Las ventajas de ser del partido

La discrecionalidad en el reparto de los ATN vuelve a ocupar el centro de la escena política. En 2007, la provincia aportó unos 80 millones para la conformación del fondo, pero recibió aproximadamente 8 millones de pesos. Y eso que se trató de un año electoral. Asoma el debate ideológico.

Disciplinar voluntades y mantener a la tropa unida tiene su precio. Y son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) una muestra de ello en los últimos 18 años. Las administraciones kirchneristas –tanto la de Néstor como la de Cristina– también utilizaron y se aprovechan de esos fondos para construir poder en el país. Santa Fe no es la excepción, pero en el reparto de los recursos económicos las ayudas sólo llegan a localidades gobernadas por el justicialismo y cuyos intendentes o jefes comunales mantienen un estrecho vínculo con el presidente de la bancada de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

En 2007, año de elecciones provinciales y nacionales, la gestión del por entonces gobernador Jorge Obeid fue una de las más beneficiadas en toda la Argentina por las decisiones de Néstor Kirchner en cuanto a la distribución de los ATN. Se giraron unos cuatro millones de pesos más, según informó el propio Ministerio del Interior de la Nación, y junto a Córdoba (dos distritos con un importante peso electoral), se ubicó al tope de las preferencias K.

El punto central en debate es la alta discrecionalidad con la que se manejan fondos que todas las provincias ayudan a constituir pero que llegan a los pueblos y ciudades mediante gestos políticos específicos de la Nación. Muestra de ello son los primeros ocho meses de gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social en Santa Fe, encabezado por Hermes Binner. Ni bien el socialista se instaló en la Casa Gris, los ATN empezaron a llegar pero con una fuerte y evidente “dedocracia”: de 35 subsidios enviados, 34 fueron a parar a municipios y comunas administradas por dirigentes justicialistas.

El ultrakirchnerista Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados nacionales oficialistas, habló con Pausa sobre la distribución de los ATN. Y lejos de llamarle la atención –cuanto menos– que 2,7 millones de pesos se repartieran, desde el 28 de diciembre de 2007 a la fecha, sólo en localidades con gobiernos justicialistas, contra los 15 mil pesos que recibió una comuna administrada la UCR, atribuyó la inquietud a un “prejuicio” periodístico. El legislador también explicó lo fácil que resulta obtener un Aporte del Tesoro Nacional sin más trámite que una pequeña molestia.

La información que transparentó la enorme preferencia política que los K tienen para distribuir recursos salió del gobierno santafesino, luego de que el Poder Ejecutivo hiciera público cuatro decretos rubricados por Hermes Binner (Nº 1.792, Nº 1.793, Nº 1.794 y Nº 1.883) en los que se da conformidad a la llegada del dinero para las localidades consignadas –a dedo– por el Estado nacional. El papel de la actual administración provincial se resume en esa actividad: dar conformidad al pago de los ATN, pero la publicación en el Boletín Oficial de los decretos también desnudó que es la primera vez en muchos años que se informa hacia dónde se giraron los fondos.

No es un dato menor. A lo largo de los últimos cuatro años, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (ex ARI, hoy del bloque SI en el Frente Progresista), presentó varios pedidos de informes en la Cámara baja para que el Ejecutivo santafesino (durante la gestión de Obeid) diera a conocer el monto y el destino de los ATN ejecutados, pero sus inquietudes nunca fueron respondidas sino hasta hace un par de semanas –y por técnicos de la actual gestión. Gutiérrez todavía está tratando de rearmar la información, que es voluminosa, pero ya advirtió la preponderancia de comunas y municipalidades gobernadas por el PJ en cuanto a la recepción de fondos.

REPARTO A DEDO. Los ATN se conforman con la suma del 1% del total de la masa neta de la coparticipación; a eso se agrega el 2% de la recaudación que se consigue por el impuesto a las Ganancias, según la ley 24.073, y otros 20 millones de pesos anuales correspondientes también a la recaudación de Ganancias, según la ley 24.699. Por último, se suma a la conformación de los ATN el 1% del 93,7% de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales, según la ley 24.699.

Según el ministro de Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, la provincia aporta unos 90 millones de pesos por año para constituir los ATN, pero la Nación se queda con la mayor porción de esa masa. Al respecto, el Ministerio del Interior señaló que, durante 2007, se enviaron a las distintas localidades del territorio 8.310.000 pesos, unos cuatro millones de pesos más que en 2006; por lo pronto, no se informó a qué localidades (ni de qué color político) beneficiaron los aportes millonarios.

El diario La Nación indicó que el año pasado las 10 provincias más favorecidas por el reparto fueron Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Incluso, como marco de referencia de la historia reciente, remarcó que durante el gobierno menemista se giró casi todo lo recaudado de los impuestos que computan a los ATN a las provincias, lo cual siempre generaba polémica ya que, en algunos años, se superaron los 400 millones de pesos dólares.

No obstante, y a pesar de haber aumentado el envío de ATN a las provincias en los últimos dos años, el gobierno nacional transfiere un porcentaje mínimo de los fondos que recauda para distribuir a los distintos distritos del país, tal como se quejó Sciara.

A modo de casos testigos de la discrecionalidad del reparto y de la concentración de los recursos, el matutino porteño también informó que en 2007 –mientras Santa Fe como segunda provincia argentina recibió 8.310.000 pesos– a Entre Ríos, comandada hasta el año pasado por el kirchnerista Jorge Busti, se giraron 9.980.000 pesos: más del doble que el año anterior. Chaco, entonces gobernada por el radical Roy Nikisch, recibió 4.480.000 pesos, un millón menos que en 2006. Para el formoseño Gildo Insfrán, también alineado a la Casa Rosada, fueron 12.150.000 pesos: más del 470% con respecto de 2006.

Fue el propio Binner el que también se quejó y ahondó las sospechas sobre cómo se distribuyen los ATN. “Hay un ojo que mira más a los gobiernos del mismo color político”, dijo el gobernador, y reconoció el trato desigual que experimenta su administración por no ser peronista: “El gobierno (nacional) destinó aportes para los productores algodoneros que están atravesando una situación difícil y a Santa Fe le otorgó dos millones, mientras hubo 40 y 12 millones para otras regiones. Pero igual, nosotros aceptamos esa suma y la vamos a distribuir a quienes trabajan en esa producción en el noroeste de la provincia”.

También en la semana el mandatario dejó de lado su habitual tono pausado, durante la presentación de la nueva propuesta salarial para los trabajadores públicos, para caerle encima al matrimonio K por sus modos de utilizar los recursos económicos. “Imaginemos que necesitamos alrededor de 1.200 escuelas secundarias para cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria; pensábamos que del Plan 1.000 Escuelas (un programa nacional) nos podían tocar a Santa Fe 100 escuelas (pero) en esta primera licitación hay solamente tres escuelas para la provincia. Estamos viviendo el momento más agudo y más difícil del neoliberalismo, por cuanto es un Estado que descentraliza las cuestiones sociales y centraliza los recursos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar cumplimiento a esas obligaciones si no se nos transfieren también los recursos para poder llevarlas adelante?”.

PARA ROSSI SON UNOS PESOS. Conocida la noticia de que 34 localidades sobre 35 que recibieron ATN son gobernadas por el justicialismo, los propios justicialistas empezaron a mirarse entre sí para ver a quiénes benefició la gracia K. La primera lectura que hicieron varios dirigentes –principalmente los senadores reutemanistas– es que la mayoría de los intendentes y presidentes comunales que accedieron a los subsidios (no reintegrables, por cierto) están alineados políticamente, desde hace un tiempo considerable, con el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi. Pausa lo consultó sobre el tema, que ya derivó en un par de pedidos de informes, incluso en el Congreso Nacional.

–Se conocieron cuatro decretos por los que la provincia distribuye los ATN. Hay 35 localidades beneficiadas de las cuales 34 son del PJ, ¿esto tiene algún tipo de lectura política?

–Me parece que no –respondió Rossi–. Hace dos semanas yo estuve en la ciudad de Santa Fe presentando un plan importante para la zona oeste de la ciudad, que es del Promeba (Programa de Mejoramiento Barrial), con un aporte de 16 millones de pesos. No conozco los decretos, pero casi aseguraría que la suma de los tres o cuatro decretos no llega a los 16 millones de pesos y esos 16 millones de pesos están puestos en una Municipalidad que no pertenece (sic) al Partido Justicialista. Yo diría que las dos últimas iniciativas, en cuanto a Programas de Mejoramiento Barrial, en las que trabajé para gestionarlas y acercarlas, son estas de Santa Fe y de Villa Constitución: dos intendentes que pertenecen a la Unión Cívica Radical. Así que me parece que no hay que hacer ninguna lectura secundaria. Habrán sido intendentes que lo habrán pedido; quizás los otros no lo pidieron.

