
Roberto dice lo suyo, parado en la esquina de República de Siria y Callejón Roca, mientras una veintena de niños y adolescentes dejan la vida en el picado de la tarde y el sol abandona su turno de a poco. Ahí, además de la cancha, debería haber un Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde funcione el dispensario y los médicos atiendan a los pacientes del barrio. La obra está allí, tan inconclusa como demandada: rara simetría. “Nunca se terminó. La obra comenzó y quedó como está (a medio terminar), le falta de todo, quedó destruida, ahora tenemos un dispensario precario. Cuando hay que poner una inyección nos mandan al centro de Salud de Altos del Valle, la ambulancia directamente no entra, la podés llamar durante todo el día y toda la noche que no viene”. De esta forma, Roberto da cuenta del modo de vida que llevan estos habitantes de la ciudad.
Respecto de la seguridad del barrio, Lula reflexiona: “Es todo, tener buenas conexiones, recolección de basura, acceso a la salud”.
Los vecinos tardaron 300 horas en construir sus casas y acceder al techo. Para contar con el CIC en el barrio también debían prestar su mano de obra. Roberto fue justamente uno de los que dejó su trabajo allí, hasta que pudo.

LISTO... NO TANTO. La Nación (a través de un área del Ministerio de Desarrollo Social) envió al municipio entre febrero de 2005 y mayo de 2006 un monto aproximado de 982.240 pesos, a los fines de construir dos CIC: el primero de ellos en Facundo Zuviría y Azcuénaga, y el otro en Callejón Roca y República de Siria. La Gestión de Martín Balbarrey (por ese entonces intendente de la ciudad) debía distribuir ese dinero entre diez cooperativas de trabajo formadas a tal fin. En cada CIC desempeñarían tareas cinco de estas formaciones. A cada cooperativa se le entregó un monto cercano a los 68 mil pesos, lo cual fue abonado en tres partes: anticipo de obra (33.450 pesos), media obra (22.400 pesos) y final de la misma (11.900 pesos). La suerte fue dispar para las construcciones ya que el primero de los CIC mencionados tuvo un avance mayor que el otro que ni siquiera está a la mitad. “Todos los fondos fueron entregados a todas las cooperativas, incluidas las que estuvieron trabajando en Callejón Roca, según las informaciones que tenemos provenientes del Tribunal de Cuentas”, dijo la concejala Adriana Molina (FPCyS), integrante de la comisión oficial que investiga el ejercicio de Martín Balbarrey entre 2003 y 2007, ahora abocada al análisis de los números de estos subsidios llegados cuando promediaba la primera parte de la era K.
La comisión accedió a un informe de la Sindicatura sobre auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en cuanto a la construcción de los CIC. Dichos informes llamativamente no están registrados como expedientes en la Mesa de Entradas Única.
El escrito menciona que el 29 de agosto de 2008 integrantes de la Sindicatura realizaron una observación a los lugares de construcción de los CIC. Respecto del que está ubicado en Facundo Zuviría, requiere para ser habitado algunas reparaciones: se registra humedad y faltan detalles de terminación de obra. En cuanto al de Callejón Roca, la obra se encuentra paralizada e inconclusa, no se encontró a ninguna persona encargada de su custodia, ni barreras físicas que impidieran en ingreso a la misma. Los ambientes no se encuentran techados en su totalidad, las paredes están revocadas en forma parcial, al igual que la colocación del piso. Faltan todas las aberturas, cielorrasos, sanitarios, mesadas, accesorios y terminaciones finales.
“El que comandaba la obra era el señor (Director del IMV en la Gestión Balbarrey, Alfredo) Migone, pero nunca lo vi, nunca vino a dar la cara, nunca lo escuché decir nada; las pocas veces que llegó acá vino a prometer cosas que nunca cumplió”, asegura Roberto, en referencia al tiempo que pasó trabajando en la obra.