–¿Esa es toda la explicación?

–No, no. Lo que quiero decir es que no hay que hacer ninguna lectura secundaria. Por lo que yo sé, los ATN son siempre montos muy pequeños.

–Hay de 200 mil pesos...

–Bueno, debe ser el más alto; después hay en general de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil pesos: sume y compare con los 16 millones que se le entregó al intendente de Santa Fe en este Programa de Mejoramiento Barrial y entonces se le van todos los prejuicios que tiene dando vueltas.

–¿Y cómo se obtiene un ATN?

–Se le pide al Ministerio del Interior. Usted eleva una nota al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior hace las evaluaciones correspondientes.

Luego de que trascendiera la información sobre el trato preferencial que pueblos y ciudades gobernadas por justicialistas tienen para conseguir ATN, una de las diputadas nacionales por Santa Fe, la socialista María Elena Martin, elevó un pedido de informes sobre “el supuesto reparto discriminatorio de partidas de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, en detrimento de las localidades santafesinas gobernadas por partidos diferentes al Frente para la Victoria”.

“En el año 2007 la provincia de Santa Fe aportó aproximadamente 80 millones de pesos para la formación del referido fondo, habiendo recibido en total escasos aproximadamente 8 millones de pesos, con destino sólo para algunas de sus localidades, sin respetarse esenciales criterios de igualdad que deben regir para la distribución de los mismos”, dijo la legisladora socialista, y añadió: “Algunas localidades claman porque no pueden llegar, no son oídas por el ministro del Interior (Florencio Randazzo), que ha desarrollado la práctica de asignar por sí el destino de los fondos”.

“Si la distribución de fondos del Estado es en todo momento una cuestión de suma responsabilidad, las circunstancias de desastre y emergencia que viene atravesando la provincia de Santa Fe tornan esta cuestión de particular significación humana. En efectos, las referidas circunstancias patentizan con mayor crudeza la injusticia y arbitrariedad de determinadas preferencias y la ignominiosa discriminación entre localidades de una misma provincia, efectuada en la distribución de ATN por parte de un ministro de la Nación respecto de fondos que se detraen a la provincia”, agregó la diputada, y luego recordó que el artículo 16 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley”, por lo cual no debieran de existir las preferencias.

LA IMPRONTA DE LOS 90. Hoy las dos están alejadas de Elisa Carrió, pero a mediados de 2002 las entonces diputadas nacionales del ARI Graciela Ocaña (hoy ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner) y Alicia Gutiérrez (actual diputada provincial) presentaron documentación ante la Justicia Federal donde se indicaba que entre los principales beneficiados con los ATN entre 1990 y 1999 figuraban algunos obispados de la provincia y sectores vinculados al ex gobernador Carlos Reutemann y al ex senador nacional Jorge Massat.

Los Aportes del Tesoro Nacional fueron creados el 26 de enero de 1988, a partir de la ley 23.548 de Coparticipación Federal, que en su artículo tercero reconoce la necesidad de los mismos “con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los distintos gobiernos provinciales”.

Pero de acuerdo a la presentación que hicieron en aquel momento las ex diputadas del ARI ante la Justicia –y también en el Congreso Nacional– surge que “una situación de emergencia puede definirse como aquellos casos no previstos o accidentales donde se haga indispensable la actuación inmediata. La emergencia puede producirse por motivos naturales o artificiales, tal el caso de catástrofes, epidemias, desastres naturales, accidentes graves provocados por la naturaleza o por factores humanos”.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció a Pausa que en la gran mayoría de los casos el dinero de los ATN no fue utilizado para “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales” sino para arreglar plazas a precios exorbitantes en diferentes localidades, en el mejor de los casos.

Entre 1990 y 1999, la provincia de Santa Fe recibió 81.094.915 pesos dólares en concepto de ATN. Durante la administración de Fernando De la Rúa, llegaron 14.676.000 pesos dólares. En porcentajes, Santa Fe fue más favorecida durante el corto mandato del ex presidente radical, porque los montos asignados al territorio representaron el 7,8% del total, mientras que sólo llegaron al 3% en la gestión del riojano.

Entre los datos que aportaron Ocaña y Gutiérrez –hace más de seis años– figura que durante 1993 hubo 8.144 millones de pesos dólares destinados al “equipamiento policial” a través de las resoluciones 160, 697 y 803. En abril de 1999 se destacó la llamada “dinamización productiva regional, destinada al proyecto de Hilandería Tejeduría Recotex de la Municipalidad de Reconquista” por 200 mil pesos dólares. Y en mayo de 1995, hubo fondos para 48 municipios “solicitados por el gobernador Carlos Reutemann” por 500 mil pesos dólares.

Otro sector beneficiado con los ATN durante la década del 90 fue la Iglesia santafesina. En su momento, las legisladoras informaron sobre las importantes sumas de dinero –unos 340 mil pesos dólares en total durante esa década– destinadas a parroquias, misiones y arzobispados, como los de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Reconquista.

Publicado en Pausa #16, viernes 29 de agosto de 2008.

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Pasajeros en trance

Los concesionarios del servicio de colectivos dicen que el último aumento no estuvo a la altura de sus “necesidades” y que se debería volver a ajustar el precio del boleto. Barletta lo descartó de plano. La Sociedad de Taxis ya había hecho su jugada: subió la tarifa casi sin avisar. De trasfondo: inflación, incrementos salariales y una injusta distribución de los subsidios por parte de la Nación. El gobernador reiteró el reclamo apelando, precisamente, al caso del transporte.

Los pasajeros de los diferentes medios de transporte público vuelven a ver el fantasma del aumento en las tarifas, aunque desde las esferas oficiales se esmeren en descartar esa posibilidad. La crisis en la que está sumido el sistema completo de este (por sobre todas las cosas) servicio público se acentúa cada vez más. En la semana retornó a la palestra una vieja película que, lamentablemente, se repite cada vez más a menudo: en el más absoluto silencio aumentó el taxi y, casi como una reacción en cadena y un eco llegado desde Rosario, los empresarios que regentean los colectivos presentaron un pedido formal para que el boleto siga los mismos pasos.

Los taxis ya tienen un viaje mínimo que creció de $2,20 a $2,50 y de 22 a 25 centavos cada ficha. Los empresarios de –casi– todas las líneas del transporte urbano pidieron (en forma de exigencia) que por el boleto plano los usuarios paguen $1,90, cuando el último aumento había llevado el pasaje a su precio actual: $1,50. El tema es tan sensible que hasta el gobernador Binner pidió más equidad en los subsidios que llegan al sistema, para que no sea siempre el pasajero la variable de ajuste. También el intendente Mario Barletta debió salir a formular declaraciones: dijo que el Ejecutivo municipal no está estudiando ningún aumento.

Sin embargo, los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) coinciden en que la tarifa debe “retocarse” argumentando que los insumos aumentaron y que los aportes de dinero de la Nación llegaron recortados.

La únicas dos empresas que no firmaron el pedido son las que explotan las líneas 2 y 13. La primera pertenece a Continental, también concesionaria del corredor que cubre el trayecto Sauce Viejo-Los Zapallos, mientras que la segunda recientemente fue otorgada a otra firma y es la que cubre el trayecto hacia Alto Verde. Desde la Municipalidad ya habían dispuesto, entonces, la equiparación de la tarifa de esa empresa a las demás del sistema urbano; antes era diferente: por el traslado hacia Alto Verde o desde ese distrito al centro los usuarios pagaban tarifas más caras.

NO DE NUEVO, DECÍA, NO DE NUEVO... Los empresarios del transporte volvieron a hacerlo: solicitaron explícitamente, por medio de una carta presentada en la Municipalidad, un incremento en la tarifa plana del boleto. La cifra pedida provoca más que un susto, quizás en algunos casos hasta indignación: pretenden que la suba sea de 40 centavos.

Desde el Ejecutivo local, el intendente y su subsecretario de Transporte, Sergio Ludueña, frenaron y congelaron –al menos por el momento– la intranquilizante solicitud. “Con el estudio que hemos realizado se determinó el boleto que está vigente, y entendemos que no hubo aspectos que obliguen a revisar la circunstancia por ahora”, dijo Mario Barletta ante la prensa.

Por su parte, Ludueña opinó: “No tenemos indicadores que digan que se requiere un aumento de tarifa”. Sin embargo, y sorpresivamente, desde la UTA, su secretario general Osvaldo Agrafogo avaló el pedido de los empresarios: “Pensamos que la tarifa debe retocarse o, por lo menos, repensarse por parte del municipio, pero se necesita un estudio serio”, dijo a Pausa.

Los firmantes de la nota presentada por mesa de entradas municipal son Sergio Juárez (gerente de Transporte San Gerónimo SRL), Daniel Vidal (socio gerente de la empresa 7 de Marzo SRL) y Rubén Platini (gerente de la Empresa Santa Fe SRL), quienes representan las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 18: 11 de las 13 que conforman el sistema de transporte público urbano.

El pedido cayó como un baldazo de agua fría, y más luego del último incremento lo sufrieran los pasajeros en marzo pasado, cuando la tarifa trepó de $1,30 a $1,50.

Los taxis ya habían aumentado sus tarifas unos pocos días antes: el 17 de agosto. El viaje mínimo (mil metros) pasó a costar $2,50, mientras que la ficha cada 130 metros ahora tiene un valor de 25 centavos. La medida, tomada por resolución municipal, fue solamente comunicada por la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe en un más que escueto comunicado, sin brindar ningún detalle ni argumento de la suba y apenas horas antes de que entrara en vigencia.

Unos días después, Alberto Scarpa, presidente de la entidad, dijo que la readecuación de la tarifa “era más que necesaria y debería ser más todavía, pero respondiendo a la situación social tenemos que tratar de mantenernos dentro de estos valores para que la gente nos siga tomando”.

EXIGEN UN FAVOR. La misiva presentada por los empresarios de los colectivos incluye un detallado informe que revela la (según ellos negativa) situación financiera por la que atravesaron las firmas del transporte urbano de pasajeros en el período que va de enero a julio de 2008. En el informe, los firmantes vuelven a sostener que el desfase equivale a una pérdida de 24 centavos por cada pasajero transportado, “lo que produce una situación de grave desfinanciamiento de nuestro sector”.

El estudio es acompañado por una proyección de costos e ingresos a diciembre de 2008, formulada sobre la base del recupero del desfase mencionado, el recálculo de los subsidios nacionales disminuidos y los incrementos de los costos (obligados y estimados) que demandan un incremento tarifario del boleto plano en 40 centavos: un 26% más que la tarifa actual. (El último aumento, registrado en marzo, fue del 13%).

En una forma un tanto imperativa, los empresarios solicitan que “se provea lo necesario para proceder al incremento solicitado y además realice un seguimiento mensual de los costos del sistema en lo que resta del año para obtener de inmediato el reestablecimiento de los desequilibrios que se produzcan”. El pedido parece interminable y es decididamente repetido: “Queremos aumentar el boleto”. Pero es rara la conjunción de fundamentos: por un lado, los empresarios aducen que no recaudan lo suficiente para mantener intacta su rentabilidad, pero por el otro compran unidades nuevas (compromiso que destacan en la carta) y no piensan –o al menos no lo dicen– en abandonar una empresa que hace ya mucho tiempo que viene dando pérdidas, lo cual los transforma en una suerte de empresarios que, ante todo, pretenden mantener un servicio público en pie... eso sí: cada vez más caro.

La ola del pedido de incremento de la tarifa plana parece llegar como un eco desde el sur de la provincia, en donde los aumentos del boleto siempre preceden a los que se dan en la capital provincial. Los pasajeros rosarinos debieron soportar dos incrementos de la tarifa plana en los últimos seis meses (de $1,10 a $1,40 y de allí a $1,60) con los mismos argumentos de cada lado del mostrador. Por parte de las autoridades se hacía hincapié en la necesidad de contar con una mayor cantidad de subsidios. Desde el lado empresario se escuchaba el poco original “no nos alcanza para pagar los salarios”.

Tal es así que el pasado 31 de julio, en una tensa –y por momentos violenta– sesión, el Concejo rosarino aprobó el último incremento y fijó el costo de subirse a un colectivo en $1,60; las imágenes de los incidentes protagonizados por los manifestantes que se acercaron a las barras del Concejo para oponerse –sin­éxito– al aumento recorrieron los medios de toda la provincia.

UNA PELÍCULA QUE VIMOS TODOS. El argumento que utilizan los empresarios que firmaron la carta presentada ante Barletta, como punta de lanza es que “el incremento de los costos, especialmente los salariales (con las correspondientes cargas sociales) que operarán a partir del mes entrante venían deteriorando la ecuación económica general del sistema”. Es decir: otra vez oponen los salarios de los trabajadores como principal argumento de la suba pretendida. Pero ese no es el único argumento, como se verá más adelante.

El pasado 11 de marzo, antes del último incremento y como si fuese un calco de situaciones anteriores y posteriores, Susana Capalbo, representante de la empresa Transporte San Gerónimo SRL, mantuvo un encuentro con las autoridades, a quienes anunció la presentación de un estudio de costos. “En estas condiciones el precio del boleto debería subir a $1,50 como mínimo”, dijo en esa oportunidad Capalbo.

Previsiblemente, también repitió argumentos: “Estamos pidiendo aumento de tarifa porque, si no, no se puede hacer frente a los costos y a los 300 pesos de aumento salarial al básico que debemos pagar”. Las declaraciones de Capalbo fueron durante los primeros días de marzo; luego sobrevino el aumento del boleto y, ahora, el incremento salarial vuelve a ser invocado por los empresarios entre sus argumentos.

En la carta que presentaron al intendente, ingresada el 19, a modo de lamento los gerentes sostienen: “El (último) incremento que se dispuso fue muy inferior al solicitado por las empresas que estimaron en aquel entonces que el precio debió trepar a entre $1,66 a $1,75”, pero la gestión Barletta llevó la tarifa plana a $1,50.

Para los empresarios, el precio actual del boleto resulta exiguo: aseguran haber sufrido un déficit, en los siete primeros meses del año, que alcanza los $3.655.314 y que –siempre según los representantes de las firmas concesionarias– derivó en un paralelo incremento del endeudamiento empresario por cifras similares. De alguna forma, los empresarios hacen responsables a las autoridades del crecimiento de esta deuda porque no se cumplió con las estimaciones de costos confeccionadas para el incremento de la tarifa. Además, sostienen que no se produjo el incremento previsto en la cantidad de pasajeros transportados y que los subsidios recibidos desde la Nación fueron inferiores a los establecidos en la fórmula utilizada para efectuar los cálculos.

Para el caso, la suba de la tarifa de los taxis permite ver coincidencias y diferencias con los argumentos de los empresarios de colectivos. “Un estudio de tarifa arrojaría una cifra superior a los tres pesos. Ahora no estamos contemplando el cálculo de reposición de los vehículos; sólo estamos considerando el mantenimiento y el salario nuestro para poder seguir viviendo”, dijo Scarpa, el presidente de la Sociedad de Taximetristas Unidos.

De la misma forma, desde el sector colectivero refieren a la inflación: “Los costos de todos los insumos, especialmente las unidades y sus reparaciones, sufrieron incrementos por encima de todas las variables esperadas”, dice el informe entregado a Barletta. Como si fuera poco para el panorama descrito por los empresarios, a ellos también les llegó de cerca la crisis del campo. Durante los cuatro meses que duró el conflicto entre las entidades del agro y el gobierno nacional, debieron adquirir combustible a precio normal (sin subsidio) y ahora el precio del gasoil subsidiado aumentó cinco centavos.

Además, los concesionarios del servicio urbano de colectivos estimaron para el resto del año un incremento general del resto de los componentes que conforman el costo total del servicio en un 4%: un guarismo mucho menor al promedio que ellos mismos calcularon para los primeros siete meses. También hubo coincidencias desde el sector de los taxis en lo expresado en cuanto a los insumos y repuestos. “Es absolutamente real los que los empresarios de los colectivos plantean: cualquiera que tiene auto se da cuenta, o si se arriman a cualquier lugar de venta de lubricantes y demás van a confirmar que hubo aumentos del 20 al 30% en lo que va del año”, aseguró Scarpa. Estos fundamentos también fueron refrendados por el conductor de la UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo.

Aunque todavía sea demasiado temprano para pensar en la posibilidad de que peligre el pago de los sueldos y, como consecuencia, se avive la idea de una huelga, si es que no hay incremento del boleto, Agrafogo dijo: “Los comentarios siempre están; cada vez que suceden estas cosas, parece que los sueldos son el parámetro para evaluar la situación, pero oficialmente no tenemos nada”.

Sin embargo, el subsecretario de Transporte Sergio Ludueña refutó de manera contundente dos de los argumentos: el incremento salarial y la influencia del conflicto agropecuario. “Si bien se trata de dos aspectos en los que la Municipalidad no tiene ninguna incidencia, igual tenemos que afrontarlos. De todas formas, en los subsidios hubo aumentos respecto del año pasado y no hubo nuevas paritarias, por lo que las previsiones salariales están incluidas en la última tarifa aprobada por el Concejo Municipal”, aclaró. De esa forma, echó por tierra la posibilidad de una suba del boleto. Y le contestó a los empresarios: “Un aumento de tarifa no significa un aumento de ingresos para las empresas, porque deja de ser atractivo y la gente comienza a buscar medios alternativos de transporte”.