ROPA SUCIA. “Nos dijeron que nos iban a dar la ropa (de trabajo) pero no ocurrió nunca. La Municipalidad dijo que nos iba a pagar un sueldo, pero tampoco fue así. Después, presionando, logramos que aunque sea nos dieran un bolsón de mercadería para poder subsistir, porque no teníamos nada. A la hora de reclamar nunca aparecía nadie; íbamos a la Municipalidad a golpear las puertas y siempre nos la cerraban en todos lados, nos mandaban de acá para allá y así hasta que pasaban horas y nos teníamos que retirar”, se despachó el vecino.
Hay una cifra que el concejal Héctor Acuña (del bloque Santa Fe es el Centro, integrante también de la comisión) calificó como “hecho anecdótico”. El edil dio cuenta de facturas presentadas a la Nación por 24 mil pesos en conceptos de refrigerios en el marco de la “construcción” de los CIC. “Por un lado es difícil gastarlos y por otro lado puede ser la única excusa que pueden tener los responsables para argumentar que no terminaron la obra, pero estas facturas no fueron convalidadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto merece cuanto menos un repudio unánime de la comunidad, lo gastado es una exorbitancia hoy y en ese momento”, dijo.
En cuanto al subsidio por herramientas y ropa de trabajo, se financió la compra de diez partes iguales, a 6.913 pesos cada una, lo cual totalizaba un gasto de 69.138 pesos. Según las actas, las herramientas y ropa de trabajo fueron entregadas el 23 de septiembre de 2005 en ambos obradores. Pero los vecinos desconocen el destino que estos elementos tuvieron.
La conclusión de la Sindicatura, reflejada por la Comisión Investigadora, es que los contratos de obra fueron pagados en sus tres etapas, pero las obras no fueron ejecutadas en su totalidad.
“Hablar con los vecinos y escuchar de propia voz de ellos ‘si no nos sacaron las chapas (del techo de la construcción del CIC), si nos saquearon, si nos destruyeron, si no usurparon esta construcción precaria, es porque lo defendimos nosotros’. De esta manera entendemos la importancia que tiene para ellos: esta es la otra mirada; es de destacar la espontaneidad”, dijo también Acuña.

RELOJ ATRASADO. “En primer lugar hay que tener en claro que se trataba de un contrato de 180 días, pero al momento del cese de la obra ya se llevaban 594 y la misma estaba sin concluir”: un atraso de 414 días respecto del plazo legal.
El dato fue uno de los tantos que Acuña y los otros ediles revelaron en una conferencia de prensa realizada esta semana. Desde el IMV no se suministraron actas ni se acreditaron presentaciones por escrito por parte de las cooperativas a fin de justificar demoras por suspensiones o retrasos en la ejecución de la obra.
Los integrantes de las cooperativas de trabajo son los que debían llevar adelante la construcción de los CIC. Sin embargo, desde la Comisión Investigadora se descubrió contratos de locación de servicios para efectuar tareas de albañilería, instalación sanitaria e instalación eléctrica en las obras de Callejón Roca, lo cual denota una superposición de funciones con las tareas que debían realizar los integrantes de las cooperativas. De la misma forma se contrató una persona destinada a tareas administrativas, pero no se detallaron cuáles.
Desde la comisión adelantaron que van a citar a los responsables de las cooperativas, al ex secretario de Hacienda Fernando Giusti para que “explique qué pasó con el dinero”, al ex titular del IMV, a los ocho responsables técnicos (contadores, arquitectos, maestros mayores de obra, que estuvieron contratados casi dos años, de lo cual todavía no se cuenta con la suma que costó al municipio).
El concejal Suárez (FPCyS) dejó en claro que “la citación a las personas que hemos nombrado tiene que ver con la posibilidad que ellos tienen de defenderse, esto ayudará a completar nuestro informe”.