LA SALVACIÓN. La proyección efectuada por los empresarios de los colectivos, además de incluir una tarifa más cara ($1,90) para el boleto plano, se basa en “una nueva ecuación que mantendría el equilibrio del sistema” siempre y cuando se mantenga el promedio de pasajeros del período enero-julio. “Se podrá mantener el sistema en equilibrio para poder seguir cumpliendo las características de regularidad y continuidad que pretendemos”, dicen los concesionarios del servicio.

Y a modo de pedido de auxilio solicitan “la evaluación de alternativas para compensar el déficit de los meses de enero-julio y para proceder al saneamiento del endeudamiento contraído”. En el escrito, los empresarios recuerdan más de una vez el compromiso –cumplido– de renovar la flota mediante la adquisición de 29 unidades nuevas, entre ellas las que poseen las rampas para discapacitados: “Hecho tan inédito como requerido en nuestro sistema de transporte local”, según se encargaron de recalcar.

UN NUEVO RECLAMO A LA NACIÓN. En medio del ajetreo impuesto por el paro docente, el gobernador Hermes Binner se refirió específicamente problema de la (in)equidad en los subsidios recibidos por las provincias para hacer un poco más soportable la crisis del trasporte. “No es un problema de los maestros solos, los médicos solos, los policías solos; es un problema de la sociedad en su conjunto. Se ha invertido la pirámide, en lugar de ser la base las provincias, como dice la Constitución, es absolutamente al revés. Hay que pedir dinero a Buenos Aires para ver si nos van a defender el transporte público de pasajeros dándonos el mismo subsidio que le dan a la Capital Federal. Este es sólo uno de los miles de ejemplos que existen”, dijo el mandatario a la prensa.
Antes, en ocasión de la reunión ordinaria del Comité Federal del Transporte, el reclamo había sido más explícito aún: “Que los subsidios que el gobierno nacional adjudica al transporte de pasajeros se distribuyan con un criterio equitativo y federal”, fue la moción aprobada por unanimidad.

La postura de Santa Fe, que será remitida a la Secretaría de Transporte de la Nación, fue expuesta por el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Boggiano: “La cuestión es muy simple: se deben contemplar las diversas realidades regionales y generar un criterio equitativo y federal en la distribución de los subsidios. Esto que reclamamos mejorará sustancialmente la situación del transporte de pasajeros en el interior del país”.

UNA DISPARIDAD MÁS QUE MANIFIESTA. El transporte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano goza de aportes estatales nacionales provenientes del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional que, en el mes de junio del corriente año, llegaron a los 205,5 millones de pesos. Sin embargo, a la provincia de Santa Fe se le otorgaron 6,7 millones; a Córdoba, 7 millones; a Mendoza, 5,5 millones; y a Tucumán, 4,1 millones. De acuerdo a la información oficial nacional, también se advierte que la suma de los fondos por los impuestos al gasoil y de los aportes del Tesoro Nacional arroja un total de 13 mil pesos para cada colectivo que circula por Capital Federal; de $ 10.474, en el Gran Buenos Aires –área mayor al conurbano– y de $ 4.907 en Santa Fe.

Publicado en Pausa #15, viernes 22 de agosto de 2008.

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Una cultura de la soledad

Por Ezequiel Nieva

Están a un paso de ser la nueva camada de profesionales de la ciudad y eligen pasar sus horas de ocio encerrados. Una docente universitaria propone, primero, mirar hacia adentro para entender el fenómeno. También opina de un funcionario provincial.

“La actividad cultural fuera del hogar es muy baja”. Esa es una de las conclusiones a las que arriba un informe realizado por un grupo de docentes y estudiantes universitarios acerca de los hábitos y los consumos de estudiantes de carreras de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como parte del proyecto llamado “Arte y técnica en la cultura joven contemporánea”, dirigido por Claudia Kozak, se entrevistó a 300 estudiantes de Ciencias Económicas, Humanidades, Ingeniería Química, Ciencias Agronómicas y Comunicación y Educación, entre otras.

Música, televisión, radio e Internet son las prácticas más habituales. Ocho de cada diez universitarios escucha música todos los días; no hubo ninguno que dijera que “nunca” lo hiciese. Sólo el 13% de los encuestados no tiene PC: es el segundo electrodoméstico en importancia, después de la TV (6% no la posee). En ese universo, una PC prácticamente implica la conexión a Internet: sólo un tercio de quienes tienen la computadora no tienen la conexión. Otra de las conclusiones del trabajo indica que uno de los principales consumos culturales fuera del hogar también es, precisamente, Internet. Apenas el 2% de los estudiantes consultados dijo que “nunca” se conecta.

El 42% de los encuestados no poseen conexión hogareña (la cifra incluye, obviamente, a quienes no tienen PC). De ello surge que cuatro de cada diez estudiantes eligen salir de sus casas para conectarse, “hecho que se produce aún cuando haya un 13% que ni siquiera tenga la PC en la casa”, según remarca el informe, que además da cuenta de que en la mitad de los hogares de los futuros profesionales hay al menos dos televisores. Mirar la tele y escuchar música (sobre todo en la PC, al mismo tiempo que se navega o se chatea) son, entonces, los hábitos más repetidos puertas adentro. Fuera del hogar, sigue el informe, “el espacio de consumo cultural más importante es el ciber”.

ACCIÓN UNIVERSITARIA. “No se trata de jerarquías de unas tecnologías culturales en desmedro de otras, sino de qué se hace con ellas”, opina Adriana Falchini, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, que dicta cátedras y dirige proyectos de investigación cuyo objeto es la escritura. “En general los libros, el arte y el cine permiten construir un mundo historizado en el que participa la inteligencia, la percepción y también las emociones”.

Falchini parte de un concepto de “cultura” en relación a enterarse de lo que sucede, lo que atraviesa un momento histórico, pensarse como sujeto activo del conocimiento y, por lo tanto, pensar las relaciones del mundo del conocimiento con lo que se elabora en otros espacios. Consultada sobre los datos que surgen del informe, aclara primero: “Yo pienso que dan cuenta de un recorrido de ciertos jóvenes, no pocos, sin duda, preocupados por otra cosa antes que la cultura”.

Y luego apunta sus preguntas hacia el mismo espacio, la universidad: “¿Cuánto de ese mundo privado es fortalecido en las instituciones dónde ellos se forman? Las formas de la cultura y la política en las universidades son un esfuerzo para profesores y estudiantes que las quieran promover. Me refiero a participación en los centros de estudiantes, la organización de eventos, exposiciones, congresos juveniles, la creación de espacios propios en relación a temas o perspectivas del conocimiento, la formación de grupos de estudio o de investigación. Estas son formas de trabajo que necesitan la conformación de grupos, la discusión de identidades, la puesta pública de las ideas y prácticas”.

POLÍTICA CULTURAL. A poco de asumir, el gobierno provincial organizó una serie de actividades culturales en Plaza de Mayo: fue el primer acto público en un escenario que, hasta unas pocas semanas antes, estaba separado de la Casa Gris por un vallado, gris también, y un poco oxidado.

Se llamó “La Plaza de la Casa” y, bajo el ineludible espíritu de las kermeses de los '40 y los '50, logró convocar durante tres sábados consecutivos a una inusual multitud. “Si bien fue una acción de tipo inaugural, nos permitió expresar en ese momento una gran cantidad de ideas que, en alguna medida, sólo pueden mostrarse en forma eficaz y elocuente de esa manera: con acciones en donde la gente se pueda involucrar de muchas formas distintas, incluido el aspecto emocional”, recuerda el secretario de Industrias Culturales de la provincia, Pedro Cantini.

“Es una política general, y lo seguirá siendo. Pero a las políticas en el espacio abierto hay que verlas en el verdadero espacio abierto de toda la provincia, que es extensísimo. Es muy probable que de las acciones que se producen en distintos puntos (del interior) de la provincia los habitantes de las ciudades de Santa Fe o de Rosario ni se enteren”.

Por eso, una de las políticas centrales de su programa es el estímulo a los realizadores que se dediquen a acercar los –por ahora– dispersos fragmentos de ese ente que podría definirse como “cultura santafesina”. Partiendo, claro, de un diagnóstico que está en la misma línea que la investigación sobre los hábitos culturales de los universitarios, pero más extendido. “Lo traíamos de antes; basados en ese diagnóstico es que diseñamos algunas políticas para el sector productor de bienes culturales: libros, discos, TV, cine, Internet. Quedaba en claro la presencia de los medios audiovisuales, como consumo privilegiado y hogareño, más al alcance de la mayor cantidad de santafesinos. Eso nos llevó a pensar que teníamos que tomar alguna decisión y arrancar firmemente con alguna acción destinada a los medios audiovisuales”.

Sobre esos cuatro ejes –libros, discos, contenidos audiovisuales (cine y TV) y nuevos soportes de circulación de cultura (Internet)– trabaja la secretaría, uno de los órganos creados por la nueva gestión dentro de la estructura del –también nuevo, al menos en rango y alcances– Ministerio de Innovación y Cultura.