CAPACITACIÓN... AUSENTE. Según los convenios firmados entre el municipio y la Nación, los integrantes de las cooperativas debieron recibir capacitación para desarrollar su trabajo. “Hay rendición de cuentas por esto; decir que no la hubo es mentir. Lo que está claro, y esto no es una imputación al organismo encargado de brindarla, es que los empleados que pudimos contactar dicen que no la recibieron. Nuestros dichos tienen un sustento concreto que es la documentación remitida por el gobierno nacional y obrante en el municipio, además está claro que desde el Ministerio de Desarrollo Social establecieron contacto con el ex secretario de Gobierno (Pablo Abraham) y el ex subsecretario de Gobierno (Darío Giménez)”, sostuvo Acuña.
“Pudo haber capacitación, pero hablando con los vecinos surge a las claras que el total de ellos no la recibió. En cuanto a la ropa, con los vecinos que nos encontramos nunca recibieron indumentaria”, dijeron desde la comisión.
Respecto al subsidio recibido por capacitación en obra, el monto fue de 82.224 pesos (8.224 por cooperativa) a distribuirse de la siguiente manera: 2.000 para viáticos, 2.400 para gastos de refrigerio, 224 para gastos de material didáctico, 3.600 para honorarios del docente capacitador (15 pesos por hora). Los comprobantes de caja se encuentran aprobados, a excepción de algunos cuya totalidad asciende a 48.198 pesos.

PAGO... POR LAS DUDAS. “Vemos que se pagó el total de la obra, y además se abonaron conceptos de demasía, de los cuales, según el informe del Tribunal de Cuentas, en el caso del CIC de Callejón Roca faltan rendir... 12.500 pesos. Es decir que se tomaron en cuenta posibles reajustes”, aseguró Acuña. Sin embargo, tampoco se suministraron certificaciones de avances de obra.
Molina avala a su par y brinda cifras: “Llega otro subsidio por demasía de obra por 76.618 pesos para las cooperativas que estaban desempeñando tareas en el CIC de Facundo Zuviría y 76.660 para el de Callejón Roca. Estos montos no fueron repartidos entre diez cooperativas, sino entre menos, pero se ignora el motivo”.

EL QUE ABANDONA NO PIERDE. De las diez cooperativas con las que se firmaron los convenios, hay una en especial con la cual se detectó una irregularidad más en este rosario de sospechas: Consar Ltda. desarrolló sus tareas hasta el día 7 de octubre de 2005 haciendo abandono de la obra. El 17 de noviembre de 2006 se rescindió el contrato entre esta y la Municipalidad. Sin embargo, surgen comprobantes correspondientes a la entrega de materiales de fecha posterior a la de abandono de la obra.
“Esto lo tenemos documentado, también podemos advertir que hubo una serie de irregularidades en relación de determinadas cooperativas, una de ellas es por la rescisión del contrato por no cumplir con sus tareas pero durante seis meses siguió recibiendo dinero. Otra irregularidad es la inclusión en los convenios de una cooperativa que no estaba registrada como tal”, anunció Molina.

HACIA DÓNDE VAN... Los compromisos se van descubriendo con el transcurso del tiempo. Al respecto Adriana Molina dijo: “Habría que ver los grados de responsabilidad, pero incumplimiento de deberes de funcionario público o malversación de fondos, creo que se configura (como delito) cuando uno piensa en el incumplimiento inmediatamente se representa la negligencia, imprudencia o impericia, por lo menos”.
Por su parte, Acuña concluyó: “No vamos a decir ninguna cosa que pueda entorpecer o que haga que la comisión pueda ser sospechada de falta de objetividad”.

Publicado en Pausa #18, 12 de setiembre de 2008.

viernes, 5 de septiembre de 2008

Otro desalojo en puerta



Por Sergio Ferreyra

En el departamento Vera, algunos terratenientes ocupan en forma ilegal tierras fiscales que serán destinadas a los pueblos originarios. Desde el gobierno comparan el panorama con los sistemas feudales y aseguran que en los próximos días desalojarán a los usurpadores, tal como los definen. La política de tierras, una materia aún pendiente.

La usurpación de las tierras de las comunidades aborígenes, utilizadas por grandes terratenientes para la crianza de ganado, se manifiesta como un problema incipiente en el norte provincial. La reciente adjudicación de 327 hectáreas a favor de los mocovíes de Recreo fue, apenas, un paso en el largo camino que deben transitar los pueblos originarios para recuperar una pequeña porción de las tierras que alguna vez les pertenecieron. En las localidades de Garabato, Fortín Olmos y El Toba (todas del departamento Vera) esperan una resolución similar; mientras tanto, los aborígenes hablan de la tierra en los siguientes términos: “Hay que ver cómo, por quiénes y por qué están ocupadas y procurar, en base al diálogo, que no haya conflictos”. Desde el gobierno, además de haber tomado nota de la situación, destacaron la importancia que esas tierras tienen para el desarrollo humano.

El problema no terminó: apenas está siendo descubierto por los ciudadanos de las grandes urbes. La ocupación ilegal de las tierras destinadas por medio de la ley 12.086 a las comunidades aborígenes había asomado con fuerza ante la opinión pública a partir de la lucha de la comunidad Com Caia (en mocoví “Somos hermanos”) por la posesión real (ya no sólo legal) del territorio que les corresponde. Ahora, el mismo inconveniente se pone de manifiesto en el castigado norte provincial.

Más de cuarenta años les llevó a los mocovíes de Recreo que le reconozcan ese derecho. Parte de la reivindicación tuvo como escenario la Casa de Gobierno: fue la semana pasada, cuando se firmó la adjudicación de las 327 hectáreas que se estaban reclamando. El acto de entrega desató mucha emoción entre los integrantes de los pueblos indígenas. Lágrimas, gritos y manifestaciones de alegría reinaron y se adueñaron del momento, previo al festejo de su año nuevo (ver recuadro). Sin embargo, los representantes de la comunidad Com Caia dejaron en claro que ese fue el primer paso y que falta otro fundamental: la titularización de las tierras.

Y ese punto no es la única materia pendiente del gobierno y la sociedad santafesina. “En el norte de la provincia tenemos escrituras preparadas, en un grado de avance superior a este (en referencia al caso de Recreo), pero no se pudo llevar adelante la entrega hace 20 días porque hay tierras que están intrusadas”, dijo el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti. “Estaremos yendo con el Fiscal de Estado a proceder al desalojo de esas personas, que son intrusos: personas de muchos recursos económicos que durante años estuvieron amañando decisiones y permanecen en lugares que no les corresponden”, agregó el ministro.

De esas declaraciones se desprende que la situación en el norte santafesino es más grave aún que en Recreo. Los campos en cuestión actualmente son destinados a la crianza de ganado.

UN VIEJO NUEVO PROBLEMA. Garabato, Fortín Olmos y El Toba son algunas de las localidades en las que el problema empieza a hacerse visible y, tal cual ocurrió muy cerca de la capital provincial, lleva mucho tiempo en un estado tácitamente público. Los desalojos se producirían en las dos semanas próximas, según pudo saberse de fuentes oficiales.

–O sea que el problema se multiplica en otros lugares.

–Yo diría –respondió Bonfatti– que en el norte de la provincia hay cuestiones más graves porque hay gente que actúa como si estuviéramos en la época feudal. Ya mantuvimos una reunión con los ministros de la Producción, de Seguridad y de Justicia, porque debe intervenir la Justicia, la Policía y los ministerios de la Producción y de Gobierno coordinadamente, para hacer efectiva la entrega de los títulos a las comunidades aborígenes del norte.

–¿Qué se argumenta a la hora de justificar la ocupación de estas tierras?

–Nada. Algunos pretenden hasta la usucapión (es el caso de quien luego de haber tenido “ánimo de poseer” la propiedad cierto tiempo, y la ha cuidado y tratado como propia, ha dejado revelado a las claras su íntimo deseo de poseerla), porque estamos hablando de tierras fiscales, y esto no puede ser así –dijo Bonfatti en tono vehemente.

Mónica Bifarello, secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, también se manifestó al respecto: “Que la tierra esté ocupada no significa que sea imposible dársela a la comunidad aborigen. Tenemos que tomar los recaudos correspondientes; por suerte la Fiscalía de Estado está trabajando codo a codo con nosotros. Ya tenemos los instrumentos legales correspondientes para que aquellas personas que están ocupando ilegalmente esas tierras las restituyan al Estado. Soy optimista en eso; los obstáculos hacen que necesitemos tiempo, pero de ninguna manera nos van a frenar en la voluntad de adjudicar”. La funcionaria hizo hincapié además en que la disputa por las tierras de Recreo fue similar a lo que, ahora, está ocurriendo en el norte: también estaban ocupadas, aunque en aquel caso a cargo de un cuidador que desarrollaba sus tareas ad honorem. (Cabe recordar que estuvo vigente, hasta un par de semanas antes de la adjudicación, un pedido del Concejo de Recreo para que se someta a una consulta popular el uso –y por lo tanto la titularidad– de esas 327 hectáreas, para las que el senador por La Capital, Juan Carlos Mercier, tenía su propio proyecto: transformarlas en un parque industrial).