De momento, el programa más ambicioso de los que están en marcha busca específicamente fomentar la producción de contenidos audiovisuales. Justamente porque, según el diagnóstico de Cantini, es a través de ese soporte que una amplia mayoría de la población elige entretenerse y, a veces también, comunicarse. Para estimular a los creadores se repartirán casi 1.200.000 pesos entre 80 y 100 proyectos, de los más diversos tipos, siempre y cuando respeten una serie de consignas.

“Largamos primero el audiovisual”, explicó el funcionario, “porque, por las condiciones de realización, las sumas de dinero involucradas son bastante más importantes que en otras actividades. En términos industriales –no estamos hablando de la creación– para hacer una película se necesita, como mínimo, diez veces más recursos económicos que para editar un libro voluminoso. Es una diferencia enorme”.

–¿A qué tipo de contenidos apunta el programa?

–Hay una parte orientada a la generación de contenidos culturales, vinculados a la región y televisables. Eso no es una casualidad: es una decisión política abrir para ese lado la cosa. Pero para que se dé en nuestra región era necesario un incentivo y un cierto direccionamiento desde un área específica del Estado. Es una primera acción; no sabemos a qué escala puede llegar. Una vez que haya sido concluida y evaluada, podremos corregirla y tener más en claro hacia donde debemos dirigirnos.

ESPACIOS. “El programa se basa en una inquietud: en ese canal de circulación de cultura (los soportes audiovisuales), en esa enorme herramienta de registro y de producción, los santafesinos tenemos muy poca presencia. Si medimos el consumo cotidiano que puede hacer cualquier persona en un hogar promedio, la cantidad de contenidos generados de una manera cercana ¿cuánto puede ser? Una media hora de informativo en uno de los 100 canales que se ven, ya no sólo en la ciudad sino en los cables del interior, que tienen un montón de canales”.

“Ese es un diagnóstico que abarca toda la provincia. Otros consumos, por ejemplo el cine o la lectura –entendida como un libro que se compra–, son diferentes. Ahí tallan otras asimetrías: una persona puede tener la intención de comprar o de leer un libro, pero no siempre tiene acceso a esa obra en la biblioteca o en las librerías, porque vive en una de las muchísimas localidades donde eso no es posible. Lo mismo pasa con el cine o con el teatro, si lo ponemos en términos de asistir a una sala”.

Para el funcionario, por lo demás, está claro que hay una incidencia directa de un fenómeno –la expansión de los medios y soportes audiovisuales– sobre el otro –la tendencia a abandonar de a poco los espacios públicos–, pero elige ser cauto en las predicciones: “Si los medios audiovisuales son hoy la herramienta privilegiada para el registro, la circulación y la producción de cultura, nosotros tenemos que trabajar ahí. Buena parte del consumo de esa producción se realiza en el hogar; no toda, pero buena parte. Eso es así; el programa de estímulo a las industrias culturales audiovisuales no es un paliativo al hecho de que la gente salga menos. Yo tiendo a pensar que los hábitos culturales son cambiantes y que nadie se retira en forma definitiva de ningún espacio cultural”.

EXPERIENCIAS. Adriana Falchini opina que la música, el arte, la vida social compartida, la generación de acciones sociales y políticas son las experiencias que identifican un modelo de sociedad que se plantee el desarrollo de los sujetos que la conforman. Aunque insiste en hacer una salvedad: “Es inevitable observar si esas experiencias (los modos de consumo de bienes culturales en la soledad del encierro hogareño) son alentadas o validadas en los espacios educativos y formadores”.

“Pese a las nuevas tecnologías y los avances en los modos de comunicación, muchas de esas actividades transcurren sin que sean advertidas por estudiantes y profesores, que transitan por las instituciones sin enterarse de nada. No hace falta estar encerrado en la casa para tener un modo privado de comportarse, claro; por ello, pienso que el estudio y la investigación son actividades públicas en su validación, incide la confrontación con la realidad”.

También Cantini había marcado aquello de los hábitos culturales “cambiantes”; para ampliar la sentencia, observa: “A veces el espacio público se vuelve muy hostil y la gente deja de circular. Una acción como la de la plaza tiene la intención de decir que el espacio público es para ocuparlo, para estar. Ahí pasan cosas que no pueden pasar en la intimidad del hogar. Quizás sea más seguro o más protegido, pero no te va a pasar lo mismo en el cuerpo o en la cabeza. Todo lo que es presencial, emocional, de contacto, no se puede reproducir en otro lugar que no sea un espacio público: por eso hay una revalorización de esos espacios como lugares de encuentro y de producción de cultura”.

La “hostilidad” aludida no sólo se representa en la “inseguridad” como tópico aglutinante de saberes y prejuicios: también puede verse en los precios del cine. El estudio encarado por los responsables de la investigación “Arte y técnica en la cultura joven contemporánea” arroja cifras cristalinas: el reproductor de DVD es usado semanalmente por casi la mitad de los encuestados.

El cine pasó de la pantalla grande a la cinta y de la cinta al disco digital. En el camino no sólo perdió el cine: “Los índices más altos de no elección se encuentran en los consumos más lejanos respecto a aquellos que poseen una réplica en el hogar: un 55% no va nunca a ver una muestra de arte y un 54% no va nunca al teatro, frente al 25% de conciertos (música) y el 30% de cine (TV, DVD). Igualmente, la asistencia a recitales y al cine es muy menor: el 49% y el 46% declara ir sólo algunas veces en el año; sólo el 5% y el 2% dice hacerlo semanalmente”, dice otro fragmento del informe.

EL MALESTAR. “La actividad cultural juvenil está cruzada por tres ejes: la distinción hogar-exterior, donde lo primero prima por lo segundo, el consumo de música, primera actividad dentro y fuera de la casa, y la mediación tecnológica del canal (...) Pero más notable es la posición pasiva (de los encuestados) al momento de ser partícipes activos de aquello que consumen: casi el 70% no realiza ningún tipo de actividad cultural”. Esa es otra de las conclusiones de la investigación que, por lo demás, da cuenta de la creciente brecha entre el consumo de cultura dentro y fuera del hogar.

Ante tal panorama, el responsable del área estatal para el fomento de las industrias culturales opina: “Sospecho que no es una señal de muy buena salud social, pero no quiero cargar las tintas. Estoy al tanto de las informaciones que marcan esa tendencia: que los jóvenes, y sobre todo los adolescentes, pasan cada vez más tiempo dentro de sus cuartos. Pero creo que tiene que ver con el cambio de ciertos hábitos culturales, que conlleva un desplazamiento de soportes. Por ejemplo: si un chico, en vez de estar una hora leyendo un libro, está una hora navegando por Internet, bajando música, chateando y buscando información, me parece que esa persona está viviendo. Se está comunicando, se está procurando las cosas que necesita en términos culturales”.

“Hecha esa salvedad”, continúa Pedro Cantini, “si la tendencia se mantuviera de ese modo, muy marcada, y nos encontráramos con más chicos encerrados cada vez más tiempo en sus habitaciones... Estaríamos ante el desarrollo de conductas que implican menos riesgos, pero no de que te pise un auto o de sufrir la violencia urbana: el riesgo de encontrarse con otros, interactuar cuerpo a cuerpo y cara a cara, la dificultad que supone tener que conocer a esa otra persona. Porque el conocimiento que se obtiene de alguien vía Internet es un seudo conocimiento, es un conocimiento de bajísimo riesgo”.

En el micromundo de lo virtual, sigue el funcionario, “no hay una conexión real”. “Nunca se sabe realmente quién es el otro, excepto que se lo conozca de la calle. El lugar donde se conoce gente es la calle: llamémosle el club, el bar, la plaza. Ese es el lugar real de contacto en donde la gente crece en el encuentro con los otros: con los pares y con los desiguales. Todo eso tensiona y puede generar un malestar; entonces, toda conducta que sólo esté orientada a reducir el malestar no sería un signo de muy buena salud. La persona que sólo se enfoca en eso no crece, no se relaciona y se pierde una gran cantidad de cosas que la vida ofrece y que están pasando afuera”.

LA QUEJA COMO TRAMPA. Por su parte, Adriana Falchini opina que es importante pensar los datos de la encuesta en el marco de su procedencia: los jóvenes que estudian en la universidad. “Creo que dice algunas cosas. Primero, que la universidad ha ido perdiendo paulatinamente la identidad que tuvo en otros tiempos como productora de cultura. Los espacios universitarios tenían la forma y la identidad que los jóvenes les impregnaban. Eran espacios en los que convivían diferentes experiencias sociales, culturales y políticas. Aunque hoy parezca mentira, hubo una universidad para los hijos de trabajadores y para los estudiantes que pensaban que el estudio no era incompatible con la política, el arte y la cultura”.