José Iñet, quien trabaja desde 1976 para el reconocimiento de los derechos de los aborígenes, dijo respecto de la ocupación de tierras que serán devueltas a las comunidades: “No vemos un problema; vemos una cuestión. Cuando uno habla de los temas sociales, hay que ver cómo, por quiénes y por qué están ocupadas (las tierras) y procurar, en base al diálogo, que no haya conflictos. No son necesarios a esta altura de la civilización; hay que estudiar la situación y solucionarlos punto por punto. Lo que no tiene retorno es que, por ley, esas tierras les corresponden a los indígenas”.

La ley a la que alude Iñet lleva el número 12.086, fue sancionada por la Legislatura provincial en 2002 y dispone que el Poder Ejecutivo debe restituir un conjunto de tierras fiscales a las comunidades aborígenes santafesinas “con el carácter de reparación histórica como pueblos originarios y preexistentes a la Nación”.

LUCHA COTIDIANA. Clara Chilcano, titular de Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe), fue precisa a la hora de referirse a la adjudicación de tierras a favor de la comunidad mocoví. Sostuvo: “Después de esta larga lucha de reivindicación, hemos logrado dar un paso más. Es la continuidad de un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, que esperamos poder seguir llevando adelante. Pero todavía falta la titularización, en eso seguiremos construyendo, aunque ya está el compromiso del gobernador de que las tierras pertenecen a los aborígenes, tal cual nosotros lo hemos reclamado y lo divulgamos, de acuerdo a la ley 12.086, que es una norma que nos permite seguir siendo optimistas dentro de esta interculturalidad, donde hemos sido muy negados. Hoy queremos mostrarnos ante la sociedad con equidad pero diferentes, en una lucha de iguales desde el valor de la calidad del derecho humano, de los sectores vulnerables, de los que están sin tierra. Una lucha cotidiana”.

Por ley, las tierras pertenecen a la comunidad aborigen, pero la adjudicación no significa aún la plena posesión: “El título va a estar cuando haya un papel que especifique que es una propiedad comunitaria y de los pueblos originarios”, aclaró la militante de Ocastafe. “Desde la realidad que nos toca vivir, los integrantes de la comunidad mocoví entienden que estamos avanzando en pequeños pasos. Recién ahora se está dando sensibilidad y visibilidad a las comunidades aborígenes. También hay que entender que es un proceso de muchísimos años de culturización forzada, de negación, de ser invisibilizados, de estar en las minorías o los sectores vulnerables”.

LA IMPORTANCIA DE LA TIERRA. “La comunidad viene desarrollando diferentes talleres para que los propios integrantes definan los usos que se le van a dar a la tierra, de acuerdo a las capacidades de la propia comunidad”, amplió Chilcano. “La culturización forzada es de todas maneras valedera porque los pueblos originarios también hemos evolucionado. Hoy queremos tener las mismas pautas que tiene cualquier ciudadano, tener una mejor calidad de vida, una vida digna, un estudio y un buen trabajo. Los festejos conmemorativos del año nuevo mocoví son para decir que existimos”.

Pedro Coria, el líder de la comunidad Com Caia, también dijo lo suyo: “Para mí es una inmensa alegría poder asistir a la entrega de este campo, algo que hace años persiguen nuestros hermanos dirigentes de otras instituciones. Y es una inmensa alegría principalmente para nuestra comunidad, es un sueño que se concretó. Yo no tengo palabras, es algo que anhelamos todos, le agradecemos a nuestro gobernador, a los integrantes de la comisión (de adjudicación, un ente creado por la ley 12.086) que tanto esfuerzo pusieron y al intendente de la ciudad de Recreo (Mario Formento)”.