–Había una especie de “necesidad” de participar junto a otros en las experiencias culturales... ¿Cuál es tu mirada acerca del punto de quiebre?

–No tengo una visión apocalíptica de los jóvenes, pero sí creo que estamos en un momento de fuerte crisis de sentido. Todavía el ser humano tiene reflejos para comportarse en esas crisis ofreciendo resistencias y, justamente, esas resistencias son culturales. Tal vez, aunque no puedo asegurarlo, la vitalidad política en el sentido más estricto del término se haya desplazado al mundo de la cultura y el arte. Hay muchísimas experiencias de autogestión artística y cultural con protagonismo de jóvenes. Pienso que es tramposo el discurso generalizado que dice que a los jóvenes no les interesa nada o que no leen, sobre todo cuando viene de parte de sectores aparentemente muy preocupados por el tema. (El sociólogo francés Pierre) Bourdieu refería al estado de la queja como una fuerte excusa respecto de la intervención sobre los problemas. Y yo creo que es así: si tanto preocupa, no debería existir una pelea sectorial permanente por parte de los docentes en defensa de sus derechos, porque sería un tema prioritario de los gobiernos. Si tanto preocupa la cultura, sería un tema de agenda fuerte en los planes de gestión. Sin embargo las escuelas de arte, de cine, de periodismo tienen poco presupuesto. Los profesores y estudiantes sostienen con mucha voluntad y creatividad los espacios de formación.

“Las mentalidades de las personas no son cuestiones totalmente individuales”, sigue la docente de Humanidades y Ciencias. “Están en estricta relación con los consensos sociales y políticos de lo que es prioritario: la transformación de la sociedad en función de un desarrollo de las personas o la adaptación en función de unos planes más generales, que distan mucho de atender a cuestiones filosóficas y éticas, variables que deberían entrar en todos los razonamientos políticos y sociológicos”.

“Creo que, justamente por el perfil de los espacios académicos, hoy muchísimos jóvenes que alientan, participan o generan propuestas están fuera de la universidad. Y ese es un tema para pensar dentro y fuera de la institución”.

La encuesta
67% de los encuestados no realiza ningún tipo de actividad cultural. Del resto, algunos practican o estudian más de una. Como ocurre con el consumo, la principal es la música (13%), seguida de danza y talleres de escritura (6% en cada caso), teatro (5%), cine (4%), talleres de arte (3%), de expresión corporal (2%) y de fotografía (1%).

81% de los universitarios de Santa Fe y Paraná escuchan música todos los días; en parte se explica por el cada vez más masivo acceso a los soportes digitales de copia y reproducción. También son altos los porcentajes de acceso diario a la TV (66%), a Internet y a la radio (62% en los dos casos). Apenas uno de cada cuatro no posee grabadora de Cds.

84% de los entrevistados tiene, al menos, una biblioteca. Pero la lectura no es una pasión. La cifra de los que leen textos de prensa es casi igual, en términos absolutos, a la de quienes leen libros (11% y 12%, respectivamente, no lo hacen nunca). En frecuencia, la prensa es más común: 75% la lee al menos una vez por semana, contra el 56% respecto de los libros.

Publicado en Pausa #14, 15 de agosto de 2008.

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El fuego de la soja

La quema de pastizales en la zona del Delta continúa. La expansión de la frontera agrícola obliga a los ganaderos a buscar otros suelos para pastoreo. Los ecologistas planean alternativas y señalan que, de no atenderse la cuestión, el fenómeno se repetirá río arriba. La reserva proyectada en Santa Fe y el cambio que viven los isleños.

En este agitado 2008 los argentinos, particularmente los habitantes de la región pampeana, hemos sido testigos de varias situaciones que, en algunos casos de modo doloroso y trágico, han puesto de manifiesto problemas de fondo vinculados a la ausencia de una política agropecuaria o que, dicho de otro modo, nos han enfrentado a una política agropecuaria que no puede articular el desarrollo con la tan mentada sustentabilidad, sea esta económica, ambiental o social. En síntesis: en Argentina no es armónico el vínculo entre la producción y las demás actividades humanas. Esto en un país como el nuestro, que se ubica en los primeros puestos en exportación de materias primas, convierte el déficit en una de las materias pendientes que requiere premura en su atención, sobre todo teniendo en cuenta los vientos favorables a largo plazo que se pronostican para el sector agropecuario nacional, en un contexto mundial de constante crecimiento de la demanda, fundamentalmente desde Asia.

Uno de los tantos agujeros negros en la materia se observa en la cría de ganado vacuno en la zona de islas, puntualmente en las que componen la extensa frontera entre Santa Fe y Entre Ríos, por el río Paraná. No es nada nuevo que en esas zonas inestables se críen vacas. La particularidad de este momento es que se está realizando de un modo masivo, ocupándose cada vez una mayor superficie. Se trata de un fenómeno que responde al desplazamiento de la actividad a esos márgenes debido, entre otras cosas, al boom sojero, que toma cada vez más tierras dejando a los animales sin pasturas de tierra firme.

En las islas hay entre 1,5 y 2 millones de vacunos, lo que representa tan sólo un 3% o 4% del total de cabezas de ganado bovino de la Argentina, que supera las 50 millones. Observando ese número, pareciera que la incidencia del problema es mínima. Sin embargo, este año pasó algo que puso de manifiesto que estamos en dificultades: los incendios de los pastizales en las islas para permitir el pastoreo. Al igual que la cría de ganado, incendiar pasto en esas zonas no es algo nuevo, sino una práctica ancestral. Pero fuera de control desencadena situaciones como la vivida –¡justamente!– durante los momentos más calientes del conflicto rural, en la que se produjeron graves accidentes de tránsito, con varios muertos, debido al humo que viajó kilómetros, transformado en enormes nubes que se mezclaban con la niebla, para componer un cóctel fatal.

Esta inédita situación, que ocasionó el corte de rutas y puentes en los momentos más críticos, tuvo sus derivaciones más graves, por ahora, en el sur provincial, sobre todo en Rosario, donde esta semana volvieron a repetirse los incendios. A tal punto llega la situación que la Municipalidad de Rosario le advirtió a Entre Ríos que prepara una demanda en su contra “por no garantizar la seguridad en materia ecológica”, ya que los incendios se generan en islas que pertenecen a la jurisdicción entrerriana. El problema, de no abordarse de inmediato en busca de un marco regulatorio para la actividad ganadera en las islas, amenaza con expandirse hacia el resto de la frontera entre las dos provincias. Posiblemente el humo, último eslabón de una serie de irregularidades previas, también aceche a otras localidades que por el momento no lo sufren –como la capital provincial, por ejemplo–. Por eso ya hay algunas organizaciones ecologistas que, de uno y otro lado del río, han empezado a moverse para hallar una salida.

VAQUITAS DESPLAZADAS. En un informe de septiembre del año pasado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) dio detalles más que inquietantes sobre el retroceso de la superficie destinada para la ganadería frente a la agricultura, ocasionando el traslado de animales a las islas. “La ganadería vacuna argentina ha visto reducida su superficie a causa de la importante expansión de la agricultura. Se observa que en los últimos 14 años el incremento en la superficie sembrada con cosecha gruesa supera los 11 millones de hectáreas. Este incremento tuvo obviamente al cultivo de la soja como principal protagonista que en dicho período pasó de 5,8 a 16,1 millones de hectáreas. Esta tendencia puede ser aún más manifiesta en los próximos años a partir del protagonismo que el maíz está adquiriendo a nivel mundial como materia prima de biocombustibles. A ellos hay que agregar la aparición en el mercado de los maíces RR que amplían las posibilidades del cultivo en zonas no tradicionales para este cultivo”, indica el informe.

Pero el incremento de la superficie sembrada no sólo desplaza vacas, también intensifica la cría de vacunos en menos espacio. Es por eso que los productores ganaderos cada vez más optan por los cuestionados feed lot (corrales de engorde) y el traslado a las islas, que año a año se incrementa. Esta particularidad entre menor espacio para animales y producción intensiva se manifiesta claramente en que el stock ganadero se ha mantenido casi sin cambios en los últimos años, fluctuando entre los 50 millones y los 55 millones de cabeza de ganado. El Inta, al respecto, observa sobre el fenómeno otra consecuencia: “El mantenimiento del stock nacional en una superficie ganadera reducida en casi 11 millones de hectáreas indica una intensificación de la actividad incluso en la Región Pampeana. Si asumimos que el incremento del área agrícola se dio principalmente en esta región (80%), vemos que la reducción de la superficie ganadera en la Región Pampeana sería del orden de las 8,8 millones de hectáreas, mientras que la cantidad de hacienda que emigró a otras regiones solo alcanzó a 3 millones de cabezas. Esta disparidad entre la reducción de la superficie ganadera y la concentración de hacienda no hace más que confirmar el sobrestock ganadero que hoy tiene la Región. Esta carga animal excesiva, al no haber sido acompañada de un incremento en la producción de forraje (según lo atestiguan las estimaciones anuales de siembras de pasturas y de fertilización) es la que explica en parte la caída registrada en los últimos años de los índices de preñez. La tasa de preñez estimada en la Región Pampeana (región tecnológicamente más desarrollada del país), era del 72% en 1994, y descendió a un 69% en los últimos dos años”.

A nivel nacional la caída del índice de preñez no acompañó en proporción el descenso pampeano, manteniéndose en el promedio del 62%. De todos modos, el Inta dejó en claro su preocupación: “Independientemente de que no se registre una caída en la tasa de procreo a nivel nacional, este 62% es extremadamente bajo. Un sector ganadero con pocas posibilidades de incrementar su stock por reducirse su superficie encuentra en la baja tasa de procreo la limitación a su producción, pasando este hecho a constituir el principal cuello de botella que tiene hoy la cadena de carne vacuna”.

LO QUE NO SE VE. El director general de la Fundación Proteger, Jorge Cappato, señaló en una entrevista: “Si uno viaja hoy entre Santa Fe y Buenos Aires, lo único que se ve es un mar de soja. Ante la pregunta de ¿dónde está el ganado?, la respuesta es muy simple: las vacas están en las islas, ya no sólo en la periferia, sino en toda la parte alta de las islas”. Para el ambientalista santafesino, “en este caso también, como en el caso de los desmontes para soja, lo más barato para un productor irresponsable es prender fuego y hacer uso de quemas sistemáticas, sin importar las consecuencias. De este modo, la materia orgánica destinada a conservar el suelo se transforma en dióxido de carbono y se inyecta a la atmósfera, siendo este gas uno de los principales gases de efecto invernadero. Es un desastre por donde se lo mire. Si las generaciones futuras tuvieran voz estarían diciendo que esto es de una atrocidad, un egoísmo o una ignorancia sin límites”.

“El humo y los problemas de salud derivados de la contaminación del aire son otras de las consecuencias largamente denunciadas por organizaciones, como el Taller Ecologista de Rosario desde 2004, cuando el humo de los incendios intencionales en las islas entrerrianas hizo sentir sus efectos en la ciudad, empujados por el viento del Este, en la temporada seca”, recordó Cappato. Lo mismo sucedió esta semana, en otro período de sequía: Rosario quedó en las tinieblas.

En aquel momento Greenpeace junto a Proteger, el Taller Ecologista de Rosario y M’Biguá de Paraná ya habían denunciado a la provincia de Entre Ríos como responsable de los incendios en los humedales del Delta del Paraná, al promover la expansión de la actividad ganadera hacia allí.

Las ONGs declararon que, ante la magnitud y duración de la catástrofe, se hacía necesario señalar la incapacidad de previsión de la Secretaría de Producción entrerriana, que promovió la Ley de Arrendamientos en 2004, y la de los legisladores provinciales, que la aprobaron. “Hemos advertido reiteradamente las consecuencias que tendría la Ley de Arrendamientos que aprobó Entre Ríos”, recordó Elba Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, “ya que constituía claramente la llave para legalizar la expansión de la actividad ganadera en la zona de islas”.

“Los incendios sin control fueron favorecidos por el gobierno de Entre Ríos, que en un año otorgó 153 arrendamientos en las islas fiscales del departamento Victoria”, denunciaron los ambientalistas. Son unas 111.000 hectáreas que se utilizan para la ganadería, dentro de las islas. Según Cappato, desde 1994 a esta parte la cantidad de ganado en la zona se ha cuadruplicado y, sin controles, seguirá en expansión.

Por esta razón las organizaciones ecologistas le reclamaron al gobierno del kirchnerista Sergio Urribarri que “tome medidas que garanticen la preservación de los humedales del Delta del río Paraná” y presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la vecina provincia, que contempla la creación de un Parque Nacional en esa área.

Un escudo: la reserva natural.
La Provincia pretende tener lista para antes de fin de año la ley que permita crear el Parque Nacional Islas de Santa Fe, que tiene tanto motivaciones ecológicas como de negocios turísticos. El área del futuro parque será de 2.600 hectáreas, frente a la localidad de Puerto Gaboto, sobre tres islas: Campo Rico –la de mayor superficie–, La Gallina y El Conscripto. El proyecto sería el puntapié inicial para luego ampliar la protección al humedal entrerriano frente a Rosario, zona donde se producen los incendios que se padecen en el sur santafesino, sur entrerriano y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Recientemente, autoridades de la Administración de Parques Nacionales analizaron los avances en torno a la creación del parque nacional, junto a funcionarios de la Provincia.
Las islas en cuestión cuentan con amplias superficies cubiertas de bancos de arena y albardones –terraplenes– en los que conviven numerosas especies de aves, como patos, caraúes, chajáes, cigüeñas, garzas y martín pescadores.
En la zona son comunes también el espinero rojizo –que construye grandes nidos colgantes que penden sobre el agua– y mamíferos de hábitos acuáticos, como el carpincho, la nutria y el lobito de río.
La vegetación de la reserva está compuesta por densos pajonales isleños, camalotes e irupés, con sus enormes hojas circulares flotantes y sus características flores.
Los funcionarios nacionales afirmaron que ya se realizó, como inversión, la adquisición de una lancha patrullera. También confiaron que ya se ha contratado un guardaparques del Pre Delta, cercano a la localidad entrerriana de Diamante, que será el encargado de llevar adelante el plan de manejo en el área protegida.
Según el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, César Mackler, la iniciativa “significará un gran paso” para conservar un área representativa del que aseguró es el más importante humedal de nuestro país: el sistema hídrico Paraguay-Paraná y la ecorregión del Delta, “con sus paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños, flora y fauna”.
Para crear el parque, el gobierno de Hermes Binner enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para ceder a Parques Nacionales la jurisdicción sobre las tierras, que son fiscales.

Publicado en Pausa #13, 8 de agosto de 2008.

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Del dolor puertas para adentro

Por Marcela Perticarari

Cada vez más se hace imperativo volver visible la violencia de género. Campañas, comisarías de la mujer, refugios municipales y modificaciones legislativas, entre otras, son algunas de las acciones en este sentido. El rol del Poder Judicial frente a una forma de delito cuyo peligro para la mujer se equipara a los accidentes de tránsito o el cáncer.

Cuando la violencia se naturaliza, el peligro se vuelve invisible. La violencia se asienta en la asimetría de poder de una relación: un hombre violento siempre quiere imponer su voluntad y establece un vínculo con su pareja en la que uno decide y otro obedece.

Según datos de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres es maltratada. Para mujeres entre 15 y 44 años, el peligro de ser víctimas de un crimen es mucho mayor que los daños que puede producir un accidente o el cáncer. El Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar de la provincia atendió más de 400 consultas en lo que va del año.

En los primeros 66 días de 2008 fueron asesinadas 33 mujeres y niñas argentinas como consecuencia de la violencia de género. Esta última cifra se obtuvo a partir de información publicada en diferentes medios porque en nuestro país no hay estadísticas oficiales. Los números indican que la mayoría de casos de violencia tienen lugar en el seno de la familia, sin distinción de clases sociales, religión o nivel cultural. Las órdenes de restricción y las exclusiones de hogar son las medidas que los jueces toman con más frecuencia al enfrentarse con situaciones de violencia doméstica. Pero no siempre alcanza y, en muchos casos, la justicia llega cuando ya no hay mucho por hacer.

Especialistas coinciden en que la forma más explícita de la violencia de género es la física (golpes, empujones, sacudones) pero la variante doméstica reviste múltiples formas, tales como la agresión verbal y la restricción de la libertad. Estos maltratos, que en la mayoría de los casos van de la mano de la violencia familiar, dan como resultado una mujer anulada, que pierde la confianza en sí misma y en sus capacidades, generando así un progresivo deterioro de su salud psicológica y física.

LA RECEPCIÓN MÁS DOLOROSA. Desde hace 18 años le ponen garra y corazón a su trabajo, que comenzó mucho antes de la ley 11.529 de Violencia Familiar –sancionada en 1997 y reglamentada recién en 2001– y de la mayoría de las normativas internacionales. Enfocadas en una perspectiva de género, la coordinación del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) está compuesta por las abogadas Patricia Méndez Lissi y Diana Santucci, las psicólogas Ana María García Chiavarini y Romina Del Pozo, y la trabajadora social Belén Rivero.

En diálogo con Pausa, Patricia Méndez Lissi comentó que el equipo recibe denuncias no sólo de la ciudad sino también de otras regiones de la provincia. En el día a día, el equipo recibe presentaciones espontáneas; también llega gente por medio de intervenciones solicitadas por instituciones públicas o privadas, el Poder Judicial, los ministerios provinciales u organizaciones barriales.