El gobernador Hermes Binner contestó el halago. “Significa un acto de justicia (en referencia a la entrega de tierras), cada vez los sentimos (a los integrantes de la comunidad mocoví) más hermanos, cada vez más santafesinos, integrando esta hermosa provincia, que tiene posibilidades para crecer y avanzar, donde la tierra juega un rol fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Estamos convencidos de que éste es un hecho histórico, que hoy comienza y que no termina aquí: hay que tener fe, confianza y esperanza, porque las cosas van a seguir adelante”, dijo el gobernador sobre la experiencia –inédita– que tuvo como epicentro las tierras mocovíes de Recreo.

Ese grado de importancia atribuido a la posesión de la tierra ya había sido expuesto en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1º de mayo. En esa ocasión, el gobernador dedicó un párrafo de su discurso a la cuestión, en forma específica y concreta. “La ausencia de una política de tierras nos ha hecho perder la posibilidad de construir más viviendas, más escuelas, más hospitales, más espacios culturales; en definitiva, nos ha hecho perder muchas oportunidades. Trabajamos entonces en el diseño de una política pública de tierras, consensuada con los gobiernos nacional y municipales, a través de la creación de un Banco de Tierra Urbana y Rural, que nos permitirá contar planificadamente con este recurso básico”, había dicho Binner ante senadores, diputados y los otros invitados.

El Banco de Tierra aún no pasó de los papeles a la realidad. Quizás cuando se materialice el proyecto, casos como los de Fortín Olmos, El Toba o Garabato serán más esporádicos, más ilegales (todavía) y más notorios.

DIALOGAR ES EL CAMINO, DICEN LOS MOCOVÍES. Sobre la entrega de tierras a favor de los mocovíes de Recreo, José Iñet opinó: “Creíamos que la provincia de Santa Fe, que es la última en llegar a reconocer los derechos indígenas, tiene la enorme oportunidad de no cometer los mismos errores que otros cometieron, también creemos que podemos aportarle mucho a esta provincia”.
De la misma forma ancló su discurso en el método usado para llegar a sus objetivos. “Con el diálogo se soluciona todo”. Y le dedicó un párrafo a la consulta popular impulsada en Recreo –y luego suspendida– que buscaba que los habitantes de esa localidad pudieran decidir el destino de las tierras que, por ley, son de los mocovíes. “Estas cosas pasan por desconocimiento. El tiempo pasó para todos y para nosotros también. Nunca es tarde, hay muchas reivindicaciones, posibilidades, esfuerzos que podemos aportar, hay una muy buena predisposición del gobierno actual y de continuar en esa senda acompañaremos cada una de esas cosas sin entrar en guetos culturales”, finalizó Iñet.

RESISTENCIA, ADJUDICACIÓN Y UN AÑO NUEVO EN VÍSPERAS DE LA PRIMAVERA. Con el doble objetivo de reivindicar la memoria de cinco siglos de opresión y celebrar la lucha que derivó en la obtención casi definitiva de las tierras, el pasado fin de semana la comunidad mocoví de Recreo festejó el año 7.410. Su año nuevo. La celebración se efectuó por primera vez en esa ciudad (como debía ser, en el barrio mocoví) y asistieron además de los integrantes de la comunidad, autoridades locales y provinciales.
A contramano del calendario gregoriano, “el año nuevo mocoví tiene que ver con el ciclo de vida de la propia naturaleza, el invierno para nosotros es fin de año, la primavera el nuevo ciclo de vida: lógicas y coherencias diferentes”, explicó Clara Chilcano. Este fue motivo más que suficiente para que representantes de otras etnias aborígenes, provenientes de distintos lugares de la provincia, se acercaran y compartieran el festejo. Las autoridades mocovíes aprovecharon la ocasión y tras dar la bienvenida a los presentes, se mostraron felices por la adjudicación de las 327 hectáreas en la ciudad de Recreo. Explicaron que ellos están abiertos a toda decisión conjunta para “el beneficio de todos” y no sólo para la comunidad mocoví, al hacer referencia al uso de esas tierras.
Por su parte, el intendente Mario Formento no se quedó callado y deslizó: “Se puede seguir trabajando en el proyecto del parque industrial de manera conjunta (con los mocovíes)” y redundó que, a partir de la adjudicación de las tierras, “debemos construir en conjunto”.

Publicado en Pausa #17, 5 de setiembre de 2008.

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