Prevenir, asistir y contener situaciones de violencia es el objetivo central. En este sentido, se está trabajando desde los nuevos paradigmas de las lógicas familiares y derechos humanos, considerando estos puntos como una problemática social. “Si bien la ley de Violencia Familiar, que es de características programáticas, no tiene determinada la perspectiva del género, es una normativa que contiene interesantísimas aristas y posibilidades para desarrollar trabajos en relación a la temática de la violencia intrafamiliar. Se da una dimensión en la cual la visibilidad del problema puede ser muy clara”, opinó respecto del marco legal que involucra su tarea.

Respecto al año anterior, las integrantes del equipo aseguraron que los casos atendidos han aumentado. “Son cada vez más peligrosos”, advirtió Méndez Lissi.

La psicóloga Ana María García Chiavarini determinó que “cuando aparecen campañas de prevención acerca de la problemática, hay mayor demanda en nuestro equipo, porque la gente comienza a visibilizar el problema, ven que no son los únicos y que es necesario buscar ayuda. Del ciclo de la violencia no se sale solo”.

LA IMPORTANCIA DE VISUALIZAR. Las profesionales del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar objetaron la verticalidad de funcionamiento de numerosas instituciones sociales: “Muchas tienen estructuras o formas de concebir la vida desde formas totalmente diferentes a las que tenemos. Cuando se construye para una equidad de género, se lo hace desde una perspectiva igualitaria y desde una construcción de modelos de vida desde la horizontalidad, del respeto a las posibilidades y acciones del otro. Es complejo nuestro trabajo, porque cuando trabajás por la igualdad de género en base a las normativas, también estás trabajando con la realidad social que, a veces, por cómo se manifiesta, no se condice con preceptos de derechos humanos, de igualdad y de no discriminación”.

“Desde nuestra perspectiva de género, la violencia es una de las cuestiones principales a abordar. Dentro de eso incluimos la lucha contra la desigualdad, el machismo y los esquemas patriarcales. Si bien hace casi veinte años que trabajamos en esto, siempre estamos comenzando. La violencia urbana es terrible, está encarnada por miles de factores, y las mujeres en la calle la sufren por el sólo hecho de ser mujeres. Hay que visualizar esa patética invisibilidad en que vivimos y que se da en el maltrato hacia la mujer. No es una locura, es una realidad”, opinó Patricia Méndez Lissi.

Las intenciones del equipo son claras: “Queremos avanzar, descentralizar esta problemática y poder tratarla como se merecen todas las mujeres en la provincia. Cada barrio, cada ciudad tiene su forma de ver la violencia y de querer resolverla. A eso hay que respetarlo. Nuestra forma de trabajar se sustenta en la posibilidad de la autogestión y cambio de cada sector, sino no se avanza. Por eso hay que evaluar los recursos humanos, materiales e institucionales”.

Sin dudas, uno de los factores negativos que tiene la denuncia de violencia, tanto de género como familiar, es la vergüenza y el miedo. “Es una situación de alta peligrosidad: estás denunciando a la persona que querés y que te quiere”, dijo García Chiavarini.

A RESGUARDO. La concejala del Frente Progresista Adriana Molina elevó un proyecto de comunicación solicitando que el municipio, en coordinación con el gobierno provincial e instituciones intermedias, cree un refugio para mujeres víctimas de violencia, al que podrán asistir junto a sus hijos. “Históricamente es una preocupación del movimiento de mujeres de la ciudad, ya que uno de los grandes problemas que tienen las víctimas de violencia que se animan a hacer la denuncia es que no tienen adónde ir. Entonces, muchas veces terminan resignando su salud y hasta su vida, en varios casos. Un refugio es algo que tiene que ser tomado muy seriamente porque debe tener una continuidad. No se trata de alquilar una casa y que dentro de seis meses o un año nadie la atienda. Estos lugares tienen que contar con condiciones de higiene y seguridad, además de brindar apoyo psicológico”, definió la concejala.

Los pocos refugios que existen en el país son hogares de carácter temporario. Las mujeres permanecen el tiempo suficiente hasta que haya una respuesta por parte de la justicia o consigan alojamiento en otro lugar seguro.

COMISARÍAS DE LA MUJER. El diputado provincial por la UCR Alfredo Menna presentó un proyecto para crear comisarías de la Mujer dentro de la estructura de la Policía de la provincia: unidades policiales especiales que atiendan y contengan a la mujer víctima de la violencia de género, violencia familiar, acoso sexual, violencia laboral, discriminación, abuso sexual y violación.

El legislador propone que las comisarías de la Mujer estén integradas por personal policial femenino especializado y por un equipo interdisciplinario, que deberá contar con abogados, psicólogos, médicos y asistentes sociales. También consignó que debería establecerse al menos una por cada ciudad cabecera de los cinco nodos regionales proyectados. “En algunas ciudades de la provincia existen iniciativas de esta característica, pero nuestra intención es que formen parte de la estructura orgánica de la policía provincial y que, además, se inscriban en el marco de una política provincial de asistencia y contención a la mujer. Suele pasar que en las comisarías la violencia doméstica es vista como un problema menor, siendo relegada”, afirmó el diputado.

CAMBIO. Luego de que Beatriz Fullone dejara el cargo, para ocupar la titularidad de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María Rosa Ameduri asumió como directora provincial de las Mujeres, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Esta dirección fue creada recientemente y en 2009 tendrá presupuesto propio. Según indicó la nueva funcionaria, se trabajará en el armado de los foros regionales de mujeres. “Hay que desplegar la tarea hacia el interior de las cinco regiones que componen la provincia. Hay que hacerlo de manera conjunta con municipios y comunas. Se debe ir descubriendo o redescubriendo a todos los grupos de mujeres que están trabajando en localidades grandes y pequeñas y que, hasta ahora, no tuvieron posibilidad de vincularse entre sí ni de acceder a los servicios de atención, asesoramiento y contención”, comentó Ameduri.

Por otra parte, sostuvo que “el comportamiento de la Justicia responde más a mandatos y a pautas culturales que tienen mucho que ver con cuestiones autoritarias y con una fuerte presencia del varón. Esto es en líneas generales, aunque encontramos algunas actitudes distintas en las regiones y también en Rosario. Me refiero a comisarías y a juzgados que tienen otra mirada hacia la problemática de violencia para con la mujer”.

Consultada por la acción conflictiva de la justicia en estos casos, la concejala Adriana Molina señaló que “el tema es complicado porque se cruzan diferentes cuestiones. Hay un notable abarrotamiento, fundamentalmente en los juzgados de Familia, y esto lleva a un retardo en temas tan sensibles como la violencia contra las mujeres”. No obstante, dijo que se ha avanzado mucho en la capacitación de los magistrados y del personal judicial.

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER. Hasta 1983 en Argentina no se pudo hablar de violencia familiar, a pesar de que en otros países hacía muchos años que se investigaba y se trabajaba en este tema. La dictadura militar, la falta de garantías para los ciudadanos y las creencias impuestas por quienes gobernaban fuera de la Constitución impidieron que se revelara lo que sucedía en muchos hogares. Luego de las elecciones democráticas empezaron a instalarse servicios de asistencia a mujeres maltratadas. Al principio sólo unas pocas personas se ocupaban de este tema; no había conocimiento ni conciencia de que se trataba de algo grave que afectaba a muchas.

Por ello se creó el Consejo Nacional de la Mujer, espacio gubernamental responsable del cumplimiento, en todo el país, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Desde allí se brega por alentar al desarrollo de un proyecto nacional, con equidad entre varones y mujeres, por la solidaridad y la cultura del trabajo –en su sentido más amplio: trabajo remunerado, comunitario y doméstico– y por fortalecer a las familias en la integración democrática de ambos sexos, promoviendo la justicia, la cooperación y la paz y erradicando la violencia hacia la mujer.

20% En una de cada cinco parejas del país se registran hechos de violencia

42% de los asesinatos de mujeres fueron cometidos por las parejas

37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo

Perfiles
El hombre violento tiende a desculpabilizarse y a depositar en el otro la responsabilidad de su furia, lo cual hace que no pueda reconocer que está en problemas. También tiene tendencia a la justificación: trata de fundamentar su actitud en algún episodio disparador y distorsiona la realidad para no sentirse culpable. Posee una fuerte restricción emocional por la imposibilidad de contactarse con sus sentimientos y, por lo tanto, de ponerlos en palabras; en lugar de hablar, actúa. Por lo general, tiene baja tolerancia a la frustración y es muy impulsivo. En la mayoría de los casos tiene baja autoestima, es muy inseguro e intenta reafirmar su autoridad a través de la violencia. Si lo contradicen o lo cuestionan se siente jaqueado. Es muy celoso y vive con gran ansiedad ese problema.

Publicado en Pausa #12, 1 de agosto de 2008.

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